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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00209-00

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00209-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 019982 del 3 de octubre de 2025, proferida por el Ministerio de Educación Nacional, por medio de la cual designó al señor Edison Caicedo Cerezo como rector y representante legal de la Universidad del Pacífico. SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2025-00209-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de abril de 2026

Demandante: Rodolfo Antonio Aragón Bermúdez
Demandado: Edinson Caicedo Cerezo
Radicado: 11001-03-28-000-2025-00209-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2025-00209-00
Demandante: RODOLFO ANTONIO ARAGÓN BERMÚDEZ
Demandado: EDINSON CAICEDO CEREZO - RECTOR Y
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIVERSIDAD DEL
PACÍFICO

Temas: Autonomía universitaria – Función de control y vigilancia de la
educación superior – Competencia para la designación del
rector durante la vigilancia especial - Subjetividad de la
conducta – Reiteración de jurisprudencia

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del medio de control
de nulidad electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, promovido
por el señor Rodolfo Antonio Aragón Bermúdez contra la Resolución 019982 del 3
de octubre de 2025, proferida por el Ministerio de Educación Nacional, «[p]or medio
de la cual se realiza una designación de Rector y Representante Legal de la
Universidad del Pacífico, en el marco de la vigilancia especial dispuesta en las
Resoluciones 012594 del 03 de agosto de 2018 y 012719 del 02 de diciembre de
2019, en ejercicio de las funciones de Inspección y Vigilancia».

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Rodolfo Antonio Aragón Bermúdez, actuando en nombre propio, presentó
demanda en el marco del medio de control de nulidad electoral consagrado en el
artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, contra la Resolución 019982 del 3 de octubre
de 2025, proferida por el Ministerio de Educación Nacional, «[p]or medio de la cual
se realiza una designación de Rector y Representante Legal de la Universidad del
Pacífico, en el marco de la vigilancia especial dispuesta en las Resoluciones 012594
del 03 de agosto de 2018 y 012719 del 02 de diciembre de 2019, en ejercicio de las
funciones de Inspección y Vigilancia».

Al respecto, formuló como pretensiones las siguientes:
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Demandante: Rodolfo Antonio Aragón Bermúdez
Demandado: Edinson Caicedo Cerezo
Radicado: 11001-03-28-000-2025-00209-00

3.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 019982 del 03 de octubre de 2025
expedida por el Ministerio de Educación Nacional, acto administrativo por medio del
cual se designó al señor EDINSON CAICEDO CEREZO como Rector y
Representante Legal de la Universidad del Pacifico.

3.2. Que como consecuencia de lo anterior se ordene al Consejo Superior de la
Universidad del Pacífico, en cumplimiento de sus potestades estatutarias, designar al
Rector encargado mientras se adelanta el proceso electoral para elegir Rector de la
Universidad en propiedad para el periodo 2026-2030.

1.2. Los hechos

El actor señaló que el Ministerio de Educación Nacional, en ejercicio de sus
funciones de inspección y vigilancia previstas en la Ley 1740 de 2014, expidió la
Resolución 25443 de 2023, en la que dispuso reemplazar, hasta por el término de
un (1) año, al rector de la Universidad del Pacífico, señor Arlin Valverde Solís.

En consecuencia, mediante la Resolución 025615 del 23 de diciembre de 2023,
designó a la señora Ruth Sánchez Perea como rectora de la institución.

Sostuvo que este nombramiento se prorrogó a través de la Resolución 25649 del
30 de diciembre de 2024, por el término de seis meses.

Advirtió que el 30 de abril de 2025 expiró el periodo institucional de cuatro años del
rector Arlin Valverde Solís.

Posteriormente, a través de la Resolución 013749 del 27 de junio de 2025, la cartera
ministerial modificó la Resolución 25649 del 30 de diciembre de 2024, para extender
la prórroga de la designación de Ruth Sánchez Perea, de seis meses a un año.

Mencionó que, por medio de la Resolución 019982 del 3 de octubre de 2025, se dio
por terminada la designación de Ruth Sánchez Perea y, en su reemplazo, se
nombró al señor Edinson Caicedo Cerezo.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

En criterio del demandante, la designación acusada infringió las normas en que
debía fundarse, al desconocer el principio de autonomía universitaria previsto en
el artículo 69 superior, por cuanto la cartera de educación, so pretexto de sus
funciones de control y vigilancia, y en provecho de los vacíos de la Ley 1740 de
2014, designó rectores en encargo de la Universidad del Pacífico, pese a que ese
nombramiento corresponde al Consejo Superior Universitario cuando vence el
periodo institucional del regente.

Además, adolece de falsa motivación, por cuanto se sustentó en continuar la
prórroga de la designación del reemplazo de un rector en propiedad cuyo periodo
venció, por lo que el Ministerio de Educación Nacional perdió competencia para

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Demandante: Rodolfo Antonio Aragón Bermúdez
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designar un reemplazante al amparo de las medidas de inspección y vigilancia
previstas en la Ley 1740 de 2014.

Advirtió que, conforme la posición de esta sala1, es posible inferir que el vencimiento
del periodo del rector desnaturaliza los actos de reemplazo y prórroga y, por
consiguiente, releva al ministerio de su competencia para designar un regente.

Mencionó que el acto está viciado por desviación de poder, comoquiera que la
cartera ministerial dilató el nombramiento de un rector en propiedad al amparo de
las medidas preventivas de la Ley 1740 de 2014, la cual no contempla que en
vigencia de tales institutos exista impedimento para adelantar el proceso para elegir
al nuevo rector.

