Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00095-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00095-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00095-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
10 de noviembre de 2022
Demandantes: Jorge Elías Ricardo Rada y otros
Demandada: Leonor María Palencia Vega, representante a la Cámara por la Circunscripción
Transitoria Especial para la Paz 14
Rad: 11001-03-28-000-2022-00095-00 acumulado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00095-00
11001-03-28-000-2022-00099-00
11001-03-28-000-2022-00116-00 ACUMULADO
Demandantes: JORGE ELÍAS RICARDO RADA Y OTROS
Demandada: LEONOR MARÍA PALENCIA VEGA REPRESENTANTE A LA
CÁMARA POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN TRANSITORIA
ESPECIAL PARA LA PAZ 14, PERIODO 2022-2026
Temas: Infracción de normas, inhabilidad y apoyo indebido de partido
político.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir las demandas presentadas por los señores Jorge Elías
Ricardo Rada, Katherine Cárdenas Llorente, Arnobi de Jesús Zapata Martínez,
Rocío Pineda Arrieta, Manuel Francisco Osuna Baptista, Águeda del Pilar
Quiñonez Rodríguez, Mario Miguel Quintero Bueno, Eduar Enrique Petro Delgado,
Yeimis Judith Paternina Pereira, Reyson Yorman Estupiñán Silva y Luis Carlos
Montenegro Almeid en ejercicio del medio de control de nulidad electoral
consagrado en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, contra la elección de la señora Leonor María Palencia
Vega, como representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial
para la Paz -CITREP 14-.
I. ANTECEDENTES
1. Expediente 11001-03-28-000-2022-00095-00
1.1. Pretensión
El señor Jorge Elías Ricardo Rada, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del CPACA, en la cual
solicitó:
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Demandantes: Jorge Elías Ricardo Rada y otros
Demandada: Leonor María Palencia Vega, representante a la Cámara por la Circunscripción
Transitoria Especial para la Paz 14
Rad: 11001-03-28-000-2022-00095-00 acumulado
“PRIMERO: Se declare la nulidad del formulario E-24, E-26 emitidos por la comisión
escrutadora general CITREP N°14 por haberse contabilizado los votos depositados
a favor de la lista inscrita por la Asociación Agropecuaria De Mujeres Víctimas De
Jericó, la cual se afectó en su totalidad, debido a la revocatoria de la inscripción del
candidato JUAN DAVID FERNANDEZ MENESES, realizada por el Consejo
Nacional Electoral en la resolución No. 0990 del 26 de enero de 2022 y confirmada
mediante la resolución No. 1273 de febrero 11 de 2022, quedando incursa en la
violación al principio de igualdad y equidad de género establecido en el artículo 6
transitorio del
acto legislativo N° 2 de 2021.
SUBSIDIARIA:
SEGUNDO: Se declare la nulidad del formulario E-24, E-26, emitidos por la
comisión escrutadora general CITREP N°14 por haberse contabilizado los votos
depositados a favor del candidato JUAN DAVID FERNANDEZ MENESES, cuya
inscripción había sido revocada por el Consejo Nacional Electoral en la resolución
No. 0990 del 26 de enero de 2022 y confirmada mediante la resolución No. 1273 de
febrero 11 de 2022 y, teniendo en cuenta que NO se realizó la modificación a la lista
por parte de la organización social que postuló su nombre, a pesar de estar en
término para hacerlo, además, porque para el caso de la circunscripción especial
CITREP por mandato constitucional, el voto solamente es preferente.
Como consecuencia de prosperar una de las anteriores pretensiones…
TERCERO: Se ordene a quien corresponda, que realice un nuevo cómputo de la
votación obtenida por los diferentes candidatos y organizaciones sociales inscritos
como aspirantes a la cámara de representantes por la circunscripción especial
CITREP N°14, contabilizando como no marcados los votos que figuran a favor del
candidato o de los candidatos correspondientes o marcándolos como del partido,
según se decidan las pretensiones principal o subsidiaria.
CUARTO: Se ordene a quien corresponda, la anulación de la credencial de
congresista expedida a favor de PALENCIA VEGA LEONOR MARÍA identificada
con la cedula de ciudadanía N° 50.975.957, se ordene suprimir el nombre del
candidato Juan David Fernández Meneses, identificado con cédula de ciudadanía
No. 78.110.376 del orden de elegibilidad, se corrija el número de votos que en total
sacaron cada una de las organizaciones sociales y se expida la credencial a quien
resulte ganador luego del cómputo realizado, contabilizando como no marcados o
como del partido, los votos a favor del candidato o candidatos, según se decidan las
pretensiones principal o subsidiaria.
DE OFICIO:
QUINTO: Emítanse las ordenes que de oficio estime conveniente el alto tribunal, en
aras a la aplicación del principio de legalidad y/o para garantizar la efectiva
aplicación de lo resuelto”. (sic a toda la cita)
Las pretensiones tuvieron como fundamento los siguientes
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1.2. Hechos
Sostuvo que el Consejo Nacional Electoral en la Resolución 0990 del 26 de enero
de 2022 dispuso: “REVOCAR el acto de inscripción del ciudadano Juan David
Fernández Meneses, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.110.376, como
candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial para
organizaciones de víctimas para las elecciones a Congreso de la República que se
llevarán a cabo el 13 de marzo de 2022, con fundamento en el reporte de inhabilidades de
la Procuraduría General de la Nación, por encontrarse incurso en causal objetiva (sic) de
inhabilidad, de conformidad con expuesto, expediente radicado No. CNE-E-2021-027025.”
Mencionó que dicha decisión fue objeto de recurso de reposición el cual no
prosperó, por lo que quedó en firme la decisión el 12 de febrero de 2022 una vez
notificada. De manera que la lista para la Circunscripción Transitoria Especial para
la Paz (CITREP) 14, formulada por la Asociación Agropecuaria de Mujeres
Víctimas de Jericó, se mantuvo con los nombres de la demandada, la señora
Leonor María Palencia Vega y el señor Juan David Fernández Meneses.
Destacó que la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante la Resolución
2098 del 12 de marzo de 2021, fijó el calendario electoral para las elecciones de
Congreso de la República a celebrarse el 13 de marzo de 2022.
Precisó que la Asociación Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó no realizó
la modificación de la lista inscrita, en el sentido de postular un nuevo candidato en
reemplazo del señor Juan David Fernández Meneses a quien el Consejo Nacional
Electoral le había revocado la inscripción y tampoco presentó su renuncia a la
candidatura. Así, relató que a pesar de haberse revocado la inscripción del señor
Fernández Meneses y estando en términos para reemplazarlo, la Asociación
Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó como estrategia política decidió no
hacerlo, para tener un inscrito con domicilio en el municipio de Valencia –Córdoba,
cuya área de influencia es el Alto Sinú y otro aspirante con domicilio en Puerto
Libertador –Córdoba, cuya área de influencia es el Alto San Jorge. De manera que
-afirmó- se mantuvo en error a los electores, en especial a los ciudadanos del alto
San Jorge, quienes no conocían ni se identificaban con la demandada Leonor
Palencia así como tampoco, con la organización social que inscribió dichas
personas.
Anotó que los habitantes de la zona rural de Montelíbano, San José de Ure,
Puerto Libertador, Tierralta y Valencia, votaron por el señor Juan David Fernández
Meneses porque él continuó haciendo campaña y manifestando en las diferentes
reuniones que su proceso ante el Consejo Nacional Electoral había salido
favorable. En ese orden de ideas, precisó que los resultados que se reflejan en el
E-24 y el E-26, dan cuenta que los votos del aspirante fueron en total mil
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Demandantes: Jorge Elías Ricardo Rada y otros
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cuatrocientos setenta y cinco (1.475), por lo que, comparados con el promedio de
votos de los demás, se puede concluir que no se trata de un grupo desprevenido
de ciudadanos que votaron por el señor Fernández Meneses, por el contrario, se
trató de una verdadera campaña de desinformación por parte de la Asociación
Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó.
Aseguró que dicha asociación “en alianza con las maquinarias políticas tradicionales
comandadas por el actual gobernador del departamento de Córdoba, quien es primo de la
demandada, la señora Leonor María Palencia Vega”, indujeron a un error a los
ciudadanos presentándoles como vigente la candidatura de una persona cuya
inscripción había sido revocada, con el único propósito de que la organización
social que inscribió a la demandada, alcanzara en conjunto la mayor votación y
resultara electa, quien además es “heredera del clan Benítez y Calle”.
Agregó que, al no reemplazarse la candidatura del señor Fernández Meneses, la
Asociación Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó desconoció la cuota de
género establecida en el artículo sexto del Acto Legislativo 02 del 2021, que prevé
lo siguiente: “Artículo transitorio 6°. Forma de elección. En cada una de las
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz se elegirá un Representante a la
Cámara. Las listas tendrán voto preferente y estarán integradas por dos candidatos que
deberán acreditar su condición de víctimas del conflicto. La lista tendrá un candidato de
cada género”.
Destacó que, no obstante lo anterior, la comisión escrutadora departamental
CITREP – 14 contabilizó mil cuatrocientos setenta y cinco (1.475) votos
depositados a favor del candidato Juan David Fernández Meneses, cuya
inscripción había sido revocada por el Consejo Nacional Electoral. Igualmente,
realizó la declaratoria de la elección de la candidata Leonor María Palencia Vega.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Invocó como causales de nulidad la infracción de normas superiores, prevista en
el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y las de los numerales 4 y 5 del mismo ordenamiento procesal.
Asimismo, alegó como desconocida la siguiente normativa: Resolución 0990 del
26 de enero de 2022 del Consejo Nacional Electoral, Resolución 1273 de febrero
11 de 2022 de la misma entidad, la Ley Estatutaria 1475 de 2011, artículo 31, la
Resolución 2098 del 12 de marzo de 2021 de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, el Acto legislativo 02 de 2021, artículos 5 y 6 transitorio -violación a los
principios de igualdad y equidad de género- y los artículos 40 y 179 de la
Constitución Política.
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• Infracción de las normas en que deberían fundarse el acto, violación
del principio de igualdad de género establecido en el artículo 6 del
Acto Legislativo 02 de 2021.
Argumentó que la organización social que postuló a los señores Fernández y
Palencia, al mantener la lista electoral a la Cámara de Representantes por la
CITREP 14, sin tener en cuenta la cuota de género, desconoció lo previsto en el
artículo 6 del Acto Legislativo 02 de 2021, el cual establece que deberán
inscribirse candidatos de ambos géneros.
Sustentó que la inhabilidad del señor Fernández Meneses por la cual se revocó su
candidatura, no es sobreviniente, ya que como se evidencia en las resoluciones
citadas en el acápite de hechos, aquella tuvo lugar producto de una sentencia
penal condenatoria, que data muchísimo antes del proceso de inscripción. Por otra
parte, precisó que, a pesar de la maniobra dilatoria expresada en un recurso de
reposición falto de fundamentos, dicha revocatoria se ratificó previo al vencimiento
del término para la realización de modificaciones a la lista por esta causa; sin
embargo, el candidato cuya inscripción había sido revocada y la organización
social que lo inscribió a él y a la demandada, continuaron en campaña con un solo
candidato, violando la cuota de género.
Sustentó que la organización social que inscribió las candidaturas a la CITREP 14,
contó con los días 11, 12 y 13 de febrero de 2022 para realizar la modificación de
la lista, no obstante -señaló- voluntariamente decidió no hacer uso de ese derecho
y ambos candidatos continuaron en campaña abierta, manifestándole a los
electores que la actuación ante el CNE había sido favorable al señor Fernández
Meneses.
Resaltó que, al haberse afectado la lista en su totalidad por no realizarse las
modificaciones por causa de la revocatoria, estando en término para hacerlo, debe
aplicarse la tesis del Consejo de Estado que señala que, si la revocatoria afectaba
a toda la lista (abierta o cerrada), estos votos deben contabilizarse como no
marcados, los cuales, en consecuencia, no tendrán entidad para producir eficacia
electoral en ningún sentido.
• Nulidad por computarse los votos a la lista de la Asociación
Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó
Estableció que el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral han
establecido unas reglas generales de cómo proceder tratándose de los votos
depositados en favor de candidatos que han sido revocados previamente a las
elecciones, así:
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i) En el evento de revocarse uno o varios candidatos de la lista, ya sea
cerrada o abierta (voto preferente), la votación obtenida en su favor
debía computarse como válida para la lista, mientras que,
ii) si la revocatoria afectaba a toda la lista (abierta o cerrada), estos votos
debían contabilizarse como no marcados, los cuales, en consecuencia,
no tendrían entidad para producir eficacia electoral en ningún sentido.
Apuntó que, al verificar las actuaciones administrativas surtidas en el trámite de la
revocatoria de la inscripción del candidato en cuestión, se puede observar que
esta se produjo mediante la Resolución 0990 del 26 enero de 2022 y dicha
decisión fue confirmada mediante la Resolución 1273 de febrero 11 de 2022
quedando en firme de manera inmediata debido a que contra dicha determinación
no procedía ningún recurso. En consecuencia -afirmó- no era posible computar
votos a favor del candidato Juan David Fernández Meneses en las elecciones
realizadas el 13 de marzo de 2022, ya que su inscripción fue revocada el 26 enero
de 2022 y confirmada el 11 de febrero de 2022.
Alegó que, teniendo en cuenta lo anterior los votos depositados en favor del
candidato Fernández Meneses no debieron contabilizarse a la organización social
que lo inscribió, pues lo que correspondía era que se tuvieran como no marcados,
los cuales, en consecuencia, no tendrían la entidad para producir eficacia electoral
en ningún sentido. Pero de ninguna manera, a favor suyo, como sucedió.
