Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00284-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00284-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00284-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
30 de agosto de 2023
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: Ricardo Alfonso Albornoz Barreto
Secretario de la Comisión Séptima Constitucional Permanente
de la Cámara de Representantes
Rad: 11001-03-28-000-2022-00284-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00284-00
Demandantes: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
Demandado: RICARDO ALFONSO ALBORNOZ BARRETO - SECRETARIO
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES (2022-2026)
Tema: Nulidad electoral – infracción de norma Superior –
expedición irregular del acto de elección – cosa juzgada
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Cumplidos los requisitos previstos en el artículo 182A del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), la
Sala procede a dictar sentencia anticipada de única instancia dentro del medio
de control de nulidad electoral, previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011,
contra el acto de elección del señor Ricardo Alfonso Albornoz Barreto como
secretario de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes, para el período 2022-2026.
1. ANTECEDENTES
1. La demanda
El ciudadano Harold Eduardo Sua Montaña presentó demanda, en ejercicio del
medio de control previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a
obtener la nulidad del acto de elección del señor Ricardo Alfonso Albornoz
Barreto como secretario de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de
la Cámara de Representantes, para el período 2022-2026, contenido en el Acta
01 del 2 de agosto de 2022, en los siguientes términos:
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: Ricardo Alfonso Albornoz Barreto
Secretario de la Comisión Séptima Constitucional Permanente
de la Cámara de Representantes
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[S]e pretende entonces a través del medio de control de nulidad electoral del
acto mediante el cual Ricardo Alfonso Albornoz Barreto fue elegido como
Secretaria (sic) de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la
Cámara de Representantes para el periodo 2022-2026 (…).
1.1. Hechos
Señala el demandante que el 20 de julio de 2022 se realizó la sesión inaugural
del Congreso de la República para el período constitucional 2022-2026 y en el
orden del día se convino tratar los siguientes puntos: i) instalación de las sesiones
ordinarias por parte del entonces presidente de la República, señor Iván Duque
Márquez; ii) intervención de los partidos y movimientos políticos declarados en
oposición; iii) toma de juramento y posesión del presidente de la Junta
Preparatoria y de los congresistas electos; iv) lectura y consideración de la
renuncia del magistrado del Consejo Nacional Electoral, señor Jaime Luis
Lacouture Peñaloza, y lectura y aprobación del acta de la sesión de instalación.
Afirma que una vez instaladas las sesiones ordinarias por parte del presidente de
la República, el senador Julián Gallo, vocero de los partidos y movimientos
políticos en oposición, con fundamento en el artículo 14 de la Ley 1909 de 2018 1
─«Por medio de la cual se adoptan el Estatuto de la Oposición Política y algunos
derechos a las organizaciones políticas independientes»─ , expresó que «dadas
las pocas condiciones que tenemos, me traslado (sic) entonces y los invito al
Nuevo (sic) Congreso de la República que comenzara (sic) a sesionar desde hoy
y desde allí haremos nuestra intervención».
Informa que el pleno del Congreso de la República eligió al señor Juan Diego
Gómez Jiménez como presidente de la Junta Preparatoria2, a quien le
correspondió tomar el juramento de los congresistas electos, los cuales iniciaron
su período constitucional el 20 de julio de 2022. Una vez posesionados los
1 Artículo 14. «Acceso a medios de comunicación en instalación del Congreso. En la instalación de las
sesiones del Congreso por parte del presidente de la República, luego de la transmisión oficial, las
organizaciones políticas declaradas en oposición al Gobierno nacional tendrán un tiempo de veinte (20)
minutos para presentar sus observaciones y dar a conocer los planteamientos alternativos, en los mismos
medios de comunicación social utilizados para · la transmisión oficial. De no ser posible construir un acuerdo
entre las organizaciones políticas declaradas en oposición, el tiempo será distribuido en proporción a su
representación en el Congreso».
2 Artículo 17 de la Ley 5 de 1992: «Posesión de los congresistas. Posteriormente, el Presidente (sic) de la
Junta Preparatoria tomará el juramento de rigor a los Congresistas presentes. Con ello se cumplirá el acto
de la posesión como requisito previo para el desempeño de sus funciones y se contestará afirmativamente
a la siguiente pregunta: Invocando la protección de Dios, ¿juráis sostener y defender la Constitución y las
leyes de la República, y desempeñar fielmente los deberes del cargo? // Este juramento se entenderá
prestado para todo el período constitucional. Quienes con posterioridad se incorporen al Congreso, deberán
posesionarse ante el Presidente (sic) de la Cámara respectiva para asumir el ejercicio de sus funciones».
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senadores y representantes a la Cámara, el presidente de la Junta Preparatoria
indicó: «pido permiso para retinarme (sic) y levantar la sesión en este momento»,
frente a lo cual el secretario general de la Corporación, señor Gregorio Eljach
Pacheco, dispuso: «el señor presidente de la junta preparatoria ha levantado la
sesión del congreso pleno».
En este punto, el demandante subraya que dichas palabras implicaban una
«moción de levantamiento de la sesión» o una «proposición especial», señalada
en el numeral 5º del artículo 114, en armonía con el artículo 3 de la Ley 5ª de
1992, y no propiamente la decisión misma, por lo que tal situación se adecúa en
el supuesto de «reunión del congreso efectuada sin las condiciones
constitucionales» establecido en el artículo 149 de la Constitución Política, cuya
consecuencia es la carencia de validez de los actos realizados, pues para que
las palabras del presidente de la Junta Preparatoria cumplieran con claridad su
cometido, «debió conjugar el verbo ‘levantar’ en presente indicativo y no en
infinitivo», como tampoco podía el secretario general del Senado contestar el
mencionado interrogante diciendo «sí, acaba de levantarla». En otros términos,
lo que quiere significar el demandante es que el presidente de la citada junta
debió señalar, de forma afirmativa y precisa: «levanto la sesión» y no pedir
permiso para «levantar la sesión».
Además, agrega el demandante que la sesión inaugural del Congreso de la
República concluyó sin abordar los dos (2) puntos finales del orden del día, a
saber: i) lectura y consideración de la renuncia del magistrado del Consejo
Nacional Electoral y ii) aprobación del acta de esa sesión.
Levantada la mencionada sesión, se les informó a los representantes a la Cámara
y a los senadores «mañana, el presidente del senado convocará al Congreso en
pleno para que votemos la renuncia del Magistrado (sic) Jaime Lacouture, una
vez se vote esa renuncia, esta Cámara va a sesionar y va a elegir su mesa directa
y su secretaría general».
Ocurrido lo anterior, relata que la sesión de 21 de julio de 2022 fue inicialmente
presidida por el senador Roy Barreras, en su condición de presidente del
Congreso, y ordenó indicar si había quorum en Senado y Cámara, con el fin de
abordar el único punto del orden del día «Lectura y consideración de la renuncia
del honorable Magistrado (sic) del Consejo Nacional Electoral, doctor Jaime Luis
Lacouture Peñaloza».
Agotado el anterior punto, el presidente del Congreso de la República manifestó:
«levantamos la sesión del congreso pleno. El Senado de la República sesionará
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el martes a los ocho de la mañana en plenaria y luego se instalará comisiones.
La Cámara de Representantes inmediatamente sesionará aquí, presidida por el
señor vicepresidente reelecto tal y como lo ordena el artículo doce y trece de la
ley quinta (…)».
En reunión plenaria de la Cámara de Representantes del 21 de julio de 2022, se
trataron varios temas, dentro de los cuales se destaca el contenido del tercer
punto del orden del día, referente a la postulación, elección y posesión de los
integrantes de la Mesa Directiva de la corporación; es decir, presidente, primer
vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general, subsecretario
general y director administrativo.
Bajo este contexto el demandante indicó que la Cámara de Representantes eligió
de manera irregular al secretario general, pues estaba inhabilitado habida cuenta
de que i) fue magistrado del Consejo Nacional Electoral y ii) no se discutió una
proposición de aplazamiento de dicha elección propuesta por el Representante a
la Cámara Juan Carlos Lozada Vargas.
