Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-33-31-017-2008-00266-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Revisión eventual de acción popular
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-33-31-017-2008-00266-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-33-31-017-2008-00266-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
26 de agosto de 2021
REVISIÓN EVENTUAL DE ACCIÓN POPULAR / DEBER DE READECUACIÓN
PROCESAL EN EL TRÁMITE DE LAS ACCIONES POPULARES – La Ley 472
de 1998 no prevé la declaratoria de improcedencia de la acción popular por
lo que las pretensiones que no puedan tramitarse mediante este mecanismo
deben readecuarse procesalmente desde la etapa de admisión
[L]a LAPAG previó, como la única decisión posible en las acciones populares,
aquella que resuelve el fondo del asunto: conceder la protección a los derechos o
intereses colectivos o negarla. A diferencia de la regulación de la acción de tutela,
la LAPAG no previó la declaratoria de improcedencia de la acción popular, porque
no es un mecanismo subsidiario y, en el evento de que las pretensiones no
puedan tramitarse mediante este mecanismo, desde la etapa de admisión, el
asunto debe readecuarse procesalmente. Ello significa que, en el caso bajo
estudio, la actuación del juez de primera instancia fue irregular, considerando que
admitió la demanda, en lugar de cumplir el deber legal de readecuación procesal
de dichas pretensiones a una acción de grupo, a pesar de que se formulaban
claras pretensiones dirigidas a obtener la reparación de perjuicios eventualmente
causados a un grupo de personas (…). Es decir que el juez de primera instancia
no podía tramitar las pretensiones indemnizatorias de los eventuales perjuicios
causados a los particulares, por la vía de la acción popular, para proferir una
sentencia en la que, de manera antitécnica, negó las pretensiones por
improcedencia de la acción, por lo que violó el artículo 5 de la LAPAG. (…) En
segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió de fondo
las pretensiones primera y segunda, tras considerar que sí podían ser tramitadas
mediante una acción popular. La Sala Especial de Decisión del Consejo de Estado
considera que, en este aspecto, se trató de una decisión parcialmente adecuada,
considerando que únicamente la primera de las pretensiones corresponde al
amparo de derechos o intereses colectivos o difusos, mientras que la segunda,
busca el restablecimiento de los derechos subjetivos de quienes “adquirieron sus
viviendas de interés social en urbanizaciones cuyos terrenos son de alto riesgo no
mitigable y mitigables”.
FUENTE FORMAL: LEY 472 DE 1998 – ARTÍCULO 5
REVISIÓN EVENTUAL DE ACCIÓN POPULAR – Necesidad de unificar la
jurisprudencia / ACCIÓN POPULAR / EXCEPCIÓN DE INDEBIDA
ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES - En las acciones populares no procede
la excepción de indebida acumulación de pretensiones toda vez que es
deber del juez dar el trámite que corresponda a las pretensiones formuladas
bajo la figura de la readecuación procesal / UNIFICACIÓN
JURISPRUDENCIAL
En lo que concierne a las pretensiones indemnizatorias 3 a 6, la segunda instancia
declaró de oficio la excepción de indebida acumulación de pretensiones y, por lo
tanto, no profirió pronunciamiento alguno frente a ellas. Al respecto, la Sala
Especial de Decisión constata que, dentro de la jurisprudencia administrativa,
existen posiciones que admiten la declaratoria de la indebida acumulación de
pretensiones en la acción popular y, otras que la niegan. Por lo anterior, y en
atención a la finalidad de la revisión eventual de acciones populares y de grupo,
por parte del Consejo de Estado (artículo 36A de la Ley Estatutaria 270 de 1996),
la Sala unificará la jurisprudencia en el sentido de que, en las acciones populares,
no procede la excepción de indebida acumulación de pretensiones, por las
siguientes razones: La norma especial que rige el proceso de las acciones
populares impone al juez el deber de dar el trámite que corresponda a las
pretensiones formuladas, bajo la figura de la readecuación procesal. La indebida
acumulación de pretensiones no se encuentra prevista en la LAPAG y, aunque
podría pensarse que existe un vacío al respecto, que autorizaría la remisión a
normas procesales generales, como el CCA/CPACA o el CPC/CGP, no existe tal
falta de regulación, considerando que la readecuación oficiosa de las
pretensiones, desde la etapa de admisión de la demanda, es la regla procesal
especial que responde a tal situación, se dirige a evitar fallos inhibitorios y ella
resulta completamente incompatible con la figura de la indebida acumulación de
pretensiones, que permite que el juez se abstenga de fallar de fondo. Es por ello
que, de manera congruente con el deber de readecuación procesal, previsto en el
artículo 5 de la LAPAG, el artículo 23 de la misma ley dispuso que “En la
contestación de la demanda sólo podrán proponerse las excepciones de mérito y
las previas de falta de jurisdicción y cosa juzgada, las cuales serán resueltas por el
juez en la sentencia”, lo que significa que la excepción previa de inepta demanda,
por indebida acumulación de pretensiones, se encuentra prohibida por dicha
norma. En tal sentido, la sentencia inhibitoria de la acción popular, fundada en la
indebida acumulación de pretensiones, constituye una violación de los artículos 5
y 23 de la LAPAG, materializa una denegación de justicia, al no haber
pronunciamiento de fondo y desconoce el mandato constitucional de dar
prevalencia al derecho sustancial sobre el procesal.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 – 36A / LEY 472 DE 1998 – ARTÍCULO 5 /
LEY 472 DE 1998 – ARTÍCULO 23
NOTA DE RELATORÍA: Sobre las posiciones de la Corporación que han hecho
referencia a la declaratoria de la indebida acumulación de pretensiones en la
acción popular, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 26 de
septiembre de 2002, exp. 6001-23-31-000-2000-0744-02 (AP-612); Sección
Tercera, sentencia del 11 de septiembre de 2003, exp. 00019-01(AG); Sección
Primera, sentencia del 26 de octubre de 2006, exp. 02001-01(AP); Sección
Cuarta, sentencia del 4 de diciembre de 2003, exp. 50001-23-31-000-2002-90287-
01 (AP- 90287).
ACCIÓN POPULAR / DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS A QUE LOS
DESARROLLOS URBANOS SE HAGAN DE MANERA ORDENADA, CON
SUJECIÓN A LAS NORMAS URBANÍSTICAS Y DANDO PREVALENCIA A LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES – No es posible el estudio de su
presunta vulneración por tratarse de hechos anteriores a la vigencia de la
Ley 472 de 1998 / MORALIDAD ADMINISTRATIVA / DEFENSA DEL
PATRIMONIO PÚBLICO – No se evidencia la vulneración a los derechos e
intereses colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del
patrimonio público
[N]o es posible examinar, en el caso bajo estudio, la posible vulneración del
derecho o interés colectivo a que los desarrollos urbanos se hagan de manera
ordenada, con sujeción a las normas urbanísticas y dando prevalencia a la calidad
de vida de los habitantes, considerando que tal derecho o interés colectivo fue
previsto en el ordenamiento jurídico, por primera vez, en el literal m) del artículo 4
de la LAPAG, que entró a regir el 6 de agosto de 1999, a pesar de que los hechos
relatados por el demandante, particularmente, las licencias urbanísticas, son
anteriores a tal fecha. (…) [E]n el caso bajo estudio, no se verifica ninguna de las
dos condiciones que la jurisprudencia ha identificado para la procedencia de la
acción popular, frente a hechos anteriores a la expedición de la LAPAG: 1) que el
derecho e interés colectivo que se invoca como vulnerado se encontrara
consagrado expresamente, en la época en la que ocurrieron los hechos
constitutivos de la vulneración y, 2) que la acción popular se encontrara prevista
en la época en que ocurrieron los hechos, como instrumento procesal para la
protección de ese interés colectivo que se alega como vulnerado. (…) El cobro del
impuesto predial respecto de inmuebles construidos sobre terrenos de alto riesgo
mitigable y no mitigable y de la contribución de valorización respecto de inmuebles
construidos sobre terrenos de alto riesgo mitigable son actuaciones que hacen
parte de la autonomía administrativa del distrito de Bogotá y no existen elementos
que permitan evidenciar que con ello se amenace o vulneren los derechos o
intereses colectivos a la defensa del patrimonio público y a la moralidad
administrativa. Por lo anterior, las pretensiones serán denegadas.
FUENTE FORMAL: LEY 472 DE 1998 – ARTÍCULO 2 / LEY 472 DE 1998 –
ARTÍCULO 4 LITERAL M /
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la acción popular frente a
hechos anteriores a la vigencia de la Ley 472 de 1998, ver: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 15 de agosto de 2007,
expediente 1188 AP; Sección Tercera, Sentencia de 6 de marzo de 2013.
Expediente 2001-00051.
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA CATORCE ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA
Bogotá D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-33-31-017-2008-00266-01(AP)REV
Actor: FRANCISCO BASILIO ARTEAGA BANAVIDES
Demandado: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Y OTROS
Referencia: REVISIÓN EVENTUAL DE ACCIÓN POPULAR
Temas: ACCIÓN POPULAR – CAUSALES DE INADMISIÓN Y RECHAZO – READECUACIÓN
PROCESAL DE LA DEMANDA – UNIFICACIÓN SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LA INDEBIDA
ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES ‖ - MORALIDAD ADMINISTRATIVA – DEFENSA DEL
PATRIMONIO PÚBLICO – DERECHO A QUE LOS DESARROLLOS URBANOS SE HAGAN DE
MANERA ORDENADA, CON SUJECIÓN A LAS NORMAS URBANÍSTICAS Y DANDO
PREVALENCIA A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES. Solicitud de exención tributaria
para dueños de predios ubicados en zonas de alto riesgo y pretensiones de reembolso de lo
pagado.