Destacó que, además, existen normas especiales para el caso de la
Circunscripción Transitoria Especial para la Paz que evidencian que las
organizaciones sociales con derecho de postulación en aquella no cuentan con
una amplia aplicación de los principios de “la eficacia del voto y de pro elector”. Tal es
el caso del artículo 14 del Decreto 1217 de 2021, el cual establece lo siguiente:
“Sanciones por el incumplimiento de las reglas y requisitos previstos en el Acto Legislativo
02 de 2021. Quienes sean elegidos como representantes a la Cámara por una
Circunscripción Transitoria Especial de Paz sin el cumplimiento de los requisitos y las
reglas establecidas en el Acto Legislativo 02 de 2021 y en el presente decreto, se les
impondrá la sanción de pérdida del cargo mediante el procedimiento de pérdida de
investidura definido en la ley y ello conllevará la inhabilidad prevista en el numeral 4° del
Artículo 179 de la Constitución Política. Parágrafo primero: En el evento en que un
candidato haya sido elegido sin el cumplimiento de las reglas y requisitos exigidos en el
Acto Legislativo 02 de 2021 y en el presente decreto, la respectiva curul no podrá ser
reemplazada en aplicación del inciso segundo del artículo 134 de la Constitución Política”.
Sustentó que el carácter prevalente de las organizaciones políticas en los
procesos de elección de circunscripciones ordinarias versus la prevalencia del
candidato en el caso de las CITREP, establecen una situación de fondo que limita
la aplicación de “los principios de la eficacia del voto y el principio pro elector”, que
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permita computar como válidos para la lista, los votos depositados en favor del
candidato cuya inscripción fue revocada previamente.
Finalmente, aun cuando invocó el numeral 5 del artículo 275 del CPACA, respecto
a la violación del régimen de inhabilidades, no sustentó dicho cargo.
2. Expediente 11001-03-28-000-2022-00099-00
2.1. Pretensión
La señora Katherine Cárdenas Llorente, en nombre propio y en ejercicio del medio
de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del CPACA, solicitó:
“1.- Que se declare la nulidad del acto de elección – Formulario E-26 CTP – de
fecha 21 de marzo de 2022, por medio del cual se declaró la elección como
representante a la cámara CITREP N° 14 del sur de Córdoba, de la ciudadana
LEONOR MARIA PALENCIA VEGA avalada por la organización social ASOC.
AGROPECUARIA MUJERES VÍCTIMAS DE JERICÓ - ASOMUVIJ para el período
constitucional 2022 – 2026, por haber contabilizado los votos de un candidato cuyo
acto de inscripción había sido revocada, y afectar la lista en cuento a la cuota de
género.
2.- Que como consecuencia de lo anterior ofíciese al CNE, RNEC con la finalidad
que se redistribuya la votación conforme lo expresa la ley”.
2.2. Hechos
Sostuvo que el día 13 de marzo 2022, se realizaron las elecciones del Congreso
de la República de acuerdo con la Resolución 2098 del 12 de marzo de 2021 de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, “Por la cual se fija el calendario electoral para
las elecciones de Congreso de la República que se realizarán el 13 de marzo de 2022”.
Anotó que, realizados los escrutinios auxiliares, municipales y departamentales la
señora Leonor María Palencia Vega, resultó electa como representante a la
Cámara por la CITREP -14 del sur de Córdoba, conforme aparece en el acta de
elección – Formulario E-26 CTP, de fecha 21 de marzo de 2022, para el período
2022 – 2026.
Destacó que la señora Leonor María Palencia Vega, fue avalada por la
organización social Asociación Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó –
ASOMUVIJ.
Mencionó que la referida organización social inscribió dos candidatos: la
demandada, señora Leonor María Palencia Vega quien obtuvo 5.562 votos y el
señor Juan David Fernández Meneses quien obtuvo 1.475 votos para un total de
sufragios a favor de a la organización de 7.469 votos (sic). Precisó que, conforme
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el artículo transitorio 6 del Acto Legislativo 02 de 25 de agosto de 2021, se expidió
la credencial de representante a la cámara a la señora Leonor María Palencia
Vega.
Resaltó que el artículo transitorio 6 del Acto Legislativo 02 de 25 de agosto de
2021, establece “Para efectos del proceso de elección, la curul se adjudicará al
candidato más votado dentro de la lista que obtenga el mayor número de votos dentro de
la respectiva circunscripción”. Anotó que la lista que obtuvo el mejor resultado en
este caso fue la de la organización social Asociación Agropecuaria de Mujeres
Víctimas de Jericó – ASOMUVIJ, sin embargo -afirmó- la totalidad de votos
obtenidos por dicha lista, no debían tenerse en cuenta toda vez que con la
revocatoria en comento, también se afectó la lista, “en cuanto a la cuota de género
como lo establece la ley”.
Agregó que con los candidatos efectivamente inscritos por la organización social
en comento, no se cumplió la igualdad de género como lo establece el artículo
transitorio 6 del Acto Legislativo 02 de 25 de agosto de 2021, que de manera
concreta prevé que la lista estará integrada por un candidato de cada género.
Comoquiera que la inscripción del aspirante Fernández Meneses fue revocada por
las resoluciones antes citadas, esta agrupación no cumpliría este requisito legal.
Determinó que, al proferirse la Resolución 1273 del 11 de febrero de 2022 se dejó
en firme la revocatoria de la inscripción del candidato Fernández Meneses, y
teniendo en cuenta que el término para modificar las inscripciones según el
calendario electoral era hasta el 13 marzo de 2022, la asociación mencionada
deliberadamente decidió no modificar la lista pese que contaban con dos días para
hacerlo. Sostuvo que, en consecuencia, dicha conducta resulta contraria al
ordenamiento jurídico, la cual se debe tener como un comportamiento doloso por
parte de la agrupación y del candidato toda vez que indujeron a sus electores a
error.
Estableció que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el proceso con
radicado 05001-23-33-000-2019-03297-01 ratifica lo expresado por el Consejo
Nacional Electoral en Concepto 813-19 del 25 de octubre de 2019, que dispuso la
calificación que se debe dar a los votos que contengan marcaciones por listas o
candidatos revocados, de la siguiente manera:
a. Cuando la marcación sea identificada en lista cerrada, en la cual uno o varios
de sus candidatos hayan sido revocados, el voto deberá ser calificado como válido
para la lista, pero el (los) candidato (s) revocado (s) no podrán ser tenidos en
cuenta para ningún efecto de la elección.
b. Cuando la marcación sea identificada en lista abierta – voto preferente-, en la
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cual uno o varios de sus candidatos hayan sido revocados, el voto deberá ser
calificado como válido para la lista, pero el (los) candidato (s) revocado (s) no
podrán ser tenidos en cuenta para ningún efecto de la elección.
Precisó que, si bien esta última opción podría predicarse del caso bajo estudio, lo
cierto es que no hay lugar a aplicarse dado que se desconoció la cuota de género
por la lista. Ello por cuanto que -argumentó- en el evento de revocarse uno o
varios candidatos de la lista, ya sea cerrada o abierta (voto preferente), la votación
obtenida en su favor debía computarse como válida para la lista. Sin embargo, si
la revocatoria afectaba a toda la lista (abierta o cerrada), estos votos debían
contabilizarse como no marcados, los cuales, en consecuencia, no tendrían
entidad para producir eficacia electoral en ningún sentido.
2.3 Normas violadas y concepto de la violación.
La parte actora alegó que el acto acusado se encuentra incurso en los vicios de
nulidad por infracción de normas superiores.
Explicó que se desconoció el artículo 6 del Acto Legislativo 02 de 2021, que prevé
un principio de igualdad de género en la inscripción de las listas de candidatos a
las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Ello en consideración a que,
la organización social que inscribió la candidatura de la demandada, de manera
“dolosa”, no modificó la lista ante la revocatoria de la inscripción del candidato
Fernández Meneses, pese a que contaba con dos días para hacerlo, según el
calendario electoral. Asimismo, afirmó que se computaron de manera irregular los
votos obtenidos por el señor Fernández Meneses a la lista que inscribió a la
demandada, pese a que, en su criterio dichos sufragios no debieron tenerse en
cuenta.
3. Expediente 11001-03-28-000-2022-00116-00
3.1. Pretensión
Los ciudadanos Arnobi de Jesús Zapata Martínez, Rocío Pineda Arrieta, Manuel
Francisco Osuna Baptista, Águeda de Pilar Quiñonez Rodríguez, Mario Miguel
Quintero Bueno, Eduar Enrique Petro Delgado, Yeimis Judith Paternina Pereira,
Reyson Yorman Estupiñán Silva y Luis Carlos Montenegro Almeida, actuando en
nombre propio, interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral, consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, en la cual
solicitaron lo siguiente:
“Primera: Que se declare la nulidad del Acto Administrativo contenido en el
documento electoral E-26_CTP_XX_XXX_XXX_XX_XX_X_1047_F_54 expedido
en la BIBLIOTECA ALEXIS ZAPATA MEZA, a las 8:26 PM el día 21 de marzo de
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2022, por parte de la Comisión Escrutadora Departamental de Córdoba,
conformada por los integrantes: AMINTA CASTILLO HODGE, ROSAURA
MEDRANO LÓPEZ y las Secretarias YENNY ESPERANZA MELGAREJO MARTÍN
y JULIO FIDEL PADILLA PAUTT.
Segunda: Que se declare la nulidad de los Actos Administrativos Electorales: E-
26_CTP_2_13_052_XXX_XX_XX_X_5057_F_54 de San José de Uré expedido
por la Comisión Escrutadora Municipal de San José de Uré, Córdoba conformada
por los integrantes DIEGO ALEJANDRO SÁNCHEZ SERRANO, JULIO ENRIQUE
POMBO RAMOS y la Secretaria JHEIMY RUÍZ el 15 de marzo del 2022 a las
10:28 AM; E-26_CTP_2_13_061_XXX_XX_XX_X_5866_F_54 de Valencia
expedido por la Comisión Escrutadora Municipal de Valencia, Córdoba conformada
por los integrantes JOSÉ JAIME CABALLERO MÉNDEZ, ALBERTO SEGUNDO
VIDAL DÍAZ y el Secretario JULIO RAFAEL ERAZO CAUSIL el 16 de marzo de
2022 a la 1:06 PM; E-26_CTP_2_13_032_XXX_XX_XX_X_5856_F_54 de Puerto
Libertador expedido por la Comisión Escrutadora Municipal de Puerto Libertador,
Córdoba conformada por los integrantes LUIS ALFONSO DUEÑAS SOTO,
DAGOBERTO IBARRA MEJÍA y el Secretario NELSON MUÑOZ HERRERA el 16
de marzo de 2022 a las 9:35 AM; E-
26_CTP_2_13_025_XXX_XX_XX_X_5852_F_54 de Montelíbano expedido por la
Comisión Escrutadora Municipal de Montelíbano, Córdoba conformada por las
integrantes YULLYS ALEYDA ESTRADA BELEÑO, DEYANIRA DEL CARMEN
JIMÉNEZ CUELLO y el secretario LUIS GERMÁN MIRANDA TORRES el 16 de
marzo de 2022 a las 2:30 PM y; E-
26_CTP_2_13_058_XXX_XX_XX_X_5864_F_54 de Tierralta expedido por la
Comisión Escrutadora Municipal de Tierralta, Córdoba conformada por los
integrantes JAIRO ANDRÉS LÓPEZ BERNAL, DUBAN DARIO DEL CASTILLO
ALEMÁN y la Secretaria LISETH PAMELA RENDÓN MARTÍNEZ el 20 de marzo
de 2022 a las 12:00 PM.
Tercera: Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se decrete la
nulidad del acta de nombramiento, la cancelación de la credencial (E27) expedida
a la señora Leonor María Palencia Vega, así como todos los documentos y actos
administrativos que la acreditan como Representante a la Cámara por la CITREP
del sur de Córdoba, número 14, y, los demás efectos consecuenciales que prevé
el numeral 2 del artículo 288 del CPACA”.
3.2. Hechos
Relataron que el 25 de agosto del 2021, entró en vigor el Acto Legislativo 02,
mediante el cual se crearon 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz,
las cuales tienen como finalidad permitir que grupos históricamente marginados
por el conflicto armado, puedan participar en la conformación del poder político.
Posteriormente, el presidente de la República, con el Decreto 1207 de 2021,
reglamentó la implementación de las 16 CITREP y estableció, entre otros, los
requisitos que debían reunir las candidaturas al interior de los movimientos
ciudadanos y organizaciones sociales.
Señalaron que, la Asociación Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó –
ASOMUVIJ, inscribió una lista para la CITREP 14 conformada por la señora
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Demandantes: Jorge Elías Ricardo Rada y otros
Demandada: Leonor María Palencia Vega, representante a la Cámara por la Circunscripción
Transitoria Especial para la Paz 14
Rad: 11001-03-28-000-2022-00095-00 acumulado
Leonor María Palencia Vega y el señor Juan David Fernández Meneses,
resultando como ganadora de la jornada electoral del 13 de marzo de 2022, la
primera de las mencionadas, según acta de escrutinio E-26 CTP 14 del 21 de
marzo de 2022.
Precisaron que, no obstante lo anterior, la inscripción de la lista de la Asociación
Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó – ASOMUVIJ para ocupar la curul de
la CITREP 14, no cumplió con los requisitos necesarios para nacer a la vida
jurídica pues el señor Juan David Fernández Meneses tiene una inhabilidad
permanente, tal como obra en el certificado de antecedes del 2 de abril de 2022,
emitido por la Procuraduría General de la Nación1. Motivo por el cual el CNE
revocó su inscripción con las Resoluciones 0990 del 26 de enero de 2022 y 1273
del 12 de febrero de 2022. Sin embargo, en la tarjeta electoral permaneció el
nombre del candidato cuya inscripción había sido revocada.
3.3 Normas violadas y concepto de la violación.
Consideraron que la lista de candidatos mediante la cual la Asociación
Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó inscribió a la demandada, no cumplió
con lo señalado en el artículo 6 del Acto Legislativo 02 de 2021 por medio del cual
se crearon las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la
Cámara de Representantes de Colombia en los periodos 2022-2026 y 2026-2030.
Indicaron que se debe anular la elección de la demandada porque su compañero
de lista tiene una inhabilidad y al inscribirse por una “ la lista paritaria; las
inhabilidades afectan a ambos integrantes de la misma. La precedente situación tiene
como necesaria consecuencia, que aunque la candidata ganadora no esté inmersa en
dicha causal; al estar inscrita en la misma organización invalida la inscripción de su
candidatura como circunstancia colateral”, causando una afectación al orden público y
social.