La plenaria de la Cámara de Representantes sesionó el 26 de julio y el 2 de
agosto de 2022, y eligió a las Comisiones Constitucionales Permanentes,
Legales y Especiales; sin embargo, no votó una solicitud de aplazamiento
efectuada por el representante a la Cámara, señor Alfredo Mondragón Garzón
referente a la instalación de la Comisión de Acusaciones.
Finalmente indicó que, en sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 2
de agosto de 2022, de acuerdo con el orden del día previsto para dicha fecha, se
eligió al señor Ricardo Alfonso Albornoz Barreto como secretario de la Comisión
Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, tal como
figura en el Acta 01 del 2 de agosto de 2022, precedido de las irregularidades
anteriormente señaladas.
1.2. Normas violadas y el concepto de la violación
La parte actora considera que el acto acusado se encuentra incurso en la causal
genérica del artículo 137 del CPACA, por incurrir en «irregularidades ocurridas
en reuniones congregacionales previas a la elección de Secretario (sic) de la
Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes
para el periodo 2022-2026»; particularmente, sostuvo que se desconoció el
artículo 149 de la Constitución Política y los artículos 3, 15, 16, 81, 87 y 114 de
la Ley 5ª de 1992, la Ley 1909 de 2018 y la Resolución 3134 de 2018 del Consejo
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Nacional Electoral. El actor desarrolló el concepto de violación a través de los
siguientes cargos:
Cargo uno. La alteración del orden del día. La nulidad del acto de elección del
secretario de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes se ocasiona por el hecho que en la sesión inaugural del
Congreso de la República ─2022-2026─ no se agotó la etapa de intervención de
las agrupaciones políticas alternativas. Al respecto, el «Estatuto de la Oposición»
prevé que inmediatamente después de la instalación del Congreso de la
República por parte del presidente, a aquellas organizaciones políticas se les
debe garantizar un espacio de 20 minutos para presentar su visión alternativa y,
en el caso particular, sostuvo que su delegado, Julián Gallo, manifestó que se iba
a trasladar a la nueva sede del Congreso «debido a las pocas condiciones que
tenemos» y que desde allí iba a realizar su intervención, conforme a la Ley 1909
de 2018 y la Resolución 3134 de 2018 del Consejo Nacional Electoral.
En ese orden, el actor señaló que dicha manifestación correspondió a una
proposición, conforme a los artículos 15, 16, 81 y 114 de la Ley 5ª de 1992, y en
esa medida, se alteró el orden del día, lo que llevó a que la elección del presidente
de la Junta Preparatoria y la posesión de los nuevos congresistas se llevara a
cabo sin la intervención de la oposición.
Esta irregularidad ─la no realización de la intervención de los partidos de
oposición y/o la alteración del orden del día─ repercutió en la ilegalidad de las
posteriores actuaciones adelantadas por esa Corporación de elección popular,
incluida la designación del secretario de la Comisión Séptima Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes, según lo previsto en el artículo
149 Constitucional.
Cargo dos. La sesión de instalación del Congreso de la República del 20 de
julio de 2022 se levantó de manera indebida. El actor afirmó que el sustento
de la anulación del acto electoral del secretario de la Comisión Séptima
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes consistió en la
indebida terminación de la sesión inaugural del periodo legislativo 2022-2026 por
parte del presidente de la Junta Preparatoria. Además, señaló que no se
discutieron los dos últimos puntos del orden del día, esto es: la renuncia
formulada por el magistrado del Consejo Nacional Electoral, señor Jaime Luis
Lacouture Peñaloza; y la aprobación del acta de esa sesión plenaria.
Cargo tres. La indebida citación de los congresistas para sesionar. El
accionante sostuvo que la citación que se hizo para que la plenaria de la Cámara
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de Representantes se reuniera el 21 de julio de 2022 fue realizada por el
Presidente del Senado ─Roy Leonardo Barreras Montealegre─ y no por quien
fungía como secretario de la citada corporación, quien, en realidad, tenía la
competencia para dicho fin, por lo que se infringió el artículo 149 de la
Constitución Política y los artículos 38, 40, 80 y 84 de la Ley 5ª de 1992. En ese
orden, indicó que el orden del día de la fecha antes descrita no fue suscrito por
la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, sino por el presidente
provisional, señor Carlos Adolfo Ardila Espinosa.
Cargo cuatro. El informe de la Comisión de Acreditación sobre el señor
Jaime Luis Lacouture Peñaloza era pasible de objeción por desconocer los
artículos 135.2 y 179 de la Constitución Política. La validación que hizo la
Comisión de Acreditación sobre el aspirante a ocupar el cargo de secretario
general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture Peñaloza, fue
ilegal, pues independientemente de que su renuncia como magistrado del
Consejo Nacional Electoral se hubiera presentado el 21 de julio de 2022, lo cierto
es que, ejerció el cargo durante los doce (12) meses anteriores a la elección, por
ende, no cumplía las calidades requeridas para desempeñarse como tal. En ese
orden, quien presidió la sesión plenaria del 21 de julio de 2022 tenía la obligación
de objetar el informe de acreditación de la comisión mediante el procedimiento
establecido en el inciso segundo del artículo 61 de la Ley 5ª de 1992; sin
embargo, esto no ocurrió, razón por la cual, considera que se trató de una reunión
del Congreso de la República efectuada sin las condiciones constitucionales,
como lo señala el artículo 149 de la Constitución Política.
Cargo cinco. La elección de la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes se surtió de manera irregular, toda vez que no se sometió
a discusión una proposición de aplazamiento del representante a la Cámara
Juan Carlos Lozada. Aduce el actor que la elección de la demandada es inválida
porque se efectuó sin agotar el trámite de una proposición de aplazamiento de la
sesión elevada por el representante Lozada, relacionada con las objeciones a la
designación del señor Lacouture como secretario general de la Cámara, a pesar
de lo que al respecto dispone el numeral 5 del artículo 123 de la Ley 5ª de 1992,
en consonancia con los artículos 43 y 44 ibidem.
Agregó, además, que se desconoció el artículo 83 de la Ley 5ª de 19923, en la
medida en que la sesión plenaria del 21 de julio de 2022 tuvo una duración mayor
3 “Las sesiones plenarias durarán, al igual que en las Comisiones Permanentes, cuatro (4) horas a partir del
momento en que el presidente las declare abiertas. La suspensión o prórroga, así como la declaratoria de
sesión permanente, requieren aprobación de la Corporación respectiva».
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a 4 horas, sin que ninguno de los participantes hubiera solicitado su suspensión
o prórroga.
Cargo seis. La elección de las comisiones constitucionales, legales y
especiales de la Cámara de Representantes es inválida por no votarse una
solicitud de aplazamiento de la sesión plenaria del 2 de agosto de 2022
elevada por el representante a la Cámara Alfredo Mondragón Garzón
─numeral 3 del artículo 114 de la Ley 5ª de 1992─. El actor aseguró que las
comisiones constitucionales, legales y especiales de la Cámara de
Representantes fueron indebidamente elegidas, debido a que antes de llevar a
cabo dicha votación no se tramitó la proposición de aplazamiento formulada por
el representante Alfredo Mondragón Garzón, quien, en síntesis, solicitó que no
se llevara a cabo la elección de la Comisión de Acusaciones, porque quería hacer
parte de ella y su nombre no fue incluido en la lista.
En la sesión del 2 de agosto de 2022, el congresista indicó lo siguiente: «Por
tanto, le pido al presidente de la Cámara, al doctor David Racero, que excluya de
la votación, hoy, la Comisión de Acusaciones para hasta cuando no haya un
acuerdo sobre el tema a menos que decidan aplastarme en ese momento y
sacarme de un plumazo como lo están haciendo, pero solicitaría de manera
respetuosa que se aplace la Comisión de Acusaciones para que después
podamos tener un acuerdo sobre el tema y que no nos aparezca sorpresas
de estas» ─se destaca─. Acontecimiento que, a juicio del actor, constituye una
proposición suspensiva «frente a la cual el numeral 3 del artículo 114 de la Ley
5ª de 1992 exige discutir y resolver ´separadamente de la principal y con
prelación a cualquiera otra que no sea de sesión permanente´» ─cursivas
originales─.
