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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00166-00

Fecha
30 de marzo de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00166-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda dirigidas a obtener la nulidad del acto de elección de la señora María José Pizarro Rodríguez, como senadora de la República, período 2022-2026, conforme la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: En firme esta providencia archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2022-00166-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

30 de marzo de 2023

Demandante: Roberto Carlos Daza Cuello y otros
Demandada: María José Pizarro Rodríguez
Rad: 11001-03-28-000-2022-00166-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00166-00 (ACUMULADO)
Demandante: ROBERTO CARLOS DAZA CUELLO Y OTROS
Demandado: MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ– SENADORA DE LA
REPÚBLICA 2022-2026

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Corresponde a la Sala decidir las demandas presentadas en ejercicio del medio de
control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra la elección
de la señora María José Pizarro Rodríguez como senadora de la República periodo
2022-2026.

I. ANTECEDENTES

1. Expediente 11001-03-28-000-2022-00166-00

1.1 La demanda

El señor Roberto Carlos Daza Cuello, actuando en nombre propio y en ejercicio del
medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo demandó la
elección de la señora María José Pizarro Rodríguez como senadora de la República.

Formuló la siguiente pretensión:

“PRIMERA: Que se declare, la NULIDAD PARCIAL de la Resolución No.
E-3332 de julio 19 de 2022, expedida por el Consejo Nacional Electoral
Sala Plena, únicamente en cuanto declara la elección de MARÍA JOSÉ
PIZARRO RODRÍGUEZ identificada con cédula de ciudadanía No.
52.425.419 como SENADORA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA por
la circunscripción Nacional, para el periodo 2022-2026, por la agrupación
política de Coalición Pacto Histórico Colombia Puede.

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Demandante: Roberto Carlos Daza Cuello y otros
Demandada: María José Pizarro Rodríguez
Rad: 11001-03-28-000-2022-00166-00

SEGUNDA: Cancélese la credencial que acredita a MARÍA JOSÉ
PIZARRO RODRÍGUEZ SENADORA DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA por la circunscripción Nacional, periodo 2022-2026.”

1.2 Hechos

Indicó que los partidos Polo Democrático Alternativo, Alianza Democrática Amplia –
ADA, Colombia Humana, Unión Patriótica – UP, Movimiento Indígena Social – MAIS
y el Partido Comunista Colombiano – PCC se agruparon y conformaron una
coalición programática y política para presentar candidatos tanto para Senado,
Cámara de Representantes y consulta presidencial, denominada Pacto Histórico
Colombia Puede.

Sostuvo que el 13 de diciembre de 2021 se inscribió la lista de candidatos para
Cámara de Representantes por parte del movimiento político Colombia Humana, el
cual es parte de la coalición Pacto Histórico Colombia Puede, y se inscribió a la
señora María del Mar Pizarro García.

Dijo que ese mismo día se inscribió a la señora María José Pizarro para el Senado,
avalada por el Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, el cual es parte de
la coalición Pacto Histórico Colombia Puede.

A su vez, aseguró que las señoras María del Mar Pizarro García y María José
Pizarro Rodríguez, según los registros civiles de nacimiento, son hijas de Carlos
Pizarro Leongómez (QEPD), y por tanto tienen vínculos en segundo grado de
consanguinidad.

1.3 Normas violadas y concepto de la violación

Sostuvo que la demandada está incursa en la inhabilidad consagrada en el numeral
6 del artículo 179 de la Constitución Política.

Indicó que María José Pizarro tiene vínculos de parentesco dentro del segundo
grado de consanguinidad con la señora María del Mar Pizarro García y se
inscribieron por el mismo grupo o coalición, Pacto Histórico Colombia Puede, para
las elecciones de Senado y Cámara de Representantes a realizarse el 13 de marzo
de 2022, en una circunscripción que coinciden territorialmente.

Anotó que en el momento en que los partidos y movimientos políticos se coaligaron,
conformaron un mismo grupo o agrupación política tanto para Senado como para
Cámara de Representantes, y en consecuencia persiguen un fin común.

Comentó que, por tratarse de un juicio objetivo, se confronta la norma con el acto
demandado sin entrar a evaluar responsabilidades o excepciones no consagradas
en la ley, como por ejemplo cuál de las hermanas Pizarro se inscribió primero, lo
cual sí es evaluable en el derecho sancionador como elemento subjetivo que no
corresponde a este tipo de procesos.

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Demandante: Roberto Carlos Daza Cuello y otros
Demandada: María José Pizarro Rodríguez
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1.4 Contestaciones

María José Pizarro Rodríguez

Actuó a través de apoderado y se opuso a las pretensiones de la demanda.

Sostuvo que, si bien la demandada y María del Mar Pizarro García participaron en
la contienda electoral que se llevó a cabo el 13 de marzo de 2022, no lo hicieron por
el mismo partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, sino por
dos movimientos políticos con personería jurídica independiente una de otra.

Indicó que la señora María del Mar Pizarro se inscribió por la circunscripción
electoral de Bogotá avalada por el Movimiento Político Colombia Humana, y la
demandada lo hizo por el MAIS.

Adujo que en este caso la inhabilidad por inscribirse por el mismo partido,
movimiento o grupo para la elección al Congreso no se produjo porque la figura de
la coalición no se encuentra mencionada en las restricciones que establece el
numeral 6 del artículo 179 de la Constitución y los principios de favorabilidad,
capacidad electoral e interpretación restrictiva no permiten asimilar el término grupo
a las coaliciones como causal de inhabilidad.

Explicó que la titularidad para la inscripción de un candidato a corporaciones
públicas con aval, es una facultad exclusiva de los partidos y movimientos políticos.

