Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00159-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00159-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2025-00159-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2025-00159-00
Demandante: Karen Astrith Manrique Olarte
Demandados: Alexander Harley Bermúdez Lasso y Luis Ramiro Ricardo
Buelvas como delegados de la Cámara de Representantes
ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de
Paz (OCAD Paz), para el periodo 2025-2026
Temas: Aplicación del artículo 4.º de la Ley 581 de 20001 en el
OCAD Paz y alcance de la prohibición de reelección del
artículo 6.º de la Ley 2056 de 20202
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sección Quinta es competente para proferir sentencia de única instancia en el
proceso de la referencia, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019
(modificado por el 434 de 2024) de la Sala Plena de esta Corporación y lo establecido
por el ordinal 4.º3 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1. El 10 de septiembre de 20254, Karen Astrith Manrique Olarte, en su «[…] condición
de ciudadana colombiana, y Representante (sic) a la Cámara, por la Circunscripción
Transitoria Especial de Paz, CITREP 2, Arauca» solicitó la nulidad de la designación
de Alexander Harley Bermúdez Lasso y Luis Ramiro Ricardo Buelvas como
delegados ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz (OCAD Paz),
para el periodo 2025-2026, contenida en la Resolución núm. 772 del 5 de agosto del
mismo año5.
1
En adelante Ley 581/00.
2
En lo sucesivo Ley 2056/20.
3
«El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o
salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los
siguientes asuntos: […] 4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras y
sus comisiones […]».
4
Índice 3 Samai. 7. Mediante auto del 17 de septiembre de 2025 (índice 5 Samai), el magistrado ponente inadmitió la demanda,
con el fin de que se subsanara lo relacionado con la designación de las partes y se precisara cómo fueron desconocidas las
Leyes 74 de 1968, 51 de 1981 y 248 de 1995. Notificada la decisión, la demandante, el 24 de septiembre del año en curso,
subsanó en debida forma lo requerido (índice 10 Samai).
5
Proferida por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes.
1
Demandante: Karen Astrith Manrique Olarte
Demandados: Alexander Harley Bermúdez
Lasso y Luis Ramiro Ricardo Buelvas como
delegados de la Cámara de Representantes
ante el OCAD Paz, para el periodo 2025-2026
Radicado: 11001-03-28-000-2025-00159-00
2. Para solicitar lo anterior, la accionante sostuvo, en primer lugar, que esta elección
vulneró el derecho a la igualdad y la efectiva participación de las mujeres en
instancias decisorias, por cuanto desconoció el «artículo 1.º» de la Ley 581/006 y
tratados internacionales en tal sentido7.
3. Al respecto, expuso que, desde 2022, la corporación ha designado exclusivamente
a hombres para el órgano referido8, lo que, en su criterio, ha perpetuado un patrón
de exclusión estructural que afecta de manera directa la representación femenina,
especialmente en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP),
creadas para garantizar la inclusión política de víctimas del conflicto armado.
4. En ese sentido, resaltó que solo tres mujeres ocupan curules CITREP y que su
postulación, respaldada por otras dos congresistas, fue ignorada sin motivación
suficiente, por lo que se omitió el deber institucional de remover barreras
discriminatorias por género.
5. Por otra parte, consideró que el acto demandado contravino la prohibición de
repetir designación en el mismo cuatrienio, prevista en el artículo 6.º 9 de la Ley
2056/2010, pues, el demandado Bermúdez Lasso fue delegado de la Cámara de
Representantes ante el OCAD Paz en el periodo 2023-2024.
6. Con sustento en lo expuesto, la señora Manrique Olarte solicitó declarar la nulidad
de la elección y ordenar una nueva designación que respete la igualdad de
oportunidades, la participación efectiva de las mujeres y la prohibición de repetición
en dicha dignidad en el OCAD Paz en el mismo cuatrienio constitucional.
B. Posición de la parte demandada
7. Los señores Alexander Harley Bermúdez Lasso y Luis Ramiro Ricardo Buelvas no
contestaron la demanda, tal como consta en el informe secretarial del 25 de
noviembre de 202511.
6
Modificada por la Ley 2424 de 2024 (en lo sucesivo Ley 2424/24).
7
Para el efecto, trajo a colación las Leyes 74 de 1968 «por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966"», 51 de
1981 «por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmado en Copenhague el 17
de julio de 1980» y 248 de 1995 «por la cual se aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994».
8
OCAD PAZ.
9
De dicho artículo transcribió lo siguiente: «“(…) Asistirán en calidad de invitados permanentes, con voz y sin voto, dos
Senadores que hayan obtenido más del 40% de su votación en la respectiva región y dos Representantes a la Cámara, los
cuales serán designados por las mesas directivas de Senado de la República y Cámara de Representantes respectivamente,
hasta por una legislatura sin que puedan repetir designación durante el cuatrienio constitucional como congresistas”». [Énfasis
del texto].
10
En concreto, citó el siguiente aparte: «[a]sistirán en calidad de invitados permanentes, con voz y sin voto, dos Senadores que
hayan obtenido más del 40% de su votación en la respectiva región y dos Representantes a la Cámara, los cuales serán
designados por las mesas directivas de Senado de la República y Cámara de Representantes respectivamente, hasta por una
legislatura sin que puedan repetir designación durante el cuatrienio constitucional como congresistas […]».
11
Índice 31 Samai.
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2
Demandante: Karen Astrith Manrique Olarte
Demandados: Alexander Harley Bermúdez
Lasso y Luis Ramiro Ricardo Buelvas como
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C. Otra intervención
8. El 14 de noviembre de 202512, la Cámara de Representantes, mediante apoderado
judicial13, contestó la demanda de nulidad electoral interpuesta contra el referido acto
de designación de los accionados como delegados de esa corporación ante el OCAD
Paz.
9. La defensa sostuvo que la Ley 581/00 y las disposiciones sobre cuotas de género
aplican únicamente a cargos con poder decisorio, no a «invitados permanentes sin
voto», como ocurre en el OCAD Paz. En ese sentido, argumentó que la resolución
se adoptó con base en criterios de experiencia y continuidad institucional, sin imponer
discriminación ni desconocer derechos fundamentales, pues la normativa vigente no
contempla obligación de paridad en este tipo de designaciones.
10. Respecto a la supuesta repetición de delegación del representante a la Cámara
Alexander Harley Bermúdez Lasso, puso de presente que la prohibición prevista en
la Ley 2056 de 2020 rige en los OCAD Región, no para el de Paz, el cual está
regulado por el Decreto Ley 1534 de 201714, que permite nuevas designaciones en
periodos subsiguientes15. Por tanto, a su juicio, no existe infracción normativa ni
causal de nulidad electoral, toda vez que la disposición especial prevalece sobre la
general.
11. Finalmente, enfatizó en que la expectativa de ser designado como invitado
permanente no constituye un derecho, dado que no se trata de un cargo público ni
de una función decisoria. En consecuencia, solicitó negar las pretensiones de la
demanda y mantener la validez de la resolución cuestionada.
D. Trámite de sentencia anticipada16
12. En providencia del 4 de diciembre de 202517, el magistrado ponente ordenó
impartir trámite para dictar sentencia anticipada; se pronunció sobre las pruebas
aportadas y solicitadas por las partes y fijó el litigio de la siguiente manera:
18. De conformidad con los literales b) y c) del numeral 1.º y el inciso segundo18 del
artículo 182A del CPACA, el despacho procede a fijar el litigio en los términos que se
señalan a continuación:
¿Es nula la Resolución 772 del 5 de agosto de 2025, por medio de la cual se designó
a Alexander Harley Bermúdez Lasso y Luis Ramiro Ricardo Buelvas como delegados
12
Índice 29 Samai.
13
Índice 20 Samai. A quien se le reconoció personería, mediante auto del 16 de octubre de 2025.
14
En adelante Decreto 1534/17.
15
Ello conforme con el artículo 8.º del Decreto 1534 de 2017, que establece: «Los invitados permanentes a los que hace
referencia el parágrafo 7° transitorio del artículo 361 de la Constitución Política serán elegidos por las mesas directivas de cada
Cámara para periodos de un año, contados a partir del primer día hábil de agosto de cada anualidad. Dicha elección será
comunicada por la respectiva Cámara a la Secretaria Técnica de la Comisión Rectora dentro de los tres (3) días siguientes a
su designación».
16
Índice 20 Samai. Mediante providencia de sala del 16 de octubre del año pasado, se admitió la demanda y se negó la medida
de suspensión provisional del acto demandado.
17
Índice 32 Samai.
18
«[…] El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando
aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia […]».
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Demandante: Karen Astrith Manrique Olarte
Demandados: Alexander Harley Bermúdez
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de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes ante el órgano colegiado de
administración y decisión (OCAD PAZ), para el periodo 2025-2026?
Lo anterior, en tanto, a juicio de la accionante, el acto demandado:
i) Desconoció el artículo 4.º de la Ley 581 de 200019, por cuanto, desde 2022, la
Cámara de Representantes ha designado exclusivamente a hombres para el OCAD
Paz.
ii) Vulneró el artículo 6.º de la Ley 2056 de 2020, en lo referido a la prohibición de
reelección en el OCAD Paz, al haber designado a Alexander Harley Bermúdez
Lasso, en el mismo cuatrienio.
19. Las cuestiones jurídicas trazadas serán examinadas con sustento en los
argumentos expuestos por la demandante en el concepto de la violación, así como en
las razones de hecho y de derecho propuestas por las partes. Lo anterior, sin perjuicio
de otros aspectos procesales o sustanciales que puedan surgir del debate principal.