Síntesis del caso: el actor popular solicitó la suspensión del pago de los impuestos predial y de
valorización de las personas que habitan en zonas de alto riesgo. Igualmente, solicitó que se les
devuelvan los dineros pagados por tales conceptos, debidamente indexados y con intereses de
mora.
Decide la Sala la revisión eventual1 respecto de la Sentencia del 23 de febrero de
2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, que confirmó parcialmente la Sentencia de primera instancia,
1 La parte accionante solicitó la revisión eventual (folio 110 c 2) y esta fue aceptada por el Consejo
de Estado mediante el Auto del 23 de agosto de 2012.
adoptada por el Juzgado 17 Administrativo del Circuito de Bogotá, el 25 de junio
de 2010 y, por consiguiente, negó el amparo de los derechos e intereses
colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público y a
que los desarrollos urbanos se hagan de manera ordenada, con sujeción a las
normas urbanísticas y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 36A de la Ley Estatutaria 270 de 1996,
introducido por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, del artículo 107 de la Ley
1437 de 2011 y de los artículos 28 y 29 del Acuerdo 80 de 2019, reglamento del
Consejo de Estado la Sala es competente para proferir esta providencia, por haber
seleccionado la sentencia de segunda instancia, para su revisión por parte de esta
corporación.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2 Posición de la parte demandada- 1.3
Sentencia de primera instancia. 1.4 Recurso de apelación. 1.5 Sentencia de segunda instancia y
1.6 Selección para revisión por parte del Consejo de Estado.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 7 de julio de 2008, el abogado2 Francisco Basilio Arteaga Banavides, en
ejercicio de la acción popular, prevista en el artículo 88 de la Constitución,
“actuando en causa propia y propietario del apartamento 102 (…)”3 y en
representación de propietarios de 27 urbanizaciones, conjuntos residenciales y
grupos de afectados, así como de personas desalojadas y que serían desalojadas
en el futuro4, ya que “todos conformamos el grupo de propietarios y
contribuyentes que tenemos nuestros inmuebles (…) (y) hemos sido afectados en
nuestro patrimonio”5 presentó demanda contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, la
Secretaría de Hacienda Distrital, la U.A.E. de Catastro Distrital y el Instituto de
2 Tarjeta profesional 70.300.
3 Folio 1, c. 1.
4 “actuando en representación de los más de 168 propietarios de esta urbanización (…) los
propietarios de la urbanización Villa de los Alpes (…) urbanización las Gaviotas (…) urbanización
Bosques de la Hacienda (…) Urbanización Las Guacamayas (…) Urbanización Minutos de Dios,
Urbanización San Cayetano Sur, Urbanización Nueva Roma (…) Urbanización Parques de
Primavera (…)grupo liderado por Claudio González (…) Urbanización Trigal del sur (…)
Urbanización Santa Rosa(…) grupo liderado por Ruth Mérida Peralta (…) Comunidad de San
Antonio del Mirador (…) Conjunto Residencial Timiza (…) Conjunto Residencial Estancia del
Camino (…) urbanización Líbano Bellavista (…) Grupo de Samuel Antonio Acosta (…) grupo de
Ana Belén Rodríguez (…) urbanización San Luis del Barrio 20 de Julio (…) urbanización Barrio
Zarazota (…)Urbanización Parque de la Roca (…) Urbanización Miravalle (…)Construcción en la
Vereda el Hato de la Vereda la Calera ó Verjón (…) Grupo de 36 personas (…) Urbanización
Paseito III (…) Urbanización de 2700 viviendas de interés social en el predio FINCA YUSTE (…)
También actúo en nombre y representación de las familias evacuadas y que se evacuarán que
tienen sus viviendas en las riberas de los ríos que existen en la sabana de Bogotá”: Folios 1 y 2 c.
1.
5 Folio 2, c. 1.
Desarrollo Urbano, I.D.U., para que se protegieran los derechos e intereses
colectivos a la defensa del patrimonio público, a la moralidad administrativa y a la
realización de construcciones y edificaciones respetando las disposiciones
jurídicas, dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
Sostuvo que dichos derechos o intereses colectivos fueron violados, a su juicio,
por el cobro del impuesto predial y de la contribución de valorización respecto de
predios ubicados en terrenos de alto riesgo mitigable y no mitigable. La parte
actora formuló las siguientes pretensiones (se trascribe literalmente):
“PRIMERA. Declarar que la Alcaldía Distrital de Bogotá, Secretaría de Hacienda
Distrital, Unidad Administrativa de Catastro Distrital, Bogotá D.C., el IDU, vulneraron
la protección de la Moralidad Administrativa, la Defensa del Patrimonio Público, la
realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes.
SEGUNDA. Como consecuencia de lo anterior no le asiste derecho a la Alcaldía
Distrital de Bogotá, Secretaría de Hacienda Distrital, Unidad Administrativa de
Catastro Distrital de gravar catastralmente y cobrar el impuesto predial a todos los
contribuyentes, Que adquirieron sus viviendas de interés social en urbanizaciones
cuyos terrenos son de alto riesgo no mitigable y mitigables, por que cuyas licencia de
construcción y urbanización, fueron expedidas por estas autoridades de manera
dolosa ó culpa grave, con desconocimiento flagrante del ordenamiento jurídico y en
contra del interés general y el cobro por valorización y con mayor razón no le asiste al
IDU el derecho de exigir el pago del impuesto por valorización a todos los afectados.
TERCERA. En consecuencia de lo anterior condenar a la Alcaldía Distrital de Bogotá
y Secretaría de Hacienda Distrital, Unidad Administrativa de Catastro Distrital, Bogotá
D.C., al IDU, a reintegrar los dineros recaudados por concepto de impuesto predial de
estos predios a sus respectivos propietarios y contribuyentes y la contribución por
valorización o impuesto por valorización, DINEROS QUE DEBERÁN SER
INDEXADOS y sobre ellos se deberá pago los interés de mora.
CUARTA. Declarar que la Alcaldía Distrital de Bogotá, Secretaría de Hacienda
Distrital y Unidad Administrativa de Catastro Distrital, Bogotá, IDU, debe reintegrar las
sumas pagadas por concepto de impuesto predial, impuesto por valorización y las
sanciones pagadas por el no pago oportuno de estos impuestos, a los contribuyentes
propietarios de estos bienes afectados por ser zona de alto riesgo y no aptas para la
construcción, sumas que deberán ser indexadas y que sobre estas sumas se nos
pague intereses de mora.
QUINTA. En esta pretensión el reintegro se debe efectuarse desde que se pudo
determinar que la zona era de alto riesgo, para tal efecto con base en el principio de
la carga dinámica de la prueba imperante en la justicia administrativa, el Distrito
Capital y el IDU debe aportar al proceso todos los estudios realizados y las obras que
causaron el cobro del impuesto por valorización.
(…)
SEXTA. Todas las condenas serán actualizadas en su valor y causaran intereses
comerciales moratorios de conformidad con el artículo 177 y 178 del C.C.A.”
2. En la demanda, el actor narró, en síntesis, los siguientes hechos relevantes,
como fundamento de sus peticiones:
(1) El 20 de marzo de 1979, la Secretaría de obras públicas emitió un concepto en
el que afirmó que la zona del predio Santa Sofía no presentaba inconvenientes
geológicos. Con base en tal concepto, el 25 de febrero de 1983, el Departamento
Administrativo de Planeación Distrital profirió una licencia de urbanización para el
proyecto Santa Sofía en favor de Promin S.A6. La licencia impuso la obligación de
realizar obras de urbanismo y saneamiento.
(2) El 29 de enero de 1985, la firma de Ingeniería de Suelos Víctor Romero & Cia
conceptuó que el terreno no era completamente compatible con el tipo de vivienda
que se pretendía construir e indicó que serían necesarias obras de estabilización.
(3) El 14 de febrero de 1985, el Instituto de Ensayos e Investigaciones de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional conceptuó7 que el terreno había
sido utilizado para explotaciones de minerales, pese a lo cual, no existen
evidencias de que se hubieran realizado trabajos de estabilización del terreno. Por
lo tanto, aseguró que existía incertidumbre sobre la estabilidad de las
construcciones que se edificaran sobre tal terreno.
(4) Ante solicitud de revalidación del proyecto, el 8 de noviembre de 1985, el
Departamento Administrativo de Planeación Distrital devolvió el expediente de
solicitud de prórroga de la licencia, por no haber entregado un nuevo estudio de la
Secretaría de Obras Públicas.
(5) El 31 de marzo de 1986, la Secretaría de Obras Públicas negó la revalidación
del concepto de 1979, porque ante la evidencia de movimientos de tierra, se
requería un estudio geotécnico acerca del tratamiento que requeriría el predio para
adecuarlo a los fines urbanísticos.
(6) El 31 de marzo de 1993, el Departamento Administrativo de Planeación
Distrital concedió una licencia de urbanización del predio, pero ahora en favor de
la constructora San Juan Ltda. Allí se dejó constancia de la inestabilidad del
terreno. Sin embargo, la división de estudios de la Secretaría de Obras Públicas,
el 9 de noviembre de 1993, solicitó a la constructora un concepto geotécnico, para
asegurar la estabilidad de las obras.
(7) El 8 de marzo de 1995 la Secretaría de Obras Públicas rindió concepto
geotécnico favorable, aunque la oficina de prevención de emergencias OPES
expidió un concepto el 24 de noviembre de 1995, en donde identificó riesgos
ambientales y de deslizamientos e inundaciones.
