Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2024-00175-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2024-00175-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2024-00175-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
8 de mayo de 2025
Demandante: Silvio Nel Huertas Ramírez
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicado: 11001-03-28-000-2024-00175-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00175-00
Demandante: SILVIO NEL HUERTAS RAMÍREZ
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Temas: Nulidad de los actos que resuelven impugnaciones presentadas al
interior de las organizaciones políticas. Vigencia de los estatutos del
Partido Liberal Colombiano.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala dicta fallo en el proceso de la referencia, promovido contra varios actos
administrativos emitidos por la autoridad electoral, los cuales se detallan a continuación:
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Silvio Nel Huertas Ramírez instauró demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA)1. Una vez subsanado el libelo2, las pretensiones 3
fueron del siguiente tenor:
PRIMERA – Solicito se declare la nulidad de los actos administrativos del Consejo Nacional
Electoral, o sea, la nulidad de las resoluciones 2289 de marzo 23 de 2023 y 15298 de
noviembre 8 de 2023, por medio de las cuales el CNE negó la solicitud de declaratoria de
ilegalidad de la Resolución de la Directiva Liberal No 7459 de septiembre 13 de 2022 (Por la
cual se convoca la IX Convención Liberal).
SEGUNDA – Solicito se declare la nulidad de la Resolución del Consejo Nacional Electoral No
2247 de 2012, por cuanto se trata de un acto administrativo y de registro, que tiene relación
directa con los actos directamente demandados en el que se sustenta el CNE para denegar las
pretensiones de la impugnación y para validar la convocatoria de la IX Convención Nacional
Liberal.
TERCERA – Así mismo, solicito la nulidad de la resolución 2815 de 2017, por medio de la cual
el CNE revive directamente de manera irregular la vigencia de la Resolución 2247 de 2012 a
costa de la revocatoria de la Resolución 1655 de agosto 5 de 2015 (Esta que a su vez con
anterioridad había revocado también la aludida Resolución 2247 de 2012). La nulidad de la
Resolución 2815 de 2017 por cuanto además de tratarse de un acto administrativo relacionado
directamente con los actos demandados, viene afectando en materia grave el orden político y
social4.
1
Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos
administrativos de carácter general. (…) También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de
certificación y registro. Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos:
1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de
un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.
2
Inadmitida mediante providencia del 30 de agosto de 2024, en razón a que no se advertía el cumplimiento de los siguientes requisitos
formales: i) no había claridad si con la demanda se perseguía el restablecimiento de un derecho a su favor o de un tercero, comoquiera
que fue expuesto un presunto desconocimiento del procedimiento de revocatoria directa, contemplado en los artículos 93 y 97 del CPACA,
ii) se enunció, mas no se aportó, el oficio de notificación de la Resolución 15298 de noviembre 8 de 2023, en donde consta que tal acto
administrativo se comunicó por el CNE vía electrónica, el 21 de diciembre de 2023 y, iii) debían adecuarse las pretensiones del escrito
inicial, para incluir únicamente los actos pasibles de control jurisdiccional.
3
Admitida, previa subsanación, mediante auto del 29 de noviembre de 2024.
4
Sic a toda la cita.
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Demandante: Silvio Nel Huertas Ramírez
Demandado: Consejo Nacional Electoral
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1.2. Hechos
La parte actora manifestó que desde el año 2002, se presentaron situaciones al interior del
Partido Liberal Colombiano (en adelante PLC) que minaron la confianza de algunos
militantes y seguidores de esta agrupación, relacionadas con malos manejos administrativos
de la organización.
Adujo que los estatutos de este colectivo fueron inscritos en dicho año ante el Consejo
Nacional Electoral (en adelante CNE) a través de la Resolución 3707; sin embargo, comentó
que entre esas irregularidades que observó, para el año 2011, se propuso una modificación
de esos preceptos, los cuales fueron objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal
Nacional de Garantías5 (en adelante TNG) del PLC a través de las decisiones 39, 41 y 446
en las que ese ente declaró ilegal, no solo la citada reforma, sino también la convocatoria a
la Segunda Constituyente, que impartiría su aprobación.
Cuenta en su relato que para el año 2012, el CNE desconoció la decisión del aludido tribunal
y autorizó «ilícitamente» el registro7 de los estatutos a través de la Resolución 2247, con
base en que, con la expedición de la Ley 1475 de 2011, se obligó a las agrupaciones políticas
del país a ajustar sus normas internas a esas disposiciones de orden público dentro de los
dos años siguientes a su vigencia.
Sobre esta base, recordó que tres años después a dicha «ilicitud», la inscripción de esos
estatutos fue dejada sin efecto a través de la Resolución 1655 del 5 de agosto de 2015 del
CNE, comoquiera que esa entidad tuvo que acatar una decisión judicial del contencioso
administrativo8.
Manifestó la parte actora que el 8 de noviembre de 2017, a través de la Resolución 2815, el
órgano electoral, con otra «ilegalidad», revocó el acto administrativo 1655 y «revivió» el 2247
de 2012, el cual, en su criterio, fue el que permitió el registro de los estatutos que ya habían
sido declarados ilegales por parte del TNG.
Al respecto, comentó que, ante las decisiones del juez contencioso, se interpuso acción de
tutela por parte del representante legal del PLC, la cual fue desatada por la Corte
Constitucional9, pero «tergiversada» por la autoridad electoral.
Insistió en que el acto de registro de los estatutos fue una actuación que violó normas
superiores y desacató lo dicho por el TNG; luego, es el juez de la nulidad, a través del
presente medio de control, quien tiene la obligación de expulsarlo del ordenamiento jurídico.
A partir de todo lo relatado, dijo que, con base en las Resoluciones 2247 de 2012 y 2815 de
2017 emitidas por el CNE, que considera «ilegales», la directiva del partido convocó 10 a la
IX Convención Nacional Liberal (Resolución PLC 7459 del 13 de septiembre de 2022) y
decidió los demás11 aspectos, de forma «ilícita». Esa última determinación fue cuestionada
5
Órgano interno de la colectividad.
6
Aseveró que fueron debidamente inscritas ante el Consejo Nacional Electoral.
7
Los cuales fueron aprobados mediante decisión interna 2895 del 7 de octubre de 2011. Tales estatutos tenían carácter provisional hasta
que el órgano competente se reuniera para aprobarlos. El CNE mediante Resolución 4402 del 9 de noviembre de 2011 autorizó ese registro
y contra este se presentaron recursos de reposición que fueron resueltos mediante Resolución 586 del 3 de mayo de 2012. Finalmente, la
Dirección Nacional Liberal expidió la Resolución 2915 del 10 de diciembre de 2011 por medio de la cual se promulgaron los estatutos
aprobados por la Segunda Constituyente Liberal, acto que fue registrado por el CNE a través de la mencionada Resolución 2247 del 18
de septiembre de 2012.
8
Se interpuso acción popular en contra de las decisiones proferidas por el Partido Liberal Colombiano y registradas por el Consejo Nacional
Electoral, las cuales fueron desatadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que no protegió el derecho a la moralidad solicitado
por la parte actora, decisión que fue revocada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la que se accedió a la protección de los
derechos colectivos alegados.
9
Manifestó que la acción de tutela fue seleccionada por la Corte Constitucional en la sentencia SU – 585 de 2017, en la que se revocó la
decisión proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado y dejó indemne los efectos del fallo emitido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca que negó las pretensiones en la acción popular.
10
Inicialmente convocada para el 20 y 21 de mayo de 2023.
11
También se reglamentó la elección de los delegados, su organización y funcionamiento.
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por él mismo a través del medio de impugnación contemplado en el artículo 7º de la Ley 130
de 199412.
En dicho trámite adelantado ante el CNE, discutió la procedencia de la convocatoria y la
ilegalidad de los estatutos, a partir de cuatro reparos, a saber:
i) Solicitud de «ilegitimidad» de los estatutos vigentes del PLC, los cuales están amparados
por las Resoluciones 2247 de 2012 y 2815 de 2017 proferidas por el CNE, ii) Ilegalidad de
los estatutos, los cuales fueron aprobados y registrados por los citados actos administrativos,
iii) Falta de competencia del director Nacional del Partido Liberal para reglamentar la
convocatoria, que corresponde a la celebración de la IX Convención Liberal y, iv)
Procedencia del registro de la Resolución 39 de 2011, emitida por el TNG, por medio de la
cual esa instancia declaró ilegales: a) una reforma estatuaria y, b) la invitación a la Segunda
Constituyente de ese colectivo13.
Adujo que este trámite fue resuelto por la autoridad electoral mediante la Resolución 2289
del 3 de marzo de 2023, decisión en la que: a) se rechazó la impugnación dirigida contra la
convocatoria de la IX Convención Nacional Liberal, habida cuenta que se trataba de un acto
de trámite y a que no constituía una decisión susceptible de impugnación y, b) se negaron
los referidos cuatro argumentos presentados por el peticionario.