13. Finalmente, la referida providencia dispuso correr traslado a las partes para
presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que, de considerarlo,
rindiera su concepto.
14. Durante el traslado de las probanzas decretadas20, únicamente se pronunció la
demandante21, quien afirmó que, a su juicio, del análisis de estas se demostraron las
irregularidades alegadas y, en consecuencia, solicitó que se declare la nulidad del
acto demandado.
E. Alegatos de conclusión
15. La Secretaría de la Sección Quinta corrió traslado para tal fin entre el 8 de
diciembre de 2025 y el 22 de enero de 202622, término dentro del cual, solo se
presentaron las siguientes intervenciones:
a) La parte actora23 insistió en los argumentos expuestos en la demanda, por lo
que solicitó anular el acto demandado. También, requirió la anulación de la
Resolución núm. 772 del 5 de agosto de 2025 bajo el argumento de la «vulneración
del debido proceso administrativo, la legalidad, la igualdad y la publicidad»,
además, por falsa motivación y desviación de poder.
b) La Cámara de Representantes, mediante su apoderado judicial24, reiteró los
planteamientos dados al intervenir, para afirmar que los cargos planteados por la
demandante carecen de fundamento y, por lo tanto, se debe negar la pretensión
de anulación elevada.
19
Modificada por la Ley 2424/24.
20
Las pruebas decretadas se pueden consultar en el índice 32 Samai.
21
Índice 39 Samai.
22
Índice 40 Samai.
23
Índice 41 Samai.
24
Índice 42 Samai.
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F. Concepto del Ministerio Público
16. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado 25 solicitó negar la
pretensión de la demanda, por cuanto, de las pruebas aportadas al proceso, concluyó
que la parte actora no logró desvirtuar la legalidad del acto.
17. Como fundamento de lo anterior, sostuvo, en primer lugar, que no se vulneró la
cuota de género prevista en la Ley 581/00, dado que dicha normativa solo aplica a
los cargos del máximo nivel decisorio y otros niveles con el mismo alcance dentro de
las ramas del poder público, órganos autónomos, de control, y organismos estatales.
18. Según su análisis, los OCAD, incluido el de Paz, no son entidades públicas, sino
escenarios interinstitucionales de articulación entre distintos niveles del poder
Ejecutivo para decidir proyectos financiados con regalías. Por tanto, no están sujetos
al régimen de paridad de género exigido por la ley.
19. En esa misma línea, explicó que los integrantes del OCAD Paz provienen de
entidades diversas (ministerios, Departamento Nacional de Planeación,
gobernaciones, alcaldías), muchos de los cuales son de elección popular o
pertenecen a otras estructuras administrativas. Por ello, no existe dentro del OCAD
una estructura jerárquica, ni cargos de máximo nivel decisorio, ni otros niveles
decisorios internos, que permitan aplicar el mandato de paridad. Así, la designación
de dos hombres como invitados permanentes no configura una infracción normativa,
pues el órgano no es destinatario de la Ley 581/00.
20. En cuanto al segundo cargo de la demanda, concluyó que tampoco se violó la
prohibición de reelección prevista en el artículo 6.º de la Ley 2056/20, porque esa
norma no regula al OCAD Paz, sino exclusivamente a los regionales. En ese sentido,
afirmó que, aunque ambos hacen parte del Sistema General de Regalías, tienen
finalidades, composición y normativa distintas; en consecuencia, la restricción de
repetir dentro del mismo cuatrienio no aplica al de Paz, por lo que la designación del
representante Bermúdez Lasso, aun habiendo sido invitado en un periodo anterior,
no constituye infracción alguna.
21. Adicionalmente, enfatizó en que para que exista infracción de norma como causal
de nulidad electoral, debe demostrarse que la autoridad utilizó una disposición
equivocada, inaplicable o interpretó erróneamente la pertinente. En este caso,
consideró que la Mesa Directiva de la Cámara actuó dentro del marco jurídico
aplicable al OCAD Paz, que está regulado principalmente por el parágrafo transitorio
7.º del artículo 361 de la Constitución, el Decreto 1534/17 y los artículos 57 a 63 de
la Ley 2056/20, ninguno de los cuales contiene restricción sobre la permanencia o
repetición de los delegados.
22. Finalmente, reconoció la importancia de garantizar la participación equilibrada de
las mujeres, pero aclaró que este deber no constituye un parámetro jurídico
25
Índice 43 Samai.
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obligatorio para la composición del OCAD Paz, pese a lo cual solicitó exhortar a las
mesas directivas del Congreso de la República, en los siguientes términos:
No obstante, el Ministerio Público pese a solicitar mantener la legalidad del acto
cuestionado por las razones expuestas, exhorta a las mesas directivas del Congreso
de la República para que, en aras de lograr la paridad de género real en todos los
escenarios e instancias públicas, como medida afirmativa, en adelante, designe de
manera paritaria a los congresistas que fungen como invitados permanentes en los -
OCAD-.
II. CONSIDERACIONES
23. La Sala negará la pretensión de anulación de la Resolución núm. 772 del 5 de
agosto de 2025, por medio de la cual la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes designó a Alexander Harley Bermúdez Lasso y Luis Ramiro Ricardo
Buelvas como delegados ante el OCAD Paz, para el periodo 2025-2026, conforme
con las razones que se esbozarán más adelante.
24. En primer lugar, se resolverá una cuestión previa, al encontrar que, en los
alegatos de conclusión26, la parte demandante introdujo un argumento nuevo,
consistente en solicitar la anulación de la resolución demandada bajo el
planteamiento de la «vulneración del debido proceso administrativo, la legalidad, la
igualdad y la publicidad», además, por falsa motivación y desviación de poder. Sobre
dicha fundamentación no se hará pronunciamiento alguno, pues, como lo ha indicado
reiteradamente la jurisprudencia de esta Sección27, hacerlo implicaría afectar el
debido proceso de los demás sujetos procesales, quienes no tuvieron oportunidad
de controvertirlo.
25. Lo anterior, toda vez que, revisada la demanda28 y su respectiva subsanación29,
se advierte que únicamente se plantearon dos cargos para solicitar la anulación del
acto demandado, los mismos que fueron recogidos en la providencia que fijó el litigio
el 4 de diciembre de 202530, decisión que no fue objeto de cuestionamiento por
ninguna de las partes.
26. En segundo lugar y antes de abordar de manera directa los problemas jurídicos
fijados en el auto del 4 de diciembre de 2025, relativos, de una parte, a la presunta
vulneración del artículo 4.º de la Ley 581/00, por la designación exclusiva de hombres
ante el OCAD Paz desde 2022, y, de otra, a la eventual infracción del artículo 6.º de
la Ley 2056/20, por una posible repetición en el mismo cuatrienio constitucional, la
Sala considera necesario efectuar ciertas precisiones preliminares respecto de i) la
naturaleza jurídica y composición del OCAD Paz; ii) el alcance del artículo 4.º de la
26
Índice 41 Samai.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 18 de noviembre de 2021,
expediente 76001-23-33-000-2019-01203-01, MP. Rocío Araújo Oñate o sentencia del 29 de agosto de 2024, expediente
41001-23-33-000-2024-00026-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
28
Índice 3 Samai.
29
Índice 10 Samai.
30
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referida Ley 581; y iii) la prohibición de reelección del artículo 6.º de la enunciada Ley
2056.
a) Naturaleza jurídica y composición del OCAD Paz
27. Sea lo pertinente señalar que el parágrafo 4.°31 del artículo 36132 de la
Constitución constituye un punto de inflexión normativo para la configuración de los
Órganos Colegiados de Administración y Decisión, en la medida en que vincula
directamente la destinación de los recursos excedentes del Sistema General de
Regalías para el ahorro pensional territorial con la definición de proyectos de
inversión orientados a la implementación del Acuerdo Final de Paz.
28. Dicha disposición, además de fijar un horizonte temporal [los veinte (20) años
siguientes a la entrada en vigor del acto legislativo], determinó que, durante dicho
periodo, tales proyectos deberán ser definidos por el Órgano Colegiado de
Administración y Decisión previsto en el parágrafo 7.°33 transitorio del artículo 361,
esto es, el OCAD Paz.
29. De esta manera, el mandato constitucional ubica el nacimiento y la función inicial
del OCAD Paz como instancia especializada y transitoria encargada de canalizar
recursos hacia la construcción de paz, lo que evidencia que su creación respondió a
una finalidad específica dentro del proceso de implementación del Acuerdo Final y a
un diseño institucional escalonado en el tiempo.
30. En ese sentido, el OCAD Paz constituye un ente integrado a la estructura del
Estado, cuya existencia se justifica en la necesidad de cumplir funciones públicas
orientadas al logro de los fines estatales, en el marco del principio de colaboración
armónica, según se desprende del artículo 113 constitucional.
31. De igual forma, del referido parágrafo transitorio se desprende que el OCAD Paz
posee una composición mixta y plural que refleja la convergencia de distintos niveles
de gobierno y la participación del Congreso de la República en calidad de invitado.
