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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00064-00

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00064-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de las demandas acumuladas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente, una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2025-00064-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

11 de diciembre de 2025

Demandantes: José Guillermo Gómez Rodríguez y otra
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad. 11001-03-28-000-2025-00064-00 (principal)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-28-000-2025-00064-00 (principal)
11001-03-28-000-2025-00077-00 (acumulado)
Demandantes: JOSÉ GUILLERMO GÓMEZ RODRÍGUEZ Y ALBA LUCÍA
VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Temas: Modificación del reglamento interno. Causales de nulidad del artículo
137 del CPACA – violación de norma superior, desviación de poder
y falsa motivación. Trámite de recusaciones y expedición irregular.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro de la demanda presentada
contra la Resolución 00949 del 04 de marzo de 2025, proferida por la Sala Plena del
Consejo Nacional Electoral para modificar el reglamento de dicha corporación, contenido
en la Resolución 065 de 1996, en lo que respecta a los artículos 16 y 27.

1. ANTECEDENTES

1.1 La demandas

El señor José Guillermo Gómez Rodríguez (2025-00064-00), en nombre propio, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con
fundamento en las siguientes pretensiones:

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 00949 del 04 de marzo de 2025, proferida por
la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral para modificar el reglamento de dicha
Corporación, contenido en la Resolución No. 065 de 1996, en lo que respecta a los artículos
16 y 27; por contravenir los principios constitucionales y legales relacionados con la limitación
del ejercicio del poder, la legitimidad de los actos de los servidores públicos, las reglas del
procedimiento administrativo para su reforma, y las disposiciones aplicables a la tramitación y
resolución de recusaciones.

Lo propio hizo la señora Alba Lucía Velásquez Hernández1 (2025-00077-00) en los
siguientes términos:

Con fundamento en los argumentos que se expondrán en esta acción, respetuosamente
solicito a su señoría, declarar la nulidad de la Resolución no. 00949 de 2025 «por medio de la
cual se modifican los artículos 16 y 27 de la Resolución 065 de 1996».

1
Miembro del Consejo Nacional Electoral.

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Demandantes: José Guillermo Gómez Rodríguez y otra
Demandado: Consejo Nacional Electoral
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1.2. Hechos

Comoquiera que la situación fáctica en los dos expedientes acumulados coincide en gran
parte, aquella se sintetiza como sigue:

Precisaron que el 19 de febrero de 2025, el señor Alfonso Campo Martínez, integrante
del CNE, radicó ante la Secretaría Técnica de dicha entidad un proyecto de resolución
por medio de la cual se pretendían modificar los artículos 16 y 27 del reglamento interno2
por lo que ese punto fue incorporado en el orden del día para la sesión del 25 de ese mes
y año.

Destacaron que el 20 de febrero de 2025, la demandante Velásquez Hernández, quien
es miembro del CNE, radicó otro proyecto de resolución en ese mismo sentido y pidió
que se incorporara, de igual manera, en el orden del día para la sala en mención, por lo
que quedó incluido dentro del mismo.

Durante el desarrollo de la sesión de 25 de febrero de 2025, se dio lectura al orden del
día, previa consideración de los miembros del CNE, el cual incluyó el estudio de las
propuestas de modificación del reglamento, y al efectuarse la discusión de ese punto, se
propuso convocar a una mesa técnica para examinar en detalle los cuatro proyectos de
resolución y advirtió que algunos integrantes no conocían del contenido completo de
todos estos.

Señalaron que el señor Altus Alejandro Baquero Rueda, miembro del CNE, pidió la
rotación de uno de los asuntos, la cual fue denegada porque se trataba de un proyecto
de resolución, mas no de un expediente administrativo; decisión que fue ampliamente
cuestionada por varios de los funcionarios, al tiempo que expresaron preocupaciones
frente a la discusión y votación de los proyectos, en particular en lo relativo a la reelección
y prórroga de la presidencia.

Tras las controversias suscitadas, se propuso la suspensión del término «prórroga» de
los proyectos, los cuales luego fueron sustituidos por una fórmula que permitiera que, en
el caso de no alcanzar mayoría para la elección de presidente, continuara el miembro
que venía ejerciéndola.

Mencionaron que, ante esa situación, la demandante solicitó aclaraciones respecto del
texto concreto que se estaba sometiendo a discusión y luego retiró formalmente su
propuesta. De igual manera, formuló recusación contra Álvaro Prada, presidente del
CNE, al considerar que tenía un interés directo en el asunto debatido, pues la propuesta
podría beneficiarlo al permitirle continuar en esa dignidad una vez vencido su periodo, sin
necesidad de elección inmediata.

Anotaron que el 4 de marzo de 2025, el Consejo Nacional Electoral aprobó la Resolución
949 de 2025, mediante la que se modificaron los artículos 16 y 27 del reglamento de la
corporación, esto es, la Resolución 065 de 1996.

Indicaron que el referido cambio permite la permanencia indefinida en los cargos de la
actual mesa directiva del Consejo Nacional Electoral, sin una elección formal. Por lo tanto,

2
Artículos que disponen las sesiones dirigidas por la mesa directiva y la secretaría técnica y la elección de la mesa directiva,
respectivamente.

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se contraviene el artículo 126 de la Constitución Política, que prohíbe la reelección de los
altos cargos del Estado, como lo son los miembros de dicha corporación.

Afirmaron que aquellas disposiciones son una afrenta directa al principio de alternancia,
que es un límite al poder político, en defensa de la democracia, la participación y el
pluralismo, conceptos dispuestos en el artículo 1 de la Constitución. Según la parte
actora, la resolución demandada permite concentrar las directivas del CNE de manera
indefinida, al materializarse la «reelección de facto» de la mesa directiva.

Destacaron que el acto demandado constituye un abuso de la potestad de regulación
atribuida al Consejo Nacional Electoral por el artículo 265 de la Constitución Política, al
haber sido ejercida por fuera de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico; ello,
conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 29 y 95 superiores.

Indicaron que en el trámite que derivó en la aprobación de la reforma al reglamento,
Álvaro Hernán Prada Artunduaga y Cristian Ricardo Quiroz Romero, presidente y
vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, les asistía un interés directo, personal,
cierto y actual en la adopción de dicha decisión, comprometiendo su imparcialidad, pues
integran la mesa directiva que se vería beneficiada con la modificación del reglamento de
la referida corporación.

Relataron que, en el trámite de aprobación del acto demandado, los miembros Alba Lucía
Velásquez Hernández, Fabiola Márquez Grisales y Altus Alejandro Baquero Rueda
formularon recusaciones en contra del presidente y vicepresidente del CNE, de manera
independiente, con fundamento en la causal prevista en el numeral 1° del artículo 11 de
la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el numeral 1° del artículo 141 del Código
General del Proceso. Lo anterior, por considerar que en ellos concurría una circunstancia
que comprometía su objetividad.

Comentaron que los miembros del CNE recusados rechazaron de manera unilateral el
cuestionamiento a su imparcialidad, sin invocar alguna de las causales legalmente
previstas para ese efecto, conforme a los incisos 2° y 5° del artículo 142 del Código
General del Proceso. Por el contrario, se limitaron a afirmar de forma vaga y genérica que
no tenían interés directo en la actuación, es decir, no reconocieron como ciertos los
hechos expuestos y, aún más grave, impidieron que la recusación fuera tramitada y
decidida por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, conforme a lo establecen los
artículos 143 del Código General del Proceso y 5 del reglamento interno de la
corporación. Ante dicha circunstancia, la demandante Velásquez Hernández , denunció
una violación al debido proceso y una denegación de justicia.

Refirieron que contra la actuación demandada se presentó acción de tutela, la cual fue
declarada improcedente por la Corte Suprema de Justicia por no cumplir con el
presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que contra el acto acusado procedía el medio
de control de nulidad, con la respectiva solicitud de suspensión provisional.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte demandante considera que con el acto demandado se desconocieron los
artículos 1°, 4°, 6°, 29, 121, 122, 123, 126, 209 y 265 de la Constitución Política, el Acto
Legislativo 02 de 2015 y 3, 9, 11, 36, 37 y 137 del CPACA; asimismo, el reglamento
interno del CNE adoptado mediante la Resolución 065 de 1996. Propusieron como cargos

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la infracción de normas en que debía fundarse, expedición irregular, falsa motivación y
desviación de poder, con fundamento en los siguientes reparos:

a) Violación del principio de legalidad y extralimitación en el ejercicio de la
potestad de regulación

Argumentaron que la Resolución 949 de 2025 contraviene el principio de legalidad
previsto en el artículo 6 de la Constitución Política, en la medida en que el Consejo
Nacional Electoral excedió su potestad al modificar el artículo 27 del reglamento interno,
para permitir que la mesa directiva continúe en funciones, mientras no se elija una nueva.
Tal disposición no cuenta con sustento constitucional ni legal expreso y habilita una
permanencia indefinida en ella, lo cual constituye un uso arbitrario del poder público.

Manifestaron que se configuró una incompatibilidad entre las decisiones del Consejo
Nacional Electoral y el bloque de constitucionalidad, toda vez que la resolución
demandada, la cual permite la prórroga indefinida del ejercicio de la mesa directiva,
contraviene los principios de legalidad [la duración de los cargos debe estar prevista en
la ley], temporalidad [la permanencia indefinida en un cargo rompe con el diseño
democrático y rotativo del poder] y debido proceso administrativo [el acto acusado fue
adoptado sin deliberación plena, sin resolver recusaciones pendientes y sin participación
efectiva de todos los miembros del órgano colegiado].

Destacaron que esa extralimitación también constituye una vulneración al artículo 265 de
la Carta Política, que regula de manera taxativa las competencias del CNE, y en ningún
momento le faculta para alterar la duración del mandato de sus órganos de dirección. En
este sentido, es claro que la potestad reglamentaria debe ejercerse dentro de los límites
establecidos por el ordenamiento jurídico, y que cualquier acto que los exceda es
susceptible de anularse.

Señalaron que la resolución objeto de controversia fue expedida por una autoridad
incompetente, ya que el presidente del CNE se mantuvo en funciones pese a la
recusación en su contra, quien la rechazó de plano en un acto arbitrario, extralimitado y
carente de control, arrogándose competencias decisorias que le correspondían
exclusivamente a la Sala Plena.

