Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00026-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00026-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00026-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
20 de octubre de 2022
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00026-00
Demandante: Sindicato de Empleados del Sector Social – SIESSOCIAL
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00026-00
Demandante: SINDICATO DE EMPLEADOS DEL SECTOR SOCIAL –
SIESSOCIAL
Demandado: ACTO ELECTORAL DE LOS REPRESENTANTES PRINCIPALES
Y SUPLENTES DE LOS EMPLEADOS ANTE LA COMISIÓN DE
PERSONAL NACIONAL DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, PERIODO
2021 – 2023.
Temas: INFRACCIÓN DE NORMA SUPERIOR
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE PERSONAL NACIONAL
DEL DPS
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Surtidos los trámites correspondientes y sin que se advierta causal de nulidad que
impida abordar el fondo del asunto, la Sección Quinta del Consejo de Estado procede a
dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. El Sindicato de Empleados del Sector Social – SIESSOCIAL formuló1, por
conducto de su presidenta, demanda de nulidad electoral contra el acto de elección de
los representantes principales y suplentes de los empleados ante la Comisión de
Personal Nacional del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, periodo
2021-2023, contenido en el acta de cierre de votaciones y escrutinio del 3 de
septiembre de 2021, suscrita por los jurados de votación de la entidad, y la Resolución
No. 019572 del 9 septiembre de 2021, firmada por el director (E) del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social –en adelante DPS–.
1
El 13 de enero de 2022.
2
"Por la cual se conforma la Comisión de Personal Nacional del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social por el
Período comprendido entre el 9 de septiembre de 2021 y el 8 de septiembre de 2023”.
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Demandante: Sindicato de Empleados del Sector Social – SIESSOCIAL
1.2. Hechos
2. El sindicato accionante los narró, en síntesis, así:
3. De conformidad con el artículo 2.2.14.1.13 del Decreto No. 10834 de 2015, en las
entidades regidas por los preceptos de la Ley 909 de 2004 existirá una comisión de
personal integrada por 2 representantes del organismo –designados por el respectivo
nominador– y por 2 representantes de los empleados, elegidos por los funcionarios
públicos de carrera.
4. Con el propósito de designar a los representantes principales y suplentes de los
empleados de carrera administrativa al interior de la Comisión de Personal Nacional del
DPS, esa autoridad expidió la Resolución No. 014465 del 14 de julio de 2021, por medio
de la cual convocó a votaciones.
5. A la luz del artículo 16 de la convocatoria, para la elección de los referidos
representantes, fueron habilitados como votantes tan solo los empleados públicos
ubicados en las sedes de Bogotá y Guainía7, dejando a un lado a los servidores de las
otras 33 dependencias regionales del DPS en el país.
6. El 3 de septiembre de 2021, se desarrolló el certamen de manera virtual y en
este resultaron electos los siguientes ciudadanos como representantes principales y
suplentes de los empleados de carrera ante la Comisión de Personal Nacional del DPS,
al tenor del acta de escrutinio8 firmada por los jurados de votación ese día:
Representantes principales Representantes suplentes
Sandra Milena Velandia Ocaña Iván Olarte Casallas
María Stella Castro Rey Daira Facete Blanquicet
7. Luego de esta elección y designados igualmente los representantes del
nominador, el DPS profirió la Resolución No. 019579 del 9 septiembre de 2021, a través
de la cual determinó la conformación definitiva de la Comisión de Personal Nacional,
así:
3
“En todos los organismos y entidades regulados por la Ley 909 de 2004 deberá existir una Comisión de Personal conformada por
dos (2) representantes del organismo o entidad, designados por el nominador o por quien haga sus veces y dos (2) representantes
de los empleados quienes deben ser de carrera administrativa.”
4
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”
5
“Por medio de la cual se convoca a elección de los empleados principales y suplentes ante la Comisión de Personal Nacional del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social”.
6
“Artículo 1. Convocatoria. Convocar a elección de representantes de los empleados principales y suplentes, ante la Comisión de
Personal Nacional del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social, que se surtirán mediante el
voto directo y secreto de los servidores públicos ubicados en la ciudad de Bogotá, la cual se llevará a cabo el viernes 03 de
septiembre de 2021.”
7
La Resolución No. 01957 7 del 9 septiembre de 2021 explico la razón por la cual se convoco a los empleados de la regional de
Guania como se viene a explicar en los párrafos siguientes.
8
Denominada como “Acta de cierre jornada de votaciones y escrutinio de representantes de los empleados Comisión de Personal
Nacional periodo 2021-2023”.
9
"Por la cual se conforma la Comisión de Personal Nacional del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social por el
Período comprendido entre el 9 de septiembre de 2021 y el 8 de septiembre de 2023”.
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Demandante: Sindicato de Empleados del Sector Social – SIESSOCIAL
Representantes del nominador: las señoras Vanessa Jiménez Dávila y Sandra
Milena Martín Ramírez –principales–, y Judith Magaly Torres Mejía y Clara
Marcela Chaparro Avellaneda, como suplentes.
Representantes de los empleados elegidos por sufragio directo: las señoras
Sandra Milena Velandia Ocaña y María Stella Castro Rey –principales–, e Iván
Olarte Casallas y Daira Facete Blanquicet, como suplentes.
1.3. Concepto de violación
8. La parte actora estimó que el acto de elección de los representantes principales y
suplentes de los empleados ante la Comisión de Personal Nacional del DPS incurrió en
las causales de nulidad contenidas en el inciso 2 del artículo 137 de la Ley 1437 de
2011 y en el numeral 4 del artículo 275 ejusdem, relacionadas con la infracción de
norma superior y la vulneración de los sistemas legales de votación, respectivamente.
9. En ese sentido, el sindicato demandante manifestó que, de una interpretación
armónica de los artículos 2.2.14.1.1 del Decreto No. 1083 de 2015 y 16 de la Ley 909
de 2004, se observa que la elección de los representantes de los empleados de carrera
ante la Comisión de Personal Nacional del DPS debía producirse con la intervención de
los funcionarios que laboraban en la entidad, con la inclusión de quienes prestaban sus
servicios en las diferentes dependencias regionales de la institución.
10. Al amparo de ese entendimiento, argumentó que era notable que el artículo 1 de
la Resolución No. 01446 del 14 de julio de 2021, por medio de la cual se había
convocado la elección acusada, restringió el derecho a elegir de los empleados de
carrera del DPS, al limitar la participación a los servidores ubicados en las oficinas de
Bogotá y Guainía, transgrediendo la intervención de los funcionarios de las otras 33
regionales en las que se dividía administrativamente la entidad en el territorio nacional.
11. Agregó que se impuso a los votantes requisitos adicionales no previstos en la ley
–como el de encontrarse adscritos a la sede de Bogotá–, concluyendo que el acto de
convocatoria era contrario al artículo 16 de la Ley 909 de 2004 y a su Decreto
Reglamentario No. 1083 de 2015, lo que irradiaba de nulidad la elección de los
representantes demandados.
