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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2026-00022-00

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2026-00022-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2026-00022-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2026-00022-00
Demandante: RAFAEL RICARDO COGOLLO PITALÚA
Demandado: JAIRO MIGUEL TORRES OVIEDO - RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, PERIODO 2026-2031

Temas: Periodo del rector de la Universidad de Córdoba; figura de
suplencia de los miembros del Consejo Superior Universitario;
prohibición del artículo 126 de la Constitución Política.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del medio de control
previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, promovido contra el acto que
designó al señor Jairo Miguel Torres Oviedo como rector de la Universidad de
Córdoba, para el periodo 2026-2031.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa, por conducto de apoderado, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo
139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), contra el acto de designación del señor Jairo Miguel Torres Oviedo como
rector de la Universidad de Córdoba, periodo 2026-2031.

Elevó puntualmente las siguientes pretensiones1:

PRIMERA: Que se declare NULO absolutamente el ACTO DE ELECCIÓN DEL RECTOR
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA. ciudadano JAIRO MIGUEL TORRES OVIEDO,
mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número No 78.744.765 de
Montería, contenido en el Acuerdo No. 132 de 2025, expedido por el Consejo Superior
Universitario de la Universidad de Córdoba, mediante el acta del 05/12/2025 en el que se
realiza la designación del Rector de la institución para el periodo 2026-20231 (sic), i) por
ser inexistente dicho período en el Estatuto General de la Universidad , ii) por infracción de
las normas en que debía fundarse, iii) falsa motivación, iv) con desviación de las
atribuciones del Consejo Superior que lo emitió y v) violación de normas superiores como
los artículos 125 y126 (sic) de la Constitución entre otros.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se declare nula la designación del
ciudadano JAIRO MIGUEL TORRES OVIEDO, mayor de edad, identificado con la Cédula

1
Se transcribe textualmente incluso con errores.

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Demandante: Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa
Demandado: Jairo Miguel Torres Oviedo – rector de la Universidad de Córdoba
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00022-00

de Ciudadanía Número No 78.744.765 de Montería como rector de la universidad de
Córdoba para el período 2026-2031.

TERCERA: Que, también como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la
Universidad de Córdoba iniciar y adelantar un nuevo proceso de designación rectoral desde
su etapa inicial, dejando sin efectos el procedimiento previamente adelantado, sin que
pueda entenderse como una ampliación, prórroga o continuación del mismo, y garantizando
que dicho proceso se realice con estricta sujeción a la Constitución Política, la ley y el
Estatuto General de la institución. Así mismo, solicito se condene en costas a la parte
demandada, si a ello hubiere lugar conforme a derecho.

CUARTA: En consideración a que la acción electoral es una acción pública encaminada a
la defensa de la legalidad en abstracto, solicitamos respetuosamente que la Honorable
Sección Quinta adopte las demás declaraciones o decisiones que estime pertinentes para
garantizar la plena observancia del orden jurídico.

1.2. Hechos

La parte actora sustenta sus pretensiones en los siguientes supuestos fácticos:

Comentó que la Universidad de Córdoba es una institución de educación superior de
carácter público, organizada como ente universitario autónomo conforme a lo
dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política, la Ley 30 de 1992 y las demás
normas que regulan dicho servicio en Colombia.

Anotó que el artículo 57 de la citada ley se refiere a la organización del personal
docente y administrativo el cual dispone, entre otros, la elección de las directivas y de
dicho personal.

Destacó que, en ejercicio de su autonomía, la Universidad de Córdoba adoptó su
Estatuto General (EG) mediante Acuerdo 270 de 2017, instrumento normativo que
regula su estructura orgánica, los mecanismos de gobierno universitario, el régimen
de las autoridades académicas y administrativas y el procedimiento para designar al
rector.

Sobre el particular, precisó que la modificación del EG es competencia exclusiva del
Consejo Superior Universitario (CSU), como máximo órgano de dirección; igualmente,
resaltó que el EG estableció un procedimiento específico en los artículos 9 y 21
numeral 5, en el que se exige un concepto previo del Consejo Académico, así como
un debate en comisión y en la plenaria del CSU, cuando se pretenda cualquier clase
de reforma.

Relató que el CSU tiene asignadas diversas funciones, entre otras, la designación del
rector, cargo que tiene un periodo de 5 años y es de carácter institucional, el cual, para
el caso bajo estudio, inició el 18 de diciembre de 2025.

De otro lado, recordó que el artículo 64 de la Ley 30 de 1992 establece expresamente
cómo están integrados los consejos superiores universitarios de las instituciones
públicas de educación superior; de modo que, no es un asunto que pueda dejarse al
arbitrio del claustro, con excepción del procedimiento para la designación de los

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miembros, sus calidades y el periodo, el cual debe estar regulado en el estatuto
general.

Por la razón anterior, sostuvo que las universidades no están autorizadas a modificar
el número de sus integrantes. Sin embargo, precisó que, en el caso de la Universidad
de Córdoba, el CSU sin tener competencia para ello, dispuso la figura de «suplentes»
en seis (6) de sus miembros, además de agregar al gobernador del departamento,
pese a que la institución es de carácter nacional.

Enfatizó en que el periodo del rector es institucional conforme al artículo 125 de la
Constitución Política. En efecto, señaló que el demandado ya había sido elegido rector
de la Universidad de Córdoba, entre el 18 de diciembre de 2015 al 17 de diciembre de
2020; asimismo, el señor Torres Oviedo fue reelegido para el periodo 2020-2025, el
cual iniciaba el 18 de diciembre de 2020, según se evidencia en los Acuerdos 035, 065
y 129 de 2020.

Sin embargo, precisó que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la
designación del señor Jairo Miguel Torres Oviedo como rector de la referida
universidad, para el periodo 2020-2025 y que, posteriormente, aquel presentó renuncia
al cargo la cual le fue aceptada por el CSU.

Como faltaban más de 18 meses para completar ese periodo, el CSU, mediante el
Acuerdo 107 de 2020, encargó a la docente de tiempo completo Delia Rosa González
Lara «para ejercer el cargo de rector, mientras se surte el proceso y se designa al
rector en propiedad, conforme a lo establecido en el numeral 10 del artículo 21 del
Acuerdo 270 de 2017». Posteriormente, surtido el proceso de elección
correspondiente, resultó elegido el señor Torres Oviedo, quien se posesionó en la
referida dignidad a partir del 5 de marzo de 2021.

Por otro lado, señaló que el EG de la Universidad de Córdoba, en el artículo 101,
impide que sea modificado 6 meses antes de la designación de rector; no obstante,
previo a la elección del demandado, se reformó el reglamento en cuestión, mediante
Acuerdo 044 del 23 de mayo de 2025, para permitir más de una reelección.

Resaltó que, por Acuerdo 077 del 29 de agosto de 2025 se reglamentó el artículo 43
del EG, que establece el proceso de designación del rector de la universidad, en el
cual se previeron los parámetros para la elección 2026-2031, entre otros: la modalidad
de la consulta universitaria, la participación de los diferentes estamentos, la
conformación del censo electoral, los mecanismos de verificación de requisitos y las
reglas de publicidad y transparencia.

También se precisó que sólo podrían escogerse a tres (3) candidatos que resultaren
con mayor votación de la consulta a los estamentos universitarios, por cuanto el umbral
para seleccionarlos «era un mínimo de treinta por ciento (30%) de la votación válida
obtenida en un proceso de consulta previa para la comunidad».

Explicó que mediante Acuerdo 080 del 8 de septiembre de 2025, se convocó y
estableció el cronograma para la elección del rector para el periodo «2026-2031».

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Según el actor «en dicho acuerdo se previó que la fecha en que iniciaría el periodo
institucional sería el 5 de marzo de 2026, es decir, desconociéndose la data del 18 de
diciembre en que usualmente iniciaba el ejercicio de la rectoría».

Expuso que, para otorgar «garantías electorales», se escogió un Comité Veedor para
la vigilancia del procedimiento conformado por funcionarios de la universidad, los
cuales habían sido nombrados con anterioridad por el rector cuestionado.

Mencionó que, de la consulta adelantada para la designación demandada se concluyó
que sólo el demandado alcanzó el umbral (más del 30%), convirtiéndose en el único
candidato posible y apto para elegirse rector. Sin embargo, advirtió que se desconoce
quién es el proveedor del software utilizado en la referida consulta y quién realizó la
auditoría de aquel, así como la base de datos de eventuales participantes.

Destacó que en sesión ordinaria del 5 de diciembre de 2025, el CSU eligió al señor
Jairo Miguel Torres Oviedo como rector de la Universidad de Córdoba, mediante
Acuerdo 132 de la misma fecha, para el «periodo 2026-2031» el cual tendría lugar a
partir del 5 de marzo de 2026, periodo que, en su criterio, jurídicamente resulta
inexistente, pues ese no es el extremo temporal previsto en el estatuto;
adicionalmente, varios de los integrantes del CSU desconocieron el régimen de
impedimentos y conflictos de interés, al participar en la designación demandada, pese
a que con anterioridad fueron nombrados en distintos cargos por el rector demandado.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Afirmó el actor que, con la elección del rector demandado, se desatendieron los
artículos 2, 3, 4, 6, 13, 29, 83, 125, 126 y 209 de la Constitución Política, 57, 63, 64,
65, 66 y 67 de la Ley 30 de 1992, 7, 21, 41, 43 y 101 del Estatuto General de la
Universidad de Córdoba – Acuerdo 270 de 2017.

Aseguró que con el acto acusado se desconoció el debido proceso administrativo y,
asimismo: i) el artículo 125 constitucional que establece que el periodo es de carácter
institucional, pues el acuerdo demandado dispuso uno personal el cual iniciaría a partir
del 5 de marzo de 2026 hasta el 2031; ii) el artículo 64 de la Ley 30 de 1992, que
establece la composición del CSU, norma que no prevé la participación de suplentes
ni del gobernador, pues este último no tiene asiento en el órgano directivo cuando se
trata de instituciones de carácter nacional, en las que se previó solo un delegado del
presidente de la República y, iii) el artículo 126 de la Carta Política por cuanto se
incurrió en la prohibición de nepotismo allí prevista.

Expuso que, en efecto, de acuerdo con los medios locales de comunicación, el señor
Jairo Miguel Torres Oviedo tomó posesión del cargo a partir del 5 de marzo de 2026.