(8) El 13 de diciembre de 1995, el Departamento Administrativo de Planeación
Distrital expidió una licencia de urbanismo para el predio Santa Sofía Sur, en favor
de Fiducolombia S.A. En la licencia se recomendó que los estudios de suelos
incluyeran análisis de estabilidad de suelos. También se impuso la obligación de
ejecutar las obras necesarias para garantizar la salubridad y seguridad de las
6 Una copia obra en los folios 38-50 c. 1.
7 Copia del concepto obra en los folios 52-55 c. 1.
personas, así como la estabilidad de las construcciones. La licencia fue
prorrogada el 18 de enero de 1996 y allí se reiteraron las obligaciones enunciadas.
(9) La urbanización Santa Sofía, ubicada en el barrio Las Lomas del Sur de
Bogotá, conformada por 168 apartamentos, fue edificada, con financiación de
Colmena y puesta a la venta.
(10) La urbanización presenta hundimientos en las áreas comunes, zonas verdes
y parqueaderos; los edificios se encuentran inclinados, tienen fisuras y grietas y
las escaleras están averiadas.
(11) El actor es propietario del apartamento 102 de la Urbanización.
(12) Por los hechos anteriores, cursa en el Juzgado Veinte Administrativo del
Círculo de Bogotá la acción de grupo n. 2007-00373, cuyos demandantes son Elsa
Esperanza Guerrero y otros, contra la Alcaldía de Bogotá, el Banco Colmena, la
Empresa de Desarrollos, Trabajos y Estudios Destreza, en liquidación,
Fiducolombia S.A y el Fideicomiso Santa Sofía S.A. Sin embargo, allí “no se han
invocado como pretensión la suspensión del pago del impuesto predial e impuesto
por valorización”8.
(13) En similares condiciones se encuentran varias urbanizaciones y conjuntos
residenciales de la ciudad y, para el 2007, el DPAE identificó 8.824 predios en alto
riesgo no mitigable, ya incluidos en programas de reasentamiento y 1154 predios
en alto riesgo mitigable. Existen, aproximadamente, 40.000 viviendas en zonas de
alto riesgo no mitigable.
(14) Pese a las fallas de los terrenos, a sus propietarios les cobran impuestos de
valorización y contribuciones de valorización.
Para el accionante, la moralidad administrativa se vulnera, ya que es inmoral
cobrar impuestos sobre predios construidos sobre terrenos en zona de alto riesgo
y porque las licencias de urbanismo y construcción fueron expedidas, de manera
dolosa y gravemente culposa, a sabiendas de los riesgos que entrañaban los
terrenos; el patrimonio público se ve afectado, porque el juez de la acción
popular se verá obligado a ordenar el reembolso de los tributos recaudados, con
intereses de mora, así como las indemnizaciones correspondientes y porque los
funcionarios que otorgaron las licencias percibían salarios y “presuntamente
coimas”. Finalmente, el derecho a la realización de construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes estaría
vulnerado al haber autorizado la construcción en zonas de alto riesgo mitigable y
8 Folio 9 c. 1.
no mitigable, poniendo en riesgo la vida e integridad de sus habitantes y cobrando
tributos respecto de tales predios.
1.2 Posición de la parte demandada
3. El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU contestó la demanda, se opuso a las
pretensiones y formuló excepciones: (1) el predio del accionante no ha sido aún
gravado con la contribución de valorización, pero se prevé para el año 2015,
conforme al Acuerdo 180 de 2005; (2) El predio del actor no ha sido declarado
como de alto riesgo, lo que se requiere para exonerarlo de la contribución de
valorización, según el artículo 11 del Acuerdo 180 de 2005; (3) las entidades
demandadas no han vulnerado los derechos e intereses colectivos a la moralidad
administrativa y al patrimonio público, ya que han actuado conforme a la ley.
Respecto del derecho e interés colectivo a la realización de construcciones en
condiciones legales tampoco existe vulneración, ya que la Urbanización Santa
Sofía se construyó antes de que legalmente se consagrara tal derecho y (4) el IDU
no tiene competencia para expedir licencias de urbanismo y, por ello, no puede
responder por las falencias relacionadas con estas.
4. La Alcaldía Mayor de Bogotá contestó igualmente la demanda y se opuso a la
prosperidad de la acción. Alegó que (1) la demanda es inepta, por acción indebida,
considerando que, a través de este mecanismo, no es posible obtener el reintegro
de los valores pagados por concepto de tributos. Se trata de situaciones que no
afectan a la generalidad, sino a un grupo de personas, y frente a las cuales,
cursan sendas acciones de grupo: la número 2002-026629, en donde se pretende
la indemnización de perjuicios por el deterioro de las viviendas y la número 2008-
0010910, en donde se busca el reintegro de las sumas pagadas por impuesto
predial y la protección de derechos para todos los propietarios del distrito capital,
por violación de la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público. (2)
Los cobros tributarios se realizan legalmente. En relación con el impuesto predial,
aseguró que se cobraba independientemente de las deficiencias constructivas,
que son de responsabilidad del constructor. Sostuvo que obtener la devolución de
impuestos, sin el trámite de corrección, permitiría pretermitir una instancia.
Igualmente, afirmó que no hay daño atribuible a la Administración distrital.
También, sostuvo que no recaudar los tributos implicaría incumplir mandatos
constitucionales y legales e incurrir en responsabilidades por el daño al patrimonio
público, al tiempo que no existía causa de devolución, porque no hubo pago de lo
no debido o en exceso. (3) El accionante ya había pedido revisión de su avalúo
catastral, alegando, entre otras cosas, que el predio de su propiedad fue
construido sobre una zona de alto riesgo. Sin embargo, se mantuvo el avalúo
catastral11, muy por debajo del valor real. Así, sin ejercer recursos contra tal
9 Copia de la demanda se encuentra en los folios 182-187 c. 1.
10 Copia del auto admisorio de la demanda se encuentra en el folio 188 c. 1.
11 Resolución 135160. Folios 191-193 c. 1.
decisión, el accionante tiene un interés directo en la acción popular, al buscar que
lo exoneren del pago del impuesto predial.
1.3 Sentencia de primera instancia
5. El Juzgado 17 Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante Sentencia
del 25 de junio de 2010, negó las pretensiones de la demanda, por considerar
improcedente la acción popular12. La sentencia identificó como problema
jurídico el siguiente: ¿Es procedente la acción popular para controvertir el pago del
impuesto predial y valorización y conseguir su devolución indexada y con intereses
de mora? De manera preliminar, la sentencia indicó que no se pronunciaría sobre
las excepciones formuladas, porque no hacían parte de las contempladas en el
artículo 23 de la Ley 472 de 1998. Para el Juzgado, la acción popular no era
procedente para obtener la devolución de lo pagado por impuesto predial y
contribución de valorización, ya que no se evidenciaba vulneración alguna de los
derechos e intereses colectivos y, en realidad, el accionante perseguía un
beneficio económico, particularmente, la condena en intereses moratorios, lo que
era contrario el propósito preventivo o restitutorio de esta acción. Indicó,
finalmente, que como los hechos ocurrieron en la urbanización Santa Sofía Sur, el
mecanismo adecuado para que se les repararan los perjuicios era la acción de
grupo. En consecuencia, decidió “NEGAR LAS PRETENSIONES por
improcedencia de la acción”.
1.4 Recurso de apelación
6. El actor consideró que la decisión de primera instancia obstruyó el acceso a la
administración de justicia, ya que su acción no buscaba únicamente la devolución
de lo pagado por concepto de impuestos, sino, adicionalmente, que las
construcciones realizadas sobre zonas de alto riesgo no mitigable fueran excluidas
del pago de los tributos predial y de valorización, hasta tanto fueran reubicados
porque, cobrarlos, respecto de ellos, constituía un acto inmoral. Igualmente,
sostuvo que la devolución de lo pagado era la consecuencia de la pretensión
principal y que la indexación no constituía una indemnización, sino la actualización
del poder adquisitivo del dinero. También consideró que el juez de primera
instancia debió indicar la acción procedente desde la admisión de la demanda y no
en la sentencia. Por otra parte, sostuvo que el juez no tuvo en cuenta el escrito del
9 de abril de 2010, donde se desistió de la pretensión de condena a intereses
moratorios. Indicó que no era cierto que se persiguiera un beneficio para un grupo
de personas, considerando que los actos administrativos que impusieron las
cargas tributarias son de carácter general.
7. En el escrito de apelación, el accionante solicitó la nulidad de todo lo actuado
en primera instancia, porque la sentencia no se pronunció sobre las pretensiones
12 Folios 498-515 c. 1.
de suspensión de pago, devolución de lo pagado y amparo de los derechos
colectivos. Frente a tal solicitud, el Tribunal, mediante Auto del 17 de septiembre
de 2010, negó la nulidad, considerando que se trata, en realidad, de argumentos
de apelación.
1.5 Sentencia de segunda instancia
8. La Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante Sentencia del 23 de febrero de 2011, modificó el
numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia para,
en su lugar, declarar, de oficio, la indebida acumulación de las pretensiones
3, 4, 5 y 6 y denegar las restantes. Para tomar tal decisión, la sentencia
consideró que existían, en la demanda, dos tipos de pretensiones: las contenidas
en los numerales uno y dos, de carácter preventivo y susceptibles de ser
tramitadas mediante acción popular y, otras, contenidas en los numerales 3, 4, 5 y
6 de carácter indemnizatorio, que proceden mediante una acción de grupo o de
nulidad y restablecimiento del derecho. Consideró que, respecto del segundo
grupo de pretensiones, el juez de primera instancia debió inadmitir la demanda por
indebida acumulación de pretensiones y permitir su corrección, en lugar de
declarar la improcedencia de la acción mediante la fórmula de negar por
improcedente, a pesar de que, en el régimen legal de la acción popular, no existe
la declaratoria de improcedencia. Explicó que la acción popular no permitía el
restablecimiento de derechos de carácter subjetivo y, frente a tales pretensiones,
de conformidad con el artículo 82 del CPC, debía declararse de oficio la excepción
de indebida acumulación de pretensiones. Sin embargo, como en las pretensiones
primera y segunda se solicitaba el amparo de derechos e intereses colectivos,
consideró que sí debió existir decisión de fondo al respecto.
