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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00013-00

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00013-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Niéganse las pretensiones de la demanda, relacionadas con la nulidad del Decreto 0259 de 4 de marzo de 2024, por medio del cual se encargó al señor Raúl Alfonso Gutiérrez Romero del empleo de libre nombramiento y remoción correspondiente a superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, código 1-2, grado 25, de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2025-00013-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

17 de julio de 2025

Demandante: Anstrongh Polanía Ducuara
Demandado: Raúl Alfonso Gutiérrez Romero,
superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada
Rad: 11001-03-28-000-2025-00013-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2025-00013-00
Demandante: ANSTRONGH POLANÍA DUCUARA
Demandado: RAÚL ALFONSO GUTIÉRREZ ROMERO,
SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA, EN ENCARGO

Tema: Encargo interinstitucional- temporalidad

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Decide la sala la demanda presentada por Anstrongh Polanía Ducuara, en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139
de la Ley 1437 de 2011, en contra del Decreto 0259 de 4 de marzo de 2024
«por el cual se acepta una renuncia y se hace un encargo en la planta de
personal de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada».

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

1. La parte actora elevó las siguientes:

PRIMERA: Que se declare LA NULIDAD del Decreto No. 0259 del 4 de
marzo de 2024 “por el cual se acepta una renuencia (sic) y se hace un
encargo en la planta de personal de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada” el cual solo fue publicado hasta el 31 de diciembre de
2024, en el diario oficial de la edición 52.986, por incurrir en falta de
motivación en la temporalidad del encargo interinstitucional y; en la
infracción a las normas en que debía fundarse al no establecer la
temporalidad del encargo de tres (3) meses, conforme al articulo (sic) 24
de la ley 909 de 2004 (modificado por el numeral 1 de la ley 1960 de
2019), aplicada por analogía al encargo interinstitucional del artículo
2.2.5.5.45 del Decreto 1083 del 26 de mayo 2015.

TERCERA: (sic) En caso de que la sentencia acceda a las pretensiones
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Demandante: Anstrongh Polanía Ducuara
Demandado: Raúl Alfonso Gutiérrez Romero,
superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada
Rad: 11001-03-28-000-2025-00013-00

de la demanda, establecer en su resuelve que la misma tiene efectos ex
tunc en virtud de la sentencia de la Corte Constitucional SU- 484 de 2008.

(…)

PRIMERA SUBSIDIARIA: En caso de negarse las pretensiones de la
demanda por considera que el acto administrativo demandado no omitió
en motivar la delimitación de la temporalidad del encargo y; por
considerarlo no contrario al artículo 24 de la ley 909 de 2004, solicito se
ACLARE a la comunidad en general como se debe interpretar y aplicar la
temporalidad del encargo interinstitucional en virtud de brindar una
seguridad jurídica en relación la competencia temporal que tienen las
personas nombradas bajo el encargo interinstitucional de los artículos
2.2.5.5.45 del Decreto 1083 del 26 de mayo 2015 y 2.2.5.5.45 del Decreto
648 del 19 de abril 2017.

1.1.2. Hechos

2. Desde el mes de marzo de 2024, el señor Raúl Alfonso Gutiérrez
Romero empezó a ejercer la función de superintendente de Vigilancia y
Seguridad Privada, pero no se logró conocer el decreto mediante el cual fue
nombrado.

3. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Segunda de
Decisión Laboral, en fallo de segunda instancia proferido el 11 de diciembre
de 2024 dentro de una acción de tutela, ordenó al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República que suministrara al tutelante
copia del Decreto 0259 de 4 de marzo de 2024 y que procediera a publicar
dicho acto, en atención a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 15 de la Ley
2080 de 2021.

4. A través de la edición 52.986 de 31 de diciembre de 2024, se publicó el
mencionado decreto en el Diario Oficial y, conocido su contenido, se advirtió
que el señor Raúl Alfonso Gutiérrez Romero fue vinculado a la Función
Pública en la modalidad de encargo interinstitucional, en virtud del artículo
2.2.5.5.45 del Decreto 1083 de 2015.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

5. La parte actora señaló como lesionados los artículos 275 de la Ley
1437 de 2011, 24 de la Ley 909 de 2004, 2.2.5.5.45 del Decreto 1083 de 2015
y 2.2.5.5.45 del Decreto 648 de 2017.