Comenta que el CNE tomó las anteriores decisiones, con base en que:
i) la convocatoria es un acto preparatorio, no definitivo, ii) existía la obligación de los partidos
de adecuar sus estatutos a la luz de la Ley 1475 de 2011, iii) no se impugnó la Resolución
2915 del 10 de diciembre de 2011 del PLC, en la que se promulgaron los nuevos estatutos,
los cuales fueron inscritos mediante Resolución 2247 de 2012 del CNE, pues, como se
relató, se acudió directamente a la acción popular, iv) la controversia sobre la legalidad de
los estatutos tuvo claridad a partir de la sentencia SU – 585 de 2017, v) los estatutos
vigentes, es decir, los aprobados por la Segunda Constituyente Liberal, en acatamiento de
la ley estatutaria, previeron en el artículo 20 como función del director nacional la de
reglamentar todo lo relativo a la Convención Nacional y, vi) es improcedente registrar la
Resolución 39 del TNG, debido a que mediante Resolución 3024 de 2019 el CNE la rechazó,
pues esa decisión interna carecía de base legal.
Descontento con lo dicho por el organismo electoral, presentó recurso de reposición, el cual
fue desatado mediante Resolución 15298 del 8 de noviembre de 2023, la cual confirmó en
su integridad lo dicho en la primera determinación.
A partir de todo lo narrado, insistió en la anulación de: i) los actos que resolvieron y no
repusieron la impugnación, ii) el acto administrativo 2247 de 2012, por medio del cual el CNE
autorizó el registro de los estatutos presentados por el PLC y, iii) la Resolución 2815 de
12
Artículo 7o. Obligatoriedad de los estatutos. La organización y el funcionamiento de los partidos y movimientos se regirá por lo establecido
en sus propios estatutos. Cualquier ciudadano, dentro de los veinte días siguientes a la adopción de la respectiva decisión, podrá impugnar
ante el Consejo Nacional Electoral las cláusulas estatutarias contrarias a la Constitución, a la ley o a las disposiciones del Consejo Nacional
Electoral, o las decisiones de las autoridades de los partidos y movimientos tomadas contraviniendo las mismas normas. Los partidos y
movimientos inscribirán ante el Consejo Nacional Electoral los nombres de las personas que, de acuerdo con sus estatutos, hayan sido
designados para dirigirlos y para integrar sus órganos de gobierno y administración, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de
la respectiva designación. El Consejo Nacional Electoral podrá, de oficio o a solicitud de cualquier persona, exigir que se verifique la
respectiva inscripción y aun realizarla si dispone de la prueba correspondiente. Cualquier ciudadano podrá impugnar ante el Consejo
Nacional Electoral la designación de esas directivas dentro de los quince (15) días siguientes a la misma, por violación grave de los
estatutos del partido o movimiento. Para todos los efectos, el Consejo Nacional Electoral sólo reconocerá como autoridades de los partidos
y movimientos a las personas debidamente inscritas ante él.
13
Estos argumentos también tuvieron sustento en los siguientes reparos: i) la actividad del Tribunal Nacional de Garantías debía
mantenerse indemne, ii) la aludida Constituyente Liberal, que supuestamente aprobó los estatutos, no fue elegida popularmente, iii) la
precitada asamblea no se llevó a cabo en la fecha indicada, iv) hubo una interpretación «amañada» de la sentencia SU – 585 de 2017 y,
v) la IX Convención Liberal convocada con la Resolución 7459 de septiembre de 13 de 2022, se rigió por los estatutos registrados con la
Resolución del CNE 2247 de 2012, «pasando por alto la legitimidad y vigencia estatutaria».
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Demandante: Silvio Nel Huertas Ramírez
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2017, que acató una decisión judicial que dio «apariencia» de legalidad a la aceptación de
los estatutos del año 2012.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Para dar sustento jurídico a sus reparos, el accionante indicó, en primer lugar, la infracción
de normas superiores14 y la falsa motivación, comoquiera que la Resolución 15298 del 8 de
noviembre de 2023, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto
contra el acto administrativo 2289 del 23 de marzo del mismo año, aparte de convalidar la
convocatoria de la IX Convención Nacional –conforme al desconocimiento de las decisiones
proferidas por el TNG– también negó los argumentos de la impugnación frente a las
decisiones emitidas por el PLC.
Como segundo reparo, afirmó que hubo «desviación e incongruencias en el análisis de
hechos, omisiones y pretensiones», pues con base en el artículo 281 del Código General del
Proceso15 (CGP), en la impugnación formulada que fue negada por el CNE hubo situaciones
fácticas que debían ser tenidas en cuenta, como las que se detallaron en las Resoluciones
39, 41 y 44 de 2011, proferidas por el TNG16, con las cuales se declaró ilegal la reforma
estatuaria y la invitación a la Segunda Constituyente Liberal; a partir de eso, en la actuación
administrativa se resolvieron situaciones distintas para denegar la impugnación y validar la
citada convocatoria.
Finalmente, profundizó en un tercer reparo (falsa motivación), al decir que en la parte motiva
de las Resoluciones 15298 y 2289 se establecieron razonamientos que no corresponden a
lo dicho por la Corte Constitucional, considerándose «apócrifo» que la sentencia de
unificación 585 de 2017 haya definido cuáles son los estatutos vigentes, pues, en su criterio,
nada de eso se analizó.
2. Tramite procesal relevante
2.1. Admisión de la demanda
Por auto del 29 de noviembre de 202417, el despacho admitió la demanda y, el mismo día18,
se resolvió tramitar, estudiar y dar trámite sin vocación de urgencia a la medida cautelar
solicitada por la parte actora.
2.2. Auto que resuelve medidas cautelares
La Sección, mediante providencia del 30 de enero de 2025 19, no accedió a los pedimentos
y, en consecuencia, negó la suspensión de los efectos de la Resolución 2247 del 18 de
septiembre de 2012. De igual modo, respecto de las decisiones administrativas 15298 del 8
de noviembre y 2289 del 23 de marzo del 2023, no se accedió, pues en el plenario no
estaban aportados los medios de prueba suficientes para demostrar la configuración de los
reparos propuestos en el concepto de la violación.
14
Manifestó que se encontraban vulnerados: «Artículo 7 de la Ley 130 de 1994, la sentencia SU-585 de 2017, la Resolución del CNE 3707
de 2022; las resoluciones 39, 41 y 44 de 2011 del Tribunal Nacional de Garantías del Partido Liberal; los estatutos del Partido Liberal
Colombiano inscritos en el año 2002, artículo 66 (en especial los numerales 1, 2 y 3) también los artículos 67 y 119» (Sic a la cita).
15
Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley.
16
Adujo que se debía tener en cuenta los artículos 66 (numerales 1, 2 y 3), el 67 y 119 de los estatutos del Partido Liberal Colombiano del
año 2002 registrados ante el CNE con la Resolución 3707 de 2002.
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Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 19.
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Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 20.
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Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 34.
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Tampoco se suspendió la IX Convención Nacional Liberal, dado que ésta ya se había
realizado, lo que imponía declarar la carencia actual de objeto. Finalmente, no se accedió a
la «medida de ordenamiento» para que el CNE inscribiera las resoluciones 39, 41 y 44 del
TNG, como tampoco ordenar que dicha autoridad se abstuviera de registrar las actas de la
Convención celebrada el 31 de octubre y el 1 de noviembre del año 2024, debido a que, por
un lado, hacía falta recabar varios medios de prueba sobre algunas determinaciones que el
CNE profirió en relación con las decisiones de dicho tribunal interno y por otro, existían serias
dudas respecto a los alcances que podían tener los órganos internos de los colectivos
políticos.
2.3. Contestación de la demanda
2.3.1 Consejo Nacional Electoral
El 6 de febrero de 202520 la autoridad administrativa se opuso a las pretensiones y recordó
que las Resoluciones 2289 y 15298 del año 2023 resolvieron objetivamente los reparos
presentados por el accionante en contra de la Convocatoria de la IX Convención Nacional
del PLC y, en ese orden de ideas, se probó que esa colectividad actuó conforme a los
mandatos de la Ley 1475 de 2011.
Bajo dicho argumento, afirmó que no se puede desconocer que para el año 2011 las
agrupaciones políticas tenían la obligación de ajustar los estatutos internos a los requisitos
que previó esta norma.
Insistió en que se cuestiona nuevamente si el director Nacional Liberal tenía o no la facultad
para convocar a la asamblea que aprobaría los estatutos que se propusieron ante la
Segunda Constituyente Liberal, aspecto que quedó zanjado, pues esa instancia directiva
profirió la decisión 2895 del 7 de octubre de 2011, por medio de la cual promulgó
provisionalmente sus normas de conducta interna y, luego de eso, a través de la disposición
2915 del 10 de diciembre de dicho año, expidió los estatutos definitivos, aprobados por el
mencionado estamento.
Afirmó que el PLC, respetuoso de las normas de orden público, cumplió con la obligación
legal y registró tales determinaciones ante el CNE, autoridad que materializó la decisión de
este colectivo en la Resolución 2247 del 2012.
Enfatizó en que el hoy demandante, en aquella época, acudió directamente a la acción
popular y obtuvo un fallo negativo a sus pretensiones en primera instancia, confirmado por
la sentencia SU – 585 del 21 de septiembre de 2017, proferida por la Corte Constitucional.
Así mismo, indicó que la autoridad electoral, al acoger la providencia de unificación, retrotrajo
las cosas a su estado anterior, para entender que los únicos estatutos vigentes para el PLC
fueron los registrados en el 2012.
