Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00081-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00081-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2023-00081-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
6 de junio de 2024
Demandante: Elkin Anselmo Oliveros Polanía
Demandado: Mario Fernando Díaz Pava
Rad: 11001-03-28-2023-00081-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00081-00
Demandante: ELKIN ANSELMO OLIVEROS POLANÍA
Demandado: MARIO FERNANDO DÍAZ PAVA – RECTOR DEL
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL (ITFIP) PERIODO 2024-2028
Temas: Nulidad del acto de elección en virtud de los actos
administrativos que regulaban los requisitos y el trámite
para acceder al cargo
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Decide la Sala la demanda presentada por el señor Elkin Anselmo Oliveros
Polanía, en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, en contra del
Acuerdo 022 del 27 de septiembre de 2023, a través del cual se eligió al señor
Mario Fernando Díaz Pava como rector del Instituto Tolimense de Formación
Técnica Profesional (ITFIP).
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1.1.1. Pretensiones
1. En el escrito de demanda presentado se formuló la siguiente pretensión:
PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del ACUERDO NO. 022 DE
SEPTIEMBRE 27 DE 2023, “Por medio del cual se designa rector del
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP”,
que designó rector del ITFIP.
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Demandante: Elkin Anselmo Oliveros Polanía
Demandado: Mario Fernando Díaz Pava
Rad: 11001-03-28-2023-00081-00
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTA O ACTAS que fueron base
de discusión para la reelección del DR MARIO FERNANDO DIAZ PAVA, como
rector del ITFIP.
TERCERO: ORDENAR AL CONSEJO DIRECTIVO DEL ITFIP, que una vez
declarada la NULIDAD, reglamente y convoque nuevamente a elecciones, para
la terna a Rector, en cumplimiento de los requisitos del artículo 38 del Estatuto
General de la Institución (Acuerdo 21 de junio 18 de 2018).
CUARTO: Que se ordene compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación
y [P]rocuraduría [G]eneral de la Naci[ó]n, con el fin de que investigue si la
conducta de los miembros del Honorable CONSEJO DIRECTIVO del ITFIP, han
sido constitutivas de tipos penales consagrados en la ley 599 de 20001.
1.1.2. Hechos
2. Como fundamento fáctico de las pretensiones expuso que, el Instituto
Tolimense de Formación Técnica Profesional fue creado como una entidad
educativa adscrita al Ministerio de Educación Nacional mediante el Decreto
3462 del 24 de diciembre de 1980 y reorganizado como institución técnica con
el Decreto Ley 758 de 1988.
3. Indicó que, actualmente, es un establecimiento público de carácter
académico del orden Nacional, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Educación
Nacional y, en el marco de la Ley 30 de 1992, se organizó como un instituto
de educación superior.
4. Señaló que está representado por el señor Mario Fernando Díaz Pava,
rector y la señora Adriana María López Jamboos, representante del Consejo
Directivo de la institución y que se han desarrollado algunas reformas al
estatuto general de la entidad, los cuales, a su juicio, atentan contra los
principios y las normas constitucionales y las normas que rigen la materia.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
5. Según el demandante, el acto que designó al señor Mario Fernando Díaz
Pava como rector del ITFIP está viciado de nulidad por infracción de las
normas en que debía fundarse. Especificó que el acto demandado vulneró los
artículos 1, 2, 6, 29, 40, 69, 121, 122 y 209 de la Constitución Política y los
artículos 1, 3 y 35 de la Ley 1437 de 2011, pues se basó en los Acuerdos 11
1 La cita contiene errores de transcripción.
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del 16 de junio de 2022 y 14 del 5 de julio de 2023, en el que se incluyeron
requisitos para acceder al cargo de manera irregular, ya que se desconocieron
normas como la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1083 de 2015.
6. Puntualizó que el Acuerdo 21 de 2018, específicamente el artículo 38,
establecía los requisitos para ser rector del Instituto Tolimense de Formación
Técnica Profesional, los cuales eran:
a. Ser colombiano y ciudadano en ejercicio.
b. Reunir los requisitos exigidos por el Decreto 2484 de 2014, Decreto 1083 de
2015 y/o sus decretos que los deroguen o modifiquen y el Manual de Funciones
de la Entidad.
c. Tener posgrado en cualquiera de las siguientes áreas relacionadas con la
academia, administración y gerencia pública (…).
7. Afirmó que el Decreto 1083 de 2015, norma reglamentaria del sector público,
compiló las normas de ese sector y estableció los requisitos que debía cumplir
cada cargo en todos los niveles, los cuales deben servir como base para todos
los organismos y entidades a quienes se aplica para la elaboración de sus
manuales específicos de funciones y de competencias laborales para los
diferentes empleos de su planta de personal.
8. Expuso que el cargo de rector de instituto educativo se categorizó con el
código 0052 y el grado 14 y se indicaron que los requisitos para este empleo
debían ser:
1. Título profesional.
2. Título de posgrado en la modalidad de especialización.
3. Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
9. Precisó que, en virtud de lo expuesto, los requisitos para ser rector del
Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional debían seguir los
lineamientos expuestos por el Decreto 1083 de 2015.
10. Aclaró que con la reforma de los estatutos realizada a través del Acuerdo
11 de 2022, mediante el cual se incrementaron «de manera sustancial,
exagerada y desproporcionada» los requisitos para ser rector del ITFIP, la
disposición especial se alejó de lo dispuesto en la norma fundamental y con
esto se excluyó la posibilidad que otras personas pudieran aspirar a ser
elegidos al cargo y cerrar la puerta a nuevos liderazgos.
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11. Indicó que la modificación de los requisitos exigidos para el cargo fue la
base para la expedición del acto de elección y los Acuerdos 11 de 20222 y 22
de 2023 infringieron las normas constitucionales y legales, tales como la Ley
30 de 1992, ya que no se tuvieron en cuenta para las modificaciones que se
realizaron al Estatuto General que impusieron unos nuevos requisitos para
beneficiar la elección del señor Díaz Pava, quien, si logra cumplir este nuevo
periodo, llevaría casi diez (10) años como rector.