6. En primer término, propuso el cargo de expedición irregular por falta de
motivación, con fundamento en que no se estableció el límite del encargo
interinstitucional, lo que lleva a una inseguridad en la competencia temporal
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del superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada y afecta la validez del
acto demandado.

7. Explicó que si bien el artículo 2.2.5.5.45 del Decreto 648 de 2017,
norma que previó esa figura no contempló una temporalidad expresa de la
duración del encargo, este debía tener un tiempo asignado por el nominador,
teniendo en cuenta que el artículo en mención no implica un nombramiento sin
límite.

8. En segundo término, trajo a colación el cargo de infracción de las
normas en que debía fundarse por vulneración al inciso último del artículo 24
de la Ley 909 de 2004, el cual podía ser aplicado por analogía ante el vacío
legal frente a la temporalidad del encargo interinstitucional.

9. Agregó que, de esa manera y en atención a la norma enunciada, debía
establecerse una temporalidad del encargo en tres meses.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Raúl Alfonso Gutiérrez Romero

10. El demandado, quien actúa en nombre propio, solicitó que se
denieguen las pretensiones de la demanda. Propuso las excepciones de
indebido medio de control invocado, caducidad y no agotamiento del requisito
de procedibilidad.

11. Invocó la excepción de mérito de debida motivación del acto
demandado, con fundamento en que fue expedido por el presidente de la
República y el ministro de Defensa Nacional con aplicación de las normas en
que debía fundarse y con el uso de las facultades legales y reglamentarias, en
especial las otorgadas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 2.2.5.1.1. y 2.2.5.5.45 del Decreto
1083 de 2015.

12. Manifestó que el decreto controvertido goza de una debida motivación
porque se fundamentó en la necesidad de proveer el empleo de libre
nombramiento y remoción correspondiente a superintendente de la planta de
personal de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, decisión
que era urgente en razón de la importancia del cargo para el servicio en
general.

13. Mencionó que el legislador no señaló la duración de los encargos
interinstitucionales, el cual fue regulado por el artículo 2.2.5.5.45 del Decreto
1083 de 2015. En ese sentido, trajo a colación el concepto 189731 de 2023
emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública sobre la
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posibilidad de superar los términos del encargo.

14. Adujo que el encargo interinstitucional otorgado mediante el acto
demandado fue temporal, conforme lo señala el mismo artículo del Decreto
1083 de 2015; además, mediante Decreto 1224 de 3 de octubre de 2024 fue
nombrada la señora Yenniffer Edilma Parra Moscoso como superintendente
de Vigilancia y Seguridad Privada, quien se posesionó en el cargo el 4 de
octubre de 2024, de manera que la temporalidad estuvo intrínseca en el
concepto de encargo interinstitucional y, por ende, no era obligatorio indicar
de forma taxativa en la decisión administrativa la duración del mismo.

15. Informó que el encargo objeto de controversia tuvo una duración de
siete meses, por lo que se enmarcó dentro de lo señalado por el legislador en
el artículo 24 de la Ley 909 de 2004.

16. Propuso la excepción de expedición y cumplimiento del acto
administrativo con sustento en las normas en que debía fundarse, tras
considerar que no tenían por qué aplicarse analógicamente normas que no
fundamentan el acto pues la temporalidad del encargo ya se encuentra
establecida en el artículo mediante el cual se reguló.

17. Puso de presente algunas actuaciones administrativas desplegadas
durante su encargo.

1.2.2. Ministerio de Defensa Nacional

18. La entidad, por conducto de apoderada judicial, trajo a colación la
naturaleza jurídica del encargo interinstitucional como provisión temporal de
empleos públicos regulada por el Decreto 1083 de 2015, mientras se realiza
una designación definitiva de la vacante.

19. Consideró que el decreto acusado no es un acto de elección sino de
designación de una vacante bajo la figura de encargo interinstitucional,
argumentación con base en la cual propuso la excepción de indebida
escogencia de la acción.