Concluyó que no existe ningún fundamento normativo ni jurisprudencial para
suponer que cuando el numeral 6 de artículo 179 de la Constitución Política se
refiere a un grupo, la expresión se extienda a las coaliciones, puesto que no cuentan
con personería jurídica, ni tienen la facultad para inscribir candidatos, ya que su
finalidad no es otra que la de sumar esfuerzos para garantizar su supervivencia
como colectividad. Indicó que el coaval que otorga una coalición para inscribir un
candidato, no reemplaza la autorización del partido o movimiento político, y por el
contrario indica la concurrencia de voluntades de las agrupaciones políticas con
personería jurídica.

En cuanto al caso concreto sostuvo que: (i) no se discute que las candidatas
postuladas tienen un parentesco en segundo grado de consanguinidad y que se
inscribieron para elecciones que iban a efectuarse en la misma fecha, y que (ii)
quien se inscribió primero, fue María José Pizarro Rodríguez y luego su hermana a
la Cámara de Representantes de Bogotá. Sin embargo, dijo que la demandada no
se inscribió por el mismo partido o movimiento político que María del Mar Pizarro,
pues mientras que la primera lo hizo por el MAIS, la segunda lo fue por el
Movimiento Político Colombia Humana, movimientos con personería jurídica
diferentes.

Reiteró que aunque los partidos que avalaron a la demandada y a su hermana,
hicieron parte de la misma coalición, ésta no puede entenderse como un grupo,
pues una interpretación extensiva o analógica del párrafo 5 del artículo 262 de la

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Demandante: Roberto Carlos Daza Cuello y otros
Demandada: María José Pizarro Rodríguez
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Constitución que asimile coalición a grupo, afectaría el principio según el cual las
prohibiciones o limitaciones que recaen en la libertad o los derechos fundamentales
de las personas, son de interpretación rígida y taxativa y por tanto, su aplicación es
restrictiva.

De otra parte indicó que esta causal de inhabilidad requiere que además de que se
verifique el vínculo sanguíneo, se determine si hay alguno afectivo o familiar
material, puesto que en este caso concreto no existe ningún tipo de relación familiar
entre la demandada y María del Mar Pizarro, dado que aunque son hermanas y por
esto, están vinculadas en segundo grado de consanguinidad, sus madres son
distintas y por tanto no hay un núcleo familiar, y tampoco han tenido ningún tipo de
convivencia familiar.

Consejo Nacional Electoral

Dijo que en este caso no se cumplen los requisitos de la inhabilidad puesto que la
señora María José Pizarro fue avalada por el partido político MAIS y la hermana lo
fue por Colombia Humana.

Explicó que la coalición es una agrupación coyuntural con propósito común que
puede ser pre electoral y post electoral, de manera que no se pueden denominar
partido, movimiento o grupo.

2. Expedientes 11001-03-28-000-2022-00201-00 y 11001-03-28-000-2022-00272-
00

2.1. Las demandas

El señor Andrés Felipe Villalobos Erazo, actuando en nombre propio y en ejercicio
del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo demandó la
elección de la señora María José Pizarro Rodríguez como senadora de la República.

Pretensiones:

“1.- Que se declare nula PARCIALMENTE Formulario E-26 SEN
expedido por el Consejo Nacional Electoral y el ACTO DECLARATORIO
de la elección de Senado de la República para el periodo constitucional
2022-2026 para la circunscripción ordinaria, contenido en la Resolución
No. E-3332 acto administrativo en el cual se declaró elegida como
Senadora de la República Doctora, MARÍA JOSÉ PIZARRO
RODRÍGUEZ, avalada por el Movimiento Alternativo Indígena y Social
MAIS perteneciente a la coalición Pacto Histórico y se ordene la
expedición de las respectivas credenciales, expedida por el Consejo
Nacional Electoral, de fecha 19 de julio de 2022, para el periodo
constitucional 2022-2026, por encontrarse incursa en la prohibición de
DOBLE MILITANCIA para ser elegida Senadora de la República de
acuerdo con lo indicado en el artículo 107 de la Constitución Política

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Demandante: Roberto Carlos Daza Cuello y otros
Demandada: María José Pizarro Rodríguez
Rad: 11001-03-28-000-2022-00166-00

Colombiana, artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 y el numeral 8 del artículo
275 de la Ley 1437 de 2011.”

De otra parte, la señora Michelle Steffany Gómez Congote, actuando en nombre
propio, y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo
139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
demandó la elección de la señora María José Pizarro Rodríguez como senadora de
la República.

Pretensiones:

“1.- Que se declare nula PARCIALMENTE la Resolución E-3332
expedida por el Consejo Nacional Electoral, de fecha 19 de julio de 2022,
contentiva de la declaratoria de elección de la Senadora de la República,
perteneciente a la Coalición Pacto Histórico, MARIA JOSÉ PIZARRO
RODRÍGUEZ, avalada por el Movimiento Alternativo Indígena y Social
MAIS para el periodo constitucional 2022-2026, por encontrarse incursa
en la prohibición de DOBLE MILITANCIA para ser elegida Senadora de
la República de acuerdo a lo indicado en el artículo 107 de la
Constitución Política Colombiana, artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 y el
numeral 8 del artículo 275 de la Ley 1475 de 2011.

2.- Que como consecuencia de la nulidad parcial del Acto Declaratorio
de la elección de Senado de la República para el periodo constitucional
2022-2026 se ordene la cancelación de la credencial expedida a la Dra.
MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ, perteneciente a la lista cerrada
de la Coalición Pacto Histórico, en los términos indicados en el Numeral
3 del Artículo 288 de la Ley 1437 de 2011, además se ordene dar
aplicación a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política,
modificado por el artículo del acto legislativo 2 de 2015, y el. artículo 278
de la Ley 5 de 1992.”

2.2. Hechos

Mencionaron que la señora María José Pizarro Rodríguez fue declarada senadora
de la República dentro de la coalición denominada Pacto Histórico, por la
circunscripción ordinaria, periodo 2022-2026, con el aval del movimiento MAIS.

