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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2024-00195-00

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2024-00195-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda presentada en contra de la elección de Claudia Regina Expósito Vélez como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En firme este proveído, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2024-00195-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

22 de mayo de 2025

Demandantes: Rafael Andrés Mendoza Cuello y otro
Demandada: Claudia Regina Expósito Vélez – magistrada
Consejo Superior de la Judicatura
Radicados: 11001-03-28-000-2024-00195-00
11001-03-28-000-2024-00206-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00195-00 (Principal)
11001-03-28-000-2024-00206-00
Demandantes: RAFAEL ANDRÉS MENDOZA CUELLO Y OTRO
Demandada: CLAUDIA REGINA EXPÓSITO VÉLEZ – MAGISTRADA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Temas: Obligatoriedad de las reglas y etapas de la convocatoria en
los procesos de elección.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de la
referencia, tendiente a obtener la nulidad de la elección de Claudia Regina Expósito
Vélez como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura.

I. ANTECEDENTES

1. Las demandas1

Los ciudadanos Rafael Andrés Mendoza Cuello y Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
instauraron demandas en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139
de la Ley 1437 de 2011, tendientes a obtener la nulidad del acto de elección de la
señora Claudia Regina Expósito Vélez como magistrada del Consejo Superior de la
Judicatura.

1 Anotaciones 3 de los expedientes 11001032800020240019500 y 11001032800020240020600,
respectivamente.

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1

Demandantes: Rafael Andrés Mendoza Cuello y otro
Demandada: Claudia Regina Expósito Vélez – magistrada
Consejo Superior de la Judicatura
Radicados: 11001-03-28-000-2024-00195-00
11001-03-28-000-2024-00206-00

1.1 Hechos2

Señalaron que la Corte Suprema de Justicia abrió la Convocatoria 001 de 2024 para
elegir el reemplazo de la magistrada Gloria Stella López Jaramillo en el Consejo
Superior de la Judicatura; en consecuencia, fijó y publicó las reglas y lineamientos
de todo el proceso de selección.

Indicaron que, de los inscritos fueron admitidos 91 aspirantes; el listado y los perfiles
de esas personas fueron publicados en el sitio web de esa corporación con el fin de
que fueran examinados por la ciudadanía.

Manifestaron que, de los admitidos, 83 personas fueron escuchadas en audiencia
pública entre el 23 de abril y el 9 de mayo de 2024 ante la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia y, como consecuencia de la posterior votación, se eligieron 10
hojas de vida para continuar con el proceso, a saber:

1 Sandra Paola Charris Ibarra
2 Luz Jimena Duque Botero
3 Paulina Leonor Cabello Campo
4 Luis Manuel Neira Núñez
5 Claudia Yolanda Rodríguez
6 Carolina Rueda Noguera
7 Ricardo Enrique Bastidas Ortiz
8 Liliana Rosa Cardona Chagüi
9 Martha Isabel García Serrano
10 Ligia Morales Amaris

Mencionaron que dicha lista fue publicada el 23 de mayo de 2024 y a partir de ella,
la Corte Suprema de Justicia continuó con el proceso de selección en varias
sesiones de Sala Plena; sin embargo, el 21 de agosto siguiente, la corporación
sorprendió a la comunidad jurídica, a los aspirantes y a los medios de comunicación
con la elección de la señora Claudia Regina Expósito Vélez como magistrada del
Consejo Superior de la Judicatura, pese a no haber sido incluida dentro de los 10
preseleccionados para ser el reemplazo de la doctora Gloria Stella López Jaramillo.

Comentaron que la demandada se posesionó ante el presidente de la República el
17 de septiembre de 2024.

2 Dada su similitud las actuaciones procesales serán resumidas en forma conjunta.

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2

Demandantes: Rafael Andrés Mendoza Cuello y otro
Demandada: Claudia Regina Expósito Vélez – magistrada
Consejo Superior de la Judicatura
Radicados: 11001-03-28-000-2024-00195-00
11001-03-28-000-2024-00206-00

1.2 Normas violadas y concepto de violación

Los demandantes consideraron que con el acto demandado se desconocen los
artículos 1, 4, 13, 29, 40 numeral 7, 83, 121, 122, 125, 126, 209, 254, 255 y 276 de
la Constitución Política; 76 numeral 1 y 77 de la Ley 270 de 1996; 2 y 41 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: 10.5 del
Acuerdo General 2175 del 7 de diciembre de 2023, Reglamento de la Corte
Suprema de Justicia y la Convocatoria 001 de 2024 de la Corte Suprema de Justicia.

Como fundamento de su afirmación, indicaron, en resumen, lo siguiente:

Sostuvieron que el acto de elección de la señora Claudia Regina Expósito Vélez
como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura fue expedido con violación
de las normas en que debía fundarse, del debido proceso, el derecho a la igualdad
y los principios de legalidad, buena fe, confianza legítima, preclusividad y, además,
en contravía de acto propio de la Corte Suprema de Justicia.

Destacaron que dicha corporación adelantó la Convocatoria 001 de 2024 con el fin
de proveer la vacante existente en el Consejo Superior de la Judicatura en uno de
los dos cargos que le corresponde designar a esa corporación; sin embargo, no
respetó los términos de aquella y desconoció el acto de preselección con base en
el cual debía elegir.

Recordaron que el proceso de elección fue reglado, por lo que la corporación
electoral no podía desconocer las normas fijadas por ella misma para el efecto.

Afirmaron que fueron sustanciales los cambios introducidos por el Acuerdo 2399 del
21 de agosto de 2024 respecto del acto de convocatoria pública del 25 de enero de
ese mismo año, el cual era la ley y pauta del proceso y que, como tal, era
inmodificable.

Adujeron que, al haber elegido a una persona que no hizo parte de los 10
preseleccionados, la Corte Suprema de Justicia desconoció su propio acto y,
además, actuó en detrimento de los derechos de los 10 candidatos que sí se
encontraban en esa lista, máxime si se tiene en cuenta que el precitado Acuerdo
2399 se expidió luego de conocer esos nombres.

Manifestaron que no le era dable a la Corte Suprema de Justicia desconocer la lista
de preseleccionados y, en una etapa posterior del proceso, retrotraer la actuación
para devolverse a una instancia anterior.

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Demandantes: Rafael Andrés Mendoza Cuello y otro
Demandada: Claudia Regina Expósito Vélez – magistrada
Consejo Superior de la Judicatura
Radicados: 11001-03-28-000-2024-00195-00
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Señalaron que la corporación creó una expectativa legítima de elegibilidad a los 10
preseleccionados que imponía que uno de ellos fuera el elegido en el cargo en
cuestión.