20. Invocó las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa y
de caducidad del medio de control.

21. Sostuvo que si bien el artículo 2.2.5.5.45 del Decreto 1083 de 2015 que
reguló el encargo interinstitucional no determinó un tiempo máximo para hacer
uso de esa figura, sí estableció que se trata de una designación temporal, de
manera que el hecho de que el acto demandado no haya determinado el plazo
no constituye irregularidad alguna, dado que la norma en mención no lo
contempló así y, además, el encargo feneció ante la designación de la

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funcionaria que actualmente ejerce.

22. Precisó que la Ley 909 de 2004 no es aplicable a los empleados
públicos civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional o de sus entidades
descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector defensa, por derogatoria
expresa efectuada por el artículo 14 de la Ley 1033 de 2006, de modo que el
acto administrativo no podía fundarse en ella.

23. Agregó que dicha Ley estableció que podrá efectuarse el encargo
mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera
administrativa, lo cual difiere de la naturaleza del empleo encargado a través
del decreto acusado.

1.2.3. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

24. El apoderado de la entidad propuso la excepción de inexistencia de
falta de motivación del acto demandado, con fundamento en que el artículo
2.2.5.5.45 del Decreto 1083 de 2015 no establece la obligación de fijar un
término específico para el encargo interinstitucional, por lo que la falta de un
plazo determinado no afecta la validez ni eficacia del mismo.

25. Indicó que en este caso no es posible aplicar por analogía el artículo 24
de la Ley 909 de 2004, toda vez que el encargo regulado en esa norma dista
del interinstitucional. Además, no existe un vacío legal que deba ser suplido
con esa figura pues el legislador no puso un límite temporal.

26. Aseguró que el encargo interinstitucional sin término definido es legal y
constitucional, más aún cuando el presidente de la República actuó dentro de
sus facultades constitucionales y legales al efectuar el nombramiento.

27. Propuso la excepción de improcedencia del medio de control de nulidad
electoral.

1.2.4. Presidencia de la República

28. El apoderado de la entidad se opuso a las pretensiones de la demanda
y formuló la excepción previa de ineptitud sustantiva, porque no se hizo un
análisis de los motivos de infracción a las normas invocadas.

29. Explicó que la falta de determinación del plazo del encargo en este
caso no implica que pierda su naturaleza jurídica, porque se respetó la
temporalidad debido a que a través del Decreto 1223 de 3 de octubre de 2024
se nombró a la señora Yenniffer Edilma Parra Moscoso en el empleo de
superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, transcurridos seis meses

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del encargo objeto de demanda.

1.3. Actuaciones procesales relevantes

1.3.1. Auto admisorio

30. El 13 de febrero de 2025 se admitió la demanda de la referencia y se
dispuso su notificación al señor Raúl Alfonso Gutiérrez Romero, a la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, al Ministerio de Defensa
Nacional y al presidente de la República; estas últimas, tras haber intervenido
en la expedición del acto demandado.

1.3.2. Auto que resuelve excepciones previas, fija el litigio, decreta
pruebas y dispone dictar sentencia anticipada

31. El 2 de mayo de 2025 se despacharon desfavorablemente las
excepciones planteadas por el demandado1 y por los apoderados del
Ministerio de Defensa2 y de la Presidencia de la República3, y se precisó que
las excepciones de mérito serían resueltas en la sentencia.

32. Por otro lado, se dispuso el trámite de sentencia anticipada conforme lo
establece el numeral 1º del artículo 182A del CPACA en atención a que no
había que practicar pruebas, y se hizo pronunciamiento sobre los medios de
convicción en el sentido de tener como tal los aportados por las partes.

33. De igual manera, se fijó el litigio bajo los siguientes términos:

«59. En este caso, se debe determinar si el Decreto 259 del 4 de marzo
de 2024, por medio del cual se encargó al señor Raúl Alfonso Gutiérrez
Roro como superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, se
encuentra viciado de nulidad al no haber establecido un término para tal
encargo.

60. Así las cosas, se deberá establecer si en este caso existió una falta
de motivación en el acto demandado y si se infringió lo dispuesto en el
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, norma aplicable por analogía a los
encargos interinstitucionales regulados por el artículo 2.2.5.5.45 del
Decreto 1083 de 2015.