9. En relación con el fondo, la sentencia relató la normatividad aplicable a la
valorización y, de acuerdo con el Oficio IDU-025505, concluyó que “en el caso de
la Urbanización Santa Sofía Sur no puede considerarse vulnerado el derecho
colectivo a la moralidad administrativa por cuanto no se advierte acción u omisión
del IDU que cause vulneración o amenaza de tal derecho”13. En cuanto a las
demás urbanizaciones, aseguró que el cobro de la contribución de valorización se
sustentaba en un acto administrativo, cuya suspensión no fue solicitada.
10. Frente al otorgamiento de licencias de urbanismo y de construcción por
medios fraudulentos e ilegales, concluyó el Tribunal que no existía prueba de ello.
Respecto del cobro de valorización, afirmó que la demanda no precisaba de cuál
tipo de valorización fueron gravados los predios (beneficio general o local), por lo
que no era posible determinar si las urbanizaciones fueron afectadas por el tributo.
Insistió en que dichos cobros se sustentaron en actos administrativos cuya
13 Folio 92 c 2.
presunción de legalidad no había sido desvirtuada y ello conducía a denegar las
pretensiones.
11. En lo que respecta al impuesto predial, luego de relatar las normas aplicables,
concluyó que la Secretaría Distrital de Hacienda no había vulnerado los derechos
alegados, porque el cobro del tributo se respaldaba en actos administrativos frente
a los cuales no se había pedido la suspensión. Igualmente, indicó que la entidad
pública actuó conforme con la normatividad, que no prevé exclusiones ni
exenciones para los predios ubicados en zonas de alto riesgo.
12. Asimismo, frente al derecho al amparo del patrimonio público, concluyó el
Tribunal que no sólo no se afectó, sino que se vio robustecido por el cobro de los
tributos cuestionados. Igualmente, sobre el derecho o interés colectivo a la
realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de
la calidad de vida de los habitantes, consideró el Tribunal que no es posible
analizar su eventual vulneración o amenaza, ya que el accionante no cuestiona las
infracciones urbanísticas en las que habrían incurrido los constructores y no
pretende la reubicación, sino evitar el cobro de unos tributos y la devolución de lo
pagado.
1.6 Selección para revisión por parte del Consejo de Estado
13. La Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante Auto del 23 de agosto
de 2012, decidió seleccionar el presente asunto para su revisión. La decisión se
motivó en que era necesario unificar criterios en asuntos procesales del trámite de
la acción popular, particularmente, lo relativo a la procedencia de la inadmisión y
rechazo de la demanda, la negativa de las pretensiones por improcedencia de la
acción frente a reclamos indemnizatorios de daños a particulares y la pertinencia
de declarar la indebida acumulación de pretensiones, por la misma causa.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Exposición del caso y decisiones que se adoptarán. 2.2. El trámite adecuado de las
demandas de acción popular. 2.3. La sentencia que declara la indebida acumulación de
pretensiones y la que niega “por improcedencia” de la acción frente a las pretensiones, constituyen
violaciones al artículo 5 de la LAPAG – Unificación jurisprudencial -. 2.4. El examen de fondo de la
pretensión que corresponde a la acción popular. 2.5. La condena en costas.
2.1. Exposición del caso y decisiones que se adoptarán
14. Mediante una demanda de acción popular y alegando pertenecer a un grupo
de víctimas, se solicitó el amparo de los derechos o intereses colectivos a la
moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público y a que los
desarrollos urbanos se hagan de manera ordenada, con sujeción a las normas
urbanísticas y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes. La
demanda pretende que se excluyan del pago del impuesto predial y de la
contribución de valorización a los inmuebles ubicados en predios de alto riesgo
mitigable y no mitigable y que se reembolsen las sumas pagadas por tales
tributos, incluidas las sanciones, al tiempo que tales sumas sean indexadas y
acompañadas de condena en intereses moratorios14. La sentencia de primera
instancia negó por improcedencia de la acción popular frente a pretensiones
indemnizatorias particulares, mientras que la segunda instancia falló de fondo el
amparo de los derechos o intereses colectivos y se abstuvo de pronunciarse frente
a las indemnizaciones solicitadas, luego de declarar, de oficio, la excepción de
indebida acumulación de pretensiones.
15. El asunto fue seleccionado para revisión del Consejo de Estado, considerando
que era necesario unificar la jurisprudencia en relación con si es correcto rechazar
de plano la acción popular; respecto de las causales de inadmisión y si es
adecuado negar por improcedencia de la acción frente a cierto tipo de
pretensiones o si lo procedente es declarar la indebida acumulación de
pretensiones. En dicho auto de selección, se citaron extractos jurisprudenciales
que evidencian posiciones no uniformes respecto de los anteriores aspectos.
16. La Sala revocará parcialmente la sentencia proferida en segunda instancia ya
que, aunque confirmará la denegación de las pretensiones de amparo a los
derechos o intereses colectivos invocados, también constará la existencia de cosa
juzgada respecto de las pretensiones que debieron tramitarse mediante un
proceso de acción de grupo y, por lo tanto, se estará a lo resuelto en un proceso
diferente.
17. Para sustentar la decisión, en primer lugar, se precisará el trámite adecuado
de las demandas de acción popular (2.2). A continuación, y para unificar la
jurisprudencia, se evidenciará que la sentencia que declara la indebida
acumulación de pretensiones y la que niega “por improcedencia” de la acción,
constituyen violaciones al artículo 5 de la Ley 472 de 1998. Allí se motivará la
decisión de estarse a lo resuelto en otro proceso de acción de grupo, respecto de
las pretensiones indemnizatorias (2.3). Finalmente, se realizará el examen de
fondo de la pretensión que sí puede examinarse mediante la acción popular (2.4) y
se decidirá sobre la condena en costas (2.5).
2.2. El trámite adecuado de las demandas de acción popular
18. El proceso mediante el cual se tramitan las demandas de acción popular
responde a las características de especialidad y de eficacia procesal.
Especialidad, ya que las distintas actuaciones procesales se encuentran regladas
14 No obstante, en el curso de la segunda instancia, el accionante renunció a la pretensión del pago
de intereses moratorios, en oficio del 9 de abril de 2010.
en la Ley 472 de 1998 (Ley de acciones populares y acciones de grupo, LAPAG,
en adelante) y únicamente puede recurrirse a la integración normativa con las
normas procesales generales propias de la jurisdicción competente15, cuando se
trate de un asunto no regulado por completo en la norma especial y, además, la
integración normativa resulte compatible con las características y finalidades de la
acción popular. Eficacia procesal, ya que, en virtud del principio de
instrumentalidad de las formas, el trámite de las acciones populares debe guiarse
por la búsqueda de la eficacia del derecho sustancial, particularmente, del derecho
de acceso a la administración de justicia y de la protección adecuada de los
derechos e intereses colectivos. Igualmente, se trata de una regulación con
formas mínimas, su trámite es preferente (artículo 6 de la LAPAG) y no se rige por
la regla procesal dispositiva, sino por la inquisitiva, que implica el deber del juez de
impulsar de oficio el proceso, en aras de llegar a una decisión de fondo (artículo 5
de la LAPAG).
19. A partir de la especialidad procesal de las acciones populares, el rechazo de
la demanda (1) procede de plano o in limine, únicamente en caso de cosa
juzgada o de agotamiento de la jurisdicción16; igualmente, (2) es posible rechazar
la demanda luego de su inadmisión (3) por una de dos causales: a- no haber
corregido adecuada y oportunamente la demanda inadmitida, o porque luego de la
inadmisión, b- se confirma que el asunto se encuentra actualmente siendo
debatido en otro proceso de acción popular y, por lo tanto, ocurrió el denominado
“agotamiento de la jurisdicción”. En otras palabras, el agotamiento de la
jurisdicción provoca rechazo de plano de la demanda, cuando se advierte
claramente la triple identidad en la etapa de admisión, pero es legítimo inadmitir,
cuando existan dudas acerca de la identidad de partes, de causa o de objeto de
los procesos; ello para permitir que el accionante precise o aclare los elementos
que permiten concluir si se trata de un asunto en curso o que ya ha sido fallado.
Es por ello que las causales de rechazo de la demanda diferentes a la no
corrección de la demanda inadmitida, previstas en el CCA/CPACA, no son
15 (CPC/CGP, para las acciones populares tramitadas ante la Jurisdicción ordinaria y CCA/CPACA,
para las de competencia de la JCA).
