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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-33-31-032-2012-00078-01

Fecha
14 de abril de 2023
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-33-31-032-2012-00078-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión propuesto por la parte recurrente contra la sentencia proferida por la Subsección "C" de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en Descongestión, el 30 de noviembre de 2015, de conformidad con los argumentos expuestos en esta providencia. SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte recurrente. Por Secretaría General de esta Corporación, LIQUÍDENSE los gastos procesales. TERCERO: FIJASE, por concepto de agencias en derecho a favor de la Nación- Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y a cargo de la parte recurrente, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. 37 t..) 9. Recursos extraordinarios. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V ...)". 38 Teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 19 de diciembre de 2016 38 Folio 98 al 103 del cuaderno principal 11 Radicado: 11001-33-31-032-2012-00078-01 Demandante: Edgar Ámbito Ríos y otros CUARTO: En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-33-31-032-2012-00078-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

14 de abril de 2023

4,•
Radicado: 11001-33-31-032-2012-00078-01 (58528)
Demandante: Edgar Ámbito Ríos y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicado número: 11001-33-31-032-2012-00078-01 (58528)
Demandante: Edgar Ámbito Ríos y otros
Demandado: Nación — Ministerio de Defensa — Ejército Nacional
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011).

Tema: Recurso extraordinario de revisión - Causal 5 8 de revisión del articulo 250 del CPACA
Subtema 1: Nulidad originada en la sentencia -No constituye una instancia nueva que permita
discutir el fondo de la controversia — Recurso infundado.
Subtema 2: Los eventos de anulación son de aplicación restrictiva y no admiten interpretación o
aplicación extensiva a otros supuestos.
Subtema 3: Declaración oficiosa de eximente de .responsabilidad por hecho de un tercero —
potestad legal

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
parte accionante contra la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en Descongestión, el 30 de
noviembre de 2015.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte demandante formuló recurso extraordinario de revisión, con el que
pretende que sea infirmada la sentencia proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en Descongestión,
el 30 de noviembre de 2015, dentro del proceso de reparación directa promovido
por la actual recurrente en contra de la Nación —Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional— que, al considerar que se configuró el hecho exclusivo de un tercero,
negó las pretensiones de la demanda. La recurrente aduce que en el caso
concreto se configuró la causal prevista en el numeral 5° del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso en el que se profirió la sentencia objeto de revisión

2.1.1. El 23 de marzo de 2012, el señor José Alberto García Cortés, actuando en
nombre y representación de Edgar Ámbito Ríos y Bethi Cardozo Avilés, actuando
estos a su vez en representación de sus hijos menores Edgar Fernando y Naudy
Dayana Ámbito Cardozo, formularon demanda en ejercicio de la acción de
reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de Defensa — Ejército
Nacional, con el fin de que les sean reconocidos los perjuicios materiales,
morales y de vida de relación, con ocasión del impago de la indemnización
concedida a favor de Edgar Ámbito Ríos mediante Resolución No. 1381 del 20 de
octubre de 1997, dictada por el Ministerio de Defensa Nacional en cuantía de

Radicado: 11001-33-31-032-2012-00078-01
Demandante: Edgar Ámbito Ríos y otros

$11.423.222, con ocasión de la heridas ocasionadas en su humanidad por un
impacto de proyectil, cuando se encontraba prestando el servicio militar
obligatorio como soldado regular y su unidad entró en contacto con miembros del
grupo insurgente de las FARC. Refieren que la suma de dinero producto de la
indemnización no se pudo cobrar por cuanto el Ministerio de Defensa realizó
dicho pago, sin tener en cuenta los más mínimos protocolos de seguridad, al
abogado Filipo Alonso Villarreal Revelo, "quien haciendo uso de una suplantación
con un poder y autorización apócrifos obtuvo que se le pagara el valor de dicha
indemnización; situación que mi representado desconocía ya que no otorgó poder
o autorización alguna al citado profesional para dicho trámite"1.