Recordaron que el principio de legalidad en el ejercicio de la función administrativa es
fundamental para garantizar la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en la
administración pública. Tal reconocimiento, que tiene expresión concreta en los artículos
6°, 121, 122 y 123 de la Constitución Política, desarrollan la idea de que Colombia es un
Estado de derecho. Así lo ha precisado la Corte Constitucional, al señalar que «las
atribuciones y competencias de los órganos estatales en un Estado de Derecho no solo
deben ser Constitucionales o legales sino igualmente deben ser preexistentes y
explícitas»3.

Sustentaron que la modificación del reglamento interno del Consejo Nacional Electoral,
que permite la continuidad indefinida de la mesa directiva, socava la confianza en el
sistema electoral, al crear un escenario propicio para la perpetuación en el poder, en
contravía de los principios democráticos consagrados en la Constitución; además, se
desconoce que la alternancia en el ejercicio del poder es un pilar fundamental de la

3
Corte Constitucional, Sentencia C-319 del 03 de mayo de 2007. M.P.: Jaime Araújo Rentería.

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democracia, y cualquier disposición que permita su concentración en una sola persona o
grupo, es inconstitucional.

Resaltaron que la modificación que permite la reelección de facto de la mesa directiva del
CNE afecta su estructura interna y compromete la confianza pública, que ya está bastante
afectada; por ello, se justifica la intervención del juez administrativo para declarar la
nulidad del acto demandado.

b) Transgresión del principio de alternancia y desconocimiento de la
prohibición de reelección

Afirmaron que el acto acusado desconoce el principio democrático de alternancia en el
ejercicio del poder, consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia
y desarrollado por la jurisprudencia constitucional como una garantía esencial del
pluralismo político y la renovación institucional. Este axioma es fundamental para
asegurar que la autoridad no se concentre en manos de unos pocos, permitiendo la
participación igualitaria de las personas, y la sucesión de los líderes en los cargos de
dirección.

Insistieron en que la reforma al reglamento, que habilita mantener en el cargo a quienes
integran la mesa directiva del Consejo Nacional Electoral, constituye una forma de
reelección de facto, contraria al espíritu del Acto Legislativo 02 de 2015, el cual proscribe
esa figura como mecanismo para prevenir la concentración de poder. Aunque dicha
prohibición se refiere a cargos específicos, su finalidad y principios rectores son
aplicables al caso bajo análisis, ya que el acto impugnado favorece la perpetuación de
autoridades en el mando directivo de una entidad, sin la debida renovación democrática
ni la deliberación institucional efectiva.

Mencionaron que ello es así, toda vez que la modificación demandada permite la
continuidad indefinida de la mesa directiva, en el evento en que no existan mayorías para
elegir nuevos dignatarios; lo cual infringe el principio de alternancia y la confianza pública
en el sistema electoral.

c) Desconocimiento del debido proceso en el trámite y resolución de
recusaciones - expedición irregular y desviación de poder

Manifestaron que la Resolución 949 de 2025 nació viciada, por el indebido trámite de las
recusaciones formuladas en contra de los señores Álvaro Hernán Prada Artunduaga y
Cristian Ricardo Quiroz Romero, presidente y vicepresidente del Consejo Nacional
Electoral, respectivamente, para participar en la decisión de la reforma de los artículos
16 y 27 de la Resolución 065 de 1996.

Alegaron que las recusaciones formuladas contra dichos miembros del CNE fueron
resueltas por ellos mismos, en lugar de ser tramitadas y decididas por la Sala Plena,
como lo exigen expresamente los artículos 143 del Código General del Proceso y 5 del
reglamento interno de la entidad. Además, tales cuestionamientos fueron rechazadas de
plano, por quienes carecían de competencia para ello y sin que se invocara alguna de las
causales previstas en el artículo 142 del Código General del Proceso para el efecto
(aplicables por remisión del propio reglamento).

Resaltaron que durante el proceso de reforma no se permitió a los recusantes presentar
objeciones sustanciales sobre el contenido del proyecto, el cual no fue divulgado

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formalmente antes de la sesión, lo que impidió que se ejerciera una defensa informada y
efectiva. De igual manera, no se dio traslado para impugnar de fondo el articulado
propuesto, quebrantando así los principios de contradicción, defensa y deliberación
previa.

Comentaron que se brindó un trato desigual a los miembros que presentaron objeciones,
recursos y recusaciones porque al presidente se le permitió intervenir e impulsar y
aprobar directamente una reforma normativa que lo beneficiaba en tanto le permitía
prorrogar su mandato sin el control de las mayorías, lo que causó un conflicto de
intereses.

Mencionaron que es un principio básico, el que un servidor público no puede ser juez de
su propia causa, y tal precepto fue desconocido de manera grave en el presente caso.
En atención a este, el citado artículo 143 del Código General del Proceso establece que,
si un miembro no acepta como ciertos los hechos alegados por el recusante o considera
que no están comprendidos en ninguna de las causales de recusación, debe remitir el
expediente al superior, quien decidirá de plano.

d) Falsa motivación

Precisaron que, en atención a lo expuesto, la resolución demandada se surtió con
desconocimiento de las garantías constitucionales y legales, especialmente el debido
proceso, al tramitarse indebidamente unas recusaciones contra quienes debían adoptar
la modificación. Por tal razón, consideraron que el acto administrativo cuestionado
vulneró principios fundamentales del ordenamiento jurídico colombiano, que rigen las
actuaciones administrativas del Consejo Nacional Electoral y la Sala Plena de esta
entidad, al reflejar una apariencia de legalidad que no corresponde a la realidad.

e) Desconocimiento del reglamento del CNE

Insistieron que no se agotaron trámites conforme a la Resolución 065 de 1996
(reglamento interno), entre ellos, la conformación legal del orden del día, la resolución
previa de impedimentos y recusaciones, el debate público sobre el articulado, y la
motivación escrita, técnica y jurídica del acto, por lo cual este fue expedido de forma
irregular.

Sobre el particular, la demandante Velásquez Hernández argumentó las siguientes
razones:

• Violación del cuórum y votación reglamentaria (arts. 11 y 24). Si el CNE toma
decisiones sin el cuórum legal (mitad + uno) o sin el número mínimo de votos
exigido (dos terceras partes), esas decisiones carecen de validez jurídica; por
ejemplo, si se emite una resolución de carácter definitivo sin la asistencia o
votación válida del número reglamentario de consejeros, se violaría el reglamento
(arts. 11 y 24).

• Interferencia del presidente del CNE más allá de sus funciones (art. 28). El
presidente no puede unilateralmente tomar decisiones de fondo (por ejemplo,
sanciones, registros, designaciones), sin aprobación del pleno del Consejo, ni
autorizar acciones en nombre de la entidad sin que este lo apruebe formalmente.

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• Violación grave si se suplantan decisiones colectivas por decisiones personales:
determinaciones sin acuerdo del pleno (arts. 16, 24 y 28). El CNE actúa como
cuerpo colegiado, no como órgano individual. Toda resolución requiere del
procedimiento colectivo, si no se sigue, las decisiones del presidente serían nulas
y se vulneraría el principio de colegialidad.

1.4 Admisión de las demandas y decisión sobre las medidas cautelares

Mediante auto del 26 de mayo de 20254, el despacho5 admitió la demanda y ordenó las
notificaciones de ley en el expediente 2025-00064-00. Por su parte, mediante providencia
del 13 de junio de 20256 el magistrado sustanciador7 inadmitió la demanda en el
expediente 2025-0007-00, la cual, una vez subsanada, fue admitida en proveído del 21
de julio de 20258.

Asimismo, en la providencia del 19 de junio de 2025, la Sala Electoral negó la suspensión
provisional de los efectos del acto demandado9 (2025-00064). Lo propio sucedió con auto
del 14 de agosto de 202510 en el expediente 2025-00077-00.

1.5 Contestación de la demanda

1.5.1 Consejo Nacional Electoral

Mediante apoderado la autoridad intervino en los siguientes términos:

Recordó que en virtud del artículo 265 superior, numeral 13, el Consejo Nacional Electoral
tiene la competencia para darse su propio reglamento interno, por lo que la sala en pleno
tiene la capacidad para discutir y aprobar una modificación reglamentaria.

Explicó que la modificación que se realizó al artículo 27 de la Resolución 0065 de 1996,
tiene por objetivo garantizar el funcionamiento administrativo de la corporación en tanto
se adopta la nueva elección de su mesa directiva. Ello no presupone que se perpetúe en
el poder quien en su momento ostente la función de presidente y vicepresidente de la
entidad por cuanto no se suprimió la obligación de elegir al referido directivo cada año;
es decir, el procedimiento de la elección se mantiene y solo se garantiza que en el curso
de la adopción de la nueva designación no se entorpezca o retrase la actuación
administrativa que se debe adelantar por parte del Consejo Nacional Electoral, para dar
cumplimiento al objetivo primario de esta entidad.

Mencionó que, contrario a lo dicho por los demandantes, la modificación no incluye la
figura de reelección sino que prevé que mientras se elige nueva mesa directiva, seguirán
fungiendo quienes venían desempeñando tales funciones. Por ende, alcanzada la
votación necesaria para elegir directivos, cesarán sus funciones los designados para el
periodo anterior, asunto que no implica una reelección, tal como se concluye de la lectura
del artículo acusado.

4
Sistema de Gestión Judicial – SAMAI, índice 13.
5
Con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra
6
Sistema de Gestión Judicial – SAMAI, índice 06.
7
Con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez
8
Sistema de Gestión Judicial – SAMAI, índice 13.
9
Sistema de Gestión Judicial – SAMAI, índice 30.
10
Sistema de Gestión Judicial – SAMAI, índice 31.

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Enfatizó en que la continuidad de la mesa directiva, mientras se elige a una nueva, evita
traumatismos administrativos causados por hacer una designación transitoria mientras
se logra la elección definitiva.

Comentó que no es posible afirmar que el Consejo Nacional Electoral desconozca el
principio de alternancia y la prohibición de reelección inmediata, toda vez que el acto
demandado tan solo previó una situación administrativa mientras se elige la nueva mesa
directiva. Permitir que continúen los mismos dignatarios mientras se eligen sus
sucesores, evita dificultades tales como cambios de representación legal, modificación
en autorizaciones bancarias, alteración de firmas en formatos, nuevas designaciones en
los comités en los que participa el presidente, cambios de firmas en los actos
administrativos previamente radicados, entre otros.