Anotó que, tanto el CSU como el demandado tienen conocimiento del periodo
institucional del cargo de rector y, sin embargo, procedieron a modificarlo. Además, la
designación por tercera vez del señor Torres Oviedo en dicha dignidad desconoce que,
con anterioridad, fue elegido para un periodo atípico, dado que faltaban más de 18

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meses para la terminación del anterior, el cual debía finalizar el 17 de diciembre de
2025. Ello de conformidad con el artículo 21 numeral 10 del EG.

Igualmente, argumentó que, independientemente de la fecha de posesión del
demandado, debía tenerse en cuenta el periodo institucional para el cual fue elegido
(desde el 18 de diciembre de 2025).

Alegó que también se desconoció el artículo 126 de la Constitución Política, al elegir
al demandado para un tercer periodo, pese a que, quienes intervinieron en su
designación en el Consejo Superior Universitario, fueron servidores nombrados por el
señor Jairo Miguel Torres Oviedo, a su vez les otorgó contratos y comisiones de
estudios en el exterior. Sobre el punto, se refirió específicamente a los consejeros
Roger Elí Torres Vásquez, Liliana Valle Zapata, Jorge Espitia Solera y César Augusto
Reyes Negrete, como integrantes del CSU que participaron en la votación para la
elección del demandado como rector de la Universidad de Córdoba.

Aseguró que el demandado favoreció a varios familiares de los miembros del CSU,
con nombramientos en distintos empleos de la universidad, para «afianzar su poder y
nepotismo».

Relató que el demandado, en su condición de rector para el periodo 2020-2025,
intervino directamente en los actos de nombramiento en la planta de personal,
decanaturas, comisiones y contratación de los consejeros Roger Elí Torres Vásquez y
Liliana Valle Zapata quienes, posteriormente, fueron designados como miembros del
CSU de la Universidad de Córdoba. Al respecto, aclaró que aquellos fueron nominados
al CSU por el Consejo Académico de la institución, el cual era dirigido por el entonces
rector Torres Oviedo.

En efecto, sostuvo que en el año 2018, el demandado celebró el contrato 2018-580 de
docencia hora cátedra con el señor Roger Elí Torres Vásquez, acto con el que se
incorporó a la Universidad de Córdoba. Posteriormente, mediante Resolución 1886 del
30 de mayo de 2018, nombró al señor Torres Vásquez como docente de tiempo
completo en la Facultad de Educación y Ciencias Humanas, consolidando su
vinculación laboral con la institución.

Igualmente, comentó que a través de Resolución 2398 del 23 de octubre de 2019, el
entonces rector Torres Oviedo ordenó la inscripción del señor Torres Vásquez en el
escalafón docente de la Universidad de Córdoba; asimismo, por Resolución 1303 de
3 de septiembre de 2021 el demandado lo designó en el cargo de jefe del
Departamento de Ciencias Naturales y Educación Ambiental.

Aseguró que durante el periodo en el cual el señor Jairo Miguel Torres Oviedo ejerció
el cargo de rector de la institución, nombró a varios familiares del consejero Fredy
Gloria Mestra, representante de los egresados ante el CSU, y aquel, a su vez, participó
en la designación que ahora se demanda y en los actos previos, incluyendo la
modificación del Estatuto General.

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Relató que el señor Elkin Lorenzo Rojas Mestra, hermano del referido consejero, fue
designado y encargado en múltiples ocasiones en cargos directivos de máximo nivel
administrativo en la institución, todos ellos de libre nombramiento y remoción, durante
la rectoría del demandado en periodos anteriores. Sobre el particular, afirmó que el
familiar del consejero Gloria Mestra fue encargado como vicerrector académico y
secretario de gestión interna, según consta en la Resolución 1930 del 22 de diciembre
de 2021.

Agregó que la señora Yasmín Rocío Montalvo Portacio, cónyuge del consejero Fredy
Gloria Mestra, fue nombrada en la universidad por el demandado; asimismo, la señora
Naciris Tatiana Martínez Simanca, cuñada del referido integrante del CSU, fue
designada por el entonces rector Torres Oviedo en la Oficina de Sistema Integrado de
Gestión de la institución. Por su parte, el hijo del mencionado miembro del consejo
superior, esto es, el señor Fredy Gloria Montalvo, fue vinculado a la universidad por el
demandado, en calidad de docente catedrático, contratos que fueron requeridos a la
institución mediante derecho de petición pero que no fueron suministrados.

De otro lado, argumentó que, durante el proceso adelantado en el 2025 para la
modificación del Estatuto General de la universidad, la convocatoria y posterior
elección del rector para el «periodo 2026-2031», participaron con voz y voto en el
Consejo Superior Universitario los miembros Roger Elí Torres Vásquez, como
representante de las directivas académicas y Víctor Atencio García, como suplente,
quienes actuaron en favor del estamento conformado por decanos y directivos
académicos. Lo propio sucedió con el consejero Fredy Gloria Mestra.

Alegó que las directivas académicas que intervinieron en el proceso de designación
ostentaban, al momento de los hechos, la condición de subordinados jerárquicos del
entonces rector y candidato Jairo Miguel Torres Oviedo. En ese orden, aseguró que,
pese a dicha situación de subordinación, ninguno de los mencionados consejeros se
declaró impedido ni se abstuvo de participar en la modificación del Estatuto General
que permitió la reelección del demandado ni tampoco para el proceso de elección.

Mencionó que, igual circunstancia se predica de los representantes de los docentes
ante el CSU Liliana Valle Zapata y Gilmar Santafé Patiño (quien funge como suplente),
pues fueron designados por el señor Torres Oviedo cuando fue rector en periodos
anteriores. En relación con la primera, sostuvo que mediante Resolución 1854 del 6
de abril de 2016 fue encargada como jefe del departamento de Idiomas Extranjeros,
por ausencia del titular, y en el año 2017 fue designada como líder del proyecto
institucional de «Bilingüismo por la paz»; posteriormente, a través de Resolución 3451
de agosto de 2017, el demandado la nombró jefe del mismo departamento y fue
beneficiaria de múltiples comisiones nacionales e internacionales.

Frente al segundo, afirmó que en varias oportunidades el señor Torres Oviedo lo
encargó como decano de la Facultad de Ciencias Básicas durante los años 2016 y
2017, por medio de las resoluciones 1868, 1316 de 2016 y 1585 de 2017. Igualmente,
por Resolución 2038 de 2018 fue encargado como vicerrector de Investigación y
Extensión, además de otorgarle distintas comisiones.

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Resaltó que el representante del sector productivo ante el CSU, Jorge Iván Acuña
Arrieta, quien también participó en la formación del acto acusado, fungió como
apoderado judicial del demandado, en el proceso de nulidad electoral adelantado ante
la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ocasión a su elección como rector en el
año 2020; al respecto, consideró que esa relación profesional directa demuestra un
vínculo personal relevante con el señor Torres Oviedo, por lo que debió declararse
impedido para votar en la sesión en la que resultó elegido, con fundamento en el
artículo 11 del CPACA y 34 del Estatuto General.

Agregó que, se encuentra acreditado que el señor César Augusto Reyes Negrete,
representante suplente del sector productivo ante el CSU, mantuvo una relación de
subordinación administrativa con el demandado, derivada de múltiples actos de
nombramiento y encargo, suscritos por el señor Jairo Miguel Torres Oviedo. Ello se
puede evidenciar con la Resolución 1411 del 13 de febrero de 2017, a través de la cual
nombró al referido integrante del CSU, en el cargo de jefe de Unidad de Planeación y
Desarrollo; posteriormente con la Resolución 0045 del 17 de enero de 2019 fue
encargado como jefe de la Unidad de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad
de la Universidad de Córdoba, y finalmente, con la Resolución 1961 del 22 de
diciembre de 2021 lo nombró como «director técnico de la Dirección de Planeación».

Alegó que el señor Reyes Negrete asistió a la sesión del 5 de diciembre de 2025 en la
que resultó elegido el demandado, en su calidad de suplente, pese a haber sido
subordinado directo del candidato – rector, sin manifestar impedimento alguno o
conflicto de interés.

Indicó que el señor Jorge Luis Espitia Solera, representante de la Presidencia de la
República ante el CSU de la Universidad de Córdoba en el año 2025, mantuvo una
relación contractual directa con la institución durante el periodo anterior en el que el
demandado ejerció como rector. Ello, por cuanto el referido integrante del consejo
superior celebró un contrato con la universidad para las vigencias de 2017 y 2018, lo
cual generó una relación funcional con el señor Torres Oviedo, lo que, además,
posteriormente, le permitió ser designado en el órgano de dirección universitario; sin
embargo, no se declaró impedido para participar en el proceso de designación del
señor Jairo Miguel Torres Oviedo ni expuso el conflicto de intereses derivado de su
vínculo contractual anterior.

Anotó que también «ha circulado de manera reiterada en el entorno académico» que
el señor Espitia Solera se desempeñó como profesor catedrático en programas de
posgrado en la Universidad de Córdoba durante el 2024 y, aun cuando se requirió esa
información a la universidad, no se atendió la solicitud.

Destacó que esa situación ya había sido analizada por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, en el proceso con radicado 11001-03-28-000-2021-00020-00, al estudiar la
nulidad electoral de la designación del señor Torres Oviedo como rector de la
Universidad de Córdoba para el periodo 2020-2025, en el cual se precisó:

(…) los miembros del Consejo Superior Universitario que se encuentren en una relación de
dependencia funcional frente al candidato deben declararse impedidos, y que la sola

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existencia de dicha relación objetiva es suficiente para configurar el conflicto de intereses,
sin que sea necesario demostrar presiones, amenazas o contraprestaciones explícitas.

Argumentó que, en este caso, se encuentra plenamente probado, con la
documentación que se adjunta, que varios miembros del Consejo Superior
Universitario que participaron en la modificación estatutaria para permitir la reelección
y, posteriormente, en el proceso de designación del demandado para el «periodo ilegal
de 2026-2031», mantuvieron una relación previa, directa y relevante con el señor Jairo
Miguel Torres Oviedo, derivada de nombramientos, encargos y beneficios
administrativos a algunos familiares; además, la participación de aquellos fue
determinante para obtener la mayoría necesaria que permitió elegir al señor Jairo
Miguel Torres Oviedo.

En suma, concluyó que la elección contenida en el Acuerdo 132 de 2025 fue aprobada
con la participación de consejeros en situación de conflicto de interés, sin observar el
régimen de impedimentos; igualmente, intervinieron miembros «suplentes», lo cual
desconoce los artículos 64 y 67 de la Ley 30 de 1992, pues el legislador no autorizó
que el número de integrantes de ese órgano de dirección pudiera cambiarse y en este
caso se vio alterado al incluir al gobernador de Córdoba y a los referidos suplentes.