Según lo acontecido judicialmente, al expedirse la decisión 7459 del 13 de septiembre de
2022 por dicha agrupación política, actuación que pidió el accionante que se declarara como
ilegítima por el CNE, no quedó duda de que el director Nacional Liberal se basó en los
estatutos aprobados y registrados por la Resolución 2247 y, con base en ellos, podía
convocar la Convención Nacional Liberal a sesiones ordinarias y extraordinarias; luego,
todos aquellos reparos presentados en las resoluciones del año 2023, que pide sean
anuladas, no deben prosperar, pues ese director contaba con la facultad de reglamentar la
organización y funcionamiento de la convención.
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Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 39.
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A partir de lo narrado, recordó que el CNE, a través de la Resolución 3024 del 10 de julio de
2019, ya había rechazado por improcedente una petición presentada por el demandante
para que se aplicaran los estatutos del año 2002, sobre lo cual recordó los razonamientos
que esbozó la Corte Constitucional en la providencia de unificación.
De otro lado, en lo relacionado con la falsa motivación, teorizó sobre este vicio y, luego de
ello, insistió en que todas las razones de hecho y de derecho esbozadas en las decisiones
censuradas están debidamente fundamentadas, asimismo, comentó que, en el contencioso
de nulidad, se debe respetar el carácter rogado de la jurisdicción, lo que lleva a que solo sea
posible desvirtuar los fundamentos que soportan el acto censurado de acuerdo con lo que la
parte actora logre demostrar con su demanda, excluyendo cualquier posibilidad oficiosa 21.
2.3.2 Partido Liberal Colombiano
Guardó silencio.
3. Auto que acoge trámite de sentencia anticipada
Mediante auto del 24 de febrero de 202522 se resolvió dar aplicación a esta figura, conforme
a lo establecido en el literal c) del numeral 1 del artículo 182A del CPACA, norma adicionada
por el precepto 42 de la Ley 2080 de 2021.
Consecuente con esta decisión, se incorporaron las pruebas documentales aportadas con
la demanda y su contestación; de igual modo, se decretaron unas de oficio23 y se fijó el litigio
en los términos que más adelante se expondrán.
4. Alegatos de conclusión
En esta oportunidad se recibieron las intervenciones que se reseñan a continuación:
4.1. Autoridad demandada24
Reafirmó que ninguno de los supuestos de la demanda se encuentra demostrados y que lo
expuesto en el libelo es una interpretación subjetiva de la parte actora, que intenta inducir a
error al juzgador. Indicó que los estatutos que se encuentran vigentes son los registrados en
la Resolución 2247 del 18 de septiembre de 2012 y que las decisiones 2289 y 15298 del
2023 deben mantener su legalidad, pues fueron adoptadas con el rigor jurídico,
jurisprudencial y probatorio.
4.2. Parte actora25
Reiteró los supuestos fácticos de su demanda, para insistir en que las decisiones del TNG
fueron desatendidas, no solo por las directivas del PLC, sino también por el CNE, pues
cuando ese órgano interno declaró la ilegalidad de la aprobación de los estatutos y la
21
Citó fallo de nulidad electoral: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Quinta, sentencia del 11 de junio de
2008. C.P.: María Nohemí Hernández. Rad. 44001-23-31-000-2007-00236-01.
22
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 41.
23
a) Requerir al representante legal del Partido Liberal Colombiano para que allegue: 1. Estatutos completos promulgados en el año 2002.
2. Resolución 658 del 9 de abril del 2002, por medio de la cual se aprobaron los estatutos de esa época. 3. Estatutos completos
(provisionales y definitivos) expedidos en el año 2011. 4. Resolución 2895 del 7 de octubre de 2011 que promulgó los estatutos de la
colectividad. 5. Resolución 2900 del 28 de octubre de 2011, donde se da cuenta de la convocatoria a la Segunda Constituyente Liberal a
celebrarse el 10 y 11 de diciembre de 2011. 6. Resolución 2915 del 10 de diciembre de 2011 por la cual se promulgan los Estatutos del
Partido Liberal Colombiano aprobados por la Segunda Constituyente Liberal. b) Requerir al Consejo Nacional para que aporte: Resolución
3024 de 2019, por medio de la cual se rechazaron por improcedentes algunas solicitudes relacionadas con la aplicación de los estatutos
y se dictan otras disposiciones.
24
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 52.
25
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 54.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Silvio Nel Huertas Ramírez
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convocatoria de la constituyente liberal, la autoridad electoral resolvió declarar
improcedentes las réplicas presentadas por quienes no compartían tales determinaciones.
Aseveró, por un lado, que las decisiones de las instancias internas de control de las
organizaciones políticas constituyen fuerza de ley cuando se dan en cumplimiento de sus
estatutos, según se desprende del artículo 7 de la Ley 130 de 1994, la Ley 1475 de 2011 y
la sentencia SU – 585 de 2017 de la Corte Constitucional y, por ende, el CNE debía darles
el valor jurídico respectivo a las decisiones adoptadas por el TNG.
Por otro lado, dijo que el cargo de falsa motivación e incongruencias está acreditado, pues
el CNE tergiversó los razonamientos de las decisiones judiciales de tutela y de acción
popular.
4.3. Partido Liberal Colombiano
Guardó silencio.
5.Concepto del Ministerio Público
La vista fiscal solicitó denegar las pretensiones de la demanda, comoquiera que, en su
opinión, aun cuando existe normativa26 y jurisprudencialmente27 sustento para afirmar que
los estatutos de las colectividades políticas son obligatorios y vinculantes, no es menos cierto
que es el CNE quien tiene la facultad para revisar la legalidad de toda la actividad electoral
de los partidos.
A partir de ello, afirmó que en el caso concreto la parte actora cuestionó administrativa y
judicialmente las decisiones tomadas por la colectividad, pero estas fueron desatadas en
favor del PLC, cuyo soporte quedó contemplado en la sentencia SU – 585 de 2017.
Comentó que los estatutos vigentes registrados ante dicha autoridad electoral y que fueron
previamente validados corresponden a los adoptados en la Resolución 2247 del 18 de
septiembre de 2012, los cuales dieron pleno sustento a la convocatoria de la IX Convencional
Nacional Liberal.
6. Auto que niega pruebas28
Mediante providencia del 24 de abril de 2025, el despacho rechazó las documentales
allegadas por la parte actora en sus alegatos de conclusión, habida cuenta que se reputaban
como extemporáneas.
2. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para decidir en única instancia el proceso de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 149 29 del CPACA, y en el artículo
26
Hizo alusión a los artículos 4 de la Ley 1475 de 2011, 7 de la Ley 130 de 1994 y los numerales 6, 9, 10 y 11 del 265 constitucional.
27
Corte Constitucional. Sentencia C – 089 de 1994 y C – 490 de 2011.
28
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 57
29
Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única Instancia. <Artículo modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021.
Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución
de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 1. De la nulidad de los actos administrativos
expedidos por las autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones
administrativas en el mismo orden, salvo que se trate de actos de certificación o registro, respecto de los cuales la competencia está
radicada en los tribunales administrativos.
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Demandante: Silvio Nel Huertas Ramírez
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicado: 11001-03-28-000-2024-00175-00
13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado
por el artículo 1º del Acuerdo 434 de 2024.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala desatar la controversia judicial de conformidad con la fijación del
litigio, el cual quedó expuesto en los siguientes términos:
[D]eterminar si las resoluciones 2289 de marzo 23 de 2023 y 15298 de noviembre 8 de dicho
año30, infringieron normas superiores31 y fueron falsamente motivadas, al haberse desconocido
presuntamente las decisiones proferidas por el Tribunal Nacional de Garantías que declararon
ilegales los estatutos aprobados en el año 2011 por el Partido Liberal Colombiano, así como
esclarecer si se tergiversaron los razonamientos vertidos en la sentencia SU – 585 de 2017.
De igual modo, corresponderá analizar si el Consejo Nacional Electoral al momento de proferir
los mencionados actos administrativos, resolvió de manera incongruente 32 la impugnación
formulada y con ello, desatendió las decisiones tomadas por el Tribunal Nacional de
Garantías33, las cuales habían declarado ilegal la reforma estatuaria y la invitación a la 2ª
Constituyente Liberal.
Finalmente, se resolverá si las Resoluciones 2247 de 2012 y 2815 de 2017 al estar
relacionadas directamente con los actos administrativos 2289 de marzo 23 de 2023 y 15298
de noviembre 8 de dicho año, se consideran violatorias de las disposiciones superiores (Leyes
130 de 1994 y 1475 de 2011), con lo cual se afectó de ilegalidad la convocatoria de la IX
Convención Nacional Liberal.
Previo a resolver los problemas planteados, la Sala, i) hará un breve esbozo sobre el papel
del Consejo Nacional Electoral y, ii) resolverá el caso concreto.
2.1. Competencia del Consejo Nacional Electoral frente al funcionamiento de las
organizaciones políticas
Constitucionalmente34, el CNE es la institución que tiene a su cargo la suprema inspección,
vigilancia y control de las elecciones, así como la organización y funcionamiento de las
colectividades políticas. Su origen se remonta a los primeros tiempos de la independencia,
en que se hizo patente la necesidad de crear, en las primeras constituciones, algunos
organismos incipientes a cargo de los asuntos electorales, los cuales estuvieron
caracterizados por tener una competencia local o transitoria35, dotados de independencia
jerárquica.