Indicaron que ya no era viable modificar unilateralmente y de forma caprichosa su
conducta oficial, so pena de desconocer su propio acto y afectar los derechos de
los preseleccionados, así como los principios invocados como fundamento de las
demandas tales como, la confianza legítima, la lealtad y el respeto por la actuación
propia.

Afirmaron que elegir a un candidato fuera de la lista de preseleccionados implicó
desconocer las reglas de la propia convocatoria y el debido proceso, toda vez que,
en últimas, cambió su conducta oficial previa y revocó o modificó tácitamente y de
manera injustificada el acto de preseleccionados, en detrimento de los derechos a
ser elegidos de los 10 iniciales.

Sostuvieron que hubo un cambio súbito sin motivo aparente, pero sí oculto, que
vició el acto demandado, lo que se tradujo, además, en una desviación de poder.

Reiteraron que las normas de este tipo de convocatorias son de obligatorio
cumplimiento, por lo que su desconocimiento conlleva la nulidad del acto de
elección.

2. Admisión de las demandas

En el expediente 110010328000202400019500, previa verificación del
cumplimiento de los requisitos formales contemplados en los artículos 162, 163 y
166 de la Ley 1437 de 2011 se admitió la demanda de la referencia el 7 de
noviembre de 2024. Por consiguiente, en esta providencia se ordenaron las
notificaciones procedentes, de conformidad con el artículo 277 del referido estatuto
procesal.

Además, en dicho proveído se negó el decreto de la medida cautelar solicitada por
la parte actora.3

En el expediente 11001032800020240020600 la demanda fue admitida mediante
auto del 14 de enero de 20244 y en esa misma providencia se negó la medida
cautelar solicitada.

3 Anotación 27 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
4 Anotación 23 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

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Demandada: Claudia Regina Expósito Vélez – magistrada
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3. Contestaciones de las demandas

3.1 Demandada5

La señora Claudia Regina Expósito Vélez en su calidad de demandada, a través de
apoderado judicial, contestó las demandas en los siguientes términos:

Señaló que cumple con los requisitos exigidos en la Constitución Política y la ley
para ocupar el cargo de magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, además,
agotó todas las etapas fijadas en la convocatoria para tal fin.

Indicó que la decisión de someter a votación su nombre en la sesión del 21 de
agosto de 2024 obedeció a que ninguno de los incluidos en la preselección de 10
obtuvo los votos necesarios para ser elegido, razón por la cual se acudió a la lista
de 83 admitidos con lo que se atendió a los principios de eficiencia y eficacia.

Destacó que no existe ninguna disposición normativa que indique que debe haber
una etapa de preselección de aspirantes ni, mucho menos, que el hecho de estar
en una lista de preseleccionados otorgue algún tiempo de derecho o prevalencia a
quienes la integran.

Manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda, por lo que solicitó
denegarlas.

Propuso como excepciones las siguientes:

3.1.1 Falta de legitimación en la causa por pasiva.

Señaló que no cuenta con la aptitud jurídica para ostentar dicha condición en este
proceso, toda vez que lo pretendido en la demanda escapa a la órbita de sus
competencias.

Explicó que, aunque participó en el proceso de elección demandado, no intervino
en la elaboración del acto acusado ni cuenta con facultad para modificarlo ni
excluirlo del ordenamiento jurídico.

Sostuvo que lo que se debió demandar «fue el acto de elección, más no o la persona
elegida.»

5 Anotaciones 38 del expediente 11001032800020240019500 y 37 del expediente
11001032800020240020600 visibles en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

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Demandada: Claudia Regina Expósito Vélez – magistrada
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3.1.2 La elección no adolece de vicio jurídico alguno que dé lugar a su anulación.

Indicó que, aunque en la demanda se relacionan una gran cantidad de disposiciones
constitucionales presuntamente vulneradas, no se desarrollan las razones por las
cuales aquellas se consideran desconocidas.

Manifestó que el único cargo formulado se limita a señalar que se violó el principio
constitucional de buena fe, confianza legítima y respeto por el acto propio en tanto
se eligió como magistrada a alguien que no hacía pate de la lista de 10
preseleccionados para continuar con el proceso en cuestión, por lo que al designar
a la demandada se desconocieron las expectativas legítimas de aquellos y se
vulneraron las normas establecidas por la Corte Suprema de Justicia en la
Convocatoria 01 de 2024 y su instructivo anexo.

Recordó los requisitos que se deben reunir para que las expectativas de un
administrado puedan ser protegidas jurídicamente a la luz de lo dispuesto en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Destacó que en la convocatoria que fijó las reglas del proceso de elección de
magistrado del Consejo Superior de la Judicatura no se incluyó etapa alguna
referente a la preselección de aspirantes o elaboración de lista corta que sería
sometida a votación para la elección del reemplazo de la doctora Gloria Stella López
Jaramillo.

Adujo que no se desconoció ninguna de las etapas de la convocatoria ni de los
principios rectores de aquella con la elección demandada.

Afirmó que, en consecuencia, la regla que la parte actora aduce como desconocida
no existe.

Aseveró que la sola publicación de una lista de 10 preseleccionados el 23 de mayo
de 2024 por parte de la Corte Suprema de Justicia, no puede ser entendida por sí
sola como un hecho o circunstancia que genere confianza legítima de ser elegidos
a sus integrantes.

Insistió en que la elaboración de dicha lista no se encontraba instituida como una
etapa de la convocatoria para la elección de magistrado del Consejo Superior de la
Judicatura y, además, ese hecho no tenía la potencialidad de descartar al resto de
aspirantes para ser elegidos.

Señaló que ese listado fue una mera decisión de trámite que en nada afectó los
derechos y aspiraciones de los demás admitidos en el proceso de selección.

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Indicó que, al no existir decisión definitiva y vinculante que fijara la regla de continuar
el proceso de elección solo con los aspirantes preseleccionados, no se generó una
expectativa legítima que haya sido desconocida y mucho menos que derive en la
nulidad de la elección de la demandada.

Manifestó que las presuntas expectativas de los demás aspirantes no se encuentran
fundadas en hechos o circunstancias objetivas atribuibles a la Corte Suprema de
Justicia, capaces de generar confianza legítima.

Mencionó que los aspirantes supuestamente defraudados en sus expectativas no
tomaron decisiones ni realizaron comportamientos a partir de la presunta distinción
jurídica esperada.

Destacó que la Corte Suprema de Justicia no defraudó la confianza de ninguno de
los aspirantes o de la comunidad en general, por cuanto no modificó situación
jurídica alguna con desconocimiento de sus deberes de lealtad, probidad y
coherencia.

Aseguró que su elección atendió a los principios de eficiencia y eficacia que regían
la designación de magistrado fijados por la Corte Suprema de Justicia.