Expuso que, respecto del trámite y recusación surtida ante la corporación, se tiene que,
luego de la discusión en la sesión del 25 de febrero 2025 y que la funcionaria Velásquez
retirara su ponencia sobre la modificación del reglamento, esta recusó al presidente y
vicepresidente de la corporación, con fundamento en el numeral 1° del artículo 140 del
Código General del Proceso. Según indicó, el señor Álvaro Hernán Prada tendría un
interés directo con la resolución del asunto, por el único hecho de ser el presidente de la
corporación para ese momento.

Advirtió que el magistrado Álvaro Hernán Prada, no presentó ponencia o ponencias
relacionadas con la reforma al reglamento interno de la corporación.

Relató el trámite otorgado a la modificación del reglamento interno del Consejo Nacional
Electoral, para destacar que la recusación formulada contra el entonces presidente de la
entidad, fue rechazada de plano por cuanto no fue sustentada en debida forma, pues se
fundó en una argumentación subjetiva sobre el supuesto interés del presidente y
vicepresidente de la entidad.

Expuso que, al no estar debidamente probada y justificada el cuestionamiento de
imparcialidad presentado, situación que fue debatida, estudiada y resuelta por la sala
plena del Consejo Nacional Electoral, no se puede predicar la violación al derecho de
audiencia y defensa dentro de un trámite de recusación pues para ello el escrito debía
cumplir con parámetros normativos. Sin embargo, tal y como consta en el material
probatorio aportado, en las sesiones se observaron los criterios previstos por la
jurisprudencia de la Sección Quinta, sobre los requisitos y presupuestos que debía
acreditar el escrito; de manera que, la demandante no probó que el procedimiento
abordado por la sala plena incumpliera con dichos criterios en el trámite en cuestión.

Afirmó que, luego de ello, la ponencia sometida a consideración de todos los miembros,
fue aprobada por 6 de los 9 integrantes de la corporación, decisión que se ajusta a las
reglas del principio democrático de las mayorías de conformidad con lo previsto en el
artículo 33° de la Resolución 065 de 1996.

Mencionó que la señora Alba Lucía Velásquez Hernández, miembro del CNE, instauró
acción de tutela contra la actuación surtida para la modificación del reglamento, la cual
fue declarada improcedente en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia. En
todo caso, señaló que el trámite de la recusación observó la regulación sobre el particular
y por ello se dispuso su rechazo, actuación que el juez constitucional no evidenció como
una vulneración de las garantías fundamentales invocadas.

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Señaló que el señor Alfonso Campo Martínez, miembro del CNE, radicó ante la Secretaría
Técnica de la sala plena de la corporación, ponencia contentiva de reforma de la
Resolución 65 de 1996, esto es, el Reglamento del Consejo Nacional Electoral. La
ponencia fue incluida en el orden del día que se discutiría en la sala plena del 25 de
febrero de 2025. En consecuencia, el proyecto de modificación fue socializado con todos
los despachos para su análisis y recibió el número interno de discusión 16988.

Relató que no obstante haber sido enviado el orden del día, el 20 de febrero de 2025, a
las 2:57 pm, la integrante del CNE, Alba Lucía Velásquez solicitó al presidente de la
corporación, incluir otra ponencia contentiva de reforma del reglamento. La solicitud, a
pesar de ser extemporánea, fue atendida favorablemente y, en consecuencia, se modificó
el orden del día, se incluyó y fue socializada con todos los equipos de trabajo.

Sostuvo que todos los miembros del Consejo Nacional Electoral fueron convocados para
el 25 de febrero de 2025, con el fin de discutir el orden del día propuesto.

Explicó que, para la celebración de la sala plena en cuestión, se observaron todas y cada
una de las fases estatutariamente previstas, tanto así que se socializó con la debida
antelación el proyecto y el mismo se discutió y votó en las dos sesiones ordinarias, esto
es, 25 de febrero y 4 de marzo de 2025. De manera que, además de la competencia que
reside en los miembros del CNE para darse su propio reglamento, se evidencia que no
existieron falencias en su trámite.

Precisó que la Sección Quinta ha sostenido que la nulidad por infracción material no se
reduce a un juicio de conveniencia o de política administrativa, sino que se trata de un
estudio de juridicidad estricta. Por lo tanto, la violación al principio de legalidad como
causal de nulidad debe probarse, con apoyo en normas de competencia claras y vigentes,
que la autoridad carecía de facultad para expedir el acto o que ejerció funciones en forma
irregular; asimismo, sostuvo que la jurisprudencia de la Sala Electoral ha enfatizado que
el análisis exige rigor probatorio y comparativo, para garantizar que la anulación de actos
administrativos se produzca únicamente frente a infracciones objetivas y verificables del
ordenamiento jurídico.

Destacó que, si bien la parte actora alega un cargo por falsa motivación, no lo sustenta
en las razones por las cuales se configura el referido vicio.

Argumentó que en virtud del artículo 265 de la Constitución Política, numeral 13, el
Consejo Nacional Electoral tiene la potestad para darse su propio reglamento interno; de
conformidad con ello, sus integrantes decidieron aprobar una modificación que está
ampliamente justificada en el acto demandado.

Comentó que la afirmación según la cual, la reforma al reglamento es una desviación de
poder, ya que fue utilizada para beneficiar a un funcionario en particular (el presidente
que fungía en su momento era Álvaro Hernán Prada Artunduaga), es un argumento que
no se encuadra en dicha causal de nulidad.

Manifestó que durante el término de traslado para contestar la demanda, en la sesión
ordinaria del 2 de septiembre de 2025 de la sala plena del Consejo Nacional Electoral, se
llevó a cabo la elección de presidente de la corporación; por lo tanto, fue designado el
señor Cristian Ricardo Quiroz Romero, con efectos jurídicos a partir del 28 de septiembre
de 2025, tal y como se dio a conocer en el comunicado de prensa oficial de la entidad
publicado en la web https://www.cne.gov.co/prensa/comunicados-oficiales.

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Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad. 11001-03-28-000-2025-00064-00 (principal)

Concluyó que se trata de un cargo sustentado a partir de elucubraciones sobre supuestos
fácticos futuros y de probabilidades a partir de interpretaciones subjetivas respecto de la
motivación del acto demandado. Con todo, como se precisó, pasado el tiempo no es
posible sostener la premisa sobre la que se fundan las demandas, pues lo cierto es que
la entidad ya eligió al magistrado que fungirá como presidente del CNE en reemplazo de
la vacancia absoluta por terminación del periodo del presidente Álvaro Hernán Prada
Artunduaga.

1.6. Auto que resuelve excepciones y acoge trámite de sentencia anticipada

Mediante auto del 20 de octubre de 202511 aplicó la figura de sentencia anticipada,
conforme a lo establecido en los literales a) y b) del numeral 1 del artículo 182A del
CPACA, norma adicionada por el precepto 42 de la Ley 2080 de 2021.

Consecuente con esta decisión, se fijó el litigio en los términos que más adelante se
expondrán, se incorporaron las pruebas documentales aportadas con las demandas y su
contestación y se corrió traslado para alegar a las partes y al Ministerio Público para que
rindiera concepto.

1.7. Alegatos de conclusión

En esta oportunidad no se pronunciaron las partes, de acuerdo con el informe de la
Secretaria de la Sección Quinta, visible en el índice 75 Samai.

1.8. Concepto del Ministerio Público12

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto, en el cual
solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, con fundamento en los
siguientes argumentos:

Destacó que las razones de las demandas se afianzan en señalar que la intención del
Consejo Nacional Electoral, con la Resolución 949 de 2025, fue la de permitir la
reelección de Álvaro Hernán Prada Artunduaga, como presidente de la corporación, así
como del vicepresidente, en contravención de la prohibición contenida en el artículo 2 del
Acto Legislativo 2 de 2015 que modificó el articulo 126 de la Constitución Política.

Contrastado el articulado de la resolución modificada, con la del acto administrativo
demandado, no se lee que dicha modificación implique un proceso de reelección de la
mesa directiva como lo alegan los demandantes. Sostuvo que, en primer lugar, porque a
nivel exegético y gramatical, no se incluye esta figura u opción en la redacción del
articulado en controversia; y, en segundo lugar, porque para que sea procedente hablar
de reelección, se requiere que precisamente, se someta a un nuevo proceso de elección,
circunstancia que no se deriva de la situación fáctica y jurídica bajo análisis, a partir de la
lectura de los artículos modificados.

Mencionó que la reforma efectuada por el Consejo Nacional Electoral no puede
entenderse como constitutiva de un trámite de reelección de la mesa directiva, sino como
una actuación previsora frente a un hecho cierto como lo es la finalización del periodo de
determinada mesa directiva, a lo que se adiciona que, tal y como lo contemplaba el

11
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 63.
12
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 74.

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artículo 27 del reglamento antes de su modificación, la forma de hacer la elección del
presidente y vicepresidente debía ser acordada por los miembros del consejo, como en
efecto ocurrió.

Expuso que, asimismo, con la modificación se busca evitar la interinidad de un órgano
que tiene funciones de rango constitucional y legal trascendentales de cara a los
inminentes procesos electorales; al igual que, el vencimiento del periodo de la mesa
directiva respectiva no implica en sí mismo que se cumpla la condición para que aquella
continué en funciones, pues esta solo se activa o posibilita mientras se elige una nueva.

Indicó que, de cualquier forma, la prohibición de reelección contenida en el artículo 126
de la Constitución Política, está dirigida a cargos en específico y no a dignidades
transitorias al interior de corporaciones públicas, como es el caso de la mesa directiva del
Consejo Nacional Electoral.

Resaltó que, en lo que concierne a las recusaciones, los demandantes aseguran que no
se les dio el debido trámite a aquellas presentadas contra el presidente de la corporación.
Sobre el punto, señaló que se encuentra probado en el expediente que la integrante Alba
Lucía Velásquez recusó al miembro del CNE, Álvaro Hernán Prada, en la sesión del 25
de febrero de 2025, con base en el numeral 1° del artículo 141 del Código General del
Proceso, por cuanto advirtió que tendría un interés directo por su calidad de presidente,
lo que no está probado frente a Cristian Quiroz Romero.

Apuntó que el presidente del CNE se pronunció en el sentido de rechazar el
cuestionamiento a su imparcialidad, por improcedente, en tanto que se invocó una causal
de recusación para actuaciones judiciales. Frente a esa decisión, la señora Alba Lucía
Velásquez presentó recurso de «súplica», el cual no fue tramitado, por considerarlo
improcedente, pues la determinación de rechazo no constituía una resolución adoptada
por ese dignatario.