12. Precisó que, si bien el artículo 69 de la Constitución Política reconoce la
autonomía universitaria, esto no es óbice para que el ITFIP adoptara
decisiones en desconocimiento de las normas que lo regulan.
13. Señaló que al comparar varias instituciones técnicas profesionales del país
se podría concluir que no exigen experiencia en investigación, en algunas
exigen experiencia docente y, en casi todas, exigen posgrado en la modalidad
de maestría y adjuntó varias capturas de pantalla de las normas que regulan
la materia en el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, en el
Colegio Integrado Nacional de Caldas, en la Escuela Tecnológica Instituto
Técnico Central, en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de
San Andrés, en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional
Humberto Velásquez García, en la Universidad Tecnológica de Pereira y en el
Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez.
14. Sostuvo que, si el objetivo del Consejo Directivo de la ITFIP era
incrementar los requisitos para exigir mejores calidades al rector debieron
haber incluido el título de posgrado en modalidad maestría y tener experiencia
en el ejercicio de la docencia, pero no se hizo porque «el actual rector aspiraba
a ser reelegido en un tercer periodo, y su hoja de vida no cumple con el
requisito de maestría».
15. Expuso que el artículo 3 del Acuerdo 11 de 2022, que reformó el artículo
38 del Estatuto General presenta una ambigüedad en el literal c) al exigir
acreditar cinco (5) años de experiencia profesional relacionada, de los cuales
por lo menos cuatro (4) deben ser en empleos del nivel directivo o asesor de
instituciones de educación superior, pese a que el artículo 2.2.2.3.7 del
Decreto 1083 de 2015 establece que la experiencia profesional relacionada es
la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones
similares a las del cargo a proveer.
2 «Por medio del cual se modifican algunos artículos del Acuerdo No.21 del 18 de junio de 2018-Estatuto
General».
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16. Indicó que tal contradicción lo que hizo fue cerrar la posibilidad para que
otros ciudadanos, que cumplen con el perfil que exige el Decreto 1083 de
2015, no pudieran postularse como candidatos.
17. Señaló que, igualmente, no es clara la razón por la cual se decidió que
para acceder al cargo de rector se debía acreditar experiencia en el área de
investigación en instituciones de educación superior, toda vez que el literal d)
del artículo 38 del Acuerdo 11 de 2022 establece este requisito sin precisar
cuánto tiempo debe haberse realizado tal experiencia o si simplemente esta
exigencia se podía cumplir con la publicación de un libro sobre el tema.
18. Precisó que, un año después de la expedición del Acuerdo 11 de 2022 se
dictó la Resolución 385 de 2023, por medio del cual se ajustó el manual
específico de funciones y competencias laborales de la institución educativa,
con lo cual se puede evidenciar el claro interés del Consejo Directivo del ITFIP
y del actual rector de que se limitara el acceso a la convocatoria a otras
personas con otros perfiles igualmente idóneos para ejercer el cargo.
19. Indicó que el actuar del señor Díaz Pava, con anuencia del consejo
directivo de la institución, buscaba adecuar su perfil profesional y su
experiencia para presentar su postulación, por tercera vez, al cargo de rector,
con el fin de ser reelegido, tal y como ocurrió a través del Acuerdo 22 de 2023.
20. El demandante explicó que al revisar con detenimiento el Acuerdo 22 de
2023 este por sí solo no adolecía de nulidad, pero que su expedición fue
consecuencia del Acuerdo 14 del 5 de julio de 2023, por medio del cual se
convocó y se reglamentó la elección para conformar la terna de candidatos a
la rectoría del ITFIP para un periodo institucional de 4 años, acto administrativo
que sí tiene vicios de ilegalidad.
21. Explicó que contra el Acuerdo 11 de 2022 presentó una demanda de
nulidad simple que fue asignada a esta Sección bajo el radicado 11001-03-28-
000-2023-00085-00.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. Mario Fernando Díaz Pava
22. El señor Díaz Pava se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, con fundamento en que no se acreditaron los supuestos fácticos y
jurídicos que las soportan.
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23. Expuso que la presidenta del Consejo Directivo del Instituto Tolimense de
Formación Técnica Profesional es la señora María Fernanda Polanía Correa y
explicó que la rectoría no tiene competencia para realizar reformas a los
estatutos generales de la institución educativa, pues esa es función exclusiva
del consejo superior universitario, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
30 de 1992.
24. Adujo que en todas las oportunidades en las que se encontraban temas
relativos a la elección del rector en el orden del día, solicitó al consejo directivo
que lo autorizaran retirarse, con el ánimo de no interferir de ninguna manera
en esas decisiones.
25. Manifestó que la demanda a través de la cual se pretende la nulidad de su
elección se basa en normas y argumentos que no atacan directamente el acto
acusado, sino que enfoca su atención respecto del Acuerdo 11 del 16 de junio
de 2022, el cual no es un acto electoral, ni tampoco de trámite o preparatorio
respecto de la convocatoria para la elección.
26. Mencionó que los actos que se producen en ejercicio de la función
electoral, por su misma naturaleza no pueden ser asimilables con actos
expedidos en desarrollo de funciones administrativas y, al revisar la demanda,
se pudo constatar que no se encuentra acreditado que el Acuerdo 22 de 2023
vulnere alguna norma de rango constitucional, legal o reglamentario.
27. Indicó que el esfuerzo del actor es atacar el Acuerdo 11 de 2022, acto que
no es de contenido electoral, sino que es producto del ejercicio de la función
administrativa, lo que lleva consigo que no es susceptible de control a través
del proceso de nulidad electoral.
28. Reiteró que el demandante no realizó ningún juicio de valor o análisis
respecto de si el Acuerdo 22 de 2023 vulnera las normas alegadas como
violadas, sino que, simplemente, pretende pasar por alto la presunción de
legalidad de los actos administrativos, sobre la base de que el Acuerdo 11 de
2022 tiene vicios de legalidad, pese a que este se presume legal ya que no
existe un pronunciamiento judicial que establezca lo contrario.