12. La organización accionante sostuvo que los servidores públicos de las diferentes
regionales del DPS tenían derecho a votar tanto por sus representantes ante las
comisiones regionales de personal como por los candidatos a la Comisión Nacional, al
tratarse de autoridades con competencias diferentes.
13. Adujo que solo en los casos en los que no se lograse conformar las comisiones
regionales – como había sucedido en el Departamento de Guainía– los empleados de
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estas dependencias10 votarían solamente en la elección de los representantres de los
empleados ante la Comisión Nacional, situación que no se presentó en las otras 33
direcciones regionales.
1.4. Admisión de la demanda y traslado para contestar
14. Con auto del 2 de junio del 202211, la Sección Quinta admitió la demanda 12 y
negó13 la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto acusado.
15. Efectuadas las notificaciones pertinentes, se recibieron las siguientes:
1.5. Contestaciones
1.5.1. Del DPS14
16. Por conducto de apoderada judicial, el DPS se opuso a las pretensiones del
escrito inicial, pronunciándose, así:
17. Consideró que, con la convocatoria de la elección demandada, no se vulneró el
derecho de participación de los empleados de carrera administrativa adscritos a las 34
dependencias regionales de la entidad, pues habían intervenido activamente en la
constitución de sus comisiones seccionales de personal, en los departamentos en que
éstas habían podido ser creadas, de acuerdo con el número de servidores que
laboraban.
18. En concordancia, señaló que la entidad convocó y fijó el procedimiento de
elección de los representantes de los empleados ante las comisiones de personal
regionales, periodo 2020-2022, en los departamentos del Atlántico, Bolívar, Caldas,
Cesar, Córdoba, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda,
Santander, Tolima, Urabá, Amazonas, Boyacá, Magdalena y Valle del Cauca.
19. Seguidamente, destacó que las comisiones de personal regionales o seccionales
ejercían las mismas funciones de la Comisión Nacional, contempladas en el numeral 2
del artículo 16 de la Ley 909 de 2004, a excepción de las contenidas en los literales d)15
10
Se hace referencia a las regionales.
11
Actuación 37. Sistema SAMAI.
12
Los cargos por los que se admitió la demanda, fueron el inciso segundo del artículo 137 y el 275.4 de la Ley 1437 de 2011
refiriendose a la vulneración de los sistemas legales de votación. Sin embargo, al leer la demanda los argumentos del sindicato
actor van dirigidos a discutir la vulneración del derecho de participación de los empleados de las regionales, a excepción de los
funcionarios de la seccional Guanía, por no estar habilitados para votar en la eleccion de los representantes ante la Comisión
Nacional de Personal del DPS.
13
Lo anterior, por cuanto la Sala determinó que de manera preliminar no se observaba el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley adjetiva que justificara la imposición de la medida, pues la exclusión presuntamente indebida – señalada por
la organización accionante–, encontraba sustento normativo razonable en el artículo 2.2.14.2.15 del Decreto No. 1083 de 2015.
14
SAMAI. Actuación No. 56.
15
“d) Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que formulen los empleados de carrera que hayan optado por el derecho
preferencial a ser vinculados, cuando se les supriman sus empleos, por considerar que han sido vulnerados sus derechos.”
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y e)16 de esa norma, relacionadas con el conocimiento, en primera instancia, de las
reclamaciones por el desmejoramiento de las condiciones laborales de los empleados
de planta, cuyas decisiones eran susceptibles de apelación ante la Comisión Nacional
del Servicio Civil.
20. Por otro lado, resaltó que, según lo establece el artículo 2.2.14.2.1517 del Decreto
1083 de 2015, la intervención de los empleados de las regionales en el marco de la
elección de los representantes de los funcionarios ante la Comisión Nacional solo es
posible en los eventos en los que no se puede conformar comisiones seccionales, por la
baja cantidad de servidores en los departamentos.
21. En ese orden, el DPS aclaró que en el procedimiento acusado los votantes
habilitados habían sido aquellos empleados ubicados en la ciudad de Bogotá, así como
los servidores de Guainía, toda vez que en esta última entidad territorial no se había
constituido comisión regional por el número ínfimo de empleados.
22. Adujo que admitir la participación de los funcionarios de las regionales del DPS
en la designación de los representantes en la Comisión Nacional –a la manera como lo
sostenía el sindicato accionante– conllevaba aceptar que estos pudieran postularse y
sufragar en la integración de sus comisiones seccionales y en la nacional, abriendo una
vía para la existencia de dobles candidaturas y votación.
1.5.2. Los demandados
23. En el término de traslado de la demanda, los representantes principales y
suplentes de los empleados de carrera ante la Comisión de Personal Nacional del DPS
guardaron silencio, a pesar de haber sido debidamente notificados.
1.6. Fijación del litigio y orden de sentencia anticipada
24. Con auto del 9 de septiembre de 2022, la Magistrada Sustanciadora del proceso
fijó el litigio en los términos que se reproducen enseguida:
“Determinar si el acto de elección de los representantes principales y suplentes de los
empleados ante la Comisión Nacional de Personal del DPS, periodo 2021-2023, es nulo,
por cuanto vulneró las disposiciones normativas contenidas en el artículo 2.2.14.1.1 del
Decreto No. 1083 de 2015, en armonía con el artículo 16 de la Ley 909 de 2004, pues en
la elección censurada solo se permitió la participación de los funcionarios de las sedes de
Bogotá y Guainía, excluyendo a los servidores de las demás dependencias regionales de
dicha entidad, en desmedro de su derecho de participación política, al exigir requisitos no
contemplados en el ordenamiento.”
16
“e) Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que presenten los empleados por los efectos de las incorporaciones a l as
nuevas plantas de personal de la entidad o por desmejoramiento de sus condiciones laborales o por los encargos.”
17
“Cuando el número de empleados públicos de carrera de una dependencia regional o seccional no permita la conformación de la
Comisión de Personal, éstos participarán en la elección convocada por el jefe de la entidad a la cual pertenece la dependencia
regional o seccional”.
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25. Asimismo, prescribió dictar sentencia anticipada, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 182 A de la Ley 1437 de 2011, por tratarse de un asunto de puro derecho que
no requería adicionalmente de la práctica de pruebas.
26. En ese orden, se ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para
que presentaran alegatos y rindieran concepto, respectivamente, previo al traslado de
las pruebas.
1.7. Alegatos de conclusión
1.7.1. Del DPS18
35. El 6 de octubre de 2022, el DPS descorrió el traslado, oportunidad en la que se
opuso nuevamente a las pretensiones del escrito inicial, pronunciándose, así:
36. Recabó en la idea de que las comisiones regionales y la Nacional de personal
disponían de competencias similares, a excepción de las contempladas en los literales
d) y e) del artículo 16 de la Ley 909 de 2004, relativas a la resolución, en primera
instancia, de las reclamaciones presentadas en materia de supresión de empleos y
desmejoramiento de las condiciones laborales de los funcionarios.
