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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-33-31-031-2010-00225-01

Fecha
4 de marzo de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-33-31-031-2010-00225-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Consultores Kapital Productivo CKP S.A., contra la sentencia del 5 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente, las cuales se liquidarán en los términos indicados en el Código General del Proceso. FIJAR como agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) S.M.M.L.V., que deberá incluirse en la liquidación de costas a cargo de la parte recurrente, pago que deberá realizarse a favor de la Secretaría Distrital de Educación. TERCERO. Cumplido lo anterior, el expediente debe regresar al despacho de la consejera ponente para considerar la aprobación de la liquidación de la condena en costas. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema 18 Esta disposición fue derogada por el Acuerdo 10554 de 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura; no obstante, resulta aplicable al caso concreto, en atención a la regla de transición que estableció esa última regulación, según se transcribe a continuación: “Artículo 7. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y se aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha. Los comenzados antes se siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003, 2222 de 2003 y 9943 de 2013 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”. 13 Radicación Número: 11001-33-31-031-2010-00225-01 (56.658) Recurrente: Consultores Kapital Productivo CKP S.A. Demandado: Distrito Capital-Secretaría Distrital de Educación Referencia: Recurso extraordinario de revisión permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.a spx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-33-31-031-2010-00225-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

4 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-33-31-031-2010-00225-01 (56.658)

Recurrente: CONSULTORES KAPITAL PRODUCTIVO CKP S.A.

Demandado: DISTRITO CAPITAL-SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN-las causales de revisión
son taxativas y no admiten interpretaciones extensivas / CAUSAL OCTAVA DE
REVISIÓN-requisitos para su configuración / RECURSO EXTRAORDINARIO DE
REVISIÓN-no es el mecanismo indicado para controvertir la decisión del juzgador
de segunda instancia. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – cesión de derechos litigiosos.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Consultores
Kapital Productivo CKP S.A., en contra de la sentencia del 5 de febrero de 2015,
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Descongestión de Cundinamarca.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El Consorcio INCO presentó demanda, en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales, en contra del Distrito Capital-Secretaría de Educación,
con el fin de que se declarara que los valores señalados en el acta de liquidación
del contrato de consultoría 194 de 2004, por concepto de las “mayores áreas
diseñadas”, constituían saldo a favor del contratista.

El 19 de diciembre de 2013, el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de
Descongestión del Circuito de Bogotá profirió sentencia de primera instancia, que
accedió a las pretensiones de la demanda. Como consecuencia, condenó a la parte
demandada a pagar a la sociedad Consultores Kapital Productivo CKP S.A., en su
calidad de cesionario del Consorcio INCO, la suma actualizada de $219’076.886
más los intereses moratorios causados sobre dicha suma.

Radicación Número: 11001-33-31-031-2010-00225-01 (56.658)
Recurrente: Consultores Kapital Productivo CKP S.A.
Demandado: Distrito Capital-Secretaría Distrital de Educación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

El 5 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Descongestión de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, al resolver el recurso de apelación
interpuesto por el Distrito Capital-Secretaría de Educación, revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

La sociedad Consultores Kapital Productivo CKP S.A. presentó recurso
extraordinario de revisión en contra de la sentencia de segunda instancia, con
fundamento en la causal 8ª de revisión del artículo 250 del CPACA, esto es, por “ser
la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes
del proceso en que aquella fue dictada”.

En su criterio, el Tribunal de segunda instancia contravino y afectó los intereses de
los demandantes desconociendo principios fundamentales y generales del proceso.

II. ANTECEDENTES

1. El proceso de controversias contractuales

1.1. La demanda

El 29 de octubre de 2010, los señores Nelson Alfonso Casas Alfonso y Oscar
Aconcha García, obrando en nombre propio y como integrantes del Consorcio
INCO, por intermedio de apoderada judicial, interpusieron demanda en contra del
Distrito Capital-Secretaría Distrital de Educación, con el fin de que se le declarara
responsable “por los daños y perjuicios ocasionados al Consorcio INCO derivados
del hecho del no pago del pasivo exigible y de las mayores áreas diseñadas
aprobadas por la interventoría y la entidad contratante SED, según reconocimiento
expreso de la misma entidad en sesión del Comité de Defensa Judicial y
Conciliación de 3 de diciembre de 2008, acta 112, y tal y como se hace constar en
el acta de terminación y en el acta de liquidación del contrato de consultoría 194 de
2004”.