Cargo siete. La indebida elección de las comisiones constitucionales,
legales y especiales de la Cámara de Representantes por no cerrarse la
discusión sobre una proposición de aplazamiento de la sesión plenaria del
2 de agosto de 2022 ─numeral 4 del artículo 115 de la Ley 5ª de 1992─. El 2
de agosto de 2022, la plenaria de la Cámara de Representantes eligió las
respectivas comisiones; no obstante, dicha sesión careció de validez «al haberse
abierto el registro de la votación sin haber sido cerrada la discusión sobre la
proposición motivo de esta», correspondiente a la composición de Comisiones
Constitucionales, Legales y Especiales de la Cámara ─artículo 115.4 de la Ley 5
de 1992─.
El actor manifestó que, de acuerdo con la citada norma, para dar inicio a una
votación del Congreso de la República se requiere que esté «cerrada la
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discusión» sobre la proposición a votar, pero que, en el caso concreto, «al haber
dicho el asumido secretario de la Plenaria del 2 de agosto de 2022 ´se abre el
registro señor presidente´ antes de haber indicado el Presidente de la misma el
cierre de la discusión sobre la proposición de composición de comisiones
constitucionales, legales y especiales de la Cámara», dicho precepto fue
incumplido.
Por lo tanto, a su juicio, se configura el supuesto de «reunión del Congreso
efectuada sin las condiciones constitucionales» establecido en el artículo 149 de
la Constitución cuya consecuencia estipulada en ese mismo artículo es la
carencia de validez y existencia de efecto alguno de los actos realizados.
2. Actuaciones procesales
2.1. Admisión de la demanda
Mediante proveído del 3 de octubre de 20224, se admitió la demanda y se
ordenaron las notificaciones y comunicaciones de rigor. Por consiguiente, en esta
providencia se ordenaron las notificaciones procedentes, de conformidad con el
artículo 277 del referido estatuto procesal.
2.2. Contestación de la demanda
Después de la admisión de la demanda, el 10 de noviembre de 20225, el señor
Ricardo Alfonso Albornoz Barreto defendió la legalidad del acto acusado y
presentó excepciones de mérito, así:
Frente al primer cargo. El demandado manifestó que i) las palabras del senador
Julián Gallo no constituyeron una proposición al Congreso de la República en
pleno que tuviera por objeto alterar el orden del día de la sesión inaugural; ii) se
concedió oportunidad a la oposición para intervenir por cerca de 20 minutos, pero
que fue el mismo representante de la oposición quien optó por no presentar sus
manifestaciones por las dificultades técnicas que se presentaron; iii) la censura
del acto de posesión del presidente de la Junta Preparatoria y de los congresistas
no fueron los actos demandados.
Frente al segundo y tercer cargo. La parte demandada manifestó que estos
asuntos constituyeron aspectos formales que no tenían vocación de prevalencia
4 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 19.
5 Sistema de Gestión Judicial -SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 28.
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sobre los aspectos de orden sustancial del Congreso pleno, esto es, la elección
del secretario general.
Frente al cuarto cargo. El demandado manifestó que i) el actor pretende hacer
valer una lectura sistemática de los artículos 135 y 179 de la Constitución Política,
en contravía de una interpretación gramatical que por excelencia debe regir este
tipo de ejercicios jurídicos; ii) el actor busca irregularmente que al secretario de
la Cámara de Representantes se le aplique un régimen de inhabilidades previsto
para los congresistas; iii) el señor Lacouture cumplió con los requisitos y
calidades exigidos para ser nombrado secretario general de la Cámara de
Representantes y, con antelación, el informe de la Comisión de Acreditación fue
evaluado por la plenaria de la corporación y se halló que cumplió con las
exigencias legales, por lo que se optó por su designación.
Frente al quinto cargo. El demandado manifestó que i) no es cierto que la
elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes carezca de
validez al no haberse sometido una proposición de aplazamiento por una decisión
inadecuadamente motivada, pues la petición fue escuchada y resuelta con base
en los artículos 107 y 110 de la Ley 5 de 1992; ii) este aspecto no tiene relación
ni incidencia en la elección del secretario de la Comisión Séptima Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes.
Frente al sexto cargo. El demandado manifestó que no procedía el
aplazamiento, pues no hubo una proposición, sino que se trató de una constancia
que dejó el senador Mondragón consistente en que no fue incluido en la lista para
formar parte de la Comisión de Acusaciones.
Frente al séptimo cargo. El demandado manifestó que el actor intenta
controvertir la legalidad de una designación que no fue demandada en la causa
de la referencia y que, sobre todo, no tiene relación alguna con la pretensión de
nulidad de la demanda.
Finalmente, el demandado planteó la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda, con el propósito de señalar que el demandante hizo cuestionamientos
contra i) el presidente de la Junta Preparatoria, ii) los congresistas, iii) el
secretario general de la Cámara de Representantes y iv) los miembros de las
comisiones constitucionales, legales y especiales, sin ser actos demandados de
la presente causa y tampoco explicar la relación de causalidad que éstos tienen
con la designación que aquí se cuestiona.
2.3. Auto que resuelve la excepción previa de inepta demanda
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El 13 de enero de 2023, el despacho sustanciador declaró de manera parcial la
prosperidad de la excepción propuesta, al estimar que no encontraba ninguna
relación entre el acto acusado, la designación del secretario general de la Cámara
de Representantes y los integrantes de las comisiones constitucionales, legales
y especiales.
En esa medida, se consideró que «no interesa a esta litis analizar aquellas
irregularidades que eventualmente afectarían las designaciones a las que ya se
hizo referencia. Por tal motivo, se impone declarar en forma parcial la
configuración de la excepción ineptitud sustantiva de la demanda por falta de
requisitos formales, haciendo claridad que la misma operará frente a los cuatro
(4) cargos que se desarrollan desde la cuarta hasta la última casilla o renglón que
ya se referenciaron con anterioridad».
2.4. Interposición del recurso de reposición y en subsidio súplica por parte
del actor
El 17 de enero de 2023, el demandante presentó recurso de reposición y en
subsidio súplica contra la decisión antes referida, en el que advirtió que los
reproches que fueron excluidos a causa de la prosperidad de la excepción de
inepta demanda sí tenían efectivamente una relación directa con la designación
cuestionada, toda vez que ésta resultó viciada si se tiene en cuenta que las
actuaciones previas se presentaron irregularidades.
Para sustentar sus afirmaciones, refirió que i) no se objetó el informe de
acreditación documental del señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza, en la reunión
del 21 de julio de 2022, cuando era una obligación constitucional para poder
realizar su designación; ii) no se discutió la proposición de aplazamiento
propuesta por el señor Juan Carlos Lozada; iii) si bien se presentaron dichos
vicios en cuanto al trámite de la proposición referida, la Cámara de
Representantes siguió realizando elecciones a pesar de que toda la actuación
surtida de manera previa estaba tachada de irregularidades.
2.5. Auto que decidió el recurso de reposición
Por medio de auto del 19 de abril de 2023, el magistrado conductor del asunto no
repuso la decisión, por cuanto consideró que «los ítems cuatro a siete del cuadro
que figura en el libelo inicial no tiene correlación sustantiva con el objeto litigioso,
pues lejos de servir de fundamento para controvertir el acto de elección del
secretario de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de
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Representantes, más bien sugieren un análisis de validez de: i) el nombramiento
del señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza para el cargo de Secretario General de
la Cámara de Representantes; ii) la elección de la Mesa Directiva de la Cámara
de Representantes; iii) la elección de las comisiones constitucionales, legales y
especiales».
2.6. Auto que decidió el recurso de súplica
Por auto del 11 de mayo de 2023, la Sección Quinta consideró que «el actor
cumplió con las exigencias de tipo formal para la presentación de sus cargos y
realizó una explicación lógica del porqué los referidos vicios irradian de ilegalidad
la elección cuestionada, independientemente de su corrección, por lo que se
revocará la determinación de declarar probada la excepción de inepta demanda
frente a los reproches 4, 5, 6 y 7 de la demanda, para que en su lugar proceda a
su estudio».
3. Otras actuaciones durante el proceso
3.1. Trámite de sentencia anticipada
Mediante auto del 15 de junio de 20236, el despacho sustanciador, con
fundamento en lo establecido en el artículo 182A del CPACA del CPACA,
adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. resolvió: i) dar aplicación a
la figura de la sentencia anticipada, ii) incorporar las documentales allegadas y
decretar pruebas, iii) fijar el litigio, iv) correr traslado de las pruebas y v) ordenar
a las partes presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público emitir
concepto.