Adujo que el ministerio se contradice en su empeño de acelerar las elecciones de
los nuevos miembros del Consejo Superior Universitario, por vencimiento del
periodo institucional, al tiempo que se abstiene de proceder de la misma manera
para promover la elección del nuevo rector.

1.4. Contestación

1.4.1. Ministerio de Educación Nacional

Por conducto de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, toda
vez que la autonomía universitaria no es absoluta, ni excluye el ejercicio de la
función de inspección y vigilancia atribuida al Estado por los artículos 67 y 189.21
constitucionales.

Indicó que «[e]s cierto que el día 30 de abril de 2025 expiró el período institucional
del Rector en propiedad», sin embargo, dicho vencimiento no tiene la virtualidad de
extinguir, suspender o modificar las competencias del ministerio en el marco de la
vigilancia especial.

Advirtió que el levantamiento de medidas de vigilancia especial no corresponde con
el objeto del medio de control de nulidad electoral, como tampoco desconocer la
competencia de una cartera ministerial en el marco de una intervención respaldada
por la ley. Aclaró que dicha intervención no comporta una sustitución permanente
de los órganos universitarios, sino el ejercicio temporal de facultades excepcionales
mientras subsisten las condiciones que la justificaron.

Por consiguiente, la pretensión orientada a que se ordene al Consejo Superior
Universitario la designación de un rector en encargo mientras se adelanta el proceso
electoral para designar al regente en propiedad, es improcedente de cara a los
objetivos del medio de control de la referencia.

1 Exp: 11001-03-28-000-2025-00034-00. M.P: Pedro Pablo Vanegas Gil.

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Precisó que la Universidad del Pacífico se encuentra sometida a vigilancia especial,
la cual no ha sido levantada mediante acto expreso, y que en la actualidad subsisten
las circunstancias que motivaron su adopción.

Frente al cargo que censura la infracción del artículo 69 constitucional, explicó que
la Ley 1740 de 2014 estableció la posibilidad de adoptar medidas de vigilancia
especial cuando se configuran situaciones graves que comprometen la continuidad
o calidad del servicio de educación superior.

Indicó que el acto acusado fue expedido en el marco de una medida de vigilancia
especial vigente, adoptada con fundamento los artículos 13.4 de la Ley 1740 de
2014, y 2.5.3.9.2.2.7 del Decreto 1075 de 2015, que autorizan a la cartera ministerial
para reemplazar a los representantes legales del ente universitario, cuando ello es
necesario para superar la situación de anormalidad institucional.

Sostuvo que la intervención de que se trata tuvo lugar a través de la Resolución
07361 de 2015, en la que el Ministerio de Educación Nacional impuso medidas
preventivas al ente universitario tras identificar irregularidades en los componentes
de gobierno institucional, administrativo, académico y financiero, por lo que se
ordenó la ejecución de un plan de mejoramiento, al amparo del artículo 10 de la Ley
1740 de 2014.

Agregó que, sin embargo, el escaso cumplimiento de la medida y la persistencia de
las inconsistencias detectadas, produjo que la cartera de educación designara un
inspector in situ, a través de la Resolución 012594 de 2018.

Señaló que, durante la ejecución de la vigilancia especial, se evidenció un deterioro
progresivo de la situación financiera de la institución, por el incremento de los
pasivos, lo que provocó que el ministerio dictara la Resolución 012719 de 2019,
ordenando la constitución de una fiducia con auditoría de pagos, en ejercicio de la
atribución del artículo 13.3 de la Ley 1740 de 2014.

Destacó que la persistencia de las irregularidades en mención condujo a la entidad
a ordenar el reemplazo del rector, mediante la Resolución 025615 de 2023, medida
que se prorrogó a través de las resoluciones 25649 de 2024 y 013749 de 2025.

De ahí que el acto acusado, mediante el cual se dio por terminada la designación
derivada de dicho reemplazo, y se dispuso el nombramiento del rector demandado,
constituye el acto de ejecución de una medida de inspección y vigilancia vigente,
adoptado dentro del mismo marco jurídico que la originó y con la finalidad de
asegurar la continuidad del proceso de superación de los hallazgos que motivaron
su imposición.

Acerca de la falsa motivación alegada, advirtió que la discusión que promueve la
demanda no se dirige a cuestionar la existencia o veracidad de los hechos que
sustentan la resolución acusada, sino el alcance de una competencia excepcional,

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por lo que la censura planteada no se configura.

Al respecto, insistió en que el acto acusado se sustentó en la persistencia de las
inconsistencias que en su momento fundamentaron la intervención administrativa
sobre el ente universitario, y la consecuente vigencia de las medidas adoptadas
para conjurar tal situación.

Agregó que, en consecuencia, la competencia del ministerio no se deriva del periodo
institucional del rector en propiedad, sino de la vigencia de una medida excepcional
que respalda la subsistencia de las facultades extraordinarias de la cartera
ministerial.

Aclaró que la Ley 1740 de 2014 no consagra disposición alguna que prevea el cese
de las atribuciones del ministerio, con ocasión del vencimiento del periodo
estatutario del rector. En esa medida, la competencia es expresa y no puede
entenderse derogada o desplazada por inferencias o analogías.

Advirtió que el actor confunde el régimen estatutario para la designación del rector,
con el de intervención administrativa de que trata la Ley 1740 de 2014, el cual no
está sujeto a periodos institucionales ni ciclos electorales, porque este se ocupa de
situaciones de anormalidad que comprometen la continuidad, calidad y
sostenibilidad del servicio educativo. Solo un acto del ministerio puede declarar la
superación de las circunstancias que detonaron la intervención y, en consecuencia,
levantarla.