Sostuvieron que la demandada tenía la obligación de apoyar a la consulta
presidencial, a la candidata Arelis Uriana inscrita por el MAIS, sin embargo, apoyó
al candidato Gustavo Petro, incurriendo en doble militancia.

Dijeron que la doble militancia está probada porque la demandada en redes
sociales, eventos públicos y en diferentes medios de comunicación de amplia
circulación nacional, realizó demostraciones de apoyo, durante la etapa de la
campaña electoral previo a la consulta presidencial del Pacto Histórico, en favor de
Gustavo Petro, candidato por Colombia Humana – Unión Patriótica e invitó a la
ciudadanía a pedir el tarjeta de la consulta para que votaran por él.

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Demandante: Roberto Carlos Daza Cuello y otros
Demandada: María José Pizarro Rodríguez
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2.3. Concepto de la violación

Adujeron que la demandada está incursa en doble militancia en modalidad de
apoyo, ya que para la consulta presidencial de la coalición Pacto Histórico que se
realizó el 13 de marzo de 2022, hizo campaña al candidato Gustavo Petro Urrego
inscrito por el partido Colombia Humana - Unión Patriótica, faltando a la fidelidad
del MAIS al cual pertenece, dado que ese movimiento tenía inscrita como
precandidata a Arelis Uriana.

2.4 Contestaciones de la demanda

María José Pizarro Rodríguez

Contestó a través de apoderado y se opuso a las pretensiones.

Indicó que la consulta llevada a cabo el 13 de marzo de 2022 buscaba definir y
designar al candidato único de la coalición Pacto Histórico, por lo que no se trata de
un certamen electoral de modo que no le es posible extender las sanciones y
prohibiciones de la doble militancia a esta designación.

Precisó que el MAIS en la III Convención Nacional llevada a cabo del 31 de mayo
al 1 de junio de 2021 debatió y definió la permanencia del partido en la coalición
Pacto Histórico y se permitió que los congresistas de la lista de la decencia (de la
cual hace parte la demandada) tuvieran la libertad de apoyar la candidatura de
Gustavo Petro, en la consulta interpartidista del Pacto Histórico,
independientemente de si el MAIS postulaba un candidato o no.

Con todo, manifestó que la senadora Pizarro Rodríguez en todo momento estuvo
promovió e hizo proselitismo a favor de la coalición Pacto Histórico en forma general
y no hacia uno de sus miembros en forma concreta.

Dijo que la normatividad vigente no establece la aplicación de la doble militancia
para el caso de la consulta de candidatos dentro de una coalición política. La
selección de un candidato a través de una consulta interpartidista es anterior a la
candidatura que se inscribe para el cargo de elección popular del que se trate.

Añadió que la candidatura no existe en el caso de las consultas para elegir
candidato a un cargo unipersonal, sino que la misma surge como resultado de la
consulta. De manera que, si no hay una candidatura, como elemento objetivo, no
es posible la doble militancia.

Reiteró que el 10 de diciembre de 2021 se conformó la coalición interpartidista
denominada Pacto Histórico, cuyo objeto principal era la inscripción de candidatos
tanto al Senado como a la Cámara de Representantes de listas cerradas o de voto
no preferente.

Adujo que en ese acuerdo programático se estipuló el compromiso y apoyo a la
consulta popular presidencial con miras a definir el candidato único por el Pacto

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Histórico a la Presidencia de la República en donde ni los partidos o movimientos,
ni sus candidatos podrán apoyar otra campaña presidencial.

Mencionó que la senadora demandada como militante y candidata del MAIS, partido
político que conforma la coalición Pacto Histórico, procedió conforme al compromiso
adquirido a realizar giras, hacer campañas y en general, realizar proselitismo político
no solo en favor de su aspiración personal sino de la coalición Pacto Histórico.

Aclaró que la inscripción a la candidatura de la demandada se presentó por la
coalición Pacto Histórico y por tanto, era su deber y obligación apoyar a todos y
cada uno de los candidatos pertenecientes a esa coalición.

Indicó que esa coalición decidió llevar a cabo una consulta interpartidista entre los
integrantes, con la finalidad de elegir un candidato único a la elección presidencial,
la cual se llevó a cabo el 13 de marzo, de manera que a las campañas se mezclaron
como una sola.

Adujo que las pruebas que acompañaron la demanda, esto es, unas piezas
multimedia de video o de fotografía son descontextualizadas.

Consejo Nacional Electoral

Sostuvo que la doble militancia se trata de un punto de derecho en el cual debe
confrontarse la norma con lo narrado y está a cargo del demandante acreditar el
supuesto de hecho en el que funda su pretensión.

Indicó que no basta con que se señale que se violó el régimen legal, sino que se
debe demostrar por qué se incurrió en esa doble militancia.

Registraduría Nacional del Estado Civil

Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por tener una
labor meramente logística en los comicios, y no verificar ni inhabilidades ni
incompatibilidades.

Explicó que quien inscribe a un candidato, lo avala y verifica si tiene inhabilidades o
incompatibilidades es el partido político respectivo y la Registraduría solo verifica
cuestiones de forma.

3. Actuación procesal

A través de proveídos del 2 de agosto, 6 de septiembre y 7 de octubre de 2022, se
admitieron las demandas dentro de los procesos 11001-03-28-000-2022-00166-00,
11001-03-28-000-2022-00272-00 y 11001-03-28-000-2022-00201-00.

Por auto del 30 de enero de 2023 se ordenó la acumulación de los procesos 11001-
03-28-000-2022-00166, 11001-03-28-000-2022-00201 y 11001-03-28-000-2022-
00272.