32. En efecto, la norma superior establece que las decisiones sobre los proyectos
financiados con los recursos destinados a la paz serán adoptadas por un Órgano
Colegiado de Administración y Decisión integrado, en primer lugar, por el Gobierno
Nacional, representado por el ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado,
31
Adicionado por el Acto Legislativo 4/2017, al establecer: «Cuando una entidad territorial que recibe recursos del Sistema
General de Regalías para el ahorro pensional territorial cubra sus pasivos pensionales, destinará los recursos provenientes de
esta fuente a la financiación de proyectos de inversión. Durante los veinte (20) años siguientes a la entrada en vigencia del
presente acto legislativo, estos proyectos deberán tener como objeto la implementación del Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, incluyendo la financiación de proyectos destinados a la
reparación integral de víctimas. Estos proyectos deberán ser definidos, por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión
de que trata el parágrafo 7 transitorio del artículo 2o del presente acto legislativo; con posterioridad a los veinte (20) años,
dichos proyectos deberán ser definidos por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión Municipales y
Departamentales que trata el parágrafo 2 del presente artículo».
32
Modificado por el Acto Legislativo 5/2011; art. Modificado por el Acto Legislativo 5/2019, art. 1.
33
«Para cumplir con lo dispuesto en el presente parágrafo transitorio, el Gobierno nacional, dentro de los seis (6) meses
siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, expedirá los decretos con fuerza de ley necesarios para ajustar
el presupuesto del bienio 2017-2018. Y para adoptar las medidas requeridas para el funcionamiento de este Órgano Colegiado
de Administración y Decisión, y de la Asignación para la Paz».
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un (1) representante del organismo nacional de planeación y un (1) representante del
presidente de la República; en segundo lugar, por el gobierno departamental,
mediante dos (2) gobernadores; y finalmente, por el gobierno municipal, a través de
dos (2) alcaldes.
33. A su vez, como elemento estructural diferenciador, la Constitución Política
dispone que a este órgano asistirán, en calidad de invitados permanentes con voz
y sin voto, dos senadores y dos representantes a la Cámara, lo que confirma que,
si bien los congresistas no integran el cuerpo decisorio, sí forman parte de su
esquema funcional por mandato constitucional.
34. Dicha composición combina la representación de la Rama Ejecutiva del poder
público en tres niveles territoriales con la presencia institucional del Congreso de la
República y, en ese sentido, es posible afirmar que el OCAD Paz es un órgano
colegiado de estructura heterogénea, diseñado para asegurar la coordinación
intergubernamental en la definición de inversiones orientadas a la implementación
del Acuerdo Final de Paz.
35. Así las cosas, definido el origen constitucional del OCAD Paz, corresponde ahora
precisar que su marco normativo se desarrolla principalmente en el Decreto
1534/1734y la Ley 2056/2035.
36. No obstante, es necesario advertir que tales disposiciones regulan materias
relacionadas con el funcionamiento del órgano, entre ellas, la emisión de conceptos
sectoriales, la verificación de requisitos y los regímenes de adelanto de recursos,
vigencias futuras, operaciones de financiamiento y concurrencia de fuentes, cuyo
examen excede el ámbito del litigio.
37. En consecuencia, las consideraciones que se desarrollan a continuación se
circunscribirán exclusivamente a aspectos como las decisiones del OCAD Paz y la
elección de sus representantes e invitados permanentes, los cuales resultan
pertinentes para reforzar el análisis de la naturaleza jurídica y la composición de
dichos organismos. Además, se trata de los únicos elementos normativos que son
necesarios para resolver los cargos planteados por la parte actora.
38. En ese sentido, es preciso advertir que el artículo 2.° del Decreto 1534/17
proporciona el marco orgánico y funcional del OCAD Paz, elemento indispensable
para el análisis de la legalidad del acto demandado.
39. De acuerdo con esta disposición, el OCAD Paz es el órgano responsable de
definir, viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos de inversión financiados con
recursos de la Asignación para la Paz o con los previstos en el parágrafo 4.º del
artículo 361 de la Constitución. Asimismo, le corresponde designar la entidad
34
«Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD PAZ y la Asignación
para la Paz a los que se refiere el Acto Legislativo No. 04 del 8 de septiembre de 2017».
35
«POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS».
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Demandante: Karen Astrith Manrique Olarte
Demandados: Alexander Harley Bermúdez
Lasso y Luis Ramiro Ricardo Buelvas como
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ejecutora de aquellos con sujeción a la Ley 1530 de 201236. En ese orden, esta
delimitación normativa reafirma que el OCAD Paz constituye una instancia
interinstitucional especializada, creada para orientar recursos destinados a la
implementación del Acuerdo Final.
40. Igualmente, el artículo 6.º del mencionado decreto resulta determinante para
comprender el funcionamiento interno del OCAD Paz y, en particular, para identificar
quiénes ejercen efectivamente el poder decisorio.
41. Conforme a esta norma, las decisiones del órgano requieren un mínimo de dos
votos favorables dentro de un total de tres, asignados a cada nivel de gobierno, esto
es, nacional, departamental y municipal. A su vez, se exige la presencia de, al menos,
un miembro por nivel para adoptarlas válidamente.
42. Dicha regla permite concluir que el poder decisorio recae exclusivamente en esos
niveles gubernamentales, lo cual es relevante para establecer el alcance jurídico de
la participación de los invitados permanentes y, en consecuencia, para valorar la
naturaleza del cargo cuya designación se controvierte.
43. Por último, el artículo 8.º del mismo decreto regula el procedimiento de elección
de los invitados permanentes con voz y sin voto, previstos en el parágrafo 7.º
transitorio del artículo 361 de la Constitución.
44. Esta disposición señala que los invitados deben ser elegidos por las mesas
directivas de cada Cámara por periodos de un (1) año, contados desde el primer día
hábil de agosto, y que dicha designación debe comunicarse a la Secretaría Técnica
de la «Comisión Rectora» dentro de los tres (3) días siguientes.
45. A la luz de lo anterior, se advierte que este marco procedimental delimita la
competencia exclusiva de las mesas directivas; determina el carácter temporal de la
dignidad y contextualiza la naturaleza no decisoria del rol, aspectos que resultan
esenciales para evaluar la legalidad del acto demandado.
46. Por su parte, el artículo 57 de la Ley 2056/20, en lo pertinente, establece que el
OCAD Paz es el órgano encargado de definir, viabilizar, priorizar y aprobar los
proyectos de inversión financiados con recursos de la Asignación para la Paz o con
aquellos previstos en el parágrafo 4.º del Acto Legislativo 04 de 2017, además de
designar la entidad ejecutora y, cuando corresponda, la instancia responsable de
contratar la interventoría.
47. A su vez, el artículo 58 dispone que la Secretaría Técnica del OCAD Paz estará
a cargo del Departamento Nacional de Planeación, mientras que la presidencia del
órgano será ejercida por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación, o por quien designe el presidente de la República.
36
«Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías».
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48. De esta manera, los anteriores preceptos delinean la estructura básica de
dirección y soporte técnico del OCAD Paz, así como la distribución de competencias
necesarias para su funcionamiento.
49. En suma, del marco constitucional y legal expuesto, se desprende que el OCAD
Paz es una instancia interinstitucional de carácter especializado, integrada por
distintos niveles de gobierno y apoyada por invitados permanentes sin capacidad
para decidir, cuya estructura y funcionamiento confirman que la potestad de decisión
recae exclusivamente en los representantes del orden nacional, departamental y
municipal.
b) El alcance del artículo 4.º de la Ley 581/00
50. El artículo 4.º de la Ley 581/00, modificado por el 1.º de la Ley 2424/24, estableció
nuevas reglas para garantizar la participación adecuada de las mujeres en los cargos
de máximo nivel decisorio y en los demás niveles definidos por dicha ley, al fijar una
cuota mínima del cincuenta por ciento (50%), tanto para los establecidos en los
artículos 2.º37 y 3.º38.
51. A su vez, la reforma incorporó un parágrafo sancionatorio, que prevé la
configuración de mala conducta en caso de incumplimiento, con medidas
disciplinarias que van desde la suspensión hasta la destitución. De igual forma,
introdujo un apartado segundo39 que establece que el Gobierno Nacional dispone de
un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la entrada en vigor de la ley, para
expedir la reglamentación necesaria que determine los cargos sujetos a la aplicación
de esta.
52. Este precepto, en su totalidad, fue declarado condicionalmente exequible por la
Corte Constitucional40, en el entendido de que su aplicación debe armonizarse con
el régimen constitucional de competencias y con los límites propios de los cargos de
elección popular.
53. Al respecto, conviene anotar que el Tribunal Constitucional41 al estudiar la
exequibilidad de los artículos 2.° y 3.° precisó que dichas disposiciones definen los
conceptos de «máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios», entendidos como
los cargos de mayor jerarquía en las entidades públicas y aquellos de libre
nombramiento y remoción con funciones de dirección y mando.
37
«Para los efectos de esta ley, entiéndase como "máximo nivel decisorio", el que corresponde a quienes ejercen los cargos
de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental,
regional, provincial, distrital y municipal».
38
«Entiéndase para los efectos de esta ley, por "otros niveles decisorios" los que correspondan a cargos de libre nombramiento
y remoción, de la rama ejecutiva, del personal administrativo de la rama legislativa y de los demás órganos del poder público,
diferentes a los contemplados en el artículo anterior, y que tengan atribuciones de dirección y mando en la formulación,
planeación, coordinación, ejecución y control de las acciones y políticas del Estado, en los niveles nacional, departamental,
regional, provincial, distrital y municipal, incluidos los cargos de libre nombramiento y remoción de la rama judicial».
