Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2026-00099-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2026-00099-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2026-00099-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2026-00099-00
Demandante: RODOLFO ANTONIO ARAGÓN BERMÚDEZ
Demandado: EDINSON CAICEDO CEREZO - RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
Temas: Autonomía universitaria – Función de control y vigilancia de la
educación superior – Competencia para la designación del
rector durante la vigilancia especial - Subjetividad de la
conducta.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
electoral de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El ciudadano Rodolfo Antonio Aragón Bermúdez, en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 139 del CPACA, presentó demanda con las siguientes
pretensiones:
4.1. Se declare la nulidad de la Resolución No. 005896 del 02 de marzo de 2026
“Por la cual se reemplaza al Rector y Representante Legal de la Universidad del
Pacífico, en el marco de la vigilancia especial dispuesta en las Resoluciones 012594
del 03 de agosto de 2018 y 012719 del 02 de diciembre de 2019”, expedida por el
Ministerio de Educación Nacional.
4.2. Se ordene al Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, designar al rector
encargado mientras culmine el proceso para la elección del Rector (a) en propiedad
para el periodo 2026-2030, en pleno uso de sus potestades legales y estatutarias.
1.2. Hechos
La parte actora, en síntesis, sustenta sus pretensiones en los siguientes hechos:
El Ministerio de Educación Nacional, en ejercicio de sus funciones de inspección y
vigilancia previstas en la Ley 1740 de 2014, expidió la Resolución 25443 de 2023,
Demandante: Rodolfo Antonio Aragón Bermúdez
Demandado: Edinson Caicedo Cerezo
Rad.: 11001-03-28-000-2026-00099-00
en la que dispuso reemplazar, hasta por el término de un (1) año, al rector de la
Universidad del Pacífico, Arlin Valverde Solís.
Por medio de la Resolución 025615 del 23 de diciembre de 2023, la referida cartera
designó a Ruth Sánchez Perea como rectora de la institución. Dicho nombramiento
se prorrogó a través de la Resolución 025649 del 30 de diciembre de 2024, por el
término de seis (6) meses.
Mediante la Resolución 013749 del 27 de junio de 2025, modificó la 025649 del 30
de diciembre de 2024, para extender la prórroga de la designación de Ruth Sánchez
Perea, de seis (6) meses a un (1) año.
Con la Resolución 019982 del 3 de octubre de 2025, se dio por terminada la
designación de Ruth Sánchez Perea y, en su reemplazo, se nombró a Edinson
Caicedo Cerezo.
El 30 de abril de 2025 expiró el periodo institucional de cuatro (4) años del rector
Arlin Valverde Solís.
A través de la Resolución Superior 007 del 29 de diciembre del 2025, el Consejo
Superior de la Universidad del Pacífico encargó de las funciones de rector a Eliécer
Cándelo Viáfara, quien venía desempeñándose como director académico, a partir
del 1.° de enero de 2026.
Con el Acuerdo Superior 234 del 11 de febrero de 2026, se estableció el cronograma
electoral para la elección del rector en propiedad de la mencionada universidad,
para el periodo 2026-2030.
El demandado se inscribió como candidato para ocupar el cargo de rector en
propiedad, periodo 2026-2030, como consta en el acta de cierre de inscripciones
del proceso electoral, expedida el 27 de febrero de 2026.
Mediante la Resolución 005896 del 2 de marzo de 2026 (acto acusado), el Ministerio
de Educación Nacional reemplazó hasta por el término de un (1) año, prorrogable
por una sola vez, a Eliécer Cándelo Viáfara por incumplir, impedir y dificultar la
implementación de las medidas adoptadas por dicha cartera durante la vigilancia
especial. En su lugar, designó a Edinson Caicedo Cerezo como rector de la
Universidad del Pacífico.
A través del oficio 2026-EE-098662 del 16 de marzo de 2026, el subdirector de
inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional conminó a los
miembros del Consejo Superior de la Universidad del Pacífico para que dieran
estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 005896 del 2 de marzo de
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Demandante: Rodolfo Antonio Aragón Bermúdez
Demandado: Edinson Caicedo Cerezo
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2026 (acto acusado), garantizando la adopción de las actuaciones administrativas
y de gobierno institucional necesarias para permitir el ejercicio efectivo de las
funciones del rector designado.
En consecuencia, la cartera ministerial los instó a abstenerse de continuar con el
cronograma establecido en el Acuerdo 234 del 11 de febrero de 2026, para elegir
rector de la Universidad del Pacífico, período 2026-2030 y a adoptar los correctivos
necesarios para suspender dicho proceso, hasta tanto se encuentre vigente la
medida de vigilancia especial estipulada en la resolución acusada.
En cumplimiento de lo anterior, el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico
expidió el Acuerdo Superior 237 del 27 de marzo de 2026, «[p]or medio del cual se
suspende el cronograma electoral para la elección de Rector(a) de la Universidad
del Pacífico para el periodo 2026-2030».