Afirmó que, de otro lado, en lo que respecta al desconocimiento del reglamento interno
del CNE, sobre el cuórum, la votación y extralimitaciones del presidente de ese órgano,
tampoco se encuentran acreditados los vicios alegados. Frente al punto, explicó que de
la lectura de las notas finales del acto demandado, se observa que, aquel fue aprobado
en dos sesiones ordinarias, 25 de febrero y 4 de marzo de 2025, y que sólo se
encontraban ausentes tres de los nueve miembros que integran la corporación, con lo
cual se cumpliría con el cuórum para efectuar la reforma.

Concluyó que sobre la presunta extralimitación de las potestades del presidente, al
atribuirse facultades de la Sala Plena del CNE, en concordancia con lo expuesto en líneas
anteriores, el Ministerio Público no observa que este haya usurpado función alguna; por
el contrario, se evidencia que, a pesar de las ausencias y desacuerdos de algunos
magistrados, el proceso de adopción de la reforma reglamentaria fue ajustado al marco
legal, razón por la cual el mismo fue aprobado.

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2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para decidir en única instancia el proceso de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 149 13 del CPACA, y en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 de 2024.

2.2. Acto acusado

Corresponde a la Resolución 949 del 4 de marzo de 2025, proferida por el Consejo
Nacional Electoral, mediante la cual se modificó el reglamento de dicha corporación,
contenido en la Resolución 065 de 1996, en lo que respecta a los artículos 16 y 27.

2.3. Problema jurídico

De acuerdo con la fijación del litigio, la Sala deberá determinar si:

(…) como lo sostiene la parte actora, el Consejo Nacional Electoral, al expedir el acto
administrativo demandado, excedió su potestad regulatoria, incurrió en falsa motivación,
desviación de poder, infracción de normas, y desconoció el reglamento de la entidad, los
principios de legalidad y alternancia en el ejercicio del poder, así como la prohibición de
reelección.

Por lo tanto, deberán estudiarse los reparos de las demandas y establecerse si: i) la
modificación que se efectuó con el acto demandado al reglamento del CNE comporta una
«reelección de facto» de la mesa directiva, la cual está proscrita por la Constitución Política,
ii) se tramitaron en debida forma las recusaciones que fueron formuladas contra los señores
Álvaro Hernán Prada Artunduaga y Cristian Ricardo Quiroz Romero, presidente y
vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, a quienes presuntamente les asistía un interés
directo, personal, cierto y actual en la adopción de dicha decisión, pues integran la mesa
directiva que se vería beneficiada con la modificación del reglamento de la referida corporación
y iii) se desconoció el reglamento del CNE en el trámite de expedición del acto demandado
por violación del cuórum y votación reglamentaria, y extralimitación de las potestades del
presidente, al atribuirse facultades de la Sala Plena del CNE.

Previo a resolver el problema planteado, la Sala precisará: i) el marco jurídico sobre
infracción de normas superiores, expedición irregular, desviación de poder y falsa
motivación, ii) del ejercicio de regulación del Consejo Nacional Electoral y, finalmente,
abordará iii) el caso concreto.

2.4. Infracción de normas, expedición irregular, desviación de poder y falsa
motivación

La causal de infracción de normas superiores ha sido considerada por la jurisprudencia
del Consejo de Estado como un vicio de nulidad de los actos administrativos en el que se
hace una contrastación formal y objetiva de la actuación expedida en relación con normas
jerárquicamente superiores. En efecto, esta sección se ha pronunciado puntualmente en
los siguientes términos:

13
Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única Instancia. <Artículo modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de
2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado,
en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la
distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 1. De la nulidad de los
actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que
cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo que se trate de actos de certificación o registro, respecto de los cuales
la competencia está radicada en los tribunales administrativos.

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…para la configuración de esta causal de nulidad se debe demostrar, en primer lugar, que las
disposiciones que se estiman infringidas por el acto acusado, integran el bloque normativo
que le sirve de marco jurídico, es decir, que regulan la materia en la que se inscribe su objeto
y declaración de voluntad; y en segundo lugar, que en efecto al confrontar el acto con tales
normas surje (sic) su violación por contradicción o desconocimiento. En este sentido, la
Sección ha sintetizado los principales escenarios en que se produce la infracción de norma
superior, así:

(i) Falta de aplicación de la norma, situación que se presenta luego de que la autoridad que
profiere el acto ignora la existencia del presupuesto normativo, o conociéndolo, no lo aplica
en el asunto que la ocupa;

(ii) Aplicación indebida de la norma, la cual se presenta luego de que las reglas jurídicas
empleadas por la autoridad para fundar el acto, no se conforman a la situación fáctica del caso
a tratar, como consecuencia de una equivocación en la valoración y escogencia de la
disposición normativa;

(iii) Interpretación errónea de la norma, consistente en el entendimiento desatinado del
precepto o preceptos que sustentan el asunto por resolver14

De otro lado, sobre la expedición irregular la Sala Electoral ha precisado que se trata de
un vicio de nulidad que se materializa cuando se vulnera el procedimiento determinado
para la formación y expedición de un acto administrativo. Es decir, cuando la actuación
se adelanta con anomalías en el trámite lo que genera cuestionamientos en la forma en
la que se profirió.

Uno de los aspectos más importantes a la hora de verificar la referida irregularidad, es
determinar cuál es la norma a la que el procedimiento administrativo debió ceñirse. Por
lo tanto, es necesario tener plena claridad sobre el trámite que la ley y/o la Constitución
Política previeron para la formación de una determinada actuación, ya que solo en esa
medida se puede examinar si se presentó o no alguna irregularidad. En suma, la causal
de nulidad por expedición irregular se configura cuando se acredita la existencia de
alguna anomalía en el proceso de formación del acto, que desconoce el trámite previsto
legal o constitucionalmente15 y que compromete sustancialmente la actuación.

Por su parte, esta Corporación ha precisado que la desviación de poder tiene lugar
cuando un acto administrativo que fue expedido por un órgano o autoridad competente y
con las formalidades debidas, en realidad persigue fines distintos a los que le ha fijado el
ordenamiento jurídico y que se presumen respecto de dicho acto. Esta causal de nulidad
tiene lugar cuando se persigue un fin espurio, innoble o dañino como cuando se procura
un fin altruista o benéfico para el Estado o la sociedad, pero que en todo caso es distinto
del autorizado o señalado por la norma pertinente. Para su valoración es necesario tener
en cuenta tanto los fines generales e implícitos en toda actuación administrativa
(satisfacción del interés general, búsqueda del bien común, mejoramiento del servicio
público, etc.), como el específico para cada tipo de acto administrativo, el cual se haya
en la regulación de la atribución o competencia que con él se ejerce 16.

Finalmente, la falsa motivación, como causal de anulación de los actos administrativos,
ha sido entendida como aquella razón que da la administración de manera engañosa,
fingida, simulada, falta de ley, de realidad o veracidad. De igual forma se ha dicho que la
falsa motivación se configura cuando las circunstancias de hecho y de derecho que se

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 9 de septiembre de 2021. Rad: 23001-
23-33-000-2020-00004-02. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Providencia del 3 de agosto de 2015. Rad: 11001-03-
28-000-2014-00128-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de junio de 2012, Rad: 66001-23-31-
000-1998-00645-01, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E).

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aducen para la emisión del acto administrativo correspondiente, traducidas en la parte
motiva del mismo, no tienen correspondencia con la decisión que se adopta o disfrazan
los motivos reales para su expedición17.

2.5. Del ejercicio de regulación del Consejo Nacional Electoral

La facultad de reglamentar asuntos legamente previstos es una atribución que confiere
directamente el legislador al ejecutivo, por su especialidad. Estos reglamentos
desarrollan ciertos aspectos legales que por lo general requieren de concreción para su
aplicación; sin embargo, aquellos están subordinados a la ley que autorizó su regulación.

De manera que dicha potestad es una herramienta de la administración para aterrizar y
concretar puntalmente la aplicación de los mandatos legales, a través de actos
administrativos de carácter general, que son complementarios a la actividad legislativa.

Ahora bien, esta Sala18 ha precisado que en el ordenamiento jurídico colombiano existen
ámbitos específicos de regulación asignados a órganos de creación constitucional, al
margen de la potestad reglamentaria que recae en cabeza del presidente de la República.

Esa facultad, en el caso del Consejo Nacional Electoral, encuentra su fundamento en el
artículo 265 de la Constitución Política, que establece que a dicho órgano le compete
regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de los partidos,
movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, garantizando el
cumplimiento de los principios y deberes que los gobiernan. Además de darse su propio
reglamento.

La potestad para regular es la atribución que la Constitución Política confiere, entre otros,
a los órganos autónomos para que, al igual que el presidente, expidan actos de carácter
general, impersonal y abstracto que generen efectos jurídicos, con sujeción a la ley y la
Constitución19. En efecto, así lo ha detallado la Sección Quinta:

Esa potestad es una atribución que, como la reglamentaria, es otorgada por la Constitución o
la ley, no ya al Presidente de la República tal y como se establece en el numeral 11 del artículo
189, sino a otros órganos; cuyo sustento normativo se evidencia, entre otros, en los artículos
265, 268, 354 y 371 constitucionales, así como en el artículo 5 de la Ley 99 de 1993, artículo
86 de la Ley 222 de 1995, artículos 14 y 26 de la Ley 130 de 1994 y el artículo 79 de la Ley
142 de 1994. Se determina que esta potestad reguladora, en cualquiera de sus acepciones
legales o constitucionales, no puede de ninguna manera equipararse a la potestad legislativa,
pues de esa manera se estaría generando un vaciamiento de las funciones propias de la Rama
Legislativa.

Esa facultad en lo que concierne al CNE se circunscribe a “desarrollar aspectos
administrativos, subordinados y de mero detalle sobre la organización electoral.” En otras
palabras, la función de regular al igual que la reglamentaria, no es una función que dé
atribuciones de creación normativa de manera paralela o sustituta de la ley. La diferencia entre
estas dos potestades se limita exclusivamente al sujeto que la ejerce en orden a las
disposiciones constitucionales y en razón de las específicas funciones a ellos conferidas.

Así, la potestad reglamentaria en principio es exclusiva del Presidente de la República y la
regulatoria es ejercida por distintos órganos, todo ello en el marco del sistema difuso de
producción normativa que rige en nuestro país.

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de octubre de 2012,
Rad: 68001-23-31-000-2008-00066-01. M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 29 de junio de 2025, Rad: 11001-03-28-
000-2024-00228-00.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 18 de octubre de 2012, Rad: 11001-03-
28-000-2010-00014-00, MP. Alberto Yepes Barreiro.