Mencionó que, de aceptarse la interpretación de la parte actora, el vencimiento del
periodo estatutario del rector bastaría para desactivar la competencia del ministerio,
aún sin que se hayan superado las causas de la intervención, lo que haría ineficaz
el propósito de la vigilancia prevista en la Ley 1740 de 2014.

Por consiguiente, mientras subsista la vigilancia especial, las atribuciones ordinarias
del Consejo Superior Universitario están limitadas, ya que no pueden desarrollarse
en contradicción con las que adopta la autoridad competente.

Acerca del cuestionamiento por desviación de poder, según el cual el Ministerio de
Educación Nacional utiliza la vigilancia especial para dilatar la elección del rector en
propiedad, y desplazar indebidamente al Consejo Superior Universitario, advirtió
que no se aportó elemento probatorio alguno que dé cuenta de tal propósito.

Insistió en la persistencia de la situación de anormalidad del ente universitario y la
vigencia de las medidas adoptadas para superarla, cuya eficacia no está sujeta al
vencimiento del periodo del rector, sin que ello se derive en una injerencia indebida
o una sustitución de los órganos universitarios.

Afirmó que el sustento de la desviación de poder derivado del impulso por la
renovación del Consejo Superior Universitario, y el sostenimiento del rector

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designado por el ministerio, carece de respaldo jurídico, porque se trata de
situaciones jurídicas distintas, reguladas por normas diferentes y orientadas a
finalidades específicas, cuya apreciación comparativa no permite deducir un móvil
ilegítimo.

Explicó que el vencimiento el periodo del rector no conduce automáticamente a que
el Consejo Superior Universitario recobre la competencia para designarlo, dado que
las disposiciones estatutarias no prevalecen sobre las medidas excepcionales de
inspección y vigilancia adoptadas por la autoridad competente, mientras estas se
encuentren vigentes y no hayan sido levantadas formalmente.

Propuso las excepciones de fondo que denominó i) «Inexistencia de falta de
competencia»; ii) «improcedencia de la pretensión consecuencial»; «inexistencia de
causal específica de nulidad electoral»; iii) «ausencia de falsa motivación»; iv)
«inexistencia de desviación de poder», e v) «interpretación conforme al principio de
eficacia de la norma especial».

1.4.2. Edinson Caicedo Cerezo

Por su parte, el demandado, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones
de la demanda, comoquiera que la competencia del Ministerio de Educación
Nacional no riñe con la autonomía universitaria o los estatutos de la institución.

En respuesta al hecho 4.4 de la demanda, según el cual el periodo del rector en
propiedad feneció el 30 de abril de 2025, adujo que «tiene carácter de estatutario,
pero no implica afectación de las competencias constitucionales y legales del
Ministerio».

Acerca del cargo por infracción del artículo 69 constitucional, precisó que la
actuación del ministerio se circunscribió a las facultades conferidas por el artículo
189 de la carta Política y la Ley 1740 de 2014, por lo que el acto acusado se
presume legal.

Señaló que la autonomía universitaria no es absoluta, por cuanto encuentra límites
en la facultad del Estado para regular y ejercer la inspección y vigilancia de la
educación2.

Frente al cuestionamiento por falsa motivación, mencionó que la resolución que
ordenó la intervención de la Universidad del Pacífico contiene los hechos y
fundamentos que la sustentaron, y el acto acusado expresó que tales causales aún
persisten, lo que derivó en su designación.

En cuanto a la desviación de poder, indicó que la cartera de educación procedió
conforme a sus facultades constitucionales y legales y que, en todo caso, no se

2 Corte Constitucional. sentencia C-162/08.

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aportó prueba alguna de móviles ocultos.

1.5. Trámite

Mediante auto del 22 de enero de 20263, se admitió la demanda y se negó la medida
cautelar solicitada por la parte actora4.

Por auto del 6 de marzo de 2026 se dispuso el trámite de sentencia anticipada. En
esta providencia se tuvieron como tales las pruebas documentales aportadas por
las partes, y se fijó el litigio en los siguientes términos:

i) Si el acto acusado desconoció la autonomía universitaria consagrada en el
artículo 69 de la Constitución Política, por cuanto el Ministerio de Educación
Nacional, so pretexto de las medidas de vigilancia especial, se atribuyó la
función de designar a los rectores de la Universidad del Pacífico, desplazando
con ello la competencia del Consejo Superior Universitario prevista en los
estatutos.

ii) Si el vencimiento del periodo institucional del rector reemplazado, provoca la
pérdida de competencia del Ministerio de Educación Nacional para designar
rectores en el marco de las medidas de vigilancia especial previstas en la Ley
1740 de 2014 y, en consecuencia, reanuda la competencia del Consejo Superior
Universitario para proveer el sucesor.

iii) Si la cartera ministerial que dictó el acto demandado incurrió en desviación de
poder, por cuanto dilató la elección del rector en propiedad, al amparo de la
medida de vigilancia especial que recae sobre la Universidad del Pacífico, pese
a que tal intervención no impide adelantar el proceso electoral correspondiente,
cuando vence el periodo estatutario del regente.

Finalmente se ordenó correr traslado a las partes para que alegaran de conclusión
y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

1.6. Alegatos de conclusión

El Ministerio de Educación Nacional5 y el demandado6, a través de sus
apoderados, reiteraron el fundamento de la defensa del acto acusado.

1.7. Concepto del Ministerio Público7

La procuradora séptima delegada solicitó la anulación del acto de designación
demandado al considerar que, con el vencimiento del periodo del rector
reemplazado, que según la demanda ocurrió el 30 de abril de 2025, el Ministerio de
Educación Nacional perdió competencia para efectuar nombramientos en el marco
de la vigilancia especial.