61. En caso de que no sea posible la aplicación del artículo 2.2.5.5.45 del

1 Indebido medio de control invocado, caducidad y falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad.

2 Indebida escogencia del medio de control, caducidad y falta de legitimación en la causa por

activa.

3 Ineptitud sustantiva de la demanda.

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Decreto 1083 de 2015 por analogía, se deberá aclarar cómo se debe
interpretar el carácter temporal del encargo interinstitucional».

34. Finalmente, se ordenó correr traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para emitir concepto.

1.4. Alegatos de conclusión

1.4.1. Anstrongh Polanía Ducuara

35. El demandante reiteró lo expuesto en la demanda y precisó que es
importante tomar una posición en este asunto, porque el actual gobierno tiene
una cantidad de encargos interinstitucionales sin límite temporal. Al respecto,
trajo a colación dos actos administrativos a través de los cuales se hizo uso de
esa figura en el Ministerio de Justicia y en la Superintendencia de Industria y
Comercio.

1.4.2. Raúl Alfonso Gutiérrez Romero

36. El demandado reiteró los argumentos de su defensa, en particular lo
relacionado con la expedición del acto demandado con fundamento en las
normas que lo regulan y con base en las facultades legales y reglamentarias,
así como con la debida motivación por la necesidad de proveer el empleo de
libre nombramiento y remoción.

37. Insistió en que el legislador no previó que se deba determinar la
duración del encargo interinstitucional, por lo cual no constituye una
irregularidad el hecho de que no se puso un término en el uso de dicha figura
a través del decreto demandado.

1.4.3. Ministerio de Defensa Nacional

38. La entidad sostuvo nuevamente que la norma que reguló el encargo
interinstitucional no delimitó su duración; sin embargo, sí previó que es de
carácter temporal. Además, no existe el vicio del acto demandado porque no
puede exigirse la fijación de un plazo que no está contemplado en la ley.

39. Agregó la imposibilidad de aplicación analógica de la Ley 909 de 2004,
con fundamento en que no existe un vacío normativo en la regulación de la
figura en comento.

1.4.4. Presidencia de la República

40. El apoderado de la autoridad trajo a colación lo expuesto en la
contestación de la demanda sobre la legalidad del acto demandado por
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cuanto el hecho de no indicar un término del encargo no implica que se
elimine su naturaleza temporal, lo que se refuerza con el nombramiento de
otra funcionaria en el cargo, dando así por terminada la figura en mención.

1.4.5. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

41. La entidad reiteró los argumentos de la contestación de la demanda, en
especial los relacionados con la ausencia de irregularidades con la expedición
del acto demandado y la naturaleza jurídica del encargo interinstitucional, así
como la inaplicabilidad de la restricción temporal prevista por el artículo 24 de
la Ley 909 de 2004.

1.5. Concepto del Ministerio Público

42. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó que
se denieguen las pretensiones de la demanda tras precisar, en primer término,
que el cargo de superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada es de libre
nombramiento y remoción.

43. Argumentó que el límite temporal del encargo establecido en el artículo 24
de la Ley 909 de 2004 tiene su razón de ser en el uso de esa figura en
empleos de carrera, lo cual demanda la necesidad de observar los términos
definidos allí. No obstante, no ocurre lo mismo en los encargos en vacantes
de libre nombramiento y remoción, por lo que la regla prevista en esa norma
no aplica en tanto el nominador tiene la potestad de nombramiento y retiro
discrecional por razones del servicio, sin que sea dable asignar un periodo de
permanencia.

44. Concluyó que el acto demandado no se expidió con infracción a la norma
superior o con falta de motivación.

1.6. Actuación posterior

45. Mediante auto de 3 de julio de 2025, se denegó la incorporación como
prueba de los decretos 0529 de 16 de mayo de 2025 “Por el cual se acepta
una renuncia y se hace un encargo interinstitucional” y 0279 de 13 de marzo
de 2025 “Por medio del cual se nombra una ministra de Comercio, Industria y
Turismo ad hoc”, los cuales fueron aportados con los alegatos de conclusión
de la parte demandante.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

46. La sala es competente para decidir en única instancia la presente
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demanda de nulidad electoral, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
5 del artículo 149 de la Ley 1437 de 20114, modificado por el artículo 24 de la
Ley 2080 de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 20245.