29. Destacó que el Acuerdo 11 de 2022 se expidió con apego a las normas
constitucionales y legales que regulan la materia y aclaró que no es cierto que
él en calidad de rector haya intervenido ante el consejo directivo para una
eventual reelección.
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30. Refirió que, en las sesiones en las cuales se discutieron las modificaciones
del estatuto general, solicitó al consejo directivo autorización para retirarse y
así evitar un eventual conflicto de interés e incluso se llegó a nombrar un rector
ad hoc para el proceso electoral.
31. Adujo que, en efecto, mediante el Acuerdo 15 del 16 de julio de 2023 se
designó como rector ad hoc al señor Orlando Varón Giraldo quien se
desempeñaba como vicerrector académico del ITFIP, con finalidad de que
realizara todas las actuaciones administrativas y presupuestales relacionadas
con el proceso de elección convocado y reglamentado mediante el Acuerdo
14 del 5 de julio de 2023.
32. Indicó que, en múltiples oportunidades, el Consejo de Estado3 ha recalcado
que la constitucionalización de la autonomía universitaria respondió al deseo
de la Asamblea Nacional Constituyente de brindar libertad en pro de la
educación superior, una actividad preponderante para el desarrollo social del
país, puesto que se comprendió que no en todos los casos el pensamiento
académico guardaba relación con las políticas de los gobiernos de turno.
33. Sostuvo que la autodeterminación normativa de las instituciones de
educación superior pública se materializa, también, en la facultad para
concebir las formas de elección de algunos miembros de sus consejos
superiores, toda vez que el parágrafo 2 del artículo 64 de la Ley 30 de 1992,
es el que regula el procedimiento para designar al rector y estipula los
requisitos y calidades de los candidatos.
34. Añadió que el consejo directivo es el máximo órgano de dirección y
gobierno del ITFIP y tiene las facultades legales para expedir y modificar los
estatutos, por lo tanto, en uso de esas prerrogativas se expidió el Acuerdo 21
de 2018, el cual fue modificado por el Acuerdo 11 de 2022.
35. Reiteró que, si bien el rector hace parte del consejo directivo, es un espacio
meramente participativo puesto que tiene voz, pero no voto y que en todas
aquellas discusiones relativas a la modificación estatutaria optó por solicitar
autorización para apartarse de las sesiones correspondientes.
3 Citó las providencias del 19 de julio de 2018, expediente 2014-00276-00, con ponencia de la
magistrada Lucy Jeannette Bermúdez y del 20 de enero de 2022, radicado 2021-00104-01,
con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
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1.2.2. Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP)
36. Mediante la secretaria del consejo directivo, la institución educativa se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por cuanto los
reproches presentados por el demandante se relacionan con las
modificaciones que se realizaron al estatuto general, censuras que
desconocen el principio constitucional de la autonomía universitaria.
37. Alegó que no considera que se haya vulnerado el límite axiológico de la
autonomía universitaria y, por el contrario, con la modificación del estatuto
general se realizó un avance en aras de procurar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución con el fin de
mejorar la educación pública.
38. Advirtió que las modificaciones del estatuto general se realizaron en
estricto cumplimiento de las facultades consagradas al consejo directivo por la
Ley 30 de 1992. Específicamente, explicó que la actualización obedeció a que
el Decreto 2484 de 2014, enunciado como base del literal b) del artículo 38 del
Acuerdo 21 de 2018, fue derogado por el Decreto 1083 de 2015 y solo tenía
aplicación en las entidades territoriales, de manera que existía incoherencia
en la reglamentación y era necesario armonizar el estatuto general con el
manual de funciones.
39. Precisó que en la reforma estatutaria no solo se modificaron los requisitos
para acceder al cargo de rector, sino que también se actualizaron aspectos
relativos al quorum de convocatorias y sesiones mixtas y las ausencias
temporales, cambios que se realizaron por el órgano competente y con respeto
a la ley.
40. Explicó que el consejo directivo convocó y reglamentó la conformación de
la terna de candidatos a rector de la institución mediante el Acuerdo 14 de
2023, el cual tuvo como marco reglamentario la Constitución Política, la Ley
30 de 1992 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
41. Adujo que, como resultado del procedimiento y verificados los requisitos
exigidos, se indicó que los candidatos al cargo de rector serían el señor Mario
Fernando Díaz Pava, por el sector de los estudiantes y egresados; la señora
Shirley María Urdaneta Cuesta, por el sector de funcionarios administrativos y
contratistas de prestación de servicios; y el señor Erley Ricardo Parra Roja,
por el sector docente.
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42. Señaló que una vez realizada la votación se eligió rector al señor Mario
Fernando Díaz Pava con un total de 5076 votos, lo cual democráticamente
legitima su elección y añadió que el procedimiento electoral se llevó a cabo
con plena garantía de los principios de publicidad, transparencia y debido
proceso.
43. Puntualizó que se solicitó acompañamiento a los organismos de control,
durante tres (3) días para la elección de la terna de candidatos por sector, con
el fin de garantizar el proceso, por lo que se contó con la inspección y vigilancia
del Ministerio de Educación Nacional y de la Personería Municipal de El
Espinal (Tolima).
1.3. Actuaciones procesales relevantes
1.3.1. Auto admisorio y decisión de la medida de suspensión provisional
44. Mediante auto del 25 de enero de 2024, se admitió la demanda y se negó
la medida provisional de suspensión del Acuerdo 22 del 27 de septiembre de
2023 toda vez que en la solicitud no se hicieron acusaciones concretas
respecto de las normas violadas con la expedición del acto de elección, por lo
que no era posible adelantar un estudio específico frente a la legalidad del
procedimiento adelantado por el Instituto Tolimense de Formación Técnica
Profesional para la elección del rector para el periodo 2024-2028.
1.3.2. Auto que resuelve excepciones previas, fija el litigio, decreta
pruebas y dispone dictar sentencia anticipada
45. A través de proveído del 21 de marzo de 2024, se resolvió acerca de la
excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos
formales propuesta por el demandado y el Instituto Tolimense de Formación
Técnica Profesional.