Afirmaron que se desconocieron los artículos 8, 9, 23, 24 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, 1, 26 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, el Preámbulo y los artículos 1, 2, 3, 13, 22, 29, 40.1 de la
Constitución Política de Colombia y el artículo 6 del Acto Legislativo 02 del 25 de
agosto de 2021, pues la candidatura de la señora Leonor Palencia Vega recibió
apoyo explícito por parte del Partido Liberal en el departamento de Córdoba. Para
el efecto, adujo como prueba i) un audio de WhatsApp en donde afirman que
habla el señor “Óscar Darío (responsable de unos kioscos vive digital)” quien
convocó a unas reuniones con el objetivo de hacer publicidad a la campaña de los
1
En el cual consta que dicho candidato estaba inhabilitado con fundamento en el numeral 1 del
artículo 280 de la ley 5 de 1992 que prevé: “Quienes hayan sido condenados, en cualquier época,
por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”.
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Demandantes: Jorge Elías Ricardo Rada y otros
Demandada: Leonor María Palencia Vega, representante a la Cámara por la Circunscripción
Transitoria Especial para la Paz 14
Rad: 11001-03-28-000-2022-00095-00 acumulado
candidatos de la Asociación Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó –
ASOMUVIJ y ii) una fotografía en la que según los actores se puede ver al señor
Gabriel Calle -sin precisar de cuál partido o movimiento político- en el
corregimiento de Tierradentro con afiches que hacían alusión a la candidatura de
la señora Leonor Palencia.
Precisaron que la “Asociación Agropecuaria Mujeres Víctimas de Jericó – ASOMUVIJ,
realizó alianzas con candidatos o listas inscritas para las circunscripciones ordinarias para
la Cámara de Representantes”. Por otra parte, indicaron que “LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS QUE FUERON EXPEDIDOS EN FORMA IRREGULAR Y CON
DATOS CONTRARIOS A LA VERDAD”, sin sustentar ni argumentar cómo se
configuraron dichas causales en el caso en concreto.
Agregaron que la señora Leonor María Palencia Vega incurrió en una inhabilidad,
relatando que “se constató que la candidata electa LEONOR MARÍA PALENCIA VEGA
suscribió el contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión No SS-058- 2021 con
la Gobernación de Córdoba – Secretaría de Desarrollo de la Salud, cuyo objeto es:
“Prestación de servicios de auxiliar de enfermería para brindar apoyo en el fortalecimiento
de la autoridad sanitaria para la vigilancia y prevención de las enfermedades respiratorias
graves, incluyendo COVID-19, en el departamento de Córdoba”; situación irregular que se
constituyó una inhabilidad no declarada por la candidata, ya que el citado contrato tenía
una vigencia de nueve (9) meses y diez (10) días, y la fecha del certificado presupuestal
del mismo, data del 9 de febrero de 2021.”
4. Contestaciones
Comoquiera que los escritos presentados en los tres procesos acumulados son
reiterativos en los argumentos de defensa planteados, la Sala los expondrá de
manera condensada así:
4.1. Demandado
El apoderado de la señora Leonor María Palencia Vega se pronunció en los
siguientes términos:
• La lista presentada por la Asociación Agropecuaria de Mujeres
Víctimas de Jericó no violó el principio de igualdad de género y no se
encontraba obligada a presentar un nuevo candidato en reemplazo del
señor Juan David Fernández Meneses – no se desconoció el inciso
primero del artículo 6 del Acto Legislativo 02 de 2021.
Sostuvo que, según lo afirman los demandantes, la lista presentada por la
Asociación Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó (en adelante “la
Asociación”) desconoció el mandato de “paridad” consagrado en la precitada
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Demandantes: Jorge Elías Ricardo Rada y otros
Demandada: Leonor María Palencia Vega, representante a la Cámara por la Circunscripción
Transitoria Especial para la Paz 14
Rad: 11001-03-28-000-2022-00095-00 acumulado
norma, por cuanto dejó de contemplar a un candidato de cada género luego de
que se revocara la inscripción del señor Juan David Fernández Meneses; esta
acusación se traduce en la presunta violación del principio de equidad de género
consagrado en la norma que se invoca como desconocida. En suma, afirman
también que la consecuencia jurídica de esta circunstancia es la “inexistencia” del
acto demandado.
Estimó que la revocatoria de la inscripción del señor Juan David Fernández
Meneses no invalidó la lista presentada por la Asociación porque su retiro
sobreviniente del proceso no llevó a que se desconociera el principio de equidad
de género consagrado en el precitado artículo 6 del Acto Legislativo 02 de 2021.
Lo anterior, por dos razones primordiales. En primer lugar, del análisis exegético
de esta disposición y en estricto apego a la literalidad de la norma, se concluye
que la obligación allí consagrada consiste en que la lista inscrita se encuentre
conformada por dos candidatos de distinto género. Siendo así, es plausible afirmar
que en el presente caso la Asociación atendió este mandato a cabalidad porque la
lista que presentó se encontraba irrefutablemente conformada por dos candidatos
de distinto género: la señora Leonor María Palencia Vega y el señor Juan David
Fernández Meneses.
Anotó que la revocatoria de la inscripción del señor Juan David Fernández
Meneses no puede ser entendida como el incumplimiento del requerimiento
contenido en el inciso primero del artículo 6 del Acto Legislativo 02 de 2021,
habida cuenta que este fue un hecho aislado y sobreviniente de las circunstancias
que se presentaban al momento en que la asociación inscribió su lista de
candidatos. Con todo, cumplió a cabalidad el mandato de equidad de género o
“paridad” de que trata la norma invocada.
Argumentó que, en segundo lugar, los demandantes parten de una interpretación
errónea del principio de igualdad de género. Sostuvo que el adecuado
entendimiento de este principio, aplicable en materia de participación política, dicta
que ese mandato se encuentra instituido en el ordenamiento jurídico colombiano
como una garantía a favor de las mujeres y las minorías de identidad u orientación
sexual, para que estos grupos sociales históricamente discriminados tengan
efectivo acceso a los cargos de elección popular, lo que equivale a señalar que la
aplicación de esta regla no puede verse ajena a la perspectiva de género; más
cuando en el presente caso quien efectivamente fue acreedora de la curul fue una
mujer y con ello se ve satisfecho el fin de este mandato constitucional.
Sustentó que el último inciso del artículo 40 de la Constitución Política instó
explícitamente a las autoridades a garantizar “la adecuada y efectiva participación de
la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública”. En concordancia, el
artículo 107 de la Carta, modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de
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Demandantes: Jorge Elías Ricardo Rada y otros
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Transitoria Especial para la Paz 14
Rad: 11001-03-28-000-2022-00095-00 acumulado
2009, estableció los principios constitucionales que regirían los partidos y
movimientos políticos, dentro de los cuales señaló el principio de equidad de
género. En desarrollo de tales mandatos constitucionales, el legislador ha
expedido diversas leyes que han pretendido materializar de forma efectiva la
equidad de género en materia de participación política; y, a su vez, cada una de
estas disposiciones normativas ha sido dotada de contenido por la Corte
Constitucional, la cual en sus pronunciamientos le ha dado alcance a este principio
constitucional.
Precisó que el Acto Legislativo 02 de 2021 constituye la manifestación más
reciente del principio constitucional de equidad de género, derrotero en materia de
participación política y objeto de discordia en el presente caso. En efecto, en su
artículo 1 estableció que las listas de candidatos para ocupar las curules de la
Cámara de Representantes asignadas a las CITREP “deberán elaborarse teniendo
en cuenta el principio de equidad e igualdad de género”. Luego, en desarrollo de este
mandato, su artículo 6 señaló que “la lista tendrá un candidato de cada género”.
Mencionó que, al respecto, la Corte Constitucional señaló que esta exigencia
guardaba un vínculo directo con el Acuerdo de Paz por varias razones, de las
cuales destacó lo acordado en el punto 2.3.7. que busca promover y fortalecer la
participación política y ciudadana de las mujeres. En este punto se convino, por un
lado, “adoptar medidas que contribuyan a garantizar una representación equilibrada de
hombres y mujeres en la conformación de todas las instancias a que se refiere este
acuerdo” y, por otro, “propender por la participación equilibrada y el protagonismo de las
mujeres al interior de las organizaciones y movimientos sociales y partidos políticos”.
Sustentó que el ordenamiento jurídico colombiano entiende el principio de equidad
de género en materia de participación política como un mandato constitucional
encaminado a garantizar a las mujeres y a las minorías de identidad u orientación
sexual, en su calidad de grupos sociales históricamente discriminados, un efectivo
acceso a los cargos públicos, especialmente, a los de elección popular. Esta
conclusión se desprende de la lectura armónica de los mandatos constitucionales
contenidos en los artículos 40 y 107 de la Constitución Política, la Ley Estatutaria
581 de 2000, el artículo 1° de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, el mismo Acto
Legislativo 02 de 2021 y la jurisprudencia constitucional y contencioso-
administrativa.
Argumentó que la acusación elevada por los demandantes en contra de la
elección de la señora Palencia Vega como representante a la Cámara por la
CITREP - 14, teniendo como sustento el principio de equidad de género
consagrado en el Acto Legislativo 02 de 2021, carece en realidad de fundamento
jurídico válido alguno porque contraría lo dispuesto en el ordenamiento jurídico en
relación con dicho mandato constitucional. Resaltó que quien resultó acreedora de
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la curul fue una mujer víctima del conflicto que representa a un grupo social
históricamente marginado y cuya elección materializa a cabalidad lo pretendido
por la Constitución, la Ley y la jurisprudencia al instaurar en el ordenamiento
jurídico colombiano el principio de equidad de género en materia de participación
política.
Indicó que la revocatoria de la inscripción del candidato hombre ad-portas de la
fecha para la celebración de las elecciones no daba lugar al surgimiento de una
obligación a cargo de la Asociación consistente en recomponer la lista de sus
candidatos. Por el contrario, esta posibilidad constituye un derecho o potestad
facultativa que le asiste a la organización política cuyo candidato haya sido
retirado de la contienda electoral debido a la revocatoria de su candidatura y de
ninguna manera puede ser entendido como una carga de obligatorio cumplimiento
que recae sobre el partido o movimiento afectado. De esta forma se encuentra
consagrado en el artículo 31 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, norma que regula
la modificación de las inscripciones de candidatos a cargos de elección popular.
Alegó que, al tratarse de una mera posibilidad y no un deber, la Asociación optó
por no ejercer su derecho a modificar la lista debido al poco tiempo con que
contaba para este proceder. En efecto, el acto que confirmó la revocatoria de
inscripción del señor Fernández Meneses se profirió el 11 de febrero de 2022, esto
es, a dos (2) días de que se venciera el plazo para modificar las listas, el cual
fenecía el 13 de febrero de 2022. Así las cosas -sostuvo- resultaba apenas natural
que la Asociación no contara con la capacidad política para atender esta
circunstancia modificando su lista presentando un candidato que reemplazara a
Juan David Fernández Meneses; más cuando los candidatos para este tipo de
curules ostentan unas calidades especiales que deben ser cumplidas con
rigurosidad, según lo dicta el mismo Acto Legislativo 02 de 2021.
• La campaña política de Leonor María Palencia Vega no recibió apoyo
del candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal,
Andrés Calle – no se desconoció el inciso cuarto del artículo 6 del
Acto Legislativo 02 de 2021.
Aclaró sobre el particular que la demandada no realizó alianzas ni celebró
acuerdos con ningún candidato ni lista inscrita para las circunscripciones
ordinarias de la Cámara de Representantes que serían igualmente elegidas en los
comicios del 13 de marzo de 2022. Contrario a lo afirmado por los demandantes,
no es cierto que haya recibido apoyo alguno por parte de miembros del Partido
Liberal que ejercen su actividad política en el departamento de Córdoba.
Cuestionó la legalidad misma de la prueba, al amparo de las reglas previstas en el
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ordenamiento jurídico colombiano para la valoración de este tipo de medios
probatorios. Señaló que los artículos 6 al 12 de la Ley 527 de 1999 establecen los
requisitos jurídicos generales para la aceptación y apreciación de las pruebas que
provengan de mensajes de datos y/o documentos electrónicos. De conformidad
con esta regulación, su análisis se regirá por las reglas de integralidad,
disponibilidad, rastreabilidad, conservación y recuperabilidad, de suerte que no
quede duda de su autoría y su contenido.
Indicó que el audio de WhatsApp allegado como prueba al proceso carece de
validez porque incumple todos y cada uno de los requerimientos establecidos en el
ordenamiento jurídico para ser tenido como tal: no se conoce quién es el autor de
lo dicho, tampoco la fecha en que fue grabado ni que fue presuntamente remitido
a otras personas, se desconoce el remitente y los destinatarios y no se conoce la
fecha ni el lugar en que fue grabado. Adicionalmente, el archivo particular
aportado por los demandantes no fue allegado en un formato que permita su
debida valoración. En resumidas cuentas, no es posible concluir que este
elemento probatorio se ajuste a las reglas de integralidad, disponibilidad,
rastreabilidad, conservación y recuperabilidad, con lo cual se hace imposible tener
certeza respecto a su autoría y su contenido; tampoco fue aportado en un formato
aceptable. En consecuencia, sostuvo que no podrá ser tenido en el proceso como
material válido.
Agregó que, sin perjuicio de lo anterior, el audio aportado no evidencia de forma
alguna que la señora Palencia Vega haya realizado alianzas ni celebrado
acuerdos con ningún candidato ni lista inscrita para las circunscripciones
ordinarias de la Cámara de Representantes, que serían igualmente elegidas en los
comicios del 13 de marzo de 2022 y, específicamente, no prueba que la candidata
recibió apoyo alguno por parte de miembros del Partido Liberal que ejercen su
actividad política en el departamento de Córdoba.