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En proveído del 17 de febrero de 2023, se resolvieron las excepciones previas
propuestas, se incorporaron las pruebas documentales al expediente, se fijó el
litigio y se corrió traslado para alegar de conclusión.

4. Alegatos de Conclusión

Demandante – Andrés Felipe Villalobos Erazo

Reiteró lo dicho en la demanda.

Además, sostuvo que en la sentencia C-490 de 2011 la Corte Constitucional
determinó que la única excepción a la prohibición de incurrir en doble militancia es
la prevista en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1475 de 201180, sin embargo, la
Sección Quinta en el fallo radicado 11001-03-28-000-2022-00196- 00, creó otra
excepción para los candidatos en las consultas de coalición.

Explicó que según ese pronunciamiento las consultas no hacen parte de las
campañas políticas, posición de la que se aparta y solicita que se vuelva a revisar y
aclarar.

Adujo que el candidato presidencial de la coalición Pacto Histórico fue escogido por
consulta popular el mismo día de la elección al Senado, lo que indica que cada uno
tenía que apoyar a su partido en la escogencia de ese candidato presidencial en
coalición y pensar lo contrario, es pretender una excepción al mandato
constitucional y legal.

Reiteró que la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, se predica
sin distinción ni excepción a todos los candidatos a cargos de elección popular,
incluyendo los inscritos en consulta dentro de una coalición, tal como se desprende
de los artículos 107 de la Constitución Política, 2 y 29 de la Ley 1475 de 2011.

Insistió en que, con el mayor respeto, le parece un desastre jurídico, hacer una
distinción de precandidatos o candidatos, cuando lo claro es que cuando un partido
otorga un aval a un ciudadano para participar en una consulta, se convierte en un
candidato de partido y por tanto, ese respaldo otorgado por un aval partidista, obliga
por ley al respeto partidista.

María José Pizarro Rodríguez

Indicó que se inscribió antes que la señora María del Mar Pizarro, y por esta razón
no se encuentra inhabilitada, pues la restricción recaería sobre su hermana quién,
aunque lo hizo como candidata a la Cámara de Representantes el mismo día, lo
hizo con posterioridad.

Alegó que la señora María José Pizarro no se inscribió por el mismo partido o
movimiento político que María del Mar Pizarro García, pues mientras la primera lo
hizo por el Movimiento Alternativo Indígena y Social, la segunda lo realizó por el

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Demandada: María José Pizarro Rodríguez
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movimiento político Colombia Humana, movimientos con personería jurídica
diferentes

Manifestó que, aunque los partidos que avalaron a la demandada y a la señora
María de Mar Pizarro García hicieron parte de la misma coalición, esta no puede
entenderse como un grupo, pues una interpretación extensiva o analógica del
párrafo 5º del artículo 262 de la Constitución no lo permite, pues se afectaría el
principio según el cual las prohibiciones o limitaciones que recaen en la libertad o
los derechos fundamentales de las personas son de interpretación rígida y taxativa.

En cuanto a la doble militancia añadió que la normatividad vigente no establece su
aplicación para el caso de la consulta de candidatos dentro de una coalición política.

Insistió en que la selección del candidato a través de una consulta interpartidista es
anterior a la candidatura que se inscribe para el cargo de elección popular del que
se trate. La candidatura surge como resultado de la consulta y existen precandidatos
mas no candidatos.

Finalizó diciendo que en todo caso el demandante no probó en forma alguna que la
senadora María José Pizarro hubiese apoyado a algún precandidato distinto al del
partido que la avaló al interior de la coalición del Pacto Histórico, en el evento
electoral de la consulta, pues las pruebas allegadas son insuficientes para demostrar
sin lugar a dudas este hecho.

5. Concepto del Ministerio Público

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en los
siguientes términos:

En cuanto a la inhabilidad sostuvo que está acreditado el vínculo de parentesco en
segundo grado de consanguinidad entre la demandada y la señora María del Mar
Pizarro.

Manifestó que la figura de la coalición no implica una fusión de partidos o
movimientos, ni mucho menos la eliminación de su autonomía, responsabilidad o
derechos.

De otra parte, advirtió que como en materia de inhabilidades opera el principio de
interpretación restrictiva, debe desestimarse la cuerda argumental concebida por el
demandante, en la que pretende derivar de la suscripción de un acuerdo de
coalición, el que las agrupaciones que lo integran se consideren un mismo partido
o movimiento político.

Señaló que no es viable concluir que la coalición se trata de un mismo partido,
puesto que basta con mirar el clausulado de los acuerdos de coalición para inscribir
las listas de candidatos a la Cámara de Representantes y de Senado, por parte del
Pacto Histórico, ya que señalan de manera precisa el partido o movimiento político
que avala en cada caso, al igual que las certificaciones de las colectividades

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Demandante: Roberto Carlos Daza Cuello y otros
Demandada: María José Pizarro Rodríguez
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arrimadas al proceso, en las que se concluye que se trata de dos agrupaciones
distintas, en el caso de la demandada el MAIS y en el de María del Mar Pizarro el
Movimiento Político Colombia Humana.

En cuanto a la inscripción, sostuvo que se inhabilita quien se inscribe en segundo
lugar, y quien lo hizo fue María del Mar Pizarro, que se inscribió el 13 de diciembre
a las 9:34 de la noche.

De acuerdo con lo anterior, concluyó que en este caso no se configuró la inhabilidad
puesto que la demandada y su pariente no se inscribieron por el mismo partido, y la
accionada materializó su inscripción en primer lugar.

Respecto de la doble militancia, sostuvo que esta Sección ya se pronunció en este
sentido en la sentencia del 26 de enero de 2023 con radicado 11001-03-28-000-
2022-00196-00, en donde se hizo una distinción en la calidad de candidato y de
precandidato, en concordancia con los parámetros de la Ley 1475 de 2011 en
materia de apoyo político, concluyendo que no es posible extender el alcance del
artículo 2 de ese mismo cuerpo normativo a los precandidatos.