A partir de 1887, se creó el Gran Consejo Electoral, primer organismo de carácter nacional,
que fue reemplazado por la Corte Electoral, en 1948, sustituido posteriormente por el CNE 36,
denominación que persiste en la Carta que actualmente nos rige. Este organismo con el
paso del tiempo se ha venido fortaleciendo en sus funciones, tal como lo dispone el Acto
Legislativo 01 de 2009, para asegurar que el certamen eleccionario sea expresión de
transparencia y eficacia.
30
Por medio de las cuales el CNE decidió la impugnación formulada contra la Resolución de la Directiva Liberal 7459 de septiembre 13
de 2022 y resolvió el recurso de reposición contra la primera de estas determinaciones.
31
«Artículo 7 de la Ley 130 de 1994, la sentencia SU-585 de 2017, la Resolución del CNE 3707 de 2022; las resoluciones 39, 41 y 44 de
2011 del Tribunal Nacional de Garantías del Partido Liberal; los estatutos del Partido Liberal Colombiano inscritos en el año 2002, artículo
66 (en especial los numerales 1, 2 y 3) también los artículos 67 y 119».
32
Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley.
33
Adujo que se debían tener en cuenta los artículos 66 (numerales 1, 2 y 3), el 67 y 119 de los estatutos del Partido Liberal Colombiano
del año 2002, registrados ante el CNE con la Resolución 3707 de 2002.
34
Constitución Política, artículo 265.
35
Reyes González, Guillermo Francisco. Régimen Electoral y de Partidos Políticos en Colombia. Bogotá D.C.: Fundación Konrad –
Adenauer – Stiftung. 2ª edición. 2007. p.345.
36
Ley 96 de 1985.
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Ahora bien, en punto a la vigilancia de las colectividades políticas, el artículo 265 superior
señaló lo siguiente:
El Consejo Nacional Electoral, regulará, inspeccionará, vigilará y controlará, toda la actividad
electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de
sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los
principios y deberes que a ellos corresponden y gozará de autonomía presupuestal y
administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales: (…) 6. Velar por el cumplimiento
de las normas sobre partidos y movimientos políticos (…).
Esta trascendental atribución parte de la importancia que tienen los partidos y movimientos
políticos como instituciones que dan sustento y solidez a la democracia. Dichas
agremiaciones canalizan la opinión pública, particularmente, de aquellas personas que
quieren expresar una visión del Estado, la sociedad y la forma de alcanzar el progreso o el
bien común, sustentada en una determinada ideología o plataforma política.
Como lo define el artículo 2º de la Ley 130 de 199437, «los partidos políticos son instituciones
permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de
los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el
objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones
políticas y democráticas de la Nación».
Por su parte, según la misma norma, «los movimientos políticos, son asociaciones de
ciudadanos constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política o para
participar en las elecciones». Así, entonces, unos y otros le dan soporte a la democracia
participativa y se constituyen en correas de transmisión de su operatividad y dinámica.
Estas organizaciones, que buscan representar y dirigir a sus afiliados y adeptos en la
búsqueda del poder político, tienen el deber de organizarse democráticamente bajo los
principios de transparencia, objetividad, moralidad y equidad de género, como lo dispone el
artículo 107 de la Carta y 1º de la Ley 1475 de 2011. Tienen derechos reconocidos en la ley,
como el de obtener el reconocimiento de la personería jurídica y ser propietarios de su
nombre y símbolos, así como los colores que quieran emplear para identificarse (art. 3º y 5º
de la Ley 130 de 1994).
Ahora bien, aunque la ley les otorga el derecho de organizarse libremente, en el desarrollo
de su actividad están obligados a cumplir la Constitución y las leyes, (art. 6º ibidem). Así
mismo, su organización y funcionamiento están regidos por sus propios estatutos (7º).
Como instituciones que están llamadas a incidir en la dinámica política y la conformación de
los poderes públicos, responden por toda violación o contravención a las normas que rigen
su organización, funcionamiento o financiación, así como por las conductas de sus directivos
consideradas como faltas, a la luz de la ley electoral (art. 8º Ley 1475 de 2011).
En este orden, juega un papel importante el CNE, para asegurar que, no solo se respete el
ordenamiento jurídico que rige estas organizaciones, sino también la voluntad de sus
miembros expresada en asamblea general o en los órganos de gobierno y dirección, que
suelen tener como parámetro de acción las reglas contenidas en sus propios estatutos. En
línea con lo establecido por la mencionada ley, el artículo 3º ibidem establece que el Consejo
Nacional Electoral llevará el registro de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas,
las actas, documentos, estatutos y demás actos que atañen al desenvolvimiento de la
colectividad política.
37
Por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas
electorales y se dictan otras disposiciones.
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Así lo indica la norma:
Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos. El Consejo Nacional Electoral llevará el
registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Los respectivos representantes
legales registrarán ante dicho órgano las actas de fundación, los estatutos y sus reformas, los
documentos relacionados con la plataforma ideológica o programática, la designación y
remoción de sus directivos, así como el registro de sus afiliados.
Según esta disposición, la designación o remoción de los miembros que integran los órganos
de gobierno y administración de las colectividades políticas debe inscribirse ante el CNE, por
parte del respectivo representante legal, cuyo objeto no es otro que otorgar seguridad
jurídica frente a sus afiliados, adeptos y la comunidad en general, para materializar los
principios de transparencia y publicidad que dichas actuaciones demandan.
Ahora bien, de esta misma norma se infiere que la función que cumple la autoridad electoral,
en armonía con el artículo 265 superior, no corresponde a una simple actuación notarial
o meramente formal, en la medida que tiene el deber de examinar si los cambios producidos
se ajustan a todo el ordenamiento jurídico que regula la materia y a los estatutos propios del
partido.
La Corte Constitucional, al ejercer la revisión previa de constitucionalidad mediante
Sentencia C-490 de 2011, precisó:
(…) De un lado, la Corte encuentra que la función de registro está estrechamente relacionada
con las funciones que la Carta Política confiere al CNE. En los términos del artículo 265 C.P.,
el Consejo tiene la función general de regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad
electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de
sus representantes legales, directivos y candidatos. (…) La decisión del legislador estatutario
de fijar un registro en las condiciones anotadas, permite que el CNE ejerza sus funciones
constitucionales, al contar con la información mínima necesaria para adelantar las
competencias descritas. Por ende, el registro analizado se limita a fijar un instrumento técnico
para el cumplimiento de una potestad de origen constitucional, lo que justifica su exequibilidad.
Además, permite garantizar principios constitucionales de significativa importancia, como la
publicidad de los actos y la transparencia. (…).
Del aparte transcrito, se advierte el claro papel que cumple este registro público a cargo de
la autoridad electoral, en tanto, además de garantizar la seguridad jurídica y la publicidad de
los actos de designación, las reglas propias de funcionamiento y los órganos que los rigen
que se producen al interior de los partidos políticos y movimientos políticos, se erige como
un mecanismo a través del cual el Consejo Nacional Electoral materializa las funciones que
el ordenamiento constitucional y legal le atribuyen.
Así las cosas, el registro que se le impone efectuar a los partidos y movimientos políticos
habilita la competencia del CNE para cotejar el acto de inscripción frente a las disposiciones
legales, constitucionales y estatutarias, correspondiéndole, entonces, autorizar o negar el
registro solicitado, según si se ha acatado o no el ordenamiento jurídico.
Resta por decir que, en lo relacionado con la función de resolver las impugnaciones
presentadas al interior de las organizaciones políticas, el artículo 7 de la Ley 130 de 1994
establece que la organización y el funcionamiento de los partidos y movimientos se regirá
por lo establecido en sus propios estatutos, como también que cualquier ciudadano puede
impugnar ante el Consejo Nacional Electoral las decisiones de las autoridades de los
partidos y movimientos, por cláusulas estatutarias contrarias a la Constitución, a la ley o a
las disposiciones del CNE.
De igual modo, con base en los artículos 1 y 4 de la Ley 1475 de 2011, que preceptúan que
la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos se ajustarán a los
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principios de transparencia, objetividad, moralidad, equidad de género y el deber de
presentar y divulgar sus programas políticos de conformidad con la normativa superior, los
cuales deben garantizar en sus estatutos. Por su parte, el artículo 4 de esta misma ley
establece los contenidos mínimos que se deben incorporar en los estatutos de los partidos
y movimientos políticos.
Tales preceptos, al igual que los ya comentados en precedencia, moldean todas y cada una
de las atribuciones que este organismo de origen constitucional tiene sobre las materias que
el constituyente contempló. En consecuencia, y bajo tales premisas, el juez contencioso
tendrá en cuenta este marco normativo para desatar las controversias presentadas por
aquellos interesados que controvierten tales decisiones tomadas por el CNE.
2.2. Caso concreto
Por metodología, la Sala resolverá los dos primeros cargos en forma concurrente, según
quedaron definidos en la fijación del litigio, que se dirigen contra las Resoluciones 2289 de
marzo 23 de 2023 y 15298 de noviembre 8 de dicho año, por medio de las cuales el CNE
negó la solicitud de declaratoria de ilegalidad de la Resolución de la Directiva Liberal 7459
de septiembre 13 de 2022 (Por la cual se convoca la IX Convención Liberal).