Sustentó que, de cualquier forma, en el mensaje no se hace referencia a cuáles
son los aspirantes que expondrán sus propuestas ante la comunidad, de manera
que no es dable concluir que el candidato a la circunscripción ordinaria fuera un
aspirante del Partido Liberal y tampoco que el de la circunscripción especial fuera
la demandada. De otro lado, sostuvo que, aun suponiendo que los postulantes por
los cuales se efectuó la convocatoria sí fueron del Partido Liberal y la señora
Palencia Vega, el hecho de que se les permitiera hacer campaña política en un
mismo espacio físico y frente al mismo grupo de personas de ninguna manera
puede ser interpretado como una alianza existente entre ambos o el apoyo de uno
a otro.
Anotó que, lo propio sucede con la fotografía aportada, la cual carece igualmente
de los elementos necesarios para tenerla como válida o demostrativa de los
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hechos que se pretenden probar. No se conoce el autor de la fotografía, ni las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fue tomada. En todo caso, su
análisis deberá efectuarse en conjunto con las demás pruebas aportadas por los
demandantes, las cuales se reducen al audio de WhatsApp al que se hizo
referencia en líneas anteriores. Igualmente, sostuvo que la imagen que se ofrece
no evidencia que la demandada haya celebrado alianzas o recibido apoyo por
parte del Partido Liberal, específicamente por parte de Andrés Calle en su calidad
de candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Córdoba.
Argumentó que la fotografía solamente presenta a dos hombres de los cuales uno
viste una camiseta blanca con estampado alusivo a la campaña de Calle y el otro
porta una prenda roja en la que no se puede apreciar con claridad lo que trae
estampado, quienes se encuentran consumiendo un plato de comida en una mesa
sobre la cual reposa publicidad de la campaña de la demandada. Lo único cierto -
aseguró- es la presencia de panfletos de ambos candidatos en un mismo recinto,
circunstancia que no es suficiente para afirmar que existe una alianza o apoyo
mutuo entre estos.
• Leonor María Palencia Vega no celebró negocios jurídicos con
entidades públicas dentro de los seis meses anteriores a la fecha de
su elección – no se configuró la inhabilidad para Congresistas
consagrada en el numeral 3 del artículo 179 de la Constitución Política.
Arguyó que, no se presenta el elemento temporal de la inhabilidad alegada, en
virtud del cual el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión SS-058-
2021, debía haber sido celebrado por la demandada dentro de los seis (6) meses
previos a la fecha de su elección. En punto de demostrar la ausencia de este
presupuesto, precisó que las fechas en que fue suscrito el referido contrato y en
que tuvieron lugar las elecciones al Congreso de la República, demuestra la falta
de acreditación del requisito en comento.
Aclaró que los demandantes se limitaron a insinuar la configuración de la
inhabilidad y simplemente señalar la fecha en que fue expedido el certificado de
disponibilidad presupuestal que respaldó la suscripción del contrato. Con todo, lo
cierto es que el 26 de marzo de 2021 fue suscrito el contrato SS-058-2021 y su
respectiva acta de inicio. El 13 de marzo de 2022 tuvieron lugar las elecciones al
Congreso de la República, comicios en los cuales la candidata resultó electa. En
consecuencia, como las elecciones al Congreso de la República tuvieron lugar el
13 de marzo de 2022, la demandada no podía suscribir contratos estatales dentro
del lapso comprendido entre el 13 de septiembre de 2021 y el 12 de marzo de
2022, so pena de la configuración de la inhabilidad consagrada en el numeral 3 del
artículo 179 de la Constitución Política.
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Destacó que, sin embargo, el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la
Gestión SS-058-2021, por el cual los demandantes acusan la supuesta
configuración de la inhabilidad, fue celebrado el 26 de marzo de 2021, cuando
todavía no corría el término de restricción.
Destacó que, de otro lado, los demandantes no se refirieron a cuáles fueron los
presuntos requisitos incumplidos por parte de la demandada para su elección ni la
supuesta inhabilidad en que se encontraba incursa, y no reposa en el expediente
material probatorio alguno que demuestre tal acusación. En suma, no se
desconocieron las exigencias establecidas en el artículo 6 del Acto Legislativo 02
de 2021 relativas a que las listas inscritas debían estar integradas por dos
candidatos, uno de cada género (principio de equidad de género), y ambos con
calidad de víctimas del conflicto ya que, como resulta notorio, la lista sí fue
integrada de dicha manera y por tanto el reparo de la parte actora no tiene
ninguna vocación de prosperidad.
Señaló que resultan totalmente inaceptables las acusaciones personales en contra
de la candidata electa según las cuales ella no es víctima del conflicto y su
elección contraría el fin de la creación de las CITREP. Lo anterior, dado que la
señora Palencia Vega fue víctima de desplazamiento forzado en el año 1992,
hecho que la obligó a abandonar su hogar y separarse de su familia para hacer
una nueva vida. Por esta razón, hace alrededor de veinte (20) años, comenzó a
residir en la vereda La Apartada de Valencia, corregimiento de Los Morales,
municipio de Tierralta (Córdoba). Relató que, durante las décadas que ha habitado
este territorio, marcado históricamente por las lamentables dinámicas del conflicto
armado colombiano, la señora Palencia Vega se ha destacado como un miembro
activo de su comunidad interesada en el liderazgo y el desarrollo colectivo.
Adujo que, bajo este panorama, en su calidad de víctima del conflicto armado y
miembro activo de la Asociación Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó, la
demandada se inscribió como candidata a la Cámara de Representantes por la
Circunscripción Transitoria Especial de Paz 14 para las elecciones al Congreso de
la República que se celebrarían el 13 de marzo del presente año, resultando
electa. De esta manera -afirmó- la demandada hace parte de los grupos sociales
que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera pretendió vincular a la política nacional mediante la
creación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, y de ninguna
manera puede sostenerse que no es merecedora de su elección en razón a sus
calidades personales.
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• No tuvo lugar un indebido cómputo de los votos en favor de la
Asociación Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó.
Para argumentar la ocurrencia de una irregularidad de este tipo en el proceso
electoral en el que resultó electa la señora Palencia Vega, los demandantes se
limitaron a aludir a lo expuesto por la Sección Quinta del Consejo de Estado en
sentencia del 27 de mayo de 2021 con radicación 05001-23-33-000-2019-03297-
01 para computar los votos cuando el tarjetón electoral contempla a un candidato
cuya inscripción fue previamente revocada por la autoridad competente. Pues
bien, sobre el particular, sostuvo que es imperativo señalar que la acusación
hecha por la parte actora se soporta en un errónea lectura y entendimiento de la
jurisprudencia, en tanto dista de forma ostensible de las reglas jurisprudenciales
establecidas por esta Corporación en este tipo de circunstancias.
Aseguró que la parte actora cita apartados de la referida sentencia de forma
aislada y conveniente, sin mencionar las verdaderas reglas de derecho allí
establecidas y sin siquiera desarrollar cómo pueden ser estas aplicadas al caso
concreto. Sin embargo, afirmó que la elección de Leonor María Palencia Vega no
vulneró las reglas fijadas para el conteo de votos y, en consecuencia, no se apartó
de los postulados jurisprudenciales que sobre el particular ha prohijado la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
Anotó que la aplicación del principio pro-elector que ha sido ampliamente
desarrollado en los procesos judiciales electorales cobra aún mayor importancia
en el presente proceso porque recae sobre la elección de una representante a la
Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial para la Paz (en adelante
“CTEP”) 14 quien, en su calidad de mujer y víctima del conflicto armado, fue electa
por grupos sociales que han sido históricamente invisibilizados en las instancias
de participación popular.
Argumentó que los votos destinados al señor Juan David Fernández Meneses,
cuya candidatura había sido revocada sin que ello se viera reflejado
oportunamente en el tarjetón electoral, debían ser contabilizados en todo caso a
favor de la Asociación Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó sin que aquel
fuera tenido en cuenta de forma alguna en la elección. Luego, tal y como fue
relatado por la demandante en los hechos de la demanda, esto fue justamente lo
que ocurrió y derivó en la elección de la demandada.
Concluyó que la elección de Leonor María Palencia Vega no vulneró las reglas
establecidas para el conteo de votos y, en consecuencia, no desconoció las
pautas establecidas por la jurisprudencia del Consejo de Estado para las
circunstancias como las que tuvieron lugar en el presente caso. Ello es así porque
el conteo de los votos que resultaron en favor de la demandada se dio con arreglo
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Rad: 11001-03-28-000-2022-00095-00 acumulado
a los criterios establecidos por la jurisprudencia de esta Sección Quinta del
Consejo de Estado para efectuar el cómputo de los sufragios cuando una
candidatura es revocada pero no se realiza la respectiva modificación de la tarjeta
electoral, y respetando igualmente las reglas especiales para la inscripción y
elección de candidatos por las CITREP.
4.2. Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas UARIV
Mediante apoderada, la entidad intervino en los siguientes términos:
Señaló que la única intervención que le asiste a esa entidad en el proceso
electoral de la referencia es el de emitir la certificación respectiva, con el fin de
establecer el estado de inclusión y reconocimiento como víctimas del conflicto
armado en el registro pertinente.
Anotó que, de acuerdo con la información remitida por la Dirección de Registro y
Gestión de la Información, área misional competente de la Unidad, se tiene que
los registros administrativos dan cuenta que el pasado 29 de noviembre de 2021
se procedió a recibir solicitud por parte de la señora Leonor Maria Palencia Vega,
asociada con la emisión de la Certificación Individual de Candidatos para las
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Dicha petición fue atendida por
la entidad el día 2 de diciembre de 2021, emitiendo la certificación solicitada, en la
que se indica el estado en el Registro Único de Víctimas -RUV- bajo número de
radicado ORFEO 202151037775551 (Anexo 1), la que se aporta al expediente.
4.3. Consejo Nacional Electoral
A través de apoderado, la entidad intervino en los siguientes términos:
Argumentó que la normativa y la doctrina ha sido uniforme en resaltar la
importancia de respetar y validar los votos emitidos por la ciudadanía, en
consonancia con la jurisprudencia de esta Sección, la cual ha previsto que debe
prevalecer el principio pro-elector, como respeto de la voluntad individual y
también mayoritaria de apoyar una determinada opción política. De modo que -
afirmó- los votos depositados por un candidato inhabilitado no vician de nulidad las
actas de escrutinio.
Anotó que ante el Consejo Nacional Electoral se presentó solicitud de revocatoria
de inscripción del ciudadano Juan David Fernández Meneses, dentro del cual se
expidió la Resolución 990 de 2022 (enero 26), por la cual se revocó el acto de
inscripción como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción
especial para la paz y la Resolución 1273 de 2022 (febrero 11) por la cual se
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resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 0990 del
26 enero de 2022 que no accedió a reponer.
Concluyó que deben ser los medios de prueba los que acrediten sin duda alguna,
la veracidad del supuesto de hecho descrito en la norma, de tal manera que, la
procedencia de la declaratoria de nulidad, según sea el caso, está condicionada a
la certeza sobre la configuración de la causal que se alega. Así pues -sostuvo- se
debe llegar al total convencimiento de que efectivamente la conducta prohibida
que se advierte fue desplegada por parte del sujeto pasivo, donde no puede haber
dudas, ni muchos menos basar una decisión en suposiciones, indicios o
señalamientos, sino que debe haber un fuerte material probatorio del cual se
pueda deducir que evidentemente se configuró la inhabilidad alegada, ya que, la
importancia de la prueba se mira desde el punto de vista cualitativo.
5. Actuación procesal
Mediante auto del 16 de mayo de 2022 se admitió la demanda del proceso 11001-
03-28-000-2022-00095-00 y se ordenó la notificación personal de dicha
providencia a la demandada y demás interesados en los términos del artículo 277
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
A través de proveído del 27 de mayo de 2022 se admitió la demanda del proceso
11001-03-28-000-2022-00099-00 y se ordenó la notificación personal de dicha
providencia a la demandada y demás interesados en los términos del artículo 277
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Por auto del 7 de julio de 2022 fue admitida la demanda en el proceso 11001-03-
28-000-2022-00116-00, se negó la solicitud de suspensión provisional del acto
acusado y se ordenó la notificación personal de dicha providencia a la demandada
y demás interesados en los términos del artículo 277 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Mediante providencia del 7 de septiembre de 2022 se ordenó acumular los
procesos de la referencia y realizar la diligencia de sorteo, el cual se haría entre
quienes tramitaron los expedientes acumulados. Hecho el sorteo le correspondió
tramitar el proceso al que ahora funge como ponente.
A través de proveído del 26 de septiembre de 2022, el despacho sustanciador
advirtió que en este caso es posible dictar sentencia anticipada de conformidad
con lo establecido en el numeral 1 del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011. Ello
en consideración a que resueltas las excepciones de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil e inepta
demanda formulada por la parte pasiva, solo restaban por resolver las de mérito o
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fondo en la sentencia. Además, revisados los escritos de demanda, traslado de la
solicitud de medida cautelar y contestaciones se evidenció que las partes se
limitaron a aportar pruebas documentales, sin que sobre aquellas se haya
formulado tacha o desconocimiento, razón por la cual, se configuraba la causal c)
del numeral 1 del artículo 182A referido. También se podía aplicar el literal d) de la
referida norma, en tanto que, solo se advirtieron algunas solicitudes probatorias
por parte del demandante en el expediente 11001-03-28-000-2022-00116-00, las
cuales se negaron por no reunir los requisitos para su decreto.
Por lo anterior, en la referida providencia el despacho procedió a decretar las
pruebas documentales aportadas y a fijar el litigio en los siguientes términos:
“Con base en los argumentos esbozados en las demandas 2022-00095-00,
2022-00099-00 y 2022-00116 así como sus contestaciones, se advierte que
en este caso se debe establecer si hay lugar a declarar o no la nulidad de la
elección de la señora Leonor María Palencia Vega como representante a la
Cámara por la Circunscripción Especial para La Paz 14.