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora estimó que el acto acusado infringe los artículos 69 de la
Constitución Política; 26 del Estatuto General de la Universidad del Pacífico; 2
(numerales 1 y 6), 11 (parágrafo 3), 12 y 68 del Acuerdo 070 del 25 de noviembre
de 2019 (Reglamento Electoral). Además, invocó una decisión proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso con radicado 11001-03-28-
000-2025-00034-001. Con fundamento en ello, planteó los siguientes cargos de
nulidad:
1.3.1. infracción de las normas en que debía fundarse
Sostuvo que el acto acusado vulneró el principio de autonomía universitaria
consagrado en el artículo 69 superior, comoquiera que el Ministerio de Educación
Nacional «utilizando artificiosamente» la Ley 1740 de 20142 y «aprovechándose»
de los vacíos de esa norma, «viene designando encargados en las funciones de
rector pese a existir una categórica potestad en cabeza del Consejo Superior
Universitario», para los eventos en que se configure una falta absoluta o temporal,
como ocurre en el presente caso, máxime cuando el periodo institucional del anterior
rector en propiedad se venció desde el mes de abril de 2025. Ello, conforme a lo
establecido en el artículo 26 del Estatuto General de la Universidad del Pacífico.
En punto de la competencia exclusiva del Consejo Superior Universitario para
designar rector en encargo, citó apartes de una decisión proferida por esta
1 MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
2 Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la
Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la
Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones.
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Demandante: Rodolfo Antonio Aragón Bermúdez
Demandado: Edinson Caicedo Cerezo
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corporación3 en el medio de control de nulidad electoral formulado contra la
designación del rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis
Córdoba (UTCH), en el marco de las medidas de vigilancia especial del Ministerio
de Educación Nacional, en la cual se determinó lo siguiente:
¿El Ministerio de Educación Nacional tenía competencia para designar a Luis
Alfredo Giraldo Álvarez como rector y representante legal de la Universidad
Tecnológica del Chocó – Diego Luis Córdoba?
61. En el escenario descrito, no resulta suficiente con la demostración de que estas
circunstancias se acreditaron durante la rectoría ejercida por (…), pues se insiste,
este ya no ocupaba dicho cargo y porque, en todo caso, estas conductas solo
pueden derivar del resorte exclusivo del funcionario renuente, que para la fecha
en que se adopte la medida de sustitución esté en ejercicio del cargo o de las
funciones rectorales. (Negrilla propia).
Por otra parte, mencionó que con la expedición del acto acusado se desconocieron
normas estatutarias previstas en el Acuerdo 070 de 2019, que establecen que: i) el
rector en ejercicio y quien aspire a serlo y ejerza funciones de dirección,
administración y gobierno deberá separarse de su cargo noventa (90) días
calendario antes del vencimiento legal del periodo del rector (artículo 11, parágrafo
3); ii) el candidato estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades
y conflictos de interés señalados en la Constitución Política y en la ley (artículo 12)
y iii) quien ejerza funciones de dirección en la institución «no podrá intervenir a favor
de aspirante alguno con el ánimo de obtener tener ventaja o preferencia» (artículo
68).
Explicó que dichos preceptos establecen una prohibición temporal y expresa para
un sujeto específico, precisamente para evitar que quien se encuentre
simultáneamente activo en la carrera por la rectoría en propiedad sea el mismo
funcionario que tiene la investidura de rector de la institución, debido a que ello
puede desequilibrar la balanza en su favor y generar desventaja para sus
competidores, utilizando en beneficio propio los privilegios que le otorga su calidad
de nominador y ordenador del gasto, entre otras prerrogativas.
Asimismo, advirtió que, con el acto de designación acusado y el ejercicio paralelo
del cargo por parte del demandado, se están inobservando los principios rectores
que orientan y gobiernan los procesos electorales al interior de la institución
educativa, establecidos en los numerales 1.° (imparcialidad) y 6.° (transparencia)
del artículo 2.° del Acuerdo 070 de 2019 (Estatuto Electoral de la Universidad del
Pacífico).
3 MP Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. 11001-03-28-000-2025-00034-00.
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Demandante: Rodolfo Antonio Aragón Bermúdez
Demandado: Edinson Caicedo Cerezo
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1.3.2. Desviación de poder
Adujo que el Ministerio de Educación Nacional, al expedir la resolución acusada,
actuó con «notoria» desviación de poder, pues, ningún reparo le mereció saber que
el destinatario de la «encargatura» se encontraba paralelamente inscrito como
candidato a la rectoría en propiedad, lo cual «inexorable y abruptamente cambia las
reglas de juego».
Manifestó que lo más grave es que en lugar de prevenir al demandado para que
inmediatamente se retirase del certamen electoral, antes de sacar a la vida jurídica
la Resolución acusada 005896 del 2 de marzo de 2026, en una actitud
deliberadamente calculada para tratar de subsanar el craso error cometido con la
expedición de un acto viciado, avanzó presuroso en su cometido, ejerciendo presión
sobre el Consejo Superior Universitario «a través de su apéndice, la Subdirección
de Inspección y Vigilancia», para que dicho colectivo superior suspendiera con total
inmediatez, como en efecto lo hizo, el cronograma electoral.
A juicio del actor, la suspensión del certamen tampoco desnaturaliza la
incompatibilidad sobreviniente y/o el conflicto de intereses en el cual se encuentra
inmerso el demandado, en atención a que no obra en el plenario su renuncia
irrevocable a la participación como candidato en el prenombrado proceso de
elección de rector en propiedad de la Universidad del Pacífico, para el periodo 2026-
2030.
1.4. Admisión de la demanda y decisión de la medida cautelar
A través de proveído del 28 de mayo de 20264, la Sala Electoral admitió la demanda
y negó la solicitud de decretar la suspensión provisional de los efectos de la
Resolución 005896 del 2 de marzo de 2026, por medio del cual se designó al señor
Edinson Caicedo Cerezo como rector y representante legal de la Universidad del
Pacífico.