2.1.2. El 10 de abril de 2012, la demanda fue admitida y se ordenó su
notificación. En el escrito de contestación de la demanda, la Nación —
Ministerio de Defensa— solicitó que se negaran las pretensiones, pues, a su
juicio, en el presente asunto se configuró el eximente. de responsabilidad por el
hecho de un tercero. Propuso, como excepciones, la caducidad de la acción y la
culpa exclusiva de la víctima2.

2.1.3. El 22 de julio de 2015, el Juzgado 21 Administrativo de Descongestión del
Circuito Judicial de Bogotá profirió sentencia de primera instancia en la que, al
valorar las pruebas arrimadas al plenario, declaró probada la excepción de la
caducidad de la acción propuesta por la parte demandada. Al punto, consideró
que el término de caducidad debía empezar a contarse desde el conocimiento del
hecho que originó el daño antijurídico, por lo que, como el señor Edgar Ámbito
Ríos tuvo conocimiento del cobro irregular el día 15 de junio de 1999, conforme lo
enunciado en la demanda, y esta fue presentada el 23 de marzo de 2012, fue
superado ampliamente el término de dos (2) años otorgado por la ley3.

2.1.4. El 30 de noviembre de 2015, la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinannarca en Descongestión, al desatar el recurso
de apelación formulado por la parte demandante, dictó sentencia de segunda
instancia en la que revocó la decisión adoptada por el Juzgado 21 Administrativo
de Descongestión de Bogotá y, en su lugar, señaló que en el presente asunto no
operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción y declaró el hecho
exclusivo de un tercero4.

2.2. El recurso extraordinario de revisión

Los señores Edgar Ámbito Ríos y Bethi Cardozo Avilés, actuando en
representación de sus hijos menores Edgar Fernando y Naudy Dayana Ámbito
Cardozo, presentaron el diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis (2016),
recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia de segunda instancia
referida anteriormente, con fundamento en la causal prevista en el numeral 5° del
artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), esto es, por existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelacións. En síntesis,
la parte recurrente sostuvo que la providencia impugnada es nula por las
siguientes razones:

1 Folio 33 al 51 del cuaderno principal
2 Folio 606 del cuaderno 2
3 Folio 88 al 97 del cuaderno principal
4 Folio 99 al 118 del cuaderno principal
5 Folio 1 al 19 del cuaderno principal

Radicado: 11001-33-31-032-2012-00078-01
Demandante: Edgar Ámbito Ríos y otros

2.2.1. Que la apreciación errada o insuficiente de los medios de prueba en
la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca conlleva la configuración de "una nulidad
de carácter Constitucional y Legal, por cuanto se han afectado (...)
derechos fundamentales que amparan a mi representado, quien busca una
tutela judicial efectiva a través del derecho de acceso a la justicia, así como
el amparo al derecho a la igualdad, al derecho adquirido, al debido proceso !
y al de la buena fe".

2.2.2. Que el Tribunal consideró que el problema del pago no radicó en la
verificación de la documentación sino en la suplantación del beneficiario,
sin que a los funcionarios encargados del pago les correspondiera validar o
autenticar la firma cuando la documentación contara con la presentación
personal ante notario público, por lo que la suplantación recayó en el
tercero quien resultó condenado por tal infracción penal. A su juicio, no es
predicable en este caso la imprevisibilidad e irresistibilidad del hecho
relacionado con el pago, para concluir que se presentó el eximente de
responsabilidad por el hecho de un tercero, pues no se tuvo en cuenta que
el beneficiario del pago residía en Neiva y que en la pagaduría de la
entidad se le pidió la cédula, documento sobre el cual se edificó la
falsedad, al tanto que el Ministerio de Defensa no dio respuesta a la
solicitud del beneficiario frente a la investigación sobre el pago irregular ni
actuó frente a tal ilicitud.