1.2. La sentencia de primera instancia

El 19 de diciembre de 2013, el Juzgado 19 Administrativo de Descongestión del
Circuito de Bogotá profirió sentencia de primera instancia, en la que resolvió que la
parte demandada incumplió el contrato 194 de 2004, por no pagar al contratista,
Consorcio INCO, las mayores áreas diseñadas ni el saldo restante de dicho
contrato.

2

Radicación Número: 11001-33-31-031-2010-00225-01 (56.658)
Recurrente: Consultores Kapital Productivo CKP S.A.
Demandado: Distrito Capital-Secretaría Distrital de Educación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

1.3. Sentencia de segunda instancia-objeto del recurso extraordinario de
revisión

Mediante sentencia del 5 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de
Descongestión de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, decidió el
recurso de apelación interpuesto por la Secretaría Distrital de Educación. En la
decisión de alzada se resolvió revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda.

2. El recurso extraordinario de revisión

2.1. La demanda de revisión extraordinaria

El 25 de febrero de 2016, la sociedad Consultores Kapital Productivo CKP S.A.,
como cesionaria de los derechos litigiosos del Consorcio INCO, interpuso recurso
extraordinario de revisión en contra de la sentencia del 5 de febrero de 2015,
proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C (fl. 1 a 9, c. ppal.).

En la demanda se invocó como causal de revisión extraordinaria la contenida en el
numeral 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011-CPACA, esto es, “ser la
sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada”.

Como fundamentos de revisión, el recurrente adujo que, en la audiencia de
conciliación celebrada con posterioridad al fallo de primera instancia, la entidad
demandada aceptó la responsabilidad y manifestó conciliar el pago, pero sin el
reconocimiento de los intereses establecidos en la Ley 80 de 1993. Por lo anterior,
“se decidió apelar la decisión” a efectos de que el Tribunal ad quem ordenara el
pago de los referidos intereses y se indicara que “es clara la negligencia por parte
de los funcionarios de la Secretaría Distrital de Educación (…) pues no aceptaron la
orden del juez de primera instancia de pagar los intereses moratorios”.

Sostuvo que el Tribunal de segunda instancia “afectó los intereses de los
demandantes desconociendo principios fundamentales y generales del proceso tal
como el principio iura novit curia, cuya aplicación en nuestro medio ha tenido auge
a partir de la Constitución de 1991 en la jurisdicción contenciosa y constitucional, ya
que no solo implica una presunción de que el derecho no requiere prueba, sino que
además establece un deber del juez frente a las partes de sometimiento a la ley, y
de resolver el caso planteado de conformidad con ciertos poderes oficiosos cuyos
3

Radicación Número: 11001-33-31-031-2010-00225-01 (56.658)
Recurrente: Consultores Kapital Productivo CKP S.A.
Demandado: Distrito Capital-Secretaría Distrital de Educación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

límites deben ser estudiados, exigiendo al juez una debida comprensión del asunto”.

Arguyó que la sentencia cuestionada desconoció los derechos del demandante
otorgados a través del fallo de primera instancia, y no tuvo en cuenta que la misma
entidad demandada reconoció y aceptó pagar al demandante la suma a la que fue
condenada por el a quo.

Finalmente, manifestó que “la cosa juzgada se predica de los puntos que han sido
materia expresa de la decisión de una sentencia y que solo puede extenderse a
aquellos que por ser consecuencia necesaria o depender indispensablemente de
ella, se reputan tácitamente decididos”.

2.2. Trámite del recurso extraordinario

Mediante proveído de 28 de junio de 2017, se admitió el recurso extraordinario de
revisión (fl. 72 a 78, c. ppal.), el cual se notificó en debida forma (fl. 78, 83 y 84, c.
ppal.).

La Secretaría de Educación Distrital se pronunció oportunamente para oponerse a
las pretensiones de la demanda (fl. 85 a 91, c. ppal.). Adujo que la causal invocada
por el recurrente no guarda relación con los argumentos planteados en la demanda
de revisión.