46. En tal auto se indicó que, al estudiar la demanda y el escrito de
subsanación, se pudo constatar que el acto demandado es el Acuerdo 22 del
27 de septiembre de 2023, por medio del cual se eligió rector del ITFIP, cuya
nulidad se deriva de la expedición irregular del Acuerdo 14 del 5 de julio de
2023, a través del cual se convocó y reglamentó la elección para la
conformación de la terna de candidatos a la rectoría del instituto mencionado,
por lo que si bien no existe una acusación concreta respecto de las normas
alegadas como desconocidas con el acto de elección, lo cierto es que sí es
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posible evidenciar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo
162 del CPACA.
47. Igualmente, se advirtió de la procedencia de dictar sentencia anticipada,
de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 182A de la Ley
1437 de 2011, toda vez que se trata de un asunto de pleno derecho y no había
pruebas por practicar.
48. Por lo anterior, con el valor que les asigna la ley se decretaron como
pruebas los documentos aportados en la demanda y en las contestaciones de
esta.
49. Asimismo, el litigio quedó fijado en los siguientes términos:
28. En este caso, se debe determinar si el Acuerdo 22 del 27 de septiembre de
2023, por medio del cual el Consejo Directivo del Instituto Tolimense de
Formación Técnica Profesional eligió al demandado como director general, se
encuentra viciado de nulidad al haber sido expedido irregularmente por violación
a los artículos 1, 2, 6, 29, 40, 69, 121, 122 y 209 de la Constitución Política y los
artículos 1, 3 y 35 de la Ley 1437 de 2011, pues se basó en los Acuerdo 11 del
16 de junio de 2022 y 14 del 5 de julio de 2023, en el que se incluyeron requisitos
para acceder al cargo de manera irregular, ya que se desconocieron normas
como la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1083 de 2015.
50. Finalmente, dispuso correr traslado a las partes para que presentaran sus
alegatos de conclusión por escrito, de conformidad con el artículo 181 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el
numeral 1º del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley
2080 de 2021 y del artículo 296 de la misma codificación, y al agente del
Ministerio Público para que, si a bien lo consideraba, rindiera concepto.
1.4. Alegatos de conclusión
1.4.1. Demandante
51. En el memorial por medio del cual descorrió el traslado para alegar de
conclusión reiteró lo manifestado en el escrito de demanda.
52. Sostuvo que el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional no
es un ente autónomo, porque no tiene la connotación de universidad y, por
tanto, puede darse sus estatutos y reglamentos, pero respetando las
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disposiciones constitucionales y legales como la Ley 909 de 2004 y el Decreto
1083 de 2015.
53. Afirmó que el acto de elección está viciado de nulidad porque los actos
preparativos que sirven de soporte a su nombramiento, como son la
convocatoria y los estatutos generales, también son nulos porque se expiden
con falta de competencia.
54. Aclaró que el Instituto Tolimense de Formación Profesional no es un ente
autónomo porque no tiene la connotación de universidad y, por tanto, no tiene
independencia para la adopción de sus decisiones y, en ese contexto, debe
respetar las normas de carácter superior como el Decreto 1083 de 2015.
55. Adujo que el Acuerdo 11 de 2022, por medio del cual se reformó el estatuto
general del ITFIP, el consejo directivo actuó en contravía de normas superiores
al no tener presente que el rector debía cumplir los requisitos del Decreto 1083
de 2015.
56. Precisó que la Ley 909 de 2004, tiene por objeto la regulación del sistema
de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben
regular la gerencia pública, y le aplica al ITFIP porque es un establecimiento
público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional.
57. Explicó que, en atención a lo anterior, el consejo directivo no tenía
competencia para modificar los estatutos generales y mucho menos para
modificar los requisitos para acceder al cargo de rector de la institución sin
solicitar autorización al nominador.
58. Añadió que el manual de funciones y de competencias no debió haber sido
expedido por el consejo directivo y que, la resolución mediante la cual se dictó
no fue proferido dentro del término correspondiente, de acuerdo con lo
establecido en la Circular Externa 100-006-2023 del Departamento
Administrativo de la Función Pública, que consagra que esta modificación
debe realizarse con una antelación de 6 meses previos al inicio del concurso
para proveer los cargos.
59. Concluyó que la modificación en los requisitos al empleo del rector solo
buscaba que el señor Mario Fernando Díaz Pava fuera el único aspirante por
el sector de estudiantes y egresados, y no responden a las necesidades del
servicio o una iniciativa del Gobierno Nacional o del Ministerio de Educación
Nacional.
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Demandado: Mario Fernando Díaz Pava
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60. Concluyó que el Acuerdo 22 de 2023 debe ser declarado nulo, al igual que
el Acuerdo 11 de 2022.
1.4.2. Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional
61. Presentó escrito de alegaciones para ratificar los argumentos esgrimidos
en la contestación de la demanda y solicitar que se denegaran las pretensiones
del demandante.
62. Explicó que, aunque en el escrito introductorio del proceso no se realizó
ningún reproche contra el Acuerdo 22 de 2023 y que las censuras presentadas
se refieren a actos que no son de contenido electoral, los Acuerdos 11 de 2022
y 14 de 2023 son legales.
63. Sostuvo que el Acuerdo 14 del 5 de julio de 2023 obedece a la normatividad
expedida en el Acuerdo 11 del 16 de junio de 2022, en relación con los
requisitos exigidos para ocupar el cargo de rector del instituto.
64. Precisó que más de 35 instituciones públicas de educación superior tienen
requisitos superiores, similares o equivalentes a los establecidos por el
consejo directivo del ITFIP, de lo que se puede concluir que no se trata de un
cambio desproporcional o que impida el surgimiento de nuevos liderazgos,
como lo afirmó el demandante.