En punto a los presupuestos para dictar sentencia anticipada antes de la
audiencia inicial, se consideró que se configuraban los literales a), b) y c) del
numeral 1° del artículo 182A del CPACA, en la medida que el objeto de litigio i)
es un asunto de puro derecho, pues la causal invocada por el actor exige un
análisis normativo sobre el procedimiento de elección del secretario de la
Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes,
ii) no es necesario practicar pruebas adicionales y iii) se aportaron pruebas de
naturaleza documental que no fueron objeto de solicitud de tacha o
desconocimiento.
6 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 58.
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: Ricardo Alfonso Albornoz Barreto
Secretario de la Comisión Séptima Constitucional Permanente
de la Cámara de Representantes
Rad: 11001-03-28-000-2022-00284-00
3.1.1. Recurso de reposición contra el auto del 15 de junio de 2023 que
anunció sentencia anticipada
El 20 de junio de 2023, el demandante formuló recurso de reposición frente a lo
decido en relación con la configuración de los presupuestos para dictar sentencia
anticipada, específicamente, respecto a los literales a), b) y c) del numeral 1° del
artículo 182A del CPACA, pues, desde su punto de vista, es procedente dictarla
con base en la causal de cosa juzgada, prevista en el numeral 3 de ese mismo
artículo. Este argumento de censura lo presentó, así:
Actuación en proceso de nulidad electoral 2022-284 tras auto interlocutorio en
dicho proceso y sentencia en el de nulidad electoral 2022-286 (…) Como el
fenómeno de la cosa juzgada está contemplado en el numeral 3 del artículo
182A del CPCA para dictar sentencia anticipada «cuando el juzgador
encuentre» la misma y en la sentencia del asunto esta corporación toma una
decisión sobre la elección objeto del proceso del auto del asunto (i.e. el de
nulidad electoral 2022-284) con la misma causa petendi a la fijada en dicho
auto, respetuosamente pido reponer la decisión de sentencia anticipada
proferida en ese auto a efectos de ajustarse a tal circunstancia (…). (se
subraya).
3.1.2. Auto que decidió el recurso de reposición por el acaecimiento del
fenómeno de la cosa juzgada
El despacho sustanciador observa que se configuró el fenómeno de la cosa
juzgada, pues el acto de elección censurado ya fue objeto de pronunciamiento
judicial por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado y los requisitos de
configuración se encuentran plenamente acreditados en esta causa.
Así entonces, habida cuenta de que en la parte resolutiva de la sentencia del 8
de junio de 2023 se negaron las pretensiones de la demanda, se tiene que sobre
los cargos de nulidad propuestos en el expediente con radicado 11001-03-28-
000-2022- 00284-00 recayó el fenómeno jurídico mencionado, en los términos
del artículo 189 del CPACA.
Por las anteriores razones, el 28 de julio de 2023, el despacho sustanciador
procedió a reponer el numeral primero de la parte resolutiva del auto del 15 de
junio de 2023, para en su lugar, aplicar en el presente caso la figura de la
sentencia anticipada, por cumplirse los presupuestos previstos en el numeral 3º
del artículo 182A, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.
3.2. Pronunciamiento sobre las pruebas decretadas y aportadas en el
proceso
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: Ricardo Alfonso Albornoz Barreto
Secretario de la Comisión Séptima Constitucional Permanente
de la Cámara de Representantes
Rad: 11001-03-28-000-2022-00284-00
El demandante se pronunció7 e identificó las horas y minutos de los videos de las
sesiones del 20 y 21 de julio y 2 de agosto de 2022 en los que, a su juicio, se
incurrió en varias irregularidades que soportaban las pretensiones de nulidad
electoral de su demanda. En similar sentido, hizo referencia a los órdenes del día
de las reuniones del 20 y 21 de julio de 2022 en los que supuestamente se incurrió
en yerros que condujeron a la transgresión de la Ley 5ª de 1992, Reglamento
Interno del Congreso de la República. Finalmente, aseguró que con la elección
objeto de censura se desconocieron el artículo 6 de la Ley 3 de 1991 y los
artículos 43, 109 y 129 de la Ley 5 de 1992.
Finalmente, de manera ininteligible y sin que sea posible entender lo que el
memorialista intenta expresar, manifestó: «al momento de hallar el despacho los
presupuestos de configuración de cosa juzgada eludió completamente (sic) lo
dicho acerca de la misma el 20 de junio de 2023 cuando ello la señala
materialmente de írrita por falta de imparcialidad objetiva en su origen» (v. párr.
3.1.1).
Los demás sujetos procesales guardaron silencio.
4. Alegatos de conclusión
La apoderada del señor Ricardo Alfonso Albornoz Barreto8 se refirió a las
pruebas decretadas e incorporadas al proceso y reiteró los argumentos que
expuso en la contestación de la demanda.
Insistió en que ninguna de las irregularidades señaladas por el demandante se
configuró y que, en todo caso, no tenían la virtud para enervar la elección
cuestionada.
Además, agregó que el demandante planteó los mismos reproches del sub judice
en otros dos procesos que la Sección Quinta conoció en el pasado. El primero
con radicado 11001-03-28-000-2022-00286-00, en el que se pretendió la
anulación del acto de elección de la Mesa Directiva de la Comisión Séptima
Constitucional Permanente de la Cámara de Representante y de su secretario, el
cual culminó con sentencia ejecutoriada el 8 de junio de 2023. El segundo con
radicado 11001-03-28-000-2022-00216-00, en el que se solicitó la anulación del
7 A través de memorial presentado el 9 de agosto de 2023. Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial
de actuaciones. Anotación 71.
8 A través de memorial presentado el 23 de agosto de 2023. Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial
de actuaciones. Anotación 73.
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: Ricardo Alfonso Albornoz Barreto
Secretario de la Comisión Séptima Constitucional Permanente
de la Cámara de Representantes
Rad: 11001-03-28-000-2022-00284-00
acto de elección de los representantes de la República de Colombia ante el
Parlamento Andino, debate concluido mediante sentencia ejecutoriada del 30 de
marzo de 2023.
De esta manera, puso en evidencia que en ambos casos se despacharon
desfavorablemente las pretensiones de las demandas, al encontrar que los actos
acusados no se encontraban viciados de nulidad, por aspectos idénticos a los
censurados en el acto acusado en el asunto de la referencia y que concita el
interés de la Sala.
En ese orden de ideas, solicitó negar las pretensiones de la demanda.
El señor Harold Eduardo Sua Montaña9 hizo referencia a la máxima «cum
principalis causa non consistit, ne ea quidem quae sequuntur locum habent
[cuando no subsiste la causa principal, tampoco tienen ciertamente lugar las
cosas que de ella se siguen]» para significar que a la luz de los linderos trazados
en la fijación del litigio el juez colegiado resolverá el presente caso bajo la óptica
de la cosa juzgada, situación que, según el demandante, está en concordancia
con los memoriales radicados el 16 de mayo, 20 de junio y 9 de agosto de 2023.
Insistió, tal como lo ha manifestado en otras oportunidades procesales, que «la
situación fáctica va a ser apreciada (…) con ausencia de imparcialidad objetiva y
cosa juzgada irrita».
Manifestó que reitera lo que consignó en el memorial sobre traslado de pruebas
presentado al despacho el 9 de agosto de 2023.
Solicitó que se tenga en cuenta el memorial presentado el 19 de enero de 2023,
concerniente a las réplicas por las excepciones presentadas en el escrito de
contestación de la demanda. En efecto, señaló que los argumentos esbozados
por el demandado son los mismos que ya fueron analizados en anterior ocasión
en el auto del 10 de noviembre de 2022, MP Carlos Enrique Moreno, Rad. 2022-
00216-00. En esa providencia fueron desestimadas esas alegaciones, razón por
la cual, a juicio del demandante, resulta “entonces lógico” que en este caso se
adopte nuevamente una decisión negativa frente a lo solicitado.