1.4. Admisión de la demanda y medida cautelar

La demanda se admitió mediante providencia del 16 de abril de 20262, en la que se
ordenaron las notificaciones y comunicaciones del artículo 277 del CPACA; en el
mismo auto se denegó la solicitud de suspensión provisional3.

1.5. Contestaciones de la demanda

1.5.1. Jairo Miguel Torres Oviedo– demandado4

Mediante apoderado, intervino en los siguientes términos:

Sostuvo que la demanda desnaturaliza el objeto del medio de control de nulidad
electoral, pues aun cuando formalmente dirige sus pretensiones contra el Acuerdo 132
de 2025, extiende su inconformidad a un conjunto de decisiones normativas adoptadas
con anterioridad por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Córdoba.

Anotó que el demandante sustenta sus reproches contra disposiciones estructurales
contenidas principalmente en el estatuto general de la universidad, así como en otros
acuerdos reglamentarios expedidos por el CSU, cuestionando aspectos como: la
composición del Consejo Superior Universitario, la participación del gobernador de
Córdoba dentro de dicho órgano, la existencia de suplencias para determinados
representantes, la naturaleza personal del periodo rectoral, las reglas de consulta
universitaria, los requisitos de continuidad de candidatos dentro del proceso, las

2
Actuación 37 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI.
3
Para ese momento procesal la Sala concluyó que no se encontraba acreditado que: i) el periodo del rector de la Universidad de
Córdoba es institucional, ii) que la figura de los suplentes y el gobernador en el Consejo Superior Universitario es contraria a lo
dispuesto en el artículo 64 de la Ley 30 de 1992 y, iii) el desconocimiento de la prohibición del artículo 126 de la Constitución, por
nepotismo.
4
Actuación 51 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI.

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competencias reglamentarias y de autogobierno del CSU, la validez de normas
estatutarias vigentes desde años atrás, etc.

Mencionó que, en ese orden, el accionante pretende cuestionar normas generales que
producen efectos jurídicos autónomos y que se encuentran amparadas por la
presunción de legalidad de los actos administrativos. Además, se trata de
disposiciones que han permanecido vigentes por varios años, han sido aplicadas en
múltiples procesos institucionales e incluso fueron objeto de análisis por parte de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En ese orden, propuso la excepción de «improcedencia para cuestionar actos
administrativos de carácter general mediante el medio de control de nulidad electoral».

De otro lado, propuso la cosa juzgada como excepción y la «prohibición de reabrir
debates ya definidos por la jurisdicción contencioso administrativa». Así, explicó que
el actor reproduce argumentos «sustancialmente idénticos» a los planteados en
procesos judiciales anteriores (sin mencionar cuáles); particularmente aquellos
relacionados con la participación del gobernador de Córdoba en el CSU, la figura de
las suplencias de determinados representantes, la naturaleza personal o institucional
del periodo rectoral y la validez de actuaciones adelantadas por miembros del Consejo
Superior Universitario en procesos previos a la designación.

Aseguró que tales asuntos ya fueron objeto de examen por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, autoridad que ha emitido decisiones en las cuales se abordaron
expresamente varios de los cuestionamientos que en la demanda de la referencia se
reiteran.

Indicó que la Sala Electoral ya se pronunció5 sobre la naturaleza del periodo rectoral
de la Universidad de Córdoba, precisando que este tiene carácter personal y se cuenta
a partir de la posesión del designado; lo que descarta la tesis sostenida
insistentemente por el actor. Del mismo modo, afirmó que esta judicatura también ha
analizado los cuestionamientos relacionados con la integración del CSU y la
participación de suplentes en dicho órgano.

Resaltó que no resulta admisible que el demandante pretenda desconocer «la
estabilidad de las decisiones judiciales anteriores o reabrir controversias jurídicas que
ya han sido abordadas por la jurisdicción competente, particularmente cuando los
fundamentos argumentativos por el acto reproducen sustancialmente los ya
examinados en procesos previos».

Expuso que gran parte de los cargos formulados por el actor descansan sobre
cuestionamientos abstractos, interpretaciones subjetivas o inconformidades frente a
disposiciones estatutarias y reglamentarias de carácter general, sin acreditar una
afectación material específica respecto de la voluntad decisoria del Consejo Superior
Universitario ni la legalidad del acto particular acusado.

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 16 de septiembre de 2021, Rad:
11001-03-28-000-2021-00020-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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9

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Demandante: Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa
Demandado: Jairo Miguel Torres Oviedo – rector de la Universidad de Córdoba
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00022-00

Resaltó que la demanda omite demostrar, por ejemplo, cómo la presencia de
determinados integrantes del CSU, las suplencias de sus miembros, las reglas de
consulta universitaria o las actuaciones administrativas previas, habrían alterado
efectivamente el cuórum decisorio y el sentido de la votación.

Refirió que uno de los ejes argumentativos de la demanda consiste en afirmar que el
periodo del rector de la Universidad de Córdoba tiene carácter institucional. Sin
embargo, dicha tesis desconoce tanto el contenido del Estatuto General como el
precedente reiterado del Consejo de Estado sobre la materia.

Destacó que el artículo 41 del Acuerdo 270 de 2017 dispone que el rector será
designado para un periodo de 5 años, sin establecer fechas determinadas de inicio y
finalización; esta configuración normativa permite concluir que se trata de un periodo
de naturaleza personal, contado a partir de la posesión del elegido y no de carácter
institucional sujeto a extremos temporales previamente definidos.

Precisó que así lo consideró la Sección Quinta en la sentencia del 16 de septiembre
de 2021, radicado 11001-03-28-000-2021-00020-00.

Asimismo, respecto a la integración del Consejo Superior Universitario, alegó que el
demandante parte de una interpretación fragmentada del artículo 64 de la Ley 30 de
1992 y desconoce el alcance de la autonomía universitaria conferida constitucional y
legalmente a las instituciones de educación superior.

Comentó que esa disposición establece la composición básica de los consejos
superiores universitarios e incluye expresamente la participación del ministro de
Educación Nacional, el gobernador y un delegado del presidente de la República, sin
que impida o consagre incompatibilidad alguna sobre integrantes del nivel territorial.

Reiteró que el Consejo de Estado ha reconocido expresamente la legalidad de la
participación del gobernador en el Consejo Superior Universitario de la Universidad de
Córdoba, con fundamento en que, aun cuando la norma señala que aquel presidirá las
instituciones departamentales, ello no implica que se encuentre excluido de las que
son del orden nacional.

En consecuencia, resaltó que la integración de ese órgano universitario se encuentra
desarrollada en el Acuerdo 270 de 2017 y demás normas internas expedidas en
ejercicio de la autonomía universitaria, facultad que comprende la potestad de
autogobierno institucional.

Aseguró que tampoco se configura una vulneración normativa con la previsión de la
figura de los suplentes en el Consejo Superior Universitario. En efecto, indicó que el
artículo 64 de la Ley 30 de 1992 no prohíbe las suplencias en los órganos directivos y,
por lo tanto, es posible adoptarlas; así lo concluyó la Sala Electoral en el asunto con
radicado 11001-03-28-000-2021-00020-00.

De otra parte, en lo que concierne a la supuesta vulneración del artículo 126 de la
Constitución Política, afirmó que no se acreditó. Por un lado, el demandante no

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10

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Demandante: Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa
Demandado: Jairo Miguel Torres Oviedo – rector de la Universidad de Córdoba
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00022-00

demostró actuaciones de favorecimiento, designaciones irregulares, conflictos de
interés o relaciones de dependencia capaces de afectar la validez del proceso de
designación del rector.

Manifestó que el material probatorio que obra en el expediente evidencia que las
vinculaciones laborales, elecciones internas y situaciones administrativas
cuestionadas por el actor, obedecieron a procedimientos reglados, concursos públicos
de méritos, decisiones colegiadas y mecanismos institucionales previstos en los
estatutos General, Docente y demás disposiciones aplicables.

Afirmó que, respecto de Roger Elí Torres Vásquez, Víctor Atencio García, Liliana
Beatriz Valle Zapata, Gilmar Santafé Patiño y Freddy Rafael Gloria Mestra, se acreditó
que sus respectivas trayectorias institucionales anteceden ampliamente al período
rectoral del demandado y se desarrollaron bajo distintas administraciones
universitarias.

Agregó que varias de las personas en cuestión no participaron en la sesión del Consejo
Superior Universitario en la que resultó elegido el señor Jairo Miguel Torres Oviedo,
circunstancia que descarta la configuración de la prohibición prevista en el artículo 126
constitucional.

Expuso que las comisiones académicas, encargos administrativos y demás
actuaciones referidas por la parte demandante, corresponden al ejercicio ordinario de
competencias sometidas a procedimientos reglados y controles colegiados previos;
razón por la cual, no resulta jurídicamente viable inferir de ellas la existencia de
favorecimientos personales orientados a comprometer la independencia de los
integrantes del CSU.

Concluyó que el proceso de elección se ajustó plenamente a lo previsto en el artículo
41 del Acuerdo 270 de 2017, conforme al cual la designación del rector corresponde
al candidato que obtenga la mayoría simple de los votos de los miembros presentes.
Asimismo, se verificó en debida forma el cuórum, pues concurrieron 6 integrantes,
superándose el mínimo exigido por el artículo 22 del Estatuto General (5 consejeros).

1.5.2. Universidad de Córdoba – Consejo Superior Universitario

Mediante apoderada6, la institución atendió el requerimiento en los siguientes
términos:

Explicó que, conforme al artículo 41 del Acuerdo 270 del 12 de diciembre de 2017, el
periodo del rector de la Universidad de Córdoba es de 5 años, sin establecer fechas
de inicio y terminación. Además, no existe otra disposición que determine un extremo
temporal inicial y final. De modo que, esa norma estatutaria no establece un periodo
institucional, sino personal, en tanto que aquel comienza con la posesión del
dignatario.

6
Actuación 50 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI.

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Demandante: Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa
Demandado: Jairo Miguel Torres Oviedo – rector de la Universidad de Córdoba
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00022-00

Mencionó que a esa misma conclusión llegó la Sección Quinta del Consejo de Estado,
en providencia del 27 de mayo de 2021, radicado 11001-03-28-000-2021-00020-00,
asunto en el que también fue demandante el señor Cogollo Pitalua.