65. Citó las exigencias establecidas por el Instituto Nacional de Formación
Técnica Profesional de San Andrés y Providencia, el Instituto Técnico de
Comercio de Cali, el Instituto Técnico Central de Bogotá, el Instituto Nacional
de Formación Técnica Profesional de Ciénaga, el Conservatorio del Tolima, la
Universidad del Tolima, el Instituto Universitario de La Paz de
Barrancabermeja, el Instituto Técnico Agrícola de Buga, la Institución
Universitaria de Barranquilla, el Instituto de Educación Técnica Profesional de
Roldanillo, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, el Tecnológico de
Antioquia, la Institución Universitaria Pascual Bravo de Medellín, las Unidades
Tecnológicas de Santander, el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín,
la Institución Universitaria de Bellas Artes de Cali, entre otras.
66. Resaltó que el Acuerdo 11 de 2022 fijó como requisitos que el que
candidato a ocupar el cargo de rector acreditara cinco (5) años de experiencia
profesional relacionada, de los cuales por lo menos (4) debían ser de empleos
del nivel directivo o asesor en instituciones de educación superior y contar con
experiencia en investigación.
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67. Explicó que de las treinta y seis (36) instituciones públicas de educación
superior, el 100 % de ellas contempla como mínimo que se acrediten cinco (5)
años de experiencia y de esas, por lo menos veintidós (22) contemplan
requisitos idénticos o superiores a la experiencia del nivel directivo o asesor
en las instituciones de educación superior.
68. Manifestó que no es cierto que el consejo directivo haya aumentado de
manera desproporcional los requisitos para acceder al cargo de rector del
ITFIP y tampoco que la decisión adoptada buscara privarla de la posibilidad
de nuevos liderazgos, pues las exigencias establecidas corresponden al
estándar nacional, pues la educación superior enfrenta retos que requieren
adaptarse y actualizarse.
69. Reiteró que el consejo directivo tiene competencia para realizar reformas
estatutarias de conformidad con lo establecido en los artículos 29, 65 y 66 de
la Ley 30 de 1992 que contemplan la autonomía universitaria, concepto
ampliamente desarrollado por la jurisprudencia constitucional.
70. Refirió que no se vulneró el Decreto 1083 de 2015 porque la norma
mencionada solo es una base, es decir, una mera orientación y no una regla
taxativa e inmodificable respecto de los requisitos establecidos para los
empleados públicos. Expuso que esto es así en desarrollo de la autonomía
universitaria.
71. Precisó que los acuerdos atacados fueron realizados con apego a las
competencias constitucionales, legales, reglamentarias y jurisprudenciales
con las que cuenta el consejo directivo del ITFIP.
72. Añadió que también es competencia de ese ente directivo convocar,
reglamentar y desarrollar válidamente el proceso electoral para elegir al rector
del instituto, lo cual se realizó y contó con la presencia del Ministerio de
Educación Nacional, tal como consta en el acta de visita de acompañamiento
electoral.
73. Sostuvo que el Acuerdo 14 de 2023, mediante el cual se realizó la
convocatoria para la elección, se establecieron requisitos válidos y acordes
con las normas constitucionales, legales y reglamentarias y a la autonomía
universitaria, cuyos límites no se vulneraron.
74. Afirmó que el demandante radicó su escrito de alegatos de conclusión sin
que se hubiese corrido traslado para ello y al revisar su memorial se pudo
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constatar que incluyó argumentos nuevos que no fueron planteados en la
demanda.
1.4.3. Mario Fernando Díaz Pava
75. Alegó de conclusión en el sentido de reiterar que el Acuerdo 11 de 2022
es un acto que expidió el consejo directivo de la institución con apego a la
Constitución y la ley.
76. Resaltó que la demanda, únicamente, presenta preguntas o inquietudes
que no se pueden considerar como argumentos que permitan evidenciar por
qué afirmó que el Acuerdo 11 de 2022 vulnera los artículos 1, 2, 6, 29, 40, 69,
121, 122 y 209 de la Constitución Política, así como los artículos 1 y 3 de la
Ley 1437 de 2011 y el Decreto 1083 del 2015, razón por la cual el actor
electoral no cumplió con la obligación de la carga de la prueba.
77. Precisó que con la contestación de la demanda se indicó que no es cierto
que el consejo directivo del ITFIP contemplara requisitos superiores a otras
instituciones de educación superior, puesto que se demostró que instituciones
como el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y
Providencia, el Instituto Técnico Central -ITC-, el Instituto Técnico Nacional de
Comercio “Simón Rodríguez” INTENALCO, la Institución Universitaria de
ITSA, el Conservatorio del Tolima, la Institución Universitaria Pascual Bravo,
entre otras, contemplan exigencias similares e incluso mayores.
78. Explicó que, por otro lado, tampoco existe vulneración del Decreto 1083
de 2015 puesto que los requisitos exigidos en dicha norma sirven de base para
los organismos y entidades educativas que elaboran sus manuales específicos
de funciones y competencias laborales para los diferentes empleos, tal y como
advirtió la Sección Quinta del Consejo de Estado en el auto del 21 de marzo
de 20244.
79. Señaló que el artículo 69 de la Constitución Política y el artículo 28 de la
Ley 30 de 1992 facultan a las instituciones educativas de educación superior
para que pueda, válidamente, adoptar sus propios estatutos y designar sus
autoridades académicas y administrativas.
80. Afirmó que la Corte Constitucional, sin indicar una sentencia específica, ha
señalado que el ejercicio de la autonomía universitaria implica un amplio
4 Citó apartes del auto dictado al resolver la solicitud de suspensión provisional del Acuerdo 11 de 2022,
dictado por el consejo directivo del ITFIP dentro del proceso con radicado 11001032800020230008500.
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margen de discrecionalidad para disponer de la autorregulación, la
autodeterminación, la organización funcional y administrativa, la definición y
desarrollo de los programas académicos, el otorgamiento de los títulos, la
contratación de los profesores e incluso la admisión de los estudiantes.
81. Expuso que, si esto es así, y el Decreto 1083 de 2015 establece las bases
mínimas que debe contener cada uno de los cargos públicos, es claro que el
consejo directivo del ITFIP realizó la reforma estatutaria con apego a la ley y
amparado en la autonomía universitaria.