También manifestó que en el caso concreto no se reúnen los supuestos legales de
la causal 8ª del artículo 250 del CPACA, toda vez que las dos sentencias que a
juicio del recurrente son contradictorias se profirieron en el mismo proceso y para
que proceda esta causal es necesario que existan dos procesos diferentes con
identidad de partes, objeto y causa.

El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia y régimen jurídico aplicable

La Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión
interpuesto en contra de la sentencia del 5 de febrero de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Descongestión de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C.

4

Radicación Número: 11001-33-31-031-2010-00225-01 (56.658)
Recurrente: Consultores Kapital Productivo CKP S.A.
Demandado: Distrito Capital-Secretaría Distrital de Educación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Lo anterior, en atención a la competencia que le asigna el inciso segundo del artículo
2491 del CPACA, de conformidad con la distribución de negocios al interior del
Consejo de Estado dispuesta en el artículo 13 del Acuerdo No. 80 de 2019.

Adicionalmente, el sub lite se rige por la Ley 2080 de 25 de enero de 20212, cuyas
reglas de vigencia se encuentran establecidas en el artículo 86 ibídem3, sin que en
este caso se advierta alguna situación que imponga la sujeción del trámite a las
disposiciones que existían antes de su publicación, pues no se observan recursos
por resolver, práctica de pruebas decretadas antes de su publicación, audiencias
convocadas antes de su entrada en vigor, diligencias, incidentes, notificaciones o
términos en curso para la fecha citada.

2. Oportunidad del recurso extraordinario

La sentencia que se revisa se profirió el 5 de febrero de 2015 y quedó ejecutoriada
el 27 del mismo mes y año (fl. 55, c. ppal.).

En ese orden de ideas, tal y como se concluyó en el auto admisorio de 28 de junio
de 2018, el recurso extraordinario de revisión fue interpuesto de manera oportuna
el 25 de febrero de 2016.

3. Legitimación del recurrente para interponer el recurso extraordinario de
revisión

Mediante proveído del 16 de abril de 2013, el Juzgado Diecinueve Administrativo
de Descongestión de Bogotá admitió el contrato de cesión de derechos litigiosos
suscrito por el demandante, Consorcio INCO, como cedente, en favor de la

1
Artículo 249. Competencia. “De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos”.
2
Publicada en el Diario Oficial No. 51.568 de 25 de enero de 2021, razón por la cual, cumplida su
promulgación, entró a regir al día siguiente.
3
En virtud del cual la nueva normativa en materia de competencias de los juzgados y tribunales
administrativos y del Consejo de Estado entrará a regir un año después de la publicación y en lo
relativo al dictamen pericial, siempre que no se hubiesen decretado pruebas.
En todo caso, las reformas procesales introducidas por dicha ley prevalecen sobre las anteriores
normas de procedimiento desde su publicación y respecto de procesos y trámites iniciados en
vigencia de la Ley 1437 de 2011, salvo los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas
-incluido la de carácter pericial-, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos
que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo,
se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas,
se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los
incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
5

Radicación Número: 11001-33-31-031-2010-00225-01 (56.658)
Recurrente: Consultores Kapital Productivo CKP S.A.
Demandado: Distrito Capital-Secretaría Distrital de Educación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

sociedad Consultores Kapital Productivo CKP S.A., como cesionaria de la totalidad
de derechos litigiosos que le correspondieran a aquel en el marco del proceso de
controversias contractuales en el que se profirió la sentencia objeto de revisión.

La anterior decisión se notificó por estado el 19 de abril de 2013 (fl. 350 vto., anexo),
sin que la entidad demandada se pronunciara al respecto.

En lo sucesivo, en el proceso se refirió a Consultores Kapital Productivo CKP S.A.
como cesionario de los derechos litigiosos del demandante, Consorcio INCO, sin
definir si ostentaba la condición de sucesor procesal de este o si se trataba de un
litisconsorte por activa.

Al respecto, la Sala advierte que, al tenor de lo dispuesto en el tercer inciso del
artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, “[e]l adquirente a cualquier título de
la cosa o del derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular”;
además, se contempla que “También podrá sustituirlo siempre que la parte contraria
lo acepte expresamente”4.