37. Sostuvo que solo en estos casos los asuntos serían resueltos por la Comisión
Nacional de Personal, en primer grado, siendo su decisión recurrible ante la Comisión
Nacional del Servicio Civil, quien tendría la última palabra en estos aspectos, de
acuerdo con el Decreto–Ley No. 76019 de 2005.
1.7.2. Sindicato de Empleados del Sector Social – SIESSOCIAL
38. El 6 de octubre de 2022, el sindicato demandante pidió que se accediera a las
pretensiones de la demanda, reiterando los argumentos presentados en el escrito
inicial.
39. En esta oportunidad, allegó concepto de la Comisión Nacional del Servicio Civil,
dictado bajo el radicado No. 20165000134801 del 10 de mayo de 2016, en el que esta
autoridad defendió la idea de acuerdo con la cual, en la conformación de la Comisión
Nacional de Personal debían participar la totalidad de los empleados del organismo –
incluyendo, aquellos que prestaban sus servicios en las dependencias regionales–,
mediante la designación de sus representantes.
18
SAMAI. Actuación No. 71.
19
“Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el
cumplimiento de sus funciones.”
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40. Por lo anterior, indicó que, conforme a dicha interpretación, las entidades debían
permitir que todos los empleados pertenecientes a una entidad –sin importar si estaban
adscritos al nivel central o regional– intervinieran en la elección de sus delegados en la
Comisión de Personal.
1.8. Concepto del Ministerio Público
41. En esta ocasión, la agente del Ministerio Público guardó silencio, a pesar de
haber sido debidamente notificada.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
42. La Sala es competente para resolver en única instancia la demanda de nulidad
electoral formulada contra el acto de elección de los representantes principales y
suplentes de los empleados ante la Comisión de Personal Nacional del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, periodo 2021-2023, de conformidad con los
postulados normativos descritos en el numeral 1420 del artículo 149 de la Ley 1437 de
2011 –en la literalidad consagrada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 202121–.
2.2. Acto demandado
43. Se trata del acto de elección de los representantes principales y suplentes de los
empleados ante la Comisión Nacional de Personal del DPS, periodo 2021-2023,
contenido en el acta de cierre de votaciones y escrutinio del 3 de septiembre de 2021,
así como de la Resolución No. 0195722 del 9 septiembre de 2021, proferida y suscrita
por el director (E) del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
2.3. Problema jurídico a resolver
44. La Sección Quinta del Consejo de Estado resolverá el cuestionamiento jurídico
plasmado en el ordinal 1.6 de esta providencia, anticipando que las súplicas de la
demanda serán negadas.
45. Para ello, se abordará, en primer lugar, el alcance dogmático de la causal de
nulidad invocada, a saber, la infracción de normas superiores para, seguidamente,
plantear algunas ideas sobre el marco normativo de la elección de los representantes
20
Referido a la cláusula residual de competencia en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, previo a la entrada en vigor de las
modificaciones de competencia fueron operadas por la Ley 2080 de 2021, reformatoria del Código de Procedimiento Administrativ o
y de lo Contencioso Administrativo.
21
Lo anterior, habida cuenta de la fecha de presentación de la demanda, a saber, 13 de enero de 2022.
22
"Por la cual se conforma la Comisión de Personal Nacional del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social por el
Período comprendido entre el 9 de septiembre de 2021 y el 8 de septiembre de 2023”.
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Demandante: Sindicato de Empleados del Sector Social – SIESSOCIAL
de los empleados ante la Comisión de Personal Nacional del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social. Finalmente, estos presupuestos servirán para
desatar los reparos propuestos en el contexto del capítulo dedicado al caso concreto.
2.3.1. Alcance dogmático de la causal de nulidad invocada –reiteración de
jurisprudencia–23
46. A la manera como quedó plasmado en los antecedentes de este proveído, el
sindicato demandante acusa la elección de los representantes principales y suplentes
de los empleados ante la Comisión de Personal Nacional del DPS de infringir
presuntamente las normas sobre las que debió fundarse y, en particular, el artículo
2.2.14.1.1 del Decreto No. 1083 de 2015, en armonía con el artículo 16 de la Ley 909
de 2004.
47. En lo que corresponde al motivo de ilegalidad de la infracción de normas
superiores, la jurisprudencia de esta Sección24, ha establecido que se encuentra
consagrado en el inciso 2º del artículo 137 de la Ley 1437 de 201125 y entre sus
principales características, ha destacado que su materialización puede ser planteada
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, aunque no lo haya sido en sede
administrativa, como lo ha admitido recurrentemente esta Corporación 26.
48. Así mismo, se ha resaltado que esta causal de nulidad de los actos
administrativos conlleva el desconocimiento de las disposiciones normativas que
componen el marco jurídico de la decisión que se examina, por lo que su
materialización se surte luego de que el acto no se adecua a las normas superiores a
las cuales “debía respeto y acatamiento en la medida en que éstas le imponen (…) su objeto y
finalidad.”27
49. Del mismo modo, la jurisprudencia que ha construido el Consejo de Estado28 ha
expresado que su configuración pende de la demostración de 2 elementos, a saber: de
un lado, (I) la determinación de que las normas invocadas por el accionante resulten
aplicables al procedimiento administrativo que conllevó a la expedición de los actos
acusados; por el otro, que (II) los mandatos en que debía fundarse hubiesen sido
desconocidos por las autoridades administrativas accionadas.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 26 de abril de 2018. Rad. N. 11001-03-
24-000-2017-00173-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
24
Ibidem.
25
“Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma
irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió.”
26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. Nº. 2001-00418-01. C.P. María Claudia Rojas
Lasso.
27
Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Tratado de Derecho Administrativo. Acto administrativo: Procedimiento, eficacia y validez.
Universidad Externado de Colombia. 4ª ed. Bogotá. Pág. 375.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 26 de abril de 2018. Rad. N. 11001-03-
24-000-2017-00173-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Demandante: Sindicato de Empleados del Sector Social – SIESSOCIAL
50. En consecuencia, no basta con probar que la prescripción jurídica debía ser
aplicada al procedimiento de expedición del acto, sino al mismo tiempo que este último
transgrede lo allí preceptuado, disconformidad que puede tener lugar en las siguientes
hipótesis:
“(i) Falta de aplicación de la norma, situación que se presenta luego de que la autoridad
que profiere el acto ignora la existencia del presupuesto normativo, o conociéndolo, no lo
aplica en el asunto que la ocupa;
(ii) Aplicación indebida de la norma, la cual se presenta luego de que las reglas
jurídicas empleadas por la autoridad para fundar el acto, no se conforman a la situación
fáctica del caso a tratar, como consecuencia de una equivocación en la valoración y
escogencia de la disposición normativa;
(iii) Interpretación errónea de la norma, consistente en el entendimiento desatinado del
precepto o preceptos que sustentan el asunto por resolver29.”