2.2.3. En su criterio, no se dio cabida "a lo dispuesto por la Corte
Constitucional en su sentencia C-197 del 7 de abril de 1999, en cuanto no
advirtió que, en virtud del principio de la prevalencia del derecho sustancial,
no se debe extremar la aplicación de la norma acusada, al punto tal que se
aplique un rigorismo procesal que atente contra dicho principio. En tal
virtud, defectos tales como la cita errónea de una disposición legal que por
su contenido es fácilmente identificable por el juez, o el concepto de la
violación insuficiente pero comprensible, no pueden conducir a desestimar
un cargo de nulidad (como acontece con el de la sentencia que se
impugna)":

Finalmente, los recurrentes solicitan que, de acuerdo con lo anterior, se infirme la
sentencia objeto de revisión; que se declare la responsabilidad administrativa y
patrimonial de la Nación —Ministerio de Defensa, Ejército Nacional— y que, como
consecuencia de lo anterior, se les reconozcan y paguen los perjuicios
ocasionados con motivo del daño antijurídico que consideran tiene origen en el
pago que realizó la demandada al abogado Filipo Alonso Villarreal Revelo, sin que
hubiera atendido los protocolos mínimos de seguridad, pues, el citado abogado,
se valió de un poder y una autorización apócrifa para que se le pagara la
indemnización que le reconoció la entidad al demandante Edgar Ámbito Ríos
desde el año 1997, en virtud de la heridas que sufrió por un impacto de proyectil
cuando se encontraba prestando el servicio militar obligatorio como soldado
regular.

2.3. Trámite procesal del recurso extraordinario de revisión

2.3.1. Esta Corporación, por auto del 9 de febrero de 20176, admitió el recurso
extraordinario de revisión y ordenó su notificación personal a la Nación —

6 Folio 85 al 87 del cuaderno principal

3

Radicado: 11001-33-31-032-2012-00078-01
Demandante: Edgar Ámbito Ríos y otros

Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional—, al Agente del Ministerio
Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Nación —Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional—, mediante escrito
del 24 de marzo de 201V, contestó oportunamente el recurso extraordinario de
revisión. Adujo, en síntesis, que el recurso presentado no reúne los requisitos de
procedencia definidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado, pues, a su
juicio, los argumentos de la impugnación pretenden que se acceda a las
pretensiones de la demanda, pese a que en el proceso se probó que el daño fue
ocasionado por el actuar de un tercero.

Refirió que, frente al pago de la indemnización, el problema no radicó en la
verificación documental por parte de la Tesorería Principal del Ministerio de
Defensa, sino en la suplantación de una persona que consiguió huellas y firmas
para hacerse pasar por el verdadero titular del derecho; situación que fue de difícil
detección, pues requirió de pruebas grafológicas y de dactiloscopia para
determinar su autenticidad, análisis que escapaba a la órbita de verificación de los
funcionarios de la entidad.

Consideró, además, que el Ministerio cumplió con su función de verificación para
desembolsar el pago, por cuanto solicitó los documentos necesarios para este
efecto y, además, porque a la actuación fue allegado un poder presentado ante
notario público por el señor Ámbito Ríos, en el que facultaba al abogado Villarreal
Revelo para cobrar la indemnización a su nombre.

2.3.2. Por su parte, el Ministerio Público, a través del Procurador Primero
Delegado ante el Consejo de Estado, Dr. Nicolás Yepes Corrales —quien
actualmente forma parte de esta Subsección— solicitó que se declare infundado el
recurso extraordinario de revisión pues, a su juicio, no se configuró la causal
alegada, ya que con la sentencia no se quebrantó el derecho de defensa, ni los
medios de prueba fueron descalificados por la justicia penal, ni aparecieron
nuevos medios de prueba que, de haber sido conocidos, hubieran variado el
sentido del fallo, pues el debate, tal como fue propuesto por los recurrentes, se
orientó a cuestionar el valor otorgado a las pruebas del proceso sin desvirtuar su
legalidads.

2.3.3. Con auto del 25 de mayo de 2017, 9 se decretó la prueba documental
allegada al expediente junto con el recurso extraordinario de revisión. Así mismo
se requirió, de oficio, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que
remitiera la totalidad de las piezas procesales pertenecientes al expediente con
radicado No. 11001333103220120007801. La documentación requerida fue
aportada el 6 de julio de 20171°, por lo que se corrió traslado a las partes por
medio de auto del 15 de agosto de esa anualidad", sin que estas se pronunciaran
al respecto.