Lo anterior, por cuanto la Sección evidenció que, si bien, el artículo 26 del Estatuto
General5 dispone que el Consejo Superior Universitario tiene la competencia para
designar al vicerrector académico mientras se elige al representante legal de la
institución para suplir la vacancia definitiva por vencimiento del periodo, lo cierto es
que, el acto acusado expuso unas razones que daban cuenta que, presuntamente,
el señor Eliécer Cándelo Viáfara incumplió, impidió y dificultó la implementación de
las medidas y órdenes adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional durante
la vigilancia especial.
4 Samai, índice 12.
5 Artículo 26. En caso de ausencia absoluta o temporal del Rector y hasta tanto se produzca la designación de
quien lo reemplace, el Vicerrector Académico desempeñará las funciones de Rector. En caso de ausencia
absoluta el Consejo Superior deberá designar un nuevo Rector en un plazo que no exceda de noventa días.
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Demandante: Rodolfo Antonio Aragón Bermúdez
Demandado: Edinson Caicedo Cerezo
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1.5. Contestaciones de la demanda
1.5.1. Edinson Caicedo Cerezo (demandado)6
En esta etapa procesal, guardó silencio.
1.5.2. Ministerio de Educación Nacional7
Intervino a través de apoderado y se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
argumentando que la autonomía universitaria no ostenta carácter absoluto, sino que
coexiste con las facultades de inspección y vigilancia atribuidas al Estado por los
artículos 67 y 189.21 de la Constitución Política.
Explicó que la Resolución 005896 del 2 de marzo de 2026 fue expedida con
fundamento en hallazgos objetivos, persistentes y debidamente documentados
durante las actuaciones de seguimiento adelantadas por el Ministerio de Educación
Nacional, los cuales evidenciaron: i) dificultades en el cumplimiento de las medidas
de vigilancia especial vigentes, ii) la persistencia de hallazgos asociados al plan de
mejoramiento institucional, iii) limitaciones para el ejercicio de las labores de
seguimiento sobre la gestión fiduciaria y iv) debilidades relevantes en la gestión
administrativa y contractual de la institución.
Respecto a la presunta infracción de los artículos 2, 11, 12 y 68 del Acuerdo Superior
070 de 2019, indicó que tales disposiciones regulan aspectos propios de los
procesos electorales internos de la Universidad del Pacífico, por lo tanto, consideró
que no resultan aplicables al caso objeto de estudio, toda vez que la resolución
acusada no fue expedida en desarrollo de un certamen electoral ni corresponde a
un acto de designación ordinaria de rector.
Estimó que la providencia citada por el demandante en relación con la designación
del rector de la Universidad Tecnológica del Chocó fue proferida en un contexto
fáctico y jurídico particular y, por tanto, sus consideraciones no pueden extrapolarse
de manera automática al presente caso.
En cuanto al cargo consistente en que el demandado, al momento de su
designación, se encontraba inscrito como candidato a rector en propiedad, adujo
que el acto acusado no puede ser anulado sobre la sola base de inferencias acerca
de ventajas políticas, eventuales conflictos de interés o supuestas afectaciones a la
igualdad de competidores. Además, la demanda no identifica disposición
constitucional o legal alguna que establezca una causal de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición que impida la designación de Edinson Caicedo
6 Samai, índice 26.
7 Samai, índice 23.
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Demandante: Rodolfo Antonio Aragón Bermúdez
Demandado: Edinson Caicedo Cerezo
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Cerezo, en ejercicio de las facultades conferidas al Ministerio de Educación
Nacional.
Frente al cuestionamiento por desviación de poder, según el cual el Ministerio de
Educación Nacional quiso despejar el camino para sostener al demandado,
favorecerlo electoralmente y frustrar la elección de rector en propiedad, manifestó
que tales afirmaciones descansan en valoraciones subjetivas y no en hechos
objetivos suficientemente demostrados.
Para terminar, precisó que, en caso de que prospere la declaratoria de nulidad de
la Resolución 005896 de 2026, ello no implica que automáticamente se le deba
ordenar al Consejo Superior Universitario que designe rector encargado mientras
culmine el proceso para la elección del referido directivo en propiedad. A su juicio,
esa solicitud no se limita al control de legalidad del acto electoral acusado, sino que
pretende dar una orden de organización institucional dirigida a un órgano
universitario, con fundamento en una situación futura e incierta.
1.6. Auto que dispuso dar trámite de sentencia anticipada
Mediante proveído del 22 de julio de 20268, se dio aplicación a la figura de la
sentencia anticipada, conforme a lo establecido en el artículo 182A, numeral 1.º,
literal c) del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.
Adicionalmente, en atención a lo previsto en la misma norma, se fijó el litigio (como
más adelante se precisará en el problema jurídico de esta providencia), se tuvieron
como medios de prueba los documentos allegados al proceso y se corrió traslado a
las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto.
1.7. Alegatos de conclusión
1.7.1. Edinson Caicedo Cerezo (demandado)9
No intervino en esta oportunidad.
1.7.2. Ministerio de Educación Nacional10
A través de apoderado insistió en los argumentos expuestos en la contestación de
la demanda y reiteró que la Resolución 005896 del 2 de marzo de 2026 fue expedida
8 Samai, índice 27.
9 Samai, índice 34
10 Samai, índice 33.
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Demandante: Rodolfo Antonio Aragón Bermúdez
Demandado: Edinson Caicedo Cerezo
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en el marco de una vigilancia especial vigente y en ejercicio de competencias
extraordinarias de inspección previstas en la Ley 1740 de 2014.