51. De lo anterior se observa que la materialización de la causal alegada en este
proceso pasa por comparar las normas invocadas como transgredidas y el acto
enjuiciado, a través de una metodología compuesta, se reitera, por 2 etapas: (I) la
certeza de la pertinencia y aplicabilidad de las normas alegadas respecto del trámite
administrativo cuestionado; (II) su quebrantamiento por inaplicación, aplicación indebida
o interpretación errónea; llevando –de acreditarse cada uno de ellos– a la declaratoria
de nulidad de la decisión administrativa y/o electotal enjuiciada30.
52. A la luz de estos postulados, y en especial del método de estudio erigido en torno
de la infracción de normas superiores, la Sala examinará el caso concreto, no sin antes
expresar algunas ideas relacionadas con los fundamentos jurídicos que gobiernan la
elección de los representantes de los empleados ante la Comisión de Personal Nacional
del DPS.
2.3.2. Marco normativo de la elección de los representantes de los empleados
ante la Comisión de Personal Nacional del DPS
53. Para definir la naturaleza jurídica de la Comisión de Personal Nacional del DPS,
esta Sala debe remitirse a lo dispuesto en la Ley 909 de 200431, que en su artículo 16
dispone en lo pertinente:
“Artículo 16. Las Comisiones de Personal.
29
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Rad. Nº. 25000-23-27-000-2004-92271-02(16660).
C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Actor: ACCENTURE LTDA.
30
Se recuerda que, de conformidad con el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, los actos de elección pueden igualmente ser
anulados con fundamento en los motivos de ilegalidad erigidos para los actos administrativos, como puede serlo el de infracci ón de
norma superior.
31
“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones”.
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Demandante: Sindicato de Empleados del Sector Social – SIESSOCIAL
1. En todos los organismos y entidades reguladas por esta ley deberá existir una
Comisión de Personal, conformada por dos (2) representantes de la entidad u organismo
designados por el nominador o por quien haga sus veces y dos (2) representantes de los
empleados quienes deben ser de carrera administrativa y elegidos por votación directa de
los empleados. En igual forma, se integrarán Comisiones de Personal en cada una de las
dependencias regionales o seccionales de las entidades.
54. La lectura detenida de la disposición reproducida permite advertir que en los
organismos regulados por la Ley 909 de 2004 existirán comisiones de personal,
conformadas por dos representantes de la entidad designados por el nominador y dos
representantes de los servidores, quienes deben ser de carrera administrativa y
elegidos por votación directa de los empleados. Igualmente, prescribe la disposición
que existirán comisiones de personal en las diferentes dependencias regionales de la
autoridad que se eligen de la misma forma.
55. En ese orden, se deriva del artículo 16 de la Ley 909 de 2004, la identificación de
2 tipos de comisiones: (I) Una nacional –como sucede con la que genera el debate en
esta instancia–; (II) otras territoriales, que surgirán en cada una de las sedes del
órgano.
56. Ahora bien, en cuanto corresponde al procedimiento para elegir a los
representantes de los empleados ante las comisiones de personal, el Decreto 1083 de
201532, prescribe:
“Artículo 2.2.14.1.1. Conformación de la Comisión de Personal. (…)
Los dos representantes de los empleados serán elegidos por votación directa de los
empleados públicos del organismo o entidad y cada uno tendrá un suplente que deberá
acreditar los mismos requisitos y condiciones del titular. En las votaciones que se
adelanten para la elección de los representantes de la Comisión de Personal, podrán
participar todos los servidores que ocupen empleos de carrera administrativa
independientemente de su forma de vinculación y los empleados vinculados en empleos
que conforman las plantas temporales”. (Negrilla y subraya fuera de texto)
57. De conformidad con lo reproducido, en la designación de los representantes
intervendrán todos los empleados públicos que ocupan una plaza en el seno de las
entidades.
58. Por su lado, el artículo 2.2.14.2.15 del Decreto No. 1083 de 2015 establece:
“Empleados públicos de una dependencia regional o seccional. Cuando el número
de empleados públicos de carrera de una dependencia regional o seccional no permita
la conformación de la Comisión de Personal, éstos participarán en la elección convocada
por el jefe de la entidad a la cual pertenece la dependencia regional o seccional.” (Negrilla
fuera de texto)
32
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”
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59. De esta manera, la norma prescribe que los empleados públicos de las
dependencias regionales participarán en la elección convocada por el jefe de la entidad
a la cual pertenece la seccional, en los eventos en que por el número de funcionarios
existentes, no sea posible conformar una comisión regional.
60. En cuanto a la convocatoria de la elección de los representantes, sus
calidades y periodo, el Decreto No. 1083 de 2015 contempla:
El proceso eleccionario lo convocará el jefe de la entidad, o de la regional o
seccional, según sea el caso, 30 días hábiles antes al vencimiento del periodo 33.
Los candidatos no pueden estar sujetos a sanciones disciplinarias el año anterior
a su inscripción y deben ser de carrera administrativa34.
Serán elegidos los candidatos que cuenten con la mayoría de los votos en orden,
y los suplentes serán quienes ocupen el tercer y cuarto lugar35.
La elección de los representantes de los empleados será por un periodo de dos
años, desde la comunicación de la elección y podrán ser reelegidos para el
periodo siguiente36.
61. Fijadas estas premisas, la Sala abordará el fondo del asunto, como sigue:
2.3.3. Caso concreto
2.3.3.1. Lo que está probado en este proceso
62. El análisis de los medios de convicción allegados a este trámite, permite a esta
Judicatura tener los siguientes hechos como debidamente acreditados en el plenario:
Que con la Resolución No. 01446 del 14 de julio de 2021, el DPS convocó a los
servidores públicos ubicados en las sedes de Bogotá y Guainía a la elección de
sus representantes principales y suplentes ante la Comisión Nacional de Personal.
El certamen fue programado para el 3 de septiembre de 2021.
El 1 de septiembre de 2021, fue comunicado el “Listado de Servidores Públicos
Habilitados para votar en la Elección de la Comisión de Personal Nacional del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social el 3 de septiembre de 2021”. En
él, fueron incluidos los empleados de las dependencias de Bogotá y Guainía.
33
“Artículo 2.2.14.2.1 Elección de los representantes de los empleados. Para la elección de los representantes de los empleados
en la Comisión de Personal y los suplentes, el jefe de la entidad o de la dependencia regional o seccional, según sea el caso ,
convocará a elecciones con una antelación no inferior a treinta (30) días hábiles al vencimiento del respectivo periodo…”
34
“Artículo 2.2.14.2.3.Calidades de los representantes de los empleados.Los aspirantes a ser representantes de los empleados en
la Comisión de Personal deberán acreditar las siguientes calidades:1. No haber sido sancionados disciplinariamente durante el año
anterior a la fecha de la inscripción de la candidatura; y 2. Ser empleados de carrera administrativa.”
35
“Artículo 2.2.14.2.11 Elección de representantes de los empleados. Serán elegidos como representantes de los empleados en la
Comisión de Personal, los candidatos que obtengan mayoría de votos en estricto orden. Como suplentes serán elegidos los que
obtengan el tercero y cuarto lugar, quienes en su orden reemplazarán a los principales.”