Recalcó que la interdicción de la doble militancia no está prevista ni por el
constituyente derivado ni por el legislador estatutario como una conducta digna de
reproche en desarrollo de las consultas interpartidistas y solo hay candidatura
cuando la inscripción del precandidato obtenga firmeza.

Por lo anterior, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer en única instancia de la demanda promovida
contra el acto de elección de la señora María José Pizarro Rodríguez como
senadora de la República, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del
artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo1 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 20192.

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, antes de la
modificación de la Ley 2080 de 2021. “Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única
instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de
sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala
disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
(…)
3. De la nulidad del acto de elección del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los
Senadores, de los Representantes a la Cámara, de los Representantes al Parlamento Andino, del
Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la Junta Directiva o Consejo Directivo de las entidades
públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las Comisiones de
Regulación.”

2 Acuerdo 80 de 2019. Artículo 13. “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS
SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso
Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de
volumen de trabajo, así:

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Demandante: Roberto Carlos Daza Cuello y otros
Demandada: María José Pizarro Rodríguez
Rad: 11001-03-28-000-2022-00166-00

2. Problemas jurídicos

En este caso debe determinarse si hay lugar o no a declarar la nulidad de la elección
de la señora María José Pizarro, como senadora de la República. De manera
concreta debe resolverse:

• Si la demandada está incursa en la inhabilidad del numeral 6 del artículo 179 de
la Constitución, por haberse inscrito por el mismo grupo político que su hermana,
la señora María del Mar Pizarro, para las elecciones de Senado y Cámara de
Representantes que se realizaron el 13 de marzo de 2022.

De encontrase acreditados los demás requisitos de la inhabilidad, debe estudiarse
si la coalición implica que los partidos o movimientos políticos que la integran,
conforman un mismo grupo o agrupación política.

• Si la demandada está incusa en la prohibición consagrada en el numeral 8 del
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, esto es, en doble militancia en la modalidad de
apoyo por haber sido avalada por el Movimiento Alternativo Indígena y Social -
MAIS, perteneciente a la coalición Pacto Histórico, durante la campaña a la consulta
presidencial para elegir candidato para el periodo 2022-2026 y realizar actos
positivos y de apoyo en favor del candidato presidencial Gustavo Petro Urrego,
inscrito por Colombia Humana – Unión Patriótica, aun cuando el MAIS tenía inscrita
una candidata a la consulta de la presidencia.

3. Del caso concreto

A continuación, se resolverá cada uno de los problemas jurídicos.

1. Inhabilidad del numeral 6 del artículo 179 de la Constitución.

En este punto, se alegó que la demandada está incursa en esta inhabilidad por
haberse inscrito por el mismo grupo político que su hermana, la señora María del
Mar Pizarro, para las elecciones de Senado y Cámara de Representantes que se
realizaron el 13 de marzo de 2022.

Al respecto se tiene que el artículo 179 de la Constitución consagra:

“No podrán ser congresistas:

6. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión
permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad,
segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido,

Sección Quinta:

(…)

3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos.”
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movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de
corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha.”

Para que se configure esta inhabilidad se requiere que se acredite:

(i) Elemento subjetivo: que exista el vínculo de matrimonio, unión
permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil.
(ii) Elemento objetivo: que la inscripción a los cargos o como miembros de
corporaciones públicas, se haga por el mismo partido, movimiento o
grupo.
(iii) Elemento temporal: que la elección deba realizarse en la misma fecha.
(iv) Elemento circunstancial: que la inscripción sea para la misma corporación
pública, esto es, el Congreso en sus dos cámaras.

Tal como ha dicho esta Corporación en diferentes oportunidades, estos elementos
deben concurrir, para encontrar configurada la respectiva inhabilidad.

Además de lo anterior, sobre la inhabilidad de coexistencia de inscripciones, desde
el año 2013 ha sido una postura pacífica de la Sección Quinta del Consejo de Estado
que esta causal inhabilita al segundo en inscribirse, al respecto sostuvo3:

“(…) - En sentencia del 6 de mayo de 2013, proferida dentro del expediente
5001-2331-000-2011-00691, M.P. Alberto Yepes Barreiro, se dijo:

“(…) La Sala, para poder fijar el sentido de este fallo, esto es si confirma o
revoca la sentencia proferida el 30 de mayo de 2012 por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Meta, estudiará la posición jurisprudencial
que esta Sección tiene sobre el particular, así como la solidez de los demás
argumentos esgrimidos por la parte demandada.

En cuanto a su finalidad, ésta no es otra que la de evitar el nepotismo electoral
y la violación del principio de igualdad respecto de los candidatos que no
cuentan con la referida ventaja del parentesco.

Ahora bien, recordemos que en cuanto a su interpretación evidencian, tanto
la parte actora como la demandada, diferentes posiciones. De un lado, para
el demandante parece ser claro que, en la medida en que la norma nada dice
sobre el factor temporal, este es indiferente para su aplicación. Por otro, la
defensa del demandado argumenta que dicho criterio debe tener toda la
relevancia ya que, cuando el señor Henry Hernández Hernández efectuó su
inscripción no estaba incurso en prohibición alguna, de manera que, su
conducta ajustada a la norma no podría traer una consecuencia de nulidad.

Una y otra posición pueden respaldarse con jurisprudencia de la
Sección. Por mucho tiempo se consideró que, ya que la causal

3
Sección Quinta del Consejo de Estado. Sentencia del 24 de septiembre de 2020, expediente 54001-23-33-000-2019-0345-
01. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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involucraba a dos candidatos, debía entenderse que nunca el primero
en inscribirse se encontraría inhabilitado en consideración a que
cuando éste efectuó su inscripción, no se materializaban los elementos
de la causal, pues ningún familiar suyo estaba inscrito aún.