2.3.4. A través de oficio del 22 de abril de 201912, el magistrado del Consejo de
Estado Dr. Nicolás Yepes Corrales manifestó que se encontraba incurso en la
causal de impedimento contemplada en el artículo 141.12 del Código General
del Proceso (CGP), esto es, por haber intervenido en el proceso como agente del

7 Folio 98 al 103 del cuaderno principal
Folio 88 al 94 del cuaderno principal
9 Folio 114 del cuaderno principal
I° Folio 120 del cuaderno principal
11 Folio 122 del cuaderno principal
12 Folio 125 del cuaderno principal

Radicado: 11001-33-31-032-2012-00078-01
Demandante: Edgar Ámbito Ríos y otros

Ministerio Público. Esta solicitud de impedimento se declaró fundada, mediante
auto de la Sala de Subsección de fecha 29 de julio de 201913.

Agotadas las etapas en cuestión, el expediente ingresó al Despacho para adoptar
la decisión que en derecho corresponda.

III. PROBLEMA JURÍDICO

¿Es procedente infirmar el fallo proferido por la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en Descongestión, el día 30
de noviembre de 2015, con fundamento en la causal de revisión prevista en el
artículo 250.5 del CPACA, concerniente a la existencia de nulidad originada en la
sentencia derivada de la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de•
los accionantes, por haber concluido que se configuró el hecho de un tercero, sin
que pudiera afirmarse que esta sea imprevisible e irresistible?

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia del 30 de noviembre de 2015 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarcal
en Descongestión, de conformidad con lo previsto en el artículo 249 CPACA, en
concordancia con el artículo 13 del Reglamento Interno del Consejo de Estado,
adoptado mediante Acuerdo No. 080 de 2019.

4.2. Oportunidad para la interposición del recurso

Los recurrentes invocaron la causal de revisión prevista en el numeral 5° del
artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA). Por tanto, conforme al artículo 251 ejusdem14, contaban
con el término de un (1) año a partir de la ejecutoria de la sentencia impugnada ,
para la interposición del recurso.

En el sub examine, la sentencia objeto del recurso fue proferida por la Subsección
C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
Descongestión, el treinta (30) de noviembre de dos mil quince (2015)15, y quedó
ejecutoriada el dieciocho (18) de diciembre de ese mismo año15. En consecuencia,
el término para ejercer el recurso extraordinario estaba vigente hasta el diecinueve
(19) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). Como la impugnación fue
presentada, justamente, el diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis
(2016)17, la Sala constata que su formulación fue oportuna.

4.3. Legitimación para la causa

En cuanto a la legitimación en la causa por activa, la Sala denota que los
señores Edgar Ámbito Ríos y Bethi Cardozo Avilés, quienes actúan en
representación de sus hijos menores Edgar Fernando y Naudy Dayana Ámbito

13 Folios 127 al 128 del cuaderno principal
14 "Articulo 251. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva
sentencia" (...).
15 Folio 99 al 119 del cuaderno principal
16 Folio 120 del cuaderno principal
17 Folio 1 del cuaderno principal

5

Radicado: 11001-33-31-032-2012-00078-01
Demandante: Edgar Ámbito Rios y otros

Cardozo, son las personas sobre la que recae el interés jurídico que se debate en
este proceso, pues fungieron como parte demandante en el proceso de reparación
directa dentro del que se dictó la sentencia objeto de impugnación extraordinaria.
Por su parte, la Nación —Ministerio de Defensa, Ejército .Nacional— está legitimada
en la causa por pasiva, pues fue parte demandada en ese proceso.

4.4. En relación con el problema jurídico formulado

4.4.1. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

La jurisprudencia de la Corporación ha señalado la naturaleza restrictiva,
extraordinaria y, por ende, excepcional del recurso de revisión, teniendo en cuenta
que su finalidad está orientada a permitir que las sentencias ejecutoriadas puedan
ser analizadas nuevamente e invalidadas en los casos en que esté acreditada la
configuración de alguna de las causales que expresamente señala el artículo 250
de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)18, conservando, en todo caso, el interés de
preservar el valor de la justicia y la seguridad jurídica que brinda la figura de la
cosa juzgada19.