3 Índice 00022 del sistema de Gestión Judicial - SAMAI.
4 La magistrada Gloria María Gómez Montoya aclaró el voto.
5 Índice 00050 del sistema de Gestión Judicial - SAMAI.
6 Índice 00053 del sistema de Gestión Judicial - SAMAI.
7 Índice 00052 del sistema de Gestión Judicial - SAMAI.

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A su juicio, dicha competencia retornó al Consejo Superior Universitario, pues la
facultad excepcional prevista en el numeral 4.° del artículo 13 de la Ley 1740 de
2014 solo opera cuando el directivo se encuentra en ejercicio del cargo y ha
incurrido en conductas que impidan o dificulten la implementación de las medidas
de inspección y vigilancia.

Sostuvo que la conducta del rector Valverde Solís fue la que originó la medida de
reemplazo, por lo que, al vencimiento de su periodo institucional, dicha medida
debía cesar y permitirse la designación o encargo del rector en la forma prevista en
los estatutos.

Aunque reconoció que el nombramiento del demandado se fundamentó en el
artículo 2.5.3.9.2.2.7 del Decreto 2070 de 2015 y que la medida de vigilancia
especial se extendía hasta el 22 de diciembre de 2025, afirmó que la facultad de
designación ya no estaba en cabeza del ministerio, sino del Consejo Superior
Universitario.

Finalmente, indicó que el artículo 26 estatutario establece que, ante la ausencia
absoluta del rector, el vicerrector académico debe asumir sus funciones mientras se
designa un reemplazo, por lo que era frente a este funcionario que debía evaluarse
el cumplimiento de las medidas impuestas por el ente de control.

Concluyó que no se acreditó la desviación de poder alegada, pues no se aportaron
pruebas que demostraran tal irregularidad.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente demanda con fundamento en lo
dispuesto en el numeral 5° del artículo 149 de la Ley 1437 de 20118 y el artículo 13
del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 – Reglamento del Consejo de Estado,
modificado por el artículo 1.º del Acuerdo 434 de 2024.

2.2. Acto acusado

La presente demanda persigue la anulación de la Resolución 019982 del 3 de
octubre de 2025, proferida por el Ministerio de Educación Nacional, «[p]or medio de

8 Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus

secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga,
conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 5. De la nulidad de los actos de nombramiento
de los representantes legales de las entidades públicas del orden nacional.
De acuerdo con el artículo el artículo 1.° de los estatutos, en concordancia con el artículo 1.° de la Ley 65 de
1988, «la Universidad del Pacífico es un ente universitario autónomo, de servicio público cultural, del orden
nacional, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa, financiera y patrimonio independiente,
creada por la Ley 65 de 1988, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo referente a las políticas y a
la planeación educativa» (Negrillas fuera de texto).

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la cual se realiza una designación de Rector y Representante Legal de la
Universidad del Pacífico, en el marco de la vigilancia especial dispuesta en las
Resoluciones 012594 del 03 de agosto de 2018 y 012719 del 02 de diciembre de
2019, en ejercicio de las funciones de Inspección y Vigilancia».

3. Problema jurídico

Tal como se estableció en el auto del 6 de marzo de 2026, el litigio se contrae a
determinar si debe anularse la designación del señor Edinson Caicedo Cerezo como
rector de la Universidad del Pacífico.

Para el efecto, se debe determinar si el Ministerio de Educación Nacional, en el
marco de las medidas de vigilancia especial que corresponden a esa cartera, tenía
competencia para designar al rector demandado, aun cuando el periodo del
funcionario reemplazado feneció. Además, se determinará si la referida autoridad
incurrió en desviación de poder por provocar la dilación del rector en propiedad.

4. Marco normativo de las medidas especiales de vigilancia

4.1. La autonomía universitaria y la función de inspección y vigilancia de la
educación superior

El artículo 69 de la Constitución Política garantiza la autonomía universitaria como
una facultad que confiere a los establecimientos de educación superior el derecho
de darse sus directivas y regirse por sus estatutos. El contenido de esta prerrogativa
constitucional confiere a estas instituciones la capacidad de autorregulación y
autodeterminación, por lo que «ha de contar con sus propias reglas internas
(estatutos), y regirse conforme a ellas; designar sus autoridades académicas y
administrativas; (…) adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar
y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función
institucional»9.

Con todo, la autonomía universitaria no es absoluta, y puede limitarse legítimamente
por el legislador «para hacer efectiva la función de control y vigilancia del Estado
del servicio público de educación, en los términos del artículo 3º de la Ley 30 de
1992»10.

El fundamento de la actividad de control y vigilancia del servicio de educación
superior proviene del texto del inciso quinto del artículo 67 constitucional, en tanto
establece que corresponde al Estado «regular y ejercer la suprema inspección y
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de
sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos;
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las

9 Corte Constitucional. Sentencia C-008/01.
10 Corte Constitucional. Sentencia C-1019/12.

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condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo».

Además, la actividad de supervisión y vigilancia del servicio de educación
corresponde con las funciones constitucionales del presidente de la República
previstas en el artículo 189, principalmente las que consisten en «[e]jercer la
inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley» (numeral 21), y «[e]jercer
la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos» (numeral 22).

De ahí que la Ley 30 de 1992 desarrollara el marco de estas atribuciones
constitucionales, al consagrar el deber del Estado de velar por la calidad del servicio
educativo «a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la
Educación Superior» (artículo 3.°).

