Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00126-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00126-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00126-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
6 de octubre de 2022
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00126-00
Demandante: Rafael Mendoza Méndez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00126-00
Demandante: RAFAEL MENDOZA MÉNDEZ
Demandado: ACTO ELECTORAL DEL SEÑOR ROBER TRINIDAD
ROMERO RAMÍREZ, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR, PERIODO 2022-2026
Tema: Consulta estamentaria en el proceso de elección del rector
de la Universidad Popular del Cesar
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Surtidos los trámites correspondientes y sin que se advierta la presencia de nulidad que
impida abordar el fondo del asunto, la Sección Quinta del Consejo de Estado procede a
dictar sentencia de única instancia dentro del proceso contencioso-electoral de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. El señor Rafael Mendoza Méndez formuló1, en nombre propio, demanda de
nulidad electoral2 contra el acto de designación del señor Rober Trinidad Romero
Ramírez, como rector de la Universidad Popular del Cesar –en adelante UPC–, periodo
2022-2026, contenido en el Acuerdo No. 008 del 8 de abril de 2022, expedido por el
Consejo Superior Universitario.
1.2. Hechos
2. La parte actora los narró, en síntesis, así:
3. El 7 de febrero de 2019, el Consejo Superior de la UPC expidió el Acuerdo No.
001, a través del cual aprobó el calendario electoral para la designación del rector de la
Universidad, periodo 2019-2023.
4. El 25 de abril siguiente, el Tribunal de Garantías Electorales, autoridad
encargada del procedimiento, admitió las candidaturas de 9 ciudadanos, a saber:
1
El 19 de mayo de 2022.
2
Artículo 139 de la Ley 1437 de 2011. 1
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Radicación: 11001-03-28-000-2022-00126-00
Demandante: Rafael Mendoza Méndez
Nombre del aspirante
Carmen Alicia Rivera Medina
Julio César Vega Suárez
Darling Francisca Guevara Gómez
Rober Trinidad Romero Ramírez
Luis Alberto Caballero Freyte
César Augusto Galindo Angulo
Juan Bautista Ochoa Maestre
Emiliano Piedrahita Porras
Jhon Jairo Díaz Carpio
5. Surtidas las etapas de este trámite, el 16 de diciembre de 2019, el Consejo
Superior eligió a la señora Darling Francisca Guevara Gómez como rectora de la UPC
para el periodo extendido desde el 20 de diciembre de 2019 y hasta el 19 de diciembre
de 2023.
6. El 27 de octubre de 20213, la Sección Quinta del Consejo Estado declaró la
nulidad de la designación de la señora Guevara Gómez, con sentencia en la que
comprobó la ocurrencia del vicio de expedición irregular alegado por el accionante.
7. Ello, por cuanto, en el procedimiento, no se adelantó la consulta estamentaria
requerida por las normas del establecimiento, de la que debían resultar los 5 aspirantes
que conformarían la lista definitiva, de la cual el Consejo Superior elegiría al rector.
8. Con auto del 25 de noviembre de 2021, esta Corporación negó la solicitud de
aclaración elevada contra el fallo anulatorio. No obstante, precisó que el trámite de
elección del rector de la UPC podía ser retomado desde la fase previa a la realización
de la consulta estamentaria, por tratarse de una nulidad decretada con fundamento en
la causal de expedición irregular4.
9. Amparado en esa consideración, el 1° de febrero de 2022, el Consejo Superior
de la Universidad expidió el Acuerdo No. 003, por medio del cual reemprendió ese
procedimiento desde la etapa de la consulta para la designación del rector, periodo
2022-2026, con la inclusión de los 9 candidatos que habían sido habilitados en el año
2019.
10. Con ese propósito, el Acuerdo No. 003 de 2022 fijó como nuevo calendario
electoral el siguiente:
Actividad Fecha
Divulgación de las propuestas de los aspirantes
admitidos a la comunidad universitaria 14 al 28 de marzo de 2022
Divulgación de las propuestas de los
candidatos habilitados ante el Consejo Superior 28 de marzo de 2022
de la Universidad
3
Rad. 11001-03-28-000-2020-00047-00 (Principal).
4
Para ello, se trajo a colación: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-
2015-00029-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de unificación del 26 de mayo de 2016. 2
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Demandante: Rafael Mendoza Méndez
Foro de candidatos en la seccional de
Aguachica 1º de abril de 2022
Realización de la consulta estamentaria con la
participación de estudiantes, egresados y 6 de abril de 2022
docentes de la institución
11. La consulta determinaría la lista definitiva de 5 aspirantes, cuyos nombres serían
presentados ante el Consejo Superior de la UPC para la elección del rector, periodo
2022-2026.
12. En el desarrollo de este nuevo procedimiento, 45 de los 9 candidatos partícipes
renunciaron a sus aspiraciones de llegar a la rectoría, a saber, los señores César
Augusto Galindo Angulo, Juan Bautista Ochoa Maestre, Emiliano Piedrahita Porras y
Jhon Jairo Díaz Carpio.
13. Frente a esta circunstancia, el Tribunal de Garantías Electorales de la UPC
expidió el Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de 2022, con el que aceptó estas renuncias
y conformó la lista definitiva de aspirantes al cargo de rector, con los 5 candidatos
restantes, los señores: Carmen Alicia Rivera Medina, Julio César Vega Suárez, Darling
Francisca Guevara Gómez, Rober Trinidad Romero Ramírez y Luis Alberto Caballero
Freyte.
14. El 25 de marzo de 2022, el Consejo Superior profirió el Acuerdo No. 005, a
través del cual estableció un nuevo cronograma de elección, prescindiendo de la
realización de la consulta estamentaria, a la luz de las previsiones del parágrafo único
del artículo 1º6 del Acuerdo No. 004 de 2010, que prescribe que cuando en el trámite de
elección del rector existan tan solo 5 candidatos, la consulta no resulta necesaria.
15. El 8 de abril de 2022, el Consejo Superior escogió al señor Rober Trinidad
Romero Ramírez rector de la UPC, para el periodo 2022-2026, cargo del cual tomó
posesión el 26 de abril siguiente.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
16. Contra la legalidad del acto de elección del demandado, la parte actora propuso
los siguientes cargos:
1.3.1. Desacato a fallo judicial7 y transgresión del artículo 1 del Acuerdo No. 038
de 2004
17. El demandante manifestó que en la sentencia del 27 de octubre de 2021, la
Sección Quinta anuló la elección de la señora Darling Francisca Guevara Gómez, como
5
Las renuncias fueron presentadas entre el 18 y el 22 de marzo de 2022.
6
“cuando por falta absoluta, renuncia o decisión judicial, el número de aspirantes inscritos y declarados por el Tribunal de garantías
como candidatos a ser elegidos rector de la Universidad Popular del Cesar, quedare igual o menor a cinco (5) no habrá́ lugar a
sesión ampliada, foro y a la consulta estamentaria. En este caso el Consejo Superior podrá́ designar en cualquier momento una vez
conocida la eventualidad”.
7
Para sustentar la obligatoriedad de las sentencias proferidas por los jueces, trajo a colación la siguiente providencia de la Corte
Constitucional: SU-034 de 2018. 3
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Radicación: 11001-03-28-000-2022-00126-00
Demandante: Rafael Mendoza Méndez
rectora de la UPC, periodo 2019-2023, al advertir que en el procedimiento para su
designación no se había desarrollado la consulta estamentaria, exigida por el Estatuto
General8 de la Universidad.
18. En ese orden, sostuvo que de la decisión del Consejo de Estado se desprendía
un mandato claro: esa etapa9 es una fase primordial en el trámite de escogencia del
rector de la institución, de cuya puesta en marcha pende la construcción de una lista de
elegibles –conformada por 5 candidatos–, base para la elección del Consejo Superior.
19. En el caso particular del accionado, la orden dada por el alto Tribunal de lo
Contencioso–Administrativo fue desconocida, pues mediante la adopción del Acuerdo
No. 001 del 22 de marzo de 2022, la lista de elegibles fue el producto de una
determinación administrativa adoptada por el Tribunal de Garantías Electorales del
establecimiento –ante la renuncia de 4 candidatos, por demás “amañada”–, y no el
resultado de la consulta democrática prescrita por el juez electoral y por la normatividad
interna, en especial, el artículo 1 del Acuerdo No. 038 de 2004.
20. La pretermisión de la consulta estamentaria en el procedimiento de escogencia
del acusado llevó incluso a ignorar las diferentes etapas de ese procedimiento, erigidas
originariamente en el Acuerdo No. 003 del 1º de febrero de 2022 del Consejo Superior
de la UPC.
1.3.2. Falta de competencia del Tribunal de Garantías Electorales
21. A la luz del Estatuto General de la UPC –Acuerdo No. 001 de 1994–, el Tribunal
de Garantías Electorales dispone, en el marco de los procesos democráticos en los que
participa, de simples competencias de coordinación y ejecución, que lo mantienen al
margen de las decisiones trascendentales que en la materia corresponden al Consejo
Superior de la Universidad.
22. Mediante la adopción del Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de 2022, el Tribunal
de Garantías invadió la órbita competencial del Consejo Superior, pues, sin estar
facultado para ello:
Aceptó renuncias de aspirantes.
Definió la lista definitiva de candidatos al empleo de rector, sin que mediara la
expresión de los estamentos universitarios en el contexto de la consulta.
Modificó el calendario electoral del trámite censurado, al prescindir de las fases
inicialmente establecidas en el Acuerdo No. 003 del 1º de febrero de 2022.
Adoptó un acuerdo y no una resolución, cuando los acuerdos son propios del
Consejo Superior.
23. En otros términos, el Tribunal se inmiscuyó en puntos que no eran de su resorte.
8
Acuerdo No. 001 de 1994.
9
La de la consulta estamentaria. 4
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Demandante: Rafael Mendoza Méndez
1.3.3. Falta y falsa motivación del Acuerdo No. 00110 del 22 de marzo de 2022
24. El accionante señaló que el Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de 2022 no contó
con una motivación que justificara las determinaciones acogidas en su contenido.
25. Afirmó que para omitir la realización de la consulta estamentaria, el Tribunal de
Garantías Electorales tan solo se había apoyado en el parágrafo del artículo 1º del
Acuerdo No. 004 de 2010, que en su literalidad prevé:
“… cuando por falta absoluta, renuncia o decisión judicial, el número de aspirantes
inscritos y declarados por el Tribunal de garantías como candidatos a ser elegidos rector
de la Universidad Popular del Cesar, quedare igual o menor a cinco (5) no habrá́ lugar a
sesión ampliada, foro y a la consulta estamentaria. En este caso el Consejo Superior
podrá́ designar en cualquier momento una vez conocida la eventualidad”.
26. A pesar de ello, indicó que no se trataba de una norma que pudiera aplicarse al
caso concreto, por cuanto:
En el fallo del 27 de octubre de 2021, aclarado mediante providencia del 25 de
noviembre de la misma anualidad, la Sección Quinta había ordenado que el
procedimiento de elección del rector de la UPC podía ser retomado desde la fase
de la consulta estamentaria, impidiendo que se afectaran etapas como la de
inscripción.
En esa fase –la de inscripción–, los candidatos inicialmente habilitados para
participar habían sido 9 –y no 5 como lo consagraba la norma–, razón por la que
sus disposiciones no podían ser tenidas en cuenta en este trámite.
1.3.4. Desconocimiento del Acto Legislativo No. 01 de 2003
27. Acotó que el Estatuto General de la UPC no prevé cuál es la naturaleza del
periodo –institucional o personal– para el cargo de rector.
28. En ese orden, el accionante aseveró que el vacío destacado debió haberse
suplido mediante la aplicación analógica del Acto Legislativo No. 01 de 2003, por medio
del cual se modificó el artículo 125 de la Carta Política de 1991, en el sentido de afirmar
que, ante la ausencia de normas especiales que definieran que los periodos eran
personales, la regla general era siempre la naturaleza institucional de los mismos.