Lo anterior, en consideración a que guardan conexidad temática y proponen que esas
determinaciones emitidas por el CNE vulneraron normas superiores, fueron expedidas con
falsa motivación y resolvieron de manera incongruente los hechos, omisiones y pretensiones
presentadas en la solicitud de impugnación.
Seguidamente, la Sala definirá si las Resoluciones 2247 de 2012 y 2815 de 2017, al estar
relacionadas directamente con los actos administrativos 2289 de marzo 23 de 2023 y 15298
de noviembre 8 de dicho año, se consideran violatorias de las disposiciones superiores
(Leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011) y si habrían afectado de ilegalidad la convocatoria de
la IX Convención Nacional Liberal.
Para desatar lo anterior, la Sección logra identificar la existencia de un primer reparo
neurálgico que propone la parte actora y que es transversal para resolver las controversias
del presente asunto, relacionado con los alcances que le dio el CNE a la sentencia de
unificación 585 de 2017 adoptada por la Corte Constitucional, pues, en su criterio, se
«tergiversaron» sus fundamentos, y con ello, se dio por sentado que los estatutos válidos
del PLC fueron los adoptados en el año 2011, lo que considera «impropio», dado que estos
fueron declarados ilegales por parte del TNG, a través de las decisiones 39, 41 y 44.
Al respecto, conviene recordar que el debate que propuso el accionante en sede
administrativa y que plantea en el proceso judicial, tuvo una especial característica, derivada
de una acción popular que él mismo interpuso en contra del partido político y la autoridad
electoral38, en lo que respecta a la reforma estatutaria del año 2011, que también tuvo la
intermediación de la Corte Constitucional cuando desató el asunto vía sentencia de
unificación.
Para conocer de cerca este reparo, debe recordarse que esta Sección disertó en varios
asuntos judiciales sobre el correcto entendimiento de dichas decisiones del juez popular 39 y
las emitidas por la Corte Constitucional.
38
Decidida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de marzo de 2015, Rad. 25000-23-41-
000-2013-00194-01, MP. Stella Conto Díaz del Castillo.
39
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia del 24 de
noviembre de 2016. Rad. 70001-23-33-000-2016-00049-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia del 3 de noviembre de 2016. Rad. 70001-23-33-000-2016-00044-01 y Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia del 3 de noviembre
de 2016. Rad. 70001-23-33-000-2015-00508-01.
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Sobre esta materia, en providencia del 2019 40, la Sala razonó lo siguiente:
(ii) Empero, con la sentencia SU-585 de 21 de septiembre de 2017 de la Corte Constitucional,
al dejarse sin efectos el fallo del 5 de marzo de 2015 de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, la misma suerte corrieron las consideraciones y decisiones relativas a calificar los
estatutos del 2011 del Partido Liberal Colombiano contarios al ordenamiento jurídico, de
manera tal que los mismos recobraron su efectividad. (iii) Que el CNE y el Partido Liberal
Colombiano antes de que se notificara formalmente la sentencia SU-585 de 2017, conocieron
la misma, pues sustentados en ella, la mencionada colectividad política acudió a la autoridad
electoral antes señalada para que declarara que los estatutos del año 2011 se encontraban
vigentes, declaración que en efecto se realizó mediante Resolución N° 2815 del 8 de noviembre
de 2017 (…).
2.7.5.3. En ese orden de ideas, del análisis que se hizo en la sentencia SU-585 de 2017, la
Corte Constitucional concluyó que la Sección Tercera del Consejo de Estado desbordó sus
competencias en el marco de la acción popular, al dejar sin efectos los estatutos del Partido
Liberal expedidos en el año 2011, decisión que fue considerada por el Tribunal
Constitucional contraria al ordenamiento jurídico, razón por la cual la infirmó y en
consecuencia el partido político que invocó la acción constitucional solicitó que los estatutos
de 2011 recobraran su vigencia.
2.7.5.4. Por los motivos antes expuestos, no se le puede reprochar al Partido Liberal, como
tampoco al Consejo Nacional Electoral, el hecho de que, una vez conocieron el fallo de
unificación, esto es gracias al comunicado de prensa expedido el 21 de septiembre de 2017,
procedieran de una parte a solicitar la aplicación inmediata de la decisión constitucional ante el
Consejo Nacional Electoral y, de otra, que la entidad en cumplimiento de la misma procediera
a cumplir sus funciones de registro, por lo tanto la Sala determina sin lugar a dubitaciones
que los estatutos del año 2011 se encontraban vigentes desde el momento en que se
dictó la sentencia.
2.7.5.6. Es por ello que, frente al interrogante sobre cuál norma estatutaria se debía aplicar, ad
portas del proceso de inscripción de candidatos para los comicios que serían llevados a cabo
en marzo de 2018 y en aras de materializar su derecho de obtener representación política,
el Partido Liberal procedió a registrar los estatutos aprobados en el año 2011 de manera
expedita conforme los efectos que se derivan de la sentencia SU-585 de 2017, por lo que
acudió ante el Consejo Nacional Electoral, autoridad que en cumplimiento de dicha
decisión judicial efectuó el registro de los mismos y como consecuencia de ello, inscribió los
directivos de la colectividad, entre ellos su representante legal, con miras a lograr su normal
funcionamiento. (Negrillas de la Sala).
Comentado lo anterior, la Sala no ve algún nuevo razonamiento que haya sido esbozado por
el accionante en la presente causa que inste a esta corporación a realizar una
reinterpretación de lo ya disertado.
Como consecuencia de lo anterior, la sentencia de unificación que fue tildada como
«tergiversada» por la parte actora, dejó sin efectos el fallo del 5 de marzo de 2015 de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, y con ello, se llevó consigo los planteamientos que
se habían dado sobre las consideraciones y decisiones relativas a calificar como «inválidos»
los estatutos del 2011, de manera tal que estos, como lo adujo el CNE, recobraron su
efectividad.
De esta manera, la Sección ve oportuno despejar toda duda en relación con el alcance que
tuvo la decisión de unificación, pues la parte actora insistió en los tres cargos de nulidad
puestos de presente en el subjudice, que el CNE había «tergiversado» la decisión
constitucional, desconociendo, según su criterio, que la Corte no había dicho cuáles eran los
estatutos vigentes; sin embargo, como se vio en precedencia y al no advertirse nuevos
elementos que lleven hacer una reflexión novedosa sobre lo dicho por esta misma
corporación, se impone afirmar que, en efecto, la sentencia SU – 585 de 2015 implicó que
40
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 14 de marzo de
2019. Rad. 11001-03-28-000-2018-00603-00.
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los estatutos vigentes fueron los aprobados por la Segunda Constituyente Liberal en el año
2011, de conformidad con las exigencias de la recién expedida Ley 1475.
A partir de lo relatado, es posible abordar un segundo reparo central y consecuencial en la
presente controversia, relacionado con la presunta infracción de normas superiores 41 y una
falsa motivación de las resoluciones 2289 de marzo 23 de 2023 y 15298 de noviembre 8 de
dicho año42.
Estas decisiones, de forma sucinta negaron, entre otros argumentos propuestos por el aquí
accionante, la ilegalidad de los estatutos del año 2011, de conformidad con la aplicación de
los razonamientos que trajo la sentencia SU – 585 de 2017, tal como se vio en precedencia.
Así mismo, propuso que los estatutos vigentes, es decir, los aprobados por la Segunda
Constituyente Liberal en acatamiento de la Ley 1475 de 2011, previeron en el artículo 20
como funciones del director nacional la de reglamentar todo lo relativo a la Convención
Nacional.
En este punto, debe decirse que se presentó por la parte actora el argumento relacionado
de que ese director no era competente para haber reglamentado todos y cada uno de los
aspectos que permitieron a la convención nacional la modificación de estatutos; empero, ese
argumento se ve desechado, comoquiera que obra en el subjudice prueba recaudada de
oficio, decretada por el magistrado sustanciador, relacionada con el aporte de los estatutos
registrados ante el CNE, en los que se constata la capacidad y funciones del mencionado
cargo:
Adicionalmente, la parte actora sustentó la demanda de nulidad aduciendo la vulneración de
preceptos superiores, entre los que destacó: «el artículo 7 de la Ley 130 de 1994 y la SU-
585 de 2017».
Respecto de lo vertido en la decisión de unificación, la Sala no hará mayor reflexión conforme
a lo esbozado en líneas precedentes, pues dicha providencia significó la vigencia de los
estatutos del Partido Liberal aprobados en el 2011.
En cuanto al precepto normativo que se dice infringido, este es del siguiente tenor:
Artículo 7o. Obligatoriedad de los estatutos. La organización y el funcionamiento de los partidos
y movimientos se regirá por lo establecido en sus propios estatutos. Cualquier ciudadano,
dentro de los veinte días siguientes a la adopción de la respectiva decisión, podrá impugnar
ante el Consejo Nacional Electoral las cláusulas estatutarias contrarias a la Constitución, a la
ley o a las disposiciones del Consejo Nacional Electoral, o las decisiones de las autoridades de
los partidos y movimientos tomadas contraviniendo las mismas normas.