De conformidad con el artículo 252 ejusdem, para la formulación de este recurso
deben atenderse no sólo los requisitos de las demandas ordinarias, sino que el
recurrente tiene el deber de señalar con precisión y justificar la causal o las
causales que fundamentan el recurso y aportar las pruebas necesarias.

En este sentido, la naturaleza excepcional del recurso exige que haya una
correspondencia entre los argumentos que lo fundamentan, la causal invocada y
las alegaciones expuestas por el recurrente, de forma tal que no le es dable a este
formular juicios orientados a reprochar las motivaciones jurídicas que soportaron la
decisión adoptada ni pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la
propia parte en trámite del proceso, como si fuera una tercera instancia20.

Así, el recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el
criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, siendo riguroso en
cuanto a su procedencia, pues está sujeto a las causales enlistadas. Por ello, en
este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación impuesta por el
recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia, que deberá ser
examinada dentro de un estricto entorno de interpretaciOn21.

18 "Ley 1437 de 2011. Artículo 250. Causales de Revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el articulo 20 de la
Ley 797 de 2003, son causales de revisión: 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la
sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 2.
Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. 3. Haberse dictado la
sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. 4.
Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia. 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación. 6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor
derecho para reclamar. 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo
del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o
sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar
a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada".
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión. Sentencia
del 3 de abril de 2018, Exp. 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de mayo de 2018, Exp.
11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, .Sala Cuarta Especial de Decisión.
Sentencia del 2 de abril de 2019, Exp. 11001-03-15-000-2018-03162-00 (REV).
6

Radicado: 11001-33-31-032-2012-00078-01
Demandante: Edgar Ámbito Ríos y otros

Por último, para un mejor entendimiento de esta característica, la jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha señalado que el recurso extraordinario de revisión'
permite el ejercicio de una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin de
restablecer la justicia material del caso concreto22; así mismo, permite "(...)
respetar la firmeza de los fallos, con miras a preservar la certeza y obligatoriedad
incondicional que acompaña a las decisiones de los jueces, sin perjuicio de la
necesidad de hacer imperar en ellos los dictados constitucionales y los imperativos'
legales, artículos 2°, 29 y 230 C.P."23.

4.4.2. De la causal de revisión contenida en el numeral 5° del artículo 250 del
CPACA

4.4.2.1. Los presupuestos indispensables para la ocurrencia de la causal prevista
en el numeral quinto del artículo 250 de la Ley 1437 de 201124, son: i) que exista
nulidad procesal originada en una sentencia ejecutoriada que puso fin al proceso,
y ii) que contra dicha providencia no proceda recurso de apelación. En relación
con el primer elemento, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que ,
debe tratarse de situaciones originadas en la misma sentencia recurrida o en
hechos que sobrevengan con posterioridad a ella y que deben, en cualquier caso,
tener una influencia tal que la decisión adoptada hubiera sido distinta25.

Así mismo, no puede confundirse con las nulidades procesales, pues estas
debieron ser alegadas durante el proceso ordinario. Por ello la nulidad originada
en la sentencia, que debe interpretarse restrictivamente, solo procede26: i) cuando
el Juez provee sobre asuntos respecto de los cuales carece de jurisdicción o
competencia; ii) cuando, sin ninguna actuación, se dicta nuevo fallo en proceso
que terminó normalmente por sentencia en firme; iii) cuando sin más actuación, se
dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual se aceptó el ,
desistimiento, aprobó la transacción o, declaró la perención del proceso, pues ello
equivale a revivir un proceso legalmente concluido; iv) cuando se dicta sentencia
como única actuación, sin el trámite previo correspondiente, toda vez que ello
implica la pretermisión íntegra de la instancia; y) cuando el demandado es
condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la ,
demanda, o por causa diferente de la invocada en ésta; vi) cuando se condena a
quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello también se pretermite
íntegramente la instancia; vii) cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida y; viii) cuando la
sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los magistrados que
debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número de votos diferente
del previsto en la ley27. La falta de jurisdicción o la falta de competencia tienen
que haberse originado en la sentencia, porque de lo contrario el vicio se habría
originado a partir de la providencia que admitió la demanda o la contrademanda y
bajo esta hipótesis no sería causal de revisión28.