29. Contrario a ello, el demandante informó que en el Acuerdo No. 003 del 1º de
febrero de 2022, el Consejo Superior de la UPC había reconocido que el periodo del
rector era personal, lo que supuso adelantar una elección para elegir a un funcionario
para los años 2022-2026, cuando lo correcto habría sido que –teniendo en cuenta el
carácter institucional de ese plazo– la escogencia hubiere sido desarrollada para elegir
10
“Por medio del cual se aceptan unas renuncias”. 5
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Demandante: Rafael Mendoza Méndez
al rector que finalizaría el periodo de la señora Darling Francisca Guevara Gómez,
designada originariamente para los años 2019-2023.
30. Finalmente, y sobre la base de los anteriores supuestos, el actor destacó el
desconocimiento del debido procedimiento administrativo, con base en las previsiones
del artículo 29 constitucional.
1.4. Trámite de la demanda
31. El 23 de junio de 2022, este Despacho admitió la demanda por cumplir con los
requisitos de forma establecidos en la Ley 143711 de 2011. En esa misma providencia,
la Sección Quinta del Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional, al
estimar que, en esa fase preliminar del proceso, no existían elementos fácticos, ni
jurídicos que conllevaran a tener por acreditados los cuestionamientos de nulidad
planteados por el actor. Así mismo, fueron ordenadas las notificaciones del caso.
1.5. Traslado de la demanda
32. Dentro del término establecido para el efecto, se presentaron las siguientes
contestaciones:
1.5.1. Universidad Popular del Cesar –UPC–
33. Por conducto de apoderado judicial12, la UPC se opuso a las pretensiones de la
demanda sobre la base de los argumentos que se exponen, así:
34. Manifestó que, contrario a lo sostenido por el accionante, el Consejo Superior de
la Universidad fue respetuoso del alcance del fallo anulatorio del 27 de octubre de
2021, al haber retomado el proceso eleccionario del rector de la UPC, periodo 2022-
2026, desde la fase de realización de la consulta estametaria, a la manera como lo
había explicado la Sección Quinta en el auto del 25 de noviembre de 2021, aclaratorio
de esa sentencia.
35. Sostuvo que en el desarrollo del trámite surgido tras la declaratoria de nulidad de
la designación de la señora Darling Francisca Guevara Gómez, periodo 2019-2023,
reiniciado con la expedición del Acuerdo No. 003 del 1° de febrero de 2022, el Consejo
Superior Universitario y el Tribunal de Garantías Electorales de la UPC habían puesto
en marcha un cúmulo de actuaciones para llevar a cabo esa consulta universitaria.
36. Dentro de éstas, la Universidad destacó la construcción del censo de votantes
que participaría en ella, la creación de los formatos de votación, la distribución de las
mesas de sufragio y la elaboración del instructivo para los jurados que prestarían sus
servicios en esa oportunidad.
11
Artículos 162, 163 y 166 de ese cuerpo normativo.
12
Dr. Oscar Pacheco Moscote. 6
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37. Señaló que estas actividades debieron ser suspendidas como consecuencia de
la renuncia de 4 de los 9 candidatos que participaban en el trámite, que habilitaba la
aplicación del parágrafo único del artículo 1° del Acuerdo No. 00913 del 2008, norma
que permitía pretermitir de la consulta, cuando los aspirantes que intervenían en el
procedimiento se elevaban a 5 o menos.
38. En ese sentido, la UPC esbozó que este cambio en las circunstancias era
justificativo de la no realización de la consulta estamentaria en la elección del señor
Romero Rodríguez, como rector del establecimiento, periodo 2022-2026.
39. De otra parte, indicó que no era cierto que el Tribunal de Garantías Electorales
no fuera la autoridad competente para aceptar las renuncias de los candidatos, ya que,
como se desprendía de los literales a), b), c), d) y e) del artículo 5° del Acuerdo No.
03214 de 1994, era el órgano encargado de la coordinación de la totalidad de los
procesos democráticos que se adelantaban al interior de la UPC, lo que lo facultaba
para ello.
40. Así las cosas, defendió la legalidad del Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de
2022, a través del cual el Tribunal de Garantías Electorales había aceptado las
dimisiones de los aspirantes en la carrera por la rectoría de la Universidad. Adujo que,
a pesar de que ese acto era pasible de recursos administrativos, ningún interviniente en
el proceso eleccionario cuestionado había hecho uso de éstos.
41. En cuanto a la naturaleza del periodo del rector, expuso que, en un primer
momento, el Acuerdo No. 033 del 15 de junio de 2004 del Consejo Superior, había
establecido su carácter institucional, prescribiendo sus fechas de inicio y terminación.
Sin embargo, explicó que esa norma había sido derogada por el Acuerdo No. 038 del
31 de julio de 2004, en el que las referencias a la esencia institucional del periodo
habían sido eliminadas de la normatividad interna de la Institución.
42. En consonancia, afirmó que esa supresión había convertido el periodo del rector
en personal. Para soportar este punto, trajo a colación la sentencia del 18 de febrero de
2021 del Consejo de Estado15, en la que la Sección Quinta habría admitido que para
los cargos distintos de los de voto popular, ante la ausencia de una disposición que
fijara que el periodo era institucional, debía entenderse que correspondía a uno
personal, tomando como extremo inicial la posesión del funcionario escogido.
13
“Por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 1º del acuerdo 039 del 31 de julio de 2004 y se modifica el artículo 2º del
acuerdo 039 del 31 de julio de 2004 y se dictan otras disposiciones”.
14
“Por el cual se aprueba y expide el reglamento interno del Tribunal de Garantías Electorales y el reglamento para la elección de
los representantes de los estudiantes y de los procesos que integran los diferentes órganos de gobierno de la Universidad Popular
del Cesar”.
15
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 11001-03-28-000-2020-00058-00. 7
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1.5.2. Demandado, señor Rober Trinidad Romero Ramírez
43. El 1 de agosto de 2022, el accionado presentó16 escrito con el que pidió negar
las súplicas de la demanda, empleando para ello una cuerda argumentativa similar a la
desplegada por la UPC, que se resume así:
44. Refirió que el Consejo Superior de la UPC tuvo siempre la intención de seguir las
órdenes dadas en la sentencia anulatoria del 27 de octubre de 2021, como se colegía
del Acuerdo No. 003 del 1° de febrero de 2022, en el que se había prescrito reanudar el
procedimiento de designación del rector, periodo 2022-2026, desde el estadio de la
consulta universitaria para la definición de los 5 candidatos de los que el Consejo
Superior elegiría a ese funcionario.
45. Acotó que las renuncias de los candidatos, señores César Augusto Galindo
Angulo, Juan Bautista Ochoa Maestre, Emiliano Piedrahita Porras y John Jairo Díaz
Carpio, alteraron el contexto del trámite y dieron lugar a la aplicación de los artículos 1°
del Acuerdo No. 009 del 28 de agosto de 2008 y 1° del Acuerdo No. 004 de 2010, que
autorizaban omitir la puesta en marcha de la consulta cuando existía un número igual o
menor a 5 aspirantes en ese tipo de procesos.
46. Añadió que, aunque en su elección se pretermitió de forma justificada la
realización de la consulta estamentaria, las demás actividades fijadas por el Acuerdo
No. 003 del 1° de febrero de 2022 habían sido cumplidas. De esta manera, enunció los
foros de los días 5 y 6 de abril de 2022, efectuados en las sedes de la Universidad
ubicadas en los municipios de Aguachica y Valledupar, en los que intervinieron los 5
candidatos que no dimitieron de su aspiración, mediante la exposición de sus
propuestas.
47. Asimismo, informó que, previo a su designación, el representante de los
estudiantes ante el Consejo Superior Universitario sometió el nombre de cada uno de
los aspirantes a la comunidad estudiantil y, en el marco de ese procedimiento, había
obtenido el 41% de los sufragios depositados por los alumnos17.
48. Por otro lado, aseveró que no era cierto que el Acuerdo No. 001 del 22 de marzo
de 2022 expedido por el Tribunal de Garantías Electorales careciera de fundamentos
para aplicar los supuestos normativos establecidos en el artículo 1° del Acuerdo No.
009 del 28 de agosto de 2008, que permitía omitir de la consulta.
49. En todo caso, destacó que el Acuerdo No. 001 no era el acto pasible de control
en esta oportunidad, ya que su elección se había declarado en el Acuerdo No. 008 del
8 de abril de 2022 del Consejo Superior Universitario, siendo un acto independiente al
emitido por el Tribunal de Garantías Electorales.
16
Mediante apoderado sustituto, Dr. Gustavo Enrique Cotes Calderón.
17
Sostuvo que en ese procedimiento habían participado 3.143 estudiantes. 8
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50. Concluyó sosteniendo que, de acuerdo con las normas vigentes en la
Universidad –Acuerdo No. 038 del 31 de julio de 2004–, el periodo del rector era
personal, ante la ausencia de una norma que consagrara lo contrario.
1.5.3. Tribunal de Garantías Electorales
51. El 1 de agosto de 2022, la presidente del Tribunal de Garantías Electorales de la
UPC contestó la demanda, rechazando la prosperidad de sus pretensiones.
52. En consonancia, indicó que, durante el procedimiento de elección del rector,
periodo 2022-2026, el Tribunal de Garantías Electorales desarrolló las actuaciones
para la realización de la consulta estamentaria, de la que debía resultar el nombre de
los 5 candidatos que serían posteriormente sometidos al escrutinio del Consejo
Superior.
53. Así, refirió que en sus sesiones del 7 y 18 de marzo de 2022 había ordenado la
elaboración del censo de votantes que participarían en la consulta programada para el
6 de abril siguiente.
54. Empero, manifestó que la consulta fue pretermitida, pues de los 9 aspirantes
inicialmente inscritos en el procedimiento, 4 presentaron renuncias a sus candidaturas,
situación que habilitó la aplicación del Acuerdo No. 004 del 16 de febrero de 2010, que
permitía no efectuar esa actuación democrática, cuando el número de candidatos
habilitados era igual o menor a 5.
1.5.4. Del impugnador, señor Holmes José Rodríguez Araque18
55. El señor Holmes José Rodríguez Araque pidió negar las súplicas de la demanda,
para lo cual insistió, en síntesis, que:
56. La no realización de la consulta estamentaria tuvo como causa eficiente la
ocurrencia de un hecho sobreviniente, a saber, la renuncia irrevocable de 4 de los 9
candidatos admitidos para intervenir en el procedimiento de elección del rector de la
UPC, periodo 2022-2026.
57. En este medio de control, no es posible que los demandantes soliciten la nulidad
de las designaciones acusadas sobre la ilegalidad de los actos previos que se expiden
en el marco de los procedimientos eleccionarios.
58. En ese sentido, el accionante de esta causa no puede deprecar la anulación del
acto de elección del rector de la UPC, periodo 2022-2026, con fundamento en las
irregularidades presuntamente acaecidas en los Acuerdos Nos. 001 y 005 del 2022,
expedidos, respectivamente, por el Tribunal de Garantías Electorales y el Consejo
Superior del establecimiento, en los que se fundó la decisión de omitir la realización de
la consulta estamentaria, originalmente establecida.
18
Su participación fue admitida en auto del 23 de junio de 2022. 9
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Demandante: Rafael Mendoza Méndez
59. El accionado cuenta con una importante hoja de vida que le permite cumplir a
cabalidad con el ejercicio del cargo para el cual fue elegido el 8 de abril de 2022.
1.6. Fijación del litigio y orden de sentencia anticipada
60. Con auto de 1 de septiembre de 2022, el Despacho sustanciador del proceso fijó
el litigio en los términos que se reproducen enseguida:
“Determinar si el acto de elección del señor Rober Trinidad Romero Ramírez como rector
de la Universidad Popular del Cesar, periodo 2022-2026, contenido en el Acuerdo No. 008
del 8 de abril de 2022, debe ser declarado nulo, por cuanto:
a. En el procedimiento para la designación del demandado no se adelantó la fase de la
consulta estamentaria regulada en el artículo 1 del Acuerdo No. 03819 del 31 de julio
de 2004, como se habría ordenado en la sentencia del 27 de octubre de 2021, rad.