36
“Artículo 2.2.14.2.13 Periodo. Los representantes de los empleados en la Comisión de Personal y sus suplentes serán elegidos
para períodos de dos (2) años, que se contarán a partir de la fecha de la comunicación de la elección. Los representantes de los
empleados y sus suplentes no podrán ser reelegidos para el período siguiente.”
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El 3 de septiembre siguiente, fue desarrollada la contienda. Cerrado el proceso de
elección, fue suscrita el “Acta de cierre jornada de votaciones y escrutinio elección de
representantes de los empleados Comisión de Personal Nacional período 2021-2023”,
que dio como elegidos a los señores Sandra Milena Velandia Ocaña, María Estella
Castro Rey, Iván Olarte Casallas y Daira Facete Blanquicet, como representantes
principales y suplentes de los empleados ante la Comisión de Personal Nacional
del DPS.
El 9 de septiembre de 2021, se expidió la Resolución No. 01957 del 9 de
septiembre de 2021, “por la cual se conforma la Comisión de Personal Nacional del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social por el periodo comprendido entre
el 9 de septiembre de 2021 y el 8 de septiembre de 2023”.
En sus considerandos de principio, el referido acto administrativo justificó la
participación de la seccional Guainía en la designación de los representantes de
los empleados ante la Comisión de Personal Nacional, trayendo a colación las
disposiciones del articulo 2.2.14.2.15 del Decreto No. 1083 de 2015 que, en su
literalidad, reza:
“Empleados públicos de una dependencia regional o seccional. Cuando el número
de empleados públicos de carrera de una dependencia regional o seccional no permita
la conformación de la Comisión de Personal, éstos participarán en la elección
convocada por el jefe de la entidad a la cual pertenece la dependencia regional o
seccional”.
En ese orden, explicó que sobre la base de esta norma la Dirección Regional de
Guainía estaba habilitada para participar en el certamen, al contar únicamente con
un servidor público con derechos de carrera, a saber, la señora Madeleine Álvarez
Rodríguez, siendo posible que esta dependencia interviniera en la elección
convocada por el jefe nacional de la entidad.
Paralelo a ello, en el año 2020 –y de conformidad con las previsiones del Decreto
No. 1083 de 2015–, el DPS efectuó el trámite correspondiente para la
conformación de las comisiones de personal en las distintas direcciones
regionales, fijando los términos de esas convocatorias, a través de la Resolución
No. 00053 de 2020.
Con base en ello, fueron constituidas las comisiones de personal regionales en los
departamentos de Atlántico, Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba, Meta, Nariño, Norte
de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Urabá, entre
otras.
Con certificación del 15 de septiembre de 2022, la Subdirección de Talento
Humano del DPS señaló, por requerimiento de esta autoridad judicial, que en el
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marco de la elección de los representantes de los empleados ante la Comisión de
Personal Nacional, no hubo manifestación de otras direcciones regionales,
presentando interés en participar en la designación de la Comisión de Personal
Nacional, periodo 2021-2023.
Para la época de los hechos que originan el debate, la jefatura del DPS
correspondía a la señora Susana Correa Borrero, a quien competía convocar a las
seccionales de la entidad –que no disponían de comisiones regionales de
personal– a la elección desarrollada en el nivel nacional.
63. A la luz de estas premisas, la Sala emprenderá la resolución del caso concreto,
así:
2.3.3.2. Planteamiento de la censura
64. El Sindicato de Empleados del Sector Social – SIESSOCIAL solicita la anulación
del acto de elección de los representantes principales y suplentes de los empleados
ante la Comisión de Personal Nacional del DPS, periodo 2021-2023, por infracción de
norma superior, sobre la base del presunto desconocimiento de las disposiciones que
se enlistan a continuación:
Artículo 16 de la Ley 909 de 2004;
Artículo 2.2.14.1.1 del Decreto No. 1083 de 2015;
65. Ello, por cuanto, en sentir de la organización accionante, en la elección de los
acusados, la participación política se limitó a los funcionarios adscritos a las
dependencias de Bogotá y Guainía, dejando de lado a los servidores que prestaban sus
servicios en las demás regionales del DPS, quienes, en su concepto, también tenían el
derecho de intervenir en los comicios para la composición de la Comisión de Personal
Nacional.
66. Bajo este panorama y, con el propósito de restar valía a los argumentos de la
parte actora, la Sección Quinta del Consejo de Estado presenta a continuación las
consideraciones que le permiten negar las súplicas del escrito inicial, tal y como sigue:
2.3.3.2.1. Premisa 1: La elección acusada se encuentra amparada por los
mandatos contenidos en el artículo 2.2.14.2.15 del Decreto No. 1083 de 2015 37
67. En las diferentes oportunidades procesales que han distinguido el presente
trámite, el DPS ha señalado que la exclusión alegada por la organización actora estaba
permitida por las previsiones contenidas en el artículo 2.2.14.2.15 del Decreto No. 1083
37
Primer argumento para despachar negativamente las pretensiones de la demanda.
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de 2015, que preceptúa que la participación de los funcionarios regionales en la
elección de los representantes de los empleados ante la Comisión Nacional de
Personal, solo es posible en los eventos en los que no se pueden conformar comisiones
seccionales, por la baja cantidad de servidores en los departamentos, tal y como
sucedía con Guainía.
68. Es decir, el DPS propugna por la idea que la intervención de los empleados
adscritos a las diferentes seccionales de la entidad se encuentra exclusivamente
habilitada en los eventos en los que las dependencias regionales no cuentan con la
posibilidad de componer comisiones en sus propios territorios.
69. En ese orden, la Sala avanza el siguiente hilo argumental:
70. El artículo 2.2.14.1.1. del Decreto No. 1083 de 2015 prescribe, en total armonía
con las disposiciones del artículo 16 de la Ley 909 de 2004:
“En todos los organismos y entidades regulados por la Ley 909 de 2004 deberá existir una
Comisión de Personal conformada por dos (2) representantes del organismo o entidad,
designados por el nominador o por quien haga sus veces y dos (2) representantes de los
empleados quienes deben ser de carrera administrativa. (…)
Los dos representantes de los empleados serán elegidos por votación directa de los
empleados públicos del organismo o entidad y cada uno tendrá un suplente que deberá
acreditar los mismos requisitos y condiciones del titular. En las votaciones que se
adelanten para la elección de los representantes de la Comisión de Personal, podrán
participar todos los servidores que ocupen empleos de carrera administrativa
independientemente de su forma de vinculación y los empleados vinculados en empleos
que conforman las plantas temporales.
En igual forma, se integrarán Comisiones de Personal en cada una de las dependencias
regionales o seccionales de los organismos o entidades.”
71. En punto de la participación democrática para la designación de los
representantes de los empleados, la disposición transcrita consagra que el derecho al
sufragio activo es asignado a todos los funcionarios que desempeñen empleos de
carrera administrativa, así como a aquellos servidores que ocupan empleos
pertencientes a plantas temporales dentro de las entidades reguladas por la Ley 909 de
2004.