Los partidos y movimientos inscribirán ante el Consejo Nacional Electoral los nombres de las
personas que, de acuerdo con sus estatutos, hayan sido designados para dirigirlos y para
integrar sus órganos de gobierno y administración, dentro de los veinte (20) días siguientes a
41
«Artículo 7 de la Ley 130 de 1994, la sentencia SU-585 de 2017, la Resolución del CNE 3707 de 2022; las resoluciones 39, 41 y 44 de
2011 del Tribunal Nacional de Garantías del Partido Liberal; los estatutos del Partido Liberal Colombiano inscritos en el año 2002, artículo
66 (en especial los numerales 1, 2 y 3) también los artículos 67 y 119».
42
Por medio de las cuales el CNE decidió la impugnación formulada contra la Resolución de la Directiva Liberal 7459 de septiembre 13
de 2022 y resolvió el recurso de reposición contra la primera de estas determinaciones.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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la fecha de la respectiva designación. El Consejo Nacional Electoral podrá, de oficio o a
solicitud de cualquier persona, exigir que se verifique la respectiva inscripción y aun realizarla
si dispone de la prueba correspondiente. Cualquier ciudadano podrá impugnar ante el Consejo
Nacional Electoral la designación de esas directivas dentro de los quince (15) días siguientes
a la misma, por violación grave de los estatutos del partido o movimiento. Para todos los
efectos, el Consejo Nacional Electoral sólo reconocerá como autoridades de los partidos y
movimientos a las personas debidamente inscritas ante él.
Para la Sala, los reparos que se adujeron frente a esta norma se soportan precisamente en
la vigencia y obligatoriedad de las decisiones del TNG y en que los únicos estatutos vigentes,
en el contexto de su demanda, fueron los aprobados en el año 2002 y no en aquella
modificación que se dio en el 2011, en la cual, según su parecer, no solo se desatendieron
las decisiones de ese órgano interno, sino que también se convocó impropiamente a la
constituyente que impartiría aprobación a estas determinaciones.
A partir de lo anterior, el cuestionamiento que propone el accionante parte de la premisa de
que las determinaciones internas del mencionado tribunal se debían acatar, so pena de
afectar de validez la modificación estatutaria; sin embargo, tal argumento se sustenta en las
tres decisiones ya mencionadas: 3943, 4144 y la 4445.
La primera, data del 16 de noviembre de 2011 y tanto la segunda como la tercera son del 29
de dicho mes y año; estas fechas son importantes, como más adelante se explicará. Tales
decisiones se soportaron, según la parte actora, en lo establecido en el «artículo 66,
numerales 1 y 3 de los estatutos del partido46»; en ellas se resuelve una acción estatutaria
contra la Resolución 2895 y 2900 de 2011 proferida por el director nacional del PLC.
La Sala al acudir a los medios de prueba, encuentra que el accionante aportó un documento
PDF para apoyar su argumento y decir que las determinaciones del órgano interno fueron
expedidas de conformidad con los estatutos vigentes. Este escrito, cuya primera hoja es
denominada: «Documentos Básicos de la transformación del Partido Liberal. Nueva
Declaración Ideológica. Nuevo Código Disciplinario. Nuevos Estatutos Octubre de 2020»,
está conformada por 8 páginas de variados artículos que no tienen una secuencia que
permita a esta corporación judicial comprender con toda claridad que las decisiones tomadas
por el mentado tribunal llevan a la conclusión que él propone.
Tampoco se sabe si ese documento, en efecto, corresponde a los estatutos vigentes que
daban la capacidad normativa al aludido tribunal para proferir esa clase de decisión, pues
se itera, el accionante solo aportó al plenario ese documento PDF, el cual conforme a las
reglas de la sana crítica llevan a que la Sala no le dé el valor que él propone.
Al respecto, si bien esta prueba resalta que la citada institución hace parte de los órganos
de control del partido, que los fallos que este profiera son inapelables y que son obligatorios
para todos los órganos y miembros, no es menos cierto que también resaltan que es el
Congreso Nacional el que aprueba los estatutos y como máxima autoridad del partido,
establece las determinaciones más trascendentales del colectivo, incluso, es quien nombra
a los miembros del referido tribunal, con lo cual surgen dudas sobre si un órgano nombrado
puede revocar las decisiones de su superior jerárquico; es decir, las de su propio nominador,
incertidumbre que surge, dado lo incompleto de este documento.
43
Resuelve una acción estatutaria contra la Resolución 2895 de octubre de 2011 expedida por el director Nacional del Partido Liberal
Colombiano, promulgando los estatutos de la colectividad ajustados a la Ley 1475 de 2011. En este asunto la declaró no ajustada a la ley
y a los estatutos de la colectividad.
44
Resuelve un recurso de reposición contra la Resolución 39 de 2011.
45
Declaró que la Resolución 2900 de 2011 no está ajustada a la ley y a los estatutos de la colectividad.
46
Según indicó corresponden a los estatutos del año 2002.
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Demandante: Silvio Nel Huertas Ramírez
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicado: 11001-03-28-000-2024-00175-00
Sobre este punto, vale la pena precisar que en manera alguna se sugiere que las
organizaciones políticas no pueden bajo su libre determinación y dentro del marco legal
vigente dar el alcance que ellos desean a los efectos de las violaciones a normas estatutarias
sino, más bien, lo que se pretende advertir es que la documental allegada por la parte actora
y los argumentos que erige a partir de esta prueba, no tienen asidero alguno.
Al unísono de lo anterior, podría decirse que estas disposiciones –que se aducen son las
normas vigentes a la luz de la Ley 130 de 1994–, regulan de forma autónoma las
reglamentaciones de cada organización; sin embargo, no se puede dejar de lado que, al
valorarse en conjunto con otras pruebas acopiadas al proceso, como, por ejemplo, la
Resolución 41 de 201147, este TNG dijo lo siguiente:
Según criterio del Consejo Nacional Electoral que se deduce de su acto administrativo 48 que,
con el debido respeto, este Tribunal no puede compartir en manera alguna, pues debieron
limitarse a decidir sobre la inscripción (…)
e) (…) el Tribunal Nacional como órgano de control del Partido no contempla la de revocar su
relación no. 39 de 2011, ya que no comparte la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre
dos aspectos fundamentales que deben ser objeto de análisis, a saber: 1º El Consejo Nacional
Electoral como órgano de control y vigilancia de los partidos y movimientos políticos, no tiene
competencia para APROBAR O IMPROBAR ESTATUTOS de aquellos, por cuanto eso sería
una intromisión en la autonomía e independencia de ellos, que tiene que ver con el derecho de
asociación y el de darse sus propios reglamentos o estatutos, en cuanto no sean contrarios a
la Constitución, a la ley, a los principios de derecho, etc.; y 2º La competencia de Consejo
Electoral al igual que la que otros órganos de control y vigilancia del Estado, se reduce a
inscribirlos o no para efectos de seguridad jurídica y publicidad, negándose la inscripción en
cuanto los estatutos o la reforma de ellos sea contraria a normas o preceptos contenidos en la
Carta Política, la ley, los principios de derecho y al procedimiento de reforma a la luz de los
estatutos preexistentes, incluido el órgano llamado a expedirlos y reformarlos.
(…)
f) Finalmente, el Tribunal Nacional se permite observar que, en estricta lógica como para él no
se han extinguido o desaparecido del ordenamiento jurídico los Estatutos de 2002, que lo
previeron como órgano de control encargado entre otras funciones, por la de velar por el estricto
cumplimiento de aquellos, razón por la que pudo proferir en derecho con carácter obligatorio
para los órganos y miembros de la colectividad liberal, la resolución 39 de este mes a través
de la cual declaro la reforma, que nos ocupa, contraria a los estatutos del 2002, seguirá
ejerciendo sus atribuciones (…). (Sic a toda la cita).
Para la Sala, estas decisiones internas no podían ser tenidas en cuenta por el CNE para
expedir los actos demandados en esta oportunidad, como pretende la parte actora, toda vez
que, según quedó visto, los estatutos del Partido Liberal que están vigentes son los
adoptados mediante Resolución 2895 de 2011 de la Dirección Nacional de la colectividad,
aprobada por el Consejo Nacional Electoral a través de la Resolución 4402 del 9 de
noviembre del mismo año.
En línea con lo anteriormente visto, se encuentra acopiado en el subjudice, la Resolución
4402 del 9 de noviembre de 2011, la cual aprobó la Resolución 2895 de la Dirección Nacional
del PLC. Este acto administrativo se soportó, entre otras, por lo establecido en el artículo 7
de la Ley 130 de 1994, que se dice fue vulnerado con la expedición de las Resoluciones
2289 de marzo 23 de 2023 y 15298 de noviembre 8 de dicho año.
En sus motivaciones, la Sala logra destacar dos elementos contundentes, esto es: i) la
realización de un estudio formal y material a la reforma estatutaria, de conformidad con las
47
Por la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución 39 del 16 de noviembre de 2011 del Tribunal Nacional de Garantías,
por la cual se decidió una acción estatutaria contra la Resolución 2895 de 2011 de la Dirección Nacional del Partido.
48
Se refiere a la Resolución 4402 de 2011 emitida el 9 de noviembre por el CNE por medio de la cual se aprobó la resolución 2895 de
2011 del PLC que promulgó los estatutos ajustados a la Ley 1475 de 2011
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exigencias previstas por los artículos 6 de la Ley 130 de 199449, parágrafo del precepto 4 y
el inciso 2 del ítem 9 de la Ley 1475 de 201150 y, ii) que dicha modificación sería sometida,
como en efecto ocurrió51, a la aprobación de la Segunda Constituyente Liberal.