11001-03-28-000-2020-00047-00 (ACUM.), proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, transgrediendo igualmente el derecho al debido proceso
administrativo, contenido en el artículo 29 constitucional.
b. El Tribunal de Garantías Electorales de la UPC no era la autoridad competente para
expedir el Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de 2022, a través del cual (I) aceptó las
renuncias de unos aspirantes al cargo; (II) definió la lista definitiva de candidatos para
ese empleo; y (III) modificó el calendario electoral del trámite censurado; interviniendo
de forma indebida en la órbita funcional del Consejo Superior de la UPC.
c. El Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de 2022 del Tribunal de Garantías Electorales de
la UPC incurrió en falta de motivación, al omitir expresar las justificaciones que
conllevaron pretermitir el estadio de la consulta estamentaria en el desarrollo del
proceso de designación del accionado como rector de la UPC, periodo 2022-2026.
d. El Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de 2022 del Tribunal de Garantías Electorales de
la UPC incurrió en falsa motivación, al soportar su decisión de omitir la realización de
la consulta estamentaria en una norma que no resultaba aplicable al caso concreto, a
la sazón el parágrafo único del artículo 1 del Acuerdo No. 004 del 2010.
e. El acto de elección del demandado desconoció las disposiciones del Acto Legislativo
No. 01 de 2003, pues el Consejo Superior Universitario lo designó para un periodo
personal, y no para finalizar el institucional (2019-2023) iniciado por la ex rectora,
Señora Darling Francisca Guevara Gómez –cuya elección fue declarada nula por la
Sección Quinta del Consejo de Estado20– a la manera como lo prescribía el referido
acto legislativo, ante la ausencia de una previsión normativa en la UPC que
reconociera expresamente el carácter personal a este periodo.”
61. Igualmente, en dicha providencia se ordenó dictar sentencia anticipada, al tenor
de lo dispuesto en el artículo 182 A de la Ley 1437 de 2011.
19
“Por medio del cual se deroga el Acuerdo No. 033 del 15 de junio de 2004, se reglamenta el proceso de designación rectoral y se
dictan otras disposiciones.”
20
Con sentencia del 27 de octubre de 2021, Rad. 11001-03-28-000-2020-00047-00 (ACUM.) 10
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Radicación: 11001-03-28-000-2022-00126-00
Demandante: Rafael Mendoza Méndez
1.7. Alegatos de conclusión
1.7.1. Demandante, Rafael Mendoza Méndez
62. El 27 de septiembre de 2022, el accionante descorrió el traslado para alegar. En
ese sentido, afirmó que:
63. Resultaría inconveniente para los intereses de la comunidad universitaria que el
fallo que fuera dictado por la Sección Quinta se limitara a reafirmar las premisas
expuestas en el auto del 23 de junio de 2021, por medio del cual esta Sala admitió la
presente demanda y negó la suspensión provisional de sus efectos, pues, además de
constituir prejuzgamiento, sería a su vez un “saludo a la bandera”, desprovisto de justicia.
64. En el plenario, quedó ciertamente refrendado que, mediante la expedición del
Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de 2022, el Tribunal de Garantías Electorales de la
UPC desconoció los mandatos y previsiones establecidos por el Consejo de Estado, en
su sentencia del 27 de octubre de 2021, en la que se ordenó ciertamente la realización
de la consulta estamentaria, como requisito para elegir al nuevo rector de la
Universidad.
65. La aceptación de las renuncias de 4 de los aspirantes conllevó retrotraer el
procedimiento a una etapa que ya había sido superada –inscripción–, y a la cual no
podía volverse, por cuanto la orden de esta Sala –en su providencia del 27 de octubre
de 2021– fue clara, en el sentido de prescribir que el trámite electoral para la
designación del rector podía ser retomado desde el estadio de la consulta, y no en
otras fases que no generaron la nulidad de la elección de la señora Darling Francisca
Guevara Gómez, rectora, periodo 2019-2023.
66. El carácter institucional del periodo del rector al interior de la UPC fue ratificado
por el concepto JURI 140 – 093 del 16 de febrero de 2022, elaborado por la Oficina
Jurídica de la UPC, en el que se asevera que, ante la inexistencia de una norma que
defina si este es personal o institucional, debe prevalecer la aplicación supletiva del
Acto Legislativo No. 01 de 2003, que prescribe que los periodos serán, por regla
general, institucionales.
67. En relación con los demás cuestionamientos, ratificó los argumentos expuestos
en la demanda.
1.7.2. Demandado, el impugnador, la UPC y el Tribunal de Garantías Electorales
68. En la oportunidad debida, defendieron la legalidad de la elección acusada,
aduciendo los argumentos propuestos en sus escritos de contestación de la demanda,
y resaltando que en el plenario no reposaban medios de convicción que desvirtuaran la
legalidad de la designación demandada, por lo que las súplicas del escrito inicial
debían ser denegadas.
11
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Demandante: Rafael Mendoza Méndez
1.8. Concepto del Ministerio Público
69. El 29 de septiembre de 2022, la procuradora séptima delegada ante el Consejo
de Estado rindió concepto con el que solicitó negar las súplicas de la demanda. Para
ello, explicó:
1.8.1. Frente al cargo de desacato de fallo judicial
70. La agente del Ministerio Público adujo que la no realización de la consulta
estamentaria fue fundada por el Consejo Superior Universitario –en el Acuerdo No. 005
del 25 de marzo de 2022– en 2 normas, a saber: el artículo 1 del Acuerdo No. 004 del
2010 y el artículo 1 del Acuerdo No. 009 de 2008.
71. Refirió que en lo que correspondía al primero de ellos21, no resultaba ser una
prescripción aplicable al trámite evaluado, por cuanto había sido una disposición
normativa confeccionada para la elección del rector de la UPC, periodo 2010-2014. En
ese sentido, resaltó que, para el momento de la designación del demandado, el artículo
1 del Acuerdo No. 004 del 2010 había perdido vigencia.
72. No obstante, señaló que, a la par, el Consejo Superior Universitario había
empleado el artículo 1 del Acuerdo No. 009 de 2008, que preveía en su literalidad:
“Cuando el tribunal de garantías electorales una vez se resuelvan todos los recursos y
declare habilitado a los aspirantes inscritos como candidatos a Rector de la Universidad
Popular del Cesar y el número total de estos sea igual o menor a cinco, no habrá lugar a
consulta y la lista que resulte se tendrá como la de designables al cargo de Rector que
hará el Consejo Superior.”
73. Afirmó que de la disposición transcrita podían desprenderse 2 interpretaciones:
Una, que ligaba la norma a una fase específica del trámite, a saber, la de
inscripción, de acuerdo con la cual la pretermisión de la consulta solo resultaba
aplicable, cuando, tras la habilitación de los candidatos registrados en la
contienda, se constataba, por parte del Tribunal de Garantías Electorales, que su
cifra era igual o menor a 5.
Una segunda, que permitía omitir la realización de la consulta a estadios ulteriores
a la inscripción de postulantes, luego de que las circunstancias imponían su
reducción a 5 aspirantes o menos, tal y como aconteció en el caso del
demandado, en el que la disminución de estos –producto de las renuncias–
acaeció con posterioridad a la etapa de inscripciones, pero previo a la puesta en
marcha de la consulta estamentaria.
74. Manifestó que este dilema interpretativo frente al artículo 1 del Acuerdo No. 009
de 2008 impedía declarar la nulidad de la designación, “…como quiera que la presunción
de legalidad del acto administrativo de elección prevista en el artículo 88 de la Ley 1437 de
21
Artículo 1 del Acuerdo 004 del 2010. 12
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Demandante: Rafael Mendoza Méndez
2011, implica que las causales de nulidad deban ser probadas fehacientemente…”, lo que no
se presenta cuando hay dilemas hermenéuticos, como el comentado en esta
oportunidad, ante la ausencia de certidumbre.
75. Sin embargo, advirtió que era necesario –para eventos futuros– que la Sección
Quinta erigiera sub-reglas para que las universidades oficiales y, en especial, la UPC,
establecieran con total certeza los momentos exactos en los que pueden aplicarse
excepciones a la consulta estamentaria.
1.8.2. Frente a los demás cargos
76. El Ministerio Público refirió que no se materializaba la incompetencia del Tribunal
de Garantías Electorales para la aceptación de renuncias, comoquiera que, de
conformidad con el artículo 72 del Estatuto General de la UPC –Acuerdo No. 001 de
1994–, este tipo de determinaciones se acompasaban con las importantes funciones
que en materia de democracia interna habían sido asignadas a ese órgano.
77. En tratándose de la naturaleza del periodo del rector, recordó que el Acuerdo No.
038 del 31 de julio de 2004 –reglamentario del procedimiento de elección de este
empleo– no consagraba que se tratare de uno institucional, razón por la que, ante la
ausencia de normatividad en este sentido, sostuvo que correspondía a un periodo
personal.
78. Indicó que la jurisprudencia de esta Sala de Sección22 había enseñado de
manera pacífica que, frente a los empleos diferentes a los de voto popular, la falta de
prescripción que señalara expresamente la institucionalidad de sus periodos debía ser
suplida considerando que éste era personal y, por ende, contabilizado desde la
posesión en el cargo.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
79. La Sala es competente para resolver en única instancia la demanda de nulidad
electoral propuesta contra el acto declarativo de la elección del señor Rober Trinidad
Romero Ramírez como rector de la UPC, periodo 2022-2026, de conformidad con los
postulados normativos descritos en el ordinal 4°23 del artículo 149 del C.P.A.C.A. y lo
previsto en el artículo 1324 del Acuerdo N°. 080 de 12 de marzo de 2019 –Reglamento
interno del Consejo de Estado–.
22
Trajo a colación la sentencia dictada en el proceso con radicado 11001-03-28-000-2012-00012-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
23
“El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas
especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…)
4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras y sus comisiones, la Corte
Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la junta directiva o consejo directivo de los entes
autónomos del orden nacional y las comisiones de regulación”
24
“Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus
secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…) Sección Quinta (…) 3. Los procesos
electorales relacionados con elecciones o nombramientos.” 13
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2.2. Acto acusado
80. Se trata del Acuerdo No. 008 del 8 de abril de 2022, expedido por el Consejo
Superior Universitario, que declaró la elección del demandado como rector de la UPC,
periodo 2022-2026.
2.3. Problemas jurídicos
81. La Sección Quinta del Consejo de Estado resolverá los cuestionamientos
jurídicos plasmados en el ordinal 1.6 de esta providencia, anticipando que las súplicas
de la demanda serán negadas.
82. Para ello, se abordará, en primer lugar, una breve descripción del procedimiento
eleccionario del rector al interior de la UPC para, seguidamente, emprender el estudio
del caso concreto.
2.3.1. Procedimiento de elección del rector de la UPC
83. El curso para la designación del rector de la UPC está señalado en el Acuerdo
No. 03825 del 31 de julio de 2004 del Consejo Superior –y sus modificaciones– del que
se deriva la existencia de las siguientes fases:
a. Fase de convocatoria: En la que el rector del establecimiento, por decisión del
Consejo Superior de la UPC, dicta el acto administrativo, a través del cual se
informa a los interesados de la apertura del trámite y se fija el calendario de la
elección.
b. Fase de inscripción: Desarrollada ante la Secretaría General de la UPC26, que es
la autoridad encargada de recibir las postulaciones de los aspirantes al cargo. En
la inscripción, los candidatos, además de sus hojas de vida y anexos, allegarán
sus propuestas programáticas, como bitácoras que, de ser elegidos, deberán
orientar sus actuaciones administrativas.
c. Fase de verificación de requisitos: Concluida la etapa de reclutamiento, la
Secretaría General remitirá la lista de aspirantes al Tribunal de Garantías
Electorales de la UPC, con el propósito de que corrobore el cumplimiento por parte
de éstos de las exigencias para acceder al empleo27.