1.7.3. Ministerio Público11
La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado no rindió concepto.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta es competente para conocer en única instancia la demanda
contra el acto de designación del rector y representante legal de la Universidad del
Pacifico, según lo dispuesto en el numeral 5.° del artículo 149 del CPACA12 y en el
artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo
434 de 2024 – Reglamento del Consejo de Estado.
2.2. Acto demandado
El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto es la Resolución
005896 del 2 de marzo de 2026, por medio de la cual el Ministerio de Educación
Nacional designó a Edinson Caicedo Cerezo como rector y representante legal de
la Universidad del Pacífico.
2.3. Problema jurídico
En el sub examine, la Sección Quinta del Consejo de Estado analizará si la
designación demandada se expidió con infracción de las normas en que debería
fundarse y desviación de poder. Para tal efecto, se absolverán los interrogantes
planteados en la fijación del litigio.
En ese orden, la Sala abordará los siguientes ejes temáticos: i) el marco normativo
de las causales genéricas de nulidad y, ii) el caso concreto.
11 Samai, índice 34
12«Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con
arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes
asuntos:
(…)
5. De la nulidad de los actos de nombramiento de los representantes legales de las entidades públicas del orden
nacional».
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Demandante: Rodolfo Antonio Aragón Bermúdez
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2.4. Marco normativo de las causales genéricas de nulidad
Esta corporación13 ha explicado que se encuentran enunciadas en el inciso segundo
del artículo 137 del CPACA, en correlación con los elementos de validez comunes
a todos los actos administrativos, que se predican también de los actos electorales
y los de contenido electoral, como son, su conformidad con la Constitución,
legalidad sustancial, competencia, motivación real, adecuada y suficiente,
observancia de las formalidades, fin legítimo y proporcionalidad de la decisión; en
consecuencia, aquellos se encuentran viciados de nulidad «(…) cuando hayan sido
expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia
y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias
de quien los profirió», tal como pasa a explicarse.
2.4.1. Infracción de las normas en que debería fundarse
Para la configuración de esta causal de nulidad se debe demostrar, en primer lugar,
que las disposiciones que se estiman infringidas por el acto acusado integran el
bloque normativo que le sirve de marco jurídico, es decir, que regulan la materia en
la que se inscribe su objeto y declaración de voluntad; y, en segundo lugar, que en
efecto al confrontar el acto con tales normas surge su violación por contradicción o
desconocimiento. En este sentido, la Sección Quinta ha sintetizado los principales
escenarios en que se produce la infracción de las normas en que debería fundarse,
así:
(i) Falta de aplicación de la norma, situación que se presenta luego de que la
autoridad que profiere el acto ignora la existencia del presupuesto normativo, o
conociéndolo, no lo aplica en el asunto que la ocupa;
(ii) Aplicación indebida de la norma, la cual se presenta luego de que las reglas
jurídicas empleadas por la autoridad para fundar el acto, no se conforman a la
situación fáctica del caso a tratar, como consecuencia de una equivocación en la
valoración y escogencia de la disposición normativa;
(iii) Interpretación errónea de la norma, consistente en el entendimiento desatinado
del precepto o preceptos que sustentan el asunto por resolver14.
2.4.2. Desviación de poder
El acto administrativo debe perseguir fines legítimos, es decir, los que señala
específicamente la normativa que lo regula, en concordancia con los fines
esenciales del Estado del artículo 2.° de la Constitución Política y el 4.° de la Ley
13 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia del 9 de septiembre de 2021,
Rad. 23001-23-33-000-2020-00004-02.
14 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia del 27 de octubre
de 2016, Rad. 11001-03-28- 000-2016-00038-00.
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489 de 1998 (servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes superiores, satisfacer el interés general, el bien común y las
necesidades básicas de todas las personas, entre otros), so pena de incurrir en la
causal de nulidad denominada desviación de poder, que se configura precisamente
porque su finalidad -explícita o implícita- es espuria o porque aun siendo legítima,
es distinta de los objetivos concretos que le trazó el legislador. Al respecto, esta
Sección ha señalado que:
45. Para lograr establecer ese fin contrario a la función pública, se impone un análisis
que trasciende la órbita de lo objetivo y formal del acto censurado, para trasladarse
a la esfera estrictamente volitiva de las personas que representan a la
administración, situación que implica la demostración del iter desviatorio para quien
la alega como causal de anulación. Debe entonces aparecer acreditado
fehacientemente, que la autoridad nominadora actuó con fines personales, a favor
de terceros o influenciado por una causa adversa al cumplimiento efectivo de los
deberes públicos, que el ordenamiento legal le obliga observar.
46. Quiere decir lo anterior, que para que se materialice esta infracción, se debe
llevar al juzgador a la convicción plena, que la intención de quien profirió el acto se
alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por
la norma, es decir, “…Cuando se invoca este vicio, necesariamente la prueba ha de
encontrarse en circunstancias anteriores a la determinación que se acusa, pues se
trata de establecer, precisamente, la intención del funcionario que expide el acto,
que es previa a la toma de la decisión.15
Por lo anterior, es común que la desviación de poder no aparezca evidente en el
acto, sino que se encuentre oculta o vedada en su letra, en cuanto permanece en
el fuero interno del funcionario que lo expide, quien bien puede camuflarla tras la
invocación expresa de los fines legalmente autorizados para su decisión y, de allí la
dificultad probatoria para demostrarla.
2.5. Caso concreto
Como viene de explicarse, el actor estima que el Ministerio de Educación Nacional
desconoció la autonomía universitaria que garantiza la Constitución Política en su
artículo 69, comoquiera que «viene designando encargados en las funciones de
rector», so pretexto de las atribuciones que detenta con ocasión de la medida de
vigilancia prevista en la Ley 1740 de 2014, pese a que dicha facultad recae en el
Consejo Superior Universitario, al vencimiento del periodo del rector en propiedad.