39
Mediante sentencia C-136 de 24 de abril de 2024, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley
Estatutaria 093 de 2022 Senado y 349 de 2023 Cámara, el que se convirtió en la Ley 2424/24, cuyo artículo 1.º modificó el
artículo 4.º de la Ley 581 de 2000. En dicha decisión se declaró constitucional el texto del parágrafo segundo de esta última
normativa con el cambio introducido, en el entendido de que el plazo de seis meses allí previsto no limita el ejercicio de la
facultad reglamentaria del Presidente luego de cumplido ese plazo.
40
Corte Constitucional, sentencia C-371 del 29 de marzo de 2000, expediente P.E.010, MP. Carlos Gaviria Díaz.
41
Idem.
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54. A juicio del referido tribunal, dichas definiciones permiten identificar los empleos
sujetos a la regla de participación femenina prevista en el artículo 4.º. No obstante,
su amplitud y la ausencia de una enumeración taxativa, la Corte consideró que las
normas no incurren en inconstitucionalidad, siempre que su aplicación excluya los
cargos de carrera, los provistos por ternas o listas y los de elección popular, y que la
determinación concreta de los comprendidos se realice conforme a la nomenclatura,
los manuales de funciones y las plantas de personal. Así lo señaló textualmente:
A pesar de que en las normas que se revisan, no se hace una enumeración taxativa
de los cargos que conforman el "máximo nivel decisiorio" (sic) y los "otros niveles
decisiorios" (sic), y de que no corresponde hacerla a la Corte, es claro que tales
empleos se deberán determinar de acuerdo con los estatutos en los que se establece
la nomenclatura de los empleos, los manuales de funciones y requisitos, y las plantas
de personal.
55. De igual forma, aclaró que la referencia a las tres ramas del poder público aplica
únicamente al nivel nacional. Por ende, con sustento en tales precisiones, dichas
normas fueron declaradas exequibles.
56. En lo que concierne al artículo 4.º, la Corte anotó que dicha disposición establece
una regla imperativa de selección, según la cual las autoridades nominadoras deben
garantizar que, como mínimo, el cincuenta por ciento (50%)42 de los cargos de
«máximo nivel decisorio y de otros niveles decisorios», lo deben desempeñar
mujeres.
57. Al analizar su constitucionalidad, identificó esta previsión como una medida de
acción afirmativa orientada a superar la histórica exclusión de las mujeres en los
espacios de dirección del Estado. Asimismo, concluyó, mediante la aplicación del
juicio de proporcionalidad, que la cuota persigue fines legítimos y constitucionales y
es adecuada y necesaria para incrementar la participación femenina en los niveles
directivos, sin que implique una afectación desproporcionada de los derechos de los
hombres, quienes conservan acceso al conjunto mayoritario de los cargos
involucrados.
58. A su vez, precisó que se trata de una medida temporal, llamada a cesar una vez
alcanzada una representación equitativa, y condicionó su exequibilidad para
garantizar su aplicación armónica, en el sentido de que la cuota debe implementarse
de manera gradual, a los cargos que vayan quedando vacantes, sin exigir la
desvinculación inmediata de quienes los ocupan.
59. Igualmente, advirtió que cuando en la designación de determinados empleos
concurren múltiples autoridades, como ocurre con algunas juntas directivas, la regla
debe procurarse, sin operar de manera estricta por las particularidades de su
composición.
42
Modificación introducida por la Ley 2424/24.
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60. Con tales precisiones y condicionamientos, la Corte concluyó que el artículo 4.º
es razonable y proporcionado y, por ende, conforme a la Constitución Política. Así lo
precisó:
De otro lado, esta Corporación encuentra que ciertos empleos de los niveles decisorios
son difícilmente compatibles con un sistema de cuotas. Es el caso de las juntas
directivas de las distintas entidades de la rama ejecutiva, pues ellas, generalmente,
están conformadas 1) por el Presidente de la República o su delegado, 2) por los
Ministros del despacho o sus delegados, 3) por el director o gerente del organismo
respectivo o su representante, 4) por servidores públicos que en razón del cargo que
desempeñan, tienen derecho a pertenecer a ellas, 5) por particulares que ejercen
actividades relacionadas con el servicio público que presta el organismo respectivo -
ya sea como usuarios o beneficiarios del mismo o en su calidad de representantes de
organizaciones, asociaciones u otros grupos sociales.
Dado que el nombramiento de tales miembros se origina en distintas personas:
funcionarios públicos, particulares, organizaciones de diversa índole, la exigencia de
una cuota resulta improcedente, pues si la designación se hace simultáneamente, no
sería viable determinar cuál de las autoridades nominadoras es la que debe designar
una mujer como su representante, o en caso de hacerse sucesivamente, no se
encuentra un criterio claro para atribuir a alguna de tales autoridades la obligación de
nombrar a una mujer.
En consecuencia, se hará un segundo condicionamiento a la declaratoria de
exequibilidad del artículo 4°, en el sentido de que cuando en la designación de cargos
del "máximo nivel decisorio" o de "otros niveles decisorios" concurran varias personas
o entidades, se procurará que las mujeres tengan una adecuada representación
conforme a la regla de selección allí prevista, sin que ésta sea inexorable.
61. En conclusión de este acápite, para efectos del análisis del presente asunto
conviene recordar que el artículo 4.º, modificado por la Ley 2424/24, impone a las
autoridades nominadoras la obligación de garantizar una cuota mínima del cincuenta
por ciento (50%) de mujeres en los cargos de «máximo nivel decisorio y otros niveles
decisorios», regla cuyo ámbito de aplicación no se determina mediante una lista
cerrada de empleos, sino conforme a la nomenclatura de cargos, los manuales de
funciones y las plantas de personal.
62. Asimismo, la Corte precisó que, cuando en la designación de estos empleos
concurren múltiples autoridades, la cuota debe procurarse, sin operar de manera
estricta por las particularidades orgánicas de tales cuerpos colegiados.
63. Con estos condicionamientos, y atendiendo a su carácter de medida de acción
afirmativa razonable, proporcionada y temporal, el precepto fue declarado ajustado
a la Constitución Política, precisiones que resultan indispensables para abordar el
estudio del caso concreto.
c) La prohibición de reelección del artículo 6.º de la Ley 2056/20
64. El artículo 6.º define de manera precisa la participación de los congresistas en
los Órganos Colegiados de Administración y Decisión Regional, asignándoles la
condición de invitados permanentes con voz y sin voto.
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65. Aunque la intervención de aquellos no incide directamente en la adopción de
decisiones, el legislador consideró necesario regular estrictamente la temporalidad
de dicha participación, estableciendo que solo podrán ser designados «hasta por una
legislatura».
66. Dicha fórmula delimita el alcance del encargo y demuestra que la presencia de
los parlamentarios ante los OCAD Regional no constituye un derecho subjetivo ni
una posición susceptible de consolidarse en el tiempo, sino una función instrumental
vinculada a una perspectiva rotativa y representativa del órgano.
67. En ese marco, se reitera, el mandato más relevante es la prohibición expresa de
repetir la designación durante el cuatrienio constitucional y, en ello, la norma es
inequívoca al impedir que un mismo senador o representante vuelva a ser nombrado
invitado permanente dentro del periodo constitucional en el que ejerce su investidura,
lo cual constituye una limitación taxativa que debe ser acatada por las mesas
directivas de Senado y Cámara.
68. En síntesis, el artículo 6.º evidencia que la prohibición de repetir la designación
durante el mismo cuatrienio constituye una limitación expresa, taxativa y de
obligatorio acatamiento para las mesas directivas, que impide conferir contenido
permanente a la participación de congresistas en los OCAD Regionales.
69. Por ende, con sustento en las consideraciones generales expuestas, referidas a
la naturaleza jurídica del OCAD Paz, el alcance normativo aplicable y la interpretación
sistemática de las disposiciones invocadas por las partes, la Sala cuenta con los
elementos necesarios para abordar la solución del litigio. En consecuencia, a partir
de dichos insumos y del marco jurídico previamente delimitado, procede el estudio
del caso concreto, a fin de determinar si en la designación cuestionada se
configuraron las irregularidades alegadas por la parte actora.
2.1. Caso concreto
70. Antes de abordar la solución de los problemas jurídicos planteados, la Sala
considera necesario realizar una valoración preliminar del acervo probatorio obrante
en el expediente, en particular, se examinarán los actos administrativos por medio
de los cuales la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes ha designado
delegados ante el OCAD Paz, durante la presente legislatura, probanzas a partir de
las que se pueden extraer los siguientes supuestos acreditados43:
• Conforme la Resolución núm. 1774 del 1.º de agosto de 2022 se designó a
Jairo Reinaldo Cala Suárez y Haiver Rincón Gutiérrez, para el periodo 2022-
2023.
43
Índice 3 Samai, los actos administrativos relacionados se aportaron con la demanda.
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• Mediante la Resolución núm. 580 del 1.º de agosto de 2023, nombraron a Juan
Carlos Vargas Soler y Alexander Harley Bermúdez Lasso, para el periodo 2023-
2024.
• Con la Resolución núm. 708 del 5 de agosto de 2024, eligieron a John Jairo
González Agudelo y Diógenes Quintero Amaya, para el periodo 2024-2025.
• En el expediente obra el memorial de postulación de Karen Astrith Manrique
Olarte44 (demandante) para hacer parte del OCAD Paz, dirigido a la Mesa
Directiva, con fecha de recibido del 4 de agosto de 2025 de la Secretaría
General de la Cámara Representantes. La misiva va firmada por aquella y las
representantes Leonor María Palencia Vega (CITREP 14, Córdoba) y Karen
Juliana López Salazar (CITREP 16, Antioquia).