En este este estadio, el Tribunal resolverá los recursos formulados por los
postulantes a la evaluación documental efectuada, estableciendo una lista
definitiva de aspirantes admitidos.
d. Fase de consulta estamentaria: El nombre de los candidatos admitidos será
sometido al escrutinio de la comunidad universitaria –conformada por los
25
“Por medio del cual se deroga el Acuerdo 033 del 15 de junio de 2004, se reglamenta el proceso de designación rectoral y se
dictan otras disposiciones.” El carácter regulatorio de este acuerdo respecto de la elección del rector de la UPC fue igualmente
reconocido en la sentencia del 27 de octubre de 2021, dictada por la Sección Quinta, bajo el radicado No. 11001-03-28-000-2020-
00047-00 (ACUM.) que ha sido aducida por las partes en el presente proceso.
26
Artículo 3 del Acuerdo No. 038 del 31 de julio de 2004.
27
Artículo 8 del Acuerdo No. 038 del 31 de julio de 2004. 14
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estudiantes, docentes y egresados de la UPC– y sus resultados determinarán la
constitución de la lista de los 5 aspirantes, de la que el Consejo Superior
Universitario designará al rector28.
e. Fase de elección: Con la composición de la lista de 5 candidatos, el Consejo
Superior Universitario emprende la etapa de escogencia. El aspirante elegido será
aquel que obtenga la mayoría absoluta de los votos de los integrantes del referido
consejo, a saber, de sus 9 miembros29.
84. Por último, esta Judicatura asevera que, de conformidad con el artículo 1 del
Acuerdo No. 009 de 2008 –reglamentario del proceso–, la consulta estamentaria podrá
ser pretermitida cuando el Tribunal de Garantías Electorales observe que los
candidatos habilitados para participar en el procedimiento resultan ser 5 o menos de
este número, así:
“Cuando el Tribunal de Garantías Electorales una vez se resuelvan todos los recursos
y declare habilitado a los aspirantes inscritos como candidatos a Rector de la
Universidad Popular del Cesar y el número total de estos sea igual o menor a cinco, no
habrá lugar a consulta y la lista que resulte se tendrá como la de designables al cargo
de Rector que hará el Consejo Superior.”
85. Descrito sucintamente el trámite, la Sala asume el estudio del caso concreto.
2.3.2. Caso concreto
86. Como quedó sentado en los antecedentes de este proveído, 5 son los
interrogantes jurídicos que subyacen a la demanda incoada por el señor Rafael
Mendoza Méndez contra el acto declarativo de la elección del señor Rober Trinidad
Romero Ramírez, como rector de la UPC, periodo 2022-2026.
87. Bajo ese contexto, la Sección efectuará su estudio de manera independiente,
como sigue:
2.3.2.1. Omisión de la fase de consulta estamentaria en el procedimiento de
elección del acusado30
88. El demandante manifiesta que la consulta estamentaria en el proceso de
designación del rector de la UPC es uno de sus estadios trascendentales, de cuya
puesta en marcha pende la composición de la lista de 5 aspirantes, necesaria para la
elección en el empleo.
89. Indica que su importancia fue incluso resaltada por la Sección Quinta, en
sentencia del 27 de octubre de 2021, rad. 11001-03-28-000-2020-00047-00 (ACUM.),
mediante la cual la Sala electoral anuló la designación de la señora Darling Francisca
Guevara Gómez, como rectora de la UPC, periodo 2019-2023, por su no realización.
28
Artículos 1, 6 y 7 del Acuerdo No. 038 del 31 de julio de 2004.
29
Artículos 1 y 5 del Acuerdo No. 038 del 31 de julio de 2004.
30
El título corresponde a la tesis defendida por el demandante en su escrito inicial. 15
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90. En ese orden, el accionante refiere que, como consecuencia de esa nulidad, el
Consejo de Estado ordenó a la UPC retomar el procedimiento eleccionario en el que
había sido elegida la señora Guevara Gómez, pero, esta vez, con la incorporación y el
desarrollo de la consulta estamentaria, como presupuesto de validez del trámite.
91. Sostiene que, aunque en primera medida esta prescripción fue tenida en cuenta
por el Consejo Superior de la Universidad –lo que llevó a la expedición del Acuerdo No.
003 del 1 de febrero de 2022–, la designación del demandado terminó por efectuarse
sin su desarrollo, incurriendo en desacato de la decisión de esta Corporación y, por
consiguiente, también en la transgresión del artículo 29 constitucional y 131 del Acuerdo
No. 038 del 2004, que rige las formas propias de ese trámite.
92. Bajo ese contexto, y respecto de los argumentos esgrimidos por la parte actora,
esta Judicatura destaca que en el expediente se encuentra debidamente acreditado
que:
El 27 de octubre de 2021, esta Sala especializada anuló la elección de la señora
Darling Francisca Guevara Gómez32, como rectora de la UPC, periodo 2019-2023;
quien había sido designada en el marco del procedimiento iniciado el 7 de febrero
de 2019, a través de la expedición por parte del Consejo Superior del Acuerdo No.
001, con el que se aprobó el calendario para esa designación.
Dentro de las consideraciones empleadas por la Sección Quinta en el fallo de
nulidad se resaltan:
–La pretermisión del estadio de la consulta estamentaria, como método de
selección de la lista de 5 candidatos de la que debía resultar elegido el
representante legal de la institución, materializándose de esa manera el vicio de
expedición irregular.
–La modificación en el camino de las reglas de la convocatoria, al introducir el
sistema del voto virtual, que alteraba el carácter presencial del sufragio,
inicialmente fijado para el desarrollo de la consulta.
–El trámite indebido de las solicitudes de recusación planteadas contra los
miembros del Consejo Superior Universitario –quienes las decidieron
directamente–, obviando el procedimiento erigido en el artículo 12 33 de la Ley
1437 de 2011, que ordenaba remitirlas a la Procuraduría General de la Nación,
con la consecuente suspensión del proceso.
El 25 de noviembre de 2021, la Sección Quinta negó la petición de adición elevada
por la UPC respecto de la sentencia del 27 de octubre de ese año, con la que el
ente universitario deprecó al juez electoral plasmar en su providencia los efectos
31
“El Rector de la Universidad será designado por el Consejo Superior Universitario, para un periodo de cuatro (4) años, de la lista
integrada mediante consulta estamentaria.”
32
Rad. 11001-03-28-000-2020-00047-00 (ACUM.)
33
Trámite de los impedimentos y recusaciones. 16
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de la nulidad decretada contra la designación de la señora Guevara Gómez de
cara a la prosperidad del motivo de expedición irregular.
En términos simples, la UPC buscó suplir el presunto vacío existente en el fallo de
anulación, en aras de conocer si podía retomar el procedimiento eleccionario del
rector –comenzado en febrero de 2019– con la realización de la consulta
estamentaria faltante o, si, por el contrario, debía arrancar un nuevo trámite desde
la fase de inscripción.
Para fundamentar la negativa de esta solicitud, la Sala expresó en esa
oportunidad que la providencia del 27 de octubre de 2021 no había omitido tratar
aspectos propios de la Litis, que hiciera procedente su complementación.
Igualmente, manifestó que, en cuanto a las consecuencias de las sentencias de
nulidad por causales genéricas34, éstas estaban definidas en la jurisprudencia, sin
que se tratara “…de un punto que necesariamente debiera quedar consignado en la
providencia ni mucho menos que pueda afectar su ejecutoria o validez.”
De esta manera, recordó que, en fallo de unificación del 26 de mayo de 2016 35, la
Sección había explicado que, frente a la cristalización de la expedición irregular,
las autoridades electorales disponían de 2 opciones: (I) retomar el procedimiento
desarrollado “…justo en el momento antes de que se presentó la irregularidad, bajo el
entendido de que se sabe con certeza que parte de la actuación no estuvo viciada”; (II)
empezar un nuevo proceso, respetando los derechos adquiridos.
El 1 de febrero de 2022, en sesión extraordinaria del Consejo Superior de la UPC,
la mencionada autoridad discutió las 2 posibilidades concebidas por la
jurisprudencia de la Sala en relación con la materialización del motivo de ilegalidad
de expedición irregular.
Con una votación de 5 votos a favor, los miembros del Consejo Superior
Universitario decidieron reanudar el procedimiento eleccionario de 2019 –iniciado
con el Acuerdo No. 001 del 7 de febrero ese año–, agregando la obligación de
poner en marcha la consulta estamentaria, como fase omitida que había llevado a
la declaratoria de nulidad de la elección de la señora Darling Francisca Guevara
Gómez.
En el acta de la fecha, puede leerse: “…secretario, se someten a consideración las
dos propuestas dadas y aprobadas por cada uno de los consejeros, las cuales son las
siguientes: 1. Realizar una nueva convocatoria con un nuevo calendario a partir de cero.
2. Retomar la convocatoria en la instancia de consulta con los candidatos ya inscritos (…)
deja constancia de que la votación quedo de la siguiente manera: Propuesta N° 1: 2
votos; Propuesta N° 2: 5 votos.”
34
V. gr., Expedición irregular.
35
Rad. 11001-03-28-000-2015-00029-00. 17
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En ese sentido, y como resultado de los debates, ese mismo día –1 de febrero de
2022–, el Consejo Superior expidió el Acuerdo No. 003, “por el cual se da
cumplimiento a una sentencia judicial, se ajusta y aprueba el calendario electoral para la
designación del rector de la Universidad Popular del Cesar para el periodo
correspondiente 2022-2026”.
En su artículo 2, el acto administrativo36 comentado expresó: “Ajustar el calendario
electoral previsto en el Acuerdo 001 de 7 de febrero de 2019 para el proceso de
consulta estamentaria para escoger la lista de designables en virtud del artículo 1º del
Acuerdo 009 del 28 de agosto del 2008, para la designación de Rector de la Universidad
Popular del Cesar para el periodo correspondiente 2022-2026, el cual quedará así…”.
(Negrilla fuera de texto)
Así las cosas, la retoma del procedimiento implicó continuarlo con los 9
candidatos37 que habían sido habilitados desde el 2019 por el Tribunal de
Garantías Electorales38, introduciendo como primicia una fecha para la realización
de la consulta estamentaria, a saber, el 6 de abril de 2022, cuyo desarrollo serviría
como sustrato para la elaboración de la lista de 5 aspirantes, de la cual el Consejo
Superior Universitario elegiría al rector, en sesión que debía, en principio,
efectuarse el 18 de abril de 2022.
En este punto, la Sala recalca que el Acuerdo No. 003 del 1 de febrero de 2022
plasmó también en su artículo 2 una regla del siguiente tenor:
“Cuando el número de aspirantes inscritos y declarados por el Tribunal de Garantías
como candidatos a ser elegidos Rector de la Universidad Popular del Cesar, quedare
igual o menor a cinco (5) no habrá lugar a sesión ampliada, foro y a la consulta
estamentaria. En este caso el CSU procederá a designar Rector en la fecha prevista
en este calendario.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
Lejos de tratarse de una novedad en los parámetros del trámite, esta Judicatura
subraya que el precepto reproducido había sido originalmente acogido en el
Acuerdo No. 001 del 7 de febrero de 2019, en cuyo artículo 2 se consagró:
“Cuando el número de aspirantes inscritos y declarados por el Tribunal de Garantías
como candidatos a ser elegidos Rector de la Universidad Popular del Cesar, quedare
igual o menor a cinco (5) no habrá lugar a sesión ampliada, foro y a la consulta
estamentaria. En este caso el CSU procederá a designar Rector en la fecha prevista
en este calendario.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
Entre el 18 y el 22 de marzo de 2022, los señores Jhon Jairo Díaz Carpio, Cesar
Augusto Galindo Angulo, Emiliano Piedrahita Porras y Juan Bautista Ochoa
Maestre, candidatos inscritos en el trámite eleccionario, renunciaron, por motivos
personales, a su aspiración al empleo.