Reiteró que cumplió con todos los parámetros establecidos en la convocatoria pues
diligenció de forma oportuna el formulario de inscripción en la página web; adjuntó
la documentación obligatoria; su nombre fue publicado en el sitio web destinado
para el efecto con el fin de que su hoja de vida fuera examinada por la ciudadanía;
la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia verificó que cumplía los
requisitos legales; fue incluida en la lista de aspirantes admitidos y fue escuchada
por la Sala Plena de la corporación.

Insistió en que, el hecho de no haber sido parte de la lista de 10 preseleccionados
no implicó su exclusión del proceso, toda vez que dicha lista fue un acto transitorio
que no tuvo la virtualidad de expulsar del trámite a los candidatos no incluidos en
ella.

Adujo que, en aplicación de los principios de eficacia y eficiencia y con el fin de
superar los obstáculos y dilaciones presentados en el proceso de elección según
consta en las actas del 20 de junio; 4 y 18 de julio; 1 y 15 de agosto de 2024, la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia decidió someter a votación todos los nombres
de los admitidos y no solamente a los 10 preseleccionados, pues luego de varias
sesiones no se había logrado elegir a ninguno de ellos; así las cosas, era necesario

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avanzar en el proceso con el fin de garantizar la elección en beneficio de la correcta
administración y gerencia de la Rama Judicial.

Expuso que en el acta de Sala Plena 22 del 15 de agosto de 2024 se evidencia la
preocupación de los magistrados ante la dificultad de la elección en cuestión, por lo
que se propuso retomar la lista de 83 admitidos.

Expresó que, contrario a lo afirmado en las demandas, dicha actuación lejos de
contrariar los principios de la convocatoria los materializó.

Afirmó que haber continuado con la votación de los 10 preseleccionados hubiera
implicado desconocer los fines propios de la convocatoria y los principios que la
rigieron.

Señaló que, si bien una preselección inicial podía justificarse en aras de hacer más
célere la votación, entender que a partir de ese momento los restantes candidatos
quedaban excluidos del proceso de elección resulta contrario al principio de
igualdad. Máxime cuando esa preselección no fue motivada, ni se explicaron las
razones que justificaban dejar por fuera del proceso a los restantes participantes.

Indicó que la parte actora yerra en darle el carácter de un acto administrativo que
generaba confianza legítima a los diez preseleccionados a una decisión de mero
trámite que sólo tenía un carácter precario y temporal.

Cuestionó la posición de los demandantes consistente en afirmar que el proceso de
designación del nuevo magistrado debía continuar solo con los 10
preseleccionados, pese a que se habían llevado a cabo de forma infructuosa
reiteradas votaciones para elegir alguno de ellos.

Aseveró que la elección de la demandada atendió lo dispuesto en el reglamento de
la Corte Suprema de Justicia, tal como se evidencia en el acta de la sesión del 21
de agosto de 2024.

Señaló que la elección de una de las candidatas que reunía los requisitos legales
para ocupar el cargo no afecta ninguno de los principios invocados en la demanda.

Indicó que tampoco se desconoció la confianza legítima, toda vez que en las reglas
fijadas para la elección no se estableció una fase de preselección ni se limitó el
derecho a ser elegido a quienes fueran «preseleccionados».

Afirmó que la elección demandada no trasgredió ninguna norma legal ni
reglamentaria, por lo que la designación se ajustó a la normativa vigente, toda vez

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que cumplió con los requisitos para ser elegida magistrada del Consejo Superior de
la Judicatura.

Agregó que tampoco se presentaron pruebas que permitan inferir la vulneración de
alguna disposición normativa.

Adujo que una decisión adversa generaría una afectación inmediata de sus
derechos constitucionales, en tanto dejaría de ejercer la función para la cual se ha
preparado y que atiende a sus expectativas legítimas.

Puso de presente que renunció al cargo de magistrada de carrera del Consejo
Seccional de la Judicatura del Atlántico que venía desempeñando antes de su
elección para poder tomar posesión en la dignidad que ahora se controvierte, razón
por la cual no podría volver a dicha posición en caso de que se falle en contra.

Invocó la autonomía de la Rama Judicial y de la Corte Suprema de Justicia para
adelantar procesos de elección como el ahora cuestionado.

Reafirmó que la Corporación, durante el trámite de la convocatoria en cuestión, no
emitió acto administrativo alguno que cercenara o limitara sus potestades
electorales, restringiendo su capacidad de selección a un número predeterminado
de candidatos.

Adujo que, por tanto, es manifiestamente irrazonable y jurídicamente inadmisible
sugerir que la autonomía institucional y la potestad constitucional de la Corporación
puedan verse menoscabadas o condicionadas por la lista de preseleccionados.

Señaló que también sería inadmisible considerar documentos informativos de
naturaleza extrajurídica, tales como notas periodísticas, opiniones mediáticas o
comunicaciones carentes de valor probatorio, como eventual fundamento para
decidir en favor de mermar la autonomía de la Corte Suprema de Justicia, pues ello
sería un agravio sustancial a los principios de autonomía institucional y
discrecionalidad jurisdiccional.

Solicitó que, en caso de que se declare la nulidad de su elección como magistrada
del Consejo Superior de la Judicatura, sea reintegrada al cargo de carrera judicial
que desempeñaba antes de dicha designación.

3.2 Corte Suprema de Justicia6

6 Anotaciones 37 y 38 de los expedientes acumulados visibles en la Sede electrónica para la gestión

judicial, Samai.

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A través de apoderado, contestó la demanda en los siguientes términos:

Invocó la autonomía de la Rama Judicial de la que hace parte el máximo tribunal de
la Jurisdicción Ordinaria en cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales y
administrativas.

Recordó que el proceso que culminó con el acto demandado se llevó a cabo de la
siguiente manera:

1. Convocatoria pública: La Corte Suprema de Justicia aprobó la
Convocatoria pública 01-2024 el 25 de enero de 2024, para la designación
de un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura en reemplazo de la
doctora Gloria Stella López Jaramillo. Aquella fue difundida a través de
medios masivos de comunicación y en las páginas virtuales de la Rama
Judicial.

2. Inscripción de aspirantes: Se habilitó un micrositio web y un enlace al
aplicativo de inscripción. Se recibieron 153 inscripciones.

3. Verificación de requisitos: Se revisaron las hojas de vida y se verificó el
cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales. Se admitieron 91
aspirantes, de los cuales 83 se presentaron a la audiencia pública.

4. Audiencia pública: Los 83 aspirantes admitidos participaron en audiencias
públicas realizadas el 26 de abril y el 9 de mayo de 2024.

5. Preselección de candidatos: El 23 de mayo de 2024, la Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia realizó una preselección de 10 candidatos para
continuar con el proceso de elección.