Según se aprecia en el recuento de lo ocurrido, la contraparte, Distrito Capital-
Secretaría Distrital de Educación, no manifestó expresamente su aceptación frente
a la cesión de derechos litigiosos en favor de Consultores Kapital Productivo CKP
S.A., circunstancia que impide considerar al cesionario como sucesor procesal del
Consorcio INCO.

Por lo anterior, la condición en la que comparece Consultores Kapital Productivo
CKP S.A. corresponde a la de un litisconsorte.

En atención a que la norma no distingue la clase de litisconsorte que se ostenta en
la situación puesta de presente, la doctrina ha reflexionado sobre el particular en los
siguientes términos:

La norma se limita a indicar que adopta la calidad de litisconsorte, pero no define
si es voluntario o necesario. Ciertamente no encuadra en ninguna de estas,
pues falta la principal característica de cada modalidad, ya que la relación
material controvertida en el proceso es una sola, pero no es inescindible, como
se requiere en el litisconsorcio necesario, y al no ser varias con diferentes
titulares, tampoco es facultativo o voluntario. Es, por tanto, un litisconsorcio
especial, que se acerca más al necesario, por tan solo existir una relación
material5.

4
Aparte declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1045 del 10 de agosto
de 2000, C.P. Álvaro Tafur Galvis.
5
Azula Camacho, Jaime. Manual de Derecho Procesal. Tomo I Teoría General del Proceso.
Undécima edición. Editorial Temis S.A. Bogotá. 2016. Página 402.
6

Radicación Número: 11001-33-31-031-2010-00225-01 (56.658)
Recurrente: Consultores Kapital Productivo CKP S.A.
Demandado: Distrito Capital-Secretaría Distrital de Educación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

En vigencia del Código General del Proceso, la doctrina también ha indicado:

En verdad no se trata de un litisconsorcio facultativo sino de un litisconsorcio
cuasinecesario dado que, no obstante estar ligados a la misma relación jurídica,
el legislador permite que el proceso se adelante prescindiendo de uno de ellos,
aunque los efectos de la sentencia se hacen extensivos a ambos6.

Ante la falta de precisión del artículo 252 del CPACA respecto de la legitimación
para interponer recurso extraordinario de revisión, se considera pertinente acudir a
la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que en providencia
de 29 de octubre de 20137, al analizar la condición de un litisconsorte y de su
legitimación para promover proceso extraordinario de revisión, consideró:

[...] únicamente los participantes en el litigio cuentan con la posibilidad de hacer
uso de este medio extraordinario, pues, al serles oponible la sentencia
ejecutoriada, quedarían habilitados para pedir que se retiren los efectos de cosa
juzgada que le confiere el artículo 332 id.

El concepto de parte, en ese entendido, no queda restringido a quien acciona y
contra quien se dirigen las pretensiones, puesto que dicho término, como lo
regulan los artículos 44 a 60 del estatuto procesal civil, comprende a los
litisconsortes; terceros intervinientes, ya sea por adhesión o ad excludendum;
denunciados en el pleito; llamados en garantía o ex oficio; poseedores o
tenedores citados; y los sucesores procesales.

Adicionalmente, en un solo caso es factible que los terceros ajenos al debate
finiquitado acudan a esta senda, esto es, cuando resultan perjudicados con lo
resuelto por haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes
en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de
investigación penal', que corresponde a la causal sexta del artículo 380
ejusdem.

De este modo, y teniendo en consideración que el recurso extraordinario de revisión
“no constituye un novedoso planteamiento de la pretensión resuelta en la sentencia,
sino un ataque directo [en] contra [de] esta”8, cuyo objeto es que se revoque y que,
eventualmente, se dicte una providencia de remplazo, siempre que se configuren
las precisas causales establecidas en la ley, es dable definir que Consultores
Kapital Productivo CKP S.A., en su calidad de litisconsorte especial, está legitimado
para interponer el recurso extraordinario de revisión, al resultar directamente
afectado por la sentencia objeto del mismo9.