Cuatro años después, esta Sección, mediante sentencia del 5 de Agosto
de 1999, se apartó de la anterior interpretación al considerar que “siendo
válidas ambas inscripciones, una de ellas no puede resultar pasible de
nulidad y la otra incólume en caso de victoria electoral compartida; eso
sería tanto como sujetar la suerte de un candidato a la habilidad de su
pariente cercano a quien le bastaría inscribirse temprano para inhibir a
aquel de hacerlo y frustrarle sus aspiraciones por razones muchas
veces contingentes, que la jurisdicción administrativa no puede secundar
sin romper el equilibrio y la mesura que son inherentes a la gestión de sus
órganos”.

Pues bien, esta Sala, con fundamento en los argumentos que a continuación
se exponen, encuentra que la primera de las interpretaciones es la que debe
privilegiarse:

1.- Porque respecto del primer candidato, en el momento de su inscripción,
no puede predicarse ilicitud alguna.

2.- Porque el argumento expuesto por la Sección en el año 1999 de
conformidad con el cual, “siendo válidas ambas inscripciones, una de ellas no
puede resultar pasible de nulidad y la otra incólume en caso de victoria
electoral compartida; eso sería tanto como sujetar la suerte de un
candidato a la habilidad de su pariente cercano a quien le bastaría
inscribirse temprano para inhibir a aquel de hacerlo y frustrarle sus
aspiraciones por razones muchas veces contingentes” no resulta
correcto desde una perspectiva constitucional ya que, si bien es cierto que un
pariente cercano podría inscribirse temprano para inhibir a otro frustrando sus
aspiraciones electorales, no es menos cierto que dicha postura prevenga el
hecho de que el mismo pariente, por razones igualmente contingentes, se
inscriba en segundo lugar con la misma finalidad; en ambos eventos la
referida presunción desconoce el hecho de que las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deben ceñirse a los postulados de
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos
adelanten ante éstas.

3.- Porque dentro de nuestro sistema jurídico la interpretación que se propone
es la que menos restringe el derecho fundamental de todo ciudadano a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.

4.- Porque a partir de la aplicación de la presunción de la buena fe se realiza
y respeta, en mayor medida, el derecho de los colombianos a elegir y ser
elegido.

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5.- Porque es la que en mayor grado satisface el principio “pro homine”.

6.- Porque materializa la “eficacia del voto” como mandato de optimización.

7.- Porque de la misma literalidad de la causal de inhabilidad de coexistencia
de inscripciones se desprende que para su configuración se requiere de una
inscripción previa, veamos: “quien esté vinculado entre sí por matrimonio o
unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o
movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que
deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha”. Las
expresiones “vínculo”, “mismo” y “misma” evidencian que quien primero se
inscribe no puede ser sujeto de la inhabilidad toda vez que a su inscripción
no le “coexiste” ninguna otra.

8.- Y, finalmente porque, en un ejercicio de ponderación, solo bajo la primera
de las interpretaciones, la finalidad perseguida por la causal de inhabilidad,
esto es, la de impedir que el poder político se concentre en manos de pocas
familias, se satisface sin necesidad de comprometer el derecho
fundamental consagrado en el artículo 40-1 de la Constitución Política.
(Test de necesidad).

Explica la Sala que en este caso estamos frente a la clásica aplicación de
principios constitucionales, de un lado, el de la igualdad electoral, que es
justamente el que subyace a la inhabilidad consagrada en el artículo 33 de la
Ley 617 de 2000, por otro, el relativo a elegir y ser elegido como
materialización de la democracia en el ejercicio y control del poder
político. (…)

Es preciso entonces que la Sala aplique el test de necesidad al asunto que
se revisa, examen que, como se ha explicado, busca averiguar si la única
manera de satisfacer un principio es bajo el sacrificio del otro, lo que en
nuestro caso se traduce a identificar si la única manera de garantizar la
igualdad electoral es bajo el sacrificio del derecho fundamental a elegir y ser
elegido.

Es aquí cuando las dos interpretaciones posibles de la inhabilidad objeto de
estudio se enfrentan, y, justamente, lo que acontece es que bajo una de ellas
la afectación del segundo principio es menor, bajo la otra es total. Para la
primera, el primer candidato inscrito puede resultar elegido, y al mismo tiempo
se garantiza que, en su zona de influencia, exista democratización del poder.
Para la segunda, la finalidad también se cumple, sin embargo, ninguno de los
candidatos inscritos pueden resultar elegidos. Naturalmente, desde que el
presupuesto de la inhabilidad los cobije a ambos por igual.

Sólo la primera de las interpretaciones, es decir, aquella bajo la cual la
conducta lícita del primer candidato no puede ser sancionada, pasa el test de

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necesidad puesto que es la única que garantiza la igualdad electoral
sacrificando lo menos el derecho fundamental a elegir y ser elegido.

Así, confirma la Sala que sin duda es la interpretación que debe ser adoptada
por la Sección.” (Negrillas fuera del texto original) (…)

Así las cosas, no le asiste razón al Tribunal cuando afirma que no hay una
posición establecida y unificada por la Sección Quinta del Consejo de Estado
en cuanto a la interpretación que deba hacerse de la inhabilidad consagrada
en el numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, puesto que del anterior
recuento, se advierte sin duda alguna, que de manera motivada en las
sentencias del 6 de mayo de 2013, la Sección Quinta modificó la línea
jurisprudencial y estableció los lineamientos y parámetros, esto es la regla
que debía seguirse en la interpretación de esa causal de inhabilidad, posición
que sigue vigente y no ha sido modificada.