6. Rondas de votación: Se llevaron a cabo varias rondas de votación en
sesiones de Sala Plena celebradas el 20 de junio, 4 y 18 de julio, y 1 de
agosto de 2024. Ninguno de los candidatos preseleccionados obtuvo la
mayoría necesaria para ser elegido.

7. Reconsideración de metodología: El 21 de agosto de 2024, la Sala Plena
decidió retomar la lista inicial de 83 candidatos admitidos para adelantar la
elección.

8. Elección final: En la votación realizada el 21 de agosto de 2024, la señora
Claudia Regina Expósito Vélez fue elegida con 13 votos, superando el umbral
requerido.

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9. Confirmación y posesión: La designación fue aceptada por la elegida el 22
de agosto de 2024 y confirmada por la Sala Plena el 29 de agosto de 2024.
La demandada tomó posesión de su cargo el 17 de septiembre de 2024 ante
el presidente de la República.

Adujo que el proceso se adelantó respetando los principios de publicidad,
transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito,
conforme a la normativa vigente.

Propuso como excepción la inexistencia de causa para demandar: aseguró que la
Convocatoria Pública 01-2024 fue adelantada con estricta observancia del
ordenamiento legal que regula la elección de los magistrados del Consejo Superior
de la Judicatura.

Afirmó que la Corte Suprema de Justicia cumplió con los principios y procedimientos
establecidos en la Constitución, la ley y el reglamento.

Adujo que la lista de preselección no es equivalente a un registro de elegibles y que
la preselección fue un mecanismo administrativo para facilitar la elección, no una
condición vinculante. La elección final se realizó conforme al reglamento y la
convocatoria.

Destacó la autonomía de la Corte Suprema de Justicia para adoptar medidas
administrativas que faciliten el proceso de elección, sin que aquellas modifiquen las
reglas establecidas en la convocatoria.

Señaló que los preseleccionados no tenían una expectativa legítima de ser elegidos
y mucho menos derechos adquiridos, toda vez que todos los aspirantes admitidos
tenían iguales posibilidades de ser nombrados.

Indicó que la Corte Suprema de Justicia actuó de buena fe y en cumplimiento de los
principios de igualdad y transparencia, sin favorecer a ningún candidato.

Aseveró que esa corporación respetó los principios de mérito, eficiencia, eficacia y
deliberación en el proceso de elección.

Recordó que las notas periodísticas no constituyen prueba por cuanto no tienen
valor probatorio suficiente y solo reflejan opiniones, no hechos jurídicos.

Reiteró que la Corte Suprema de Justicia actuó conforme a la normativa vigente y
los principios establecidos, y que la demanda carece de fundamentos legales para
prosperar.

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Demandada: Claudia Regina Expósito Vélez – magistrada
Consejo Superior de la Judicatura
Radicados: 11001-03-28-000-2024-00195-00
11001-03-28-000-2024-00206-00

En consecuencia, solicitó denegar las pretensiones de la demanda.

4. Acumulación de las demandas y otras actuaciones procesales

A través de providencia el 3 de marzo de 20257 se decretó la acumulación de los
procesos 1001-03-28-000-2024-00195-00 y 11001-03-28-000-2024-00206-00,
promovidos contra la elección de la señora Claudia Regina Expósito Vélez como
magistrada del Consejo Superior de la Judicatura.

Además, se dispuso tener como expediente principal al primero de ellos y se ordenó
a la Secretaría de la Sección Quinta realizar el correspondiente sorteo de
magistrado ponente.

Una vez realizado el sorteo el 11 de marzo de 2025, el conocimiento del asunto
correspondió a quien ahora funge como ponente.8

5. Trámite de sentencia anticipada9

En proveído del 13 de marzo de 2025, el magistrado ponente de este asunto se
declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa que propuso
la demandada y resolvió aplicar la figura de la sentencia anticipada, conforme a la
causal prevista en el literal c) del numeral 1 del artículo 182A de la Ley 1437 de
2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.

Igualmente, de conformidad con la citada norma, en el auto en referencia se fijó el
litigio. También se dispuso tener como pruebas los documentos allegados por las
partes y negar algunas de las solicitadas por el actor. Así mismo, se ordenó correr
traslado para alegar y con el fin de recibir el concepto del Ministerio Público.

6. Otras actuaciones

Los actores elevaron solicitudes probatorias a través de memoriales radicados el 21
y 28 de marzo de 2025, las cuales fueron rechazadas por extemporáneas mediante
auto del 7 de abril de 202510.

7 Anotación 48 del expediente 11001032800020240019500 visible en la Sede electrónica para la

gestión judicial, Samai.
8 Anotación 55 del expediente 11001032800020230010500 visible en la Sede electrónica para la

gestión judicial, Samai.
9 Anotación 57 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI.
10 Anotación 70 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI

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12

Demandantes: Rafael Andrés Mendoza Cuello y otro
Demandada: Claudia Regina Expósito Vélez – magistrada
Consejo Superior de la Judicatura
Radicados: 11001-03-28-000-2024-00195-00
11001-03-28-000-2024-00206-00

7. Alegatos de conclusión

7.1 Demandante Samuel Alejandro Ortiz Mancipe11

Destacó que fue la misma Corte Suprema de Justicia la que regló el procedimiento
de elección ahora demandado y la que fijó los principios que deberían observarse
en aquel.

Insistió en que, al preseleccionar 10 candidatos, esa corporación creó una
expectativa legítima de elegibilidad en ellos que imponía la observancia de los
principios de buena fe, confianza legítima, publicidad, objetividad y transparencia y,
por tanto, que se definiera a favor de cualquiera de ellos la elección.

Reiteró íntegramente los demás argumentos esgrimidos en el escrito de demanda.

7.2. Demandante Rafael Andrés Cuello Mendoza12

Reafirmó lo expuesto en las demás intervenciones efectuadas en el trámite del
proceso.

7.3. Demandada13

Destacó que ni en disposiciones de carácter legal, ni en el reglamento interno de la
Corte Suprema de Justicia, ni en la Convocatoria 001 de 2024, ni en ningún otro
documento expedido por esa corporación en el marco del proceso de elección del
magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, se indicó que existiría una etapa
de preselección de aspirantes y, menos aún, que la inclusión en dicha lista de
preseleccionados generaría algún tipo de derechos a los integrantes de aquella ni
la consecuente exclusión del resto de los admitidos.

Explicó que, contrario a ello, la realización de la lista corta obedeció simplemente a
un acuerdo de Sala Plena en relación con la metodología inicial que se tendría en
cuenta para realizar las votaciones y avanzar con estas, tal y como se advierte en
las actas allegadas al proceso.

Recordó sus calidades personales y profesionales y que cumplió cabalmente con
cada una de las etapas y requisitos del proceso de selección que culminó con su
elección como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura.