16 El artículo 23 LAPAG prevé que la excepción de cosa juzgada deberá ser decidida en la
sentencia. Por ello, en un primer momento se consideró que la cosa juzgada no permitía el rechazo
de plano, al no estar así previsto por la LAPAG (Cf. Consejo de Estado, Secc. 1, Auto del 12 de
mayo de 2011, exp. 25000-23-25-000-2002-00035-02 (AP). Sin embargo, tal posición varió, al
considerar que carecía de objeto desarrollar un proceso cuando, de entrada, el juez advierte que
hay la identidad que conduce a identificar el agotamiento de la jurisdicción o la cosa juzgada:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 11 de sept. 2012,
exp. 41001-33-31-004-2009-00030-01(APREV). En cuanto al agotamiento de la jurisdicción
existieron dos posiciones jurisprudenciales encontradas en las secciones del Consejo de Estado:
una, según la cual, en este caso procedía la acumulación de los procesos (por ejemplo, Consejo de
Estado, Secc. 1, Auto del 7 de julio de 2011, exp. 47001-23-31-000-2011-00066-01, (AP); Secc. 1,
Auto del 16 de marzo de 2012, exp. 68001-33-31-008-2010-00136-01 (APREV) y, otra, que
preconizaba el rechazo de la demanda (por ejemplo, Consejo de Estado, Secc. 3, Auto del 5 de
febrero de 2004, exp. 41001-23-31-000-2001-0933-01 (AP-0933) ). Sin embargo, la posición fue
unificada en el sentido del rechazo de la demanda por “agotamiento de la jurisdicción” (Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 11 de sept. 2012, exp. 41001-
33-31-004-2009-00030-01(APREV)., confirmada por la y Secc. 2, Sentencia del 25 de abril de
2019, 68001-33-31-005-2010-00292-01 (APREV).
aplicables a este proceso17. No es legítimo que el juez rechace la demanda porque
se incluyeron pretensiones que podían tramitarse mediante otro proceso, ya que la
acción popular no es un mecanismo subsidiario, sino principal18. Tampoco es
válido inadmitir y rechazar las demandas de acción popular con el argumento de
que se formularon pretensiones incompatibles con este mecanismo19,
particularmente, cuando se solicitan condenas para reparar perjuicios individuales.
20. Justamente en el caso de incluir pretensiones ajenas a la finalidad de la acción
popular o incompatibles con ella, la LAPAG previó la readecuación procesal del
asunto, como una regla clara que excluye la inadmisión de la demanda, el
rechazo y las sentencias inhibitorias por inepta demanda o indebida escogencia de
la acción: “Promovida la acción, es obligación del juez impulsarla oficiosamente y
producir decisión de mérito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable
con destitución. Para este fin el funcionario de conocimiento deberá adoptar las
medidas conducentes para adecuar la petición a la acción que corresponda”
(inciso final del artículo 5 LAPAG – subrayas agregadas-). Este mandato es la
concreción del deber que asiste a todos los jueces de la República de interpretar
las demandas20, a partir de los hechos y de las pretensiones formuladas, para
hacer efectivo el acceso a la administración de justicia y dar prevalencia al
derecho sustancial, sobre las formas (artículos 29, 228 y 229 de la Constitución) y
dicha interpretación conduce a dar el trámite procesal que resulte congruente con
la demanda, más allá del mecanismo invocado. Así, a pesar de que en contadas
ocasiones esta corporación afirmó que era posible rechazar demandas de acción
popular por incluir pretensiones ajenas a este mecanismo21, tal posición que
contrariaba la LAPAG fue corregida y, por el contrario, se reiteró el deber de
readecuación procesal22. La readecuación procesal no necesariamente debe ser
total, de toda la demanda. Por el contrario, una misma demanda puede ser
disgregada procesalmente, para que, a partir de sus pretensiones, su trámite se
17 “Se reitera que por tratarse el rechazo de la acción popular de una figura jurídica de naturaleza
excepcional, debe interpretarse en forma restrictiva, en los precisos y estrictos términos en fue
instituida por el Legislador. Por lo demás, advierte la Sala que no asistió razón al Tribunal
accionado al aplicar el numeral 3º. del artículo 169 C.P.A.C.A. pues la remisión que el artículo 44
de la Ley 472 dispone tiene lugar en tratándose de “aspectos no regulados en la presente Ley”, no
siendo este el caso del rechazo de la demanda comoquiera que está regulado en norma especial,
a saber en el artículo de 20 de la Ley 472”: Consejo de Estado, Secc. 1, Auto del 11 de diciembre
de 2015, exp. 19001-23-33-000-2014-00258-01 (APA).
18 Consejo de Estado, Secc. 1, Auto del 17 de abril de 2008, exp. 25000-23-25-000-2006-00249-01
(AP). Consejo de Estado, Secc. 3, Sentencia del 18 de junio de 2008, rad. 70001-23-31-000-2003-
00618-01(AP). Se trata del “carácter principal o autónomo y no subsidiario de la acción”: Corte
Constitucional, sentencia C-644/11.
19 Consejo de Estado, Secc. 1, Auto del 25 de julio de 2019, exp. 17001-23-33-000-2017-00875-01
(APA); Secc. 1, Auto del 19 de septiembre de 2019, exp.
20001-23-33-000-2019-00303-01 (6494-19) (APA).
20 Sobre el deber general de interpretación de las demandas, ver las sentencias de la Corte
Constitucional: C-537/16, C-344/17, C-544/19 y C-038/20.
21 Consejo de Estado, Secc. 4, Auto del 25 de mayo de 2001, exp. 05001-23-31-000-2001-0001-01
(AP-058); Secc. 2, Auto de 5 de julio de 2001, exp. 08001-23-31-000-2001-0165-01 AP-107; Secc.
3, Auto del 29 de julio de 2004, exp. 25000-23-27-000-2004-00416-01 (AP).
22 “(…) no debe perderse de vista que cuando la pretensión sea ajena a la acción popular, deberá
adecuarse la petición a la acción que corresponda, tal como lo prevé el artículo 5º de la ley 472 de
1998”: Consejo de Estado, Secc. 3, Auto del 21 de octubre de 2009, exp. 08001-23-31-000-2005-
01917-01 (AP).
realice por vías distintas y genere el desarrollo de procesos diferentes23; la acción
popular no permite la acumulación de pretensiones propias de otros
mecanismos24. Ahora bien, la jurisprudencia administrativa ha reconocido que,
cuando la interpretación judicial de la demanda no permita concluir con claridad si
las pretensiones se dirigen al amparo de derechos colectivos o de derechos
individuales y, por lo tanto, no resulte patente que ciertas pretensiones pueden
tramitarse mediante la acción popular y otras por otro determinado mecanismo, es
necesario inadmitir la demanda, con el fin de que sea el accionante quien aclare
sus pretensiones25. La causa de la inadmisión, en este caso, debe adecuarse al
incumplimiento del requisito relativo a las pretensiones de la acción popular.
21. De manera congruente con el régimen de rechazo de la demanda de acción
popular que acaba de precisarse, la inadmisión de la demanda únicamente
procede por una de dos causas: (1) que se trate de una demanda “que no cumpla
con los requisitos señalados en esta ley, precisando los defectos de que adolezca”
(artículo 20 de la LAPAG), sin que sea posible exigir requisitos no previstos en la
Ley. Tales requisitos se encuentran en el artículo 18 de la LAPAG26 y,
adicionalmente, en el inciso final del artículo 144 del CPACA, que introdujo el
requisito relativo a la solicitud o requerimiento previo a la autoridad administrativa
o al particular que ejerce funciones administrativas para “que adopte las medidas
necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado”27.
La inadmisión es posible, por falta de cumplimiento del requisito de la demanda
que consiste en precisar el derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado,
23 Consejo de Estado, Secc. 3, Auto del 11 de mayo de 2000, exp. CE-SEC3-EXP2000-NAP033
(AP-033). Debe advertirse que, aunque el trámite en le Congreso de la LAPAG se propuso la
posibilidad de que se pudieran tramitar conjuntamente una acción popular y una acción de grupo,
dicha figura fue finalmente rechazada. Cf. Gaceta del Congreso, Año IV, No. 207 jueves 27 de julio
de 1995. P. 7.
24 El CCA no permitía la acumulación de pretensiones. Por el contario, de acuerdo con el artículo
165 del CPACA, únicamente es posible acumular pretensiones “de nulidad, de nulidad y de
restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa”.
25 “No obstante, la Sala no comparte la decisión del Tribunal, pues si bien se trata de una indebida
escogencia de la acción, como lo ha precisado esta Corporación, esta situación por si sola, no es
causal de rechazo de plano de la demanda, y ante la imposibilidad del juez de adecuarla a la que
correspondiera, en aras de garantizar los preceptos constitucionales del debido proceso y del
acceso a la administración de justicia, en lugar de rechazarla, debió inadmitirla, señalando los
defectos de que adolecía, con el fin de que el actor la subsanara”: Consejo de Estado, Secc. 3,
Auto del 7 de febrero de 2011, exp. 54001-23-31-000-2010-00289-01 (AP).
26 “a) La indicación del derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado; b) La indicación de los
hechos, actos, acciones u omisiones que motivan su petición; c) La enunciación de las
pretensiones; d) La indicación de la personas natural o jurídica, o la autoridad pública
presuntamente responsable de la amenaza o del agravio, si fuere posible; e) Las pruebas que
pretenda hacer valer; f) Las direcciones para notificaciones; g) Nombre e identificación de quien
ejerce la acción”.
27 Basta con realizar la reclamación en los términos previstos en el CPACA, por los hechos que
motivan la acción popular – conductas u omisiones vulneradoras-. Por lo tanto, no es requisito que
en dicha reclamación se aleguen específicamente los mismos derechos o intereses colectivos que
fundan la demanda: Consejo de Estado, Secc. 1, Auto del 14 de marzo de 2019, exp. 50001-23-33-
000-2018-00275-01 (APA). En el término previsto para corregir la demanda es posible aportar la
prueba de que sí se hizo el requerimiento y, por lo tanto, se cumplió el requisito de procedibilidad.