Es importante aclarar que, aunque el memorial de sustentación del recurso de
revisión se denomina demanda, y recibe un tratamiento similar al que se promueve

6
Rojas Gómez, Miguel Enrique. Lecciones de Derecho Procesal. Tomo 2. Procedimiento Civil. Sexta
Edición. Editorial Esaju. Bogotá. 2017. Página 98.
7
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, proveído de 29 de octubre de 2013, M.P.
Fernando Giraldo Gutiérrez. Rad.: 1100102030002010-01109-00.
8
Rojas Gómez, Miguel Enrique. Lecciones de Derecho Procesal. Tomo 2. Procedimiento Civil. Sexta
Edición. Editorial Esaju. Bogotá. 2017. Página 380.
9
Dado que el Tribunal ad quem revocó la providencia mediante la cual el a quo ordenó pagar a su
favor la totalidad de la condena impuesta a la entidad demandada.
7

Radicación Número: 11001-33-31-031-2010-00225-01 (56.658)
Recurrente: Consultores Kapital Productivo CKP S.A.
Demandado: Distrito Capital-Secretaría Distrital de Educación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

en un proceso ordinario, ello no habilita al recurrente para que altere la pretensión
dirimida en el fallo objeto de revisión, ni para que se adjudique la titularidad del daño
que ostenta su cedente, ni para que reclame nuevos perjuicios derivados de aquel10.

Cabe señalar que este caso difiere del resuelto por la Sala11, de manera reciente,
en el que se consideró que el cesionario de derechos litigiosos no estaba legitimado
para iniciar un proceso de reparación directa por un supuesto error judicial derivado
de un proceso contractual, pues en el recurso extraordinario de revisión el interés
puede darse al margen de que se dé o no la sucesión procesal, porque, en todo
caso, lo que se resuelva sobre la sentencia podría afectar los intereses propios del
litisconsorte. En cambio, en una demanda posterior de error judicial, el daño que se
pretende sea resarcido debe ser personal y solo se predica respecto de la parte del
proceso; de manera que, si no se dio la sucesión procesal en el anterior evento, tal
daño no podría predicarse del cesionario.

En conclusión, como el interés del cesionario, en calidad de litisconsorte, puede
resultar afectado con la decisión que se adopte en el curso de este proceso
extraordinario, se encuentra legitimado en la causa por activa.

4. Recurso extraordinario de revisión-marco normativo y jurisprudencial

El recurso extraordinario de revisión, en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada.

Este pretende la infirmación de la providencia por resultar contraria a la justicia y al
derecho, con miras a que se produzca una nueva decisión, ajustada a la ley.

El legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la procedencia
del recurso extraordinario de revisión, previendo un uso indebido de este medio de
impugnación, que significara la apertura de un nuevo debate probatorio o
interpretativo y, con ello, la autorización para una tercera instancia.

10
Como si ocurrió en un proceso de reparación directa resuelto por esta Subsección, mediante
sentencia del 2 de julio de 2021, radicado 20001-23-33-000-2014-00249 01 (65.425), en la que se
declaró la falta de legitimación por activa del cesionario de derechos litigiosos que intervino como
litisconsorte de su cedente en un proceso de controversias contractuales, al verificar que el contrato
de cesión estaba circunscrito al resultado de la demanda de carácter contractual y que, por tanto, no
estaba facultado para promover un proceso ordinario posterior, desconociendo que el interés jurídico
aún estaba radicado en su cedente y que no había un documento adicional que lo facultara a
reclamar en su nombre, formulando unas pretensiones nuevas y atribuyéndose la titularidad del
daño. En igual sentido, sentencia del 18 de octubre de 2018, radicado 25000-23-26-000-2006-00357-
01(42297), C.P. (E) Marta Nubia Velásquez Rico.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 2 de julio de 2021, exp. 65425, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
8

Radicación Número: 11001-33-31-031-2010-00225-01 (56.658)
Recurrente: Consultores Kapital Productivo CKP S.A.
Demandado: Distrito Capital-Secretaría Distrital de Educación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Las causales de revisión, en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, se encuentran enumeradas en el artículo 250,
según se transcribe a continuación:

Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho
en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con
mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al
tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con
posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para
su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre
las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar
a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y
fue rechazada.