11 Anotaciones 74, 77 y 80 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial,

SAMAI.
12 Anotación 75 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI.
13 Anotación 69 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI.

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13

Demandantes: Rafael Andrés Mendoza Cuello y otro
Demandada: Claudia Regina Expósito Vélez – magistrada
Consejo Superior de la Judicatura
Radicados: 11001-03-28-000-2024-00195-00
11001-03-28-000-2024-00206-00

Reafirmó en su integridad las razones esbozadas en el escrito de contestación de
la demanda.

7.4. Corte Suprema de Justicia14

Manifestó su oposición a las pruebas aportadas con las demandas, especialmente
a las notas periodísticas o publicaciones en redes sociales por cuanto, en su criterio
no constituyen medios probatorios como tal sino simples opiniones y, además, no
dan pautas para resolver la controversia jurídica propuesta.

Reiteró íntegramente los argumentos esgrimidos en el escrito de contestación de
demanda.

8. Concepto del Ministerio Público15

La señora procuradora séptima delegada ante esta Corporación rindió concepto
dentro del presente asunto en los siguientes términos:

Recordó el marco constitucional y legal de la elección de los magistrados del
Consejo Superior de la Judicatura en lo que a la Corte Suprema de Justicia
respecta.

Destacó que ni la Constitución Política, ni la ley y ni el reglamento de la Corte
Suprema de Justicia establecen algún trámite particular, especial o excepcional que
se deba surtir para elegir a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.
Lo más cercano es la mayoría exigida para la selección en el artículo 5 del
reglamento de la corporación, pero no fija como criterio imperativo la convocatoria
pública o el concurso de méritos.

Adujo que, en este caso, el 25 de enero de 2024, el presidente de la Corte Suprema
de Justicia abrió la Convocatoria Pública 01-2024 con el propósito de elegir al
reemplazo de la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella
López Jaramillo, sin contemplar algún procedimiento especial para la selección.

Señaló que no determinó si se tendría depuración de unos candidatos frente a otros,
si iba a haber un proceso de preselección y bajo qué criterios o elementos se iba a
dar esa disparidad dentro de aquel, como tampoco se estableció de manera expresa
y diáfana que la corporación nominadora quedaría sometida a una regla imperativa
de selección bajo la teoría de los derechos adquiridos.

14 Anotación 68 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI.
15 Anotación 79 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI.

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Demandantes: Rafael Andrés Mendoza Cuello y otro
Demandada: Claudia Regina Expósito Vélez – magistrada
Consejo Superior de la Judicatura
Radicados: 11001-03-28-000-2024-00195-00
11001-03-28-000-2024-00206-00

Indicó que la preselección de 10 candidatos no emerge del contenido de la
convocatoria, sino de una consideración discrecional dentro del sistema de
designación regulado por el constituyente derivado.

Manifestó que, según el acta 23 del 21 de agosto de 2024, la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia decantó la metodología de selección, a partir de someter a
todos los aspirantes a votación, incluidos los mencionados como preseleccionados,
para elegir a la nueva o el nuevo integrante del Consejo Superior de la Judicatura.

Advirtió que, de manera preliminar, que todos los aspirantes inscritos en la
Convocatoria Pública 01-2024 para reemplazar a la magistrada del Consejo
Superior de la Judicatura, Gloria Stella López Jaramillo, tuvieron la oportunidad de
participar en igualdad de condiciones, hasta el punto de que sus nombres fueron
sometidos a votación de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, por lo que
no se encuentran trasgredidas las garantías fundamentales consideradas por el
extremo demandante.

Acotó que no se encuentra lesionado el artículo 29 constitucional, pues no reposan
elementos de juicio sobre la trasgresión de algún postulado de la convocatoria,
concerniente al debido proceso. El derecho a elegir y ser elegido previsto en el
artículo 40 constitucional, se mantuvo incólume para todos los participantes hasta
el momento definitivo de selección, pues fueron sometidos todos los nombres a
votación y salió seleccionada la que obtuvo la mayoría requerida. Los principios de
buena fe, confianza legítima, moralidad, trasparencia y publicidad no se avizoran
vulnerados, pues todos los interesados en ocupar la plaza en la legislatura contaron
con las posibilidades en términos de igualdad y se sometieron al mismo racero
dentro de todo el proceso de selección, dados los criterios de la puerta de entrada
al concurso.

Sostuvo que no se puede considerar que los diez aspirantes que en algún momento
se tuvieron como preseleccionados, tuvieran un derecho adquirido o un mejor
derecho en relación con los demás aspirantes, habida cuenta de que la convocatoria
no trazó criterio alguno de prevalencia o de exclusión, bajo una mejor posición de
unos frente a otros.

Destacó que el criterio preponderante en relación con la escogencia de los
magistrados del Consejo Superior de la Judicatura reposa de manera discrecional
en el órgano nominador, según lo consignado en la Constitución Política, la ley y el
reglamento, teniendo como única barrera las mayorías para deliberar y para decidir,
por cuanto no existe un criterio de orden formal y de procedimiento al que debiera
someterse la corporación encargada de elegir.

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Demandantes: Rafael Andrés Mendoza Cuello y otro
Demandada: Claudia Regina Expósito Vélez – magistrada
Consejo Superior de la Judicatura
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Adujo que, bajo el principio de discrecionalidad en la función electoral, emerge que
la Corte Suprema de Justicia no se sustrajo de su obligación de cumplir con su
mandato constitucional y legal bajo el equilibrio y la igualdad para todos los
aspirantes, lo cual se sostuvo hasta la votación definitiva.

Consideró que no tienen asidero los argumentos fácticos y jurídicos manifestados
por la parte actora, en el sentido de que algunas actuaciones llevadas a cabo por la
Corte Suprema de Justicia hayan configurado defectos sustanciales que constituyan
ilegalidad del acto demandado.

Mencionó que, del material probatorio que obra en el expediente, no es posible
evidenciar que los cuestionamientos realizados en el libelo introductorio tengan
fundamento, pues si bien se determina de manera diáfana por el interviniente las
normas de orden constitucional y legal eventualmente desconocidas con ocasión de
la conducta objeto de reproche, también es claro que no se avizora desconocimiento
de las prescripciones normativas de manera concluyente y clara.

Resaltó, desde el punto de vista del género, que la elegida haya sido una mujer para
ocupar un cargo tan importante como el de magistrada del Consejo Superior de la
Judicatura.