• Finalmente, a través de la Resolución núm. 772 del 5 de agosto de 2025,
designaron a Alexander Harley Bermúdez Lasso y Luis Ramiro Ricardo
Buelvas, para el periodo 2025-2026 (acto demandado).
71. Del examen conjunto del acervo probatorio se constata, en primer lugar, que la
Mesa Directiva de la Cámara de Representantes ha venido designando de manera
sucesiva a los delegados ante el OCAD Paz, mediante las resoluciones núms. 1774
del 1.º de agosto de 2022, 580 del 1.º de agosto de 2023, 708 del 5 de agosto de
2024 y 772 del 5 de agosto de 2025, a través de las cuales se nombraron,
respectivamente, a Jairo Reinaldo Cala Suárez y Haiver Rincón Gutiérrez para el
periodo 2022-2023, a Juan Carlos Vargas Soler y Alexander Harley Bermúdez Lasso
para el 2023-2024, a John Jairo González Agudelo y Diógenes Quintero Amaya, para
el 2024-2025, finalmente a Alexander Harley Bermúdez Lasso (quien repite
designación) y Luis Ramiro Ricardo Buelvas para el periodo 2025-2026.
72. Asimismo, reposan en el expediente elementos que acreditan la postulación
formal elevada por la demandante, Karen Astrith Manrique Olarte, respaldada por
dos congresistas de circunscripciones CITREP, presentada el 4 de agosto de 2025
ante la Secretaría General de la Cámara.
73. A su vez, se encuentra demostrado que mediante la Resolución núm. 772 del 5
de agosto de 2025 (acto acusado) la Mesa Directiva designó a Alexander Harley
Bermúdez Lasso y Luis Ramiro Ricardo Buelvas para el periodo 2025-2026. En
síntesis, las probanzas permiten reconstruir de manera clara el desarrollo de las
designaciones realizadas durante la legislatura y el contexto en que se produjo la
decisión demandada.
74. Por ende, a partir de las anteriores premisas probatorias, procede la Sala a
resolver las cuestiones jurídicas trazadas:
44
Representante a la Cámara por la por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP 2) Arauca.
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a) Análisis sobre la eventual infracción al artículo 4.º de la Ley 581/00 por
falta de participación efectiva de mujeres
75. Para resolver el presente cargo, se abordará el asunto en dos dimensiones que
resultan determinantes para la solución de la cuestión jurídica indicada:
i) La primera tiene que ver con que la integración del OCAD Paz responde a una
concurrencia institucional de distintos niveles estatales, lo cual revela una
conformación plural
76. En el orden de ideas, conviene precisar que, conforme la sentencia C-371/00, la
identificación de los niveles decisorios no puede resolverse únicamente por la
literalidad de los enunciados normativos, máxime cuando su redacción no incorpora
una enumeración taxativa de cargos u órganos, sino definiciones amplias que exigen
una verificación material.
77. En tal sentido, el entendimiento del poder decisorio debe construirse a partir de
la estructura, jerarquía y funcionamiento del órgano correspondiente, de manera que
el análisis se ancle en quién integra efectivamente la voluntad decisoria y bajo qué
reglas se adoptan las determinaciones con efectos jurídicos vinculantes.
78. Aplicada esa regla jurisprudencial al caso concreto, se estima necesario precisar
que, conforme al artículo 1.º de la Ley 581/00 y a su interpretación teleológica fijada
por la Corte Constitucional en la sentencia C-371/00, la obligación de asegurar la
adecuada y efectiva participación de la mujer se proyecta sobre todos los órganos y
escenarios en los que se adopten decisiones públicas.
79. En ese sentido, el OCAD Paz, de acuerdo con lo previsto en los artículos 2.º 45 y
6.º46 del Decreto 1534/17, constituye una instancia colegiada encargada de definir,
viabilizar, priorizar y aprobar proyectos financiados con recursos de la asignación
para la Paz, lo cual pone de manifiesto su naturaleza decisoria.
80. En tal virtud, y a partir de la regla de interpretación material desarrollada por la
Corte (C-371/00), según la cual el concepto de nivel decisorio se determina por la
estructura y funcionamiento del órgano y no por su denominación formal, se revela,
en principio, una naturaleza eminentemente decisoria que, en abstracto, lo ubicaría
dentro del ámbito al que se dirige la citada ley.
81. No obstante, tal afirmación es hipotética y en consecuencia debe recibirse con
cierta cautela, en tanto, no se pierde de vista que el OCAD Paz tiene origen
constitucional y una composición mixta que articula la participación del nivel nacional,
45
«El (OCAD PAZ) es responsable de definir proyectos de inversión que tengan entre sus fuentes de financiación recursos de
la Asignación para la Paz, o los recursos a los que se refiere el parágrafo 4 del artículo 361de la Constitución Política. Este
OCAD viabilizará, priorizará y aprobará los proyectos de inversión, y designará la entidad pública ejecutora, en los términos
señalados en la Ley 1530 de 2012».
46
«Las decisiones del OCAD PAZ se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables. El número de votos será de tres
(3), uno por cada nivel de gobierno, así: Gobierno nacional un voto; departamental un voto; y municipal un voto. Es necesaria
la presencia de al menos uno de los miembros de cada nivel de gobierno para la toma de decisión».
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departamental y municipal, junto con la asistencia del Congreso de la República en
la calidad de invitado permanente.
82. En efecto, como ya se anotó en las consideraciones, el diseño normativo
evidencia que se trata de un órgano colegiado de estructura plural, en el cual
confluyen representantes que provienen de distintas entidades y niveles de gobierno,
lo que confirma que no existe una sola autoridad nominadora que controle
integralmente su conformación.
83. Dicha característica heterogénea reviste relevancia para el juicio de aplicabilidad
de la cuota de género en cuerpos colegiados, pues cuando la integración depende
de fuentes diversas, la exigencia de paridad no opera de manera automática ni
meramente formal, sino que debe analizarse en armonía con las particularidades del
esquema de conformación y designación.
84. Así, se tiene que, en su totalidad, el OCAD Paz, conforme con el parágrafo 7.°
transitorio del artículo 361 de la Constitución Política, está conformado de esta
manera:
➢ Gobierno Nacional:
• Representado por el ministro de Hacienda y Crédito Público o su
delegado.
• Un (1) representante del organismo nacional de planeación.
• Un (1) representante del presidente de la República.
➢ Gobierno departamental representado por dos (2) gobernadores.
➢ Gobierno municipal, representado por dos (2) alcaldes.
➢ Invitados permanentes: Dos (2) senadores y dos (2) representantes a la
Cámara, quienes asisten en calidad de invitados permanentes con voz y sin
voto.
85. En ese contexto, se advierte que la conformación del OCAD Paz no obedece a
un acto único de designación efectuado por una autoridad específica, sino a un
esquema de integración definido directamente por la Constitución Política y
desarrollado por la ley.
86. En efecto, varios de sus miembros no son designados en sentido estricto, sino
que acceden al órgano por razón del cargo que ejercen o por investidura de origen
constitucional o popular, como ocurre con el ministro de Hacienda y Crédito Público
o su delegado, el representante del organismo nacional de planeación, el
representante del presidente de la República, así como los gobernadores y alcaldes
que participan en virtud de su elección popular.
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87. En contraste, únicamente los invitados permanentes provenientes del Congreso
de la República, dos senadores y dos representantes a la Cámara, son objeto de una
verdadera designación, la cual se materializa mediante acto administrativo expedido
anualmente por las mesas directivas de cada cámara, de conformidad con el
procedimiento previsto en el Decreto 1534/17.
88. Ahora bien, efectuado el análisis de la composición del OCAD Paz y del esquema
de concurrencia institucional que lo caracteriza, la Sala advierte que su integración
presenta una estructura similar a la que la Corte Constitucional (C-371/00) identificó
como difícilmente compatible con la aplicación estricta del sistema de cuotas.
89. En primer lugar, porque, tal como es posible inferirlo del estudio de exequibilidad
del artículo 3.º de la Ley 581/00, los invitados permanentes del OCAD Paz no
integran la planta de personal del órgano, no ejercen cargos de libre nombramiento
y remoción, ni detentan atribuciones de dirección, ejecución o control dentro de su
estructura funcional.
90. Por el contrario, se trata de asistentes con voz y sin voto, cuya presencia no
configura un cargo público formal ni los convierte en autoridades dotadas de
facultades de mando. En otras palabras, corresponde a una asignación temporal de
una función sin contenido de poder, completamente ajena al ámbito material de
aplicación de la normatividad invocada.
91. En segundo lugar, en tanto el Tribunal Constitucional, al analizar la validez
constitucional del artículo 4.º de la referida Ley, indicó que cuando la designación de
los miembros de un órgano proviene de múltiples voluntades, funcionarios públicos
de diferente jerarquía, autoridades diversas, entidades autónomas, e incluso
particulares, la exigencia de una cuota resulta improcedente, pues no es viable
determinar cuál autoridad nominadora debe satisfacer el deber de garantizar la
representación femenina, ni es posible atribuir a alguna de ellas la obligación de
designar una mujer en ausencia de un criterio objetivo que permita distribuir dicha
carga.