Para el efecto se debe determinar, primero, si la elección demandada incurrió
en la causal de infracción de las normas en que debía fundarse. Para ello,
deberá constatarse si se desconocieron los artículos 3 y 6 del Acto Legislativo
02 de 2021 de manera concreta bajo los cargos de (i) violación al principio a la
igualdad de género en la lista presentada por la Asociación Agropecuaria
Mujeres Víctimas de Jericó y, (ii) indebido cómputo de los votos en favor de la
organización social Asociación Agropecuaria Mujeres Víctimas de Jericó.
Segundo, de acuerdo con los argumentos esbozados en la demanda 2022-
00116-00 y sus contestaciones, se debe determinar si (i) se desconoció del
inciso 1 del artículo 6 del Acto Legislativo 02 de 2021 por la revocatoria de la
inscripción del señor Juan David Fernández Meneses, lo cual afectó la
composición paritaria de la lista, (ii) se desconoció el inciso 4 del artículo 6 del
Acto Legislativo 02 de 2021 porque la demandada recibió apoyo del partido
Liberal y (iii) la demandada incurrió en la inhabilidad contemplada en el
numeral 3 del artículo 179 de la constitución porque suscribió contrato de
prestación de servicios y apoyo a la gestión No. SS-058-2021 con la
Gobernación de Córdoba – Secretaría de Salud”.
Por último, se corrió traslado a las partes para presentar escrito de alegatos de
conclusión por el término común de diez (10) días dentro del cual la señora agente
del Ministerio Público podría presentar el concepto respectivo.
6. Alegatos de conclusión
6.1. Parte demandante
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6.1.1. Jorge Elías Ricardo Rada
Sostuvo que el señor Juan David Fernández Meneses y la Asociación
Agropecuaria Mujeres Víctimas de Jericó, según se confiesa en la contestación de
la demanda, fueron notificados de la decisión que confirmaba la revocatoria de la
inscripción de aquel candidato, dos (2) días antes de vencerse el plazo para la
modificación de las listas.
Indicó que el derecho que tienen las organizaciones políticas o sociales para
reemplazar los candidatos a quienes se les revoque la inscripción, se puede
interpretar como una garantía que el legislador les otorga para que puedan
continuar dentro de la contienda electoral con un nivel de competitividad que les
permita tener la misma oportunidad de triunfo que tendrían quienes llegan hasta el
final con una lista completa. Sin embargo -precisó- ese derecho, por no ser
contemplado de manera específica como una obligación, de ninguna manera
constituye una patente que le permita a las organizaciones políticas o sociales,
diseñar una estrategia consistente en esconderle al electorado el resultado de un
proceso administrativo de revocatoria de la inscripción de su candidato y
mantenerlo en error para captar votos en favor de la lista.
Aseguró que, de conformidad con el auto del 23 de marzo de 2022 dentro del
expediente con radicado CNE-E-DG-2022-003948 proferido por el Consejo
Nacional Electoral, la revocatoria de la inscripción de un candidato sí afecta la
totalidad de la lista.
Afirmó que el principio de paridad de género contemplado en el acto legislativo
que regula el proceso de elección de la Cámara de Representantes por CITREP,
no les otorga facultad alguna a las organizaciones sociales para hacer trampa en
favor ni de hombre ni de mujeres.
Reiteró que los votos marcados en favor del señor Juan David Fernández
Meneses, no pueden ser contabilizados en favor suyo como ocurrió, así como
tampoco, en favor de la lista de la Asociación de Mujeres Víctimas de Jericó.
6.1.2 Katherine Cárdenas Llorente
Anotó que es evidente que tanto la asociación cuestionada, como el candidato
Juan David Fernández Meneses, tenían pleno conocimiento de que ya existía una
controversia frente a su inscripción como candidato, y a pesar de conocer la
primera resolución de revocatoria de su inscripción, decidieron reponer la misma
solo con el fin de ganar tiempo, hasta lograr que nuevamente el Consejo Nacional
Electoral emitiera la Resolución 1273 del 11 de febrero de 2022 que dejó en firme
la anterior decisión consistente en la revocatoria de inscripción.
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Mencionó que si tanto la asociación como el candidato hubiesen actuado con
decoro frente a la situación que conocían desde la primera resolución de
revocatoria (R.0990 26 de enero 2022), sin “implementar un plan B consistente en la
búsqueda de un remplazo en caso desfavorable como les ocurrió con la resolución de 11
de febrero de 2022”, hoy los electores no estarían “pidiendo justicia frente a un plan
político corrupto de captar votos un candidato que se le revoco su inscripción”
Agregó que “resulta contrario a la realidad la interpretación -de la demandada-,
atendiendo que este derecho de eficacia del voto, y principio pro-elector en múltiples
sentencias ha sido aplicado en los casos cuando la revocatoria de la inscripción se
conoce con posterioridad a la fecha de modificaciones de las listas de aspirantes, lo que
además imposibilita que la (“RNEC”) la modificación de las tarjetas electorales, es claro
que de esta forma aplica este derecho y este principio ocasionado así el cómputo de los
votos marcados en favor del candidato que no pudo ser retirado en favor del partido.
Por lo anterior considero que para el caso en concreto, el candidato como la asociación
fueron notificadas de la resolución que revoco su inscripción al candidato el día 11 de
febrero de 2022, y ante el no retiro del candidato de la tarjeta electoral por parte de la
(“RNEC”), resulta lesivo para el electorado toda vez que la asociación tubo el suficiente
tiempo para realizar los cambio pertinentes a la lista atendiendo que con dicha resolución
de revocatoria también afectaba la cuota de género de la lista por parte de la asociación
(Sic a toda la cita).
6.2. Parte demandada
Reiteró los argumentos formulados en el escrito mediante el cual allegó la
contestación de la demanda.
7. Concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegada ante esta Corporación rindió concepto en los
siguientes términos:
Señaló que, respecto al primer cargo, la parte actora afirma que el acto electoral
enjuiciado infringió las normas, toda vez que, a raíz de la revocatoria de
inscripción del compañero de lista la demandada debió recomponer la misma, con
el fin de respetar lo estipulado en el artículo transitorio 6 del acto legislativo 02 de
2021.
Sostuvo que, sobre el particular, el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 dispone lo
siguiente: “Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección
popular o las que se sometan a consulta -exceptuando su resultado deberán conformarse
por mínimo un 30% de uno de los géneros.” El artículo en comento -indicó- encarna el
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aspecto cuantitativo para definir la regla cualitativa, “las corporaciones públicas de
elección popular en donde se deban proveer 5 o más curules” deben tener en sus listas
un 30% de uno de los géneros, para una relación 70- 30.
Anotó que dicha norma busca garantizar una participación efectiva de ambos
géneros en la vida pública del país. Esto es, que sin imponer a los partidos o
movimientos políticos uno u otro género, se constituye en fuente de posibilidad
para una participación “más igualitaria” de las mujeres en la toma de decisiones
públicas.
Expuso que la relación de géneros del artículo 28 de la Ley 1475 de 2001, es el
presupuesto mínimo para la garantía de participación de las mujeres como cuota
de género en la conformación de listas de los partidos o movimientos de
ciudadanos, más no se constituye en el cierre o techo en ese ejercicio. Eso implica
que toda acción encaminada a materializar la posibilidad del ejercicio participativo
de las mujeres en mayor número involucra el cumplimiento y desarrolla los
mandatos constitucionales, así como las garantías fundamentales consignadas en
los artículos 13 - igualdad-, 40 -ser elegido y prevalencia de la mujer en la
administración pública-, 43 -no discriminación de la mujer- y 107 -autonomía de los
partidos-.
Argumentó que, contrario a lo manifestado por el demandante, en el sentido que
se vulnera el artículo transitorio 6 del acto legislativo 02 de 2021, según el espíritu
democrático del pueblo, por legitimarse la inscripción de una sola mujer en la lista;
no se puede pasar por alto que esa regla constitucional establece como premisa
fundante para el Estado que, “Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva
participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública”. Lo cual –
afirmó- se traduce en la fórmula adecuada para saldar la deuda que tiene la
sociedad y el establecimiento con las mujeres, históricamente relegadas de todo
ejercicio de decisión y de participación política.
Precisó que la Resolución 1273 del 11 de febrero de 2022, expedida por el CNE,
en la cual se deja en firme la revocatoria de la inscripción del señor Juan David
Fernández Meneses, fue notificada hasta el día 12 de febrero del año en curso. Al
analizar los términos establecidos por la Ley Estatutaria 1475 de 2011, para hacer
recomposiciones en la lista frente a revocatorias de inscripción, se tiene que es de
un mes antes de la celebración de la elección, en este caso, hasta el día 13 de
febrero, por lo cual, el espacio para encontrar un reemplazante que cumpliera con
las calidades necesarias para suplir al revocado en la lista, era muy corto.
Además, el artículo 31 de la misma ley, en el estricto sentido de la modificación de
las inscripciones, establece una actuación facultativa que tienen los partidos o
movimientos políticos, más no una obligación a su cargo.
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Sustentó que, respecto al cargo del indebido cómputo de votos a favor de la lista,
del candidato cuya inscripción de revocó, una de las reglas jurídicas establecidas
por la jurisprudencia de la Sección Quinta para efectuar el conteo de votos en
esos casos, es clara en precisar que dichos sufragios deberán tenerse como
válidos en favor de la organización política de que se trate, pero descartando en la
elección al candidato revocado acreedor de dichos votos. Esto con el fin de
respetar la voluntad del elector de apoyar a determinada opción.
Afirmó que, en consecuencia, los votos destinados al señor Juan David Fernández
Meneses, cuya candidatura había sido revocada sin que ello se viera reflejado
oportunamente en el tarjetón electoral, debían ser contabilizados en todo caso a
favor de la Asociación Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó, sin que aquel
fuera tenido en cuenta de forma alguna en la elección.
Mencionó que, sobre el apoyo recibido por la demandada, de partidos
tradicionales, era preciso destacar que, las pruebas aportadas para demostrar ese
cargo son: un audio de WhatsApp y una imagen. De acuerdo con el artículo 243
del Código General del Proceso- CGP, los videos, las grabaciones y las
fotografías son documentos, por lo que su valoración se sujeta a las reglas
establecidas para este medio de prueba, del que la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha indicado que los videos, al igual que las fotografías, son documentos
meramente representativos que pretenden demostrar la ocurrencia de un hecho.
Afirmó que del audio aportado no se evidencia junto con los demás medios de
convicción allegados para sustentar el cargo, que tengan la entidad suficiente para
concluir que hubo un apoyo por parte de la colectividad del Partido Liberal
Colombiano, para con la señora Palencia Vega.
Concluyó que tampoco se encuentra acreditada la causal de inhabilidad invocada,
puesto que, teniendo como fecha de las elecciones al Congreso de la República el
13 de marzo de 2022, la demandada no podía suscribir contratos estatales dentro
del lapso comprendido entre el 13 de septiembre de 2021 y el 13 de marzo de
2022, so pena de la configuración de la inhabilidad consagrada en el numeral 3 del
artículo 179 de la Constitución Política. Ahora bien, el Contrato de Prestación de
Servicios de Apoyo a la Gestión SS-058-2021, por el cual los demandantes
acusan la supuesta configuración de la precitada inhabilidad, -fue celebrado el 26
de marzo de 2021, cuando todavía no corría el término de restricción.
En suma, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.
Surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó con la
observancia de las ritualidades previstas en la ley procesal y por lo tanto, sin que
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obre causal de nulidad que afecte la actuación, procede la Sección Quinta del
Consejo de Estado a resolver previas las siguientes
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer en única instancia de la presente demanda
de nulidad electoral de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo
149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
2. El acto acusado
El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto es la elección de la
señora Leonor María Palencia Vega, como representante a la Cámara por la
Circunscripción Transitoria Especial para la Paz CITREP 14, contenido en el
formulario E-26 CTP del 20 de marzo de 2022.
3. Problema Jurídico
La controversia en este proceso está circunscrita a determinar, de acuerdo con la
fijación del litigio, si el acto de elección se encuentra viciado de nulidad. Para el
efecto se debe determinar, primero, si la elección demandada incurrió en la causal
de infracción de las normas en que debía fundarse. Para ello, deberá constatarse
si se desconocieron los artículos 3 y 6 del Acto Legislativo 02 de 2021 de manera
concreta bajo los cargos de (i) violación al principio a la igualdad de género en la
lista presentada por la Asociación Agropecuaria Mujeres Víctimas de Jericó e, (ii)
indebido cómputo de los votos en favor de la organización social Asociación
Agropecuaria Mujeres Víctimas de Jericó.
Segundo, habrá de verificarse (iii) si se desconoció el inciso 4 del artículo 6 del
Acto Legislativo 02 de 2021 porque la demandada recibió apoyo del partido Liberal
y (iv) si la demandada incurrió en la inhabilidad contemplada en el numeral 3 del
artículo 179 de la constitución porque suscribió contrato de prestación de servicios
y apoyo a la gestión SS-058-2021 con la Gobernación de Córdoba – Secretaría de
Salud.
Resulta del caso precisar que, el reparo relativo al presunto indebido cómputo de
votos que fue un planteamiento común a todas las demandas que se analizan, fue
soportado en las supuestas transgresiones de la equidad de género que afectó la
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paridad de la lista prevista en el Acto Legislativo 02 de 2021 y en los efectos de la
revocatoria del señor Juan David Fernández Meneses. En ese orden, la Sala
advirtió que aquellos cargos se condensaron en la censura general de violación a
las normas superiores, sin desconocer que en algunos de los procesos, se
esgrimieron otras acusaciones más particularizadas y específicas. Por esa razón
la Sección Quinta se decantó por concentrar todos los argumentos planteados por
las partes. Ello, a fin de no perder de vista que conforme al artículo 281 del
CPACA, las nulidades electorales por causales objetivas y subjetivas no resultan
acumulables tratándose de elecciones por voto popular.
4. Marco legal de las Circunscripciones Transitorias Especiales para la Paz
Con la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito entre Gobierno Colombiano
y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, se aprobó
por parte del Congreso de la República el Acto Legislativo No. 02 del 25 de agosto
del 2021, por medio del cual se crearon las 16 circunscripciones especiales
transitorias de paz en la Cámara de Representantes, para los períodos
constitucionales 2022-2026 y 2026-2030. Entre ellas, la número 14, compuesta
por los municipios del Sur del departamento de Córdoba, a saber: Puerto
Libertador, San José de Uré, Valencia, Tierralta y Montelíbano.