72. Igualmente, la norma prescribe que, como se sostuvo en el acápite de
generalidades de esta providencia, serán conformadas las comisiones de personal en
las regionales o seccionales de las autoridades públicas, atendiendo a la
desconcentración que regule su organización administrativa.
73. Hasta aquí, la Sección Quinta del Consejo de Estado observa que el artículo
2.2.14.1.1 del Decreto No. 1083 de 2015 erige una regla tendiente a la composición del
censo de votantes en el contexto de estas elecciones de los representantes de los
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empleados, planteando una fórmula que destaca la universalidad del sufragio entre
quienes disponen de una relación cierta con la carrera administrativa.
74. Así, la norma consagra un mandato general que establece el voto para la
totalidad de los empleados, pero sin prescribir el número de veces en que este
derecho38 podrá ser ejercido cuando, a la par con la constitución de la Comisión de
Personal Nacional, las entidades públicas regidas por la Ley 909 de 2004 se
encuentran facultadas para concebir comisiones en sus dependencias territoriales.
75. En términos simples, el artículo 2.2.14.1.1 del Decreto No. 1083 de 2015
prescribe el sufragio absoluto para los servidores, dejando de lado la manera cómo esta
regla opera en los eventos en los que hay lugar a la composición de comisiones
seccionales y Nacional.
76. Para la Sala, se trata de un aspecto reglamentado particularmente en el artículo
2.2.14.2.15 del Decreto No. 1083 de 2015 que, en su tenor literal, reza:
“Empleados públicos de una dependencia regional o seccional. Cuando el número
de empleados públicos de carrera de una dependencia regional o seccional no permita la
conformación de la Comisión de Personal, éstos participarán en la elección convocada
por el jefe de la entidad a la cual pertenece la dependencia regional o seccional.”
77. De lo descrito, se desprende que los empleados de las regionales dispondrán del
derecho a participar en las elecciones convocadas por los jefes a los cuales se
encuentran vinculadas estas dependencias, en aquellos casos en los que su número no
permite la creación de comisiones seccionales en cada uno de los departamentos.
78. La intervención de los funcionarios locales está entonces supeditada –en los
certámenes del orden nacional– a la imposibilidad de conformar una comisión regional,
puntualmente cuando la cantidad de empleados de carrera de dicha seccional no
permite su elección y conformación, en la que pueden desarrollar su derecho al
sufragio, atribuido como se ha visto a todos los empleados de carrera.
79. De una lectura armónica de las disposiciones examinadas, se tienen los
siguientes presupuestos que sirven para resolver el debate que subyace al plenario:
El derecho al sufragio activo ha sido atribuido a todos los empleados de carrera
administrativa que laboran en la autoridad de que se trate, así como a los
servidores que prestan sus servicios en empleos pertenecientes a plantas
temporales.
Lo anterior, no significa que dichos empleados puedan participar de manera
conjunta en los certámenes para elegir a sus representantes ante la Comisión de
38
Sufragio.
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Personal Nacional, así como en las comisiones regionales, por cuanto el artículo
2.2.14.2.15 del Decreto No. 1083 de 2015 restringe la posibilidad de intervenir en
la elección nacional, luego de que en las seccionales no es posible conformar una
comisión propia.
Ello no supone un desconocimiento de la regla de universalidad del voto, sino tan
solo un orden en punto de su ejercicio entre las diferentes instancias electorales –
locales o nacional–.
En otros términos, el derecho al sufragio activo será siempre la “piedra de toque”
para la designación de los representantes de los empleados ante las comisiones
de personal, contando tan solo con una forma de operar, luego de que en las
dependencias regionales de los órganos hay lugar a conformar comisiones
territoriales.
80. Sobre la base de estas premisas, esta Judicatura esgrime, de conformidad con el
material probatorio allegado al expediente:
En cumplimiento del mandato contenido en el artículo 16 de la Ley 909 de 2004, el
DPS convocó, mediante Resolución No. 053 del 14 de enero de 2020, a los
empleados adscritos a sus diferentes regionales para que eligieran a sus
representantes ante las comisiones regionales de personal de la autoridad.
Con fundamento en ello, las comisiones regionales fueron constituidas, entre
otros, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba, Meta,
Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima,
Urabá.
En el marco de la elección de la Comisión de Personal Nacional, periodo 2021-
2023, el DPS solo permitió la participación de los empleados ubicados en la sede
de Bogotá39 y Guainía. La autorización de intervención de esta última
dependencia, se fundó en las siguientes consideraciones:
“Que el artículo 2.2.14.2.15 del Decreto No. 1083 de 2015 indica: (…) Que la
Dirección Regional de Guainía cuenta con un servidor público con derechos de
carrera, razón por la cual, en este proceso de elección de la Comisión de Personal
Nacional se efectuó la excepción para que habilitara la participación de los
servidores públicos de dicha Dirección Regional.”
Así las cosas, el DPS, teniendo claro que en las diferentes dependencias existían
ya comisiones de personal regionales, llamó a la Dirección Guainía a participar en
39
Teniendo en cuenta que la ley dispone que sólo se consideran seccionales o regionales las dependencias que se ubican
geográficamente fuera de la sede principal, y Bogotá es la sede de la Comision Nacional de Personal.
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la elección de los demandados, al amparo del artículo 2.2.14.2.15 del Decreto No.
1083 de 2015.
Como se ha visto, la exclusión de las demás regionales en la elección de los
representantes de los empleados ante la Comisión de Personal Nacional tiene un
fundamento normativo que, en la actualidad, goza de presunción de legalidad, y
no fue objetado durante el desarrollo del proceso por parte de la organización
demandante.
81. Ahora bien, en la etapa de alegatos de conclusión, la parte actora arrimó al
expediente copia del concepto No. 20165000134801 del 10 de mayo de 2016 de la
Comisión Nacional del Servicio Civil, en el que puede leerse que, en el criterio de esa
autoridad, los empleados de carrera del DPS pueden participar tanto en la elección de
sus representantes ante las comisiones seccionales como también en la designación de
sus delegados en la Comisión Nacional.
82. Para la Sección Quinta del Consejo de Estado, se trata de un argumento que no
puede ser tenido en cuenta en esta oportunidad, por 3 motivos especiales, a saber:
El concepto fue aducido como prueba de manera extemporánea, si se atienden las
oportunidades probatorias señaladas en el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011.
En el concepto de la Comisión no se analiza la excepción erigida en el artículo
2.2.14.2.15 del Decreto No. 1083 de 2015 que, en esta ocasión, funda la ausencia
de configuración del cargo planteado por la organización demandante. Las
consideraciones plasmadas en él obvian esta normativa que, igualmente, regula la
materia.
El artículo 28 de la Ley 1437 de 2011 prescribe que los conceptos de las
entidades públicas no disponen de efectos vinculantes.
83. Por lo anterior, la Sala desestima la presunta transgresión alegada por la parte
demandante, a la luz de la existencia de una norma que dota de legalidad la actuación
del DPS.