22 Corte Constitucional, Sentencia C-418 de 1994.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-966 de 2005.
24 "Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de
apelación".
25 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de abril de 2015, Exp.
2008-35319-00 (Rev).
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia
del 26 de febrero de 2013, Exp.
2008-01289-00 (Rev).
27 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de abril de 2015, exp.
2008-35319-00 (Rev).
213 Consejo de Estado, Sala Plena le lo Contencioso Administrativo.
Sentencia del 18 de octubre de 2005,
Exp. 2000-00239-00 (Rev).

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Radicado: 11001-33-31-032-2012-00078-01
Demandante: Edgar Ámbito Ríos y otros

Con todo y lo anterior, la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, se presenta solamente ante la carencia total de pronunciamiento del
juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una
decisión29. En efecto, esta causal no procede para controvertir las razones del fallo
ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en que,
a juicio del recurrente, hubiera incurrido el fallador. Considerar lo contrario
equivaldría a convertir el recurso en una tercera instancia en la que se discutirían
nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgadas°.

4.4.2.2. En el sub lite los recurrentes alegan, en síntesis, que con la sentencia
dictada por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en Descongestión, el 30 de noviembre de 2015, se afectaron sus
derechos fundamentales a la tutela efectiva a través del derecho de acceso a la
justicia, a la igualdad, al debido proceso, a la buena fe y a los derechos adquiridos,
para lo cual, efectuaron una serie de consideraciones, sobre la valoración de las
pruebas que realizó el fallador de segunda instancia y,aludieron a la primacía del
derecho sustancial sobre el procesal con fundamenta en la jurisprudencia de la
Corte Constitucional; no obstante, para esta Sala de Subsección, los reproches
referidos no están relacionados ni se subsumen en los supuestos de hecho que
configuran la causal de "nulidad originada en la sentencia", los cuales, conforme a
la jurisprudencia de la Corporación, son de aplicación restrictiva y no admiten
interpretación o aplicación extensiva a otros supuestos, como al parecer lo
pretenden los aquí demandantes.

Así, en la sentencia de primera instancia, el Juzgado 21 Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá declaró probada la excepción de la
caducidad de la acción propuesta por la Nación —Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional— pues, consideró, que el señor Edgar Ámbito Ríos tuvo conocimiento del
cobro irregular el día 15 de junio de 1999 —tal como lo señaló en el escrito de
demanda— y esta se presentó hasta el día 23 de marzo de 2012, esto es, fuera del
término de dos (2) años otorgado por el artículo 136.8 del CCA. Agregó, que el
término de caducidad "no fue suspendido con la solicitud de conciliación
extrajudicial, pues para su fecha de presentación, 1° de febrero de 2012 (fol. 603,
c.1) ya había transcurrido más de dos (2) años, desde• que el señor Edgar Ámbito
Ríos Tuvo conocimiento del cobro irregular de la indemnización a él reconocida
mediante la Resolución No. 1381 del 20 de octubre de 1997'31.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver el recurso de apelación,
estaba facultado para estudiar, además de la excepción de caducidad de la acción
declarada en primera instancia, todos los hechos y pruebas que sirvieran de
soporte a las pretensiones de la demanda, así como las excepciones formuladas
por la parte demandada según lo previsto en el artículo 164 del CCA32 -norma
procesal aplicable a la controversia-. En ese orden, la sentencia objeto de revisión,
al resolver el recurso de apelación formulado por la demandante, estudió los
hechos y las excepciones, para concluir que, si bien en el proceso no operó el

29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de octubre de 2009,
Rad. 2003-00133-00 (Rev)
3° Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de octubre de 2005,
Rad. 00794-00 (Rev)
31 Folio 88 al 97 del cuaderno principal
32 "Articulo 164. En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación de /a
demanda, cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos.
En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada.
Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.
El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no, sin peduicio de la reforman° in pejus".

8

Radicado: 11001-33-31-032-2012-00078-01
Demandante: Edgar Ámbito Ríos y otros,

fenómeno de la caducidad de la acción como lo sostuvo el fallador de primera
instancia, sí se configuró el hecho de un tercero y, en consecuencia, así lo declaró,
y negó las pretensiones de la demanda33.