47. Lo anterior, en atención a que la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada goza de personería jurídica, otorgada a través del artículo
71 de la Ley 1151 de 20076.

2.2. El acto acusado

48. El acto cuya nulidad se cuestiona es el contenido en el Decreto 0259 de 4
de marzo de 2024, por medio del cual se encargó al señor Raúl Alfonso
Gutiérrez Romero del empleo de libre nombramiento y remoción
correspondiente a superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, código
1-2, grado 25, de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
expedido por el presidente de la República.

2.3 Problema jurídico

49. Corresponde a la sala determinar si el acto demandado se encuentra
viciado de nulidad por vulneración de lo dispuesto en los artículos 24 de la Ley
909 de 2004 y 2.2.5.5.45 del Decreto 1083 de 2015.

50. Para tal efecto, deberá establecerse si en los nombramientos realizados
bajo la figura del encargo interinstitucional debe establecerse un límite

4 ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. El

Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus
secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el
reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
(…)
5. De la nulidad de los actos de nombramiento de los representantes legales de las entidades
públicas del orden nacional. (…).

5 Artículo 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos

del reparto, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
(…)
Sección Quinta:
(…)
1. La acción de nulidad electoral contra los actos de elección por voto popular o por cuerpos
electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades
públicas, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en la ley. Igualmente, la
nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas (…)

6 ARTÍCULO 71. PERSONERÍA JURÍDICA Y ADSCRIPCIÓN, PROGRAMA PARA LA
CONSOLIDACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO. En desarrollo de
este Programa, dótese de personería jurídica, a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Unidad Administrativa Especial
Junta Central de Contadores y adscríbase esta última y el Consejo Técnico de la Contaduría
Pública al que se refiere la Ley 43 de 1990, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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temporal.

2.4. Análisis de los cargos propuestos en la demanda

51. Sea lo primero señalar que en los alegatos de conclusión el
demandante mencionó dos resoluciones expedidas por el Ministerio de Salud
y Protección Social y el presidente de la República, a través de los cuales
efectuaron nombramientos haciendo uso de la figura del encargo
interinstitucional sin límite de tiempo, con el fin de demostrar que se está
adoptando dicha práctica de forma frecuente, que, en su sentir, es irregular.

52. Revisados los cargos formulados en la demanda se observa que el
accionante no solicitó ni aportó como pruebas actos administrativos proferidos
en ese sentido, sino que trajo a colación las dos resoluciones mencionadas
pero con los alegatos, cuya incorporación como prueba fue negada a través
del auto de 3 de julio de 2025, de manera que propuso argumentos nuevos
por fuera de la oportunidad para tal efecto.

53. De esa manera, no se hará referencia a los cargos nuevos relacionados
en precedencia, dado que no fueron formulados oportunamente y frente a
ellos la contraparte no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.

54. Ahora bien, la parte actora propuso dos cargos, los cuales denominó
«expedición irregular por falta de motivación» e «infracción de las normas en
que debía fundarse por vulneración al inciso último del artículo 24 de la Ley
909 de 2004, los cuales comparten como reproche la falta de estipulación del
término del encargo interinstitucional realizado a través del acto demandado,
de modo que se resolverán de manera conjunta.

55. El demandante consideró que dado que el artículo 2.2.5.5.45 del
Decreto 1083 de 2015 no contempló una temporalidad expresa de la duración
del encargo interinstitucional, debía aplicarse por analogía el contenido del
artículo 24 de la Ley 909 de 2004 y establecerse un plazo máximo de tres
meses prorrogables por otros tres.

56. Pues bien, sobre la naturaleza jurídica del encargo se precisa que este
es una modalidad de provisión temporal del empleo público; sin embargo, no
puede ser confundida con el encargo de funciones, evento en el cual dicha
situación administrativa no puede ser equiparada a un nombramiento.