Concluyó que los elementos de juicio obrantes en el expediente no gozan de la
suficiencia y ni de la contundencia para determinar que el acto demandado se
produjo de forma irregular y desconociendo normas superiores; pues el único
requisito de obligatorio cumplimiento en relación con la escogencia de los
magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por parte de la Corte Suprema
de Justicia, según lo consignado en la Constitución, la ley y el reglamento, es el
cumplimiento de las mayorías para deliberar y decidir, de manera que la Corte en
su condición de nominadora, no estaba en la obligación de elegir al magistrado o
magistrada de la lista de los diez preseleccionados, por cuanto no existe un criterio
de orden formal y de procedimiento distinto ni especial, al que deba someterse.

Destacó que, en la elección efectuada, participaron todos los candidatos, en
igualdad de condiciones, y resultó elegida la que obtuvo la votación mayoritaria, con
lo que se garantizó el derecho a elegir y ser elegido previsto en el artículo 40
constitucional.

Agregó que de las demandas solo evidencian algunas consideraciones e
interpretaciones particulares, sin que de ellas se derive la ocurrencia de alguna
irregularidad o la trasgresión de los principios de confianza legítima, buena fe y
respeto al acto propio, publicidad, moralidad y trasparencia de la Constitución

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Demandantes: Rafael Andrés Mendoza Cuello y otro
Demandada: Claudia Regina Expósito Vélez – magistrada
Consejo Superior de la Judicatura
Radicados: 11001-03-28-000-2024-00195-00
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Política en la elección de Claudia Regina Expósito Vélez como magistrada del
Consejo Superior de la Judicatura.

En consecuencia, solicitó negar las pretensiones de la demanda de nulidad electoral
de la referencia.

Surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó con la observancia
de las ritualidades previstas en la ley procesal y, por lo tanto, sin que obre causal
de nulidad que afecte la actuación, procede la Sección Quinta del Consejo de
Estado a resolver previas las siguientes

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir sobre la demanda del caso concreto, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 149 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo16, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 modificado por el Acuerdo
434 de 2024 – Reglamento del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

De acuerdo con la fijación del litigio, el debate en este asunto consiste en:

…[S]e contrae a determinar si debe declararse o no la nulidad de la elección de la
señora Claudia Regina Expósito Vélez como magistrada del Consejo Superior de la
Judicatura.

El planteamiento anterior implica absolver el siguiente cuestionamiento:

¿El hecho de que la señora Expósito Vélez no hubiera sido incluida en la lista de
preseleccionados elaborada por la Corte Suprema de Justicia el 23 de mayo de
2024 implica que con su elección se desconocieron las normas de la convocatoria
hecha por esa corporación para el efecto, el debido proceso, el derecho a la igualdad
y los principios de legalidad, buena fe, confianza legítima, preclusividad y, además,
respecto por el acto propio que debían regirla?

En caso de que la respuesta a dicho interrogante sea afirmativa, ¿dicha irregularidad
es de tal entidad que deriva en la nulidad de la elección de la demandada como
magistrada del Consejo Superior de la Judicatura?

16 Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio

de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el
reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 4. De la nulidad de
los actos de elección expedidos por… la Corte Suprema de Justicia…

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Demandantes: Rafael Andrés Mendoza Cuello y otro
Demandada: Claudia Regina Expósito Vélez – magistrada
Consejo Superior de la Judicatura
Radicados: 11001-03-28-000-2024-00195-00
11001-03-28-000-2024-00206-00

3. Caso concreto

Como viene de explicarse, se discute en este proceso la legalidad del acto de
elección de Claudia Regina Expósito Vélez como magistrada del Consejo Superior
de la Judicatura.

El fundamento de las demandas acumuladas puede resumirse en que la
demandada no hizo parte de los 10 preseleccionados por la Corte Suprema de
Justicia el 23 de mayo de 2024, por lo que, los actores, consideran que el acto
acusado fue expedido con violación de las normas en que debía fundarse, del
debido proceso, el derecho a la igualdad y los principios de legalidad, buena fe,
confianza legítima, preclusividad y, además, en contravía de acto propio de la Corte
Suprema de Justicia.

Lo anterior por cuanto, en su criterio, dicha corporación no podía desconocer ese
listado y, por ende, debía elegir al reemplazo de Gloria Stella López Jaramillo como
magistrada del Consejo Superior de la Judicatura entre las personas incluidas en
aquel, so pena de afectar la expectativa legítima que se había creado en ellos y de
proceder en contra del acto proferido por la misma Corte Suprema de Justicia.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 254 de la Constitución Política «el Consejo Superior de la Judicatura estará
integrado por seis magistrados elegidos para un período de ocho años, así: dos por
la Corte Suprema de Justicia, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo
de Estado.»

Ahora bien, el artículo 255 de la Carta establece: «para ser miembro del Consejo
Superior de la Judicatura se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en
ejercicio y mayor de treinta y cinco años; tener título de abogado y haber ejercido la
profesión durante diez años con buen crédito. Los miembros del Consejo no podrán
ser escogidos entre los magistrados de las mismas corporaciones postulantes.»

Dichas disposiciones fueron prácticamente reproducidas por el legislador estatutario
en los artículos 7617 y 77 de la Ley 270 de 1996 que disponen:

ARTÍCULO 76. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA. <Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley
2430 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo Superior de la Judicatura
está integrado por seis Magistrados elegidos para un período de ocho años así: uno

17 Modificado por el artículo 29 de la Ley 2430 de 2024.

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Demandantes: Rafael Andrés Mendoza Cuello y otro
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Consejo Superior de la Judicatura
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11001-03-28-000-2024-00206-00

por la Corte Constitucional, dos por la Corte Suprema de Justicia y tres por el
Consejo de Estado.

El funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura está sometido a las reglas
fijadas en la Constitución, la Ley y en los Acuerdos que expida en los cuales defina
las dependencias o unidades que lo integran, sus funciones y la planta de personal.

El reglamento del Consejo Superior de la Judicatura deberá determinar un
mecanismo ágil para adoptar las decisiones y la forma de hacerlo cuando se
presenten empates.

ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Para ser Magistrado del Consejo Superior de la
Judicatura se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y
mayor de treinta y cinco años; tener título de abogado y haber ejercido la profesión
durante diez años con buen crédito. Los miembros del Consejo no podrán ser
escogidos entre los Magistrados de las mismas corporaciones postulantes.

Estarán sujetos al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

<Inciso con la sustitución ordenada por el artículo 88 de la Ley 2430 de 2024. El
nuevo texto es el siguiente:> Las vacancias temporales serán provistas por el
Consejo Superior de la Judicatura, las absolutas por los nominadores.

Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura no son reelegibles.