Sin embargo, el requerimiento debe haber sido previo a la presentación de la demanda: “el
requerimiento a la administración debe efectuarse de manera previa a la interposición de la
demanda pues su fin es que aquella conozca la situación y pueda pronunciarse sobre la supuesta
vulneración de los derechos colectivos”: Consejo de Estado, Secc. 1, Auto del 13 de noviembre de
2014, exp. 25000-23-41-000-2013-02472-01 (APA).
cuando no sea posible identificar claramente si se pretende el amparo de
derechos o intereses colectivos o de derechos subjetivos. También es posible
inadmitir la demanda (2) porque se constata, en un examen preliminar, que
respecto de los hechos u omisiones en los que se funda la demanda (causa
petendi), ya cursaría un proceso de acción popular en el que se solicita el amparo
de los mismos derechos o intereses colectivos (objeto del litigio), respecto de los
mismos sujetos demandados. En este caso, la demanda se inadmite, en lugar de
proferir el rechazo de plano por “agotamiento de la jurisdicción” porque existen
dudas acerca de la identidad de partes, de causa o de objeto de los procesos; ello
para permitir que el accionante precise o aclare los elementos que permiten
concluir si se trata de un asunto en curso o que ya ha sido fallado.
2.3. La sentencia que declara la indebida acumulación de
pretensiones y la que niega “por improcedencia” de la acción
frente a las pretensiones, constituyen violaciones al artículo 5 de
la LAPAG – Unificación jurisprudencial -
22. De acuerdo con lo explicado en la presente sentencia, la LAPAG previó, como
la única decisión posible en las acciones populares, aquella que resuelve el fondo
del asunto: conceder la protección a los derechos o intereses colectivos o negarla.
A diferencia de la regulación de la acción de tutela, la LAPAG no previó la
declaratoria de improcedencia de la acción popular, porque no es un mecanismo
subsidiario y, en el evento de que las pretensiones no puedan tramitarse mediante
este mecanismo, desde la etapa de admisión, el asunto debe readecuarse
procesalmente. Ello significa que, en el caso bajo estudio, la actuación del juez de
primera instancia fue irregular, considerando que admitió la demanda, en lugar de
cumplir el deber legal de readecuación procesal de dichas pretensiones a una
acción de grupo, a pesar de que se formulaban claras pretensiones dirigidas a
obtener la reparación de perjuicios eventualmente causados a un grupo de
personas: la exoneración del pago de tributos, el reintegro indexado de lo pagado
por concepto de impuesto predial y contribución de valorización, así como de las
sanciones por no pago oportuno (pretensiones segunda, tercera, cuarta, quinta y
sexta). La interpretación de la demanda, frente a tales pretensiones, resultaba un
ejercicio fácil, por lo que no procedía la inadmisión de la demanda para aclarar la
intención del accionante, teniendo en cuenta que, a más de la naturaleza de las
pretensiones, la demanda hace expresa referencia al grupo de los “afectados en
nuestro patrimonio”28, los enlista e, incluso, afirma actuar en su representación. La
intención del accionante, más allá de la acción escogida, a pesar de tratarse de un
abogado, se confirmó luego de que el asunto fuera seleccionado para revisión por
parte del Consejo de Estado, ya que remitió un escrito en el que aclaró que
actuaba en representación, no únicamente de la Urbanización Santa Sofía, sino de
las otras veintiuna urbanizaciones que se encontraban en la misma situación, así
como de las familias evacuadas y que se evacuarán y que tienen sus viviendas en
28 Folio 2, c. 1.
las riberas de los ríos de la sabana de Bogotá. Igualmente, sostuvo que los jueces
de instancia debieron adecuar sus pretensiones a una acción de grupo, “porque
todas las personas que compramos nuestras viviendas en zonas de alto mitigable
(sic) y no mitigable recibimos perjuicios morales y materiales a consecuencia de la
vulneración de la moralidad administrativa y vulneración del patrimonio público y
por tal razón. ‖ Exigimos la cesación del cobro de impuestos y la devolución de
manera indexada y con intereses moratorios de los dineros pagados por concepto
de impuestos predial y valorización; pretensiones típicas de una acción de grupo
(…)”29.
23. Es decir que el juez de primera instancia no podía tramitar las pretensiones
indemnizatorias de los eventuales perjuicios causados a los particulares, por la vía
de la acción popular, para proferir una sentencia en la que, de manera antitécnica,
negó las pretensiones por improcedencia de la acción, por lo que violó el artículo 5
de la LAPAG. Ahora bien, constata la Sala que la pretensión primera sí es propia
de la acción popular, ya que se invocan los derechos o intereses colectivos a la
moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público y al adecuado
urbanismo30. Esta pretensión podía tramitarse mediante la acción popular y exigía
un pronunciamiento de fondo por parte del juez.
24. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió de
fondo las pretensiones primera y segunda, tras considerar que sí podían ser
tramitadas mediante una acción popular. La Sala Especial de Decisión del
Consejo de Estado considera que, en este aspecto, se trató de una decisión
parcialmente adecuada, considerando que únicamente la primera de las
pretensiones corresponde al amparo de derechos o intereses colectivos o difusos,
mientras que la segunda, busca el restablecimiento de los derechos subjetivos de
quienes “adquirieron sus viviendas de interés social en urbanizaciones cuyos
terrenos son de alto riesgo no mitigable y mitigables”. Ello sería posible luego de
declarar la nulidad de los actos administrativos que impusieron tales cargas a los
miembros del grupo de propietarios y, por ello, el accionante cuestiona la validez
de la imposición, al asegurar que las “licencia de construcción y urbanización,
fueron expedidas por estas autoridades de manera dolosa ó culpa grave, con
desconocimiento flagrante del ordenamiento jurídico y en contra del interés
general y el cobro por valorización y con mayor razón no le asiste al IDU el
derecho de exigir el pago del impuesto por valorización a todos los afectados”. Se
trata, entonces, de una solicitud de nulidad y de restablecimiento del derecho que
no podía ser decidida mediante una acción popular. En lo que concierne a las
pretensiones indemnizatorias 3 a 6, la segunda instancia declaró de oficio la
excepción de indebida acumulación de pretensiones y, por lo tanto, no profirió
pronunciamiento alguno frente a ellas. Al respecto, la Sala Especial de Decisión
29 Oficio del 4 de noviembre de 2016. Folios 202-203 C. 2.
30 Derecho o interés a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes
constata que, dentro de la jurisprudencia administrativa, existen posiciones que
admiten la declaratoria de la indebida acumulación de pretensiones en la acción
popular31 y, otras que la niegan32. Por lo anterior, y en atención a la finalidad de la
revisión eventual de acciones populares y de grupo, por parte del Consejo de
Estado (artículo 36A de la Ley Estatutaria 270 de 1996), la Sala unificará la
jurisprudencia en el sentido de que, en las acciones populares, no procede la
excepción de indebida acumulación de pretensiones, por las siguientes razones:
25. La norma especial que rige el proceso de las acciones populares impone al
juez el deber de dar el trámite que corresponda a las pretensiones formuladas,
bajo la figura de la readecuación procesal. La indebida acumulación de
pretensiones no se encuentra prevista en la LAPAG y, aunque podría pensarse
que existe un vacío al respecto, que autorizaría la remisión a normas procesales
generales, como el CCA/CPACA o el CPC/CGP, no existe tal falta de regulación,
considerando que la readecuación oficiosa de las pretensiones, desde la etapa de
admisión de la demanda, es la regla procesal especial que responde a tal
situación, se dirige a evitar fallos inhibitorios y ella resulta completamente
incompatible con la figura de la indebida acumulación de pretensiones, que
permite que el juez se abstenga de fallar de fondo33. Es por ello que, de manera
congruente con el deber de readecuación procesal, previsto en el artículo 5 de la
LAPAG, el artículo 23 de la misma ley dispuso que “En la contestación de la
demanda sólo podrán proponerse las excepciones de mérito y las previas de falta
de jurisdicción y cosa juzgada, las cuales serán resueltas por el juez en la
sentencia”, lo que significa que la excepción previa de inepta demanda, por
indebida acumulación de pretensiones, se encuentra prohibida por dicha norma.
En tal sentido, la sentencia inhibitoria de la acción popular, fundada en la indebida
acumulación de pretensiones, constituye una violación de los artículos 5 y 23 de la
LAPAG, materializa una denegación de justicia, al no haber pronunciamiento de
fondo y desconoce el mandato constitucional de dar prevalencia al derecho
sustancial sobre el procesal.
26. En atención a lo anterior, concluye la Sala que, en lo que respecta a las
pretensiones segunda a sexta de la demanda, se desconoció el artículo 5 de la
LAPAG. Debe resaltarse que, en el escrito de apelación, el accionante solicitó la
nulidad de todo lo actuado en primera instancia, porque la sentencia no se
pronunció sobre las pretensiones y tal solicitud fue negada por el Tribunal, bajo el
argumento de que, en realidad, ello correspondía a argumentos de apelación. Al
31 Consejo de Estado, Secc. 3, Sentencia del 26 de septiembre de 2002, exp. 6001-23-31-000-
2000-0744-02 (AP-612); Secc. 3, Sentencia del 11 de septiembre de 2003, exp. 00019-01(AG);
Secc. 1, Sentencia del 26 de octubre de 2006, exp. 02001-01(AP).
32 Consejo de Estado, Secc. 4, Sentencia del 4 de diciembre de 2003, exp. 50001-23-31-000-2002-
90287-01 (AP- 90287).
33 Un ejemplo de decisión inhibitoria es la siguiente: “Asimismo se revocarán aquéllas decisiones
extrañas a la protección de derechos o intereses colectivos vulnerados o amenazados por acción u
omisión de autoridades públicas o particulares en ejercicio de funciones públicas, y en su lugar se
abstendrá de pronunciarse sobre ellas”: Consejo de Estado, Secc. 5, Sentencia del 6 de julio de
2001, exp. 2000-3508-01 (AP-077).
respecto, la LAPAG no contiene una regulación propia de las nulidades
procesales, razón por la cual, de acuerdo con su artículo 44, es necesario
remitirse al C.C.A., norma vigente durante el trámite de este proceso. Sin
embargo, el artículo 165 del CCA, a su vez, remitía al CPC, en lo que respecta a
las causales de nulidad en los procesos. Así, frente a la irregularidad constatada,
el artículo 140 del CPC disponía que: “El proceso es nulo en todo o en parte,
solamente en los siguientes casos” y, en su numeral 4 preveía como hipótesis de
nulidad “Cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde”.