2.3.3.2.2. Premisa 2: La exclusión de los empleados adscritos a las
dependencias regionales con comisiones seccionales, de la elección de sus
representantes nacionales no comporta una transgresión del derecho de
participación en política
84. En este punto, la Sección Quinta del Consejo de Estado explica las razones por
las cuales, la exclusión de los empleados de carrera de la elección de sus delegados
ante la Comisión Nacional de Personal –cuando en sus territoriales hay comisiones
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regionales– no representa una afrenta para el derecho de participación política de
éstos.
85. Respecto del derecho de participación, la Sala especializada en asuntos
electorales40 ha enfatizado que, más allá de la facultad de elegir a sus gobernantes, a
través del sufragio universal, este principio procura la ampliación de los espacios
democráticos, con el objetivo de que la intervención ciudadana sea cada vez más
frecuente en “las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación”41.
86. De igual manera, esta Judicatura ha sostenido:
“A pesar de ello, la expresión ‘participativo’ que utiliza el Constituyente de 1991, va más
allá de los atributos generales que ostenta cualquier democracia y que se ponen de
manifiesto en sus modalidades de representación. Alude a la presencia inmediata -no
mediada- del Pueblo, en el ejercicio del poder público, ya como constituyente,
legislador o administrador. Por ello entonces al concepto de democracia
representativa se adiciona, entonces, el de democracia de control y decisión”42.
De lo anterior se deduce que con la Carta Política del 91 hubo una ruptura en la ortodoxia
prevaleciente en el constitucionalismo colombiano, bajo la égida de la Constitución
Nacional de 1886, explicable en términos de soberanía.
En efecto, mientras el texto constitucional de 1886 preconizó el establecimiento de una
soberanía nacional, consagrando en su artículo 2º que la misma “reside esencial y
exclusivamente en la nación, y de ella emanan los poderes públicos”, lo cual impedía el
surgimiento de un tipo de democracia distinto a la representativa o indirecta, la Carta
Política de 1991 acogió el concepto de soberanía popular, pues afirmó en su artículo 3º
que ésta se asienta exclusivamente en el pueblo, y que este último “la ejerce en forma
directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.”
Así las cosas, la vigencia del principio de la soberanía popular en el orden jurídico actual
en Colombia acarreó la implantación de la expresión participativa de la democracia,
estadio evolutivo superior a aquel de la democracia representativa.
En consecuencia, la democracia participativa deviene en una categoría central para el
sistema constitucional colombiano, lo que significa que el ciudadano, y en general los
sujetos que intervienen en el ejercicio democrático, tomen parte en los procesos de
decisión de asuntos públicos43, mediante el establecimiento de “…mecanismos
adecuados para permitir que efectivamente la ciudadanía manifieste su opinión (…), de tal
modo que ésta sea tenida en cuenta por las autoridades públicas.” 44
De allí que la garantía del principio democrático acogido en la Constitución Política de
1991 pase por la edificación de instrumentos que permitan la injerencia de la
40
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-24-000-2014-00276-00. C.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 19 de julio de 2018.
41
Artículo 2º Constitución Política.
42
Corte Constitucional. Sentencia C-150 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
43
Corte Constitucional. Sentencia C-041 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
44
Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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voluntad ciudadana en las decisiones que los afectan, sin los cuales ésta no podría
existir.”45
87. Por lo anterior, se puede concluir que dentro de los fines del Estado se encuentra
el de promover la participacion de la ciudadanía para que se le permita su injerencia en
las deciones que los afectan.
88. A su vez, en virtud del principio de igualdad del voto, cada uno de los empleados
del DPS está habilitado para votar por una sola vez, ya sea en el proceso eleccionario
de su regional o el de la sede nacional, por lo que si se accediera a las pretensiones de
la parte actora conllevaría a afirmar que estamos frente a la hipótesis de un voto
múltiple, lo que generaría un privilegio injustificado a los funcionarios que pudieran votar
dos veces, tanto en las elecciones de las comisiones seccionales, como en la de la
dependencia nacional.
89. Ahora, fijados estos presupuestos, la Sala expone las razones por las cuales, la
no participación de los empleados regionales en la elección de los representantes de
los funcionarios ante la Comisión de Personal Nacional del DPS no implica una
vulneración del principio democrático –acogido por el constituyente de 1991–, pues no
supone que éstos no puedan intervenir en las decisiones que los afectan, así:
Las competencias cumplidas por las comisiones de personal regionales y la
Nacional son, en esencia, las mismas
90. En materia de competencias, el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 establece
como funciones de las comisiones de personal existentes al interior de las autoridades
las que se enlistan a continuación:
“(…)
a) Velar porque los procesos de selección para la provisión de empleos y de evaluación
del desempeño se realicen conforme con lo establecido en las normas y
procedimientos legales y reglamentarios y con los lineamientos señalados por la
Comisión Nacional del Servicio Civil. Las citadas atribuciones se llevarán a cabo sin
perjuicio de las facultades de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para el efecto,
la Comisión de Personal deberá elaborar los informes y atender las solicitudes que
aquella requiera;
b) Resolver las reclamaciones que en materia de procesos de selección y evaluación
del desempeño y encargo les sean atribuidas por el procedimiento especial;
c) Solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de la lista de elegibles
de las personas que hubieren sido incluidas sin reunir los requisitos exigidos en las
respectivas convocatorias, o con violación de las leyes o reglamentos que regulan la
carrera administrativa. En el caso de no atenderse la solicitud, deberán informar de
45
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-24-000-2014-00276-00. C.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 19 de julio de 2018.
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esta situación a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que adopte las medidas
pertinentes;
d) Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que formulen los empleados de
carrera que hayan optado por el derecho preferencial a ser vinculados, cuando se les
supriman sus empleos, por considerar que han sido vulnerados sus derechos;
e) Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que presenten los empleados
por los efectos de las incorporaciones a las nuevas plantas de personal de la entidad
o por desmejoramiento de sus condiciones laborales o por los encargos;
f) Velar porque los empleos se provean en el orden de prioridad establecido en las
normas legales y porque las listas de elegibles sean utilizadas dentro de los
principios de economía, celeridad y eficacia de la función administrativa;
g) Velar porque en los procesos de selección se cumplan los principios y reglas
previstas en esta ley;
h) Participar en la elaboración del plan anual de formación y capacitación y en el de
estímulos y en su seguimiento;
i) Proponer en la respectiva entidad la formulación de programas para el diagnóstico y
medición del clima organizacional;
j) Las demás funciones que le sean atribuidas por la ley o el reglamento.”
91. Por su parte, el artículo 6 del Decreto Ley No. 760 de 2005 “Por el cual se
establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil
para el cumplimiento de sus funciones”, prescribe:
“Las funciones asignadas a las Comisiones de Personal, en los literales d) y e) del artículo
16 de la Ley 909 de 2004 no podrán ser ejercidas por las Comisiones de Personal de
las dependencias regionales o seccionales de las entidades.”