Aseguró que el reparo del accionante resulta temerario y reiterativo sobre asuntos con
definición de cosa juzgada, que constituye una práctica desgastante para la
administración de justicia.

De otro lado, resaltó que el demandante reprocha la participación de suplentes en el
Consejo Superior Universitario en la Universidad de Córdoba, por cuanto esa figura no
ha sido creada ni autorizada por la ley. Sin embargo, ese cuestionamiento también se
formuló en idénticas condiciones en la demanda de nulidad electoral contra la
designación del rector, periodo 2021-2026, de la cual conoció la Sala Electoral con el
radicado indicado anteriormente.

Recordó que, en esa oportunidad, la judicatura pudo concluir que la legalidad de la
norma estatutaria que prevé la figura de las suplencias es un asunto que escapa del
objeto de litigio de la nulidad electoral, comoquiera que esa disposición goza de
presunción de legalidad, que solo puede ser desvirtuada por el juez competente que
analice, en una demanda independiente, las razones que presuntamente desconocen
el artículo 64 de la Ley 30 de 1992.

Precisó que, si bien se trata de actos electorales diferentes, las censuras del
accionante versan sobre las mismas temáticas que ya han sido resueltas en el marco
de otros medios de control, por lo que nuevamente «transita sobre terrenos de la
temeridad, puesto que, conociendo las decisiones proferidas por esta misma sección
en litigios promovidos por él mismo, en donde han resultado vencidos sus
señalamientos, hace que sea evidente la carencia de fundamento legal».

Lo propio sucede con el cargo según el cual el gobernador no puede integrar el
Consejo Superior de la Universidad de Córdoba. Así, indicó que nuevamente ese
reparo fue objeto de pronunciamiento en otros procesos de nulidad electoral que
conoció la Sección Quinta con el radicado 11001-03-24-000-2021-00345-00; en ese
asunto se concluyó que el dirigente departamental puede ser parte del CSU, pues la
ley no lo proscribe.

De cualquier forma, señaló que el cuestionamiento del demandante tampoco tendría
incidencia alguna, toda vez que el gobernador no estuvo presente en la sesión del 5
de diciembre de 2025, en la que se eligió al señor Jairo Miguel Torres Oviedo como
rector de la Universidad de Córdoba, periodo 2026-2031.

Por último, sostuvo que tampoco se acredita el desconocimiento del artículo 126
constitucional, toda vez que los docentes Roger Elí Torres Vásquez, Víctor Atencio
García, Liliana Valle Zapata y Gilmar Santafé Patiño ingresaron a la Universidad de
Córdoba mediante concurso público de méritos, regido por el Estatuto Docente y bajo
actos administrativos dictados por rectores que antecedieron al demandado.

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Demandante: Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa
Demandado: Jairo Miguel Torres Oviedo – rector de la Universidad de Córdoba
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00022-00

Mencionó que la referida disposición constitucional no puede aplicarse de manera
extensiva a las universidades públicas, pues la Corte Constitucional estableció que,
las prohibiciones que limitan «derechos políticos» deben interpretarse de forma
restrictiva, tal como se previó en la sentencia SU-261 de 2021.

Mencionó que, además, la designación de los referidos docentes en el Consejo
Superior Universitario, tuvo lugar conforme a los mecanismos establecidos para la
elección de los miembros de ese órgano directivo, sin que el rector Jairo Torres Oviedo
haya tenido injerencia.

1.6. Marizel Pérez Lara – coadyuvante

Mediante escrito allegado el 13 de mayo de 20267, solicitó que se le reconozca en el
proceso como coadyuvante de la parte demandante.

1.7. Trámite Procesal

Por auto del 3 de junio de 20268 se resolvieron las excepciones de cosa juzgada e
«improcedencia para cuestionar actos administrativos de carácter general mediante el
medio de control de nulidad electoral» (inepta demanda), propuestas por el
demandado y la Universidad de Córdoba, en el sentido de denegarlas.

Asimismo, se fijó el litigio (como más adelante se precisará en el problema jurídico de
esta providencia), se decretaron las pruebas y se negaron otras9, se dispuso el trámite
de sentencia anticipada y se corrió traslado para alegar de conclusión a las partes y,
durante el mismo término, al Ministerio Público para que rindiera concepto.

1.8. Alegatos de conclusión

1.8.1. Demandante10

Reiteró su inconformidad sobre la decisión del despacho sustanciador de negar el
decreto de las pruebas documentales que fueron allegadas durante el traslado de las
excepciones. Asimismo, indicó que debe prevalecer lo sustancial sobre lo formal y que,
en consecuencia, al ser necesarias para resolver el cargo por el desconocimiento del
artículo 126 de la Constitución Política, que sea la Sala Electoral en pleno la que, si
así lo considera, las requiera mediante un auto de mejor proveer.

Insistió en que el Estatuto General de la Universidad de Córdoba contempla un periodo
institucional para el cargo de rector, según se desprende del artículo 21 numeral 10 de
los referidos estatutos y el parágrafo del artículo 125 de la Constitución Política.

Lo anterior, en consideración a que, mediante el Acuerdo 270 de 2017, el CSU,
modificó el término de 3 años inicial, del período del entonces rector Torres Oviedo,
para permitir su prórroga (y el de los propios consejeros) por dos años más y

7
Actuación 52 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI.
8
Actuación 58 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI.
9
Particularmente, se negaron las pruebas testimoniales, documentales que se requerían oficiar y aquellas aportadas
extemporáneamente por el demandante durante el término de traslado de las excepciones.
10
Índice 79 del sistema de gestión judicial SAMAI

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Demandado: Jairo Miguel Torres Oviedo – rector de la Universidad de Córdoba
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00022-00

estableció, desde el año 2017, el período por un término de 5 años para dicho cargo y
expresamente se precisó que el que venía cumpliendo el demandado desde el 2015,
finalizaba el 18 de diciembre de 2020, según se lee del parágrafo transitorio del artículo
41 del Estatuto General.

Explicó que, en ese orden, es claro que el periodo del rector de la Universidad de
Córdoba sí es institucional, toda vez que sí se previó una fecha de inicio y otra de
finalización. Asimismo, adujo que el entendimiento de ello es fundamental para
determinar el reparo de la demanda, cuando se produce la vacancia del cargo; en
efecto, expuso que a diferencia del periodo personal, quien es designado para
ocuparlo solo lo hace por el tiempo que reste, y no se cuenta nuevamente el término
desde la posesión.

Citó el artículo 21 numeral 10 del Estatuto General para señalar la forma de proveer la
vacancia absoluta o temporal del rector de la universidad; procedimiento en el que,
según indicó, se revela claramente que el periodo de ese dignatario es institucional.

Comentó que si dicha normativa exige un nuevo proceso de elección atípica cuando
faltan más de 18 meses para culminar el periodo del rector, es porque aquel debe
terminarse para iniciar el siguiente, lo cual se entiende cuando tiene carácter
institucional.

Manifestó que se desconoció el «principio de autorregulación» toda vez que el Estatuto
General no prevé que el Consejo Superior Universitario pueda implementar el sistema
de consulta a tres estamentos de la universidad, en el que los candidatos deben
obtener el 30% de al menos de dos de los tres consultados.

Agregó que, además, el software que se utiliza para llevar a cabo la referida consulta
no tiene «ningún nivel de seguridad o garantía de veracidad del censo utilizado». Así,
destacó que no hubo garantías de participación en la convocatoria para elegir rector.

Señaló que, además, el Estatuto General de la universidad previó una «cláusula
pétrea», que impedía su modificación durante un periodo de 6 meses previo a cualquier
designación del rector u otro funcionario cuyas calidades y funciones estuviesen
asignadas a aquel.

Reiteró los argumentos relacionados con el desconocimiento de la prohibición prevista
en el artículo 126 de la Constitución. Sobre el particular, anunció que aportaba el
Acuerdo 082 de 2025 en el que consta que se delegó al demandado para que
convocara y llevara a cabo las actuaciones tendientes a elegir el representante de los
egresados del CSU en el que resultó designado el señor Fredy Gloria Mestra, al ser el
único aspirante y hermano del vicerrector académico de la universidad; asimismo, fue
uno de los votantes por el demandado en la sesión del 5 de diciembre de 2025.

Insistió en que la composición de los consejos superiores de las universidades
públicas, fue establecida por el legislador, razón por la cual no es posible alterar su
estructura sin quebrantar el orden jurídico. Ello, en consideración a lo dispuesto en el
artículo 64 de la Ley 30 de 1992.

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Asimismo, sostuvo que, de acuerdo con la pretensión cuarta de la demanda en la cual
se solicitó que se «adopten las demás declaraciones o decisiones que estime
pertinentes para garantizar la plena observancia del orden jurídico», resulta necesario
que se aplique la «excepción de inconstitucionalidad» de la normativa del EG que
resulta contraria al ordenamiento, en particular del referido artículo 64 de la Ley 30 de
1992. Ello en consideración a que, si bien las referidas disposiciones fueron
demandadas a través del medio de control de nulidad ante la Sección Primera del
Consejo de Estado, aún no se ha proferido el fallo correspondiente.

1.8.2. Demandado11

Reiteró los argumentos de defensa del acto de elección demandado y abordó uno a
uno los problemas jurídicos determinados en la fijación del litigio, para señalar que
ninguno de los reparos planteados por el demandante se encuentra acreditado, en
tanto que: i) el periodo del rector de la Universidad de Córdoba es personal y, por ende,
el procedimiento para convocar y elegir al demandado para un término de 5 años
desde su posesión, no constituye una actuación arbitraria; ii) en virtud de la autonomía
universitaria, el CSU podía regular aspectos de su conformación y prever la figura de
suplentes, aun cuando la ley no lo estableciera expresamente, pues ello hace parte de
la configuración normativa de dicho órgano, y iii) no se predica el desconocimiento del
artículo 126 constitucional, por cuanto la mayoría de los miembros cuestionados por el
actor no asistieron ni votaron en la sesión en la que se eligió al rector y, otros, como el
señor Fredy Gloria Mestra, no tiene la calidad de servidor público.

1.8.3. Universidad de Córdoba12

Insistió en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y señaló que
ninguno de los cargos formulados por el actor se encuentra acreditado.

1.8.4. Coadyuvante13

Cuestionó la decisión mediante la cual se negó el decreto de algunas de las pruebas
requeridas y aportadas por el demandante, en especial aquellas documentales
allegadas durante el término de traslado de las excepciones.