Ello fue justamente lo que ocurrió respecto de las pretensiones segunda a sexta,
ya que, como quedó explicado, debieron tramitarse mediante un proceso de
acción de grupo, en lugar de uno de acción popular para, finalmente y de manera
indebida, inhibirse de resolverlas de fondo. Ahora bien, de acuerdo con la
jurisprudencia administrativa, la norma procesal aplicable a la decisión de
solicitudes de nulidades es aquella vigente al momento de examinar y decidir el
asunto34, razón por la cual, la norma pertinente es el artículo 133 de la Ley 1564
de 2012, Código General del Proceso. Allí ya no se prevé el trámite indebido del
asunto, como causal de nulidad del proceso, por lo que, no es posible, en la
actualidad, declarar la nulidad de todo lo actuado desde la etapa de admisión de la
demanda, en lo que respecta a las pretensiones segunda a sexta, a pesar de que,
desde su admisión, debió dársele el trámite propio de la acción de grupo. Frente a
tales pretensiones, constata la Sala que el demandante de la acción popular, el
abogado Francisco Basilio Arteaga Banavides, también presentó una demanda de
acción de grupo, que fue radicada con el número 11001333100320080010900, y
fue decidida, en primera instancia, mediante la Sentencia del 13 de julio de 2009,
del Juzgado 3 Administrativo del Circuito de Bogotá y, en segunda instancia, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante Sentencia del 11 de febrero
de 2010. En ambas sentencias se negaron las pretensiones relativas a la exención
tributaria de los miembros del grupo de propietarios de predios construidos sobre
terrenos de alto riesgo, solicitada en nombre de la moralidad administrativa y la
defensa del patrimonio público, así como las solicitudes de reintegro de las sumas
pagadas por concepto tributario. Así las cosas, ante la coincidencia de los
elementos objetivo, subjetivo y causal, respecto de tales pretensiones se constata
cosa juzgada y se estará a lo resuelto en el proceso de acción de grupo.
2.4. El examen de fondo de la pretensión que corresponde a la
acción popular
27. Consideró el accionante que gravar con impuesto predial y con contribución de
valorización las viviendas de interés social construidas sobre zonas de alto riesgo
34 “(…) el reconocimiento de personerías, admisiones de renuncias, solicitudes de copias y
certificaciones, declaratorias de nulidades procesales, entre otras; todas estas actuaciones, en
cuanto extrínsecas al trámite del recurso apelación iniciado, se subsumen en la regla general de la
aplicación de la ley procesal en el tiempo, es decir, su entrada en vigencia es inmediata. Por lo
tanto, para resolver sobre ellas, la integración residual se cumple con el Código General del
Proceso”: Consejo de Estado, Secc. 3, Sub. B, Auto del 25 de febrero de 2021, exp. 25000-23-26-
000-2005-02144 03 (46.395).
mitigable y no mitigable vulnera los derechos o intereses colectivos a la moralidad
administrativa, a la defensa del patrimonio público y a la realización de
construcciones y edificaciones respetando las disposiciones jurídicas y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. Argumentó que las
licencias de urbanización y construcción de dichos predios “fueron expedidas por
estas autoridades de manera dolosa ó culpa grave, con desconocimiento flagrante
del ordenamiento jurídico y en contra del interés general”.
28. De manera preliminar, advierte la Sala que les asiste razón al IDU, en la
contestación de la demanda y al Ministerio Público en sus conclusiones para la
primera instancia35, en el sentido de que no es posible examinar, en el caso bajo
estudio, la posible vulneración del derecho o interés colectivo a que los
desarrollos urbanos se hagan de manera ordenada, con sujeción a las
normas urbanísticas y dando prevalencia a la calidad de vida de los
habitantes, considerando que tal derecho o interés colectivo fue previsto en el
ordenamiento jurídico, por primera vez, en el literal m) del artículo 4 de la LAPAG,
que entró a regir el 6 de agosto de 1999, a pesar de que los hechos relatados por
el demandante, particularmente, las licencias urbanísticas, son anteriores a tal
fecha. A pesar de que la acción popular fue prevista en el artículo 88 de la
Constitución de 1991 y allí se enunciaron directamente algunos de los derechos o
intereses colectivos, dentro de tal lista no se encuentra el derecho o interés
colectivo al urbanismo, que fue proclamado, con posterioridad, por el legislador.
Debe advertirse, igualmente, que, aunque en la Ley 9 de 1989 existe toda una
regulación que, en su conjunto, apunta al adecuado urbanismo, allí se previó
únicamente una acción popular para la defensa del espacio público y el medio
ambiente (artículo 8). Quiere decir lo anterior que, en el caso bajo estudio, no se
verifica ninguna de las dos condiciones que la jurisprudencia ha identificado para
la procedencia de la acción popular, frente a hechos anteriores a la expedición de
la LAPAG: 1) que el derecho e interés colectivo que se invoca como vulnerado se
encontrara consagrado expresamente, en la época en la que ocurrieron los
hechos constitutivos de la vulneración y, 2) que la acción popular se encontrara
prevista en la época en que ocurrieron los hechos, como instrumento procesal
para la protección de ese interés colectivo que se alega como vulnerado36. Por el
contrario, sí resulta adecuado juzgar la posible vulneración de la moralidad
administrativa y la defensa del patrimonio público, al estar identificados como
derechos o intereses colectivos, por el artículo 88 de la Constitución, vigente para
la época de los hechos.
29. En lo que respecta a la presunta vulneración del derecho o interés colectivo a
la defensa del patrimonio público constata la Sala que, de los hechos expuestos
en la demanda, de las pruebas que obran en el expediente y de la argumentación
que funda la acusación, no se evidencia, de manera alguna, cómo el cobro del
impuesto predial o de la contribución de valorización podría amenazar o vulnerar
el patrimonio público. En efecto, la demanda plantea la vulneración del derecho o
interés colectivo a la defensa del patrimonio público a partir de un raciocinio
circular, que presupone la prosperidad de las pretensiones indemnizatorias, cuyo
35 Folio 490 c. 1.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 15 de agosto de 2007,
expediente 1188 AP; Sección Tercera, Sentencia de 6 de marzo de 2013. Expediente 2001-00051.
trámite no corresponde a la acción popular. A su juicio, como la Administración
pública sería obligada a reembolsar, de manera indexada, y con intereses
moratorios, los dineros pagados por concepto de impuesto predial y de
contribución de valorización, así como las sanciones por no pago o por
extemporaneidad, a todos los propietarios de predios construidos sobre zonas de
ato riesgo, el patrimonio público experimentaría una afectación que debería ser
evitada por el juez popular, al ordenar el no cobro de tales tributos. Al respecto,
resalta la Sala que aunque la acción popular no presupone, para su prosperidad,
la materialización de un daño cierto, considerando que se trata de un mecanismo
primordial, aunque no exclusivamente preventivo, que se encuentra previsto “para
evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza (…)”37 a los
derechos o intereses colectivos, los riesgos o las amenazas que justifican la
intervención del juez de la acción popular deben ser ciertas desde un punto de
vista probatorio38, por lo que la decisión judicial debe ser impostergable; es decir,
que las afectaciones meramente hipotéticas o conjeturales, que estén revestidas
de certeza impiden el amparo de un derecho o interés colectivo, como ocurre en el
presente caso.
30. Finalmente, respecto del derecho o interés colectivo a la moralidad
administrativa, reitera la Sala que, a pesar de tratarse de un concepto jurídico
indeterminado, la identificación de su amenaza o vulneración es posible a partir de
un ejercicio hermenéutico que implica la remisión a diversos referentes de
moralidad pública, destinados a racionalizar el control realizado por el juez de la
acción popular.
31. Así, en el caso bajo estudio, se evidencia que (1) el cobro de los tributos
predial y de valorización responde al referente normativo de moralidad, teniendo
en cuenta que, en virtud del principio de legalidad tributaria, previsto en los
artículos 150.12 300, 313 y 338 de la Constitución, tanto el impuesto predial, como
la contribución de valorización, son categorías tributarias creadas por la ley,
particularmente por el Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto de Bogotá y, en lo que
respecta en concreto al impuesto predial, desarrollado por la Ley 601 de 2000.
Igualmente, en virtud del principio de autonomía de las entidades territoriales, el
Distrito de Bogotá expidió actos administrativos de carácter general en los que se
adoptaron, en concreto, dichos tributos y se precisaron algunos de sus elementos,
particularmente, en lo que interesa al presente asunto, los sujetos gravados. Así,
el decreto distrital 352 de 2002 previó cuáles serían los casos de exclusión del
impuesto predial (artículo 19), así como los eventos de exención (artículo 28). En
ninguna de las dos normas se previó la construcción sobre terrenos identificados
como de alto riesgo como causa de exclusión o d exención del impuesto predial.