Finalmente, afirmó, en cuanto a las pretensiones, que «se mantiene incólume en
su pretensión de nulidad aun cuando está segura (sic) de que la Sala va
negársela».
9 Memorial presentado el 24 de agosto de 2023.
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
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Rad: 11001-03-28-000-2022-00284-00
5. Concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado10, luego de
esbozar la situación fáctica y cargos de nulidad expuestos en la demanda,
sostuvo que:
La irregularidad relacionada con la intervención de la oposición no tenía
incidencia en el acto de elección del secretario de la Comisión Séptima
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, habida cuenta de
que la Constitución Política, la Ley 5ª de 1992 y la Ley 1909 de 2018 no
establecían que ella debía realizarse antes de que el presidente de la Junta
Preparatoria y los congresistas tomaran juramento.
De las pruebas obrantes en el plenario se advertía que al representante de la
oposición se le concedió la palabra para su intervención y manifestó que por los
problemas técnicos que se presentaron (relacionados con el sonido del salón)
intervendría en la sesión inicial del Senado de la República, como se puede
constatar en el video de la instalación del Congreso aportado por el demandante.
Advirtió que esa circunstancia no podía entenderse como una alteración del
orden del día, pues el vocero de la oposición decidió no continuar con su
intervención, e insistió en que ello no afectaba la legalidad del acto demandado.
El presidente de la Junta Preparatoria tenía la facultad de levantar la sesión de
instalación del Congreso de la República, de conformidad con el artículo 81 de la
Ley 5ª de 1992. No obstante, destacó que “para el momento en que se decidió
por parte del presidente de la Junta Preparatoria, levantar la Sesión de Instalación
del Congreso de la República, se habían desarrollado los asuntos o temas
principales de la mencionada sesión; esto es, los establecidos en los artículos 12
al 17 del Reglamento del Congreso”.
Consideró que no se observa ninguna prohibición en el sentido que el mismo día
en que se instalan las sesiones del Congreso se permita a la Cámara elegir su
Mesa Directiva. Por el contrario, el artículo 40 del Reglamento del Congreso,
establece que «La Mesa Directiva de cada Cámara se compondrá de un
presidente y dos Vicepresidentes (sic), elegidos separadamente para un período
de un año y a partir del 20 de julio (…)».
10 Memorial presentado el 24 de agosto de 2023. Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de
actuaciones. Anotación 73.
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: Ricardo Alfonso Albornoz Barreto
Secretario de la Comisión Séptima Constitucional Permanente
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Rad: 11001-03-28-000-2022-00284-00
Precisó que el artículo 87 de la Ley 5 de 1992 debe interpretarse en el sentido de
que a partir del día siguiente a la instalación de las sesiones del Congreso, este
se encuentra facultado para ejercer todas sus competencias constitucionales, sin
perjuicio que el mismo día de la sesión de instalación, los congresistas puedan
escoger su Mesa Directiva, pues la Constitución Política no solo habilita el inicio
de sesiones el mismo día, sino que otorga facultades plenas para realizar
sesiones ordinarias en esa fecha.
En lo que atañe a las supuestas irregularidades de la sesión de 21 de julio de
2022, en la que se eligió la Mesa Directiva y el secretario general de la Cámara
de Representantes, advirtió que en este asunto se controvierte la elección del
señor Albornoz Barreto, por lo que cualquier objeción que evidencie el extremo
actor frente a una elección diferente a la que acá se cuestiona, no resulta
procedente.
Respecto a las irregularidades presentadas en la sesión del 2 de agosto de 2022,
consideró que los argumentos expuestos por el demandante sugieren una
valoración gramatical de cómo fueron tratadas y evacuadas algunas
proposiciones en el desarrollo de aquella discusión, más no se evidencia cómo
aquellos formalismos tienen el grado de incidencia para afectar el acto
censurado.
En síntesis, el Ministerio Público consideró que las supuestas irregularidades
relacionadas con la transgresión de los artículos 149 constitucional, 81 de la Ley
5 de 1992 y 14 de la Ley 1909 de 2018, el indebido levantamiento de la sesión
inaugural del 20 de julio de 2022 y la incorrecta designación de la Mesa Directiva
de la Cámara de Representantes e irregularidades en la sesión plenaria, no
tienen incidencia alguna que afecte la legalidad del acto demandado.
En ese orden de ideas, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda
de nulidad electoral que promovió el demandante.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 149 de la Ley 1437
de 2011, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 del 2021 11 y en el artículo
11 «Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas
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Secretario de la Comisión Séptima Constitucional Permanente
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Rad: 11001-03-28-000-2022-00284-00
13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Sección es competente para conocer y tramitar en única instancia el proceso
de la referencia.
2. El acto acusado
Acto de elección del señor Ricardo Alfonso Albornoz Barreto como secretario de
la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes para el período 2022-2026, contenido en el Acta de sesión
plenaria 01 del 2 de agosto de 2022 de la Cámara de Representantes.
3. Problema jurídico
Conforme con la fijación del litigio que se efectuó en la providencia del 28 de julio
de 2023, en la que se dio aplicación a la figura de la sentencia anticipada,
corresponde a la Sala determinar el alcance que, para este proceso, tiene la
decisión adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 8 de junio de
202312, en el marco del medio de control de nulidad electoral contra el acto de
elección del señor Ricardo Alfonso Albornoz Barreto como secretario de la
Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes,
contenido en el Acta 01 del 21 de julio de 2022.
4. Cuestión previa
Antes de analizar las aristas trazadas en el problema jurídico, debe la Sala
estudiar, previamente, i) la posible recusación presentada por el actor durante el
traslado de las pruebas decretadas en el proceso y en la etapa de alegatos de
conclusión; ii) la ampliación del objeto de litigio propuesto por el demandante el
9 de agosto de 2023.
4.1. La posible recusación presentada por el señor Sua Montaña en contra
de los integrantes de la Sección Quinta durante el traslado de pruebas
La Sala considera que no se estructuró propiamente una recusación en el
memorial de traslado de pruebas y en la presentación de alegatos de conclusión
por el señor Sua Montaña por las siguientes razones: i) el recusante no identificó
ninguna causal prevista en el ordenamiento jurídico para controvertir la
especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los
siguientes asuntos: (…) 4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la
República, sus Cámaras y sus comisiones, (…)» (Negrita y subrayado fuera del texto).
12 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 8 de junio de 2023, rad. 11001-03-28-000-2022-00286-
00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil
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independencia e imparcialidad de los funcionarios judiciales, sino que hizo
alusión de manera vaga, imprecisa, abstracta y general al hecho de que «al
momento de hallar el despacho los presupuestos de configuración de cosa
juzgada eludió completamente lo dicho acerca de la misma el 20 de junio de
2023 cuando ello la señala materialmente de írrita por falta de imparcialidad
objetiva en su origen»; y ii) no demostró ni argumentativa ni probatoriamente su
dicho y, en esa medida, no aludió en su escrito a ninguna causal de recusación.
Así las cosas, por tratarse de prohibiciones que alteran excepcionalmente el
ejercicio natural de la competencia judicial y que no pueden ser objeto de
deducción por analogía ni de interpretaciones subjetivas, se concluye que no
existió una petición de recusación porque no se invocó ninguna causal en contra
de los magistrados que integran la Sección Quinta con la idoneidad de
interrumpir el conocimiento del asunto sometido a su consideración.
La Sala llama la atención del litigante, en la medida que observa que en el
memorial del 20 de junio de 2023 el demandante formuló recurso de reposición
y solicitó que se dicte sentencia anticipada con base en la causal de cosa
juzgada; no obstante, pese a que se resuelve favorablemente su pedimento, días
después, durante el traslado de pruebas, afirma contradictoriamente que se
«eludió completamente lo dicho acerca de la misma el 20 de junio de 2023», sin
ni siquiera consignar las razones de su discrepancia a través de los cauces de
impugnación que la ley ha previsto.
Por esta razón, se le indica al profesional del derecho que el ejercicio de la
abogacía debe evitar el desgaste innecesario del servicio público judicial a través
de memoriales circulares, repetitivos, confusos y contradictorios, que no son, por
una parte, claros, esto es, escritos con fórmulas evasivas o elusivas, y por otra
consecuentes, que desconocen los trámites que se han surtido anteriormente al
interior del proceso, todo esto a efectos de propender por administrar correcta y
oportunamente justicia, fin último de la función jurisdiccional.