Desde su finalidad, la inclusión de estos espacios de representación responde a la
necesidad de establecer medidas de reparación frente a las comunidades más
excluidas por las dinámicas del conflicto armado interno en Colombia, respecto de
quienes se predica un ejercicio precario de las garantías políticas, de participación
democrática y, en términos generales, de su ciudadanía, como una consecuencia
directa o indirecta de las mismas condiciones de la guerra sufrida en dichos
territorios.
También se ha indicado por la Corte Constitucional2, que aquellas responden a
una medida transicional, que busca la solución a una problemática que viene del
pasado, ha hecho parte del conflicto y requiere una solución de alcance inmediato
pero temporal, buscando la construcción y ampliación de los espacios
democráticos necesarios que permitan superar el déficit que se advierte en el
párrafo precedente.
Desde el punto de vista de su régimen, especialmente en cuanto hace a los
requisitos de inscripción de quienes aspiran a ocupar una de las curules
mencionadas, se tiene que el artículo 5º transitorio del Acto Legislativo 02 de 2021
señala que para ello se debe cumplir con lo fijado en la Constitución Política de
2
Corte Constitucional. Sentencia SU-150 del 2021.
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1991 y en la ley para los representantes a la Cámara por las circunscripciones
ordinarias.
En todo caso, se previó en el artículo transitorio 3 del precitado acto, que el
registro de los candidatos solo se podía realizar por organizaciones de víctimas,
organizaciones campesinas u organizaciones sociales, incluyendo las de las
mujeres y grupos significativos de ciudadanos. Los partidos con representación en
el Congreso o con personería jurídica, incluido el partido o movimiento político
Comunes, no pueden inscribir listas ni candidatos para estas circunscripciones.
Así las cosas, se entiende que respecto de los candidatos a las mencionadas
CITREP, se aplican todas las condiciones y exigencias establecidas en las normas
pertinentes para quienes pretenden acceder al Congreso de la República,
específicamente, a la Cámara de Representantes, por los medios que
ordinariamente se consagran en el ordenamiento jurídico, entre ellas, las
inhabilidades previstas en el artículo 179 Constitucional.
Adicionalmente, se expidió el Decreto 1207 de 2021 “Por el cual se adoptan
disposiciones para la elección de los representantes a la Cámara por las 16
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para los periodos 2022-2026 y 2026-
2030, en desarrollo del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021”. Asimismo, la
Resolución 10592 de 2021 proferida por la Registraduría Nacional del Estado Civil,
“Por la cual se adoptan medidas especiales para la actualización y vigilancia del censo
electoral, la inscripción de candidatos y se establece el procedimiento para la
organización y dirección de la elección de los representantes adicionales a la Cámara por
las dieciséis (16) Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en los períodos 2022 -
2026 y 2026 – 2030”.
El Decreto 1207 de 2021, en el artículo 5 establece las condiciones y los
requisitos, y, en los artículos 12 y 13 las prohibiciones. Este último establece lo
siguiente:
“Artículo 13. Prohibición para inscribir candidaturas a las circunscripciones transitorias
especiales de paz de quienes hayan sido candidatos o miembros de las direcciones de los
partidos. No podrán presentarse como candidatos quienes hayan sido candidatos,
elegidos o no, a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos con
representación en el Congreso o con personería jurídica.
Tampoco lo serán quienes hayan sido candidatos por un partido político cuya personería
jurídica se haya perdido dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de la
inscripción. Igualmente, no serán candidatos quienes hayan hecho parte de las
direcciones de los partidos o movimientos políticos antes señalados.”
Por su parte, la Resolución 10592 de 2021 de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, bajo la figura de inhabilidades especiales, precisó:
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Demandantes: Jorge Elías Ricardo Rada y otros
Demandada: Leonor María Palencia Vega, representante a la Cámara por la Circunscripción
Transitoria Especial para la Paz 14
Rad: 11001-03-28-000-2022-00095-00 acumulado
“Artículo 7°. Inhabilidades especiales. Además de las inhabilidades e incompatibilidades
establecidas en la Constitución Política y en la ley para ser Representantes a la Cámara,
no podrán inscribirse como candidatos a las dieciséis (16) Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz:
1. Quienes en cualquier tiempo hayan sido candidatos elegidos o no a cargos públicos
con el aval de partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso de la
República o con personería jurídica.
2. Quienes hayan sido candidatos elegidos o no a cargos públicos con el aval de partidos
o movimientos políticos por un partido político cuya personería jurídica se haya perdido
dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de inscripción.
3.Quienes durante el último año hayan hecho parte de las direcciones de partidos o
movimientos políticos, con representación en el Congreso de la República, con personería
jurídica o cuya personería jurídica se haya perdido, dentro de los cinco (5) años anteriores
a la fecha de inscripción.
4. Los miembros de grupos armados al margen de la ley que hayan suscrito un acuerdo
de paz con el Gobierno Nacional y/o se hayan desmovilizado de manera individual, en los
últimos veinte (20) años.”3
5. Caso concreto
Como viene de explicarse, corresponde en este caso determinar si hay lugar
declarar la nulidad o no del acto de elección de la señora Leonor María Palencia
Vega, de cara a los cargos formulados y la fijación del litigio prevista en este
asunto.
En tales condiciones, se abordarán cada uno de los cargos señalados en el
problema jurídico planteado, así:
5.1 Infracción de las normas en que debía fundarse el acto: violación de los
artículos 3° y 6° del Acto Legislativo 02 de 2021, por el desconocimiento del
principio de equidad de género en la lista presentada por la Asociación
Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó
Los demandantes sostienen que, en virtud de los artículos 2 y 6 del Acto
Legislativo 02 de 2021, se desconoció el principio de equidad e igualdad de
3
Se aclara que la expresión “en cualquier tiempo” del numeral 1, se encuentra suspendida en sus
efectos, mediante auto de 6 de diciembre de 2021, dentro del radicado de nulidad por
inconstitucionalidad 11001-03-28-000-2021-00072-00. demandante: Manuel Antonio Romaña
Echavarría. demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Demandantes: Jorge Elías Ricardo Rada y otros
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género aplicable a la elección de los representantes a la Cámara por las
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (en adelante “CITREP”), pues
dicha normativa prevé que las listas de candidatos para estas curules debían estar
conformadas por un hombre y una mujer.
Ello por cuanto que, la inscripción de la lista de la Asociación Agropecuaria de
Mujeres Víctimas de Jericó – ASOMUVIJ para ocupar la curul 14 por la cual
resultó electa la demandada, no cumplió con los requisitos necesarios pues su
compañero de lista, el señor Juan David Fernández Meneses, tiene una
inhabilidad permanente, tal como obra en certificado de antecedentes
disciplinarios del 2 de abril de 2022, emitido por la Procuraduría General de la
Nación y, con fundamento en ello, el Consejo Nacional Electoral revocó su
candidatura.
En ese orden de ideas, alegan los demandantes que, al haberse revocado la
inscripción del señor Fernández Meneses, no se cumplía con lo señalado en el
inciso primero del artículo 6 del Acto Legislativo Nº 02 de 2021, que establece: “las
listas tendrán voto preferente y estarán integradas por dos candidatos que deberán
acreditar su condición de víctimas del conflicto. La Lista tendrá un candidato de cada
género. Para efectos del proceso de elección, la curul se adjudicará al candidato más
votado dentro de la lista que obtenga el mayor número de votos dentro de la respectiva
circunscripción.”
Sobre el particular, la Sala encuentra que, la Asociación Agropecuaria de Mujeres
Víctimas de Jericó, inscribió en la lista de candidatos a la CITREP 14, período
2022-2026, a dos ciudadanos según se muestra en el formulario E-6:
En efecto, tal y como se precisó en el auto del 7 de julio de 2022, la inscripción del
señor Juan David Fernández Meneses, compañero de lista de la demandada, fue
revocada por el CNE con las Resoluciones 0990 del 26 de enero de 2022 y 1273
del 11 de febrero de 2022. En dichos actos administrativos se dispuso la
revocatoria de dicha candidatura, por cuanto sobre el señor Fernández Meneses
recaía una inhabilidad para ser candidato, por una condena de tipo penal.
Como se advirtió líneas atrás, el Acto Legislativo 02 de 25 de agosto de 2021, creó
16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de
Representantes en los períodos 2022-2026 y 2026- 2030, entre ellas, la número
14, compuesta por los municipios de Puerto Libertador, San José de Uré,
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Valencia, Tierralta y Montelíbano, pertenecientes al sur del departamento de
Córdoba.
En cuanto a los requisitos para inscribirse como candidato, el artículo transitorio 3
del Acto Legislativo 02 de 25 de agosto de 2021 dispuso que el registro de los
candidatos solo lo podían realizar las organizaciones de víctimas, las
organizaciones campesinas o las organizaciones sociales, incluyendo las de las
mujeres y grupos significativos de ciudadanos.
En el artículo transitorio 5 señaló, que los candidatos debían cumplir con los
requerimientos generales establecidos en la Constitución y en la ley para los
Representantes a la Cámara, “además de los siguientes de naturaleza especial: 1.
Haber nacido o habitado en el territorio de la respectiva circunscripción los tres años
anteriores a la fecha de la elección o, 2. Los desplazados que se encuentren en proceso
de retorno con el propósito de establecer en el territorio de la circunscripción su lugar de
habitación, deberán haber nacido o habitado en él al menos tres años consecutivos en
cualquier época.”
Ahora bien, en lo que concierne a la revocatoria de la inscripción el inciso 4 del
artículo 108 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 265 de ese
ordenamiento, establecen que toda inscripción de candidatos incursos en causal
de inhabilidad será revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto al
debido proceso y con plena prueba de la existencia de la causal de inelegibilidad.
Consciente el legislador estatutario de estas vicisitudes, permitió a las
colectividades políticas que, ante la revocatoria de la inscripción de sus candidatos
por inhabilidades, pudieran recomponer sus listas o cargos en un determinado
período, ello con fundamento en lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1475 de
2011.
Igualmente, es importante tener en cuenta, tal y como se precisó por la Sala en la
providencia del 7 de julio de 2022, que:
“(…) las etapas establecidas en el proceso electoral son preclusivas, es decir, no pueden
ser extendidas ni reaperturadas dado que sus tiempos se encuentran reglados, como ya
se señaló, en las normas que los rigen los cuales son de obligatorio acatamiento por la
fecha constitucional y legalmente estipulada en la que se debe celebrar la contienda
electoral.
En ese mismo sentido, se debe tener en cuenta que el cruce de información por parte de
la Organización Electoral con los entes de control, ocurre una vez vencido el término de
inscripción de candidaturas y culminado el plazo de modificación de las listas, sumado el
tiempo que tienen éstos últimos para remitir la información evento que, en el mejor de los
casos conlleva a que el CNE pueda definir la situación de los candidatos presuntamente
inhabilitados, en un lapso de un mes y medio. Sin embargo, el término para modificación
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de las listas por inhabilidad o por causas constitucional y legalmente establecidas, es de
un mes antes de la elección, periodo en el cual, con respeto al debido proceso y derecho
de contradicción, deberá recolectar la plena prueba de la fuente de inelegibilidad que lo
excluya de la contienda y frente a ello otorgar los recursos de ley.
Finalmente, el acto que pone fin al proceso contencioso administrativo cuando accede a la
petición de revocatoria, debe ser comunicado a las colectividades políticas para que
hagan uso de su derecho de recomposición de la lista o cargo según sea el caso, al
revocado para que interponga los recursos si a bien lo tiene, a la Registraduría Nacional
del Estado Civil para que ejecute la orden y los excluya de la tarjeta electoral y, a la
comunidad en general, para que conozcan los resultados del proceso y que éstos no
harán parte de la contienda”4.
En este asunto se tiene que, la elección de los representantes a la Cámara de las
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz se llevó a cabo el 13 de marzo
de 2022, el CNE recovó la inscripción del señor Fernández Meneses mediante la
Resolución 990 del 26 de enero de 2022 y contra la misma se presentó recurso de
reposición que fue resuelto en la Resolución 1273 del 11 de febrero de 2022, en la
que no se repuso la decisión. Esta última fue comunicada el 12 de febrero
siguiente como se advierte de la documental aportada a este proceso acumulado:
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Providencia del 7 de julio de
2022-. Radicación 11001032800020220011600. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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De manera que, de acuerdo con los términos establecidos por la Ley Estatutaria
1475 de 2011, para hacer recomposiciones en la lista frente a revocatorias de
inscripción, se cuenta con un mes antes de la celebración de la elección, por lo
que en este caso, dicha oportunidad estaba dada hasta el día 13 de febrero, pues,
como se precisó líneas atrás, los comicios se llevaron a cabo el 13 de marzo de
2022. Al respecto, la Sala encuentra que, tal y como lo indicaron el Ministerio
Público y la parte demandada, el espacio para encontrar un candidato que
cumpliera con las calidades necesarias para suplir al revocado en la lista, era muy
corto, pues era tan solo de un día.
En ese orden de ideas, es posible advertir en este punto que: i) la lista inscrita por
la agrupación social en comento, en un inicio, cumplió con el principio de equidad
de género que alegan los actores, en tanto que inscribió a la CITREP 14 a los
candidatos Leonor María Palencia Vega y Juan David Fernández Meneses, es
decir, dos personas de diferente género y, ii) la revocatoria de la candidatura del
señor Fernández Meneses quedó en firme un día antes de que feneciera el
término previsto en el calendario electoral para modificar las inscripciones.
Fue con esa decisión de revocatoria en firme, que como colectividad tuvo la
certeza y quedó al descubierto el retiro de uno de los integrantes de la lista que
había inscrito en oportunidad. Esto como hecho objetivo, por cuanto valga
recordar que en el contencioso electoral no se juzga las condiciones subjetivas o
de conducta. De manera que, esta precisión resulta pertinente para descartar
disquisiciones sobre si la organización social era conocedora o no de la condena
que recayó sobre el señor Fernández Meneses.