En relación con la contribución de valorización, el artículo 11 del Acuerdo distrital
180 de 2005 dispuso, entre otras causas, en su numeral 9, que serán excluidas de
dicho tributo “Los predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable, de
conformidad con el listado que para el efecto suministre la Dirección de
Prevención y Atención de Emergencias -DPAE, certificados a la entrada en
37 Artículo 2 de la LAPAG.
38 “(…) toda vez que el procedimiento especial y sumario que respalda estas acciones
constitucionales hace imprescindible que no haya duda sobre la existencia del peligro o la
amenaza real sobre un derecho indiscutiblemente colectivo” : Consejo de Estado, Secc. 1,
Sentencia del 1 de agosto de 2001, exp. 2001-0249-01 (AP).
vigencia del presente Acuerdo”. Lo anterior evidencia que, en lo que respecta a la
contribución de valorización, la acusación no es cierta, considerando que se
encuentran excluidos de tal tributo los predios ubicados en zonas de alto riesgo no
mitigable, a condición de que tal circunstancia haya sido constatada por la
autoridad administrativa competente. Por el contrario, la acusación es cierta en lo
que concierne a la exclusión de valorización de los inmuebles construidos sobre
terrenos de alto riesgo mitigable y a la exclusión o la exención del impuesto predial
por esta misma causa. Sin embargo, el demandante no aportó elemento alguno
que permita identificar que los actos administrativos que contienen el régimen de
tales tributos hayan incurrido en una omisión administrativa reprochable, que
permita desvirtuar el atributo de presunción de legalidad que los cobija.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la materia tributaria es un aspecto en
el que las corporaciones públicas, como el Congreso, las asambleas y los
concejos, gozan de un amplio margen de apreciación, debido al carácter político
de la materia y a la representatividad democrática de tales órganos, razón por la
cual, el control judicial de la moralidad administrativa no puede desconocer la
autonomía de las corporaciones públicas y reemplazar el juicio de mérito u
oportunidad tributaria, propio de tales órganos, por el examen judicial de la
conveniencia, soterrado en nombre de la moralidad39. Por ello, es al concejo
distrital a quien le corresponde examinar el mérito de introducir las exclusiones o
exenciones tributarias40 solicitadas por el accionante41. Por otra parte, aunque la
acción popular no es un mecanismo para la solución de controversias particulares,
se constata que el predio del accionante no había sido aún gravado con la
contribución de valorización42 y no reunía las condiciones para ser excluido de
ella, ya que el terreno no había sido identificado como de alto riesgo no mitigable
por parte de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias -DPAE43. Así,
el accionar de las autoridades administrativas demandadas se ajusta a la
normatividad y no existen elementos de juicio que permitan dudar de la validez de
dichas regulaciones tributarias.
32. Igualmente, no existen evidencias de que los cobros tributarios hayan
contrariado el referente teleológico de la moralidad administrativa, teniendo en
cuenta que se trata de instrumentos de captación de recursos financieros
destinados a ser invertidos en el bien común o en pro del interés general,
particularmente, en la financiación del presupuesto distrital, en el caso del
impuesto predial y a la financiación de obras o intervenciones urbanísticas en
beneficio del orden público, particularmente, de la movilidad, en el caso de la
contribución de valorización. Igualmente, a pesar de que el accionante sostiene
39 “(…) al realizar el juicio de moralidad de las actuaciones, deben deslindarse las valoraciones
sobre conveniencia y oportunidad que corresponde realizar al administrador de aquellas en las que
se desconozcan las finalidades que debe perseguir con su actuación”: Consejo de Estado, Secc. 3,
Sentencia del 18 de junio de 2008, rad. 70001-23-31-000-2003-00618-01(AP).
40 “Hay cambios dentro de la estructura del Estado que solamente pueden ejecutarse a través de la
acción política”: Consejo de Estado, Secc. 1, Sentencia del 1 de agosto de 2001, exp. 2001-0249-
01 (AP)
41 En los alegatos de conclusión para la segunda instancia, el accionante transcribió la exposición
de motivos de un proyecto de acuerdo distrital presentado en 2006, por los concejales Fernando
Rojas, María Angélica Tovar, Carlos Alberto Baena, Álvaro Argote, Hipólito Moreno y Jorge Lozada
al concejo distrital, con el objeto de “Exonerar de la declaración y pago del impuesto predial y de
valorización por beneficio general o local a los propietarios o poseedores de las viviendas en las
zonas de alto riesgo no mitigable hasta tanto sean reubicados en otro lugar”. Folio 30 c. 2.
42 Folios 44-45 c. 2.
43 Folio 45 c. 2.
que las licencias de construcción para dichos inmuebles han sido conferidas con
dolo o culpa grave y mediando actos de corrupción, se trata de una afirmación
genérica que no encuentra sustento probatorio en el expediente y no permite, por
lo tanto, evidenciar una desviación del poder que vulnere la moralidad
administrativa.
33. Tampoco se constata un inadecuado manejo de los dineros, fondos o bienes
públicos que, de acuerdo con el referente de protección del patrimonio público
permita concluir que existe amenaza o vulneración de la moralidad administrativa.
Por el contrario, el legal y regular recaudo de los tributos predial y de valorización
constituyen comportamientos que responden a la exigencia de defensa del
patrimonio público y, por lo tanto, de moralidad administrativa.
34. Finalmente, en virtud del referente axiológico, no se vulneró ninguno de los
principios, valores o deberes que rigen el ejercicio de la función pública y que se
encuentran, particularmente, en cuerpos normativos vigentes para la época de los
hechos, tales como el CCA, el CDU – Ley 734 de 2002 o la Ley 190 de 1995 “Por
la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración
Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa”.
De dichas normas es posible extraer valores públicos que permiten llenar de
contenido el principio y derecho o interés colectivo a la moralidad administrativa.
Conclusión
35. El juez de la acción popular tiene el deber legal de interpretar la demanda y
dar a las pretensiones el trámite que corresponda, bajo la figura de la
readecuación procesal. Por ello, no le es permitido denegar pretensiones por
improcedencia de la acción popular, ni abstenerse de proferir un fallo de fondo, en
nombre de la excepción de indebida acumulación de pretensiones, inaplicable al
trámite de las acciones populares. Tramitar pretensiones indemnizatorias
particulares, a través de la acción popular, constituye una vulneración del artículo
5 de la LAPAG.
36. No es posible juzgar la actuación administrativa ocurrida antes de la vigencia
de la LAPAG, respecto del derecho o interés colectivo a que los desarrollos
urbanos se hagan de manera ordenada, con sujeción a las normas urbanísticas y
dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes. El cobro del impuesto
predial respecto de inmuebles construidos sobre terrenos de alto riesgo mitigable y
no mitigable y de la contribución de valorización respecto de inmuebles
construidos sobre terrenos de alto riesgo mitigable son actuaciones que hacen
parte de la autonomía administrativa del distrito de Bogotá y no existen elementos
que permitan evidenciar que con ello se amenace o vulneren los derechos o
intereses colectivos a la defensa del patrimonio público y a la moralidad
administrativa. Por lo anterior, las pretensiones serán denegadas.
2.5. Sobre la condena en costas
37. El artículo 38 de la LAPAG dispone que “Sólo podrá condenar el demandante
a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la
acción presentada sea temeraria o de mala fe”44. A pesar de que el accionante es
un abogado y respecto de la misma causa presentó, de manera simultánea, una
acción de grupo y una acción popular, no existen elementos de juicio que permitan
desvirtuar la presunción constitucional de buena fe (artículo 83 de la Constitución)
y, en su lugar, concluir que actuó de mala fe o de manera temeraria. Por ello, la
Sala se abstendrá de condenar en costas, de acuerdo con los artículos 38 de la
Ley 472 de 1994 y 171 del Código Contencioso Administrativo.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Especial De Decisión Número Catorce del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: UNIFICAR LA JURISPRUDENCIA en el sentido de que, en las
acciones populares no procede la excepción de indebida acumulación de
pretensiones, la inadmisión de la demanda o su rechazo, negar las pretensiones,
declarar la improcedencia de la acción, ni la sentencia inhibitoria, cuando tales
decisiones se funden en la inclusión de pretensiones incompatibles con la acción
popular. En caso de que la demanda incluya pretensiones que no puedan
resolverse mediante la acción popular, el juez debe readecuar oficiosamente el
trámite, según el mecanismo que corresponda. La readecuación procesal de la
demanda puede ser total o respecto de ciertas pretensiones.
SEGUNDO: REVOCAR parcialmente la Sentencia del 23 de febrero de 2011,
proferida en segunda instancia por la Sección Primera, Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en lo que respecta a la declaratoria de oficio de
la indebida acumulación de las pretensiones 3, 4, 5 y 6 de la demanda y, en su
lugar, respecto de las pretensiones 2 a 6 de la demanda ESTARSE A LO
RESUELTO en la Sentencia de acción de grupo proferida en primera instancia el
13 de julio de 2009, por el Juzgado 3º Administrativo del Circuito de Bogotá,
dentro del proceso número 11001333100320080010900; decisión confirmada, en
segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
Sentencia del 11 de febrero de 2010.
44 “2.3 Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a cargo del actor popular,
cuando este último actuó temerariamente o de mala fe, caso en el cual también habrá lugar a
imponer la multa prevista en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998. No hay lugar a condenarlo
cuando la demanda le sea decidida en contra. En este evento la condena en costas sólo admite el
reconocimiento de los honorarios y de las expensas, pues al tenor del artículo 364 del Código
general del Proceso, es claro que las agencias en derecho no corresponden a los honorarios a los
que se refiere la norma, pues ellos se señalan en relación con los auxiliares de la justicia”: Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete de Decisión, Sentencia de
unificación del 6 de agosto de 2019, exp. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU.
TERCERO: CONFIRMAR parcialmente la Sentencia del 23 de febrero de 2011,
proferida en segunda instancia por la Sección Primera, Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en lo que respecta a denegar la pretensión
número 1 de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.
CUARTO: NO CONDENAR en costas.
QUINTO: por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, INFÓRMESE de
lo decidido y DEVUÉLVASE el expediente a la Sección Primera, Subsección A del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ROCÍO ARAUJO OÑATE MILTON CHAVES GARCÍA
-salvamento parcial de voto-
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA NUBIA MARGOTH PEÑA
-Ausente con excusa-
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
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