Pues bien, de las consideraciones del acto acusado se desprende que el Ministerio
de Educación Nacional impuso medidas preventivas a la Universidad del Pacífico,
consistentes en la elaboración e implementación de un plan de mejoramiento y el
establecimiento de condiciones administrativas, financieras y académicas
15 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Rocío Araújo Oñate, auto del 16 de diciembre de 2020, Rad. 11001-
03-28-000-2020-00085-00.
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Demandado: Edinson Caicedo Cerezo
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encaminadas a superar las situaciones de irregularidad detectadas16. Con
posterioridad, designó a un inspector in situ17 y constituyó una fiducia18, para el
manejo de los recursos y rentas institucionales.
A través de la Resolución 025443 del 21 de diciembre de 2023, la cartera ministerial
reemplazó al señor Arlin Valverde Solís, rector en propiedad de la Universidad del
Pacífico, a quien se le venció el periodo institucional de cuatro (4) años, para el que
había sido elegido, el 30 de abril de 2025.
Luego, designó a Ruth Sánchez Perea como rectora de la referida institución
educativa. Ello, a través de las Resoluciones 025615 del 23 de diciembre de 2023
(por 1 año), 025649 del 30 de diciembre de 2024 (por 6 meses) y 013749 del 27 de
junio de 2025 (modificó el término de la anterior decisión de 6 meses a 1 año).
Posteriormente, expidió la Resolución 019982 del 3 de octubre de 2025, con la cual
dio por terminada la designación de Ruth Sánchez Perea y nombró a Edinson
Caicedo Cerezo, como rector de la Universidad del Pacífico.
Ante el vencimiento del plazo por el que se había designado a Edinson Caicedo
Cerezo (31 de diciembre de 2025)19, el Consejo Superior de la Universidad del
Pacífico, en ejercicio de la autonomía universitaria y con fundamento en lo
establecido en el artículo 26 del Estatuto General20, emitió la Resolución Superior
007 del 29 de diciembre de 2025, mediante la cual encargó de las funciones de
rector al señor Eliécer Cándelo Viáfara, quien venía desempeñándose como director
académico, a partir del 1.° de enero de 2026.
El 2 de marzo de 2026, el Ministerio de Educación Nacional profirió la Resolución
005896 (acto acusado), por medio de la cual reemplazó hasta por el término de un
(1) año, prorrogable por una sola vez a Eliécer Cándelo Viáfara y designó a Edinson
Caicedo Cerezo como rector de la mencionada institución, para que implementara
las medidas u órdenes adoptadas por dicha cartera.
Con este panorama, procede la Sala a resolver los interrogantes de la fijación del
litigio, así:
¿La cartera ministerial desconoció la autonomía universitaria señalada en el
artículo 69 superior, así como el Estatuto General y el Reglamento Electoral
de la Universidad del Pacífico, al designar al rector demandado so pretexto de
16 Mediante la Resolución 07361 del 25 de mayo de 2015.
17 A través de la Resolución 012594 del 3 de agosto de 2018.
18 Por medio de la Resolución 012719 del 2 de diciembre de 2019.
19 Según se indica en la Resolución Superior 007 del 29 de diciembre de 2025.
20 Artículo 26. En caso de ausencia absoluta o temporal del Rector y hasta tanto se produzca la designación
de quien lo reemplace, el Vicerrector Académico desempeñará las funciones de Rector. En caso de ausencia
absoluta el Consejo Superior deberá designar un nuevo Rector en un plazo que no exceda de noventa días.
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las medidas de vigilancia especial, desplazando con ello la competencia del
Consejo Superior Universitario prevista en los estatutos?
En el presente caso, el señor Rodolfo Antonio Aragón Bermúdez estima que el
Ministerio de Educación Nacional desconoció la autonomía universitaria que
garantiza la Constitución Política en su artículo 69, comoquiera que «viene
designando encargados en las funciones de rector», so pretexto de las atribuciones
que detenta con ocasión de la medida de vigilancia prevista en la Ley 1740 de 2014,
pese a que dicha facultad recae en el Consejo Superior Universitario, al vencimiento
del periodo del rector en propiedad.
Sobre el particular, se impone recordar que el artículo 69 de la Constitución Política
consagra el principio de la autonomía universitaria como una garantía institucional,
que permite a los centros de educación superior adoptar sus estatutos y definir su
filosofía y organización interna21. El contenido de esta prerrogativa constitucional
confiere a estas instituciones la capacidad de autorregulación y autodeterminación,
por lo que «ha de contar con sus propias reglas internas (estatutos), y regirse
conforme a ellas; designar sus autoridades académicas y administrativas; (…)
adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos
para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional»22.
Con todo, la autonomía universitaria no es absoluta, y puede limitarse legítimamente
por el legislador «para hacer efectiva la función de control y vigilancia del Estado
del servicio público de educación, en los términos del artículo 3º de la Ley 30 de
1992»23.
El fundamento de la actividad de control y vigilancia del servicio de educación
superior proviene del texto del inciso quinto del artículo 67 constitucional, en tanto
establece que le compete al Estado «regular y ejercer la suprema inspección y
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de
sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos;
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las
condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo».
Además, la actividad de supervisión y vigilancia del servicio de educación
corresponde con las funciones constitucionales del presidente de la república
previstas en el artículo 189, principalmente las que consisten en «[e]jercer la
inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley» (numeral 21), y «[e]jercer
la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos» (numeral 22).