Si bien en este caso la inhabilidad del señor Fernández Meneses no fue
sobreviniente, sino de carácter permanente, lo cierto es que, se insiste, en este
asunto no se cuestiona si la organización social era conocedora o no de la
condena que recayó sobre el señor Fernández Meneses y, de cualquier forma,
resultaría desproporcionado exigir que, en tan solo un día, se encontrara un
candidato que reemplazara a aquel que fue revocado y se solicitara la
modificación de las inscripciones.
Ahora bien, respecto al argumento de que “las inhabilidades de un candidato,
afectan a ambos integrantes de la misma lista” la Sala precisó en la providencia
que resolvió la medida cautelar (expediente 2022-00116), que aquellas son de
carácter subjetivo y recaen directamente sobre el inhabilitado y no afectan a los
demás candidatos, teniendo en cuenta: (i) el carácter personal, excepcional,
taxativo y de interpretación restrictiva que tienen las inhabilidades, las cuales no
se pueden proyectar sobre personas distintas a quien incurre en ellas (desde la
perspectiva subjetiva de la causal del art. 275.5 del CPACA); y (ii) la imposibilidad
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de llevar a cabo un análisis de incidencia de orden objetivo sobre el impacto
directo y trascendental en el resultado de la elección de las eventuales
inhabilidades que recaen sobre quienes participaron en ella como candidatos pero
no resultaron designados (desde la perspectiva de la expedición irregular).
En el mismo sentido, se pronunció esta Sala Electoral del Consejo de Estado en
un caso similar al aquí analizado: “La irregularidad que sustenta este cargo se basa en
la ausencia de calidades de esa candidata para resultar electa, lo cual corresponde a una
circunstancia de carácter particular, que únicamente es predicable de esa persona en
concreto, que es a quien se endilga la omisión. Por ende, se reitera, la inobservancia de
tal requisito de la edad sólo tiene la potencialidad de afectar a ese preciso individuo, valga
la pena aclarar, siempre y cuando haya resultado electo”. De lo expuesto queda claro que,
la eventual inhabilidad de la señora Méndez Torres no tiene la capacidad de adentrarse
en la legitimidad de la inscripción de los demás aspirantes, y su estudio sería procedente
en el marco del juicio de nulidad electoral si ella hubiera sido elegida, pues bajo esa
perspectiva, existiría un acto pasible de control”5
Ahora bien, le asiste razón al demandado al señalar que, quien resultó acreedora
de la curul en este caso fue una mujer víctima del conflicto armado que representa
a un grupo social históricamente marginado y cuya elección debe observar el
enfoque diferencial que promueve la Constitución, la Ley y la jurisprudencia de
cara al principio de equidad de género en materia de participación política de las
mujeres.
De cualquier forma, se insiste, la asociación que avaló la candidatura de la
demandada no desconoció la igualdad de género, pues la inscripción inicial de la
lista incluía a un hombre y una mujer y, ante la revocatoria de la candidatura del
señor Fernández Meneses a solo un día de cerrarse la posibilidad de modificar las
listas, resultaría desmedido exigir el reemplazo de aquel aspirante.
Si bien los demandantes alegaron que la presentación del recurso de reposición
contra el acto que revocó la candidatura del señor Fernández Meneses constituyó
una maniobra dilatoria para que la decisión no alcanzara firmeza durante la
oportunidad para modificar las listas, lo cierto es que, aquella afirmación carece de
sustento probatorio. Además, lo cierto es que la asociación contaba con la
oportunidad legal para interponer el recurso de reposición y se encontraba en todo
su derecho, en garantía del debido proceso administrativo, de cuestionar la
decisión adoptada.
Igualmente, tal y como lo señaló la parte demandada, los candidatos para este tipo
de curules ostentan unas calidades especiales que deben ser cumplidas con
5
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 17 de septiembre de 2020, exp. 19001-23- 33-
000-2019-00357-01, M.P Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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rigurosidad, según lo establecen los artículos 3 y 5 del Acto Legislativo 02 de
2021. En ese sentido, no se trataba solamente de contar con una persona que
tuviera el deseo y la intención de presentarse como candidato a la CITREP, sino
que además debía cumplir con todas y cada una de las exigencias
constitucionales impuestas a este tipo de candidatos.
Por lo tanto el cargo formulado por la parte actora no debe prosperar.
5.2. Indebido cómputo de los votos en favor de la Asociación Agropecuaria
de Mujeres Víctimas de Jericó: infracción de las normas en que el acto debía
fundarse (causal genérica – artículo 137 CPACA)
Los demandantes consideran que hubo un cómputo indebido de los votos, en
razón a que, pese que el compañero de lista de la demandada fue revocado, este
figuró en la tarjeta electoral y obtuvo un número considerable de votos, los cuales,
en criterio de la parte actora, no deberían ser tenidos en cuenta a favor de la lista
inscrita.
Para sustentar lo anterior, invocaron la sentencia del 27 de mayo de 2021,
radicación 05001- 23-33-000-2019-03297-01 proferida por esta Sección, en la cual
se establecieron las reglas para el cómputo de votos cuando una candidatura es
revocada y no es posible eliminar al candidato de la tarjeta electoral.
Para los actores, las pautas allí establecidas obligaban a la comisión escrutadora
a omitir los votos depositados a favor de Juan David Fernández Meneses, de
manera que no podían computarse a la lista presentada por la Asociación
Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó. Esta interpretación sugiere, según
los demandantes, que la totalidad de los votos obtenidos por la lista presentada
por la asociación no habría sido suficiente para que su única candidata hubiera
sido la ganadora de la contienda electoral.
Sobre este particular cargo, en un asunto similar, esta Sección se pronunció en los
siguientes términos:
“A este punto relevante resulta reiterar que conforme las reglas mencionadas en el
procedimiento especial electoral el Consejo Nacional Electoral en concepto radicado con
el No. 3813-19 del 25 de octubre de 2019, dispuso:
(...) La calificación que se debe dar a las tarjetas electorales que contengan votos
marcados por listas o candidatos revocados por el Consejo Nacional Electoral será́ de la
siguiente manera:
1. Cuando la marcación sea identificada en lista cerrada, en la cual uno o varios de sus
candidatos hayan sido revocados, el voto deberá́ ser calificado como válido para la lista,
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pero el (los) candidato(s) revocado(s) no podrán ser tenidos para ningún efecto de la
elección.
2. Cuando la marcación sea identificada en lista abierta -voto preferente-, en la cual uno o
varios de sus candidatos hayan sido revocados, el voto deberá́ ser calificado como válido
para la lista, pero el (los) candidato(s) revocado(s) no podrán ser tenidos en cuenta para
ningún efecto de elección.
Lo anterior se encuentra en consonancia con la jurisprudencia de esta Sección, en donde
se determinó́ que debe prevalecer el principio pro elector en respeto de la voluntad
individual y también mayoritaria de apoyar una determinada opción política; y no
trasladarle la consecuencia de que la RNEC no hubiere alcanzado a retirar de las tarjetas
electorales las candidaturas revocadas por el CNE.
Al respecto, explicó que: ‘(...) en tratándose de los votos depositados en favor de
candidatos que han sido revocados previamente, la RNEC ante la imposibilidad de
retirarlos de la tarjeta electoral, dependiendo de si la revocatoria de la inscripción afectó
parte de la lista o su totalidad; debía proceder de la siguiente manera:
i) en el evento de revocarse uno o varios candidatos de la lista, ya sea cerrada o abierta
(voto preferente), la votación obtenida en su favor debía computarse como válida para la
lista, mientras que ii) si la revocatoria afectaba a toda la lista (abierta o cerrada), estos
votos debían contabilizarse como no marcados, los cuales, en consecuencia, no tendrían
entidad para producir eficacia electoral en ningún sentido.’ Frente a este asunto particular,
la Sala ha considerado que cuando la revocatoria de la inscripción de los candidatos
afecta la totalidad de la lista, es válida su calificación como “votos no marcados”; así lo ha
sostenido, entre otras, la sentencia 11 de julio de 2019.
Ahora, respecto de los votos que, debido a la revocatoria de algunos de los
candidatos que la conforman, afectan la lista de manera parcial, la Sala encuentra
que, en efecto, deben tenerse como válidos en favor del partido, movimiento
político o grupo significativo de ciudadanos, por cuanto, a pesar de la imposibilidad
de conocer la verdadera voluntad del elector y de su elección en caso de que el
candidato revocado hubiera sido retirado de la tarjeta electoral, en aplicación de los
principios rectores que regulan la materia, en el que la Sala destaca el de la eficacia
del voto que se encuentra consagrado en el numeral 3o del artículo 1o del Código
Electoral.
Por lo anterior, la Sala considera que se le debe dar primacía a su elección y, que
tener como válido el voto, en favor de la lista, es lo que más se acerca a la
verdadera voluntad del elector, pues en todo caso, al haber marcado a un candidato
en la tarjeta electoral, que cuenta con el aval de un partido, ha de entenderse que
dentro de su expresión libre concretó su decisión para favorecer a tal partido, así́
su intención fuera únicamente en razón del candidato, ya que al preferirlo, está
optando por la elección tanto del candidato, como del partido, movimiento o grupo
que lo acompaña.
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Así las cosas y conforme a estos lineamientos se encuentra que, independientemente que
el candidato revocado haya inscrito en una lista abierta o cerrada el voto deberá ser
calificado como válido para la colectividad, sin perjuicio que el candidato no pueda ser
declarado electo conforme lo establece el artículo 265 Superior.”6
Como se lee del precedente citado, respecto de los votos que, debido a la
revocatoria de algunos de los candidatos que la conforman, afectan la lista de
manera parcial, deben tenerse como válidos en favor del partido, movimiento
político o grupo significativo de ciudadanos, por cuanto, a pesar de la imposibilidad
de conocer la verdadera voluntad del elector y de su elección en caso de que el
candidato revocado hubiera sido retirado de la tarjeta electoral, prevalecen los
principios rectores que regulan la materia, como la eficacia del voto y pro-elector.
Ello por cuanto, tener como válido el sufragio en favor de la lista es lo que más se
aproxima a la voluntad del elector, quien al votar por un determinado candidato
también le está dando el aval a la organización política de la que este hace parte.
No obstante, la parte actora asegura que, al tratarse de las Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz, los principios referentes a la eficacia del voto y
pro-elector no pueden ser absolutos y deben armonizarse con la regulación sobre
las curules especiales de paz. Para los demandantes, existen normas especiales
que evidencian que las organizaciones sociales con derecho de postulación en
esta circunscripción no cuentan con una amplia aplicación de los principios de “la
eficacia del voto y de pro elector”.
Según los accionantes, tal es el caso del artículo 14 del Decreto 1217 de 2021, el
cual establece lo siguiente: “Sanciones por el incumplimiento de las reglas y requisitos
previstos en el Acto Legislativo 02 de 2021. Quienes sean elegidos como representantes
a la Cámara por una Circunscripción Transitoria Especial de Paz sin el cumplimiento de
los requisitos y las reglas establecidas en el Acto Legislativo 02 de 2021 y en el presente
decreto, se les impondrá la sanción de pérdida del cargo mediante el procedimiento de
pérdida de investidura definido en la ley y ello conllevará la inhabilidad prevista en el
numeral 4° del Artículo 179 de la Constitución Política. Parágrafo primero: En el evento en
que un candidato haya sido elegido sin el cumplimiento de las reglas y requisitos exigidos
en el Acto Legislativo 02 de 2021 y en el presente decreto, la respectiva curul no podrá
ser reemplazada en aplicación del inciso segundo del artículo 134 de la Constitución
Política”.
Sustentaron además que, el carácter prevalente de las organizaciones políticas en
los procesos de elección de circunscripciones ordinarias versus el carácter
prevalente del candidato en el caso de las CITREP, establecen una situación de
fondo que limita la aplicación de “los principios de la eficacia del voto y el principio
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. sentencia del 27 de
mayo de 2021, radicación 05001- 23-33-000-2019-03297-01. M.P. Rocío Araújo Oñate
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Rad: 11001-03-28-000-2022-00095-00 acumulado
pro elector”, que permita computar como válidos para la lista, los votos
depositados en favor del candidato cuya inscripción fue revocada previamente.
Al respecto, la Sala considera, por un lado, que la norma citada por los actores lo
que prevé es la imposibilidad de reemplazar la curul de paz, cuando quiera que un
candidato haya sido elegido sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en el
Acto Legislativo 02 de 2021. Lo cual no corresponde al asunto bajo estudio, pues
lo cierto es que, al señor Fernández Meneses se le revocó la candidatura
previamente a la elección y, en consecuencia, resultó electa la señora Palencia
Vega.
De otro lado, no se precisa por qué razón existe un carácter prevalente del
candidato en las curules de paz en contraposición a la prevalencia de la
organización política en las circunscripciones ordinarias, que en criterio de los
demandantes “limitan los principios de la eficacia del voto y el principio pro elector”
Por el contrario, la Sala destaca que la teleología de las reglas previstas en la
providencia citada líneas arriba, en nada contradice la regulación sobre las curules
creadas para la circunscripción especial de paz. Nótese que, conforme a la
jurisprudencia referida, independientemente que el candidato revocado se haya
inscrito en una lista abierta o cerrada el voto deberá ser calificado como válido
para la colectividad, sin perjuicio que el candidato no pueda ser declarado electo
conforme lo establece el artículo 265 de la Constitución.
Igualmente, la especial connotación constitucional de las curules de paz redunda
más es en los aspectos de los requisitos y presupuestos que deben cumplir los
aspirantes, como quedó explicado en las generalidades contenidas en capítulo
anterior, pero no en la solución para la contabilización de los votos que sufren
afectaciones entre el interregno que cursa desde la posibilidad de modificación de
la inscripción, el término que dispone el legislador para ejercerla y las elecciones
propiamente dichas.
Así, los votos depositados por el señor Juan David Fernández Meneses, cuya
candidatura había sido revocada sin que aquello se viera reflejado oportunamente
en la tarjeta electoral, sí podían ser contabilizados a favor de la Asociación
Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó, sin que aquel tenido en cuenta de
forma alguna en la elección.