También procede el recurso extraordinario de revisión frente a las providencias que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, en los supuestos
contenidos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y/o cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables12.

Por su parte, el artículo 252 del CPACA contempla que el recurso debe interponerse
mediante escrito que deberá contener: i) la indicación de las partes y sus
representantes, ii) el nombre y domicilio del recurrente, iii) los hechos u omisiones
que le sirvan de fundamento, y iv) la indicación precisa y razonada de la causal
invocada.

El recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el criterio
con el que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la valoración

12
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete
Especial de Decisión, sentencia de 5 de marzo de 2019, rad. 2018-00394-00, C.P. Rocío Araújo
Oñate.
9

Radicación Número: 11001-33-31-031-2010-00225-01 (56.658)
Recurrente: Consultores Kapital Productivo CKP S.A.
Demandado: Distrito Capital-Secretaría Distrital de Educación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

probatoria que efectuó, de manera que su estudio se restringe a las causales
taxativamente establecidas por el legislador.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia
de 8 de mayo de 201813, señaló que “se ha definido en cada caso una serie de
causales que exigen que la demanda cumpla con determinadas formalidades, entre
las que se destaca el deber de indicar de forma precisa y razonada la causal en que
se funda el recurso, acompañado de los documentos necesarios y las pruebas
documentales que el recurrente tenga en su poder y pretenda hacer valer14”.

De lo anterior, se desprende que uno de los requisitos formales de la demanda
consiste en invocar con precisión cuál es la causal de nulidad que se estima
configurada, con indicación clara y exacta de los motivos y hechos que le sirven de
fundamento, los cuales, en orden a ser analizados, deben estar estrechamente
relacionados con el vicio alegado.

4.1. Causal octava de revisión: Ser la sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin
embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la
excepción de cosa juzgada y fue rechazada.

Respecto a la causal de revisión prevista en el numeral 8º del artículo 250 del
CPACA, esta Corporación ha indicado que es necesario que: i) existan dos
sentencias contradictorias; ii) que la providencia contrariada constituya cosa
juzgada, lo cual sucede en procesos donde están involucradas las mismas partes,
que versan sobre el mismo objeto y se adelantan por la misma causa, y iii) que en
el segundo proceso no se haya podido proponer como excepción la cosa juzgada15.

Así mismo, para comprender la citada causal hay que tener presente el alcance y
los efectos que la ley procesal civil le da a la cosa juzgada en su artículo 30316, esto

13
Exp. 1998-153-01(REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro.
14
Cita original: “Corte Constitucional. Sentencia T-649 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva”.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de abril de 2013,
expediente 11001-03-15-000-2001-00118-01 (REV), C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
16
“Artículo 303. Cosa Juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene
fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la
misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Se entiende
que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de
muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado
con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro
en los demás casos. En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con
todas las comprendidas en el emplazamiento. La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario
de revisión”.
10

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Recurrente: Consultores Kapital Productivo CKP S.A.
Demandado: Distrito Capital-Secretaría Distrital de Educación
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

es, que se requiere la concurrencia de los siguientes elementos i) identidad de
objeto, ii) identidad de causa e iii) identidad de partes. En la misma línea, la Ley
1437 de 2011 regula los efectos de las sentencias en el artículo 189, así:

[…] La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa
y cumplimiento, producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que
tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya
identidad jurídica de partes […].

5. Caso concreto

La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, porque el
recurrente no demostró los elementos o presupuestos necesarios para la
configuración de la causal alegada.

En efecto, la Sala advierte que no se satisfacen los requisitos para la configuración
de la causal de revisión prevista en el numeral 8° del artículo 250 del CPACA, toda
vez que el primer presupuesto para que esta opere es que exista una sentencia
ejecutoriada anterior al fallo recurrido que constituya cosa juzgada entre las partes,
y en este caso ello no se probó.

Por el contrario, la parte recurrente pretende estructurar esta causal sobre el
supuesto de que la sentencia contraria a la que constituye cosa juzgada se dictó en
el mismo proceso ordinario, dándole una interpretación extensiva a esta causal que
la hace abiertamente improcedente y desconociendo que debe existir un proceso
previo y distinto al que es objeto de revisión debidamente ejecutoriado.