En consecuencia, debe afirmar esta Sección que, contrario a lo esbozado por la parte actora,
la mencionada Resolución 39 PLC fue proferida el 16 de noviembre de 2011, es decir, siete
días después de haberse proferido el acto administrativo 4402 del 9 de dicho mes y año por
parte del CNE, situación que pone de presente, tal como se vio en las decisiones 41 y 44 de
dicho organismo interno, que su decisión pretendía desconocer un acto administrativo
emitido por la suprema autoridad electoral, siendo impropio tal actuar, pues solo era posible
desechar los efectos jurídicos de la aprobación estatutaria si motu proprio el Consejo
Nacional Electoral hubiera revocado52 su propia determinación, que el juez de lo contencioso
administrativo hubiese suspendido o anulado tal decisión o como es lógico iniciar la
impugnación de conformidad con el artículo 7 de la Ley 130 de 1994, aspecto que no fue
realizado por el peticionario.
A este respecto, es importante mencionar que la precitada SU – 585 de 2017 afirmó:
De manera congruente, la Ley Estatutaria 130 de 1994 prevé que “Cualquier ciudadano, dentro
de los veinte días siguientes a la adopción de la respectiva decisión, podrá impugnar ante el
Consejo Nacional Electoral las cláusulas estatutarias contrarias a la Constitución, a la ley o a
las disposiciones del Consejo Nacional Electoral”. Esto implica que para el orden estatutario,
la presente controversia debió plantearse ante la autoridad administrativa electoral para que
ésta, mediante un procedimiento administrativo especial, resolviera dicha impugnación a través
de un acto administrativo definitivo el que, sería controlable por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, a
condición de presentar la demanda dentro de los cuatro meses siguientes a la publicidad de
dicha decisión.
Corolario de lo anterior, las Resoluciones 2289 de marzo 23 de 2023 y 15298 de noviembre
8 de dicho año no vulneraron norma superior (art. 7 de la Ley 130 de 1994), tampoco fueron
expedidas con falsa motivación, pues de lo razonado y probado se logra identificar que el
TNG con las decisiones 39, 41 y 44 pretendía desconocer la decisión administrativa de
registro de los estatutos del año 2011, reglas internas que fueron aprobadas por la Segunda
Constituyente Liberal con ocasión de los mandatos que dispuso el legislador en la Ley 1475
de 2011, que exigían de las colectividades adecuar los estatutos a los contenidos de esta
norma.
Sobre esta base, debe profundizarse en que la falsa motivación no fue acreditada por la
parte actora, pues el sustento de sus reparos se soportó insistentemente en la exigencia de
inscribir y tener como fuente única de derecho las resoluciones del aludido tribunal, así como
desconocer los alcances que tuvo la sentencia de unificación 585 de 2015.
En este punto, las pruebas aportadas por la parte actora solo demuestran lo que aconteció
al interior del PLC, el CNE y a nivel judicial 53, incluso, debe resaltarse que algunos de los
49
Artículo 6o. Principios de organización y funcionamiento. Los partidos y movimientos políticos podrán organizarse libremente. Sin
embargo, en el desarrollo de su actividad están obligados a cumplir la Constitución y las leyes, a defender y difundir los derechos humanos
como fundamento de la convivencia pacífica y a propender al logro y mantenimiento de la paz, en los términos del artículo 95 de la
Constitución Política. En las regiones, los partidos o movimientos políticos gozarán también de libertad y autonomía para su organización
y podrán pertenecer al partido o movimiento que a bien tengan nacionalmente.
50
Artículo 4o. Contenido de los estatutos. Los estatutos de los partidos y movimientos políticos contendrán cláusulas o disposiciones que
los principios señalados en la ley y especialmente los consagrados en el artículo 107 de la Constitución, en todo caso, deben contener
como mínimo, los siguientes asuntos: (…) Parágrafo. Los partidos o movimientos políticos adecuarán sus estatutos a lo dispuesto en la
presente ley en la siguiente reunión del órgano que tenga la competencia para reformarlos. Artículo 9°. Directivos. (…) Los partidos y
movimientos políticos ajustarán a sus estatutos las disposiciones de esta ley dentro de los dos (2) años siguientes a su vigencia. Mientras
tanto, las directivas democráticamente constituidas podrán tomar todas las decisiones que las organizaciones políticas competen en
desarrollo de la misma.
51
Convocada mediante Resolución PLC 2900 del 26 de octubre de 2011.
52
De conformidad con las precisiones del artículo 93 del CPACA.
53
Las emitidas por el CNE: i) 2289 del 23 de marzo de 2023, ii) 15298 del 8 de noviembre de ese año, iii) oficio de notificación de esa
última decisión, iv) 3707 del 2 de mayo de 2002 registro de estatutos de ese año, v) 2247 del 18 de septiembre de 2012 autoriza registro
de los estatutos aprobados por la 2ª constituyente liberal, vi) 1655 del 5 de agosto de 2015 acata sentencia emitida por la Sección Tercera
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medios demostrativos fueron aportados en forma incompleta, lo cual evidencia falencias en
los elementos de convicción.
De otro lado, la agrupación política, en virtud del requerimiento probatorio de oficio hecho en
el auto que acogió el trámite de sentencia anticipada, allegó no solo la completitud de los
estatutos aprobados en el año 2002 por esa organización, adicional a ello, trajo consigo: i)
Estatutos aprobados por la IX Convención Nacional Liberal celebrada en 2024, ii) normas
internas aprobadas por la Segunda Constituyente Liberal, Resolución PLC 658 del 9 de abril
de 2002 que promulga estatutos de ese año, iii) Resolución PLC 2915 del 10 de diciembre
de 2011 que expide normas internas y Resolución 2895 PLC del 7 de octubre de 2011,
ajustados a la Ley 1475.
A partir de estos documentos se pueden conocer todos aquellos pormenores a los que se
hizo referencia en forma precedente y que llevan a clarificar los reparos internos que
soportan las réplicas de la demanda, así como también el cumplimiento del deber impuesto
por la ley estatutaria a los organismos políticos de todo el país, siendo aprobados por sus
máximos estamentos.
Resta precisar que en la sentencia C – 490 de 2011, que declaró exequible el proyecto de
ley que dio origen a la Ley 1475 de 2011, la Corte Constitucional sobre este punto reiteró lo
siguiente:
[R]esulta evidente que el objetivo del legislador estatutario es inverso, esto es, que los estatutos
internos de los partidos y movimientos deben adaptarse a la Ley analizada, dentro del plazo
allí previsto. Esta conclusión se corrobora, de igual modo, a partir de otras disposiciones del
Proyecto de Ley que prevén la misma regulación. Este es el caso del parágrafo del artículo 5º,
según el cual “[l]os partidos y movimientos políticos adecuarán sus estatutos a lo dispuesto en
la presente ley en la siguiente reunión que tenga la competencia de reformarlos”. Como se
observa, la intención unívoca de la norma analizada es sujetar los estatutos internos a la
legislación estatutaria, siendo este el verdadero contenido normativo del inciso segundo del
artículo 9º del Proyecto de Ley.
Ahora bien, sobre esta base cabe advertir que el demandante aseveró la falta de
congruencia en las decisiones cuestionadas, esto es, que conforme al artículo 281 del
Código General del Proceso debían tenerse en cuenta las situaciones fácticas que dejó
plasmadas el TNG en las Resoluciones 39, 41 y 44 de 2011, pues en su criterio se
resolvieron situaciones distintas para denegar la impugnación y validar la citada
convocatoria.
Al respecto, y con ocasión de las documentales allegadas, la Sala comprende que este cargo
de nulidad no está llamado a prosperar, pues como se ha relatado, el CNE tuvo como
parámetro para tomar su decisión la sentencia de unificación 585 de 2017, providencia que
produjo como consecuencia la aplicación de los estatutos aprobados en el 2011 por parte
de las directivas del Partido Liberal Colombiano. Por tal razón, no solo la decisión de la
Sección Tercera del Consejo de Estado quedó sin base jurídica, sino también los
razonamientos emitidos por el TNG, pues en la sentencia de tutela se salvaguardaron
derechos fundamentales de esa colectividad y de los militantes que aprobaron tales normas
internas.
Recuerda la Sala que el reparo planteado por el demandante, otrora impugnador, para erigir
la «incongruencia», está sustentado en la «ilegitimidad» de los estatutos del 2011, la falta
del Consejo de Estado, vii) 2815 del 8 de noviembre de 2017 declara vigencia de estatutos inscritos en el 2011 con ocasión de la sentencia
SU 585 de 2017. Resoluciones del Tribunal Nacional de Garantías: 39 del 16 de noviembre de 2011, 41 y 44 de ese mes. Decisiones
emitidas por el PLC: I) 7459 del 13 de septiembre de 2022 8. Se convoca a la IX Convención Nacional liberal (3 páginas), II) 7915 del 26
de abril de 2024 reanuda y culmina los procesos para la realización de la referida convención (5 páginas), III) 8083 del 1 de septiembre de
2024 convoca a la convención para el 1 de noviembre y, IV) fragmentos de lo que él llama estatutos del Partido Liberal Colombiano (8
páginas).