36
Acuerdo No. 012 del 22 de noviembre de 2019.
37
Señores Carmen Alicia Rivera Medina, Julio César Vega Suárez, Darling Francisca Guevara Gómez, Rober Trinidad Romero
Ramírez, Luis Alberto Caballero Freyte, César Augusto Galindo Angulo, Juan Bautista Ochoa Maestre, Emiliano Piedrahita Porras y
Jhon Jairo Díaz Carpio.
38
Acuerdo No. 005 del 23 de mayo de 2019. 18
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Demandante: Rafael Mendoza Méndez
Por consiguiente, de 9 postulados, el proceso eleccionario reanudado pasó a tener
tan solo 5, así: los señores Carmen Alicia Rivera Medina, Julio César Vega
Suárez, Darling Francisca Guevara Gómez, Rober Trinidad Romero Ramírez –
demandado– y Luis Alberto Caballero Freyte.
Producto de esta circunstancia, el 22 de marzo de 2022, el Tribunal de Garantías
Electorales profirió el Acuerdo No. 001, con el que aceptó las renuncias radicadas
por los aspirantes referidos y conformó una lista definitiva con los restantes.
El 25 de marzo siguiente, el Consejo Superior dictó el Acuerdo No. 005, por medio
del cual “…se ajusta el calendario electoral para la designación del rector de la
Universidad Popular del Cesar, para el periodo correspondiente 2022-2026.”
En dicho acto administrativo, el Consejo Superior manifestó que, como
consecuencia de las renuncias presentadas por algunos candidatos al cargo de
rector, la lista de aspirantes se había reducido de 9 a 5, motivando la aplicación de
los artículos 1 del Acuerdo No. 009 de 2008 y 1 del Acuerdo No. 004 de 2010, que
lo facultaban a elegir directamente al rector, sin adelantar la consulta estamentaria
originariamente establecida.
En consonancia, el Acuerdo No. 005 del 25 de marzo de 2022 señaló:
“Que el parágrafo del artículo 1 del Acuerdo 009 de 2008, establece que “Cuando el
Tribunal de Garantías Electorales una vez se resuelvan todos los recursos y declare
habilitados a los aspirantes inscritos como candidatos a Rector de la Universidad
Popular del Cesar y el número total de estos sea igual o menor a cinco, no habrá lugar
a consulta y la lista que resulte se tendrá como la de designables al cargo de Rector
que hará el Consejo Superior.
Que el parágrafo del artículo 1° del Acuerdo N° 004 de 2010 establece que “Cuando
por falta absoluta, renuncia o decisión judicial, el número de aspirantes inscritos y
declarados por el tribunal de garantías como candidatos a ser elegidos rector de
la Universidad Popular del Cesar, quedare igual o menor a cinco (5) no habrá
lugar a sesión ampliada, foro y a la consulta estamentaria. En este caso el Consejo
Superior podrá designar en cualquier momento una vez conocida la eventualidad.
Que se hace necesario modificar el calendario electoral, teniendo en cuenta el acto
administrativo emanado del Tribunal de Garantías Electorales, Acuerdo N° 001 del 22
de marzo de 2022, en el cual fue definida la nueva lista de candidatos designables al
cargo de Rector de la UPC, y en consecuencia se suprimirán las siguientes
actividades: i) sesión ampliada; ii) el foro y, iii) la consulta estamentaria; numeradas en
el calendario primigenio, del 13 a la 19 previstas en el Acuerdo N° 003 del 1 de febrero
de 2022.” (Negrillas y subrayas propias)
En ese orden, el Consejo Superior alteró el calendario electoral erigido
primigeniamente en el Acuerdo No. 003 del 1 de febrero de 2022 –mediante la
eliminación de la fase de consulta– y fijó una nueva fecha de elección para el 8 de
abril de 2022.
19
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Demandante: Rafael Mendoza Méndez
Llegado ese día –8 de abril de 2022–, el Consejo Superior eligió al señor Rober
Trinidad Romero Ramírez rector de la UPC, periodo 2022-2026, quien tomó
posesión del cargo el 26 de abril siguiente.
93. La descripción fáctica y probatoria efectuada hasta este punto, permite a la
Sección Quinta del Consejo de Estado esbozar las siguientes consideraciones para
negar valor al cuestionamiento elevado por el demandante, así:
94. La Sala corrobora que, como lo ha alegado el demandante durante el desarrollo
de este proceso, la elección del señor Romero Ramírez como rector de la UPC, periodo
2022-2026-, no estuvo precedida de consulta estamentaria, a la manera como lo
prescribía –y prescribe– el artículo 1 del Acuerdo No. 038 del 31 de julio de 2004,
regulatorio de esa actuación.
95. En efecto, los medios de convicción aportados al expediente son indicativos de
que, tras la renuncia de 4 de los 9 candidatos al empleo, el Consejo Superior
Universitario alteró el cronograma de la elección, suprimiendo, entre otras actividades,
la consulta estamentaria, de la que, en principio, debía resultar el nombre de los 5
aspirantes que serían sometidos al escrutinio de esa autoridad.
96. No obstante, para esta Judicatura, la pretermisión de esta fase no comporta un
vicio de ilegalidad de la elección censurada, con base en 2 argumentos expresados,
así:
1. La decisión del Consejo Superior de omitir esta etapa dispuso de
fundamentos normativos que habilitaban la ausencia que hoy es reprochada
por el accionante.
Al respecto, esta Judicatura señala la existencia de 2 de ellos, a saber:
a. El artículo 1 del Acuerdo No. 00939 del 28 de agosto de 2008, cuya literalidad
expone:
“Cuando el Tribunal de Garantías Electorales una vez se resuelvan todos los recursos
y declare habilitados a los aspirantes inscritos como candidatos a Rector de la
Universidad Popular del Cesar y el número total de estos sea igual o menor a cinco, no
habrá lugar a consulta y la lista que resulte se tendrá como la de designables al cargo
de Rector que hará el Consejo Superior.”
Ahora bien, y aunque la aplicación de este precepto no fue objetada por la parte
actora en su escrito de demanda y actuaciones posteriores, las consideraciones
propuestas por el Ministerio Público al rendir su concepto, llevan a detenerse en
su alcance normativo y, por consiguiente, en la posibilidad que tenía el Consejo
Superior Universitario para emplear su preceptiva.
39
“Por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 1º del acuerdo 039 del 31 de julio de 2004 y se modifica el artículo 2º del
acuerdo 039 del 31 de julio de 2004 y se dictan otras disposiciones” 20
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Demandante: Rafael Mendoza Méndez
De esta manera, se recuerda que las disposiciones erigidas en el Acuerdo No. 009
de 2008 constituyeron uno de los fundamentos normativos empleados por las
autoridades de la Universidad para soportar su decisión de omitir la realización de
la consulta estamentaria y, en ese orden, se constituye en uno de los pilares que
deben ser examinados por esta Sección para establecer si la pretermisión
mencionada contó con sustentos jurídicos en el sub judice.
Es decir, el examen de esta Sala especializada en asuntos electorales no puede
detenerse de manera exclusiva en la literalidad del Acuerdo No. 003 del 1 de
febrero de 2022 –regulatorio de la convocatoria que reemprendió el proceso– que
contempló la posibilidad de omisión de la consulta en su artículo 2, pues del
expediente se deriva igualmente que esta determinación estuvo sujeta a las
prescripciones del artículo 1 del Acuerdo No. 009 de 2008 que, como se vio, es
cuestionada por la Procuraduría en su concepto, siendo necesario un
pronunciamiento en ese orden con el propósito de garantizar el principio de
congruencia que rige también el contencioso–electoral.
En efecto, para la Procuraduría, el artículo 1 del Acuerdo No. 009 de 2008 no
ofrece un único entendimiento, pues su examen deriva la existencia de 2
interpretaciones contrapuestas que, tenidas en cuenta en el caso concreto,
arrojarían soluciones diversas en punto de la juridicidad del acto demandado.
Por un lado, se resalta la existencia de una tesis que la Sala denominará
restrictiva, caracterizada por la aplicación de esta disposición a un estadio definido
del procedimiento eleccionario, a saber, el de la inscripción de los postulantes.
A la luz de esta visión, la no realización de la consulta solo resultaría válida en los
eventos, en los que, resueltos los recursos formulados por los aspirantes al cargo
contra las evaluaciones de requisitos ejecutadas por el Tribunal de Garantías
Electorales, dicha autoridad percibe que la lista de candidatos admitidos es igual o
menor a 5.
Así, bajo esta perspectiva, la reducción sobreviniente de aspirantes –superada
esta fase– no podría conllevar la ausencia de consulta, pues, para el momento de
la definición de la lista original de candidatos, su número excedía los 5.
Por otro, se destaca la pervivencia de una tesis amplia de acuerdo con la cual, el
artículo 1 del Acuerdo No. 009 de 2008 incluye también las situaciones en las que,
rebasada la etapa de inscripción, la disminución de postulantes avalados se
produce con posterioridad a ella y hasta antes que pueda llegarse la fecha
establecida para la realización de la consulta estamentaria.
En otros términos, la ausencia de consulta podría ocurrir si entre la determinación
de los candidatos habilitados por el Tribunal de Garantías y el día de consulta se
21
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materializan acontecimientos que no hagan necesario su desarrollo, al contarse ya
con una lista de 5 aspirantes o menos, no siendo indispensable la depuración de
inscritos que se pretende con ella.
Bajo este dilema –que para esta Judicatura resulta ser tan solo aparente–, la
Sección Quinta del Consejo de Estado se decanta por darle valía a la segunda
de estas visiones –la tesis amplia–, al amparo de los siguientes criterios:
–Criterio histórico: Centrado en analizar los antecedentes normativos del
Acuerdo No. 009 de 2008 y, de esta manera, a entender sus motivaciones en el
marco de la normatividad interna de la UPC.
En la actualidad y, como ha sido indicado, el trámite de elección del rector de la
institución se encuentra compendiado, en su gran mayoría, en el Acuerdo No. 038
del 31 de julio de 2004 del Consejo Superior, cuerpo normativo que derogó el
anterior estatuto eleccionario en la materia, erigido en el Acuerdo No. 033 40 del 15
de junio de esa misma anualidad.
En su artículo 1, el mencionado Acuerdo No. 033, disponía: “El rector de la
Universidad será designado por el Consejo Superior Universitario (…) de la lista integrada
mediante consulta popular a los estamentos universitarios.”
Por su parte, el artículo 3 de ese mismo cuerpo41 consagraba que la consulta
serviría para integrar una lista de 5 aspirantes, constituida por los candidatos que
obtuvieran las mayores votaciones en el certamen.
En su parágrafo 1, el artículo 3 del Acuerdo No. 033 prescribía: “En caso de
presentarse un número menor a cinco (5) candidatos, estos se someterán a consulta de
los estamentos y el Consejo Superior Universitario se pronunciará sobre la totalidad de
candidatos.” (Subraya fuera de texto)
Nótese que en vigencia del Acuerdo No. 033 la consulta estamentaria era una
etapa que no disponía de excepción alguna, pues debía ser puesta en marcha
incluso en aquellos eventos en los que el procedimiento contaba con menos de 5
aspirantes, sin posibilidad de omitirla.
No obstante, el Acuerdo No. 033 de 2004 fue derogado por el Acuerdo No. 038 de
ese año que, en su versión original, no estableció disposición alguna respecto a lo
que sucedería si en el proceso de designación del rector los candidatos habilitados
para intervenir eran 5 o menos.
El cambio de paradigma –en este punto– estuvo marcado por la aparición del
Acuerdo No. 009 de 2008 que introdujo modificaciones al régimen interno de la
40
“Por medio del cual se fijan los requisitos y el procedimiento para la designación del rector de la Universidad Popular del Cesar, y
se dictan otras disposiciones.”