21 Corte Constitucional, sentencia T-463 de 15 de diciembre de 2022, MP Diana Fajardo Rivera.
22 Corte Constitucional. Sentencia C-008/01.
23 Corte Constitucional. Sentencia C-1019/12.
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De ahí que la Ley 30 de 1992 desarrollara el marco de estas atribuciones
constitucionales, al consagrar el deber del Estado de velar por la calidad del servicio
educativo «a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la
Educación Superior» (artículo 3.°).
Para el efecto, la Ley 1740 de 201424 le confirió al Ministerio de Educación Nacional
las funciones de inspección y vigilancia, en cuyo ejercicio puede adoptar medidas
preventivas para «promover la continuidad del servicio, el restablecimiento de la
calidad, el adecuado uso de las rentas o bienes de las instituciones de educación
superior de conformidad con las normas constitucionales, legales y reglamentarias,
o la superación de situaciones que amenacen o afecten la adecuada prestación del
servicio de educación o el cumplimiento de sus objetivos25».
Una de esas medidas consiste en «[d]isponer la vigilancia especial de la institución
de educación superior (…)» (artículo 10.5), que contempla, a su turno, el reemplazo
de funcionarios directivos, bajo las condiciones previstas en el numeral 4.° del
artículo 13, así:
ARTÍCULO 13. MEDIDAS DE VIGILANCIA ESPECIAL. Con el fin de que la
institución supere en el menor tiempo posible la grave situación de anormalidad y se
garanticen los derechos de la comunidad educativa, la continuidad y calidad del
servicio, o la inversión o el manejo adecuado de los recursos en el marco de la
autonomía universitaria, el Ministerio podrá adoptar una o varias de las siguientes
medidas:
(…)
4. En caso de que uno o varios de los consejeros, directivos, representantes legales,
administradores o revisores fiscales no cumplan, impidan o dificulten la
implementación de las medidas u órdenes adoptadas por el Ministerio de Educación
Nacional durante la vigilancia especial, u oculten o alteren información, podrán ser
reemplazados hasta por el término de un (1) año, prorrogable por una sola vez, por
la persona natural o jurídica que designe el Ministerio de Educación Nacional.
(Subrayado fuera de texto).
La Corte Constitucional26, al confrontar la disposición transcrita con la autonomía
universitaria, expuso que esta prerrogativa no se ve vulnerada cuando el Ministerio
de Educación Nacional decide reemplazar a sus directivos como medida preventiva
dentro de la vigilancia especial, comoquiera que el correctivo en cuestión responde
a exigencias razonables para contrarrestar conductas tendientes a obstruir el
cumplimiento de las decisiones de la autoridad administrativa.
Por lo tanto, «la autonomía universitaria debe ceder frente a las medidas que buscan
salvaguardar el derecho fundamental a la educación y evitar que la prestación del
24 Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la
Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la
Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones.
25 Artículo 10.
26 Sentencia C-491/16.
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servicio se interrumpa o desborde los cauces constitucionales, legales y
reglamentarios, afectando su calidad, continuidad y eficiencia»27.
En consecuencia, la facultad de la autoridad administrativa para reemplazar al rector
que incumple, obstruye o dificulta la implementación de las medidas adoptadas por
la cartera ministerial, tiene un propósito correctivo orientado a que «la institución
supere en el menor tiempo posible la grave situación de anormalidad», como lo
señala el artículo 13 de la Ley 1740 de 2014.
Pues bien, al analizar con detenimiento el contenido de la Resolución 005896 del 2
de marzo de 2026 (acto acusado), la Sala evidencia varias circunstancias que
demuestran que el rector interino, Eliécer Cándelo Viáfara incumplió, impidió y
dificultó la implementación de las medidas y órdenes adoptadas por el Ministerio de
Educación Nacional durante la vigilancia especial que recae en la Universidad del
Pacífico.
Para mayor comprensión, se destacan las siguientes irregularidades:
➢ Plan de mejoramiento
➢ Fiducia
27 Ibidem.
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➢ Inspección in situ
➢ Componente administrativo
➢ Componente financiero
En conclusión, resulta claro que el señor Eliécer Cándelo Viáfara, en su calidad de
rector de la Universidad del Pacífico:
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De lo anterior, se infiere que la decisión de reemplazar a Eliécer Cándelo Viáfara,
se inscribió en el marco de las medidas de vigilancia especial de que trata el artículo
13.4 de la Ley 1740 de 2014.
Por otra parte, se precisa que aunque el acto acusado se encuentra debidamente
motivado, no se puede perder de vista que la medida en cuestión no opera frente a
la institución en abstracto, toda vez que la procedencia del correctivo parte del
reproche de la conducta individual del rector incumplido, esto es, «solo pueden
derivar del resorte exclusivo del funcionario renuente, que para la fecha en que se
adopte la medida de sustitución esté en ejercicio del cargo o de las funciones
rectorales»28.
Así lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia C-491 de 2016, que declaró
exequible el numeral 4.° del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014:
Con todo, la Sala debe precisar que la decisión de reemplazar al personal directivo
o administrativo, conforme al artículo 12 de la misma Ley 1740 de 2014, debe
adoptarse mediante acto administrativo motivado, es decir, deben existir razones
fundamentadas y acreditadas, que den cuenta de la conducta activa u omisiva de la
persona de que se trate, que afecte la implementación de las medidas u órdenes del
Ministerio de Educación Nacional. En este punto no sobra insistir en que el referido
acto administrativo es susceptible del recurso de reposición y del medio de control
correspondiente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en caso de que el
interesado considere que la decisión de la administración incurre en alguna
irregularidad o se aparta de las exigencias establecidas en el ordenamiento jurídico.