Para el efecto, la ley 1740 de 201411 se ocupó de implementar las referidas
atribuciones de inspección y vigilancia. Los objetivos de esta función, previstos en
el artículo 3°, pueden sintetizarse, sin que sean los únicos, en i) el cumplimiento del
régimen legal, reglamentario y estatutario que rige a las instituciones de educación
superior, y la protección de la autonomía universitaria y libertades académicas; ii)
velar por la prestación continua del servicio, en condiciones de calidad,
considerando su naturaleza cultural y su función social, y la participación de la
comunidad educativa; y iii) supervisar la correcta administración, inversión y uso
eficiente de los recursos y rentas de los entes universitarios, en los términos
establecidos por la Constitución, la ley y la reglamentación vigente.

4.2. Las medidas de vigilancia especial - reemplazo del personal directivo en
establecimientos universitarios – excepción a la autonomía universitaria

La Ley 1740 de 2014 confiere al Ministerio de Educación Nacional las funciones de
inspección (artículo 7.°) y vigilancia (artículo 9.°), en cuyo ejercicio puede adoptar
medidas preventivas para «promover la continuidad del servicio, el restablecimiento
de la calidad, el adecuado uso de las rentas o bienes de las instituciones de
educación superior de conformidad con las normas constitucionales, legales y
reglamentarias, o la superación de situaciones que amenacen o afecten la
adecuada prestación del servicio de educación o el cumplimiento de sus objetivos»
(artículo 10).

Una de tales medidas preventivas consiste en «[d]isponer la vigilancia especial de
la institución de educación superior (…)» (artículo 10.5), que contempla, a su turno,
el reemplazo de funcionarios directivos, bajo las condiciones previstas en el numeral
4.° del artículo 13:

ARTÍCULO 13. MEDIDAS DE VIGILANCIA ESPECIAL. Con el fin de que la
institución supere en el menor tiempo posible la grave situación de anormalidad

11 «Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la

Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la
Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones».

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y se garanticen los derechos de la comunidad educativa, la continuidad y calidad del
servicio, o la inversión o el manejo adecuado de los recursos en el marco de la
autonomía universitaria, el Ministerio podrá adoptar una o varias de las siguientes
medidas:
(…)
4. En caso de que uno o varios de los consejeros, directivos, representantes
legales, administradores o revisores fiscales no cumplan, impidan o dificulten la
implementación de las medidas u órdenes adoptadas por el Ministerio de
Educación Nacional durante la vigilancia especial, u oculten o alteren
información, podrán ser reemplazados hasta por el término de un (1) año,
prorrogable por una sola vez, por la persona natural o jurídica que designe el
Ministerio de Educación Nacional. (Negrillas fuera de texto)

La Corte Constitucional, al confrontar la disposición transcrita con la autonomía
universitaria, expuso que esta prerrogativa no se ejerce adecuadamente cuando la
institución universitaria incumple los objetivos constitucionales de la educación
superior.

Por ende, en criterio del alto tribunal, la autonomía universitaria no se ve vulnerada
cuando el Ministerio de Educación Nacional decide reemplazar sus directivos como
medida preventiva dentro de la vigilancia especial, comoquiera que el correctivo en
cuestión responde a exigencias razonables para contrarrestar conductas tendientes
a obstruir el cumplimiento de las decisiones de la autoridad administrativa 12.

En esas condiciones, «la autonomía universitaria debe ceder frente a las medidas
que buscan salvaguardar el derecho fundamental a la educación y evitar que la
prestación del servicio se interrumpa o desborde los cauces constitucionales,
legales y reglamentarios, afectando su calidad, continuidad y eficiencia»13.

En este caso, la facultad de la autoridad administrativa para reemplazar al rector
que incumple, obstruye o dificulta la implementación de las medidas adoptadas por
la cartera ministerial, tiene un propósito correctivo orientado a que «la institución
supere en el menor tiempo posible la grave situación de anormalidad», tal como lo
dispone el texto del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014.

La lectura sistemática de los objetivos de la intervención administrativa en cuestión
conduce a la sala a concluir que las atribuciones de la cartera ministerial, derivadas
de las medidas de vigilancia especial, persisten hasta tanto se superen las
condiciones de anormalidad que motivaron su adopción, y se garanticen los
derechos de la comunidad educativa y el manejo adecuado de las arcas
institucionales, según el propósito trazado en el primer inciso del artículo 13 bajo
cita.

Ello también se deduce de la facultad del ministerio para «supervisar la
implementación de correctivos que permitan solventar situaciones críticas de orden
jurídico, económico, contable, administrativo o de calidad», según lo prevé el

12 Sentencia C-491/16.
13 Ibidem.

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artículo 8.° ibidem, y la función para el «acompañamiento a la institución de
educación superior, para la implementación de medidas encaminadas al
restablecimiento de la continuidad del servicio o el mejoramiento de su calidad»
prevista en el numeral 7.° del artículo 9.°.

Adicional a ello, las facultades de los funcionarios reemplazantes, establecidas en
el artículo 2.5.3.9.2.2.6 del Decreto 2070 de 201514, dan cuenta del objetivo dirigido
al restablecimiento de la normalidad institucional, según el contenido de, entre otros,
los numerales 2.º15, 3.º16, 4.º17, y 7.º18, que consagran funciones relacionadas con
la gestión de las medidas de vigilancia administrativa.

4.3. Límites de las medidas de vigilancia especial

La Corte Constitucional, en la sentencia C-491 de 2016, explica el alcance de las
medidas de vigilancia especial que puede adoptar el Ministerio de Educación
Nacional en el marco de sus funciones de control y vigilancia.