Señaló que en el expediente se encuentra probado que el señor Torres Oviedo en su
condición de rector, durante el periodo anterior y posteriormente a la designación
cuestionada, nombró y/o contrató a los siguientes parientes del consejero Fredy Gloria
Mestra: i) Elkin Rojas Mestra (hermano), Nacirsi Tatiana Martínez Simanca (cuñada),
Fredy Gloria Montalvo (hijo) y Yazmin Montalvo Portacio (cónyuge). Sin embargo, el
referido miembro del Consejo Superior Universitario no manifestó impedimento o
conflicto de interés alguno y participó en la elección del demandado.

11
Índice 78 del expediente que obra en el sistema para la gestión judicial SAMAI.
12
Índice 76 del expediente que obra en el sistema para la gestión judicial SAMAI.
13
Índice 80 del expediente que obra en el sistema para la gestión judicial SAMAI.

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Refirió los demás miembros del Consejo Superior Universitario que, a su juicio,
también desconocieron la prohibición del artículo 126 de la Constitución Política y que,
aun cuando algunos de ellos no participaron en la sesión en la que resultó elegido el
demandado, sí intervinieron en otras etapas del proceso de elección.

Respaldó los cargos relativos al carácter institucional de periodo del rector y agregó
que la modificación del régimen de reelección en la universidad, desconoció el EG y
alteró las reglas del proceso de designación.

1.9. Concepto del Ministerio Público14

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en los
siguientes términos:

Sostuvo que un cargo es institucional dentro de la estructura y prestación del servicio
público en el Estado, cuando así se haya establecido por el constituyente primario,
constituido o por el legislador. Así, destacó que la Ley 30 de 1992, en su artículo 66,
no previó que el periodo de la máxima autoridad administrativa de las universidades
públicas tenga ese carácter, por el contrario, se precisa que los requisitos, calidades y
demás aspectos para su designación, deben establecerse en sus propios estatutos.

Citó el artículo 41 del EG de la Universidad de Córdoba, para señalar que el periodo
del rector es personal, por 5 años, contados a partir de su posesión. Ello sumado a la
«subregla» consistente en que los cargos diferentes a los de elección popular son
individuales, salvo que expresamente se hubiera instituido su carácter institucional.

Anotó que la participación del gobernador de Córdoba en el Consejo Superior de la
universidad, encuentra fundamento en los estatutos, que en el artículo 20 dispone que,
aquel es el máximo órgano de dirección y gobierno de la institución conformado, entre
otros, por ese dignatario.

Comentó que la sentencia C-589 de 1997 no tuvo por objeto establecer si los
gobernadores podían o no ser parte de los consejos superiores de universidades
nacionales. De cualquier forma, en la parte motiva de dicha providencia sí se mencionó
al gobernador o alcalde, pueden integrar el CSU en instituciones de orden nacional,
departamental, distrital o municipal.

Resaltó que el artículo 64 de la Ley 30 de 1992 solo señala que el gobernador preside
las universidades departamentales, pero no los excluye expresamente de las
instituciones del orden nacional. De modo que, en virtud de la autonomía de los
establecimientos de educación superior, el CSU tiene la facultad de darse sus propios
estatutos, en los cuales, según el artículo 62 de la referida ley, se podrá reglamentar
la estructura que comprenda, entre otras «la existencia de un Consejo Superior
Universitario y un Consejo Académico, acordes con su naturaleza y campos de
acción».

14
Índice 77 del expediente que obra en el sistema para la gestión judicial SAMAI.

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De cualquier forma, afirmó que el gobernador ni su delegada participaron en la sesión
en la que resultó elegido el demandado.

Precisó que, en cuanto a los suplentes de los miembros del CSU, del acta del 5 de
diciembre de 2025, se encuentra acreditado que en la elección del demandado
participaron dos representantes sustitutos, de los exrectores y de las directivas
académicas.

Destacó que la figura de las suplencias de los miembros del CSU se reguló en el
Acuerdo 103 del 22 de agosto de 2014 (Reglamento Interno del Consejo Superior
Universitario de la Universidad de Córdoba), artículos 11 y 12, y en el Acuerdo 270 de
2017, artículo 31. Tales actos administrativos, expedidos en el marco de la autonomía
universitaria, gozan de presunción de legalidad sin que a la fecha se haya desvirtuado.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente demanda de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 4 del artículo 149 de la Ley 1437 de 201115, modificado por el
artículo 24 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 2019 modificado por el Acuerdo 434 de 2024, reglamento
interno de la corporación.

2.2. Acto acusado

Corresponde al Acuerdo 132 del 5 de diciembre de 2025, mediante la cual se designó
al Jairo Miguel Torres Oviedo como rector de la Universidad de Córdoba, periodo 2026-
2031, expedido por el Consejo Superior Universitario.

2.3. Cuestión previa

Resulta importante precisar, antes de abordar el fondo del asunto, el alcance de los
alegatos de conclusión presentados por la parte demandante y su coadyuvante. Según
se observa, en el escrito allegado tanto el actor como el tercero agregaron reparos que
no fueron incluidos en el concepto de la violación de la demanda inicial, una vez aquella
fue subsanada.

En efecto, el accionante alegó de conclusión en el sentido de señalar que se
desconoció el «principio de autorregulación» toda vez que el EG no prevé que el
Consejo Superior Universitario pueda implementar el sistema de consulta en el que los
candidatos deben obtener el 30% de al menos dos de los tres estamentos convocados.

Asimismo, que el software que se utiliza para llevar a cabo la referida consulta no tiene

15
Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones,
Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de
los siguientes asuntos: (…) 4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras
y sus comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la junta directiva
o consejo directivo de los entes autónomos del orden nacional y las comisiones de regulación. Igualmente, de la nulidad del
acto de nombramiento del Viceprocurador General de la Nación, del Vicecontralor General de la República, del Vicefiscal General
de la Nación y del Vicedefensor del Pueblo.

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«ningún nivel de seguridad o de veracidad del censo utilizado» y que no hubo garantías
de participación en la convocatoria para elegir rector. Además, que el Estatuto General
de la universidad previó una «cláusula pétrea», que impedía su modificación durante
un periodo de 6 meses anteriores a cualquier designación del rector u otro funcionario
cuyas calidades y funciones estuviesen asignadas en aquel.

Debe anotarse que, debido al confuso escrito presentado inicialmente por el
demandante, el despacho del magistrado ponente en este asunto, mediante auto del
23 de febrero de 2026, inadmitió la demanda para que, entre otros aspectos,
enumerara y clasificara los hechos y determinara con toda precisión el concepto de la
violación. Sobre el particular, la parte actora allegó un memorial de subsanación en el
que corrigió los yerros señalados y, en consecuencia, aportó una demanda integrada
de subsanación, la cual fue tenida en cuenta para el traslado al demandado y demás
autoridades intervinientes en este proceso.

En ese orden de ideas, en el documento contentivo de la corrección de la demanda, la
parte demandante desarrolló el concepto de la violación únicamente respecto de los
cargos que fueron objeto de la fijación del litigio, que tuvo lugar mediante providencia
del 3 de junio de 2026. Contra ese auto la parte actora únicamente presentó recurso
de reposición en lo concerniente a las pruebas que le fueron denegadas; incluso,
afirmó textualmente que no tenía reparo alguno con el problema jurídico que debía
desatarse, determinado por el magistrado ponente.

En tales condiciones, la sentencia se concentrará únicamente en los reparos que
fueron formulados en el escrito de demanda (una vez subsanada), por lo que aquellos
argumentos y cargos traídos a colación en los alegatos de conclusión que desbordan
la fijación del litigio, no podrán ser estudiados.

Lo propio debe considerarse en relación con los argumentos que la coadyuvante
formuló en sus alegatos de conclusión, que no hacen parte del objeto del litigio y que
además exceden los cargos de la parte a la que ayuda.

De otro lado, en lo que concierne al cuestionamiento de las pruebas que fueron
negadas por el despacho sustanciador del proceso de la referencia, debe precisarse
igualmente que los alegatos de conclusión tampoco constituyen una oportunidad para
impugnar decisiones que ya se encuentran ejecutoriadas. Nótese que contra el auto
del 3 de junio en el cual se negaron algunas de las pruebas requeridas por la parte
actora, se formuló reposición, el cual fue resuelto en el proveído del 19 de junio de
2026, decisión que cobró ejecutoria sin que la parte actora propusiera el recurso de
súplica.

Por lo tanto, no resulta de recibo que el demandante, en el escrito de alegatos de
conclusión, pretenda que la Sala se pronuncie sobre unas pruebas frente a las cuales
el magistrado ponente ya decidió, providencia que se encuentra ejecutoriada y que no
fue oportunamente impugnada ante los demás magistrados que integran la Sección
Quinta.

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Finalmente, el demandante señaló que con el escrito de alegatos aportaba el Acuerdo
082 de 2025 en el que consta que «se delegó al demandado para que convocara y
llevara a cabo las actuaciones tendientes a elegir el representante de los egresados
del CSU en el que resultó designado el señor Fredy Gloria Mestra, al ser el único
aspirante, hermano del vicerrector académico de la universidad y uno de los votantes
por el demandado en la sesión del 5 de diciembre de 2025».

Sobre el punto, la Sala debe advertir que esa no es la oportunidad procesal para
aportar nuevas pruebas y, de cualquier forma, el documento anunciado no fue
allegado, de manera que no se hará estudio alguno al respecto.

2.4. Problema jurídico

De conformidad con el auto del 3 de junio de 2026, el litigio se contrae a determinar si
resulta legal o no el acto de designación del señor Jairo Miguel Torres Oviedo como
rector de la Universidad de Córdoba, periodo 2021-2030.

Con tal propósito, es necesario establecer si, como lo indicó el demandante, el acto
acusado está viciado por infracción de normas superiores, violación del debido proceso
y expedición irregular. Por lo tanto, deberá determinarse:

i) Si el periodo del rector de la Universidad de Córdoba es personal o institucional, de
conformidad con el artículo 125 constitucional y el EG de la Universidad de Córdoba;
ello en consideración a que el acuerdo demandado dispuso uno personal el cual
iniciaría a partir del 5 de marzo de 2026 hasta el 2031.

ii) Si se vulneró artículo 64 de la Ley 30 de 1992, que establece la composición del
CSU, norma que no prevé la participación de suplentes ni del gobernador; según el
actor, este último no tiene asiento en el órgano directivo cuando se trata de
instituciones de carácter nacional, de manera que no podía participar en la elección
del demandado.

iii) Se desconoció el artículo 126 de la Carta Política por cuanto, a juicio del
demandante, se incurrió en la prohibición allí prevista en tanto que varios integrantes
del CSU que eligieron al señor Torres Oviedo, fueron nombrados por el demandado
cuando ejerció como rector en periodos anteriores a su reelección.