Aunado a lo anterior, no es adecuado considerar que respecto de la sentencia de
primera instancia, dictada el 19 de diciembre de 2013 por el Juzgado 19
Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, se pueda configurar el
fenómeno de cosa juzgada, toda vez que el proceso primigenio ordinario contó con
dos instancias y, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada —Secretaría Distrital de Educación—, el cual estuvo encaminado a que
se revocara la sentencia de primera instancia, el Tribunal ad quem adquirió
competencia para conocer del asunto y quedó facultado, incluso, para revocar el
fallo apelado, como en efecto lo hizo.

Es importante aclarar, al margen, que no es cierto, como se afirmó en el recurso
extraordinario, i) que la parte actora hubiera interpuesto recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia, pues quien lo hizo fue la Secretaria Distrital de
Educación, y ii) que se hubiera llegado a un acuerdo conciliatorio entre las partes,

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Referencia: Recurso extraordinario de revisión

toda vez que la entidad demandada, en la audiencia de conciliación celebrada el 4
de junio de 2014, le solicitó al a quo declarar fallida la audiencia y conceder el
referido recurso de apelación (fl. 32 a 34, c. ppal.), como finalmente ocurrió.

Así las cosas, ningún punto de la litis quedó fijado con la sentencia de primera
instancia y, por consiguiente, la apelación no se encontraba limitada a un aspecto
puntual, situación que torna improcedente adecuar la causal alegada por el
recurrente a la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, por un presunto
desconocimiento del principio de congruencia.

En esa perspectiva, el recurso extraordinario de revisión no está llamado a
prosperar y, por consiguiente, así habrá de declararse.

6. Condena en costas

El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021,
establece que “Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente”.

A su vez, el artículo 361 del CGP prevé que las costas están integradas por la
totalidad de expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las
agencias en derecho. Para su liquidación, se observa lo señalado en el artículo 366
ibídem, según el cual corresponde al magistrado sustanciador fijar las agencias en
derecho, aunque se litigue sin apoderado, y a la Secretaría de la Sección liquidar
los demás gastos procesales.

La Sección Tercera, concretamente, ha insistido en que la condena en costas opera
en los casos señalados por la ley y no requiere, para su establecimiento, de un
análisis subjetivo en torno a la conducta de las partes17.

En el asunto de la referencia, la parte demandada contestó la demanda, actuación
que por sí misma constituye prueba suficiente para fijar, en su favor, agencias en
derecho, pues permite establecer que se designó apoderado para que estuviera
atento al proceso.

17
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de febrero de 2020, exp. 2015-
02685-01(62826), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
12

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Referencia: Recurso extraordinario de revisión

De acuerdo con lo expuesto, se fijará por concepto de agencias en derecho el valor
equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente, remitiéndose para el
efecto al artículo 3.4.2.2. del Acuerdo 1887 de 200318, expedido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que dispone la tarifa máxima
de agencias en derecho, tratándose del recurso extraordinario de revisión en
asuntos contencioso administrativos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Consultores Kapital Productivo CKP S.A., contra la sentencia del 5
de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente, las cuales se liquidarán
en los términos indicados en el Código General del Proceso.

FIJAR como agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) S.M.M.L.V., que
deberá incluirse en la liquidación de costas a cargo de la parte recurrente, pago que
deberá realizarse a favor de la Secretaría Distrital de Educación.

TERCERO. Cumplido lo anterior, el expediente debe regresar al despacho de la
consejera ponente para considerar la aprobación de la liquidación de la condena en
costas.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI
del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema

18
Esta disposición fue derogada por el Acuerdo 10554 de 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior
de la Judicatura; no obstante, resulta aplicable al caso concreto, en atención a la regla de transición
que estableció esa última regulación, según se transcribe a continuación: “Artículo 7. Vigencia. El
presente acuerdo rige a partir de su publicación y se aplicará respecto de los procesos iniciados a
partir de dicha fecha. Los comenzados antes se siguen regulando por los reglamentos anteriores
sobre la materia, de manera especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003, 2222 de 2003 y
9943 de 2013 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.
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