En cuanto concierne al reemplazo de los miembros directivos de los entes
universitarios, el referido pronunciamiento precisó que una decisión de tal
envergadura «debe responder únicamente al incumplimiento u obstrucción de las
medidas u órdenes adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional», es decir,
el reemplazo solo es procedente «cuando incumplan, impidan o dificulten la labor
de vigilancia del Inspector in situ, u oculten o alteren la información requerida por
este».

La decisión del reemplazo, agrega la corte, debe fundarse en «la conducta activa u
omisiva de la persona de que se trate, que afecte la implementación de las medidas
u órdenes del Ministerio de Educación Nacional», toda vez que dicha medida
«responde a exigencias concretas y razonables (…) para contrarrestar aquellas
conductas (que incluso pueden ser ilícitas) orientadas a obstruir la implementación
de las decisiones u órdenes de la autoridad administrativa».

En todo caso, el alto tribunal precisó que el remplazo del personal directivo de una
institución universitaria no implica «la asunción del control pleno sobre la misma por
parte del Ministerio de Educación Nacional», comoquiera que el objetivo de la norma
es el reemplazo del servidor público que obstruye la implementación de las medidas
de vigilancia especial, de modo que «no sería razonable entender que los demás

14 «Por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación, para
reglamentar parcialmente la Ley 1740 de 2014»
15 Propender porque la institución de educación superior supere en el menor tiempo posible la situación que

generó la medida de vigilancia especial, y se garanticen los derechos de la comunidad educativa, la continuidad
y la calidad del servicio, así como la inversión y el manejo adecuado de los recursos de la institución.
16 Cumplir y facilitar el acatamiento de las medidas y órdenes que adopte el Ministerio de Educación Nacional

para la institución de educación superior durante la medida de vigilancia especial.
17 4. Recaudar y entregar oportunamente al inspector in situ a los delegados y al Ministerio de Educación

Nacional, la información y documentación solicitada.
18 7. Presentar al Ministerio de Educación Nacional los informes periódicos o los específicos que se le soliciten

sobre su gestión en la institución de educación superior y la evolución de la situación que originó la medida de
vigilancia especial.

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regentes o administradores pierdan la dirección sobre la universidad o el
establecimiento de que se trate».

Por su parte, en criterio de esta sala electoral, el reemplazo del personal directivo
debe partir de un juicio subjetivo de responsabilidad, derivado de la demostración
efectiva de que el servidor incumplía, impedía o dificultaba la implementación de
las medidas adoptadas en el marco de la vigilancia especial, toda vez que «estas
conductas solo pueden derivar del resorte exclusivo del funcionario renuente, que
para la fecha en que se adopte la medida de sustitución esté en ejercicio del cargo
o de las funciones rectorales»19.

Al decir de la corte, la norma «establece expresamente un término de duración para
el reemplazo», «hasta por el término de un (1) año, prorrogable por una sola vez»,
a partir de lo cual, y de acuerdo con la exposición de motivos del entonces proyecto
de ley, que cita en su pronunciamiento, entiende que la medida puede levantarse
«incluso antes del vencimiento del término previsto, al superarse las circunstancias
que dieron lugar a la adopción de esta o al cumplimiento del propósito por ella
perseguido».

En efecto, la referida exposición de motivos da cuenta de que la intención del
legislador se orientó a limitar la vigencia del reemplazo en el tiempo «en cuanto su
duración se sujeta al restablecimiento de la continuidad y calidad del servicio de
educación, o la superación de los hechos que originaron medida», pero, demás,
debe entenderse supeditada también a la desaparición de la conducta
insubordinada que obstruya las medidas implementadas.

En ese orden, aun cuando la medida está sometida a un término de duración, lo
cierto es que la superación de la situación de anormalidad, o de la conducta
obstructiva, puede provocar que culmine antes del vencimiento del referido lapso,
durante el cual la cartera ministerial «podrá dar por terminado y remplazar en
cualquier momento a la persona designa», tal como se desprende del artículo
2.5.3.9.2.2.7 del Decreto 2070 de 201520.

5. Lo probado

Mediante el Acuerdo 014 del 27 de mayo de 2005, el Consejo Superior Universitario
de la Universidad del Pacífico refrendó el Estatuto General y sus reglamentos
vigentes.

Al tenor del artículo 14 de la preceptiva en mención, el Consejo Superior
Universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad del
Pacífico y, entre otras funciones, le corresponde «[d]esignar y remover al Rector en

19 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 25 de septiembre de 2025. Exp: 11001-03-28-000-2025-

00034-00. M.P: Pedro Pablo Vanegas Gil.
20 «Por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación, para

reglamentar parcialmente la Ley 1740 de 2014».

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la forma prevista en este Estatuto», según el literal h) del artículo 19 ibidem.

De acuerdo con el artículo 23 estatutario, el periodo del rector de la Universidad del
Pacífico es de tres años.

Por otra parte, las consideraciones del acto acusado dan cuenta de que el Ministerio
de Educación Nacional, a través de la Resolución 7361 del 25 de mayo de 2015,
impuso medidas preventivas a la Universidad del Pacífico, consistentes en la
elaboración, implementación y ejecución de un plan de mejoramiento y el envío de
dos delegados21.

Con posterioridad, por medio de la Resolución 12594 del 3 de agosto de 2018,
ordenó la medida de vigilancia especial consistente en designar un inspector in situ.
Luego, a través de la Resolución 12719 del 2 de diciembre de 2019, ordenó la
medida de vigilancia especial de constitución de una fiducia, para el manejo de los
recursos y rentas de la universidad22.