82. Indicó que el consejo directivo de la institución educativa es el máximo
órgano de dirección y gobierno, es quien tiene la facultad para modificar el
estatuto general y determinar los requisitos y calidades que deben reunir los
candidatos al cargo de rector.
83. Concluyó que, es claro que el Acuerdo 11 de 2022 no vulneró la Ley 30 de
1992 ni el Decreto 1083 de 2015, razón por la cual, en aplicación de la lógica
jurídica, no es posible que el Acuerdo 22 de 2023 sea contrario a las normas
invocadas como desconocidas por el demandante y, por tanto, no deben
prosperar las pretensiones incoadas.
84. Añadió que el Acuerdo 14 del 5 de julio de 2023, mediante el cual se
convocó y reglamentó la elección para conformar la terna de candidatos al
cargo de rector del Instituto de Formación Técnica Profesional se expidió de
conformidad con las facultades conferidas en los artículos 39 y 40 del estatuto
general de la institución y fue proferido por el órgano competente, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30 de 1992.
85. Concluyó que en el caso en estudio no existe vicio de legalidad o causal
de nulidad electoral frente al acto mediante el cual fue designado como rector
del ITFIP, sino que también está demostrado que los acuerdos objeto de
reproche tampoco adolecen de vicio alguno, puesto que estos fueron
expedidos con competencia, como resultado de reuniones del consejo
directivo, máximo órgano decisorio y con respeto de las normas en que debía
fundarse.
1.5. Concepto del Ministerio Público
86. La agente del Ministerio Público guardó silencio.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
87. La Sala es competente para decidir en única instancia la presente
demanda de nulidad electoral, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
4 del artículo 149 de la Ley 1437 de 20115, modificado por el artículo 24 de la
Ley 2080 de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación6.
2.2. El acto acusado
88. El acto cuya nulidad se cuestiona es el contenido en el Acuerdo 22 del 27
de septiembre de 2023, a través del cual se eligió al señor Mario Fernando
Díaz Pava como rector del Instituto Tolimense de Formación Técnica
Profesional (ITFIP).
2.3 Problema jurídico
89. Corresponde a la Sala determinar si el Acuerdo 22 del 27 de septiembre
de 2023, por medio del cual el Consejo Directivo del Instituto Tolimense de
Formación Técnica Profesional eligió al demandado como rector, se encuentra
viciado de nulidad al haber sido expedido irregularmente por violación a los
artículos 1, 2, 6, 29, 40, 69, 121, 122 y 209 de la Constitución Política y los
artículos 1, 3 y 35 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que se basó en el Acuerdo
5 ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA.
<Artículo modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia
y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado,
en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones,
subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento
disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…)
4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus
Cámaras y sus comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo
Superior de la Judicatura, la junta directiva o consejo directivo de los entes autónomos del
orden nacional y las comisiones de regulación. Igualmente, de la nulidad del acto de
nombramiento del Viceprocurador General de la Nación, del Vicecontralor General de la
República, del Vicefiscal General de la Nación y del Vicedefensor del Pueblo.
6 Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo de Estado. (modificado por
el artículo 1° del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003).
Artículo 13.- “DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos
de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de
trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos”.
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14 del 5 de julio de 2023, el cual incluyó, de manera irregular, requisitos para
acceder al cargo de rector de la institución educativa con desconocimiento de
la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1083 de 2015.
2.4. Análisis de las censuras
90. El señor Elkin Anselmo Oliveros Polanía interpuso demanda contra el
Acuerdo 22 del 27 de septiembre de 2023, mediante el cual se nombró como
rector del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional al señor Mario
Fernando Díaz Pava, al considerar que tanto el Acuerdo 14 de 2023 -acto de
convocatoria- como el Acuerdo 11 de 2022 -por medio de cual se modificaron
los estatutos- son nulos, por infringir normas superiores.
91. Al respecto, se precisa que si bien el Acuerdo 14 de 2023 lo que hace es
reproducir las disposiciones del Acuerdo 11 de 2022, Estatuto General del
ITFIP, lo cierto es que esta Corporación analizará si la convocatoria adolece
de alguna ilegalidad, por desconocer las normas invocadas con antelación y si
ese vicio afectó el acto de elección.
2.4.1. Violación de los artículos 6, 29, 121, 122 y 209 de la Constitución
Política por el desconocimiento de las directrices del Decreto 1083 de
2015
92. Concretamente, el demandante afirma que los requisitos establecidos en
el Acuerdo 14 de 2022, que se fundamentan en lo dispuesto en el Acuerdo 11
de 2022, se separaron de manera injustificada de los lineamientos
establecidos en el Decreto 1083 de 2015, con lo cual se estaría vulnerando los
artículos 6, 69, 121, 122 y 209 de la Constitución Política, referentes a las
directrices sobre el ejercicio de los servidores públicos y la función
administrativa.
93. Por su parte, el señor Mario Fernando Díaz Pava explicó que la
modificación de los requisitos para acceder al cargo de rector constituye un
avance en aras de procurar la efectividad de los principios, derecho y deberes
consagrados en la Constitución Política con el fin de buscar el mejoramiento
continuo de la educación pública.
94. Para resolver el cargo propuesto, la Sala tendrá en cuenta:
95. El cargo del rector es denominado con el código 0052 grado 14, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1522 de 2013, «por el cual se
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aprueba la modificación de la planta de personal administrativo del Instituto
Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) y se dictan otras
disposiciones».
96. El Decreto 1083 de 2015, «por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública» compiló los decretos
reglamentarios de competencia del sector de la función pública y reguló
materias como las funciones, las competencias y los requisitos generales de
los empleos en los diversos niveles jerárquicos de los organismos y las
entidades del orden nacional y territorial.
97. Específicamente, en el artículo 2.2.2.4.2, se establecieron los requisitos
para los empleos del nivel directivo grado 14, así:
Grados Requisitos generales
14 Título profesional, Título de postgrado en la modalidad de especialización
y cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
98. De acuerdo con lo consagrado en el Decreto 1083 de 2015, los requisitos
de estudios y de experiencia que se fijan en esa norma, para cada uno de los
grados salariales de los diferentes niveles jerárquicos, son la base para que
los organismos y entidades elaboren sus manuales específicos de funciones y
de competencias laborales para los diferentes empleos de la planta de
personal.