De conformidad con los anteriores cuestionamientos, la Sala abordará los siguientes
ejes temáticos: i) el marco normativo de las causales genéricas de infracción de
normas superiores, expedición irregular y debido proceso y, ii) el caso concreto.

2.5. Marco normativo de la infracción de normas superiores, expedición irregular
y debido proceso

La causal de infracción de normas superiores ha sido considerada por la jurisprudencia
del Consejo de Estado como un vicio de nulidad de los actos administrativos (e
igualmente de los actos de elección) en el que se hace una contrastación formal y
objetiva de la actuación expedida en relación con disposiciones de mayor jerarquía.

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En efecto, esta Sección se ha pronunciado puntualmente en los siguientes términos:

…para la configuración de esta causal de nulidad se debe demostrar, en primer lugar,
que las disposiciones que se estiman infringidas por el acto acusado, integran el
bloque normativo que le sirve de marco jurídico, es decir, que regulan la materia en
la que se inscribe su objeto y declaración de voluntad; y en segundo lugar, que en
efecto al confrontar el acto con tales normas surje (sic) su violación por contradicción
o desconocimiento. En este sentido, la Sección ha sintetizado los principales
escenarios en que se produce la infracción de norma superior, así:

(i) Falta de aplicación de la norma, situación que se presenta luego de que la autoridad
que profiere el acto ignora la existencia del presupuesto normativo, o conociéndolo,
no lo aplica en el asunto que la ocupa;

(ii) Aplicación indebida de la norma, la cual se presenta luego de que las reglas
jurídicas empleadas por la autoridad para fundar el acto, no se conforman a la
situación fáctica del caso a tratar, como consecuencia de una equivocación en la
valoración y escogencia de la disposición normativa;

(iii) Interpretación errónea de la norma, consistente en el entendimiento desatinado
del precepto o preceptos que sustentan el asunto por resolver16

Por su parte, sobre la expedición irregular, esta Sala Electoral ha precisado que se
trata de un vicio de nulidad de los actos que se materializa cuando se vulnera el
procedimiento determinado para la formación y expedición de un acto administrativo,
o para efectos del caso, de un acto de elección. Es decir, cuando la actuación se
adelanta con anomalías en el trámite genera cuestionamientos en la forma en la que
se profirió.

Uno de los aspectos más importantes a la hora de verificar la referida irregularidad, es
determinar cuál es la norma a la que el procedimiento administrativo debió ceñirse. Por
lo tanto, es necesario tener plena claridad sobre el trámite que la ley y/o la Constitución
previeron para la formación de una determinada actuación, ya que solo en esa medida
se puede examinar si se presentó o no alguna infracción. En suma, la causal de nulidad
por expedición irregular se configura cuando se acredita la existencia de alguna
anomalía en el proceso de formación del acto, que desconoce el trámite previsto legal
o constitucionalmente17.

Finalmente, esta Corporación ha precisado que «el debido proceso administrativo
impone a las entidades del Estado adelantar cualquier actuación o procedimiento
administrativo, cuyo propósito sea crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, con
la estricta observancia de los lineamientos previamente consagrados por el legislador,
esto con el objeto de garantizar a los ciudadanos que puedan verse afectados por el

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 9 de septiembre de 2021. Rad: 23001-
23-33-000-2020-00004-02. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 3 de agosto de 2015. Rad: 11001-
03-28-000-2014-00128-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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ejercicio de la función pública, la protección de sus derechos de contradicción y
defensa»18.

2.6. Caso concreto

Como viene de explicarse, le corresponde a la Sala resolver las censuras formuladas
por la parte actora, lo que impone determinar si el acto de elección está viciado de
nulidad por los precisos reparos señalados en la fijación del litigio.

2.6.1. El periodo del rector de la Universidad de Córdoba

De acuerdo con el reparo planteado por el demandante, debe determinarse si el
periodo del rector de la Universidad de Córdoba es personal o institucional, de
conformidad con el artículo 125 constitucional y el EG de la Universidad de Córdoba;
ello en consideración a que el acto demandado dispuso uno personal el cual iniciaría
a partir del 5 de marzo de 2026 hasta el 2031.

Ese debate ya tuvo lugar, precisamente cuando se estudió la demanda contra la
designación del señor Jairo Miguel Torres Oviedo para el periodo 2021-2026. En esa
oportunidad esta Sala precisó:

144. En este orden de ideas, retomando el contenido del artículo 41 estatutario, que señala
que el rector de la Universidad de Córdoba “…será designado por el Consejo Superior
Universitario, ante el cual toma posesión para un período de cinco (5) años”, es lo
procedente concluir que, contrario a lo formulado en la demanda, el periodo del rector es
de carácter personal, porque se cuenta a partir de su posesión y se ejerce por 5 años,
entonces, no puede ser institucional, dado que el precepto no contempla una fecha
determinada de inicio y finalización19.

En efecto, de conformidad con el EG de la Universidad de Córdoba (Acuerdo 270 de
2017), artículo 41, el periodo se encuentra fijado en los siguientes términos:

El rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de Córdoba y su representante
legal; quien será designado por el Consejo Superior Universitario, ante el cual toma
posesión para un período de cinco (5) años. El cargo de rector es incompatible con el
ejercicio profesional o cualquier otro cargo. [Énfasis fuera de texto]

Como se aprecia, contrario a lo señalado por el demandante, la disposición estatutaria
no señala de manera expresa que el periodo del rector es institucional. Debe
recordarse que esta Sala Electoral en otras ocasiones se ha pronunciado sobre el
particular, en los siguientes términos:

(…) el Consejo de Estado, desde vieja data, señaló que el periodo personal se cuenta a
partir de la posesión del elegido, se ejerce el cargo durante el tiempo que señala la norma
correspondiente y la falta absoluta del funcionario da lugar a una nueva elección para un
nuevo período y el institucional es señalado por la norma, parte (…) de una fecha
determinada y por consiguiente debe finalizar en una fecha determinable20.

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 11 de abril de
2019, Rad: 05001-23-33-000-2014-02189-01. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 16 de septiembre de 2021, Rad:
11001-03-28-000-2021-00020-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
20
Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo de 29 de septiembre de 2000, Rad. No. 246, demandante: Arnulfo Gómez Parada,
M.P. Roberto Medina López. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 16 de
septiembre de 2021, Rad: 11001-03-28-000-2021-00020-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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Asimismo, en el Acuerdo 020 de 2021 que obra al folio 744 del archivo de subsanación
de la demanda dispuso en el artículo primero, lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO: Desígnese al Doctor Jairo Miguel Torres Oviedo, identificado
con cédula de ciudadanía N° 78.744.765 como rector de la Universidad de Córdoba
para el período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de su posesión.
[Énfasis fuera de texto].

No obstante, la parte actora alega que, de una lectura armónica e integral del Estatuto
General de la Universidad de Córdoba, es posible concluir que el periodo del rector sí
es institucional; particularmente, por lo previsto en el numeral 10 del artículo 21 del
Acuerdo 270 de 2017. Dicha disposición regula las funciones del Consejo Superior
Universitario y establece expresamente, en el referido numeral, lo siguiente:

10) Designar rector encargado, por ausencia definitiva del titular. Si faltare más de 18
meses para completar el periodo institucional, se hará elección atípica, para tal fin,
la convocatoria se deberá hacer de forma inmediata; esto es, en un término no superior
a diez días hábiles, a partir de la fecha de la vacancia, según el procedimiento del
Consejo Superior Universitario. [Énfasis fuera de texto].

Igualmente, el demandante trae a colación el parágrafo transitorio del artículo 41 de
los Estatutos que previó lo siguiente:

PARÁGRAFO TRANSITORIO: El periodo contenido en el artículo anterior cobija el
presente periodo rectoral, el cual finalizará el 18 de diciembre de 2020.

De una lectura integral de las disposiciones citadas, es posible advertir la aparente
dicotomía que plantea el accionante. Por un lado, la norma que reguló el periodo del
rector de la universidad no estableció de manera expresa las fechas de inicio y
finalización; sin embargo, en el parágrafo transitorio del mismo artículo 41 se indicó
que el referido término de 5 años aplicaría al periodo rectoral vigente para el momento
en que se realizó la modificación al estatuto y, por ello, aclaró que finalizaría el 18 de
diciembre de 2020.

Es a partir de la definición de esa fecha, que el demandante considera que sí existe
una pauta temporal en el calendario, para efectos de determinar el periodo institucional
del rector de la Universidad de Córdoba; sumado al numeral 10 del artículo 21 del
Acuerdo 270 de 2017 que prevé las funciones del Consejo Superior Universitario, en
el que se establece el procedimiento para designar rector encargado, por ausencia
definitiva del titular y expresamente se señala que si faltare más de 18 meses para
completar el periodo institucional, se hará elección atípica.

No obstante, la Sala considera que esa presunta divergencia normativa debe
resolverse consultando la intención del CSU en cada una de las disposiciones. En
primer término, la fecha del 18 de diciembre de 2020 se fijó en un parágrafo transitorio
del estatuto, es decir, que esa data no tenía vocación de permanencia en el Acuerdo
270 de 2017, pues tan solo aclaró la fecha en que terminaría el periodo del entonces
rector de la universidad para el momento en que se reformó el estatuto.

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En segundo lugar, si bien la disposición que regula las funciones del CSU se refiere
expresamente a un «periodo institucional» del rector, lo cierto es que esa norma se
limitó a regular el procedimiento para designar un rector encargado por ausencia
definitiva del titular.

De manera que, para resolver la aparente dicotomía de los artículos en pugna que
invoca el accionante, hay que determinar cuál de aquellas reguló de manera específica
lo atinente al periodo rectoral de la Universidad de Córdoba. Según se observa, el
artículo 41 del Estatuto General, está ubicado en el «Capitulo IV Del Rector», es decir,
en el apartado que se dedica especialmente a definir todos los aspectos relacionados
con la rectoría.