Mediante la Resolución 025443 del 21 de diciembre de 2023, la cartera ministerial
de educación decidió reemplazar al señor Arlin Valverde Solís como rector de la
Universidad del Pacífico, al encontrar, entre otras irregularidades, que no se
evidenciaba la ejecución total del plan de mejoramiento, y porque, para ese
entonces, la totalidad de los recursos de la universidad no se estaban gestionando
a través del encargo fiduciario.

Por medio de la Resolución 025615 del 23 de diciembre de 2023, el ministerio
designó como reemplazo a la señora Ruth Sánchez Perea en el cargo de rectora,
por el término de un año, prorrogable por otro más.

A través de la Resolución 025649 del 30 de diciembre de 2024, la cartera de
educación dispuso, en su artículo primero, la prórroga de la designación de Ruth
Sánchez Perea, por el término de seis meses. El artículo primero en cita fue
modificado mediante la Resolución 013749 del 27 de junio de 2025, en el sentido
de disponer la prolongación de la medida por el término de un año.

21 Medidas prevista en los numerales 1.° y 3.° del artículo 10, de la siguiente manera:

«1. Ordenar la presentación y adopción de planes y programas de mejoramiento encaminados a solucionar
situaciones de irregularidad o anormalidad y vigilar la cumplida ejecución de los mismos, así como emitir las
instrucciones que sean necesarias para su superación.
(…)
3. Enviar delegados a los órganos de dirección de las instituciones de educación superior cuando lo considere
necesario.
22 Medidas de vigilancia especial enlistadas en los numerales 1.° y 3.° del artículo 13, en los siguientes términos:

1. Designar un Inspector in situ, para que vigile permanentemente y mientras subsista la situación que origina
la medida, la gestión administrativa o financiera de la entidad, así como los aspectos que están afectando las
condiciones de continuidad y calidad que motivaron la medida.
(…)
3. Cuando se evidencia que el manejo de los recursos y rentas afecta gravemente la viabilidad financiera o la
prestación del servicio en condiciones de calidad, ordenar la constitución por parte de la Institución de una
fiducia para el manejo de sus recursos y rentas, de forma que estos solo sean conservados, invertidos, aplicados
o arbitrados en el cumplimiento de su misión y función institucional, o en actividades propias y exclusivas de la
institución».

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De acuerdo con esta línea temporal, la medida especial de reemplazo adoptada por
el Ministerio de Educación Nacional comenzó el 21 de diciembre de 2023, con una
vigencia inicial de un año que culminaba el 21 de diciembre de 2024. No obstante,
en atención a las prórrogas dispuestas por la cartera de educación, inicialmente por
seis meses y luego modificada a un año, la vigencia del reemplazo se extendió hasta
el 21 de diciembre de 2025.

Por medio de la Resolución 019982 del 3 de octubre de 2025 (acto acusado), se dio
por terminado el nombramiento de Ruth Sánchez Perea, y se designó al demandado
como rector del ente autónomo de educación superior «para que concluya la
reformulación del plan de mejoramiento y continue avanzando en la superación de
los hallazgos que dieron lugar a la imposición de las medidas preventivas y de
vigilancia especial».

De otro lado, a través del oficio 2025-EE-225922 del 6 de agosto de 2025, el
subdirector de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación conminó a los
miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad del Pacífico para
que adoptaran los correctivos necesarios para establecer el cronograma electoral y
desarrollar el proceso de designación de los representantes de las directivas
académicas, estudiantes, docentes y egresados, de acuerdo con los dictados
legales que rigen la materia, con el propósito de garantizar su participación en la
elección del nuevo rector.

Esta medida conminatoria se reiteró a través del oficio 2025-EE-241316 del 21 de
agosto de 2025.

A través de la Resolución 018954 del 16 de septiembre de 2025, el ministro de
Educación reemplazó, hasta por el término de un año, a los representantes del
sector productivo, de las directivas académicas, de los estudiantes, de los
egresados y de los docentes ante el Consejo Superior Universitario, por obstaculizar
la adopción de las acciones tendientes a la ejecución de las medidas de vigilancia
especial y las referidas conminatorias.

6. Caso concreto

Acerca de la desviación de poder alegada, el actor advierte que la cartera ministerial
está dilatando el nombramiento de un rector en propiedad al amparo de las medidas
preventivas de la Ley 1740 de 2014, la cual no contempla que en vigencia de tales
institutos exista impedimento para adelantar el proceso para elegir al nuevo rector.

Adujo que el ministerio se contradice en su empeño de acelerar las elecciones de
los nuevos miembros del Consejo Superior Universitario, al tiempo que se abstiene
de proceder de la misma manera para promover la elección del nuevo rector.

La sala no cuenta con alguna evidencia o indicio que conduzca a sostener que el
ejercicio de las atribuciones ministeriales, derivadas de las medidas preventivas

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previstas en la Ley 1740 de 2014, tengan como propósito la dilación de la elección
del rector en propiedad.

Por el contrario, se probó que la cartera ministerial conminó al Consejo Superior
Universitario para adelantar el proceso de designación de los representantes de las
directivas académicas, estudiantes, docentes y egresados, y con ello garantizar su
participación en la elección del nuevo rector.

Por otra parte, al decir del demandante, el Ministerio de Educación Nacional
desconoció la autonomía universitaria que garantiza la Carta Política, toda vez que
ha designado a los rectores de la Universidad del Pacífico, so pretexto de las
atribuciones que detenta con ocasión de la medida de vigilancia de que trata la Ley
1740 de 2014, pese a que dicha facultad recae en el Consejo Superior Universitario,
al vencimiento del periodo del rector en propiedad.