41
Acuerdo No. 033 de 2004. 22
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selección del rector, dentro de las cuales se destaca aquella que propendió por la
no realización de la consulta estamentaria para los casos, en los que los
aspirantes al cargo no alcanzaban una cifra superior a 5.
De esta manera, se observa que, al amparo de este régimen naciente, la consulta
estamentaria –además de su valor democrático– pasó a tener una finalidad
depuradora de los postulantes intervinientes, buscando reducir siempre su número
a 5 y, por consiguiente, facilitando la tarea de escogencia atribuida al Consejo
Superior de la Universidad.
Así, la consulta se encontró innecesaria cuando la contienda para la escogencia
del rector debía adelantarse, total o parcialmente, con una cifra mínima de
candidatos, por lo que su “filtro” no era indispensable.
Desde esta perspectiva histórica, la Sala concluye que la finalidad del artículo 1
del Acuerdo No. 009 de 2008 fue siempre la de utilizar la consulta solo en los
eventos en los que durante el proceso se contara con una cifra de aspirantes que
excediera los 5, pero no para las situaciones en que este dígito no era superado;
sin importar que la reducción de aspirantes tuviera ocasión con posterioridad a la
fase de elaboración de la lista de inscritos por parte del Tribunal de Garantías
Electorales, pero antes de la fecha de la consulta.
Una interpretación diferente –como la que propone en una de sus aristas el
Ministerio Público– conllevaría revivir los preceptos contenidos en el Acuerdo No.
033 de 2004 –en el que la consulta se desarrollaba incluso con menos de 5
candidatos– que, como se ha dicho, fueron expresamente derogados por el
Acuerdo No. 038 de esa anualidad, desconociéndose por contera la autonomía
reconocida por la Carta Política de 199142 a la UPC.
–Criterio material: A la luz de este enfoque, la tesis de interpretación amplia del
artículo 1 del Acuerdo No. 009 de 2008 se superpone a la restrictiva, al admitir que
la disminución de los aspirantes habilitados para participar en el proceso de
designación del rector de la UPC, puede acaecer en fases siguientes a la de la
estructuración de la lista de postulantes que han superado el examen de requisitos
para acceder al empleo.
Ello, por cuanto, se trata de una tesis que se adecúa en mejor medida a la realidad
de los procesos democráticos que se desarrollan al interior de la UPC, en los que
la reducción de los aspirantes a un número menor o igual a 5 puede tener causas
sobrevinientes –por citar ejemplos, la muerte, las incapacidades físicas
permanentes, renuncias o dimisiones de candidaturas–, que hacen inane la
realización de la consulta.
42
Artículo 69 de la Constitución Política. 23
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En términos sencillos, la tesis amplia dota de “realismo” el proceso de selección
del rector y se acompasa con la función depuradora de la consulta que, solo podrá
ser activada en los eventos en los que los postulantes habilitados desborden los 5.
–Criterio constitucional: Finalmente, la Sala desea expresar que la postura
defendida en esta oportunidad no pretende restarle valor democrático a la
consulta, sino tan solo acreditar que, junto a este, dicha fase dispone también de
una naturaleza instrumental al interior de la normatividad interna de la UPC.
Se sabe que, por mandato del artículo 2 de la Constitución de 1991, una de las
finalidades del Estado es la de “…facilitar la participación de todos en las decisiones
que los afectan…”, mediante la concepción de métodos como el de las consultas
estamentarias en decisiones trascendentales como la designación del rector de un
establecimiento público universitario.
No obstante, también se conoce que dicha participación puede ser alcanzada a
través de mecanismos de democracia representativa, en el que la intervención de
los integrantes de la comunidad se manifiesta a través de los dignatarios
elegidos43.
Bajo este contexto, esta Judicatura expresa que, en los casos en los que las
consultas son pretermitidas al interior de los procedimientos de elección del rector
de la UPC, la voluntad de los diversos estamentos que componen el
establecimiento público oficial se expresa mediante el voto que es acordado a sus
representantes en el seno del Consejo Superior, como autoridad nominadora de
ese funcionario.
Es decir, la ausencia de consulta en estas precisas ocasiones –casos en los
cuales los candidatos habilitados para participar en el proceso– no supone, en
principio, una aminoración en la salvaguarda del principio democrático acogido por
el Texto Superior, que estará asegurado por su intervención indirecta mediante
sus representantes en el Consejo Superior, conformado por dignatarios que
actúan en nombre de las directivas académicas, de los profesores, de los
estudiantes, de los egresados, así como de los ex–rectores.
Precisado el alcance interpretativo del artículo 1 del Acuerdo N. 009 de 2008 –que
no se limita a una etapa específica del procedimiento, sino a la extensión que
comprende los estadios de inscripción y hasta la realización de la consulta
estamentaria–, la Sección Quinta del Consejo de Estado encuentra que, antes del
6 de abril de 2022 –día erigido para la realización de la consulta–, 4 de los 9
integrantes de la lista definitiva de candidatos al empleo de rector presentaron
renuncias irrevocables, permitiendo al Consejo Superior prescindir de ese estadio,
43
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2015-00016-00. M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia del 13 de octubre de 2016. 24
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hoy echado de menos por el demandante, bajo supuestos fácticos y jurídicos
válidos.
En ese orden, la Sección desestima la solicitud formulada por la agente del
Ministerio Público, en el sentido de fijar sub-reglas para que la UPC prescriba con
total certeza los momentos exactos en los que pueden aplicarse excepciones a la
consulta estamentaria, pues, para el caso de la UPC, este aspecto no se
encuentra sometido a dudas interpretativas, como pretende sostenerlo la
Procuraduría.
Pero no se trata del único fundamento que lleva a esta Sala a admitir la legalidad
de la elección demandada, pues, además del Acuerdo No. 009 de 2008, como se
demostró durante la descripción del procedimiento, el cronograma adoptado por el
Consejo Superior de la UPC para retomar el proceso de designación debutado en
el año 2019 también introdujo una norma habilitadora para omitir la fase de
consulta, cuando en su desarrollo los candidatos se redujeran a 5 o menos.
b. El artículo 2 del Acuerdo No. 003 del 1 de febrero de 2022
Tras la declaratoria de nulidad de la elección de la señora Darling Francisca
Guevara Gómez, el Consejo Superior Universitario decidió reemprender el
procedimiento de elección del rector, iniciado el 7 de febrero de 2019 con la
expedición del Acuerdo No. 001.
Para la retoma, se expidió el Acuerdo No. 003 del 1 de febrero de 2022, que
consagró: “Cuando el número de aspirantes inscritos y declarados por el Tribunal de
Garantías como candidatos a ser elegidos Rector de la Universidad Popular del Cesar,
quedare igual o menor a cinco (5) no habrá lugar a sesión ampliada, foro y a la
consulta estamentaria. En este caso el CSU procederá a designar Rector en la fecha
prevista en este calendario.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
Se trató de la reproducción de los términos erigidos en el Acuerdo No. 001 de
2019 que, como se constata y, en armonía con la tesis de interpretación defendida
respecto del Acuerdo No. 009 de 2008, previó, sin circunscribir a una etapa
precisa en el procedimiento –eso sí, ante de la realización de la consulta– la regla
según la cual, cuando los aspirantes declarados por el Tribunal de Garantías
Electorales “quedare igual o menor a 5” no habrá lugar a sesión ampliada, foro y a la
consulta estamentaria.
Es decir, la norma comentada fue uno de los parámetros a los que siempre
estuvieron sometidos los participantes, desde el inicio mismo del proceso, sin que
respecto de ella se hubieren formulado reparos de ilegalidad.
De esta manera, la Sección observa que la reducción de los aspirantes –de 9 a 5–
en el marco del procedimiento censurado, habilitaba al Consejo Superior
Universitario a elegir al demandado de la lista que resultaba, sin necesidad de
25
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recurrir a la consulta, depuradora del trámite cuando los participantes en la
contienda superan esta cifra.
Ahora bien, esta Judicatura sostiene que, como lo afirmó la Procuraduría, las
disposiciones del Acuerdo No. 0444 de 2010 –utilizadas para soportar la decisión
objetada– no podían ser empeladas por el Consejo Superior Universitario, por
tratarse de una normativa que fue expedida para la elección del rector, periodo
2010-2014, no estando vigentes para el momento en que fueron plasmadas en el
Acuerdo No. 005 del 25 de marzo de 2022.
Sin embargo, la no realización de la consulta estamentaria en el sub judice tuvo
como sustento, otras normas universitarias vigentes, así como el propio cuerpo del
cronograma eleccionario adoptado por el Consejo Superior de la UPC –y
contenido en el Acuerdo No. 003 de 2022–, luego de su determinación de retomar
el procedimiento iniciado en el año 2019, obstruido por la declaratoria de nulidad
de la elección como rectora de la señora Guevara Gómez, periodo 2019-2023; lo
que impide declarar la nulidad de la actuación.
2. La sentencia del 27 de octubre de 2021 no examinó la situación fáctica
propuesta en esta oportunidad
Por último, es preciso aclarar que, aunque en la sentencia45 del 27 de octubre de
2021, la Sección Quinta del Consejo de Estado analizó la importancia de la
consulta estamentaria en el marco del trámite de escogencia del rector de la UPC,
lo cierto es que la situación vivida en el año 2022 –y que da origen a este proceso
judicial– no fue examinada por la Sala electoral, por cuanto allí nunca se hizo
referencia a la omisión de esta fase por la reducción de los aspirantes inicialmente
admitidos al procedimiento.
De esta manera, no podría sostenerse –como busca hacerlo el accionante– que la
actuación objetada en esta oportunidad desconoció la “ratio decidendi” de ese fallo,
incurriendo en su “desacato”, toda vez que, se itera, el contexto fáctico se separa
en uno y otro proceso.
97. A modo de conclusión, esta Judicatura encuentra que no existe vulneración del
artículo 29 constitucional y 1 del Acuerdo No. 038 del 31 de julio de 2004 –norma
interna de la UPC–, comoquiera que la ausencia del desarrollo de una consulta
estamentaria en el trámite eleccionario del accionado se encuentra debidamente
justificada en las renuncias de algunos de los candidatos habilitados en el trámite, lo
que facultó omitir ese estadio del proceso, a la luz del cronograma adoptado en el
Acuerdo No. 003 del 1 de febrero de 2022 y el artículo 1 del Acuerdo No. 009 de 2008.
44
“Por el cual se modifica el artículo 3 del Acuerdo No. 031 A del 11 de diciembre de 2009, por el cual se reinicia el proceso de
consulta y/o designación del rector de la Universidad Popular del Cesar, periodo 2010-2014, y se fija el respectivo calendario para
las etapas que no se han concluido.”
45
Rad. 11001-03-28-000-2020-00047-00 (ACUM.) 26
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2.3.2.2. Incompetencia del Tribunal de Garantías Electorales46
98. Bajo el ropaje de este reproche, el demandante afirma la incompetencia del
Tribunal de Garantías Electorales para adoptar el Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de
2022, a través del cual, la referida autoridad se habría presuntamente inmiscuido en
aspectos electorales propios del Consejo Superior de la UPC.
99. Ello, por cuanto, con el acto referido, el Tribunal adoptó decisiones con las que:
(I) aceptó algunas renuncias; (II) definió la lista definitiva de candidatos para el empleo
de rector, periodo 2022-2026; (III) modificó el calendario electoral del trámite censurado;
como cuestiones pertenecientes a la órbita natural de competencia del Consejo
Superior; y también (IV) adoptó un “acuerdo” y no una resolución.