100. El artículo 2.2.2.4.1. lo dispone en los siguientes términos:
ARTÍCULO 2.2.2.4.1 Requisitos de los empleos por niveles jerárquicos y grados
salariales. Los requisitos de estudios y de experiencia que se fijan en el presente
decreto para cada uno de los grados salariales por cada nivel jerárquico,
servirán de base para que los organismos y entidades a quienes se aplica
elaboren sus manuales específicos de funciones y de competencias
laborales para los diferentes empleos que conforman su planta de
personal. (Negrillas fuera de texto).
99. Por su parte, el Acuerdo 14 del 5 de julio de 2023, «por medio del cual se
convoca y reglamenta la elección para conformar la terna de candidatos a la
Rectoría del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional – ITFIP
para un periodo institucional de cuatro (4) años», en el artículo 2 estableció, al
replicar la norma de los estatutos, lo siguiente:
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ARTÍCULO SEGUNDO: REQUISITOS. Quienes se inscriban como candidatos a
Rector de la Institución, deberán acreditar los siguientes requisitos de conformidad
con el artículo 38 del Acuerdo No.21 del 18 de junio de 2018-Estatuto General,
modificado por el artículo 3 del Acuerdo No.11 de 2022:
a. Ser ciudadano(a) colombiano(a) en ejercicio.
b. Poseer título profesional universitario y de postgrado otorgado por
Instituciones de Educación Superior reconocidas por el Ministerio de
Educación Nacional o convalidados si se trata de títulos obtenidos en el
exterior.
c. Acreditar cinco (5) años de experiencia profesional relacionada, de los
cuales por lo menos cuatro (4) años deben ser en empleos del nivel
jerárquico directivo o asesor en Instituciones de Educación Superior.
d. Acreditar experiencia en el área de la investigación en Instituciones de
Educación Superior.
Parágrafo: Los anteriores requisitos serán acreditados en el momento de la
inscripción, anexando los soportes documentales correspondientes para
certificar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos.
100. En atención a lo anterior, para la Sala es claro que el cargo de rector para
los establecimientos públicos del orden nacional, como lo es el Instituto
Tolimense de Formación Técnica Profesional, debe cumplir como mínimo con
un título profesional, un título de posgrado en la modalidad de especialización
y cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada, de conformidad
con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015.
101. Por tanto, al haberse exigido como requisitos para acceder al cargo de
rector del ITFIP el cumplimiento de las exigencias establecidas en el Acuerdo
14 de 2023 no es contrario a los estándares mínimos del Decreto 1083 de
2015 y, por tanto, el Acuerdo 22 del 27 de septiembre de 2023 no incurrió en
desconocimiento de las normas en que debía fundarse.
102. Es del caso precisar que revisados los antecedentes administrativos del
acto de elección se pudo constatar que en el trámite para la conformación de
la terna se admitieron dos personas más que cumplieron con todos los
requisitos para acceder al cargo de rector del ITFIP, es decir, los señores Mario
Fernando Díaz Pava, la señora Shirley María Urdaneta Cuesta y Erley Ricardo
Parra Rojas, cumplieron con los requisitos exigidos para acceder al cargo, esto
es, los consagrados en el Acuerdo 14 de 2023.
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103. Por tanto, no es cierto, como lo afirma el demandante, que los mismos
fueron establecidos para que solo el señor Díaz Pava pudiera acreditar su
cumplimiento, puesto que en el trámite electoral se presentaron más
participantes que reunían las exigencias consagradas en el acto de
convocatoria, con lo cual se presume que los requisitos establecidos no fueron
consagrados con el fin de favorecer al demandado y se puede concluir que el
proceso se adelantó en igualdad de condiciones.
104. Además de lo anterior, para la Sala es necesario aclarar que la Ley 30 de
1992 establece que la determinación de los requisitos y calidades que ostente
el rector, como máxima autoridad ejecutiva de la institución de educación
superior, se debe reglamentar en los estatutos respectivos, los cuales se
estipulan en virtud de la autonomía universitaria.
105. La norma mencionada textualmente consagra:
ARTÍCULO 66. El Rector es el representante legal y la primera autoridad
ejecutiva de la universidad estatal u oficial y será designado por el Consejo
Superior Universitario. Su designación, requisitos y calidades se
reglamentarán en los respectivos estatutos.
PARÁGRAFO. La designación del Rector de las instituciones estatales u
oficiales que no tienen el carácter de universidades de conformidad con la
presente Ley se efectuará de ternas presentadas por el Consejo Directivo. El
Estatuto General determinará los requisitos y calidades que deben reunir los
candidatos y los procedimientos para la integración de esta terna, en los cuales
deberá preverse la participación democrática de la comunidad académica.
(Negrillas fuera de texto).
106. La Corte Constitucional7, explicó que el constituyente autorizó a la ley
para crear un régimen especial para las universidades del Estado, el cual
permite que esas instituciones educativas se regulen bajo unos parámetros,
pero siempre en protección de su autonomía.
107. En consecuencia, los requisitos establecidos en la convocatoria para la
elección del rector para el periodo 2024-2028 están ajustados a las normas
estudiadas y se establecieron en virtud del principio de autonomía universitaria
que se analizará más adelante.
7 La Corte Constitucional en la sentencia C-560 de 2000 con ponencia del magistrado Alfredo
Beltrán Sierra, citó un aparte de la providencia C-547 de 1994, con ponencia del magistrado
Carlos Gaviria Díaz.
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108. En atención a lo expuesto, el cargo propuesto no está llamado a
prosperar.