57. Sobre el particular, esta sección ha considerado que:

«[…] La Sala Electoral ha sido enfática en señalar que el encargo es una
modalidad de provisión temporal de empleos públicos, de conformidad
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Demandante: Anstrongh Polanía Ducuara
Demandado: Raúl Alfonso Gutiérrez Romero,
superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada
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con lo preceptuado por la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta
Corporación. Esta particularidad permite, en principio, parangonar esta
figura jurídica al nombramiento, forma típica de acceso a la función
pública.

Sin embargo, menester resulta indicar que no en todas las ocasiones los
encargos deben ser comprendidos como una forma de proveer los
empleos públicos, pues, no en pocas ocasiones, se encargan las
funciones, pero no el cargo, eventos en los cuales dicha situación
administrativa no puede ser equiparada a un nombramiento […]»7

58. En relación con la normativa que rige dicha figura, se encuentra que la
Ley 909 de 2004 la reguló de forma general en su artículo 24, que establece:

ARTÍCULO 24. ENCARGO. Mientras se surte el proceso de selección
para proveer empleos de carrera administrativa, los empleados de carrera
tendrán derecho a ser encargados en estos si acreditan los requisitos para
su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no
han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última
evaluación del desempeño es sobresaliente.

En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluación
sobresaliente, el encargo deberá recaer en quienes tengan las más altas
calificaciones descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio, de
conformidad con el sistema de evaluación que estén aplicando las
entidades. Adicionalmente el empleado a cumplir el encargo deberá reunir
las condiciones y requisitos previstos en la ley.

El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre
desempeñando el cargo inmediatamente inferior de la planta de personal
de la entidad.

Los cargos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia
temporal o definitiva, podrán ser provistos a través del encargo de
empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que cumplan
los requisitos y el perfil para su desempeño.

En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres
(3) meses, prorrogable por tres (3) meses más, vencidos los cuales el
empleo deberá ser provisto en forma definitiva.

PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en este artículo se aplicará para los
encargos que sean otorgados con posterioridad a la vigencia de esta ley.

PARÁGRAFO 2o. Previo a proveer vacantes definitivas mediante encargo

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 9 de junio de 2022. Nulidad electoral. Radicación 47001-
23-33-000-2022-00034-01.
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o nombramiento provisional, el nominador o en quien este haya delegado,
informará la existencia de la vacante a la Comisión Nacional del Servido
Civil a través del medio que esta indique.

59. De la norma en cita se extrae que por regla general el encargo será
hasta por el término de tres meses, prorrogables por otros tres meses más,
vencidos los cuales se deberá proveer el empleo de forma definitiva. Lo
anterior, tratándose de la existencia de vacancia definitiva del cargo.

60. Sin embargo, la Ley 909 de 2004 no estableció de forma específica la
figura del encargo interinstitucional, que es sobre el cual versa la presente
controversia, por lo que en ese caso resulta necesario acudir al Decreto 648
de 2017, norma que modificó y adicionó el Decreto 1083 de 2015, la cual en
su artículo 2.2.5.5.45 lo reguló bajo los siguientes términos:

ARTÍCULO 2.2.5.5.45 Encargo interinstitucional. Hay encargo
interinstitucional cuando el Presidente de la República designa
temporalmente a un empleado en otra entidad de la Rama Ejecutiva, para
asumir, total o parcialmente, las funciones de otro empleo vacante del
cual él sea el nominador, por falta temporal o definitiva de su titular.

El encargo interinstitucional puede recaer en un empleado de carrera o
de libre nombramiento y remoción que cumpla con los requisitos para el
desempeño del cargo.

61. Nótese como el artículo transcrito definió al encargo interinstitucional
como aquél que realiza el presidente de la República de forma temporal en
un empleado en otra entidad de la Rama Ejecutiva cuando él sea el
nominador. No obstante, en el texto normativo el legislador no limitó a un
tiempo específico la duración de tal designación, como sí lo hizo en la Ley 909
de 2004.

62. No quiere decir ello que deba acudirse a esa normativa para suplir la
falta de especificación en el plazo del encargo cuando se trata de la
modalidad «interinstitucional», pues si la intención hubiera sido poner un límite
específico determinando el tiempo máximo de duración junto con su
respectiva prórroga, como en el caso del artículo 24 ibídem, así se hubiera
realizado como en el caso de los empleos de carrera y de libre nombramiento
y remoción.