Ahora bien, según el actor, el Ministerio de Educación Nacional, con abuso de la
referida atribución, designó al rector demandado, pese a que, con ocasión del
vencimiento del periodo institucional del funcionario que fue reemplazado, dicha
actuación correspondía al Consejo Superior Universitario.

La sala advierte que el vencimiento del periodo institucional del rector reemplazado
habilita al Consejo Superior Universitario para designar su sucesor, pues esta
atribución no se altera por la sustitución dispuesta por la cartera ministerial. Con
base en ello, la designación acusada adolece de la infracción normativa alegada en
la demanda, razón por la que se declarará su nulidad.

Lo anterior se explica porque, aun cuando la autonomía universitaria puede ceder
en escenarios de vulnerabilidad institucional frente a la función estatal de
inspección, vigilancia y control de la educación superior, ello no implica entender
tales atribuciones como una potestad ilimitada e irrestricta que conlleve al control
integral y absoluto de la institución, en detrimento de la autogestión que la
Constitución reconoce a los entes universitarios autónomos.

Como se expuso en el marco normativo del asunto, las medidas de vigilancia
revisten la característica de ser preventivas, en cuanto persiguen la superación de
una situación de anormalidad que amenaza la adecuada prestación del servicio de
educación superior.

Tratándose de la medida de reemplazo, su procedencia se configura en el marco
de una situación excepcional, y debe responder a la necesidad de contrarrestar las
conductas tendientes a incumplir u obstruir la implementación de las directrices del
Ministerio de Educación Nacional para salvaguardar la debida prestación del
servicio.

Adicional a ello, el reemplazo del representante legal del ente universitario debe
sustentarse, exclusivamente, en el proceder renuente o dilatorio del funcionario,

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tendiente a entorpecer la ejecución de las medidas de vigilancia especial adoptadas
por la autoridad de control y vigilancia.

En consecuencia, la medida en cuestión no opera frente a la institución en abstracto,
toda vez que la procedencia del correctivo parte del reproche de la conducta
individual del rector incumplido, esto es, «solo pueden derivar del resorte exclusivo
del funcionario renuente, que para la fecha en que se adopte la medida de
sustitución esté en ejercicio del cargo o de las funciones rectorales»23.

Bajo la óptica expuesta, al ser la conducta resistente del funcionario la que origina
su sustitución, no es razonable que la cartera ministerial, so pretexto de la vigencia
de las medidas de vigilancia, extienda las consecuencias de ese comportamiento
sobre las atribuciones de los demás organismos de dirección, al punto de cercenar
sus competencias legales y estatutarias, como tampoco lo es presumir que la
situación de obstrucción o incumplimiento reprochada por el ministerio persistirá en
cabeza de quien resulte designado de conformidad con los lineamientos de la
institución.

Bien sostuvo la Corte Constitucional, se insiste, que el reemplazo del personal
directivo, en el marco de una medida de control y vigilancia, no supone la asunción
del control total sobre la plenitud de los estamentos del ente autónomo, por lo que
no es razonable entender que los demás administradores cesan en sus funciones24.

Por lo anterior, no es admisible que, en detrimento de la autonomía universitaria que
protege la Carta Política, la cartera de educación despliegue un ejercicio excesivo y
desproporcionado de sus atribuciones, tendiente a suprimir las facultades
constitucionales y estatutarias de los demás órganos universitarios.

Adicionalmente, no se debe perder de vista que el nombramiento del rector, por
parte del órgano de dirección, no diluye las demás medidas impuestas por la
autoridad administrativa para alcanzar el objetivo de superar la situación de
anormalidad institucional, como la implementación del plan de mejoramiento, la
vigilancia a cargo del inspector in situ, y la constitución del encargo fiduciario cuyo
acatamiento, en todo caso, es un deber que recae en quien resulte designado por
el Consejo Superior Universitario sin perjuicio, claro está, de su eventual reemplazo
en caso de verificarse un comportamiento tendiente a incumplir u obstruir las
disposiciones del órgano de inspección y vigilancia.

En esas condiciones, al fenecimiento del periodo del rector cuya conducta supuso
la adopción de su reemplazo, sobreviene el ejercicio de la atribución del panel
directivo para designar su sucesor, en quien recae el deber de cumplir, no solo sus
funciones conforme lo disponen la ley y los estatutos, sino las medidas de vigilancia
sobre la institución, pues también es su deber contribuir a superar la situación de

23 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 25 de septiembre de 2025. Exp: 11001-03-28-000-2025-

00034-00. M.P: Pedro Pablo Vanegas Gil.
24 Sentencia C-491 de 2016.

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anormalidad que motivó la intervención administrativa.

En este asunto, las partes no discuten que el señor Arlin Valverde Solís, rector
reemplazado, culminó su periodo institucional el 30 de abril de 2025, comoquiera
que la defensa no se ocupó de desmentir la veracidad de esta afirmación de la
demanda25.

En ese orden, ante el vencimiento del periodo del señor Arlin Valverde Solís, la
competencia para designar al regente sucesor recaía en el Consejo Superior
Universitario de la Universidad del Pacífico.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la sala declarará la nulidad del acto
de designación demandado.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 019982 del 3 de octubre
de 2025, proferida por el Ministerio de Educación Nacional, por medio de la cual
designó al señor Edison Caicedo Cerezo como rector y representante legal de la
Universidad del Pacífico.

SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

25 Así lo reconoce el Ministerio de Educación Nacional en la contestación de la demanda. Frente al punto, el

demandado no negó la veracidad de dicha afirmación, y sostuvo que tal vencimiento no afecta la competencia
de la cartera ministerial.

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