2.4.2. Desconocimiento de las normas de la Ley 30 de 1992 y la indebida
injerencia del demandado en los actos previos a la elección con lo cual
se vulneran los artículos 69 de la Constitución Política, así como las
disposiciones 3 y 35 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
109. Otro de los cargos propuestos por el señor Oliveros Polanía se dirige a
atacar el acto de elección, a través de la nulidad del Acuerdo 14 del 5 de julio
de 2023, bajo el entendido de que el señor Díaz Pava participó en la
elaboración de este acto administrativo, con lo cual se vulnera el derecho al
debido proceso, los principios de las actuaciones y los procedimientos
administrativos consagrados en los artículos 29 de la Constitución Política, 3 y
35 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
110. Para resolver el asunto en estudio, la Sala tendrá en cuenta:
111. En desarrollo del estatuto general de la institución y con ocasión de la
terminación del periodo del rector electo para el periodo 2020-2024, el Consejo
Directivo del ITFIP profirió el Acuerdo 14 del 5 de julio de 2023 para establecer
el procedimiento para la elección y conformación de la terna de candidatos
para designar al rector para el periodo 2024-2028.
112. El acto administrativo precisó que la terna se conformaría de un candidato
elegido por los funcionarios de planta y contratistas, un candidato designado
por los docentes [tiempo completo, medio tiempo, hora cátedra y ocasionales]
y un candidato escogido por los estudiantes y egresados graduados del
instituto.
113. El demandado aportó una certificación expedida por la Secretaría Técnica
del Consejo Directivo de la institución en la que se señaló que en la sesión en
la que se aprobó el Acuerdo 14 del 5 de julio de 2023, mediante el cual se
convocó y reglamentó la elección de la terna de candidatos para proveer el
cargo de rector, el señor Mario Fernando Díaz Pava se retiró en ese punto y
se desconectó del análisis, discusión, aprobación y votación realizada.
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114. También se aportó el Acuerdo 15 del 6 de julio de 2023, mediante el cual
el consejo directivo de la institución designó un rector ad-hoc para adelantar
las actuaciones administrativas y presupuestales relacionadas con el proceso
para la elección del rector, por solicitud expresa del señor Mario Fernando Díaz
Pava. Con esto se pretendía evitar eventuales conflictos de intereses que
pudieran afectar a la comunidad educativa.
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115. De la revisión de las pruebas aportadas al expediente, incluyendo el
Acuerdo 15 de 2023, la Sala constató que el demandado no tuvo injerencia en
la discusión y aprobación del Acuerdo 14 del 5 de julio de 2023, ni en las
actividades desarrolladas en cumplimiento de este y, tampoco fue posible
evidenciar que las decisiones adoptadas en aquellos hayan afectado la
legalidad del Acuerdo 22 del 27 de septiembre de 2023.
116. Además de lo anterior, para la Sala es necesario indicar que las
decisiones adoptadas por el consejo directivo en virtud del cumplimiento del
acuerdo mediante el cual se reguló la convocatoria para elegir al rector se
desarrollaron en virtud del principio de la autonomía universitaria establecido
en la Constitución Política.
117. El artículo 69 de la Constitución expresamente establece:
ARTICULO 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con
la ley.
La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.
El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y
privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.
El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de
todas las personas aptas a la educación superior.
118. Esta disposición constitucional fue desarrollada en la Ley 30 de 1992,
«por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior», norma
que en el artículo 29 señaló que la autonomía de las instituciones
universitarias, de las escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas
profesionales implica el desarrollo de las siguientes actividades:
a) Darse y modificar sus estatutos.
b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.
c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los
correspondientes títulos.
d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas,
culturales y de extensión.
e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos.
f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.
g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de
su función institucional.
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Demandante: Elkin Anselmo Oliveros Polanía
Demandado: Mario Fernando Díaz Pava
Rad: 11001-03-28-2023-00081-00
119. Al revisar la naturaleza jurídica del Instituto Tolimense de Formación
Técnica Profesional, se pudo constatar que es un establecimiento público de
educación superior del orden nacional, adscrito al Ministerio de Educación
Nacional8 y, por tanto, es destinatario del artículo 69 de la Constitución Política,
desarrollada por el artículo 29 de la Ley 30 de 1992.
120. En virtud de lo anterior, la Sala concluye que las disposiciones contenidas
en el Acuerdo 14 de 2023 son producto de las facultades que la Constitución
Política y la Ley 30 de 1992 les otorgaron a las instituciones técnicas
profesionales y, con su expedición no se evidencia una nulidad que afecte el
Acuerdo 22 del 27 de septiembre de 2023.
2.4.3. Otros argumentos
121. Finalmente, se advierte que los argumentos expuestos por el demandante
en los alegatos de conclusión respecto de la falta de competencia del consejo
directivo para modificar el estatuto general, la necesidad de requerir
autorización para ello y la expedición del manual de funciones en virtud de las
directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública, constituyen
hechos nuevos que no fueron propuestos en la demanda y que no serán
estudiados para garantizar el derecho al debido proceso de las partes.
122. En virtud del análisis antes expuesto, la Sala negará la nulidad del
Acuerdo 22 del 27 de septiembre de 2023, expedida por el Consejo Directivo
del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP), por medio
del cual se designó al señor Mario Fernando Díaz Pava como rector de la
institución.
8 El artículo 1 del Decreto 758 de 1988, «por el cual se organizan como establecimientos públicos del
orden nacional los Colegios Mayores y los Establecimientos Educativos Oficinales Nacionales de
Educación Técnica Profesional», estableció:
(…)
Los establecimientos educativos oficiales de educación técnica profesional denominados:
(…)
Instituto Técnico Central, con domicilio en Bogotá; y el Instituto Tolimense de Formación Técnica
Profesional, con domicilio en El Espinal, son establecimientos públicos de carácter académico, con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio, independiente, adscritos al Ministerio
de Educación Nacional.
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Demandante: Elkin Anselmo Oliveros Polanía
Demandado: Mario Fernando Díaz Pava
Rad: 11001-03-28-2023-00081-00
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Niégase la nulidad del Acuerdo 22 del 27 de septiembre de 2023,
mediante el cual se designó como rector del Instituto Tolimense de Formación
Técnica Profesional (ITFIP) al señor Mario Fernando Díaz Pava, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
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