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Como se lee, el ejercicio de la potestad reglamentaria es exclusiva del presidente de la
República, mientras que la regulatoria corresponde a distintos órganos del Estado, como
sucede en este caso con el Consejo Nacional Electoral.

Asimismo, la Corte Constitucional20 ha manifestado sobre la potestad regulación en
cabeza del CNE, lo siguiente:

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha interpretado el artículo 265 como
fuente de potestades de regulación en cabeza del Consejo Nacional Electoral, advirtiendo que
dicha potestad se limita a la expedición de normas de naturaleza operativa y administrativa,
destinadas a regular los temas propios de su competencia. Así, por ejemplo, la Corte
Constitucional consideró que el Consejo Nacional Electoral ejerce esta potestad al
"reglamentar en cada caso todo lo demás relacionado con las consultas internas de los
partidos", tal como se lo confiere el artículo 10 de la Ley 130 de 1994. La Corte advirtió, sin
embargo, que dicha potestad de reglamentación se limitaba a asuntos técnicos y de detalle21.

2.6. Caso concreto

Como viene de explicarse en los antecedentes de esta providencia, la parte actora solicita
que se anule la Resolución 949 del 4 de marzo de 2025, proferida por el Consejo Nacional
Electoral, mediante la cual se modificó el reglamento de dicha corporación, contenido en
la Resolución 065 de 1996, en lo que respecta a los artículos 16 y 27.

De acuerdo con los cargos formulados por los demandantes y la fijación del litigio, son
tres circunstancias las que se reprochan, las cuales será abordadas como sigue:

i) La modificación que se efectuó con el acto demandado, al reglamento del CNE,
comporta una «reelección de facto» de la mesa directiva, la cual está proscrita por
la Constitución Política.

Los demandantes argumentaron que la Resolución 949 de 2025 contraviene el principio
de legalidad previsto en el artículo 6 de la Constitución Política, en la medida en que el
Consejo Nacional Electoral excedió su potestad de regulación al modificar el artículo 27
del reglamento interno, para permitir que la mesa directiva continúe en funciones,
mientras no se elija una nueva. Tal disposición no cuenta con sustento constitucional ni
legal expreso y habilita una permanencia indefinida en el cargo, lo cual constituye un uso
arbitrario del poder público.

Asimismo, aseguran que se configuró una incompatibilidad entre las decisiones del
Consejo Nacional Electoral y el bloque de constitucionalidad, toda vez que la resolución
demandada, permite la prórroga indefinida del ejercicio de la presidencia y la
vicepresidencia, lo que contraviene los principios de legalidad [la duración de los cargos
debe estar prevista en la ley], temporalidad [la permanencia indefinida en un cargo rompe
con el diseño democrático y rotativo del poder] y debido proceso administrativo [el acto
acusado fue adoptado sin deliberación plena, sin resolver recusaciones pendientes y sin
participación efectiva de todos los miembros del órgano colegiado].

De otro lado, destacaron que esa extralimitación también constituye una vulneración al
artículo 265 de la Carta Política, que regula de manera taxativa las competencias del
CNE, y en ningún momento le faculta para alterar la duración del mandato de sus órganos
de dirección.

20
Corte Constitucional, sentencia C-1081 del 24 de octubre de 2005, expediente PE-023, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
21
«Sentencia C-089 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz».

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Sobre el particular, conviene citar textualmente el acto demandado, para el análisis que
le corresponde a la sala:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo 16 de la Resolución No. 065 de 1996, el cual
quedará así:

“(…) Artículo 16°.- Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría Técnica de las sesiones.
Las sesiones serán dirigidas por el Presidente del Consejo y en su defecto, por el
Vicepresidente o por quien la Mesa Directiva delegue las funciones. La secretaría técnica de
Sala será ejercida por el funcionario nombrado para el efecto y en su ausencia, por quien la
mesa directiva designe, el cual corresponderá a un cargo del nivel Asesor o Directivo de la
Entidad. (…)”.

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR el artículo 27 de la Resolución No. 065 de 1996, el cual
quedará así:

Artículo 27°.- Presidente y Vicepresidente. El Consejo Nacional Electoral elegirá un
presidente y un vicepresidente por un período de un (1) año. Una vez culminado el respectivo
periodo anual y mientras se elige una nueva Mesa Directiva, seguirá fungiendo como tal
aquella que venía ejerciendo dichas funciones. Cuando inicie el periodo constitucional de los
Magistrados, la primera elección de mesa directiva del Consejo Nacional Electoral estará
presidida por el magistrado a quien corresponda según el orden alfabético de apellidos. (…)”.

Por su parte, previa la modificación efectuada, dichas disposiciones establecían lo
siguiente:

Artículo 16°. - Presidencia y Secretaría de las sesiones. Las sesiones serán presididas por
el Presidente del Consejo y en su defecto, por el Vicepresidente y, a falta de éste por un
miembro del Consejo a quien corresponda según el orden alfabético de apellidos. Cuando el
Presidente tome parte en las discusiones, asumirá la presidencia el Vicepresidente. En las
sesiones del Consejo actuará como secretario el Registrador Nacional del Estado Civil, con la
colaboración del Secretario General de la Registraduría o de quien haga sus veces.

Artículo 27°. - Presidente y Vicepresidente. El Consejo Nacional Electoral elegirá un
presidente y un vicepresidente para periodos de un (1) año. Sin perjuicio de lo dispuesto en
los artículos 11 y 23 de este reglamento, la forma de hacer la elección será acordada por los
miembros del Consejo.

Al respecto, sea lo primero aclarar que el Consejo Nacional Electoral, en virtud del
numeral 13 del artículo 265 de la Constitución Política, tiene la atribución de darse su
propio reglamento. De modo que la modificación efectuada por la autoridad demandada
tiene respaldo constitucional y, por ende, tenía la potestad para hacerlo, sin que además
se evidencie que se haya excedido esa facultad, como pasa explicarse.

El reproche puntual de la parte actora se concentra en la posibilidad de que, una vez
culminado el respectivo periodo anual de la mesa directiva del CNE, continúen el
presidente y vicepresidente que venían fungiendo como tal, mientras se eligen nuevos
dignatarios. Para los demandantes, ello supone una «reelección de facto», en la medida
en que permite que los directivos permanezcan en esa función, hasta tanto tenga lugar
la nueva elección.

Asimismo, frente a las potestades del presidente y vicepresidente de dirigir las reuniones
y adoptar las determinaciones respectivas.

De modo que, el análisis se concentrará en la modificación efectuada al artículo 27 del
reglamento interno del Consejo Nacional Electoral, en lo que concierne al reparo de los

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accionantes relativo a la presunta reelección; y sobre el artículo 16, que establece la
manera en que se adelantan las sesiones, por el presidente, vicepresidente y la
secretaría, en punto al trámite de la reforma del reglamento y las recusaciones
formuladas.

Como se advirtió en la medida cautelar, la Sala no advierte que la disposición
reglamentaria contenga un mandato para una reelección de la mesa directiva del Consejo
Nacional Electoral; por un lado, para que pueda hablarse de la reelección, es necesario
que exista una votación o designación que legitime la permanencia en la mesa directiva
de quien ya lo ha ocupado, lo cual no se desprende del artículo acusado. Por otro lado,
la modificación busca regular un vacío procedimental para que el CNE pueda sesionar
en los eventos en que no se ha elegido los nuevos dignatarios, esto es, presidente y
vicepresidente.

En ese orden de ideas, no es posible evidenciar la infracción normativa que alegan los
demandantes, pues, se insiste, de una lectura del reglamento que fue modificado, no
puede afirmarse que se permita la reelección de la mesa directiva. Pueden existir
circunstancias en que la autoridad electoral demore en escoger sus directivos, pero ello
no implica que puedan permanecer indefinidamente en tales dignidades.

En efecto, la Sala observa que se trata de una medida transitoria que busca evitar
interinidad y parálisis institucional; sin que ello, se insiste, comporte una indefinición en
el tiempo sobre la permanencia de la mesa directiva anterior, circunstancia que el juez
no podría determinar con certeza pero que, de cualquier forma, no se desprende de la
lectura de la modificación realizada.
Lo anterior, si se tiene encuenta además, que la continuidad de los dignatarios del periodo
anterior, cesa cuando se logra la nueva elección. Luego, no podría afirmarse como lo
sostienen los demandantes que se favorecen los intereses de quienes, como presidente
y vicepresidente, participaron en la aprobación de la reforma al reglamento y, con ello, se
desconozca el «principio de alternancia» en tales dignidades.
Incluso, de los elementos probatorios aportados al expediente, es posible evidenciar que
en el trámite de esta demanda, ya fue elegido nuevo presidente y vicepresidente del
Consejo Nacional Electoral, en la sesión ordinaria del 2 de septiembre de 2025.

Según se observa, fue elegido en dicha dignidad el señor Cristian Ricardo Quiroz
Romero, con efectos jurídicos a partir del 28 de septiembre de 2025, tal y como se dio a
conocer en el comunicado de prensa oficial de la entidad publicado en la web
https://www.cne.gov.co/prensa/comunicados-oficiales22 como se observa en la siguiente
imagen:

22
Enlace e imagen aportados en la contestación de la demanda por parte del Consejo Nacional Electoral.

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Demandantes: José Guillermo Gómez Rodríguez y otra
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad. 11001-03-28-000-2025-00064-00 (principal)

Por tal razón, la sala considera que no se probaron los cargos formulados por i) violación
del principio de legalidad y extralimitación en el ejercicio de la potestad reglamentaria, ii)
transgresión del principio de alternancia y desconocimiento de la prohibición de
reelección y iii) falsa motivación.

Se aclara que, en lo que concierne a la supuesta falta de competencia del presidente
Álvaro Hernán Prada, en la expedición del acto demandado, ello concierne a su
participación en la discusión pese haber sido recusado; cargo que se analizará
conjuntamente con el de expedición irregular, por indebido trámite de las recusaciones,
como sigue.

ii) No se tramitaron en debida forma las recusaciones que fueron formuladas
contra los señores Álvaro Hernán Prada Artunduaga y Cristian Ricardo Quiroz
Romero, presidente y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, a quienes
presuntamente les asistía un interés directo en la modificación al reglamento

Según los demandantes, las recusaciones formuladas contra dichos miembros del CNE
fueron resueltas por ellos mismos, en lugar de ser tramitadas y decididas por la Sala
Plena, como lo exigen expresamente los artículos 143 del Código General del Proceso y
5 del reglamento interno de la entidad. Además, fueron rechazadas de plano por quienes
carecían de competencia para ello y sin que se invocara alguna de las causales previstas
en el artículo 142 del Código General del Proceso para el efecto (que en su criterio
resultan aplicables por remisión del propio reglamento).