92. De esta manera, y dado que el OCAD Paz reproduce precisamente esta lógica
de integración concurrente (Gobierno Nacional, gobernadores, alcaldes e invitados
constitucionales del Congreso), la Sala concluye, en atención al condicionamiento
fijado por el Tribunal Constitucional, que la aplicación inexorable de la cuota de
género, desde una visión global de dicho organismo, no resulta compatible, en
principio, con su diseño estructural.
93. Aun así, luego de la perspectiva desarrollada, no pasa por alto la Sala que, si se
desagrega dicha composición, es posible identificar que los congresistas invitados
permanentes acceden al órgano mediante un acto de designación expedido por las
mesas directivas de cada Cámara, como se anotó de manera precedente.
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Demandante: Karen Astrith Manrique Olarte
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94. Respecto de ello, surge entonces el interrogante acerca de si, atendiendo esa
particularidad, esto es, la existencia de una verdadera actuación nominadora
respecto de estos integrantes congresistas ¿podría predicarse la exigibilidad
de la cuota de género en relación con dicha designación específica?
95. En criterio de la Sala, la particularidad consistente en que los congresistas
invitados permanentes acceden al OCAD Paz mediante un acto de designación
expedido por las mesas directivas de cada cámara no resulta suficiente para predicar
la exigibilidad estricta de la cuota de género en dicha actuación nominadora.
96. Ello por dos razones, en primer lugar, a partir del artículo 8.º del Decreto 1534/17,
se evidencia que la conformación del OCAD Paz distingue dos estamentos: i) los
invitados permanentes designados por la «Mesa Directiva» de la Cámara de
Representantes y ii) aquellos elegidos por la «Mesa Directiva» del Senado.
97. Al respecto, la norma establece que cada cámara elige, de manera autónoma, a
sus respectivos invitados permanentes para periodos anuales, y comunica dicha
designación a la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora dentro de los tres días
siguientes.
98. Dicha separación orgánica y funcional confirma que no existe un único nominador
responsable de integrar el OCAD Paz, sino dos autoridades independientes,
circunstancia que, en el marco de la actuación nominadora de la Cámara de
Representantes, no permite afirmar la exigibilidad estricta de la paridad de género
respecto de la designación aquí controvertida, sin que para ello resulte determinante
la conformación general del OCAD Paz.
99. La anterior pluralidad de órganos nominadores, aun dentro de la misma
corporación pública, reproduce de alguna manera el supuesto identificado por la
Corte Constitucional en la sentencia C-371/00, según el cual, cuando concurren
múltiples órganos o autoridades en la integración de un cuerpo colegiado, no es
viable exigir de manera inexorable el cumplimiento de la cuota, pues no existe un
criterio objetivo que permita atribuir a cada nominador la carga individual de
garantizar la paridad, circunstancia plenamente análoga a la estructura del OCAD
Paz.
100. En segundo lugar, aunque la lógica de paridad invocada por la accionante
supondría la presencia de al menos una mujer en la posición cuya designación
cuestiona, o, incluso, en entendimiento de esta Sala, de dos mujeres entre los cuatro
congresistas que actúan como invitados permanentes, lo cierto es que, se reitera, la
visión discutida no corresponde a un cargo decisorio ni reúne los elementos previstos
por la Ley 581/00 para integrar los otros niveles de tal naturaleza.
101. Así como se explicó anteriormente, los invitados permanentes no hacen parte
de la planta de personal, no ejercen cargos de libre nombramiento y remoción y no
tienen funciones de dirección o control. En cambio, su rol se limita a una asistencia
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con voz pero sin voto, desprovista de facultades de mando, por lo que la cuota de
género no resulta exigible para esta designación, como se destallará al abordar la
segunda dimensión.
102. En consecuencia, aun desagregada la composición del órgano, la Sala concluye
que no es procedente exigir la aplicación del artículo 4.º de la Ley 581/00 a las
designaciones efectuadas para integrar el OCAD Paz.
ii) La segunda dimensión obedece a la necesidad de diferenciar entre el poder
decisorio del órgano y el alcance de la participación de los congresistas que
asisten como invitados permanentes con voz y sin voto, a fin de establecer si
tal presencia es suficiente para activar la regla de participación femenina
prevista en la Ley 581/00
103. Aun aceptando la naturaleza decisoria del OCAD Paz, surge una cuestión
relevante sobre el alcance material del nivel decisorio respecto de quienes no votan
dentro de ese órgano, la cual se absolverá de acuerdo con el siguiente
planteamiento: si el solo hecho de integrar el OCAD Paz, sin voto, ¿activa la
aplicación de la cuota de género para los congresistas que asisten como
invitados permanentes?
104. Lo primero a considerar para resolver dicho interrogante, surge de la lectura del
artículo 1.º de la Ley 581/00, a la luz de la interpretación de la sentencia C-371/00.
105. Al respecto, se evidencia que la Corte Constitucional anotó que el propósito de
dicha normativa no es meramente simbólico, sino que persigue asegurar la
participación efectiva de las mujeres en aquellos escenarios donde se adoptan
decisiones con repercusiones reales sobre la vida colectiva.
106. Bajo esa perspectiva, el tribunal constitucional subrayó que la democracia
pluralista y participativa exige remover los obstáculos que históricamente han
marginado a las mujeres y que el mandato de garantizar su presencia adecuada en
los órganos del poder público responde a la necesidad de que ellas intervengan
directamente en la toma de decisiones, no como un gesto formal, sino como
condición para corregir desigualdades estructurales y evitar que la voluntad política
quede sesgada por la ausencia de enfoques diversos.
107. En ese sentido, la jurisprudencia reafirma que la ley de cuotas está diseñada
para incidir en los espacios donde se ejerce poder decisorio real, lo cual justifica la
preocupación por determinar si, en órganos como el OCAD Paz, la participación de
los invitados permanentes que allí se reconoce, cumple efectivamente con ese
presupuesto material que la propia ley y la Constitución Política buscan asegurar.
108. Aunado a lo anterior, como se desprende del análisis de constitucionalidad de
los artículos 2.° y 3.° en la citada sentencia, la Sala precisa que los invitados
permanentes del OCAD Paz no integran el máximo nivel decisorio, categorías que,
conforme a la jurisprudencia constitucional, se restringen a cargos dotados de
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atribuciones de dirección y mando, identificables a partir de la nomenclatura, los
manuales de funciones y las plantas de personal.
109. Ahora bien, aunque los congresistas invitados permanentes pueden intervenir
en las sesiones del OCAD Paz y exponer opiniones o consideraciones sobre los
proyectos sometidos a aprobación, como manifestación de su intervención en las
acciones y políticas del Estado, dicha actuación no se desarrolla en el marco de sus
funciones legislativa, de control político o administrativa. Por el contrario, su
participación se inscribe exclusivamente en el ámbito de su función de
representación política, conforme al mandato constitucional que prevé su asistencia.
110. En esa medida, su aportación constituye una manifestación especial y
excepcional de dicha función representativa en un órgano creado con carácter
transitorio para la implementación del Acuerdo Final de Paz. Por ello, no es posible
afirmar que el solo hecho de participar en el OCAD Paz, o de intervenir en las
deliberaciones propias de sus sesiones, implique el ejercicio de atribuciones de
dirección, mando o capacidad real para formular, coordinar, ejecutar o controlar
decisiones públicas, elementos que la jurisprudencia ha identificado como núcleo
esencial para la activación de la regla de cuota.
111. En efecto, como lo ha precisado la Corte Constitucional, los niveles decisorios
se circunscriben a quienes detentan poder formal de decisión, identificable a partir
de la nomenclatura del cargo, los manuales de funciones y las plantas de personal,
y cuyo rol involucra funciones de dirección, coordinación o control en la adopción de
políticas públicas.
112. En contraste, la participación con voz y sin voto no otorga facultades para incidir
de manera vinculante en la formación de la voluntad del órgano ni confiere posición
jerárquica o de mando; de forma opuesta, se trata de una intervención meramente
instrumental y carente de contenido decisorio.
113. Por consiguiente, aun cuando los invitados puedan participar en la deliberación,
su rol no satisface el presupuesto material que activa la aplicación de la cuota de
género, la cual solo es exigible respecto de cargos dotados de competencia decisoria
real y formalmente atribuida.
114. En coherencia con lo expuesto, aunque el OCAD Paz es el órgano responsable
de definir, viabilizar, priorizar y aprobar proyectos financiados con recursos
destinados a la paz, lo cierto es que el poder decisorio se radica en quienes votan y
conforman la voluntad del órgano bajo la regla prevista para adoptar decisiones47;
mientras que los congresistas concurren en calidad de invitados permanentes con
voz y sin voto.
115. En ese orden de ideas, aun cuando aquellos participan en la formación de la
voluntad decisoria del OCAD Paz, en tanto cuentan con voz, lo cierto es que no
47
Artículo 6.° del Decreto 1534/17.
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detentan competencias para la adopción de decisiones atinentes a dicho organismo.
Por consiguiente, la Sala concluye que la asistencia de aquellos no satisface el
presupuesto material que activa la aplicación de la cuota de género prevista en la
Ley 581/00.
116. En síntesis, del presente acápite es posible colegir lo siguiente:
i) Desde una perspectiva integral, el OCAD Paz presenta una conformación
plural integrada por múltiples estamentos, cuya presencia proviene de
fuentes diversas (constitucionales, electorales y administrativas), lo que
hace incompatible, en principio, la aplicación estricta de una cuota que
exige identificar un destinatario único de la obligación.
ii) No obstante, aun si se estimara aplicable la cuota a quienes concurren en
calidad de invitados permanente al OCAD Paz, lo cierto es que dichos
asistentes no integran su planta de personal, no desempeñan cargos de
libre nombramiento y remoción, ni ejercen funciones de dirección,
ejecución o control dentro de la estructura del órgano.