Ahora, si bien es cierto que en las sentencias del 6 de mayo de 2013 no se
incluyó la denominación “sentencia de unificación”, lo cierto es que sí hubo
un cambio jurisprudencial debidamente motivado, en el que se indicó la forma
en la que se debía hacer a partir de ese momento, la interpretación de la
inhabilidad establecida en el numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000.
(…)

Así las cosas, la debida interpretación que debe hacerse de la causal del
numeral 5 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, es que solo afecta al segundo
inscrito, puesto que cuando se inscribe el primero, no hay vicio alguno que lo
inhabilite.”

De este modo, esta Sección de tiempo atrás ha sostenido que esta causal de
inhabilidad solo afecta al segundo en inscribirse, razón por la cual sobre este punto
no le asiste razón a la parte actora cuando sostiene que al ser un juicio objetivo de
legalidad no se puede hacer alguna excepción sino que inhabilita a las dos
personas, ya que como se dice claramente en la sentencia transcrita, en el momento
en que la primera persona se inscribe, no le coexiste a ella ninguna otra que pueda
inhabilitarlo.

Precisado lo anterior, se procederá a verificar si se cumple con el elemento
subjetivo.

En el expediente se encuentra demostrado con los respectivos registros civiles, que
las señoras María José Pizarro y María del Mar Pizarro son hermanas, por ser hijas
del señor Carlos Pizarro Leongómez (QEPD).

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Revisado lo anterior, esta Sala verificará si la demanda fue o no la primera en
inscribirse, ya que, de no serlo, no hay lugar a estudiar los demás elementos de la
inhabilidad, puesto que como se dijo con antelación, esa causal de inhabilidad solo
recae sobre el segundo en inscribirse.

En cuanto a las inscripciones se tienen las siguientes pruebas:

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• Formulario E-6 SN de la coalición Pacto Histórico – Senado Nacional, en
donde se hace la inscripción de la señora María José Pizarro Rodríguez.

• Formulario E-6 CT de la coalición Pacto Histórico, en donde se realiza la
inscripción de la señora María del Mar Pizarro García.

De acuerdo con estos documentos, es claro que la señora María José Pizarro
Rodríguez inscribió su candidatura primero, puesto que, si bien ambas se hicieron
el 13 de diciembre de 2021, la de la demandada se realizó a las 5:59 p.m., y la de
la señora María del Mar Pizarro se hizo a las 9:34 p.m.

Así las cosas, no es necesario estudiar los demás elementos de la inhabilidad,
puesto que es claro que la referente a la coexistencia de inscripciones solo recae
en la segunda persona inscrita.

Por lo anterior, este cargo no está llamado a prosperar.

2. Doble militancia

En este caso debe resolverse si la demandada incurrió en doble militancia en la
modalidad de apoyo, por haber sido avalada por el Movimiento Alternativo Indígena
y Social - MAIS, y realizar actos positivos y de apoyo en favor del candidato
presidencial Gustavo Petro Urrego, inscrito por Colombia Humana – Unión
Patriótica, durante la campaña a la consulta presidencial para elegir candidato para
el periodo 2022-2026, aun cuando el MAIS tenía inscrita una candidata a la consulta
de la presidencia.

La prohibición de doble militancia fue introducida en el ordenamiento jurídico con el
fin de imprimir seriedad y fortalecer las instituciones de las agrupaciones políticas
para evitar que sus militantes desplegaran conductas contrarias a los principios y
lineamientos propios de cada uno de ellos.

Respecto de la doble militancia el artículo 107 de la Constitución Política dispone:

“Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y
desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o
de retirarse.

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En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a
más de un partido o movimiento político con personería jurídica.

Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y
tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la
equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas
políticos.

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o
por coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o
interpartidistas que coincidan o no con las elecciones a Corporaciones
Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos y en la ley.

En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre
financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de
comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien
participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas
interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral.
El resultado de las consultas será obligatorio…”

Por su parte, el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 prevé lo siguiente:

“En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente
a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un
partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el
ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de
identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá
establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de
datos.

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o
control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren
ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán
apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político
al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre
que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer
al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden
presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político
distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del
primer día de inscripciones.

Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos
en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos
políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos
de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de
postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos.

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El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será
sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos
será causal para la revocatoria de la inscripción.

PARÁGRAFO. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán
a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por
decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas
a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse
en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia.”

Conforme con lo anterior, la doble militancia tiene varias manifestaciones, algunas
de ellas consagradas en la misma Carta Política, otras introducidas por la Ley 1475
de 2011, las cuales han sido consolidadas por la jurisprudencia de Sección en cinco
modalidades, según sus destinatarios, así:

i) Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer
simultáneamente a más de un partido o movimiento político.” (Inciso 1º del artículo
2 de la Ley 1475 de 2011).

ii) Quienes participen en consultas: “Quien participe en las consultas de un partido
o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en
el mismo proceso electoral.” (Inciso 5º del artículo 107 de la Constitución Política).

iii) Miembros de una corporación pública: “Quien siendo miembro de una
corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido
distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día
de inscripciones”. (Inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política e Inciso 2º
del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)

iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra
organización: “Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno,
administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan
sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no
podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político
al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que
fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los
inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la
siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a
la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.” (Inciso 2º
del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011).

v) Directivos de organizaciones políticas: “Los directivos de los partidos y
movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de
elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo
significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de
estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar
la nueva designación o ser inscritos como candidatos” (Inciso 3º del artículo 2º
de la Ley 1475 de 2011 – se resalta).

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De igual forma, resulta del caso reiterar que a partir de la entrada en vigor de la Ley
1437 de 2011, la doble militancia constituye una causal autónoma de nulidad
electoral, con consagración expresa en el numeral 8 del artículo 275 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en los siguientes
términos:

“Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento
son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este código y,
además, cuando:

(…)

8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble
militancia política al momento de la elección”.