100. En su literalidad, la parte resolutiva del Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de
2022 consagró:
“Que por lo antes expuesto el Tribunal de Garantías Electorales en sesión del 22 de
marzo de 2022
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO. ACEPTAR la renuncia presentada por el candidato JHON JAIRO
DÍAZ CARPIO (…) en el proceso de designación de Rector de la Universidad Popular del
Cesar para el periodo 2022-2026…
ARTÍCULO SEGUNDO. ACEPTAR la renuncia presentada por el candidato CESAR
AUGUSTO GALINDO ANGULO (…) en el proceso de designación de Rector de la
Universidad Popular del Cesar para el periodo 2022-2026…
ARTÍCULO TERCERO. ACEPTAR la renuncia presentada por el candidato JUAN
BAUTISTA OCHOA MAESTRE (…) en el proceso de designación de Rector de la
Universidad Popular del Cesar para el periodo 2022-2026…
ARTÍCULO CUARTO. ACEPTAR la renuncia presentada por el candidato EMILIANO
PIEDRAHITA PORRAS (…) en el proceso de designación de Rector de la Universidad
Popular del Cesar para el periodo 2022-2026…
ARTÍCULO QUINTO. Como consecuencia de lo anterior, defínase la lista de aspirantes y
su número en la tarjeta de consulta para los candidatos designables al cargo de Rector de
la Universidad Popular del Cesar 2022-2026, según el orden de inscripción, quedará así:
No. de inscripción Candidato
01 Carmen Alicia Rivera Medina
07 Julio César Vega Suárez
08 Darling Francisca Guevara Gómez
11 Rober Trinidad Romero Ramírez
12 Luis Alberto Caballero Freyte
ARTÍCULO SEXTO. Notificar personalmente a los señores JHON JAIRO DÍAZ CARPIO,
CESAR AUGUSTO GALINDO ANGULO, JUAN BAUTISTA OCHOA MAESTRE Y
EMILIANO PIEDRAHITA PORRAS, advirtiéndole que contra el presente no procede
recurso alguno.
46
El título corresponde a la tesis del demandante. 27
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Demandante: Rafael Mendoza Méndez
ARTÍCULO SÉPTIMO. El presente acto administrativo rige desde su aprobación y
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.”
101. De entrada, se advierte que, en contraposición del dicho de la parte actora, el
Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de 2022 del Tribunal de Garantías Electorales, no
contempló disposición relativa a la alteración del calendario electoral del procedimiento
eleccionario retomado mediante el Acuerdo No. 003 del 1 de febrero de 2022, por lo
que no puede admitirse su adentramiento en este tipo de temáticas.
102. En efecto, del plenario se desprende que las modificaciones operadas en este
punto –cronología del trámite para la selección del rector de la UPC, periodo 2022-
2025– fueron tomadas por el Consejo Superior, como se acredita con el Acuerdo No.
005 del 25 de marzo de 2022 de esa autoridad, con el que, luego de la aceptación de
renuncias por el Tribunal de Garantías, el Consejo Superior cambió las fechas iniciales
del proceso.
103. Dicho ello, la Sección Quinta del Consejo de Estado se subsume en el
interrogante de determinar si el Tribunal de Garantías Electorales era o no competente
para admitir renuncias y definir la lista definitiva de candidatos en la actuación acusada.
104. Sea lo primero resaltar que la organización y el funcionamiento del Tribunal de
Garantías Electorales en la UPC se regula en el Acuerdo No. 032 del 26 de mayo de
1994, “Por medio del cual se aprueba y expide el reglamento interno del Tribunal de Garantías
Electorales y el reglamento para la elección de los representantes de los estudiantes y de los
procesos que integran los diferentes órganos de gobierno de la Universidad Popular del Cesar”.
105. En el artículo 3 de ese cuerpo normativo, se prevé que el Tribunal de Garantías
Electorales es un órgano de carácter permanente en la institución, conformado por 5
integrantes, quienes representarán a cada uno de los estamentos que componen la
comunidad universitaria, a saber: el estudiantado, los profesores, las directivas, los
egresados y los empleados de la UPC; designados para periodos de 2 años47,
respectivamente.
106. Las decisiones del Tribunal de Garantías serán denominadas “acuerdos”48 y ellas
podrán ser en todos los casos impugnadas ante el Consejo Superior49, evidenciándose
que esta calificación –acuerdo– no está reservada a las determinaciones del Consejo,
como lo afirma erradamente el accionante.
107. En cuanto a las funciones, el artículo 5 del Acuerdo No. 032 del 26 de mayo de
1994 enseña:
“Son funciones del Tribunal de Garantías Electorales de la Universidad Popular del Cesar:
47
Parágrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo No. 032 del 26 de mayo de 1994.
48
Artículo 14 del Acuerdo No. 032 del 26 de mayo de 1994: “Los actos emanados de las sesiones del Tribunal de Garantías
Electorales de la Universidad Popular del Cesar, se denominarán acuerdos y para su publicación requieren la firma del Presidente y
el Secretario del Tribunal.”
49
Artículo 5, literal l) del Acuerdo No. 032 del 26 de mayo de 1994. 28
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a) Coordinar la ejecución de las elecciones que el Consejo Superior reglamente y el
Rector convoque.
b) A través de la Secretaría General de la Universidad recibir la inscripción de los
candidatos para las elecciones, conforme a lo dispuesto en el Estatuto General y los
reglamentos de la Universidad.
c) Verificar el cumplimiento de los requisitos y calidades exigidas a los candidatos
inscritos.
d) Designar los jurados de votación y las juntas de vigilancia correspondientes.
e) Aprobar y expedir los listados de votación (sic) habilitados para cada elección.
f)Verificar la exactitud de los escrutinios y realizar el recuento de las votaciones.
g) Expedir las correspondientes credenciales a quienes resultaren elegidos y comunicar
oportunamente los resultados a la instancia respectiva.
h) Conocer y decidir sobre las consultas, quejas e impugnaciones en desarrollo de los
procesos electorales, declarar la nulidad de los mismos en caso de comprobar que
existieron y solicitar si lo consideran conducente, las investigaciones y procesos
disciplinarios conforme a los estatutos y reglamentos de la Universidad Popular del
Cesar.”
108. Bajo este panorama normativo, la Sala especializada en asuntos electorales
avanza las siguientes consideraciones:
109. Como ha sido sostenido pacíficamente por la jurisprudencia de la Sección
Quinta50, la renuncia es comprendida como un acto de liberalidad, por medio del cual el
aspirante inscrito en un procedimiento eleccionario retira su candidatura y, por
consiguiente, prescinde de la oportunidad de acceder en igualdad de condiciones al
ejercicio de funciones públicas.
110. Se trata de una “manifestación negativa” del derecho de conformación del poder
político51, en el que el candidato inicialmente vinculado al trámite descarta su
candidatura, movido por intereses que lo llevan a hacerse a un lado.
111. Atendiendo a su naturaleza discrecional, se ha estimado que la validez de las
renuncias formuladas en los procesos democráticos no pende de la aceptación por
parte de la autoridad ante la cual se radican. Así, en decisión del 14 de julio 52 de 2022,
esta Judicatura adujo:
“114. En lo que corresponde a la naturaleza de las renuncias en el marco de los trámites
eleccionarios, esta Corporación explicó en auto del 31 de marzo de 2022
En efecto, el acto de renuncia es un acto que emana de la discrecionalidad de cada
individuo, así como voluntariamente se decide ser candidato, de igual manera
50
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2022-00022-00. M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra. Auto del 31 de marzo de 2022.
51
Artículo 40 constitucional.
52
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 81001-23-39-000-2022-00042-01. M.P. Rocío
Araújo Oñate. Auto del 14 de julio de 2022. 29
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voluntariamente se puede dejar de serlo, pues no se puede violentar la libertad de la
que goza cada persona, so pena de desconocer los derechos reconocidos en la carta
política(…)
117. En consonancia, la renuncia de esta ternada no podía estar sujeta a la fiabilidad de
los argumentos expuestos o a su aceptación por parte de la corporación pública de
elección popular, al tratarse de un acto potestativo, cuyos efectos se causan
inmediatamente, sin que existan términos perentorios que deban ser observados para su
radicación.” (Subrayas fuera de texto)
112. Se colige de lo reproducido que la esencia potestativa de las renuncias –como
otra de las caras del derecho a acceder a cargos públicos– impide que su valía esté,
por regla general, mediada por la aceptación de la manifestación a desligarse de la
actuación, pues, como se ha aseverado, no corresponde a uno de sus
condicionamientos.
113. En este punto, y al amparo de estas estimaciones, el cargo de la presunta
incompetencia del Tribunal de Garantías Electorales de la UPC para consentir las
renuncias de ciertos de los candidatos habilitados para intervenir en el trámite
demandado, carecería de trascendencia, si se tiene en cuenta que no requerían
aceptación para adquirir eficacia y, por ende, efectos jurídicos, dentro del proceso
electoral que se trata.
114. Ahora bien, sin perjuicio de estos razonamientos, la Sala no pasa por alto que,
aunque de una primera aproximación al catálogo de competencias del Tribunal de
Garantías Electorales no se advierte la existencia de una norma expresa que conceda a
dicha autoridad la competencia para aceptar renuncias, lo cierto es que una visión más
integral y sistemática de esa lista de funciones –establecida en el artículo 5 del Acuerdo
No. 032 de 1994–, permite arribar a una conclusión diversa, sobre la que puede
sostenerse que dicha facultad reglamentaria ha sido concedida a ese órgano.
115. Es decir, la competencia en este caso se deriva de una interpretación armónica
del artículo 5 del Acuerdo No. 032 del 26 de mayo de 1994, que dota al Tribunal al que
se hace referencia de un papel primordial en el desarrollo de los procesos electorales
de la UPC, al ser el encargado de “…coordinar la ejecución de las elecciones que el Consejo
Superior reglamente y el Rector convoque.”
116. Nótese que se ofrece por parte de la normatividad interna de la Universidad un
amplio margen de maniobra en favor del Tribunal, caracterizado por la coordinación de
la ejecución de los certámenes democráticos en su interior, a la luz de los derroteros
concebidos previamente por el Consejo Superior y la rectoría.
117. Respecto del vocablo “coordinar”, el Diccionario de la Real Academia53 de la
Lengua Española ha entendido en la segunda de sus acepciones: “Dirigir y concertar
varios elementos”, traduciéndose en la capacidad de la que dispone el sujeto para
53
https://dle.rae.es/coordinar?m=form.que 30
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adoptar decisiones que creen las condiciones necesarias para llevar a bien las
actuaciones que le han sido encomendadas.
118. Igualmente, de la lectura detallada del artículo 5 del Acuerdo No. 032 de 1994 se
deriva que al Tribunal de Garantías Electorales ha sido asignado –junto a la Secretaría
General del establecimiento– el desarrollo de un cúmulo de facultades, relacionadas
primordialmente con el reclutamiento, inscripción54 y verificación55 de los requisitos y
calidades de los aspirantes que participan en las contiendas proselitistas.
119. En consonancia, el Tribunal dispone de importantes prerrogativas en materia de
admisión de candidatos que, en armonía con su amplia facultad operativa en aspectos
electorales, le permitiría aceptar las renuncias de los postulantes, como una
competencia correlativa a la de habilitar su intervención en los trámites que se
adelantan en el seno de la Universidad, dentro de los cuales, sin duda alguna, el de la
designación del rector ocupa un lugar privilegiado.
120. Así, la presunta incompetencia de Tribunal de Garantías –descollada por el
demandante– se ve diezmada por el estudio del catálogo de funciones atribuido a esta
autoridad del cual, analizado integralmente, se colige la existencia de una competencia
en su favor, erigida, como se ha sostenido en párrafos previos, en el artículo 5 del
Acuerdo No. 032 de 1994, compilatorio de su ámbito de actuación.
121. Pero más allá de lo anterior, la Sala trae nuevamente a colación el hecho de que
las renuncias –de acuerdo con su jurisprudencia– no deben ser sometidas a aceptación
alguna, por tratarse de actos deliberativos de los candidatos y, así las cosas, el cargo
tampoco dispone de incidencia que lleve a declarar la nulidad de la elección del señor
Rober Trinidad Romero Ramírez, como rector de la UPC, periodo 2022-2026.