92. Del estudio armónico de las disposiciones traídas a colación, se tiene que, salvo
las funciones plasmadas en los literales d) y e) –relativas a las reclamaciones por la
supresión de empleos y los demejoramientos laborales que se produzcan en las
entidades, que solo podrán ser ejercidas por la Comisión de Personal Nacional–, las
comisiones seccionales y Nacional detentan las mismas funciones para proteger a los
empleados de las circunstancias que puedan llegar a vulnerar sus derechos laborales.
93. En ese orden, los funcionarios regionales participan en la elección de comisiones
territoriales que cumplen un compendio similar de facultades atribuidas a la Comisión
Nacional, inmiscuyéndose así en la conformación de un ente que adoptará decisiones
que puedan afectarlos directamente.
94. En otros términos, los empleados seccionales del DPS estarán principalmente
sometidos a las determinaciones que puedan ser tomadas por las comisiones que han
ayudado a constituir, materializando el derecho político consagrado en el artículo 2 de la
Carta Política de 1991.
95. Desde esta perspectiva funcional, la no participación de los servidores regionales
en la designación de los representantes ante la Comisión Nacional de Personal del DPS
se ve atenuada, comoquiera que las comisiones territoriales que erigen desarrollan el
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mismo paquete competencial de ésta y son sus decisiones las que, en principio, podrían
llegar a afectar sus intereses.
Las decisiones de la Comisión de Personal Nacional –distintas de las
ejercidas por las comisiones regionales– son controlables por la Comisión
Nacional de Servicio Civil
96. En los aspectos relativos con las competencias consagradas en los literales d) y
e) del artículo 16 de la Ley 909 de 2004 –ejercidas exclusivamente por parte de la
Comisión de Personal Nacional–, la Sala destaca que las determinaciones que puedan
ser adoptadas en esta materia son apelables ante la Comisión Nacional de Servicio
Civil, al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto Ley No. 760 de 2005:
“ARTÍCULO 31. La Comisión de Personal de la entidad en la que se suprimió el cargo
conocerá y decidirá en primera instancia sobre las reclamaciones que formulen los ex
empleados de carrera con derecho preferencial a ser incorporados en empleos iguales o
equivalentes de la nueva planta de personal por considerar que ha sido vulnerado este
derecho o porque al empleado se le desmejoraron sus condiciones laborales por efecto
de la incorporación.
La reclamación deberá formularse con el lleno de los requisitos establecidos en el
presente decreto, dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación de la
supresión del cargo.
La Comisión de Personal decidirá, una vez comprobados los hechos que dieron lugar a la
reclamación, mediante acto administrativo motivado en un término no superior a ocho (8)
días. Contra esta decisión procede el recurso de apelación para ante la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en los términos del Código Contencioso Administrativo.
Si la decisión es que no procede la incorporación, el ex empleado deberá manifestar por
escrito, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que esta quede en firme, al jefe
de la entidad su decisión de optar por la reincorporación en empleo igual o equivalente en
el plazo que señala la ley o a percibir la indemnización.
Si el ex empleado hubiere optado por la reincorporación, el jefe de la entidad dentro de los
diez (10) días siguientes al recibo del escrito que así lo manifiesta, deberá poner dicha
decisión en conocimiento de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para que inicie la
actuación administrativa tendiente a obtener la reincorporación del ex empleado en
empleo igual o equivalente al suprimido, de conformidad con lo dispuesto en el presente
decreto.”
97. Teniendo en cuenta la norma citada, se puede concluir que en todos los asuntos
en los cuales tenga conocimiento en primera instancia la Comision de Personal
Nacional –y específicamente sobre las reclamaciones que formulen los ex empleados
de carrera con derecho preferencial a ser incorporados en empleos iguales o
equivalentes de la nueva planta de personal–, será la Comisión Nacional del Servicio
Civil quien resolverá en segunda instancia, pues es responsabilidad de dicha entidad la
vigilancia del buen funcionamiento de la carrera administrativa.
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98. Se colige de ello que, la Comisión de Personal Nacional no dispone de la última
palabra en estos puntos, siendo por ende recurribles sus decisiones ante la Comisión
Nacional del Servicio Civil, tercero garante de la corrección de las decisiones adoptadas
por ese órgano.
99. En consonancia, los funcionarios regionales –que puedan verse perjudicados con
las determinaciones de la Comisión Nacional– cuentan con el derecho de contradecirlas
ante un ente independiente que tomará la resolución definitiva en estos aspectos.
100. Al respecto, la Corte Constitucional explicó en sentencia C-31846 de 2006:
“Es decir que del análisis sistemático de la Ley 909 de 2004 y particularmente del
referido artículo 16 en concordancia con el numeral 1 del artículo 53 de la misma ley se
desprende claramente que la mención de las Comisiones de Personal en los artículos
acusados del Decreto Ley 760 de 2005 no configura un desbordamiento de las
facultades extraordinarias conferidas sino mas bien su estricto desarrollo, en atención
a la directa y necesaria interrelación que tienen las funciones a ellas atribuidas con las
que la misma Ley atribuye a la Comisión Nacional del Servicio Civil, que valga la
reiteración en cualquier momento podrá asumir el conocimiento de los asuntos
asignados a dichas Comisiones.(…)”
101. En suma, la Comisión Nacional del Servicio Civil se porta como órgano de control
de las decisiones de la Comisión Personal Nacional del DPS, motivo por el que no hay
afectación del derecho político de los funcionarios territoriales, cuando éstos no cuentan
con la posibilidad de elegir a los representantes de la Comisión Nacional, pues en los
eventos en los que el ordenamiento reserva una competencia exclusiva a ésta, sus
determinaciones son recurribles ante la Comisión Nacional del Servicio, que tendrá la
última palabra en esos ámbitos.
102. Ahora bien, el sindicato demandante alegó la vulneración de los sistemas legales
de votación. Sin embargo, la Sala al interpretar la demanda determinó que los
argumentos del sindicato actor van dirigidos a discutir la vulneración del derecho de
participación de los empleados de las regionales, a excepción de los funcionarios de la
seccional Guanía, por no estar habilitados para votar en la elección de los
representantes ante la Comision Nacional de Personal del DPS, por lo que dicho cargo
ya se encuentra resuelto con lo anteriormente expuesto.
103. Visto así el asunto, concluye la Sala que ninguno de los reparos planteados por
el sindicato actor como fundamento de la demanda tienen vocación de prosperidad, por
lo que la presunción de legalidad de los actos demandados se mantiene incólume y, por
tanto, hay lugar a denegar las pretensiones de la demanda.
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M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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104. Por todo lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta en uso de facultades constitucionales y
legales,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral propuesta
contra los actos de elección de los representantes principales y suplentes de los
empleados ante la Comisión de Personal Nacional del Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, periodo 2021-2023, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes de conformidad con el artículo 289
de la Ley 1437 de 2011.
TERCERO: ADVERTIR que contra la presente providencia no procede recurso alguno.
CUARTO: ARCHIVAR el expediente una vez quede en firme el fallo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
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