Resaltaron que durante el proceso de reforma no se permitió a los recusantes presentar
objeciones sustanciales sobre el contenido del proyecto, el cual no fue divulgado
formalmente antes de la sesión, lo que impidió que se ejerciera una defensa informada y
efectiva. De igual manera, no se dio traslado para impugnar de fondo el articulado
propuesto, quebrantando así los principios de contradicción, defensa y deliberación
previa.

Comentaron que se brindó un trato desigual a los miembros que presentaron objeciones,
recursos y recusaciones porque al presidente se le permitió intervenir e impulsar y
aprobar directamente una reforma normativa que lo beneficiaba en tanto le autorizaba

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Rad. 11001-03-28-000-2025-00064-00 (principal)

prorrogar su mandato sin el control de las mayorías, lo que causó un conflicto de
intereses.

Sobre el particular, la Sala pone de presente que, de acuerdo con el Acta del 25 de febrero
de 2025, aportada al expediente23, la magistrada Alba Lucía Velásquez recusó al
integrante del CNE, Álvaro Hernán Prada con base en el numeral 1° del artículo 141 del
Código General del Proceso y el artículo 11 del CPACA, por cuanto advirtió que este
tendría un interés directo por su calidad de presidente del Consejo Nacional Electoral.
Ahora bien, podría derivarse el mismo cuestionamiento contra el señor Cristian Quiroz
Romero en su calidad de vicepresidente, del Acta del 4 de marzo de 2025, por parte de
los señores Altus Alejandro Baquero y Fabiola Marquez, quienes hicieron mención a él
por el interés que le podría asistir en el trámite de la reforma propuesta.

La señora Velásquez formuló su cuestionamiento en los siguientes términos (pág. 11 del
Acta 009 del 25 de febrero de 2025):

Magistrada Alba Velasquez, hace su intervencion asi: cuando pedi (sic) la palabra antes de
hacerle la pregunta o le hiciera la propuesta al magistrado Campo; yo pedi (sic) la palabra para
dos cosas: la primera para decir que retiro formalmente mi propuesta de reglamento, porque
para mi esto reviste una, pero una vital importancia y llegaron dos nuevos reglamentos,
proyectos de reglamento que me parece muy importante analizarlos, pero segundo y como no
se ha votado la propuesta del doctor Prada y aprobada o acepta verbalmente ahora por el
doctor Campo; quiero decir que aun asi persiste en la modificacion (sic) presentada por
Campo, asuntos que tienen que ver con el Presidente.

De esta manera, presento formalmente ante la sala mi recusacion (sic) contra el presidente
Álvaro Prada, por una razon (sic) esta en curso (sic) en el numeral 1 del articulo 141 del
Codigo General del proceso, que establece: Que puede tener un interes (sic) en un interese
(sic) directo o indirecto en el proceso. Estamos regulando en el acto administrativo cosas que
estan (sic) directamente relacionados con actos en las que tiene intereses el doctor Prada.
Esta argumentacion (sic) la hare (sic) como cuando presente la recusacion (sic) contra el
doctor Quiroz, la sustentare (sic) y la presentare (sic) entre hoy y manana (sic), pero por ahora
he presentado mi recusacion formal contra el presidente.

Por su parte, el señor Álvaro Prada, presidente del CNE recusado, rechazó de plano el
cuestionamiento en los siguientes términos24:

Presidente Alvaro Prada, considera que es totalmente improcedente la recusacion, por tal
motivo la rechaza de plano, aquí no opera la recusacion que se da porque puede advertir algun
tipo de interes cuando hay un juez puede tener precisamente estar comprometida su actuacidn
en este caso. Lo que se esta haciendo es en uso de las facultades, debatiendo una
modificacion al Reglamento interno que es propio de su actividad, asi que rechaza de piano la
recusacion e invita para proceder a la votacion del texto.

Acto seguido, varios miembros del Consejo Nacional Electoral intervinieron en los
siguientes términos25:

Magistrado Cesar Lorduy, precisa que esa es la parte mecanica que quedarla pendiente
conciliar La propuesta del doctor Campo es el articulo 27, sino estoy mal de la Resolución 65.
Entonces Io que él está proponiendo es la modificación del artículo 27 y el Io que está diciendo
es que se acoge al artículo tercero de la propuesta presentada por la magistrada Alba, excepto
la palabra continuará.

(…)

23
Índice 72 del sistema de gestión judicial SAMAI
24
Se transcribe textualmente incluso con errores
25
Se transcribe textualmente incluso con errores.

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Es decir, las propuestas que han surgido, no han surgido como consecuencia, salvo Io que
dice la doctora Alba, de favorecer o no favorecer a alguien; es el mismo mandato, Io da los
estatutos, le está diciendo a la sala plena, pónganse de acuerdo, porque ustedes en el
reglamento no tienen una forma para hacer la elección. Por ejemplo, si la propuesta que se va
a debatir aquí es la de la doctora Alba, yo diría que entonces la doctora Alba no podria recusar,
porque es parte y la ley, que quien hace parte de la actuación no puede recusar.

(…)

Magistrado Altus Baquero, aduce que sigue en trámite la recusación, tendría que esperarse
si ya se va a hacer alusión al reglamento de que en la misma sala se resuelva, falta que los
argumentos que va a presentar el presidente frente a la recusación y conforme a eso votarla.

(…)

Magistrada Maritza Martinez, insiste en Io mismo que mencionó cuando se habló de la
rotación del expediente y es que debemos atender a la naturaleza de los asuntos, esta no es
una actuación administrativa, sino una competencia reglamentaria, su naturaleza es
totalmente diferente a una actuación que se adelanta mediante un expediente que se va
tramitando y alimentando con una serie de diligencias entonces por la naturaleza
reglamentaria que tiene el asunto obviamente, cualquier tema que abordemos va a impactar o
afectar a los magistrados, pero a todos nos afecta o no, en realidad esta (sic) convencida que
este tipo de asuntos, ni rotación ni recusacion, por no tener el carácter de las actuaciones
administrativas que ordinariamente tramitamos por eso propone el rechazo in limine de Io que
plantedo por la magistrada Alba.

Magistrado Benjamin Ortiz, a propósito de Io que decía la doctora Maritza, en el
complemento y leyendo el artículo quinto de la Resolución 3338 de 2014. Impedimentos y
recusaciones: los miembros del Consejo Nacional están sometidos al régimen de
impedimentos y recusaciones que rige para los magistrados de la Corte Suprema y su
cumplimiento se tramitará de acuerdo con el Código General del Proceso, para darle la razón
a la magistrada Maritza.

(…)

Magistrado Alfonso Campo, manifiesta que quiere ser reiterativo y claro que la palabra
prórroga, como Io manifestó en su anterior intervención está retirada del texto que ha
presentado en la solicitud de modificación del Reglamento.

Magistrada Alba Velasquez, “solicita que el Presidente Prada resuelva la siguiente duda lo
recuso y usted resuelve rechazando de plano la recusacion?"

Magistrado Altus Baquero, anuncia una moción de orden, porque acá se leyó una cosa que
trajo el doctor Lorduy y la resuelve la sala, eso no lo puede resolver el presidente.

Magistrada Maritza Martinez, manifiesta que podría hacerlo la sala, ya lo hizo, el presidente
y tambien puede someterlo a la sala.

Magistrada Alba Velasquez, “esi se somete a votacion de la sala, estaria usted presente en
la votacion y vota?”

Presidente Alvaro Prada, esta manifestando es que llegó una recusación totalmente
improcedente, la rechaza de plano, la sala tiene la posibilldad de revisar la decisión, pero la
posicion del despacho es rechazarla de plano y que continue la discusión.

Magistrada Maritza Martinez, expresa que hay un criterio, que ha expresado dos veces a la
sala, Io que esta diciendo es que coincide con nuestro criterio y va a rechazar in limine por no
considerarla una actuacion que permita recusaciones o está resolviendo el tema de la

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recusación como si fuera el despacho, porque en el caso personal considera que debe
rechazarse de manera in limine que sea una decisión que adopte la sala pero obviamente
usted también participa, porque si no es una recusación, pues no habría razón para eso.

Presidente Alvaro Prada, argumenta que no le da trámite porque es improcedente e invita
para que continue la discusion y la votación.

Magistrado Altus Baquero, solicita que se someta a la sala la recusacion del presidente.

Magistrada Fabiola Marquez, solicita grabación de esta sesión por favor. Solamente por una
conveniencia y un afán de un interés particular.

Magistrada Alba Lucia Velasquez, “Bueno entonces ya rechazada de plano la recusacion
por parte del presidente entonces, que continua?"

(…)

Presidente Alvaro Prada, Cuando se declare improcedente es que no deberia haber ninguna
otra discusion, la sala tiene la posibilidad, por supuesto, si toma una decision distinta de
hacerlo, aquí no precede y no hay posibilidad de darle tramite, por eso se rechaza de plano.

Magistrada Maritza Martinez, solicita al presidente que se someta a votacion.

Magistrada Alba Velasquez, en esta cascada de vicios procesales, como es que primero el
Presidente rechaza de plano, luego dicen llevemoslo a la sala, luego cuando recibe otro
consejo, dice no definitivamente rechazado de plano y ahora lo vamos a llevar a la sala, que
es lo que vamos a llevar a la sala?, ¿Que es lo que aprueba el Presidente? Y ¿Que es lo que
aprueba la sala? No es claro y tiene que ser claro en el asunto porque no estamos decidiendo
cualquier cosa.

Magistrada Maritza Martinez, eso es para recusaciones y esto no es una recusación. Solicita
que se explique cómo se configura la recusacion.

Magistrada Alba Velasquez, “se configura en la causal que está en el numeral uno del articulo
141 del Código General del proceso, porque el tiene interés directo"

Magistrado Altus Baquero, porque va a ser reelegido

Magistrada Maritza Martinez, manifiesta que se llama a esto recusacion, el magistrado
Baquero dice que porque se ajusta a una causal que contempla el Código General del Proceso
como recusación, que es tener interés porque el Presidente va a votar un proyecto, una
propuesta de otro magistrado que habla de la prórroga del periodo pero resulta que el
magistrado había reiterado que elimina esa parte de su propuesta. No es un tipo de actuación
que por su naturaleza, en estos trámites no procede la recusación, pero adicionalmente,
menos cuando la causal que invocan no está en el proyecto, ya Io retiraron hace rato, solo
deja esta precisión.