Así entonces, no podría considerarse que el derecho de las instituciones de
educación superior de elegir y designar sus directivos y personal administrativo, en
virtud de su autonomía universitaria, se vea vulnerado por la decisión del Ministerio
de Educación Nacional de reemplazar, como medida preventiva, adoptada en el
marco de la vigilancia especial, a los consejeros, directivos, representantes legales,
administradores o revisores fiscales. Esto por cuanto dicha medida, como se acaba
de señalar, responde a exigencias concretas y razonables, que no es adoptada en
situaciones de plena normalidad, sino que responde a circunstancias excepcionales
28 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 25 de septiembre de 2025. Exp: 11001-03-28-000-2025-
00034-00. M.P: Pedro Pablo Vanegas Gil.
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y para contrarrestar aquellas conductas (que incluso pueden ser ilícitas) orientadas
a obstruir la implementación de las decisiones u órdenes de la autoridad
administrativa.
Asimismo, se advierte que, si bien el numeral 4.° del artículo 13 de la Ley 1740 de
2014 permite a la cartera de educación reemplazar al directivo que incumpla,
dificulte u obstruya las medidas de vigilancia especial, ello no quiere decir que la
universidad deba suspender sus procesos, como es el de elección. Al respecto, el
alto tribunal en esa misma sentencia precisó lo siguiente:
(…) no todo reemplazo del personal directivo o administrativo de una institución de
educación superior en el marco de la medida de vigilancia especial, supone
necesariamente la asunción del control pleno sobre la misma por parte del Ministerio
de Educación Nacional, pues la norma prevé, de acuerdo a las circunstancias
específicas, sólo el reemplazo del directivo que obstruya la implementación de las
medidas u órdenes adoptadas por la misma autoridad administrativa.
En esa medida, es claro que el reemplazo del rector, ya sea titular o en encargo, se
puede generar a partir de la intervención del Ministerio de Educación Nacional, sin
embargo, esto no impide que la autoridad, en este caso, el Consejo Superior
Universitario, pueda continuar con los tramites electorales.
Por otra parte, se precisa que, si bien es cierto, el artículo 26 del Estatuto General29,
al que alude el actor, establece que el Consejo Superior Universitario tiene la
competencia para designar al vicerrector académico mientras se elige al
representante legal de la institución para suplir la vacancia definitiva por vencimiento
del periodo, como en efecto ocurrió en este caso, también lo es que, según el
Ministerio de Educación Nacional, mientras el señor Eliécer Cándelo Viáfara fungía
como rector, se encontraron irregularidades, algunas de carácter administrativo y
otras de tipo financiero, concretamente, relacionadas con la no ejecución total del
plan de mejoramiento, la remisión incompleta de la información fiduciaria requerida,
la obstaculización del ejercicio de las funciones del inspector in situ, entre otras, las
cuales facultaron a la cartera ministerial a reemplazarlo.
Finalmente, en cuanto a la decisión proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado30 contra la designación del rector de la Universidad Tecnológica del Chocó,
Diego Luis Córdoba (UTCH), en el marco de las medidas de vigilancia especial del
Ministerio de Educación Nacional, que invoca el demandante, se impone precisar lo
siguiente:
En esa oportunidad la Sala anuló el nombramiento de Luis Alfredo Giraldo Álvarez,
29 Artículo 26. En caso de ausencia absoluta o temporal del Rector y hasta tanto se produzca la designación
de quien lo reemplace, el Vicerrector Académico desempeñará las funciones de Rector. En caso de ausencia
absoluta el Consejo Superior deberá designar un nuevo Rector en un plazo que no exceda de noventa días.
30 MP Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. 11001-03-28-000-2025-00034-00.
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porque evidenció que el rector designado por el Consejo Superior Universitario
(Fabio Magdaleno Asprilla Moreno), no había obstaculizado o incumplido la
ejecución de las medidas adoptadas por la cartera durante la vigilancia especial, lo
cual dista de lo ocurrido con el señor Eliécer Cándelo Viáfara, frente a quien se
evidenciaron algunas de las irregularidades previstas en el numeral 4.° del artículo
13 de la Ley 1740 de 2014, mientras fungió como rector, como consta en los
fundamentos del acto acusado, los cuales no fueron controvertidos por el actor.
Esto, en consideración a que solo se refirió a la vulneración de la autonomía
universitaria, sin desvirtuar los argumentos de la cartera ministerial para designar a
Edinson Caicedo Cerezo.
En consecuencia, el cargo de infracción de las normas en que debería fundarse no
tiene vocación de prosperidad.
¿El Ministerio de Educación Nacional, al designar al señor Edinson Caicedo
Cerezo como rector, pese a estar inscrito en la convocatoria para ocupar ese
cargo en propiedad, desconoció normas estatutarias que impiden el ejercicio
de la rectoría a quien aspira a esa dignidad?