En consecuencia, la elección de la demandada, Leonor María Palencia Vega, no
vulneró las reglas establecidas para el conteo de votos y, en consecuencia, no
desconoció los parámetros establecidos por la jurisprudencia de esta Sección.
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5.3. Violación del inciso 4 del artículo 6° del Acto Legislativo 02 de 2021,
derivada del apoyo que recibió la demandada por el Partido Liberal durante
su campaña electoral: infracción de las normas en que el acto debía
fundarse el acto.
Al respecto, la parte actora asegura que la candidatura de la señora Palencia
Vega “recibió apoyo explícito de parte del Partido Liberal del Departamento de Córdoba”.
Para probar este cargo, aportaron un audio de WhatsApp y una fotografía, y
precisaron que este material evidencia las ayudas de dicha colectividad en favor
de la demandada.
En tales condiciones, afirman que se desconoció artículo 6 del Acto Legislativo 02
del 25 de agosto de 2021 que señala: “Los candidatos y las listas de circunscripciones
transitorias especiales de Paz, no podrán realizar alianzas, coaliciones o acuerdos con
candidatos o listas inscritas para las circunscripciones ordinarias para la Cámara de
Representantes. La violación de esta norma generará la pérdida de la curul en caso de
resultar electos a la circunscripción transitoria especial de Paz”.
En el referido audio, precisan que el señor “Óscar Darío (responsable de unos kioscos
vive digital)” convocó a una reunión con el objetivo de hacer publicidad a la
campaña de los candidatos a de la Asociación Agropecuaria Mujeres Víctimas de
Jericó – ASOMUVIJ.
Sobre el audio en comento, la parte demandada sostuvo que presenta al menos
dos irregularidades que obligan a descartarlo como prueba en el proceso. En
primer lugar, asegura que carece de validez probatoria porque incumple todos y
cada uno de los requerimientos establecidos en el ordenamiento jurídico para ser
tenido como tal: no se conoce quién es el autor de lo dicho, ni la fecha en que fue
grabado ni tampoco si fue presuntamente remitido a otras personas, así como
también se desconoce el remitente y los destinatarios. Adicionalmente, se extraña
la fecha y el lugar en que fue grabado y el archivo particular aportado por los
demandantes no fue allegado en un formato que permita su debida valoración.
Al respecto, la Sala debe precisar que, en efecto, una conversación de WhatsApp
se establece entre 2 usuarios y, en este caso, se desconoce quién fue el receptor
del audio y cómo los demandantes tuvieron acceso a él. Además, respecto de una
conversación que se surte mediante dicho sistema de mensajería existe una
expectativa de privacidad.
De manera específica, en lo que tiene que ver con el sistema de mensajería
instantánea, la Corte Constitucional ha dicho:
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“El alcance y protección del derecho a la intimidad respecto de la información y las
expresiones que circulan en sistemas de mensajería instantánea
como WhatsApp no puede definirse ex ante con absoluta exactitud. Tal
circunstancia, a juicio de la Corte, exige tomar en consideración la expectativa de
privacidad que, atendiendo las circunstancias de cada caso pueda ser identificada y
la cual puede variar según los diferentes contextos fácticos. Esta categoría, cuyo
origen parece encontrarse en el derecho norteamericano según lo ha referido la
propia Corte, ha tenido un desarrollo particular en relación con el proceso penal. Sin
embargo, su pertinencia no se agota en ese contexto. De hecho, ha sido empleada
por la jurisprudencia extranjera y la jurisprudencia internacional para juzgar la
validez de la violación del derecho a la intimidad en el contexto de relaciones
laborales.
60. La expectativa de privacidad es, entre otros, un criterio relevante para
establecer si determinadas expresiones o manifestaciones de la vida de las
personas se encuentran comprendidas por el ámbito de protección del derecho a la
intimidad o si, por el contrario, pueden ser conocidas o interferidas por otros. Tal
categoría impone definir, atendiendo diferentes factores contextuales, si quien alega
la violación puede considerar válidamente que su actividad se encuentra
resguardada de la interferencia de otros, por un lado, y si es o no posible concluir
que dicha valoración es oponible a los terceros que pretenden acceder a la
información o divulgarla, por otro. Este doble análisis exige considerar criterios
subjetivos y objetivos a efectos de valorar, en cada caso, si quien solicita la
protección en realidad podía suponer o confiar que las informaciones o contenidos
no podrían circular.
61. Para la Sala, la categoría referida puede emplearse para juzgar si la
divulgación o revelación de mensajes contenidos en una conversación virtual,
vulnera o no el derecho a la intimidad. En particular, la existencia de una
expectativa de privacidad así como su alcance, debe definirse tomando en
consideración, entre otros factores, (i) el carácter más o menos abierto del sistema
de mensajería bajo el cual se desarrolla la conversación; (ii) los integrantes y fines
del grupo virtual; (iii) la clase de información de la que se trate y si se encuentra o
no protegida por regímenes especiales como aquel previsto, por ejemplo, en la Ley
1581 de 2012; (iv) la existencia de reglas o pautas que hayan fijado límites a la
circulación de las expresiones o informaciones contenidas en el espacio virtual; y
(v) la vigencia de obligaciones legales o contractuales de confidencialidad como las
que pueden establecerse en contratos de trabajo o en los reglamentos internos de
trabajo. De acuerdo con ello, para determinar si es posible amparar el derecho a la
intimidad frente a la divulgación de mensajes contenidos en una conversación
virtual desarrollada en un grupo conformado en WhatsApp, deberán valorarse y
ponderarse, en cada caso, los factores que han quedado referidos.
Así, por ejemplo, la posibilidad de oponerse a la circulación de las informaciones o
mensajes será mayor cuando (i) se produce en un espacio virtual con medidas
especiales de protección frente a la injerencia o conocimiento de terceros; (ii) se
remiten a un grupo conformado por un número reducido de personas vinculadas por
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un propósito relevante solo para ellas; y (iii) pueden calificarse como privadas o
reservadas. La expectativa de privacidad se incrementaría además, si (iv) los
participantes han previsto una advertencia específica para impedir la divulgación de
los contenidos de la conversación virtual.
A su vez la facultad de controlar la divulgación de la información podría debilitarse
cuando (i) el espacio virtual en el que circula la información no tiene especiales
medidas para evitar que la información sea conocida por parte de terceros; (ii) se
trata de un grupo conformado por un número significativo de personas; (iii) la
información tiene carácter semiprivado o tiene relevancia pública; y (iv) los
participantes han autorizado expresa o tácitamente -a través, por ejemplo, de un
contrato laboral o del reglamento interno de trabajo- la posibilidad de que la
información circule.”
En dicho pronunciamiento, la Corte también explicó que WhatsApp es una
aplicación de mensajería instantánea que funciona a través de teléfonos
inteligentes, que permite enviar y recibir mensajes a través de internet, de manera
que los usuarios pueden crear listas de distribución y grupos, lo que facilita el
intercambio de videos, imágenes, grabaciones, mensajes escritos, notas de voz y
contactos. Además, explicó que estas conversaciones cuentan con un sistema de
cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que solo las personas participantes
pueden tener acceso a dicha información7.
Así las cosas, algunos de los elementos a tener en cuenta a la hora de valorar
este tipo de pruebas son:
1. El carácter más o menos abierto del sistema de mensajería bajo el cual se
desarrolla la conversación.
2. Los integrantes y fines del grupo virtual.
3. La clase de información de la que se trate y si se encuentra o no protegida por
regímenes especiales.
4. La existencia de reglas o pautas que hayan fijado límites a la circulación de las
expresiones o informaciones contenidas en el espacio virtual.
5. La vigencia de obligaciones legales o contractuales de confidencialidad como
las que pueden establecerse en contratos de trabajo o en los reglamentos internos
de trabajo.8
7
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 29 de
abril de 2021. Expediente: 50001233300020200000301. M.P. Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio.
88
Idem
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En este asunto, no se cuenta con ninguna información sobre el origen y contexto
del audio. De cualquier forma, la grabación de voz se limita a señalar lo siguiente:
“Muy buenos días a todos y a todas (sic) los presentes y que hacen parte de este equipo.
Les informo lo siguiente, la reunión que está programada para el día de mañana se va a
cambiar el horario, va a iniciar a las 8:30 en punto de la mañana, en ese momento vamos
a iniciar con la intervención de dos candidatos aspirantes a la cámara, uno por la cámara
ordinaria y otro por la cámara especial, esta última aplica para lo que votan en la zona
rural, entonces a esa hora va a tener su intervención cada uno, para que expongan sus
ideas y los escuchen. También para hacer la pedagogía con material electoral para saber
cómo se debe votar, para que ustedes sean esos gestores políticos en sus puntos de
influencia.
También vamos a tener el acompañamiento del coordinador del proyecto que es el punto,
digamos, de mayor interés para ustedes y podamos aclarar todas esas dudas que tengan.
Entonces los espero, mañana 8:30 de la mañana en el establecimiento los kioscos.”
De lo anterior es posible evidenciar que la persona que habla no se identifica y no
hay prueba alguna en el expediente que permita individualizar al individuo que
quedó registrado en la grabación. Tampoco hay forma de saber las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que fue obtenida por la parte actora. De cualquier
forma, el audio tampoco evidencia que la demandada haya realizado alguna
alianza, coalición o acuerdo con candidatos o listas inscritas para las
circunscripciones ordinarias para la Cámara de Representantes. De manera que,
no es posible demostrar que la candidata de la cámara especial a la que se
refieren en el audio sea la señora Palencia Vega, ni que ella haya realizado algún
pacto con el candidato de la cámara ordinaria que va a participar en la reunión. En
suma, no demuestra que la demandada desconoció la prohibición contemplada en
el artículo 6 del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021.
Asimismo, se allegó una imagen con la que se pretende demostrar el vicio de
ilegalidad aducido, a saber:
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Como se advirtió en la providencia que resolvió la medida cautelar en este asunto
(2022-00116), en la misma solo se observan dos señores con ropa publicitaria de
otros candidatos y sobre la mesa un volante de la candidatura de la demandada,
lo que no demuestra que ella haya suscrito alguna alianza con candidatos de la
cámara ordinaria.
En efecto, la presencia de publicidad de la campaña de ambos candidatos en un
mismo recinto no es una circunstancia suficiente para afirmar que existe una
alianza o apoyo mutuo entre estos, pues la fotografía no da cuenta de apoyo
alguno y menos que sea manifiesto e inequívoco. Tampoco se advierte la
presencia de la demanda recibiendo respaldo de ningún tipo. En consecuencia,
este cargo tampoco debe prosperar.
5.4. La candidata electa se encontraba incursa en la causal de inhabilidad de
que trata el numeral 3° del artículo 179 de la Constitución Política, toda vez
que suscribió Contrato de Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión No.
SS-058-2021 con el Departamento de Córdoba – Secretaría de Salud:
elección de candidatos que se hallen incursos en causales de inhabilidad
El accionante señaló que la demandada suscribió contrato de prestación de
servicios y apoyo a la gestión SS-058-2021 con la Gobernación de Córdoba –
Secretaría de Salud, esto dentro del período inhabilitante. Por tanto, se invocó la
causal de inhabilidad contemplada en el artículo 179, numeral 3° de la
Constitución Política.
Dicha inhabilidad se prevé en los siguientes términos: “ARTÍCULO 179. No podrán
ser congresistas: (…) 3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante
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entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de
terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o
contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección”.
De la norma transcrita, se evidencia que el constituyente contempló tres supuestos
de hecho que estructuran la causal inhabilitante a saber: (i) la gestión de negocios
ante entidades públicas; (ii) la celebración de contratos en interés propio o de
terceros y, por último, (iii) el haber ejercido la representación legal de instituciones
que administren tributos y contribuciones parafiscales.
Respecto a la celebración de contratos ante entidades públicas (que corresponde
al supuesto invocado por los demandantes), esta Sección ha sido reiterativa en
punto a los elementos que la componen, así: (i) material u objetivo, que comporta
la actuación de celebrar contratos con un ente público; (ii) temporal, que hace
referencia a la ejecución de la conducta proscrita dentro de los seis meses
anteriores a la elección; (ii) espacial, que delimita geográficamente el supuesto
inhabilitante debiendo ejecutarse la acción prohibida en la correspondiente
circunscripción territorial para la cual fue elegido el otrora aspirante, y (iv) subjetivo
o de propósito, que alude al beneficio o interés que persigue el gestor en nombre
propio o de terceros.
Dentro del material probatorio obrante en el expediente acumulado se tiene:
• Copia del contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión SS-058-2021
con la Gobernación de Córdoba – Secretaría de Salud, celebrado el 26 de marzo
de 2021.
• Copia electrónica del aplicativo SECOP II, el cual da cuenta de la fecha de
ejecución del contrato.
Revisada dicha documental, le asiste razón a la parte demandada y al Ministerio
Público al señalar que la mentada inhabilidad no cumple con el elemento temporal
de la inhabilidad. Nótese que las elecciones al Congreso de la República se
llevaron a cabo el 13 de marzo de 2022, por lo que la demandada no podía
suscribir contratos estatales dentro del lapso comprendido entre el 13 de
septiembre de 2021 y el 13 de marzo de 2022, so pena de la configuración de la
inhabilidad consagrada en el numeral 3 del artículo 179 de la Constitución Política.
Con todo, el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión SS-058-
2021, por el cual los demandantes acusan la supuesta configuración de la
precitada inhabilidad, fue celebrado el 26 de marzo de 2021, cuando todavía no
corría el término de restricción.
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Además, esta Sección ha sido reiterativa en indicar que, el término de ejecución
del contrato no configura el supuesto normativo de la inhabilidad invocada.
En tales condiciones, no hay lugar a estudiar los demás elementos de la
inhabilidad, toda vez que, el contrato alegado no fue suscrito dentro del lapso
prohibitivo.
Así las cosas, comoquiera que ninguno de los cargos formulados por los
demandantes se acreditó, se denegarán las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Deniégase las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAUJO OÑATE
Magistrada
Aclara el voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
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