Como se lee, el presidente de la corporación que fue recusado, rechazó de plano el
cuestionamiento a su imparcialidad por varias razones; por un lado, consideró que la
actuación que estaba por debatirse en la sala plena, esto es, la modificación al
reglamento interno del CNE, no era de aquellas que permite recusarlo, pues no se trataba
propiamente de una actuación administrativa que debiera resolver la sala. De otro lado,
otros miembros consideraron que la causal invocada no había sido motivada y que, en
todo caso, habían sido invocados indistintamente el artículo 11 del CPACA y el 141,
numeral 1 del CGP. De cualquier forma, como la recusación fue en contra del presidente,
quien la consideró improcedente, procedió a rechazarla de plano, decisión con la cual
estuvieron de acuerdo todos los miembros de la sala con excepción de los recusantes.

Nótese que los extractos del acta es posible advertir que varios miembros del CNE
pusieron de presente que no era clara la motivación de la causal de recusación; a lo cual,
tanto Alba Velásquez como Altus Baquero respondieron que se sustentaba en un «interés

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directo» y porque constituía una «reelección». Frente a ese punto, Alfonso Campo
manifestó que era necesario reiterar que la palabra «prórroga» que se incluía en el
proyecto de reforma para efectos de que continuara la misma mesa directiva, había sido
retirada. Ese punto, según se discutió, era el que generaba inquietud en los miembros
del CNE que formularon la recusación; con todo, fueron insistentes que la modificación
al reglamento que se sometía a aprobación de todos los integrantes de la corporación,
no contenía esa expresión luego, no entendían por qué insistían en la recusación bajo un
argumento de interés del presidente y vicepresidente por una supuesta «reelección».

Sobre el particular, se evidencia que, bajo esas consideraciones y la insistencia de los
demás miembros del CNE para que los recusantes explicaran y motivaran de mejor
manera su cuestionamiento de imparcialidad, insistieron en la presunta reelección, sin
explicar los motivos por los cuales, bajo la reforma propuesta con los cambios anotados
por el ponente, persistía la controversia sobre la objetividad de la entonces mesa
directiva.

Posteriormente, la señora Alba Lucía Velásquez interpuso un «recurso de súplica» contra
la decisión de rechazo de la recusación, en los siguientes términos:

Magistrada Alba Velasquez, manifiesta Io siguiente: “Si, Senor Presidente, usted ya tomo
una decision, perdon, que me tome la palabra abruptamente. Usted toma una decision y yo
como recusante tengo el derecho a hacer Io que voy a hacer en seguida, interpongo recurso
de suplica en contra de la decision de rechazar de piano la recusacidn presentada por esta
magistrada, Io sustento de la siguiente manera: (…) (sic a toda la cita).

Frente al referido recurso, el entonces presidente del CNE se pronunció como sigue:

Presidente Alvaro Prada, magistrada Alba Lucia Velásquez la decision del rechazo de plano
es porque no procede, no hay ninguna posibilidad de que proceda esa recusacion y el recurso
de suplica no es contra una resolucion que haya proferido como Presidente, he actuado y
tomado decisiones como magistrado que hace parte de esta sala donde tenemos facultades
de analizar cualquier propuesta por algun colega sobre alguna modificacion, al resultado, es
inexistente la resolucion que dicte el Presidente de esta corporacion por la cual usted esta
hablando o refiriendose a un derecho de suplica. (sic a toda la cita).

Del anterior recuento es posible concluir que el presidente Álvaro Prada fue recusado por
una de las integrantes de la sala plena del CNE, al considerar que tenía un interés directo
en la actuación para la cual se había convocado, esto es, la modificación al reglamento
interno de la corporación, en punto al artículo 27 que establece la manera en que debía
escogerse a la mesa directiva. Sin embargo, como se advirtió líneas atrás, el sustento de
ese cuestionamiento se basó en una presunta «reelección» de la mesa directiva, por la
forma en que fue planteado inicialmente el proyecto de modificación; frente a lo cual, los
demás integrantes de la sala hicieron claridad, e incluso el mismo ponente de la reforma
aclaró que la palabra «prórroga» que daba a entender la continuidad de los dignatarios,
había sido eliminada.

Luego de esa aclaración, y la solicitud de que se sustentara y motivara la recusación
presentada, tanto Alba Velásquez como Altus Baquero insistieron en que se trataba de
una reelección, sin entrar a razonar sobre el texto final de reforma que sería sometido a
aprobación de la sala. De manera que, se evidencia que el cuestionamiento presentado
carecería de objeto y claridad, tanto así que los demás miembros del CNE fueron
enfáticos en señalar la necesidad de precisar cuál era la causal y por qué se presentaba
el conflicto de interés.

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Ahora bien, el reglamento interno del CNE, que fue aportado al expediente, solo se limita
a señalar en el artículo 5, lo siguiente:

Artículo 5o.- Impedimentos y recusaciones. Los miembros Consejo Nacional Electoral
están sometidos al régimen de impedimentos y recusaciones que rige para los magistrados de
la Corte Suprema de Justicia.

Al analizar el acta de la sesión del 25 de febrero de 2025, en la que se formuló la
recusación en cuestión, se advierte que la señora Alba Lucía Velásquez indicó:

(…) presento formalmente ante la sala mi recusacion (sic) contra el presidente Álvaro Prada,
por una razon (sic) esta en curso (sic) en el numeral 1 del articulo 141 del Codigo General del
proceso, que establece: Que puede tener un interes (sic) en un interese (sic) directo o indirecto
en el proceso. Estamos regulando en el acto administrativo cosas que estan (sic) directamente
relacionados con actos en las que tiene intereses el doctor Prada. Esta argumentacion (sic) la
hare (sic) como cuando presente la recusacion (sic) contra el doctor Quiroz, la sustentare (sic)
y la presentare (sic) entre hoy y manana, pero por ahora he presentado mi recusacion formal
contra el presidente.

(…) como no se ha votado la propuesta del doctor Prada y aprobada o acepta verbalmente
ahora por el doctor Campo; quiero decir que aun asi persiste en la modificacion (sic)
presentada por Campo, asuntos que tienen que ver con el Presidente

En efecto, señaló la causal de recusación con fundamento en la cual se comprometía la
imparcialidad del presidente del CNE en el trámite de reforma al reglamento interno de la
corporación y destacó que, con fundamento en el artículo 1 del artículo 141 del CGP, le
asistía un interés a los actuales dignatarios por cuanto podrían verse beneficiados por la
modificación.

Lo propio sucedió en la sesión del 4 de marzo de 2025, en la que la señora Fabiola
Márquez cuestionó la imparcialidad del presidente y vicepresidente del CNE, para efectos
de participar en la reforma del reglamento:

En igual sentido se pronunció el señor Altus Alejandro Baquero, al cuestionar la
imparcialidad tanto del presidente como del vicepresidente:

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En esa misma reunión, el presidente recusado y el vicepresidente aclararon lo siguiente:

No obstante, otros miembros de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral se
pronunciaron con el fin de precisar que, el interés que supuestamente tendrían los
referidos dignatarios, no se encuadraba en el supuesto de la reforma al reglamento que
se pretendía aprobar, en los siguientes términos:

Tanto el presidente como el vicepresidente del CNE insistieron en negar el interés que
presuntamente les asistía, con fundamento en lo siguiente:

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De otro lado, Cesar Lorduy intervino con miras a resaltar que no había razón para
entender que la recusación por interés de la mesa directiva, debía prosperar, con
fundamento en los siguientes argumentos:

(…)

Con la claridad anterior, la Sala ha sido enfática en resaltar que, ya sea en el trámite de
actuaciones judiciales o administrativas, resulta indispensable que el recusante, como
muestra de garantía de seriedad de su formulación, sustente en debida forma la causal
invocada, allegue las pruebas que la sustente y se identifique plenamente.

Así lo ha reiterado esta Sección26 en varias oportunidades, cuando se cuestiona la
imparcialidad de un funcionario público, al señalar que es preciso que se cumplan
requisitos formales para proceder con su trámite, esto es:

(i) Identificación del solicitante, a menos de que exista una justificación seria y
creíble del peticionario para mantener la reserva de su identidad, de conformidad
con lo establecido en la sentencia C-951 de 2014 de la Corte Constitucional.

(ii) El señalamiento del servidor público o particular que ejerce función pública,
sobre el que recae el reproche y,

(iii) Las razones por las que se estima que respecto de aquél existe un conflicto
entre el interés particular y el general, las cuales deben estar encaminadas a

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 3 de septiembre de 2020. Rad: 11001-
03-28-000-2020-00031-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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ilustrar jurídica y probatoriamente si es del caso, la configuración de las causales
de impedimento legalmente establecidas.

En el evento en que no se cumplan los presupuestos antes indicados, la autoridad está
en el deber de rechazar la recusación y, en consecuencia, no darle trámite.

En este asunto, como quedó ilustrado líneas atrás, el entonces presidente del CNE se
abstuvo de darle el trámite correspondiente a los cuestionamientos de imparcialidad
suscitados, por cuanto encontró que la recusación resultaba improcedente, al tratarse del
ejercicio de la potestad de regulación frente al reglamento y no una actuación
administrativa a su cargo. Circunstancia que solo fue objetada por los miembros Alba
Lucía Velásquez y Altus Alejandro Baquero. No obstante, los demás integrantes de la
sala plena del CNE no presentaron ninguna objeción contra la decisión, como se
desprende del acta en la que, incluso, se observa que varios integrantes no encontraron
sustento en los reparos formulados sobre el cuestionamiento a la imparcialidad del señor
Álvaro Hernán Prada.

Ahora, a pesar de que fueron los propios recusados quienes rechazaron de plano el
cuestionamiento a su imparcialidad, ello no comporta un vicio en los términos señalados
por los demandantes. En efecto, así se considerara que el presidente incurrió en un yerro
y debió otorgarle el trámite correspondiente a las recusaciones presentadas, lo cierto es
que los demás miembros del CNE discutieron el cuestionamiento por el supuesto interés
que le podría asistir a los entonces presidente y vicepresidente de la corporación y
concluyeron que aquel no se configuraba; determinación que fue compartida por la
mayoría de la sala, pues con excepción de los recusantes nadie más propuso una moción
en contrario, y por esa razón, se continuó con el debate sobre la reforma al reglamento.