La expresión “al momento de la elección” fue declarada inexequible por la Corte
Constitucional en la sentencia C-334 de 2014, con fundamento en lo previsto en los
artículos 107 constitucional y 2 de la Ley 1475 de 2011, para lo cual determinó que
la doble militancia ocurre “específicamente al momento de la inscripción”, lo cual no
implica que el vicio no trascienda al acto electoral.

Ahora bien, en cuanto al caso concreto, esta Sección en un caso similar al aquí
estudiado sostuvo4:

“(…) Se observa del tenor literal de los preceptos transcritos que el legislador
se vale de dos conceptos diferentes para referirse, de una parte, a los
ciudadanos que someten a consideración su nombre para ser escogidos en
consulta y de otra, a aquellos que son seleccionados mediante este u otro
mecanismo de democracia interna y obtienen el respectivo aval de una
organización política para ser oficialmente inscritos para una elección
popular.

En el primer caso, se les denomina precandidatos, lo cual es consecuente
con el escenario en el que participan, pues para el momento de la consulta
justamente se trata de definir en un certamen democrático quiénes serán
avalados e inscritos para determinados comicios. En el segundo caso, se les
llama propiamente candidatos, condición con la que ingresan a la contienda
en busca del favorecimiento ciudadano para conquistar el cargo o curul de su
interés, patrocinados por el partido o grupo significativo que los inscribe ante
la autoridad electoral competente.

Trasladadas estas nociones al caso concreto, se tiene que el senador Paulino
Riascos Riascos, inscrito por el partido ADA, durante su campaña invitó a
votar por el entonces precandidato Gustavo Petro Urrego, en el marco de la
consulta del 13 de marzo de 2022, realizada para definir el candidato de la
coalición Pacto Histórico a la Presidencia de la República, a pesar de que la

4
Sección Quinta del Consejo de Estado. Sentencia del 26 de enero de2023. Expediente 11001-03-28-000-2022-001996-00.
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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colectividad que lo avaló contaba con otro precandidato en el mismo
certamen.

Sin embargo, el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, según el texto antes
transcrito, estructura la doble militancia, en la categoría que interesa a este
asunto, cuando el apoyo proselitista se brinda a un candidato que fue inscrito
por una colectividad diferente a la propia. Más allá de esto, la norma no
contempla el respaldo a precandidatos ni hace referencia a las campañas que
se adelantan en las consultas internas o populares.

Adicionalmente, el artículo 7º ibídem establece una modalidad de doble
militancia, cuando consagra el carácter vinculante de los resultados de dichas
consultas, en virtud del cual queda prohibido al interior de los partidos “apoyar
candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo”. Por lo tanto,
este deber legal se dirige a asegurar el apoyo al ciudadano ganador en la
consulta y que adquiere formalmente la condición de candidato, sin que
pueda ser sustituido por otro.

Ante la clara distinción de una y otra calidad –es decir, de candidato y
precandidato–, sumada a los parámetros que expresamente establece la Ley
1475 de 2011 en materia de apoyo político, no es posible extender el alcance
del artículo 2º de ese mismo cuerpo normativo a una situación ajena a la que
allí se regula.

Aunado a lo anterior, visto el asunto con un enfoque de finalidad, considera
esta Sección que el objetivo constitucional de la prohibición de doble
militancia, que apunta a auspiciar una disciplina partidista, se puede asegurar
en los términos en que han sido previstas en la ley las diferentes modalidades
de la conducta que se estudia, sobre todo en el contexto de las consultas.
Ciertamente, en el escenario indicado, la participación de los precandidatos
que allí se inscriben ocurre en un momento anterior a las campañas políticas
propiamente dichas, con el propósito de facilitar una selección democrática y
legitimada por el respaldo popular, para avanzar hacia las demás fases del
procedimiento electoral. (…)

Con base en lo discurrido, llega la Sala a la convicción de que no se configura
en el caso concreto la causal de nulidad alegada, lo que conduce a negar las
pretensiones de la demanda.”

En este contexto, esta Sección ya se pronunció al respecto y concluyó que no es
posible extender el alcance del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 a una situación
ajena a la que allí se regula, que es la de la doble militancia entendida como el
apoyo a un candidato que fue inscrito por una colectividad diferente.

En este punto la parte actora solicita que se revise la posición adoptada en esa
sentencia, bajo el entendido de que esta Sección está creando una nueva
excepción a la prohibición de la doble militancia. Al respecto debe precisarse que
la Sala mantiene su posición, y se recalca que no se crea una excepción a la
prohibición de la doble militancia, sino que esta norma no resulta aplicable en

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aquellas situaciones en los que no se habla de candidato, sino que se trata de
personas que participan en una consulta para elegir al que si será el candidato que
vaya a la contienda electoral, de manera que es una situación ajena o diferente a
las que regula en artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.

Entonces se reitera, que el caso bajo estudio se trata de una hipótesis que no
consagró la norma, razón por lo que la misma no es aplicable, y por tanto no puede
hablarse que la Sección Quinta está creando una excepción a la misma.

Así las cosas, en este asunto no puede decirse que la señora María José Pizarro
incurrió en doble militancia en la calidad de apoyo, puesto que la norma no es
aplicable, ya que para ese momento el señor Gustavo Petro no tenía la calidad de
candidato, sino que solo iba a participar en la consulta para definir el candidato de
la coalición Pacto Histórico a la Presidencia de la República.

Por lo anterior, este cargo tampoco está llamado a prosperar.

Por consiguiente, corresponde a la Sala denegar las pretensiones de la demanda,
tal como se dejará consignado en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda dirigidas a obtener la nulidad del
acto de elección de la señora María José Pizarro Rodríguez, como senadora de la
República, período 2022-2026, conforme la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: En firme esta providencia archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
22

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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