Además, su intervención con voz y sin voto no configura un cargo público
ni les otorga facultades de mando. Por el contrario, se trata de una
asignación temporal sin contenido decisorio, totalmente ajena al ámbito
material que exige la Ley 581/00 para la aplicación de la cuota de género.
iii) En ese orden, pese a que los invitados provenientes del Congreso de la
República acceden mediante un acto de designación, tal actuación es
adelantada por órganos distintos dentro de la misma corporación pública,
esto es, la mesa directiva del Senado para los senadores y la mesa
directiva de la Cámara para los representantes.
117. Por todo lo expuesto, no se configuraron las violaciones alegadas por la parte
demandante y, en consecuencia, lo procedente es mantener incólume la presunción
de legalidad que ampara la Resolución núm. 772 del 5 de agosto de 2025, conforme
el análisis del cargo propuesto.
b) Examen sobre la prohibición de reelección del artículo 6.º de la Ley
2056/20
118. Como punto de partida, y en consonancia con las consideraciones de esta
providencia, el OCAD Paz tiene un régimen propio definido por la Constitución
Política, el Decreto 1534/17 y las normas especiales de la Ley 2056/20. Estas
disposiciones regulan su integración y la participación de congresistas como
invitados permanentes, con voz y sin voto.
119. Así, el Decreto 1534/17 fija el procedimiento para elegir a esos invitados por
periodos anuales y exige comunicar la designación a la secretaría técnica. No
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obstante, ni la Constitución, ni dicha norma, ni la Ley 2056/20 contemplan, de manera
expresa, alguna prohibición que impida repetir la designación dentro del mismo
cuatrienio.
120. En contraste, el artículo 6.º de dicha ley, invocado como fundamento del cargo,
contiene una regulación precisa sobre la participación de congresistas en los OCAD
Regionales y, en ese marco, incorpora expresamente la limitación temporal hasta por
una legislatura y la prohibición de repetir designación durante el cuatrienio
constitucional.
121. En ese orden de ideas, a efectos de desatar el problema jurídico planteado,
conviene precisar que las prohibiciones y restricciones que limitan la actuación de
las autoridades o que condicionan el acceso o permanencia en determinadas
posiciones estatales son de interpretación restrictiva y aplicación taxativa48. En
consecuencia, no procede extenderlas por razones de analogía, pues ello
comportaría crear una limitación no prevista en el ordenamiento aplicable al supuesto
de hecho examinado.
122. Desde esta perspectiva, la Sala reitera que la fijación de inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones requiere una previsión normativa expresa, dado
que, en atención a su impacto sobre derechos fundamentales, estas constituyen
restricciones que solo pueden ser establecidas por el legislador49.
123. Aplicada esta pauta interpretativa al presente asunto, la prohibición de no
repetición del artículo 6.º no puede trasladarse al OCAD Paz, por la razón elemental
de que el legislador no la incorporó dentro del régimen especial que gobierna dicho
órgano.
124. De esa manera, extender la interpretación en los términos planteados implicaría,
por un lado, adicionar mediante esta sentencia el régimen especial previsto en el
artículo 6.º de la Ley 2056/20, lo cual desbordaría la función de esta Sala de lo
48
Respecto la interpretación restrictiva y aplicación taxativa de las prohibiciones la Corte Constitucional, sentencia SU-207 del
9 de junio de 2022, expediente T-8.361.046 y T-8.425.408 acumulados, MP. José Fernando Reyes Cuartas, consideró: «[…]
Por tales razones, la aplicación de las prohibiciones y, en general, de cualquier limitación al ejercicio de un derecho fundamental
no admite analogías ni aplicaciones extensivas. Por el contrario, se deben aplicar de manera taxativa y restringida». En el
mismo sentido, esta Sección ha precisado que las prohibiciones e inhabilidades tienen un carácter taxativo, restrictivo y de
interpretación estricta, en tanto comportan limitaciones al derecho fundamental de acceso a los cargos públicos. En
consecuencia, dada su naturaleza excepcional, no es admisible extender su alcance mediante interpretaciones analógicas,
extensivas o integradoras, ni aplicarlas a supuestos fácticos o jurídicos que no se encuentren expresamente previstos por el
legislador. Sobre el tema se puede consultar de Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil: i) concepto del 30 de
abril de 2015, radicado 11001-03-06-000- 2015-00058-00 (2251); y ii) concepto del 24 de julio de 2018, radicado único: 2391.
Criterio reiterado en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de sala del 9 de mayo de
2024, expediente 68001-23-33-000-2024-00010-01, en sentencias del 11 de julio de 2024, expediente 05001-23-33-000-2024-
00012-01 y del 11 de agosto de 2022, expediente 08001-23-33-000-2021-00559-01, providencias, MP. Pedro Pablo Vanegas
Gil.
49
La Corte Constitucional ha reconocido la facultad de configuración normativa del legislador para establecer prohibiciones y
causales de inhabilidad e incompatibilidad. Así, en sentencia del C-1172 del 17 de noviembre de 2005, expediente D-5749, MP
Alvaro Tafur Galvis, consideró sobre este aspecto: «La Corte ha destacado, igualmente, que la configuración de prohibiciones
y de causales de inhabilidad e incompatibilidad por el legislador no debe operar con un criterio unívoco sino que, por el contrario,
debe estar precedida de consideraciones particulares atinentes a la naturaleza propia de cada uno de los casos, situaciones o
actos que son materia de regulación jurídica. [...] De lo anterior puede colegirse que las facultades del Legislador para fijar el
régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones en materia de ejercicio de funciones públicas, encuentran limites
precisos que tienen que ver tanto con lo que el texto Constitucional haya establecido directamente y el margen que este haya
dejado al Legislador en cada caso, como con los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad a que se ha hecho referencia».
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Electoral, en tanto se sustituiría la regulación específica que se estableció
exclusivamente para los OCAD Regionales.
125. Por otra parte, hacer tal extensión desconocería la diferenciación normativa que
el propio legislador trazó entre el OCAD Paz y los Regionales, cada uno con
regulaciones, composición, financiamiento y finalidad distintas, como pasa a
evidenciarse en el siguiente cuadro:
Criterio OCAD
diferenciador Paz Regionales
Está regulado en las siguientes
disposiciones: Están regulados por:
• Parágrafo 7.° transitorio del - Decreto 1075/12.
Regulación
artículo 361 de la Constitución - Art. 6.º de la Ley 2056/20.
Política. - Decreto 1821/20, adicionado por
• Decreto 1534/17. el Decreto 1407/23.
• Arts. 57 a 63 de la Ley 2056/20.
El artículo 6.º de la Ley 2056/20 fija
que están constituidos por todos los
gobernadores que componen cada
región, dos alcaldes por cada uno de
sus departamentos y un alcalde
adicional elegido por los alcaldes de
La Constitución Política establece que
las ciudades capitales de los
está integrado por el Gobierno
departamentos de la región, de
Nacional, representado por el Ministro
conformidad con lo que se señale por
de Hacienda y Crédito Público o su
la Comisión Rectora del Sistema
delegado, un (1) representante del
General de Regalías. Los
organismo nacional de planeación, y un
gobernadores serán miembros
(1) representante del Presidente de la
permanentes por la totalidad de su
República; el Gobierno departamental
Composición periodo de gobierno y los alcaldes
representado por dos (2) gobernadores
serán por un período anual. También
y el Gobierno municipal, representado
serán miembros el Ministro de
por dos (2) alcaldes.
Hacienda y Crédito Público o su
delegado y el Ministro de Minas y
Además, asisten en calidad de
Energía o su delegado, según
invitados permanentes con voz y sin
corresponda.
voto, dos (2) senadores y dos (2)
representantes a la Cámara.
También, asistirán en calidad de
invitados permanentes, con voz y sin
voto, dos (2) senadores que hayan
obtenido más del 40% de su votación
en la respectiva región y dos (2)
representantes a la Cámara.
Conforme con el artículo 45 de la Ley
2056/20 se fijaron seis (6) regiones,
Ámbito Nacional. así: 1) Caribe. 2) Centro - Oriente; 3)
Eje Cafetero; 4) Pacífico; 5) Centro -
Sur - Amazonía y 6) del Llano.
Conforme el artículo 361 de la
De acuerdo con la constitución durante
Constitución los recursos de la
20 años, se destina: i) el 7 % de los
asignación para la Inversión Regional
ingresos del Sistema General de
corresponden al 34 % de los ingresos
Regalías (SGR) y ii) el 70 % de los
corrientes del SGR.
Financiamiento rendimientos financieros que genere el
SGR.
Y el artículo 44 de la Ley 2056/20
divide esta asignación en dos
Recursos que utiliza el OCAD Paz:
componentes:
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Criterio OCAD
diferenciador Paz Regionales
7 % del recaudo del Sistema General a. 60 % en cabeza de los
de Regalías, durante el plazo departamentos
constitucional.