Por otro lado, no es cierto, como lo señalaron los demandantes, que se brindó un trato
desigual a los miembros que presentaron objeciones, recursos y recusaciones porque «al
presidente se le permitió intervenir e impulsar y aprobar directamente una reforma
normativa que lo beneficiaba personalmente en tanto le permitía prorrogar su mandato
sin el control de las mayorías, lo que causó un conflicto de intereses».

Sobre el particular, cabe aclarar que, según el Acta 009 del 25 de febrero de 2025
aportada, el proyecto de reforma al reglamento interno no fue formulado por el entonces
presidente Álvaro Prada, sino por otro integrante del CNE, esto es, Alfonso Campo
Martínez; circunstancia que también certificó la secretaria técnica de la corporación.
Asimismo, como se ilustró en párrafos precedentes, la modificación al artículo 27 del
referido reglamento, no permite prorrogar el mandato del presidente y vicepresidente de
la corporación; tanto así, que ya fueron elegidos nuevos dignatarios durante el trámite del
proceso de la referencia.

Adicionalmente, varias intervenciones en la reunión del 4 de marzo de 2025, entre otras,
la de Maritza Martínez y César Lorduy dan cuenta que la discusión sobre la reforma al
reglamento en los términos discutidos, inició al menos un año antes de que fuera
presidente Álvaro Hernán Prada.

Tampoco les asiste razón a los accionantes al señalar que durante el proceso de reforma
no se permitió a los recusantes presentar objeciones sustanciales sobre el contenido del
proyecto, el cual no fue divulgado formalmente antes de la sesión, lo que impidió que se
ejerciera una defensa informada y efectiva. Frente al punto, la Secretaría Técnica de la

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Sala del Consejo Nacional Electoral expidió una constancia el 3 de marzo de 2025, la
cual fue allegada al proceso, en la que precisó:

Por lo tanto, es claro que el proyecto de modificación al reglamento fue compartido con
suficiente tiempo a todos los equipos de trabajo de los integrantes de la Sala Plena del
CNE, previamente a la discusión que tendría lugar en la sesión del 25 de febrero de 2025;
reunión que continuó el 4 de marzo siguiente, en la cual se aprobó la expedición del acto
demandado por los integrantes de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, lo cual
fue certificado por la secretaría técnica de la corporación y, además, se desprende del
acta de la última reunión:

Igualmente, del acta de la referida reunión se desprende que, desde la sesión anterior se
presentó el proyecto de reforma, puntualmente del artículo 27 del reglamento; sin
embargo, se dejó constancia que, los detractores de la modificación, que correspondían
a los mismos recusantes, esto es, Alba Velásquez, Altus Baquero y Fabiola Márquez
Grisales, se reiteraron de la reunión del 25 de febrero, actuación que deliberadamente
asumieron quienes debían promover el debate; de manera que, su ausencia (voluntaria)
no puede comportar un vicio, si quienes continuaron en la sesión estaban de acuerdo con
el cambio del reglamento.

De cualquier forma, la discusión continuó el 4 de marzo de 2025 hasta su aprobación por
la mayoría de los integrantes. En efecto, algunos extractos del acta dan cuenta de la
discusión:

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De manera que, si bien había algunos integrantes detractores de la modificación al
reglamento, lo cierto es que se les permitió el espacio para discutir y argumentar las
razones por las cuales no estaban de acuerdo con la ponencia que modificaba el artículo
27 en cuestión. Asimismo, el debate se dio entre quienes defendían el proyecto y se
advirtió incluso que la propuesta de reforma, en los términos planteados, se venía
discutiendo por todos los miembros hace más de año y medio. El hecho de que los
contradictores hayan abandonado la sala para la votación e incluso para el debate
anterior desde el 25 de febrero de 2025, corresponde a una decisión autónoma que no
tiene la potencialidad de viciar la legalidad de la actuación.

En tales condiciones, ninguno de los reparos formulados hasta este punto por los
demandantes está llamado a prosperar.

iii) Se desconoció el reglamento del CNE en el trámite de expedición del acto
demandado por violación del cuórum, votación reglamentaria, y extralimitación de
las potestades del presidente, al atribuirse facultades de la Sala Plena del CNE.

Insistieron que no se agotaron trámites reglamentarios internos conforme a la Resolución
065 de 1996 (reglamento interno del CNE), entre ellos, la conformación legal del orden
del día y la motivación escrita, técnica y jurídica del acto, por lo cual este fue expedido de
forma irregular.

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Demandantes: José Guillermo Gómez Rodríguez y otra
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad. 11001-03-28-000-2025-00064-00 (principal)

Asimismo, la demandante Velásquez Hernández argumentó las siguientes razones:

• Violación del cuórum y votación reglamentaria (arts. 11 y 24). Si el CNE toma
decisiones sin el cuórum legal (mitad + uno) o sin el número mínimo de votos
exigido (dos terceras partes), esas decisiones carecen de validez jurídica; (arts.
11 y 24 del reglamento).

• Interferencia del presidente del CNE más allá de sus funciones (art. 28). El
presidente no puede unilateralmente tomar decisiones de fondo (por ejemplo,
sanciones, registros, designaciones), sin aprobación del pleno del Consejo, ni
autorizar acciones en nombre de la entidad sin que este lo apruebe formalmente.

• Violación grave si se suplantan decisiones colectivas por decisiones personales:
determinaciones sin acuerdo del pleno (arts. 16, 24 y 28). El CNE actúa como
cuerpo colegiado, no como órgano individual.

Según la parte actora, para la reunión convocada para el 25 de febrero de 2025, no se
encontraba en el orden del día la discusión del proyecto de reforma al reglamento interno
de la corporación, ponencia de Alfonso Campo Martínez. De modo que, se desconoció la
conformación legal de la convocatoria en cuestión.

Del acta de la sesión de la referida fecha, se observa lo siguiente:

Como se lee, el miembro de CNE, Alfonso Campo Martínez, solicitó la modificación del
orden del día teniendo en cuenta que se habían presentado dos solicitudes de
modificación del reglamento interno de la corporación, entre ellas, su propuesta.
Sometido a consideración el referido cambio, fue aprobado por todos los integrantes de
la sala, con excepción de Altus Alejandro Baquero Rueda, Fabiola Márquez Grisales y
Alba Lucía Velásquez Hernández (demandante).

Sobre el particular, el artículo 8 del Reglamento Interno de Consejo Nacional Electoral,
establece lo siguiente:

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De la referida disposición se advierte claramente la potestad que tienen los demás
miembros del Consejo Nacional Electoral, por decisión mayoritaria, de modificar el orden
del día. Lo cual en efecto ocurrió en la sesión del 25 de febrero de 2025, pues fue se
aprobó por 6 miembros de 9; luego, no se evidencia ninguna irregularidad al respecto.

Asimismo, la Secretaría Técnica, en la certificación referida líneas atrás precisó lo
siguiente:

Por lo tanto, para la sesión del 4 de marzo de 2025, en la que se aprobó la reforma al
reglamento contenida en la resolución demandada, se hizo la respectiva citación con el
orden del día en el que se incluyó la ponencia para discusión en segunda reunión
ordinaria; en consecuencia no se advierte ninguna irregularidad sobre el particular.

Frente al desconocimiento del cuórum y la votación reglamentaria para aprobar la reforma
mediante la resolución demandada, tampoco es posible derivar una anomalía sobre el
punto. Como se precisó líneas atrás, en la sesión del 25 de febrero de 2025 se verificó el
cuórum con la asistencia de 7 miembros; posteriormente ingresó la señora Maritza
Martínez Aristizábal. Lo propio puede verificarse en la segunda sesión en la que resultó
aprobada la modificación al reglamento en cuestión:

Por su parte el reglamento interno del Consejo Nacional Electoral establece, sobre la
modificación al reglamento, lo siguiente:

Conforme a la disposición transcrita, para la reforma se requería de por lo menos el voto
de las dos terceras partes de los miembros, es decir, la disposición establece una mayoría
calificada. De modo que, para el caso particular se requerían 6 votos afirmativos, en tanto
que el CNE se conforma por 9 miembros27 como lo prevé el art. 264 de la Constitución
Política.

27
Se precisa que el vocero de la Fuerza Revolucionaria del Común, de la extinta guerrilla FARC, tiene un representante en el CNE
con voz pero sin voto.

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Asimismo, la norma prevé que la modificación no puede adoptarse en una sola reunión,
pues debe aprobarse en dos sesiones ordinarias distintas, lo que garantiza la deliberación
y emisión del voto.

Sobre el punto, en este caso se observa que la modificación al reglamento obtuvo 6 votos
positivos, teniendo en cuenta que los 3 detractores abandonaron la sala para la votación,
según se desprende del acta. Asimismo, el debate y decisión tuvo lugar en dos sesiones
ordinarias: el 25 de febrero y 4 de marzo de 2025; en consecuencia, ese cargo tampoco
está llamado a prosperar.

Frente a la motivación del acto demandado, como se indicó en el acápite anterior, el
debate se llevó a cabo por los miembros del Consejo Nacional Electoral presentes en las
dos sesiones en que se discutió la reforma al reglamento. De cualquier forma, las
consideraciones de la resolución demandada se encuentran debidamente motivadas y
reflejan la discusión al interior de la sala plena de la corporación, en los siguientes
términos:

De manera que el cargo en cuestión tampoco debe prosperar, pues no se evidencia una
ausencia de motivación escrita, técnica y jurídica del acto, en los términos propuestos por
los demandantes.

Finalmente, sobre los reparos relativos a la «interferencia del presidente del CNE más
allá de sus funciones (art. 28)» sin aprobación del pleno del Consejo y «violación grave
si se suplantan decisiones colectivas por decisiones personales: determinaciones sin
acuerdo del pleno (arts. 16, 24 y 28)», la parte actora no desarrolló los cargos más allá
de las determinaciones que adoptó el miembro que presidía la corporación sobre las
recusaciones, lo cual ya fue resuelto por la Sala en el acápite anterior; por lo tanto, no
hay lugar a un pronunciamiento adicional sobre el particular.

Visto así el asunto, las pretensiones de nulidad contra la Resolución 00949 del 4 de marzo
de 2025 «Por medio de la cual se modifican los artículos 16 y 27 de la Resolución 065 de
1996» serán denegadas.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de las demandas acumuladas de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente, una vez ejecutoriada esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Salvamento de voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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