4.2. La ampliación del objeto de litigio propuesto por el demandante
durante el traslado de pruebas consideradas y decretadas
En el término para pronunciarse sobre las pruebas, la parte actora propuso un
cargo nuevo relacionado con que las elecciones demandadas no se realizaron
dentro del término del inciso segundo del artículo 6 de la Ley 3 de 1992. Además,
arguyó que se desconocieron los artículos 43, 109 y 129 de la Ley 5 de 1992
como consecuencia de lo que consideró un levantamiento irregular de la sesión
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inaugural. En ese orden, como lo ha explicado la Sala en otras oportunidades13,
el cargo nuevo debió proponerse a través de la reforma de la demanda, dentro
de los 3 días siguientes a la notificación del auto admisorio ─art. 278 CPACA─,
sin que se perdiera de vista el término de caducidad del medio de control
electoral al que está sometido.
En el presente caso, el auto admisorio se notificó por estado14 al demandante el
4 de octubre de 202215, por ende, el término para reformar la demanda corrió
hasta el día 7 de este mes y año. Por tanto, como el nuevo cargo está fechado
del 9 de agosto de 2023, no se abordará su estudio, pues el rigor extintivo de la
caducidad operó.
5. El caso concreto: la irradiación de la cosa juzgada a causa de la
sentencia proferida el 8 de junio de 2023 por la Sección Quinta del Consejo
de Estado
El señor Sua Montaña sostuvo el 20 de junio de 2023 que varios de los
cuestionamientos formulados contra el acto de elección contenido en el Acta 01
del 2 de agosto de 2022, mediante el cual se designó al señor Ricardo Alfonso
Albornoz Barreto como secretario de la Comisión Séptima Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes, ya fueron estudiados por esta
Sección, mediante sentencia del 8 de junio de 2023, expediente con radicado
11001-03-28-000-2022-00286-00, con ponencia del magistrado Pedro Pablo
Vanegas Gil.
Esta circunstancia naturalmente da lugar a interrogarse sobre el alcance que,
para este proceso, tiene dicha decisión, específicamente en cuanto a los cargos
que hicieron tránsito a cosa juzgada. En esa perspectiva es importante recordar
que, necesaria para garantizar que las decisiones ventiladas ante la jurisdicción
encuentren una resolución definitiva y se cumpla el objetivo esencial de la
actividad judicial, esto es, la pacificación de las relaciones sociales, la cosa
juzgada es el atributo reconocido por el ordenamiento jurídico a las sentencias
ejecutoriadas en virtud de la cual se considera que tienen características de
inmutables, vinculantes y definitivas, esto es, que: i) no pueden ser modificadas,
ni siquiera por el mismo juez que las profirió; ii) son de obligatorio cumplimiento,
y iii) lo decidido no puede ser discutido nuevamente en sede jurisdiccional.
13 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias del 20 de abril de 2023, rad. 11001-03-28-000-2022-
00203-00 (acumulado 2022-00207-00) y del 13 ese mes y año, rad. 11001-03-28-000-2022-00195-00
(acumulado 2022-00200-00), ambos con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate; sentencia del 25
de mayo de 2023, rad. 11001-03-28-000-2022-00184-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas.
14 Como lo ordena el numeral 4 del artículo 277 del CPACA.
15 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 21.
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Así pues, la cosa juzgada no solo confiere estabilidad y certeza a las relaciones
jurídicas, sino que evita que el aparato judicial sea utilizado en múltiples
oportunidades, aparentemente con distintos argumentos, para resolver el mismo
conflicto en otro juicio posterior, con el consecuente desgaste que impediría que
pueda ocuparse de las demandas de otros justiciables16. En palabras de la Corte
Constitucional y de esta Corporación, respectivamente:
La firmeza de las decisiones es condición necesaria para la seguridad jurídica.
Si los litigios concluyen definitivamente un día, y tanto las partes implicadas en
él como el resto de la comunidad, tienen certeza de que a partir de ese momento
la decisión judicial es inalterable, el proceso cumple un papel eficaz en la
solución de los conflictos. Este es el sentido de la cosa juzgada, en relación con
la cual la Corte ha reconocido que hace parte de las garantías del debido
proceso, consagradas en el artículo 29 de la Constitución, y está implícita en el
concepto de administrar justicia17.
En cuanto al fenómeno de la cosa juzgada, cabe advertir que se le ha asimilado
al principio del <<non bis in idem>> y tiene por objeto que los hechos y
conductas que han sido resueltas a través de cualquiera de los medios
aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal
cualidad de lo resuelto obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter
vinculante y obligatorio y, por lo tanto, goza de plena eficacia jurídica, por ello
la cosa juzgada comprende todo lo que se ha disputado.
La cosa juzgada es una consecuencia jurídica que se le atribuye a la sentencia
o decisión del juez, fruto de un procedimiento calificado, denominado proceso
de declaración de certeza. Consecuencia de la misma, se pueden predicar
efectos procesales y sustanciales que tienden a garantizar un mínimo de
seguridad jurídica entre los asociados18.
Aunque objeto de innumerables controversias que ponen en evidencia la
dificultad de asumir entendimientos unívocos sobre aspectos tales como su
naturaleza19, lo cierto es que, en nuestro ordenamiento jurídico, la cosa juzgada
es un fenómeno de carácter transversal, esto es, se predica de las decisiones
definitivas adoptadas en diferentes jurisdicciones20, pero opera de manera
16 Corte Constitucional, sentencia C-543 de 1992, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
17 Corte Constitucional, sentencia C-548 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de julio de 2012, rad. 20079, M.P.
Mauricio Fajardo Gómez.
19 Para un breve resumen de las discusiones doctrinales que se han desarrollado sobre el particular puede
verse: Hernán Fabio López Blanco, Instituciones de derecho procesal civil colombiano, Parte I, 7ª éd., Dupré
Editores, Bogotá, p. 591-593.
20 Así, por ejemplo, el artículo 243 de la Constitución dispuso que «los fallos que la Corte dicte en ejercicio
del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. // Ninguna autoridad podrá reproducir
el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la
Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución»
y se hace referencia a ella tanto en los Códigos de Procedimiento Civil, Contencioso Administrativo, Procesal
20
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distinta en función del tipo de medio de control en el marco de la cual se profiere
la providencia a propósito de la cual se invoca.
Así, mientras el Código General del Proceso establece que «la sentencia
ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada,
siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la
misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica
de partes» (artículo 303 del CGP), el CPACA, en su artículo 189, dispone que:
Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de
un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga
omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga
omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la
legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de
legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas
jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen. // Cuando por
sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo
distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente
sus decretos reglamentarios. // Las sentencias de nulidad sobre los actos
proferidos en virtud del numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política,
tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional. Sin embargo, el
juez podrá disponer unos efectos diferentes. // La sentencia dictada en procesos
relativos a contratos, reparación directa y cumplimiento, producirá efectos de
cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa
y siempre que entre ambos haya identidad jurídica de partes (…).
Aunque, a primera vista, el carácter general de los términos empleados en la
norma procesal civil podría dar lugar a pensar que las condiciones allí
establecidas para que pueda invocarse la excepción de cosa juzgada son
aplicables en cualquier rama del derecho y sea cual fuere el tipo de proceso de
que se trate21, lo cierto es que debe advertirse que luego de una lectura completa
y holística de esa norma y de su comparación con la legislación procesal
administrativa, se infiere que la concreción del fenómeno de cosa juzgada está
ligada necesariamente al objeto del litigio resuelto por la decisión respecto de la
cual se predica esta última.
Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 189 del CPACA, en los asuntos
en los cuales se debaten y definen intereses subjetivos, como son los relativos a
del Trabajo y de Procedimiento Penal. No obstante, el artículo 333 del Código de Procedimiento Civil
consagra que algunas sentencias ejecutoriadas no hacen tránsito a cosa juzgada.