El 60 % del total se asigna a los
70 % de los rendimientos financieros departamentos individualmente
del SGR (exceptuando rendimientos de considerados. El ciclo del proyecto
asignaciones directas). (viabilización, priorización,
aprobación y ejecución) está a cargo
Excedentes del ahorro pensional del departamento. No pasa por
territorial (fuente SGR) que OCAD Regional, salvo excepciones
constitucionalmente fueron habilitados reglamentarias
para la paz.
b. 40 % en cabeza de las regiones
Otros recursos del SGR que el
Constituyente derivado haya El 40 % restante se asigna a las
incorporado a la Asignación para la regiones del SGR. Este porcentaje es
Paz. el que aprueban los OCAD
Regionales. Los proyectos se
priorizan interinstitucionalmente y
requieren decisión del OCAD
Regional para su aprobación y
designación de ejecutor.
Con el objeto de financiar proyectos de
inversión orientados a: i) Mejorar el desarrollo social,
implementación del Acuerdo Final, ii) económico, institucional y ambiental
Finalidad reparación de víctimas y iii) cierre de de las entidades territoriales,
brechas sociales, económicas e mediante la financiación de proyectos
institucionales en territorios afectados de inversión de alto impacto regional.
por el conflicto armado.
126. Aunado a lo anterior, la parte demandante allegó la Resolución núm. 580 del 1.º
de agosto de 202350, mediante la cual la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes efectuó la designación de delegados ante el OCAD Paz para el
periodo 2023-2024.
127. Dicho documento incluye un cuadro que permite distinguir que el OCAD Paz y
los Regionales constituyen instancias distintas, lo cual sugiere que la designación de
sus miembros se materializa en actos administrativos diferentes, como se evidencia
a continuación:
REPRESENTANTE MIEMBROS OCAD
REGIÓN REPRESENTANTE PARTIDO DEPARTAMENTO
Julio César Triana Cambio Radical Huila
CENTRO SUR
Carlos Adolfo Ardila Partido Liberal Putumayo
CENTRO Álvaro Rueda Partido Liberal Santander
ORIENTE Andrés Forero Centro Democrático Bogotá
EJE Sandra Aristizábal Partido Liberal Quindío
CAFETERO Juana Carolina Londoño Conservador Caldas
LLANOS Gabriel Ernesto Parrado Pacto Histórico Meta
ORIENTALES Germán Rozo Partido Liberal Arauca
César Cristian Gómez Partido Liberal Cauca
PACÍFICO
Luis Alberto Albán Comuneros Valle del Cauca
Carlos Felipe Quintero Partido Liberal Cesar
CARIBE
Ana Paola García Partido de la U Córdoba
OCAD PAZ Juan Carlos Vargas Soler CITREP Circunscripción 13
50
Índice 3 Samai, acto administrativo que se aportó con la demanda.
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REPRESENTANTE MIEMBROS OCAD
REGIÓN REPRESENTANTE PARTIDO DEPARTAMENTO
Alexander Bermúdez Partido Liberal Guaviare
128. Lo anterior, está en armonía con el artículo 45 de la Ley 2056/20 que fijó las
siguientes regiones: 1) Caribe; 2) Centro - Oriente; 3) Eje Cafetero; 4) Pacífico; 5)
Centro - Sur - Amazonía y 6) del Llano, para la conformación de los OCAD
Regionales.
129. En consecuencia, los OCAD Paz y OCAD Regionales son órganos claramente
distintos porque tienen regulaciones, composiciones, ámbitos, fuentes de
financiación y finalidades totalmente diferenciadas, según lo evidencian los cuadros
proyectados anteriormente.
130. En efecto, mientras el OCAD Paz surge de un mandato constitucional específico
para implementar el Acuerdo Final de Paz, con una composición mixta nacional–
territorial y financiación especial para la paz; los OCAD Regionales responden a una
lógica territorial–regional, con reglas propias fijadas por la Ley 2056/20, otra
integración y una finalidad orientada al desarrollo regional.
131. Dicha diferenciación estructural y normativa refuerza la improcedencia de
importar al OCAD Paz restricciones diseñadas para los OCAD Regionales, como lo
pretende la parte accionante cuando solicita la aplicación del artículo 6.ºde la Ley
2056/20.
132. En ese orden, si el legislador, al regular expresamente el OCAD Paz no previó
consagrar la no repetición, no es jurídicamente admisible suplir esa ausencia
mediante una extensión interpretativa del artículo 6.º, pues se vaciaría la
competencia del legislador para disponer dicho tipo de prohibiciones y, de paso, se
afectaría la seguridad jurídica al introducir un límite no previsto para el de Paz.
133. En suma, la prohibición de repetir designación prevista en el artículo 6.º de la
Ley 2056/20 se predica del supuesto normativo que dicha disposición regula, esto
es, la asistencia de congresistas a los OCAD Regionales, donde el legislador sí
consagró expresamente la restricción.
134. En cambio, el OCAD Paz se rige por un régimen especial que regula su
integración y el procedimiento de designación anual de invitados permanentes, sin
establecer prohibición de reelección o no repetición.
135. Por tanto, en aplicación de la taxatividad y la interpretación restrictiva de las
prohibiciones, la Sala concluye que la regla de no repetición del artículo 6.º no es
extensible al OCAD Paz. En consecuencia, el cargo por presunta infracción de dicha
disposición no prospera.
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2.2. Cuestión final
136. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, en su
intervención, solicitó exhortar a las mesas directivas del Congreso de la República
para que, en aras de lograr la paridad de género real en todos los escenarios e
instancias públicas, como medida afirmativa, en adelante, designe de manera
paritaria a los congresistas que fungen como invitados permanentes en los OCAD.
137. Sin embargo, la Sala considera que no resulta procedente acceder al exhorto
solicitado, por cuanto, conforme quedó demostrado a lo largo de esta providencia,
no existe fundamento legal que permita exigir la aplicación de la cuota de género en
el OCAD Paz.
138. Pese a ello, atendiendo los razonamientos de la sentencia C-371/00, al declarar
condicionadamente exequible el artículo 4.° de la Ley 581/00, como medida
afirmativa, esta Sala llamará la atención de la mesa directiva de la Cámara de
Representantes para que, en lo posible51, propicie la participación de las mujeres
como invitadas permanentes en el OCAD Paz, escenario que resulta razonable para
lograr una igualdad real y efectiva entre ambos géneros, teniendo en cuenta que el
contexto fáctico de las anteriores elecciones evidencia que no se designaron
personas del sexo femenino.
2.3. Síntesis del caso y conclusiones
139. En el presente trámite, la parte actora solicitó la nulidad de la Resolución núm.
772 del 5 de agosto de 2025, mediante la cual la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes designó a dos delegados ante el OCAD Paz para el periodo
2025-2026, con fundamento en la presunta vulneración del artículo 4.º de la Ley
581/00 y de la prohibición de reelección del artículo 6.º de la Ley 2056/20.
140. No obstante, la Sala determinó que la designación de los invitados permanentes
ante el OCAD Paz no vulnera la cuota de género, pues su participación no configura
un cargo público ni implica integración a la planta de personal, por cuanto se trata de
una asignación temporal de funciones, carente de facultades de dirección, mando o
control, y que solo se circunscribe a tener voz al interior del referido órgano.
141. Además, su participación con voz y sin voto, ajena a funciones de dirección o
mando y sin integración a la estructura administrativa del órgano, carece del
contenido decisorio que exige la Ley 581/00 para activar dicha regla.
51
En ese sentido, se pronunció el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 14
de diciembre de 2023, expediente 11001-03-28-000-2023-00050-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil, en un caso con contornos
similares, decisión en la que consideró: «202. Así las cosas, la Sala concluye que este cargo no prospera, debido a que eran
distintas las autoridades encargadas de postular a los candidatos a rector de la UMNG, por tanto, la decisión no recaía en la
voluntad de una sola persona o institución, es decir, no había un destinatario único de la obligación prevista en la citada norma,
dado que, en este caso, concurría la voluntad de tres autoridades diferentes. // 203. Ahora bien, pese a la ausencia de un
mandado imperativo, sobre la postulación de mujeres, en determinada proporción, en las ternas y listas, con las mencionadas
particularidades74 [Esto es, que su conformación esté a cargo de distintas personas, entidades o instituciones.], las autoridades nominadoras o postulantes, deben
procurar, en lo posible, por la participación de mujeres en los cargos de distintos niveles, tal como lo señaló la Corte
Constitucional, al declarar la exequibilidad condicionada de algunas normas de la Ley 581 de 2000, con el objeto de lograr igual
de oportunidad real y efectiva entre hombres y mujeres.».
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Demandante: Karen Astrith Manrique Olarte
Demandados: Alexander Harley Bermúdez
Lasso y Luis Ramiro Ricardo Buelvas como
delegados de la Cámara de Representantes
ante el OCAD Paz, para el periodo 2025-2026
Radicado: 11001-03-28-000-2025-00159-00
142. Por otra parte, se evidenció que la prohibición de repetición prevista en el
artículo 6.º de la Ley 2056/20 fue diseñada exclusivamente para los OCAD
Regionales, por lo que no es extensible al régimen especial del OCAD Paz.
143. En consecuencia, al no acreditarse ninguna de las irregularidades alegadas, se
concluye que el acto acusado se ajusta a derecho y, por tanto, las pretensiones de
nulidad deben ser negadas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley.
III. FALLA:
Primero: Negar la pretensión de anulación de la Resolución núm. 772 del 5 de
agosto de 2025, por medio del cual la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes designó a Alexander Harley Bermúdez Lasso y Luis Ramiro Ricardo
Buelvas como delegados ante el OCAD Paz, para el periodo 2025-2026, conforme
las consideraciones de la presente decisión.
Segundo: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Tercero: Ejecutoriada esta decisión, archivar el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
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