Aduce la parte actora que, con la designación del demandado como rector de la
Universidad del Pacífico31, mientras participaba en el proceso de elección para
ocupar dicho cargo en propiedad, periodo 2026-203032, se vulneraron las siguientes
normas estatutarias establecidas en el Acuerdo 070 de 2019, que contiene el
Reglamento Electoral de la institución educativa:
Artículo 11. Requisitos para ser Rector(a). Para ser rector(a) de la Universidad
del Pacífico, se deberán reunir y acreditar el cumplimiento de los siguientes
requisitos y calidades:
(…)
Parágrafo 3. El rector en ejercicio y quien aspire a ser rector de la Universidad del
Pacífico y ejerza funciones de dirección, administración y gobierno, así como los
representantes ante el Consejo Superior o Académico, directivos académicos-
administrativos o, directivos administrativos, entre otros, de la Universidad del
Pacífico deberán separarse de su cargo noventa (90) días calendario antes del
vencimiento legal del periodo del Rector. El Consejo Superior designará el
reemplazo del rector (a) para estos fines.
Artículo 12. Garantía de la función pública del cargo de rector. Para
salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez,
lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad,
eficacia y eficiencia debe observarse en el aspirante a rector que en el desempeño
del cargo al que aspira, ejercerá los derechos y cumplirá los deberes, respetando
31 Efectuada mediante la Resolución 005896 del 2 de marzo de 2026.
32 Como sustento de lo anterior, manifestó que el 4 de marzo de 2026, el Comité Electoral de la institución
educativa expidió el acta de verificación de cumplimiento de requisitos y publicación de listado de admitidos,
dentro de los cuales se encuentra como aspirante el actual rector Edinson Caicedo Cerezo.
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las prohibiciones, sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y
conflictos de interés, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.
Artículo 68. Imparcialidad administrativa. Quien ejerza funciones de dirección,
gobierno y administrativas en la institución, no podrán intervenir a favor de aspirante
alguno con el ánimo de obtener tener ventaja o preferencia sobre los demás
candidatos. Su intervención constituirá causal de mala conducta, de conformidad
con lo establecido en el Código Único Disciplinario. (Subrayado de la demanda).
De acuerdo con lo anterior, consideró que el demandado debía separarse de su
cargo como rector, si su deseo era participar en la referida contienda, pues, a su
juicio, ejercer la rectoría y aspirar a ocuparla en propiedad, no solo desconoce los
principios que orientan los procesos electorales al interior de la institución educativa,
sino que también contraría el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y
conflictos de interés y puede desequilibrar la balanza en favor de Edinson Caicedo
Cerezo y generarle ventaja frente a sus competidores.
Además, estimó que la designación del accionado como rector y su participación
paralela para desempeñarse como tal, en propiedad, «inexorable y abruptamente
cambia las reglas de juego» y evidencia que el Ministerio de Educación Nacional
actuó con «notoria» desviación de poder.
Pues bien, al respecto basta precisar que, las pruebas allegadas al plenario
demuestran que la cuestionada designación del señor Caicedo Cerezo obedeció a
que el rector interino, Eliécer Cándelo Viáfara i) incumplió órdenes y medidas
administrativas impartidas por el Ministerio de Educación Nacional, en particular
aquellas relacionadas con la ejecución del plan de mejoramiento, ii) dificultó la
implementación de las medidas adoptadas en el marco de la vigilancia especial,
especialmente las relacionadas con el seguimiento y control de la medida de fiducia,
iii) obstaculizó la ejecución de la medida de inspección in situ, afectando el ejercicio
de las funciones de inspección y vigilancia a cargo del Ministerio de Educación
Nacional y, iv) incurrió en presuntas conductas orientadas al ocultamiento o
alteración de información relevante para el seguimiento de la medida de vigilancia
especial33.
Por lo tanto, lo relacionado con el proceso electoral en el que está participando el
hoy demandado, el cual se encuentra suspendido por orden del Ministerio de
Educación Nacional, es un asunto que escapa del debate que ahora se analiza. Así
las cosas, las presuntas inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés en
los que pueda estar o no incurso el señor Edinson Caicedo Cerezo por
desempeñarse como rector y encontrarse simultáneamente activo en la carrera por
la rectoría en propiedad, podrán alegarse, si a bien se tiene, una vez culmine el
referido certamen y siempre que resulte elegido.
33 Folios 28 y 29 de la Resolución 005896 del 2 de marzo de 2026.
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Lo mismo ocurre con las «reglas de juego» que, en criterio del actor, cambiaron
«inexorable y abruptamente» con la designación del demandado. Frente a este
reparo, entiende la Sala, que se trata de aquellas fijadas en el cronograma para la
elección del rector de la Universidad del Pacífico, en propiedad, periodo 2026-2030,
lo cual, se reitera, desborda el asunto puesto a consideración de esta corporación.
En todo caso, ello no se traduce en un vicio del acto cuestionado, sino del proceso
de elección del próximo rector en propiedad.
En consecuencia, se impone negar las pretensiones de la demanda de nulidad
electoral presentada por el señor Rodolfo Antonio Aragón Bermúdez contra el acto
de designación de Edinson Caicedo Cerezo, como rector de la Universidad del
Pacífico, pues, como quedó visto, en el acto acusado fueron expuestos los motivos
por los cuales procedía la medida de reemplazo del señor Eliécer Cándelo Viáfara,
rector designado por el Consejo Superior Universitario, esto es, el incumplimiento y
obstaculización de las directrices de la autoridad de control y vigilancia adoptadas
como medidas preventivas en el marco de la intervención administrativa a cargo de
la cartera ministerial, consideraciones cuyo contenido y alcance no fueron
controvertidos por la parte actora.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
3. RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral instaurada
por el señor Rodolfo Antonio Aragón Bermúdez contra el acto de designación de
Edinson Caicedo Cerezo, como rector de la Universidad del Pacífico.
SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra esta decisión no
procede ningún recurso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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