63. Consecuentemente, dentro del mismo Decreto 648 de 2017 también se
trajo a colación la modalidad de designación del empleo en encargo, y en su
artículo 2.2.5.5.41 especificó:

ARTÍCULO 2.2.5.5.41 Encargo. Los empleados podrán ser encargados para
asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos

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para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del
titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo.

El encargo no interrumpe el tiempo de servicio para efectos de la antigüedad
en el empleo del cual es titular, ni afecta los derechos de carrera del
empleado.

64. Esa regulación fue de forma genérica, pero basta con mirar los artículos
siguientes al citado en los cuales se previeron las tres modalidades de
encargo (en empleos de carrera, en empleos de libre nombramiento y
remoción, interinstitucional).

65. En el caso de los encargos en empleos de carrera, el artículo 2.2.5.5.42
del decreto referenciado estipuló que se regirán por lo previsto por la Ley 909
de 2004, de manera que el legislador hizo una remisión expresa a esa norma
y demás que lo regulen8.

66. Por su parte, en los encargos de empleos de libre nombramiento y
remoción se determinó de forma clara que en el caso de vacancia temporal se
efectuará durante el término de esta, y cuando es definitiva será hasta por el
término de tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto
de forma definitiva; por consiguiente, en este tipo de modalidad de la figura
bajo análisis la norma sí contiene un límite temporal.

67. No ocurre lo mismo con el encargo interinstitucional, ya que el
legislador no consagró su plazo de duración como sí lo hizo con las demás
modalidades, a saber, de empleos de carrera y de libre nombramiento y
remoción, por lo que se observa que si hubiera sido su intención limitar la
duración de la figura estudiada, tal temporalidad hubiera quedado expresa en
la ley.

68. Ahora bien, en relación con los reproches formulados por la parte
demandante, se estima que no están llamados a prosperar toda vez que como
se argumentó en precedencia el artículo 2.2.5.5.45 del Decreto 648 de 2017
no consagró un tiempo determinado de duración del encargo interinstitucional
pues el legislador no estableció dicha exigencia, de modo que no resultaba
necesario acudir por analogía a la Ley 909 de 2004.

69. Cabe resaltar que el encargo objeto de controversia sí fue de manera
temporal y duró siete meses pues a través del Decreto 1224 de 3 de octubre
de 2024 se proveyó de forma definitiva la vacante de superintendente de
Vigilancia y Seguridad Privada:

8 ARTÍCULO 2.2.5.5.42 Encargo en empleos de carrera. El encargo en empleos de carrera
que se encuentren vacantes de manera temporal o definitiva se regirá por lo previsto en la Ley
909 de 2004 y en las normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten y por las normas
que regulan los sistemas específicos de carrera.
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70. Así las cosas, el acto acusado no incurrió en los cargos formulados
contra este pues la norma no le exigía establecer un tiempo específico de la
duración del encargo interinstitucional establecido, por lo que se denegarán
las pretensiones de la demanda.

71. Finalmente, en relación con la pretensión subsidiaria de la demanda
que consiste en que «[…] se ACLARE a la comunidad en general como se
debe interpretar y aplicar la temporalidad del encargo interinstitucional en
virtud de brindar una seguridad jurídica en relación la competencia temporal
que tienen las personas nombradas bajo el encargo interinstitucional de los
artículos 2.2.5.5.45 del Decreto 1083 del 26 de mayo 2015 y 2.2.5.5.45 del
Decreto 648 del 19 de abril 2017», la sala se remite a las consideraciones
efectuadas al resolver el caso concreto, que versó sobre la solicitud de nulidad
del acto acusado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
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III. FALLA

PRIMERO: Niéganse las pretensiones de la demanda, relacionadas con la
nulidad del Decreto 0259 de 4 de marzo de 2024, por medio del cual se
encargó al señor Raúl Alfonso Gutiérrez Romero del empleo de libre
nombramiento y remoción correspondiente a superintendente de Vigilancia y
Seguridad Privada, código 1-2, grado 25, de la Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada.

SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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