21 De hecho, eso es lo que ocurre en la sentencia C-522 de 2009 antes citada, en donde refiriéndose al
principio de manera general, esto es, sin circunscribirlo a una rama del derecho en particular, la Corte indica
que: «la existencia de cosa juzgada implica la imposibilidad de promover un nuevo proceso en el que se
debata el mismo tema ya decidido, siempre que se reúnan tres condiciones, que en la ley colombiana se
encuentran previstas en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, como son la identidad de partes,
la identidad de objeto y la identidad de causa».
21
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: Ricardo Alfonso Albornoz Barreto
Secretario de la Comisión Séptima Constitucional Permanente
de la Cámara de Representantes
Rad: 11001-03-28-000-2022-00284-00
las acciones contractuales y de reparación directa, la cosa juzgada se materializa
en el hecho de que, en sede judicial, no pueda debatirse nuevamente un proceso
que, tramitado por las mismas partes, verse sobre igual objeto y se funde en la
misma causa de otro que haya sido definido mediante sentencia ejecutoriada;
mientras que, en los litigios en los cuales lo que se debate y define es la legalidad
de un acto, como los relativos a las acciones de nulidad electoral, esta figura se
concreta en que el análisis efectuado por el juez, en una sentencia ejecutoriada,
no pueda ser discutido o retomado con posterioridad, i) bien porque, habiéndose
decretado la nulidad del acto, este desaparece del ordenamiento jurídico ─con lo
que un nuevo juicio de legalidad carecería de objeto por sustracción de materia─,
ii) bien porque, habiéndose denegado las pretensiones de la demanda, el mismo
no pueda ser atacado sino exclusivamente por razones diferentes a las ya
estudiadas por el juez22.
Lo anterior por cuanto, tratándose de una jurisdicción rogada, es entendible que
el acto acusado no se confronta con la totalidad del ordenamiento jurídico, sino
únicamente con las normas superiores invocadas por el accionante y a partir del
concepto de violación por él formulado, de modo que son estos aspectos los que
demarcan la causa petendi de la demanda y, con ella, la decisión respecto de la
cual se predica el carácter de cosa juzgada erga omnes23.
En otras palabras, en el caso en que el juez de la legalidad del acto administrativo
niegue su nulidad, esta decisión, enmarcada por la referencia a las normas
violadas y el concepto de violación invocados, es inmutable y de obligatorio
cumplimiento erga omnes, lo cual implica que, por una parte, el acto no solo sigue
teniendo plenos efectos en el ordenamiento jurídico, sino que, por haber sido
analizada y definida judicialmente, su validez deviene inexpugnable únicamente
en relación con los cargos analizados, de modo que su contenido no puede ser
desconocido y, por la otra, que su legalidad no puede ser cuestionada
nuevamente, en sede judicial, por las razones ya sometidas a estudio.
La misma regla se aplica a lo decidido sobre la legalidad de un acto administrativo
22 Lógica similar a la que se aplica en materia del juicio de constitucionalidad de las leyes operado por la
Corte Constitucional. Al respecto pueden consultarse las sentencias C-220 de 2011, C-332 de 2013, C-532
de 2013 y C-287 de 2014.
23 Sobre este punto la Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto de 29 de abril de 2008, rad. 11001-03-
06-000-2008-00009-00(1878), M.P. William Zambrano Cetina, explicó que en el caso de las sentencias que
niegan la nulidad del acto demandado pueden presentarse las siguientes situaciones. «a. Que un mismo
acto administrativo sea objeto de diversas demandas, sin que automáticamente opere el fenómeno de cosa
juzgada a partir de los pronunciamientos judiciales anteriores; b. Que, por lo mismo, sobre un acto
administrativo coexistan sin ser contradictorios, diversos pronunciamientos judiciales respecto de su
legalidad, cuando la causa petendi que ha dado origen a los procesos es distinta en cada caso; y c. Que
únicamente, cuando sobre un mismo acto administrativo se discutan las mismas razones o causa petendi
de un proceso anterior, habrá cosa juzgada».
22
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: Ricardo Alfonso Albornoz Barreto
Secretario de la Comisión Séptima Constitucional Permanente
de la Cámara de Representantes
Rad: 11001-03-28-000-2022-00284-00
demandado en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que la
norma no hizo distinción alguna entre estos dos tipos de contencioso, aunque sí
precisó, en relación con lo decidido en torno al restablecimiento de un derecho,
que la cosa juzgada beneficiaría a quien hubiere intervenido en el proceso y
obtenido la declaración a su favor, lo que significa que, en un trámite judicial
posterior, dicho restablecimiento no podría desconocerse.
A la luz de estas consideraciones teóricas, la Sala considera que, estando
debidamente ejecutoriada24, la sentencia del 8 de junio de 2023, mediante la cual
la Sección Quinta de esta Corporación negó expresamente la nulidad electoral
contra el acto de elección del señor Ricardo Alfonso Albornoz Barreto como
secretario de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes, la misma hizo forzosamente tránsito a cosa juzgada erga omnes
─pero sólo en relación con la causa petendi juzgada─.
Con el fin de verificar los cargos que se ventilaron en el proceso con radicado
11001-03-28-000-2022-00286-00 y cuya sentencia fue proferida el 8 de junio de
2023, y los cargos formulados en el presente proceso 11001-03-28-000-2022-
00284-00, la Sala presentará un cuadro a doble columna en el que se cotejarán
los cargos y concepto de violación de estos dos procesos con el objeto de fijar el
contorno del pronunciamiento judicial:
A. Procesos
Radicado. 11001-03-28-000-2022-00286- Radicado. 11001-03-28-000-2022-00284-
00. Sentencia del 8 de junio de 2023 por la 00. Sentencia objeto de pronunciamiento
Sección Quinta del Consejo de Estado judicial.
Magistrado ponente: Pedro Pablo Vanegas Magistrado ponente: Luis Alberto Álvarez
Gil Parra
B. Partes
Demandante: Harold Sua Montaña. Demandante: Harold Sua Montaña.
Demandados: Mesa Directiva de la Demandado: Secretario de la Comisión
Comisión Séptima Constitucional Séptima Constitucional Permanente de la
Permanente de la Cámara de Cámara de Representantes, Ricardo
Representantes (integrada por: Agmeth Alfonso Albornoz Barreto, período 2022-
José Escaf Tijerino como presidente, Hugo 2026 (se subraya).
Alfonso Archila Suarez como
24
Código General del Proceso. Artículo 302. «Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia
adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. (…) Las que
sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando
carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren
procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos» (se subraya). La
sentencia proferida el 8 de junio 2023 se notificó el 9 de junio siguiente, Sistema de Gestión Judicial -SAMAI.
Historial de actuaciones. Anotación 85.
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: Ricardo Alfonso Albornoz Barreto
Secretario de la Comisión Séptima Constitucional Permanente
de la Cámara de Representantes
Rad: 11001-03-28-000-2022-00284-00
vicepresidente, periodo 2022 a 2023) y
secretario (Ricardo Alfonso Albornoz
Barreto, período 2022 - 2026) (se subraya).
C. Pretensiones
«Se pretende entonces a través del medio «Se pretende entonces a través del medio
de control de nulidad electoral acto mediante de control de nulidad electoral del acto
el cual fue elegida la Mesa Directiva de la mediante el cual Ricardo Alfonso Albornoz
Comisión Séptima Constitucional Barreto fue elegido como Secretaria (sic)
Permanente de la Cámara de de la Comisión Séptima Constitucional
Representantes para el periodo 2022-2023 Permanente de la Cámara de
contenido en el del Acta número 01 de la Representantes para el periodo 2022-2026
Comisión Séptima Constitucional (…) Resultan perjudicados con la nulidad
Permanente de la Cámara de pretendida el ciudadano Ricardo Alfonso
Representantes de la República del 2 de Albornoz Barreto» (se subraya).
agosto de 2022 (…) Resultan perjudicados
con la nulidad pretendida los ciudadanos
representantes Agmet José Escaf Tijerino y
Hugo Alfonso Archila Suárez y el ciudadano
Ricardo Alfonso Albornoz Barreto (…)» (se
subraya).
D. Cargo y concepto de violación
1. La alteración del orden del día en la sesión La alteración del orden del día en la sesión
inaugural del Congreso. inaugural del Congreso.
2. El levantamiento indebido de la sesión de El levantamiento indebido de la sesión de
instalación. instalación.