122. Por último y, en punto de la ausencia de capacidad jurídica de este Tribunal para
adoptar la lista definitiva de aspirantes al cargo de rector, la Sección Quinta del Consejo
de Estado recuerda que el procedimiento del que se conoce fue la continuidad de una
actuación administrativa inaugurada el 7 de febrero de 2019, con la expedición del
Acuerdo No. 001, a través del cual el Consejo Superior de la UPC plasmó los
parámetros de la elección del rector de la UPC, periodo 2019-2023; obstruido en el
2021, como consecuencia de la sentencia de anulación dictada por esta Sala el 27 de
octubre de esa anualidad.
123. Frente a la definición de la lista definitiva de candidatos al cargo de rector, el
Acuerdo No. 001 de 2019 precisó en su artículo 2:
“11. Sesión del Tribunal de Garantías para expedir listado definitivo de inscritos a ser
rector y realizar las actividades de debate de los candidatos.” (Negrilla fuera de texto)
54
Literal b) de la norma comentada.
55
Literal c) de la norma comentada. 31
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124. De conformidad con ello, al Tribunal de Garantías Electorales le fue acordada la
competencia de expedir del listado definitivo de inscritos, como atribución compatible
con sus funciones de habilitación de aspirantes en el cargo, colegidas del artículo 5 del
reglamento de organización y funcionamiento de ese organismo56.
125. Así, el cargo de la falta de competencia del Tribunal de Garantías Electorales
para dictar el Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de 2022 se desestima, advirtiendo en
este punto que su juicio de legalidad resultaba procedente, habida cuenta de las
implicaciones que las irregularidades alegadas –rechazadas a esta altura– podían tener
en la juridicidad del acto definitivo, como en otras oportunidades lo ha admitido esta
Sección57.
2.3.2.3. Falta de motivación del Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de 2022 del
Tribunal de Garantías Electorales58
126. El accionante reprocha que el Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de 2022,
proferido por el Tribunal de Garantías Electorales de la UPC, no plasmó en sus
consideraciones los motivos que permitieron prescindir de la realización de la consulta
estamentaria en el marco de la designación del señor Rober Trinidad Romero Ramírez,
como rector de la institución, periodo 2022-2026.
127. Para esta Sección, se trata de un cuestionamiento que no dispone de vocación
de prosperidad por 2 argumentos fundamentales, a saber:
128. Argumento orgánico: revisadas las actuaciones que componen el trámite de
designación del demandado, la Sala observa que la decisión de omitir la puesta en
marcha de la consulta estamentaria fue tomada por el Consejo Superior Universitario,
mediante la expedición del Acuerdo No. 005 del 25 de marzo de 2022.
129. En términos simples, la acusada falta de motivación respecto de la pretermisión
de la consulta en el Acuerdo No. 001 del 22 de marzo de 2022 del Tribunal de
Garantías responde al hecho de que no fue un asunto tratado por esa autoridad, la cual,
como pudo verse previamente, se circunscribió en dicho acto a aceptar la renuncia de
ciertos candidatos, a establecer el listado definitivo de aspirantes luego de estas
demisiones, así como a ordenar las notificaciones del caso.
130. No siendo un aspecto desarrollado por el acuerdo referido, extraño sería exigirle
carga motivacional en relación con ese tópico.
131. Argumento sustantivo: Dejando a un lado esta precisión –que permitiría
desechar la censura–, esta Judicatura resalta que, como fue demostrado en acápites
precedentes, la decisión de no efectuar consulta estamentaria en el proceso de
56
Acuerdo No. 032 de 1994.
57
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00057-00. M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Auto del 3 de septiembre de 2020.
58
El título sintetiza la tesis del demandante. 32
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selección objetado encontró sustentación fáctica y normativa en las demisiones
radicadas por 4 de los 9 aspirantes al empleo de rector de la UPC, activando de esta
manera la aplicación de los preceptos normativos contenidos en los Acuerdos Nos. 003
de 2022 y 008 de 2009.
132. Es decir, la determinación contó con justificaciones adecuadas que desestiman la
materialización del motivo de nulidad alegado por el accionante.
2.3.2.4. Falsa motivación
133. Bajo el ropaje de esta censura, el demandante ataca el indebido empleo del
artículo 1 del Acuerdo No. 004 del 2010 para soportar la determinación de omitir del
procedimiento de elección del demandado la consulta estamentaria.
134. En su desarrollo, explica que, el 1 de febrero de 2022, el Consejo Superior de la
UPC decidió retomar el trámite eleccionario del rector –iniciado en 2019– con la
inclusión de la fase de consulta, a la manera como lo había ordenado presuntamente el
Consejo de Estado en el auto del 25 de noviembre de 2022, por medio del cual negó la
solicitud de adición formulada por la UPC en relación con la sentencia del 27 de octubre
de esa anualidad.
135. Así, esta circunstancia –de acuerdo con el dicho del accionante– impedía a las
autoridades universitarias afectar etapas ya concluidas para ese momento y, en
especial, la fase de inscripción de candidatos, mediante la aceptación de renuncias y la
conformación de un nuevo listado de aspirantes.
136. Para esta Judicatura, el argumento empleado por la parte actora debe ser
rechazado –más allá de destacar que como se sostuvo el artículo 1 del Acuerdo No. 04
de 2010 no resultaba aplicable a este procedimiento, por circunscribirse a una elección
específica59– pues, aunque resulta cierto que el trámite de designación del acusado fue
reemprendido desde el estadio de la convocatoria –punto nodal del fallo anulatorio del
27 de octubre de 2021–, también lo es que en el acto administrativo con el que se
adoptó dicha decisión se dejó claramente consignado que la reducción de los
candidatos al cargo a un número igual o menor a 5 conllevaría la supresión de esa fase.
137. En ese punto, la parte final del artículo 2 del Acuerdo No. 003 del 1 de febrero de
2022 estableció:
“Cuando el número de aspirantes inscritos y declarados por el Tribunal de Garantías
como candidatos a ser elegidos Rector de la Universidad Popular del Cesar, quedare
igual o menor a cinco (5) no habrá lugar a sesión ampliada, foro y a la consulta
estamentaria. En este caso el CSU procederá a designar Rector en la fecha prevista
en este calendario.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
138. A esta altura, se rememora que la introducción de esta regla normativa no fue
una novedad del Acuerdo No. 003 del 2022, ya que, como se destacó en capítulos
59
Rector de la UPC, periodo 2010-2014. 33
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precedentes, esta directriz fue también plasmada en el Acuerdo No. 001 del 7 de
febrero de 2019, acto fundador de este trámite.
139. Indicado lo anterior se tiene que, incluso en el procedimiento reemprendido en
febrero de 2022 se habilitó al Consejo Superior para prescindir del estadio de la
consulta ante la ocurrencia de una disminución de los aspirantes primigeniamente
avalados para participar en el trámite, pudiendo entonces tomar las determinaciones del
caso, entendimiento que también se acompasa con la hermenéutica ofrecida al artículo
1 del Acuerdo No. 009 de 2008 en esta providencia.
140. En otros términos, el propio acto que fijaba la cronología del proceso retomado
advirtió que, de cara a la minoración de postulantes, la consulta resultaría inocua, pues
se contaría ya con una cifra de candidatos igual o menor a 5, que era uno de los
principales propósitos de esa actuación, la cual se encargaría de decantar el listado de
inscritos, cuando se superara ese número, en aras de que el Consejo Superior tuviera
una lista precisa y detallada para el ejercicio de sus potestades de nominación.
141. Por lo anterior, el cargo no prospera.
2.3.2.5. Presunto desconocimiento del Acto Legislativo No. 0160 de 2003
142. El actor asevera que el Consejo Superior de la UPC vulneró los postulados del
Acto Legislativo No. 01 de 200361, en el que se prescribió que los periodos erigidos en
el ordenamiento para el ejercicio de funciones públicas son en principio institucionales.
143. Ello, por cuanto, en contravía de los mandatos contenidos en ese cuerpo
normativo, el Consejo Superior eligió al demandado para un periodo personal, y no para
terminar el institucional de la señora Darling Francisca Guevara Gómez –2019-2023–, a
quien el Consejo de Estado declaró la anulación de su designación en octubre de 2021.
144. En aras de desestimar el cuestionamiento, esta Judicatura encuentra que el
artículo 5 del Acuerdo No. 038 del 31 de julio de 2004, regulatorio del trámite de
selección del rector de la UPC, prevé:
“Artículo 5. Será designado rector el integrante de la lista que obtenga la mayoría absoluta
de los votos emitidos por los miembros del Consejo Superior Universitario.
Parágrafo 1. El rector designado conforme al proceso aquí previsto se posesionará ante el
Consejo Superior Universitario en acto público, para el periodo que inicia a partir de su
posesión.”. (Negrilla fuera de texto)
145. Por su parte, el artículo 1 ejusdem consagra:
“El Rector de la Universidad será designado por el Consejo Superior Universitario, para
un periodo de cuatro (4) años, de la lista integrada mediante consulta estamentaria.”
(Negrilla fuera de texto)
60
“Por el cual se adopta una Reforma Política Constitucional y se dictan otras disposiciones.”
61
“Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales”. 34
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146. El estudio armónico de las normas reproducidas lleva a entender que el periodo
de 4 años concedido al rector debuta desde el momento de su posesión en el cargo.
147. Respecto de los periodos personales, esta Sección ha reconocido:
“Al respecto el Consejo de Estado, desde vieja data, señaló que el periodo personal se
cuenta a partir de la posesión del elegido, se ejerce el cargo durante el tiempo que
señala la norma correspondiente y la falta absoluta del funcionario da lugar a una nueva
elección para un nuevo período y el institucional es señalado por la norma, parte “…de
una fecha determinada y por consiguiente debe finalizar en una fecha determinable”. En
este caso la falta absoluta del principal se llena automáticamente con el suplente, o en
ocasiones por medio de nueva elección, pero siempre por el tiempo que resta para
completar el período.” (Negrilla fuera de texto)
148. Por lo anterior, puede sostenerse que, de acuerdo con el ordenamiento interno
de la UPC, el periodo del rector corresponde a uno personal, que tiene como extremo
temporal inicial su posesión, motivo por el que la elección del demandado no tenía
como propósito finalizar aquel comenzado por la señora Guevara Gómez, sino, por el
contrario, inaugurar uno nuevo.
149. En lo que corresponde a la existencia de un concepto emitido por la Oficina
Jurídica de la UPC en este sentido –que afirma que el periodo es institucional por la
aplicación supletoria de las previsiones del Acto Legislativo No. 01 de 2003–, esta
Judicatura recuerda que, a las voces del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, ellos no
son vinculantes, cuando son el resultado de consultas formuladas, a la manera como
sucedió en este asunto, en el que el concepto tiene como origen las indagaciones
hechas por el Consejo Superior Universitario.
150. Finalmente, la Sala destaca que, si en esta providencia se mantiene en su
esencia los razonamientos esbozados en el auto del 23 de junio de 2022, por medio del
cual se negó la medida cautelar, ello se debe preponderantemente al hecho de que en
el transcurso del trámite no fueron allegados argumentos nuevos u otros elementos
probatorios que permitieran desvirtuar la juridicidad del acto demandado, sin que ello
constituya prejuzgamiento, al denotar tan solo la ausencia de cambios abruptos en las
circunstancias procesales que distinguieron este trámite durante su puesta en marcha.
151. Por todo lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, en uso de sus facultades constitucionales
y legales,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral dirigidas
contra el acto de designación del señor Rober Trinidad Romero Ramírez, como rector
de la Universidad Popular del Cesar, periodo 2022-2026, contenido en el Acuerdo No.
35
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008 del 8 de abril de 2022 del Consejo Superior Universitario, por los motivos expuestos
en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes de conformidad con el artículo 289
de la Ley 1437 de 2011.
TERCERO: ARCHIVAR el expediente una vez quede en firme el fallo.
CUARTO: ADVERTIR que contra la presente providencia no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
36
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