Como se advirtió líneas atrás, esa última disposición establece que el rector debe ser
designado por el CSU, ante el cual tomará posesión por un término de 5 años. Sin
embargo, nada precisó sobre la fecha de inicio o finalización, razón por la cual, no es
posible predicar el carácter institucional del periodo, por cuanto así no quedó
consignado en la norma que reguló el tema.

Ahora, cuando el artículo 21 numeral 10 del Estatuto General se refiere al «periodo
institucional» tampoco es claro si aquella expresión se utiliza para darle el alcance o
categoría al término en que se ejerce en la rectoría, o si simplemente alude al lapso
para el que fue elegido el rector de la universidad, contado desde la posesión. Lo cierto
es que, se insiste, la disposición que reguló la materia no dispuso una fecha de inicio
o finalización, que pueda determinarse expresamente en el calendario.

De modo que, el entendimiento del actor parte de atribuir al vocablo «institucional» un
único significado posible, cuando, conforme a los criterios de interpretación sistemática
y finalista, también podría admitir otra acepción compatible con el artículo 41 del EG.

En efecto, la Sala comprende, de una lectura integral del EG, que el calificativo en
cuestión se incluyó como una referencia al periodo correspondiente al ejercicio de la
rectoría como órgano unipersonal de dirección de la Universidad, esto es, al lapso
durante el cual la institución cuenta con un titular investido de esa función, sin que ello
implique que dicho término deba iniciar o concluir en fechas previamente establecidas.

En tales condiciones, la expresión «período institucional» contenida en el numeral 10
del artículo 21 del EG no puede entenderse como una modificación tácita del régimen
previsto en el artículo 41 del mismo estatuto, sino solo como un referente que permite
definir la procedencia de la elección atípica.

Esta interpretación, además de respetar la especialidad de la norma que disciplina
directamente el período rectoral, preserva la unidad sistemática del Estatuto General
de la Universidad de Córdoba y materializa el principio de conservación del derecho,
al permitir que ambas disposiciones desplieguen plenamente sus efectos sin excluirse
recíprocamente.

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De otro lado, contrario a lo señalado por la parte actora, no se evidencia que el
parágrafo del artículo 125 de la Constitución Política resulte aplicable al caso concreto.
Dicha disposición establece lo siguiente:

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 6 del Acto Legislativo 1 de 2003. El
nuevo texto es el siguiente:> Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la
ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados
o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán
por el resto del período para el cual este fue elegido.

La norma constitucional establece que todos aquellos periodos previstos en la
constitución o en la ley, para cargos de elección, se entenderán institucionales. Sin
embargo, en este caso se trata de un establecimiento de educación superior y todos
los aspectos relacionados con el rector fueron regulados en el estatuto general en
virtud de su autonomía, no en la ley.

De manera que, la referida norma superior no resulta aplicable para el cargo de rector
de una universidad que, en virtud de su garantía constitucional de autonomía e
independencia, al darse sus propios estatutos, puede determinar asuntos como el
periodo de la rectoría. Más aun cuando la Ley 30 de 1992, mediante la cual se regula
el servicio público de educación superior, no definió un periodo específico para los
rectores de instituciones públicas.

En consecuencia, el cargo formulado no prospera.

5.2. El Consejo Superior Universitario, que eligió al demandado, está compuesto
por suplentes además del gobernador de Córdoba, los cuales, según el
demandante, no están autorizados por el artículo 64 de la Ley 30 de 1992 para
conformar dicho órgano

Para el demandante, el acto electoral cuestionado incurre en infracción de norma
superior y fue expedido con falta de competencia y afectación del derecho al debido
proceso porque, en la sesión que culminó con la elección del señor Jairo Miguel Torres
Oviedo, participaron 2 suplentes de los miembros del Consejo Superior de la
Universidad de Córdoba. Asimismo, en dicho órgano directivo tiene asiento el
gobernador de Córdoba, pese a que la universidad es de carácter nacional, no
departamental.

Ello, por cuanto, a juicio del accionante, la Ley 30 de 1992 no establece la figura del
reemplazo para los integrantes del CSU. Tampoco permite que, en instituciones de
orden nacional, los gobernadores integren el consejo superior, pues para eso se previó
el delegado del presidente de la República.

En efecto, de la reunión del 5 de diciembre de 2025, en la cual resultó elegido el
demandado, se advierte que participaron dos suplentes representantes de: i) las
directivas académicas y, ii) los exrectores.

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Al respecto, la Sala Electoral ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la figura de
la suplencia de los representantes ante el Consejo Superior Universitario de la
Universidad de Córdoba, en los siguientes términos21:

115. Al respecto, para esta Sala es necesario aclarar que la presunta vulneración del
contenido del artículo 64 de la Ley 30 de 1992, no deviene del acto de elección del
demandado, pues como quedó demostrado allí los suplentes actuaron porque cumplieron
las exigencias para desempeñar dicha suplencia de conformidad con las normas internas
de la Universidad de Córdoba.

116. En efecto, los reparos de la parte actora, en realidad, recaen en la normativa de la
Universidad de Córdoba que tiene establecido que los representantes mencionados tengan
suplentes, al punto que como ya se expuso se adelanta todo un proceso eleccionario a fin
de lograr su designación.

117. Por lo expuesto, es lo procedente concluir que el debate en torno a si la Universidad
de Córdoba al establecer la figura de la suplencia vulnera o no el artículo 64 de la Ley 30
de 1992, debe darse en el curso del proceso que se adelante contra el Acuerdo 270 de
2017 “por medio del cual se adopta el estatuto general de la Universidad de Córdoba” o
incluso también respecto del Acuerdo 103 de 2014 “por el cual se expide el reglamento
interno del consejo superior”, por ser las disposiciones que autorizan la participación de los
suplentes de los representantes del sector productivo, de las directivas académicas y de
los estudiantes ante el consejo superior universitario, pero no en sede del presente medio
de control de nulidad electoral. Además, quienes fungen como suplentes, lo hacen en virtud
del acto electoral que en su momento definió los representantes de cada estamento al
interior del consejo directivo, elecciones que no pueden ser analizadas bajo la égida del
presente medio de control, para estudiar indirectamente la legalidad de la selección de los
miembros de otros estamentos.

Como se lee, la Sala mayoritaria en esa oportunidad consideró que, la figura de la
suplencia es un asunto reglado por el Estatuto General de la Universidad de Córdoba
y que, el presunto desconocimiento del artículo 64 de la Ley 30 de 1992, no deviene
del acto de elección propiamente, sino de la norma estatutaria que permite esa
posibilidad de suplir al respectivo representante ante el CSU.

Es decir, si bien la Ley 30 de 1992, no se refiere a la figura de la suplencia para algunos
de los miembros del Consejo Superior Universitario, la normativa interna de la
Universidad de Córdoba sí la estableció. Esa regulación estamentaria, a juicio del
demandante, desconoce la referida ley y tiene una incidencia directa en el acto de
elección demandado.

De manera que, los reparos de la parte actora recaen sobre la normativa de la
Universidad de Córdoba que tiene establecido que los representantes mencionados
tengan suplentes.

Sobre el particular, de las pruebas y anexos aportados por la Universidad de Córdoba,
se allegó copia de la providencia del 15 de noviembre de 2022, radicado 11001-0324-
000-2021-00345-00, que cursa en la Sección Primera de esta Corporación, mediante
la cual se negó la medida cautelar contra el Acuerdo 270 del 12 de diciembre de 2017,
Estatuto General de la Universidad de Córdoba.

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 16 de septiembre de 2021, Rad:
11001-03-28-000-2021-00020-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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Debe precisarse que el demandante en ese proceso, es el señor Joaquín Felipe
Negrette Sepúlveda, apoderado del señor Cogollo Pitalúa, accionante del medio de
control de la referencia. Dicho abogado presentó demanda de nulidad simple, entre
otros, contra la norma estatutaria que prevé la posibilidad de que los miembros del
Consejo Superior Universitario tengan suplentes, de manera que ese es un asunto
cuyo conocimiento se encuentra en trámite ante la Sección Primera de esta
corporación, según el mismo actor lo precisó en los alegatos de conclusión.

Sin embargo, a la fecha no se tiene conocimiento que se haya anulado esa disposición,
pues el proceso se encuentra en trámite, tal y como lo sostuvo el demandante. En tales
condiciones, comoquiera que la norma estatutaria que estableció la figura de los
suplentes de los miembros del Consejo Superior Universitario, se encuentra vigente,
dado que no se ha desvirtuado su presunción de legalidad, no encuentra la Sala
acreditado el reparo invocado por el actor.

Tampoco es posible aplicar la «excepción de inconstitucionalidad» requerida por el
actor, toda vez que aquella se predica cuando se advierte que alguna norma o
disposición resulta contraria a la constitución. En este caso, el reparo del demandante
recae sobre la presunta contradicción de la regulación estatutaria con el artículo 64 de
la Ley 30 de 1992, examen de legalidad que, se reitera, se encuentra en trámite ante
la Sección Primera de esta corporación.

Asimismo, en lo referente a la inclusión del gobernador de Córdoba en el Consejo
Superior Universitario, se observa que aquel no asistió a la sesión en la que resultó
elegido el demandado, según el acta de la reunión del 5 de diciembre de 2025 del CSU
aportada, de manera que cualquier estudio sobre el particular resultaría inocuo en este
caso, por cuanto no tiene incidencia alguna en el acto de elección del señor Jairo
Miguel Torres Oviedo.

5.3. Se desconoció el artículo 126 de la Carta Política por cuanto, a juicio del
demandante, se incurrió en la prohibición allí prevista en tanto que varios
integrantes del CSU que eligieron al señor Torres Oviedo, fueron nombrados por
el demandado cuando ejerció como rector en periodos anteriores a su
reelección.

Según la parte demandante, se desatendió el artículo 126 constitucional, por cuanto el
demandado vinculó a la Universidad de Córdoba a algunos de los miembros del
Consejo Superior Universitario que intervinieron en su elección; además de ofrecerles
varios beneficios como comisiones y cargos a algunos de sus familiares. Por lo tanto,
afirmó que se configuró la prohibición comúnmente denominada «tú me elijes, yo te
elijo» o nepotismo.

Expuso que dicha infracción de la norma superior se concretó con el nombramiento de
los consejeros Roger Elí Torres Vásquez, Víctor Atencio García, Liliana del Valle
Zapata, Gilmar Santafé, Jorge Iván Acuña Arrieta, César Augusto Reyes Negrete,
Fredy Gloria Mestra y Jorge Espitia Solera; frente al punto, hizo una relación detallada
de los actos, contratos y encargos de cada uno de estos miembros del CSU, que según

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el accionante, fueron vinculados directamente por el demandado en su calidad de
rector de la Universidad de Córdoba, en los periodos anteriores.