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de competencia del director Nacional para reglamentar la convocatoria de la IX Convención
Liberal y la procedencia del registro de la Resolución 39 de 2011 emitida por el TNG que
daba sustento a que solo eran válidos los estatutos del año 2002 y con ello, todas las
actuaciones adelantadas en el 2011 y 2012 se consideraban ilegales.
Tales aspectos, conforme a lo relatado en precedencia y contrario a lo aseverado por la parte
actora, fueron desatados coherentemente por la autoridad electoral, debido a que tales
normas internas aprobadas en el 2011 fueron ajustadas a derecho, según el alcance dado
a la providencia de unificación. De igual modo, como se vio, el representante legal del partido
sí tenía capacidad estatutaria para convocar y celebrar la mencionada reunión, de
conformidad con lo dispuesto en los estatutos vigentes y, finalmente, no existe base jurídica
para darle los efectos pretendidos a las decisiones 39, 41 y 44.
Sin duda alguna, no se trata de una falta de congruencia, al contrario, el dicho del accionante
se sustenta en no compartir las decisiones que tomó el CNE de cara a su escrito de
impugnación, aspecto que para la Sala quedó suficientemente explicado por esa autoridad
administrativa y que en el subjudice, el interesado no ofrece mayores argumentos para
expulsar tales actos del ordenamiento jurídico.
De tal manera, no se accederá a la nulidad propuesta en contra de las Resoluciones 2289
de marzo 23 de 2023 y 15298 de noviembre 8 de 2023, por medio de las cuales el CNE negó
la solicitud de declaratoria de ilegalidad de la Resolución de la Directiva Liberal No 7459 de
septiembre 13 de 2022 (por la cual se convoca la IX Convención Liberal), comoquiera que
no fueron demostrados los cargos de vulneración a norma superior, falsa motivación e
incongruencia.
Finalmente, la Sala abordará el último reparo presentado en la fijación del litigio, esto es, si
las Resoluciones 2247 de 2012 y 2815 de 2017 del CNE, al estar relacionadas directamente
con los actos administrativos 2289 de marzo 23 de 2023 y 15298 de noviembre 8 de dicho
año, se consideran violatorias de las disposiciones superiores (Leyes 130 de 1994 y 1475
de 2011), con lo cual se afectó de ilegalidad la convocatoria de la IX Convención Nacional
Liberal.
En cuanto a la Resolución 2247 de 2012, debe decirse que el CNE autorizó el registro de los
estatutos del PLC, aprobados por la Segunda Constituyente Liberal en sesión realizada el
10 de diciembre de 2011.
Según aduce la parte actora, la autoridad electoral no acató las decisiones del TNG e insiste
en que ese órgano no tenía competencia para aprobar los estatutos de dicho partido, ello
sobre la base de que no hubo una mera inscripción, sino un acto de convalidación que supera
las funciones establecidas en la normativa. Reitera también que se desconocieron las
resoluciones 39, 41 y 44 ya comentadas en esta providencia.
En relación con la Resolución 2815 de 2017, asevera que el CNE dejó sin efecto en forma
«ilegal» la decisión 1655 de 2015 emitida por esa corporación, la cual acataba la sentencia
de la Sección Tercera del Consejo de Estado; sin embargo, considera que eso no era
procedente, por cuanto, al declarar vigente la Resolución 2247 de 2012, que llevó a que se
registraran los estatutos aprobados por la Segunda Constituyente Liberal del 2011, se
desconoció la sentencia de unificación 585 de 2017, pues insiste en que esta nunca se
pronunció sobre cuáles estatutos eran los vigentes.
Para resolver el asunto, la Sala reitera los razonamientos vertidos en acápite precedente, en
el que se dejó en claro que la providencia emitida por la Corte Constitucional tuvo por efecto
la vigencia de las normas internas aprobadas en el 2011; así mismo, que las decisiones
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proferidas por el TNG no tuvieron la base jurídica que el accionante propone y que no
resultaban aplicables para que el CNE decidiera la impugnación que presentó contra la
convocatoria a la IX convención nacional.
Adicional a lo anterior, debe precisarse que la autorización de registro de los estatutos, dado
en la Resolución 2247 de 2012, supone el ejercicio de una competencia de revisión formal y
material a las normas internas aprobadas por la Segunda Constituyente Liberal. Sobre esta
base, las disposiciones que se dice fueron vulneradas, tienen el siguiente contenido:
Artículo 265 Constitución Política Artículo 3º Ley 1475 de 2011
ARTICULO 265. El Consejo Nacional Electoral regulará, ARTÍCULO 3o. REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y
inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad MOVIMIENTOS POLÍTICOS. El Consejo Nacional
electoral de los partidos y movimientos políticos, de los Electoral llevará el registro de partidos, movimientos y
grupos significativos de ciudadanos, de sus agrupaciones políticas. Los respectivos representantes
representantes legales, directivos y candidatos, legales registrarán ante dicho órgano las actas de
garantizando el cumplimiento de los principios y deberes fundación, los estatutos y sus reformas, los documentos
que a ellos corresponden, y gozará de autonomía relacionados con la plataforma ideológica o programática,
presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes la designación y remoción de sus directivos, así como el
atribuciones especiales: (…) 6. Velar por el cumplimiento registro de sus afiliados. Corresponde al Consejo Nacional
de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y de Electoral autorizar el registro de los mencionados
las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión documentos previa verificación del cumplimiento de los
política; por los derechos de la oposición y de las minorías, principios y reglas de organización y funcionamiento
y por el desarrollo de los procesos electorales en consagrados en la Constitución, la ley y los
condiciones de plenas garantías. correspondientes estatutos.
En relación con el parámetro constitucional, esta Sala tuvo oportunidad de razonarlo en los
siguientes términos54:
Como se puede observar, el constituyente utilizó algunos verbos rectores como: i) la regulación,
ii) la inspección, iii) la vigilancia y, iv) el control; actividades que fueron cualificadas respecto de
un gran escenario jurídico; esto es, «toda la actividad electoral», incluyendo no solo a las
organizaciones políticas que hoy se conocen, sino también a sus aspectos derivados o
consustanciales como lo pueden ser las coaliciones, fusiones, escisiones, disoluciones,
liquidaciones, entre otras figuras.
Estas expresiones, si bien no fueron definidas por la propia norma superior o por algún otro
precepto, permiten a la Sala entenderlas de la siguiente manera: (…) La vigilancia55, está
referida a funciones de advertencia, prevención y orientación encaminadas a que los actos del
ente vigilado se ajusten a la normatividad que lo rige. (Artículos 19 y 45) (…)
Respecto del otro precepto normativo, debe decirse que este fortalece lo descrito en la norma
constitucional, pues en efecto, el legislador utilizó las expresiones «previa verificación del
cumplimiento de los principios y reglas de organización y funcionamiento consagrados en la
Constitución, la ley y los correspondientes estatutos», para condicionar el registro de las
decisiones que autónomamente adoptan las colectividades políticas.
Esa redacción tiene como principio jerárquico disponer que las normas internas deben ser
acordes, en primer lugar, con la carta superior, seguida por las disposiciones que expida el
legislador y, por último, lo que las propias normas internas decidan.
En este punto, no cabe duda de que el CNE realizó una verificación objetiva de lo allegado
por el representante legal del PLC, con lo cual afirmó que los estatutos sí «cumpli[eron] con
los presupuestos mínimos señalados en los artículos 107 de la CP, y 1º y 4º de la Ley 1475
de 2011, por lo cual es procedente autorizar su inscripción».
En este orden, y como bien se explicó en precedencia, el reparo no denota cómo y en qué
medida esa competencia fue desvirtuada, más aún, cuando la tesis del cargo de la demanda
se soporta en la improcedencia de la sentencia SU – 585 de 2017 y la aplicación de las
54
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 7 de noviembre
de 2024. Rad. 76001-23-33-000-2024-00045-02.
55
Según el Diccionario de la Lengua Española: «Cuidado y atención exacta en las cosas que están a cargo de cada uno».
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decisiones del TNG, aspectos que, como se dijo, no era dable tenerlos por válidos al
momento de la inscripción de los estatutos en el año 2011.
Consecuencia de todos los anteriores razonamientos, la Sala finaliza su estudio y no
declarará la nulidad de la Resolución 2815 de 2017, debido a que desapareció del
ordenamiento jurídico la orden emitida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que la
sustentaba, a través de una sentencia de unificación.
Por lo tanto, no le es dable a esta Sección apartarse de lo allí expresado, pues al ser un fallo
de unificación, esa decisión constituye una clase de providencia especial, cuya intención es
la cohesión de jurisprudencia, determinando mediante ellas la forma de aplicación de
derechos superiores, de lo que se puede extraer de manera clara, que su parte motiva y
resolutiva, para el caso particular y concreto es vinculante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, dirigidas en contra de las resoluciones
2289 de marzo 23 de 2023, 15298 de noviembre 8 de 2023, 2247 de 18 de septiembre de
2012 y 2815 noviembre 8 de 2017 del Consejo Nacional Electoral, conforme a las
consideraciones precedentes.
Segundo: ARCHIVAR el expediente, una vez ejecutoriada esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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