3. La reunión del 21 de julio de 2022 no fue La reunión del 21 de julio de 2022 no fue
citada por el competente, sumado a que el citada por el competente, sumado a que el
orden del día no fue suscrito por la Mesa orden del día no fue suscrito por la Mesa
Directiva de la Cámara de Representantes, Directiva de la Cámara de Representantes,
sino por el presidente provisional. sino por el presidente provisional.
4. La elección de la Mesa Directiva de la El informe de la Comisión de Acreditación
Cámara de Representantes y del señor a propósito del señor Jaime Luis Lacouture
Jaime Luis Lacouture Peñaloza como su Peñaloza era pasible de objeción, pues
secretario general en la sesión del 21 de este último se encontraba inhabilitado para
julio fue irregular puesto que i) este último se el cargo.
encontraba inhabilitado para el cargo y por
tanto debió objetarse el informe de La elección de la Mesa Directiva de la
acreditación y, además, porque ii) no se votó Cámara de Representantes fue ilegal, toda
una solicitud aplazamiento hecha por el vez que no se sometió a discusión una
representante Juan Carlos Lozada Vargas. proposición de aplazamiento del
representante a la Cámara Juan Carlos
Lozada de la sesión del 21 de julio de 2022.
5. El 2 de agosto de 2022, la plenaria de la El 2 de agosto de 2022, la plenaria de la
Cámara de Representantes continuó con la Cámara de Representantes continuó con la
elección de las respectivas comisiones sin elección de las respectivas comisiones sin
que se discutiera la solicitud de discutir la solicitud de aplazamiento
aplazamiento propuesta por el propuesta por el representante Alfredo
representante Alfredo Mondragón Garzón Mondragón Garzón frente a la integración
frente a la integración de la comisión de de la comisión de acusaciones, y por ello,
acusaciones, y por ello, la designación de la designación de los demandados deviene
los demandados deviene en irregular. en irregular.
6. Las designaciones demandadas carecieron Las designaciones demandadas
de validez porque se abrió el registro de la carecieron de validez porque se abrió el
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Demandado: Ricardo Alfonso Albornoz Barreto
Secretario de la Comisión Séptima Constitucional Permanente
de la Cámara de Representantes
Rad: 11001-03-28-000-2022-00284-00
votación sin que fuera cerrada la discusión registro de la votación sin que fuera
sobre la proposición de aplazamiento del cerrada la discusión sobre la proposición
representante Mondragón Garzón. de aplazamiento del representante
Mondragón Garzón.
De conformidad con el anterior cotejo, resulta evidente que esta Sala, en la
sentencia del 8 de junio de 2023, dictada en el expediente 11001-03-28-000-
2022-00286-00, ya desató los cargos que hoy presenta el señor Sua Montaña,
esto es, determinar si el Acta 01 del 2 de agosto de 2022 de la Comisión Séptima
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, en cuyo contenido
está el acto mediante el cual fue elegido el señor Ricardo Alfonso Albornoz
Barreto como secretario de dicha comisión, está incursa en causal de nulidad por
expedición irregular y desconocer principalmente los artículos 149 de la
Constitución Política, 3, 15, 16, 38, 40, 43, 44, 80, 81, 84, 114, 115.4 y 123.5 de
la Ley 5ª de 1992, 14 de la Ley 1909 de 2018 y la Resolución 3134 de 201838
del Consejo Nacional Electoral.
La Sección Quinta concluyó en el proceso con radicado 11001-03-28-000-2022-
00286-00: « PRIMERO: NEGAR la declaratoria de nulidad del Acta 1 del 2 de
agosto de 2022, mediante la cual se designó a Agmeth José Escaf Tijerino y Hugo
Alfonso Archila Suarez como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la
Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara
de Representantes, y al señor Ricardo Alfonso Albornoz Barreto como secretario,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia» (se subraya),
situación que, al estar consolidada, no solo debe mantenerse en aras de
preservar la coherencia y la seguridad jurídica en la decisiones judiciales frente
a los usuarios de la administración de justicia -mandato positivo de la cosa
juzgada, sino que se convierte en un mandato de interdicción para el juez
colegiado de volver a conocer y decidir sobre lo resuelto -mandato negativo-.
Estos dos mandatos -positivo y negativo- se conciben por manifestación expresa
del ordenamiento jurídico que buscan la terminación definitiva de las contiendas
litigiosas y de esa manera garantizar en el Estado constitucional, democrático y
de derecho un estado de seguridad jurídica.
En este orden de ideas, la Sección Quinta del Consejo de Estado se ocupó de
determinar si el acto de elección del señor Ricardo Alfonso Albornoz Barreto era
legal o no, y concluyó que si era legal, razón por la cual se abstuvo de declarar
la nulidad del acto de elección demandado.
Por las anteriores razones, en relación con los puntos específicos líneas atrás
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Rad: 11001-03-28-000-2022-00284-00
expuestos, esta Sala debe imperativamente estarse a lo resuelto en la
sentencia del 8 de junio de 2023, pues la garantía de la cosa juzgada que de
ella se predica impide a la Sección que, en el marco del presente medio de control
de nulidad electoral, se reabra y se controvierta este asunto que ya fue cerrado.
Por tanto, la Sección Quinta se abstendrá de pronunciarse sobre los cargos
propuestos a causa de la irradiación de los efectos de cosa juzgada de la
sentencia proferida el 8 de junio de 2023 sobre el sub judice.
Conclusión
El señor Sua Montaña sostiene efectivamente que los cuestionamientos
formulados contra el acto de elección del señor Ricardo Alfonso Albornoz Barreto,
como secretario de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la
Cámara de Representantes, ya fueron decididos por la Sección Quinta del
Consejo de Estado en la sentencia del 8 de junio de 2023, expediente con
radicado 11001-03-28-000-2022-00286-00, en la que se negaron las
pretensiones de la demanda.
A la luz del ejercicio comparativo de ambos procesos, la Sala observa que se ha
configurado el fenómeno de la cosa juzgada, pues el acto de elección censurado
ya fue objeto de pronunciamiento judicial en el pasado por parte de la Sección
Quinta del Consejo de Estado y los requisitos de la cosa juzgada se encuentran
plenamente acreditados en esta causa: i) el proceso 11001-03-28-000-2022-
00284-00 versa sobre el mismo objeto litigioso planteado en el proceso 11001-
03-28-000-2022-00286-00, es decir, las mismas pretensiones o declaraciones
que se reclaman ante la justicia; ii) el proceso 11001-03-28-000-2022-00284-00
se funda en la misma causa del proceso 11001-03-28-000-2022-00286-00, esto
es, el mismo motivo o fundamento jurídico por medio del cual el actor deriva su
pretensión y iii) en ambos procesos hay identidad jurídica de partes ─salvo que
en el 2022-00286-00 se incluyó además al presidente y vicepresidente como
integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes─.
En ese orden de ideas, en la medida que la providencia proferida por esta
Sección, mediante la cual se abstuvo de declarar la nulidad del acto demandado
en el presente medio de control de nulidad electoral, hizo tránsito a cosa juzgada
“erga omnes” ─pero sólo en relación con la causa petendi juzgada─, en los
términos del artículo 189 del CPACA, se impone para esta Sala declarar probada
la excepción de cosa juzgada.
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandado: Ricardo Alfonso Albornoz Barreto
Secretario de la Comisión Séptima Constitucional Permanente
de la Cámara de Representantes
Rad: 11001-03-28-000-2022-00284-00
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de cosa juzgada, respecto a
los cargos señalados en el acápite 5 de esta providencia y, en consecuencia,
frente a éstos, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia del 8 de junio de
2023, mediante la cual la Sección Quinta de esta Corporación decidió el medio
de control de nulidad electoral interpuesto por el señor Harold Eduardo Sua
Montaña en contra del acto de elección del secretario de la Comisión Séptima
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, entre otros,
período 2022-2026, contenido en el Acta 01 del 2 de agosto de 2022, decisión
judicial proferida dentro del proceso 11001-03-28-000-2022-00286-00.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes, conforme lo dispone el
artículo 289 de la Ley 1437 de 2011.
TERCERO: ADVERTIR que contra la presente providencia no procede recurso
alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
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