Al respecto, es necesario recordar que el artículo 126 de la Constitución Política
contiene algunos parámetros para el ejercicio del poder nominador de que gozan
determinados servidores públicos, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 126. (Modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2015) Los
servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni
contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por
matrimonio o unión permanente.

Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos
estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con
personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior (…)”
(Subrayado y negrilla adicional).

La Corte Constitucional22 fijó las reglas de interpretación de la prohibición contenida
en la norma transcrita precisamente en el contexto de elecciones de universidades de
carácter oficial, concretamente, de una rectora. Por un lado, precisó que el
funcionamiento de las universidades difiere en su mayoría del que se evidencia en otro
tipo de corporaciones, pues la Constitución las revistió de autonomía para definir su
régimen interno, con disposiciones estatutarias sobre gestión administrativa y
gobierno.

Por otro lado, aclaró que los destinatarios de la disposición superior son los servidores
públicos y distinguió entre el acto de designación en un cargo público y la asignación
de alguna función o tarea específica a quien ya lo ostenta, como ocurre con las
representaciones en los órganos colegiados y directivos de los entes universitarios
autónomos.

Con esa claridad, la Sala considera necesario precisar cuáles de los miembros del
Consejo Superior Universitario que cuestiona el demandante, efectivamente
estuvieron presentes en la sesión en la que resultó elegido el señor Jairo Miguel Torres
Oviedo como rector de la Universidad de Córdoba. Así, de acuerdo con el acta de la
reunión del 5 de diciembre de 2025 del CSU, asistieron los siguientes integrantes:

22
Corte Constitucional, sentencia SU-261 de 2021.

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Como se aprecia del cuadro en el que se verificó la asistencia de los miembros del
CSU que asistieron y votaron por el señor Jairo Miguel Torres Oviedo como rector de
la Universidad de Córdoba, periodo 2026-2031, el señor Roger Elí Torres Vásquez,
representante de las directivas académicas no asistió, pues participó el suplente,
Víctor Julio Atencio García. En ese orden, los reparos del demandante contra el señor
Torres Vásquez no tendría algún tipo de incidencia en el acto de elección demandado,
pues no podría predicarse la prohibición constitucional en tanto que aquel no votó ni
participó en su nombramiento.

Además, contrario a lo señalado por la coadyuvante, el hecho de que haya estado
presente en otras actuaciones del proceso electoral, tampoco configura la prohibición
en cuestión, pues los verbos rectores de la disposición se refieren a «nombrar»,
«postular» o «contratar».

De cualquier forma, debe precisarse que, el Acuerdo 055 de 2023 aportado, establece
el concurso público de méritos como una manera de vinculación de los docentes de
planta de la Universidad de Córdoba. Para el caso de Roger Elí Torres Vásquez, aquel
ingresó como profesor de la Facultad de Ciencias Humanas, en el Departamento de
Español y Literatura, por haber obtenido el mayor puntaje.

Ahora bien, frente al señor Víctor Julio Atencio García, suplente del representante de
las directivas académicas, se advierte del acta que aquel sí participó y votó por el
demandado; sin embargo, tampoco es posible predicar el desconocimiento de la
prohibición del artículo 126 de la Constitución Política.

Como se indicó, los docentes de planta de la Universidad de Córdoba ingresan a la
institución por concurso público de méritos. En este caso, el referido representante
precisó en el acta del 5 de diciembre de 2026, cuando iba a emitir su voto, lo siguiente:

Consejero Dr. Víctor Julio Atencio García, representante suplente de las Directivas
Académicas: manifiesta que además de la representación que ejerce al interior de este
cuerpo colegiado, es profesor de la Institución con 36 años de servicio, y asimismo,
director de un Instituto, condiciones que le han permitido tener la memoria histórica de esta
Institución, precisando que los consejeros previamente han dado motivaciones
relacionadas con el respeto a la autonomía universitaria y a los resultados obtenidos en la
consulta realizada a la comunidad, resaltando que los tres estamentos han expresado su
deseo por una continuidad del proceso, y como quiera que siempre se ha luchado porque
las consultas se puedan expresar en estas instancias, su voto es a favor del Dr. Jairo Miguel
Torres Oviedo.

Como se lee, el ingreso en la institución por parte del señor Atencio García, tuvo lugar
hace más de 36 años, información que fue corroborada por la Universidad de Córdoba,
mediante Resolución 1639 del 24 de julio de 1990, suscrita por el rector Laureano
Mestra Díaz, como docente de tiempo completo adscrito al Departamento de
Acuicultura23.

Lo propio puede afirmarse respecto de la representante Liliana Valle Zapata, pues
aquella es vocera del estamento docente y participó y votó en la elección que se acusa.
23
Índice 50 del expediente visible en el sistema para la gestión judicial SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: 6013506700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28

,
Demandante: Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa
Demandado: Jairo Miguel Torres Oviedo – rector de la Universidad de Córdoba
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00022-00

Según se tiene, ingresó a la Universidad de Córdoba al Departamento de Idiomas
Extranjeros de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas, mediante Resolución
5062 del 26 de noviembre de 199924, suscrita por el rector Eduardo González Rada,
en virtud de un concurso público de méritos, como única forma de ingreso docente a
esa institución.

Además, las pruebas que aportó el accionante tan solo dan cuenta del encargo de
algunas funciones para ejercer ciertas dignidades en la universidad; por ejemplo,
allegó la Resolución 1854 de 2016 mediante la cual el rector Torres Oviedo encargó a
Liliana Valle Zapata del cargo de jefe del Departamento de Idiomas Extranjeros de la
Universidad de Córdoba. Asimismo, la Resolución 3586 de 2017 en la que el
demandado la designó como coordinadora del programa de «bilingüismo por la paz».

Por lo pronto, la Sala advierte que, como se precisó líneas atrás, para efectos de
verificar la prohibición del artículo 126 constitucional, debe distinguirse entre acto de
designación en un cargo público y la asignación de alguna función, tarea específica o
comisiones al exterior a quien ya lo ostenta, pues estas últimas circunstancias no dan
lugar al desconocimiento de la disposición en cuestión.

En lo que corresponde a Gilmar Santafé, quien actúa en calidad de suplente, se
advierte que aquel no asistió a la reunión en la que resultó elegido el demandado, y
por ende no votó en la elección del señor Torres Oviedo, razón por la cual tampoco es
posible predicar el desconocimiento de la referida prohibición constitucional.

Lo propio sucede con los señores Jorge Iván Acuña Arrieta y César Augusto Reyes
Negrete, representantes principal y suplente del sector productivo, respectivamente,
quienes se excusaron y no asistieron a la reunión del 5 de diciembre de 2025, en la
que se designó al rector Torres Oviedo.

Igual consideración merece el reparo contra el señor Fredy Gloria Mestra,
representante de los egresados, toda vez que, aun cuando él sí asistió y votó por el
demandado, no tiene calidad de servidor público25 condición indispensable para la
configuración de la prohibición que prevé el artículo 126 de la Carta Política. Además,
los cuestionamientos sobre nombramientos que hizo el rector Torres Oviedo en
periodos anteriores respecto de presuntos familiares de dicho miembro del CSU, no

24
Índice 50 del expediente visible en el sistema para la gestión judicial SAMAI.
25
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 15 de diciembre de 2021, Rad. 11001-03-28-000- 2021-00031-00, MP. Luis
Alberto Álvarez Parra. Puntualmente se explicó en esa oportunidad: «Aplicados estos parámetros, no cabe duda que el artículo
126 de la Constitución Política no es una norma que gobierne la designación del representante de los exrectores ante el Consejo
Superior de la UCMC, quien no tiene la condición de servidor público ni ocupa un cargo o empleo de la universidad o alguna otra
entidad estatal, por cuanto se trata de un particular que ejerce funciones públicas. A su vez, tampoco son servidores públicos los
representantes de los egresados y del sector productivo, a quienes se les censura haber intervenido en la designación del
representante de los exrectores ante el Consejo Superior de la UCMC, efectuada en la sesión del 13 de abril de 2021, por cuenta
de haber votado o participado en el estudio de las hojas de vida de los candidatos, entre ellos, el elegido, señor Lombardo
Rodríguez López.
Ahora bien, esta apreciación no se traduce en que deban prohijarse conductas de favorecimiento electoral, conflicto de intereses
o clientelismo político cuando, en el desempeño de funciones públicas, les corresponde a los particulares cumplir la función
electoral. Lo que se indica es que circunstancias como las descritas no se analizan bajo el prisma de la prohibición constitucional
del artículo 126 de la Constitución Política, sino que deben valorarse en clave del respeto a los principios de transparencia,
igualdad e imparcialidad que orientan el ejercicio de funciones públicas».

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www.consejodeestado.gov.co
29

,
Demandante: Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa
Demandado: Jairo Miguel Torres Oviedo – rector de la Universidad de Córdoba
Radicado: 11001-03-28-000-2026-00022-00

pueden corroborarse, en tanto que no se aportaron las pruebas que acreditan el
parentesco en cuestión (registros civiles)26.

Finalmente, en lo que concierne a Jorge Luis Espitia Solera, representante de la
Presidencia de la República ante el CSU de la U. de Córdoba en el año 2025, la parte
actora sostuvo que mantuvo un vínculo contractual directo con la institución durante el
periodo anterior en el que el demandado ejerció como rector, lo cual generó una
relación funcional con el señor Torres Oviedo, lo que, además, posteriormente, le
permitió ser designado en el órgano de dirección universitario.

Sobre el particular, tampoco puede predicarse el desconocimiento de la prohibición
constitucional alegada, toda vez que, según el acta de la reunión en que se eligió al
demandado, dicho representante se excusó y no participó en la elección demandada.

Visto así el asunto, los cargos formulados por el demandante no prosperan y, por
consiguiente, las pretensiones de la demanda serán denegadas.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

Salvamento parcial de voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

26
Así lo dispuso la sala en otro asunto, en el auto del 20 de noviembre de 2025 en el medio de control de nulidad electoral con
radicado 11001-03-28-000-2025-00181-00 al resolver el desconocimiento del articulo 126 en el caso de la elección del
magistrado de la Corte Constitucional Carlos Ernesto Camargo Assís.

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30

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