En ese orden de ideas, el constituyente le confirió a la Corte Suprema de Justicia la
responsabilidad de elegir a dos de los magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura; sin embargo, tal como lo puso de presente la señora agente del
Ministerio Público, ni él ni el legislador estatutario fijaron un trámite específico para
cumplir con esa función, más allá de los postulados generales que deben regir este
tipo de elecciones.18

En cumplimiento de dicho mandato, la Corte Suprema de Justicia abrió la
Convocatoria Pública 01 del 25 de enero 2024 con el fin de elegir al reemplazo de
Gloria Stella López Jaramillo como magistrada del Consejo Superior de la
Judicatura. Dicha convocatoria fue del siguiente tenor:

18 Artículo 126 de la Constitución Política: …Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de

servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria
pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios
de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para
su selección.

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11001-03-28-000-2024-00206-00

De la lectura de la convocatoria, se extrae que las etapas fijadas en aquella
únicamente fueron: i) la inscripción de los interesados en la página web a través de
diligenciamiento del respectivo formulario; ii) la publicación del listado de inscritos a
través de ese mismo medio; iii) la verificación del cumplimiento de los requisitos
constitucionales y legales y iv) la presentación de los admitidos ante la Sala Plena
de la corporación para la posterior elección.

En ese orden de ideas, dentro de la referida convocatoria no se estableció que se
elaboraría una lista de 10 preseleccionados y mucho menos que, de aquella debería

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realizarse la elección del magistrado o magistrada del Consejo Superior de la
Judicatura que reemplazaría a la doctora Gloria Stella López Jaramillo.

Ahora bien, efectivamente la Corte Suprema de Justicia elaboró una lista con 10
nombres el 23 de mayo de 2024, dentro del cual no incluyó a la demandada, como
pasa a verse:

No obstante, es claro que aquella no hacía parte de las etapas fijadas en la
convocatoria, por lo que tampoco resultaba definitiva y no limitaba a la corporación
para hacer la elección entre los nombres allí incluidos.

Así las cosas, tal como lo afirman los actores, la convocatoria en un proceso de
selección como este, constituye la carta de navegación del procedimiento19 y sus

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente
11001032800020180060200. Providencia del 13 de junio de 2019. M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio.

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disposiciones se convierten en normas de obligatoria observancia; no obstante, en
este evento, no puede dejarse de lado que la preselección de 10 candidatos nunca
hizo parte de la convocatoria hecha por la Corte Suprema de Justicia para la
elección ahora demandada, por lo tanto, no asiste razón a los demandantes al
afirmar que aquella fue desconocida al elegir a alguien que no hizo parte de dicho
listado.

De hecho, fueron 83 los aspirantes admitidos en el proceso de elección, quienes
acreditaron el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, sin que en
la convocatoria se haya incluido una etapa posterior, eliminatoria ni de ninguna otra
naturaleza, de preselección de 10 candidatos, por lo que nada impedía elegir a
alguno de ellos en el cargo de magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.

Es decir, las normas del proceso de elección estaban dadas por la convocatoria en
mención, dentro de la cual no se incluyó la etapa de preselección, por lo que no
puede afirmarse que aquellas se desconocieron al no tener en cuenta una lista de
preseleccionados que nunca fue incluida dentro de las reglas del procedimiento en
cuestión.

En ese mismo sentido, tampoco tiene asidero el argumento según el cual el 21 de
agosto de 2024 al votar por los 83 candidatos admitidos, se cambiaron las reglas de
la Convocatoria Pública 01 del 25 de enero de ese mismo año, toda vez que, se
insiste, dentro de las etapas allí contempladas nunca estuvo la de preselección de
10 candidatos «semifinalistas»; por lo tanto, al no haber existido esa etapa no es
posible afirmar que aquella se desconoció ni que, con ello, se modificaron las reglas
del proceso de elección.

En este mismo sentido, si bien en el comunicado publicado por la misma Corte
Suprema, a través del cual dio a conocer el listado en cuestión, utilizó la expresión
«los magistrados votaron y eligieron las hojas de vida de 10 de ellos para continuar
con el proceso», ello per se no significa que los demás admitidos quedarían
excluidos de la votación de elección o que la corte, al no alcanzar ninguno de ellos
la mayoría necesaria para ser designado, pudiera acudir a otros candidatos, máxime
si se tiene en cuenta que, como se advirtió, la conformación de dicha lista no hacía
parte de las etapas del proceso.

Es decir, el hecho de que el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria haya
elaborado el referido listado, no implicaba que alguno de los aspirantes relacionados
en aquel, forzosamente, debía ser elegido magistrado del Consejo Superior de la
Judicatura, por lo que no puede afirmarse que aquellos tenían una expectativa
diferente o superior a los demás admitidos en el proceso de selección, razón por la

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cual no puede sostenerse que la elección vulneró la buena fe y confianza legítima
de los integrantes de aquel.

Sobre los principios de buena fe y confianza legítima, esta Corporación ha dicho20:

En virtud del principio de buena fe, surge también la llamada confianza legítima, que
exige que el Estado respete las normas y los reglamentos previamente establecidos,
de modo que los particulares tengan certeza frente a los trámites o procedimientos
que deben agotar cuando acuden a la administración. El principio de confianza
legítima exige cierta estabilidad o convicción frente a las decisiones de la
administración, por cuanto el ciudadano tiene derecho a actuar en el marco de reglas
estables y previsibles. No obstante, eso no implica la inmutabilidad o intangibilidad
de las relaciones jurídicas entre los particulares y la administración, pues, de todos
modos, la administración puede justificadamente cambiar las decisiones o
reglamentos que adopta cuando, por ejemplo, advierte que la actuación del
particular es contraria al ordenamiento jurídico… Entonces, en consideración al
principio de confianza legítima, las autoridades deben ser coherentes en sus
actuaciones, respetar los compromisos adquiridos y garantizar la estabilidad y
durabilidad de las situaciones generadas o reconocidas, sin que eso limite las
facultades que tiene la administración para modificar justificadamente sus
decisiones.

En tales condiciones, es claro que aquí la administración, para el caso concreto, la
Corte Suprema de Justicia no desconoció ninguna norma previamente establecida
en el trámite de elección demandado que incluya la etapa de preselección de 10
candidatos como parte de la convocatoria bajo estudio; de hecho, no profirió
ninguna decisión que pueda tenerse como desconocida con la elección de la señora
Expósito Vélez como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, razón por
la cual no se reúnen los presupuestos para encontrar probada la vulneración a los
principios de buena fe y confianza legítima.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que tal como lo manifestaron la
demandada y la Corte Suprema de Justicia y, según consta en los antecedentes del
acto acusado, la razón por la cual se decidió votar por todos los admitidos en el
proceso de elección bajo estudio, fue que ninguno de los 10 «preseleccionados»
alcanzó la mayoría requerida para ser elegido, pese a que aquellos candidatos
fueron sometidos a varias votaciones en las Salas Plenas del 20 de junio, 4 y 18 de
julio y 1 de agosto de 2024; por lo que, con el fin de avanzar en el cumplimiento de
la función constitucional de designación de magistrado del Consejo Superior de la
Judicatura, se optó por esa medida sin que dicha decisión haya variado o
desconocido las reglas de la convocatoria inicial.

20Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente:
11001031500020140111401. Providencia del 26 de febrero de 2015. M.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas.

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Demandantes: Rafael Andrés Mendoza Cuello y otro
Demandada: Claudia Regina Expósito Vélez – magistrada
Consejo Superior de la Judicatura
Radicados: 11001-03-28-000-2024-00195-00
11001-03-28-000-2024-00206-00

En otras palabras, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia autónomamente
adoptó como mecanismo para la votación, la elaboración de un listado de 10
candidatos; sin embargo, al no resultar exitoso, la misma sala optó por votar por los
83 admitidos, sin que con ello haya contrariado las reglas propias de la elección.

Ahora bien, del acta de la sesión de Sala Plena del 21 de agosto de 2024 en la que
se decidió votar por todos los aspirantes admitidos, que superaron las demás etapas
del proceso de elección, se extrae lo siguiente:

Reanudada la reunión, en uso de la palabra, la doctora MARJORIE ZÚÑIGA
ROMERO, Presidente de la Sala de Casación Laboral, indicó que sugería que
tomando la lista de los 83 candidatos, conforme al Reglamento General de la Corte,
cada Magistrado votara por 1 candidato, y si alguno obtenía 12 o más votos,
quedaría elegido.

Seguidamente, el doctor GERSON CHAVERRA CASTRO sometió a consideración
la anterior propuesta, en el sentido de adoptar como metodología que la votación se
realice con los 83 aspirantes, votando conforme al Reglamento General de la Corte,
y si alguno de los candidatos obtenía las 2/3 partes de los miembros que
actualmente integran la Corporación, se declarará elegido, propuesta que fue
aprobada por unanimidad por la Plenaria. Adicionalmente, la Sala dispuso que, si
ningún candidato obtenía los votos requeridos para declarar la elección, se
continuaría conforme a lo establecido en el Reglamento de la Corporación.

A continuación, el doctor CHAVERRA CASTRO recordó que la lista de aspirantes a
Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, conformada en el marco de la
Convocatoria 01 de 2024 que adelantó la Corte Suprema de Justicia, se encontraba
integrada de la siguiente manera:

(…)

Acto seguido, el señor Presidente conforme a lo aprobado por la Sala, sometió a
votación la lista de 83 candidatos admitidos, para que cada Magistrado votara por 1
de ellos.

Efectuada la votación, se obtuvo el siguiente reporte del sistema electrónico:

1.- EXPÓSITO VÉLEZ CLAUDIA REGINA 13 VOTOS
2.- NEIRA NÚÑEZ LUIS MANUEL 1 VOTO
3.- EN BLANCO 4 VOTOS TOTAL 18 VOTOS

Los demás aspirantes no obtuvieron votos.

El señor Presidente de la Corporación manifestó que se votó por la lista de
candidatos admitidos en el marco de la Convocatoria 01 de 2024, y en la primera
ronda de votación la doctora Claudia Regina Expósito Vélez obtuvo 13 votos, que
conforme al artículo 5° del Reglamento General, “(...) El quorum para deliberar será
la mayoría de los miembros activos de la Corporación. Las decisiones se tomarán

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Demandantes: Rafael Andrés Mendoza Cuello y otro
Demandada: Claudia Regina Expósito Vélez – magistrada
Consejo Superior de la Judicatura
Radicados: 11001-03-28-000-2024-00195-00
11001-03-28-000-2024-00206-00

por igual mayoría, salvo en los siguientes casos en los cuales se requerirá del voto
favorable de las dos terceras partes (2/3) de los magistrados en ejercicio: Elección
de Presidente y Vicepresidente de la Corte, de magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, (...)”.

En consecuencia, ante el resultado obtenido, el doctor GERSON CHAVERRA
CASTRO informó que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en
cumplimiento de las atribuciones constitucionales contenidas en los artículos 254 y
255 de la Constitución Política, resolvió:

PRIMERO: NOMBRAR en PROPIEDAD a la doctora CLAUDIA REGINA EXPÓSITO
VÉLEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 45.487.979, en el cargo de
Magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, en reemplazo de la doctora Gloria
Stella López Jaramillo.

A partir de ello, no se evidencia que la Corte Suprema de Justicia haya desconocido
su propio acto o haya vulnerado la confianza legítima de los aspirantes incluidos en
el listado del 23 de mayo de 2024, toda vez que, como se mencionó, contrario a lo
afirmado por los actores, aquellos no tenían una posición privilegiada o un «mejor
derecho» en relación con los demás aspirantes.

Asimismo, tampoco encuentra la Sala que con la elección demandada se haya
desconocido el debido proceso o el principio de legalidad, invocados por los
demandantes. Lo anterior, por cuanto no obra prueba alguna de que la corporación
en cuestión haya desconocido las reglas fijadas por ella misma en la convocatoria
antes referida ni en ninguna otra norma de rango constitucional, legal o
reglamentario al haber elegido a la demandada como magistrada del Consejo
Superior de la Judicatura.

Además, no está acreditado que la alta corte haya repetido alguna fase del proceso
de selección en contravía el principio de preclusividad; simplemente eligió a una
candidata que, al igual que los integrantes del listado en cuestión, se inscribió,
acreditó el cumplimiento de requisitos constitucionales y legales para ocupar el
cargo de magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, fue admitida en el
proceso de elección y se presentó ante la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia, –aspectos estos que no son objeto de controversia en este asunto– por lo
que tampoco se encuentra probado, que se hayan desconocido el principio de
igualdad.

Finalmente, en lo que se refiere a la presunta configuración del vicio de desviación
de poder, se advierte que, ese punto no fue incluido en la fijación del litigo, por
cuanto, aunque en una de las demandas se afirmó que el acto acusado estaba
viciado por esa causa, lo cierto es que no se desarrolló dicho punto y, por tanto, no
se explicó ni mucho menos probó que la Corte Suprema de Justicia haya ejercido

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Demandada: Claudia Regina Expósito Vélez – magistrada
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sus competencias constitucionales y legales con fines diferentes a los establecidos
en el ordenamiento jurídico.

Así las cosas, no encuentra la Sala que el acto acusado vulnere ninguna de las
normas y principios invocados en las demandas acumuladas, razón por la cual se
mantiene incólume la legalidad del acto acusado y, en consecuencia, hay lugar a
denegar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda presentada en contra de la
elección de Claudia Regina Expósito Vélez como magistrada del Consejo Superior
de la Judicatura, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: En firme este proveído, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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