En efecto, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Descongestión de Cundinamarca, luego de analizar los medios probatorios
allegados a la actuación, concluyó que, conforme a lo alegado por los actores en
su escrito de apelación, resultaba ajustado contar el término de caducidad a partir
de la ejecutoria de la providencia penal a través de la cual se determinó la
responsabilidad de la persona que, haciéndose pasar por el demandante, extendió'
documentos falsos con el fin de obtener el pago de la indemnización, de manera
tal que no se configuró la caducidad de la acción.

Al punto, sostuvo que la sentencia proferida por el Juzgado 48 Penal del Circuito'
Adjunto de Bogotá, el 10 de diciembre de 2009, por medio de la cual se modificó la
sanción impuesta a Henry Roa Palomino por el delito de estafa agravada, fue
notificada mediante edicto que se fijó por el término de 3 días, entre el 18 de,
diciembre de 2009 y el 13 de enero de 2010, quedando ejecutoriada el 3 de
febrero de 2010, de manera tal que el demandante tenía como plazo máximo para
interponer la acción de reparación directa hasta el día 3 de febrero de 2012.
Empero, antes del vencimiento de este término, el actor presentó solicitud de
conciliación ante la Procuraduría 137 Judicial II para Asuntos Administrativos, el
día 1 de febrero de 2012, siendo declarada fallida el 22 de marzo de esa
anualidad. En ese orden, al haberse presentado la demanda el 23 de marzo de
2012, la acción fue interpuesta dentro de los términos de ley

No obstante, a partir de la valoración de estos mismos medios de prueba, el
Tribunal concluyó que se configuró el eximente de responsabilidad por el hecho de
un tercero, pues, a su juicio, el problema no radicó en la verificación de la
documentación sino en el hecho de que esta fue expedida en suplantación de una
persona, consignándose huellas y firmas que no correspondían al verdadero titular
del derecho de indemnización, y cuya autenticidad escapaba a las posibilidades ,
de verificación de los funcionarios encargados del pago. Sostuvo, además, que los
documentos presentados habían pasado por el conocimiento de un notario, quien,
de acuerdo con los sellos correspondientes, hacía pensar que había dado fe de
que la persona que los extendía era el verdadero Edgar Ámbito Ríos, por lo que la ,
irregularidad alegada en la demanda no podía ser endilgada a la entidad
demandada ya que esta fue producto de la actividad de un tercero.

4.4.2.3. Como puede apreciarse, contrario a lo afirmado en el recurso extraordinario,
en la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
Descongestión, el 30 de noviembre de 2015, lejos de vulnerarse los derechos de los
recurrentes a la tutela efectiva a través del derecho de acceso a la justicia, a la
igualdad, al debido proceso, a la buena fe y a los derechos adquiridos, tales
derechos fueron garantizados por la autoridad judicial al valorar y encontrar
probados los argumentos esbozados en el escrito de apelación, los cuales,
justamente, diferían de la interpretación normativa dada por el juzgado de primera
instancia frente a la oportunidad para presentar la demanda de reparación directa,
encontrando que el término de caducidad debía contarse a partir de la ejecutoria
de la providencia en la que se determinó la responsabilidad penal de la persona
que extendió los documentos falsos, circunstancia fáctica que, de paso,
contrarresta cualquier reparo frente a un supuesto exceso ritual manifiesto en la
decisión cuestionada.

33 Folio 99 al 118 del cuaderno principal

9

Radicado: 11001-33-31-032-2012-00078-01
Demandante: Edgar Ámbito Ríos y otros

Ahora, si bien el Tribunal encontró probado el eximente de responsabilidad por el
hecho de un tercero, esta circunstancia por sí misma no puede considerarse como
una afectación a los derechos alegados por los demandantes, en tanto fue
proferida luego de un detenido estudio del material probatorio allegado al proceso
—en el marco del juicio de imputación del daño antijurídico— y, con fundamento
en el artículo 164 del CCA, concluyó que la irregularidad descrita en la demanda
no podía ser endilgada a la accionada, ya que fue producto de la actividad de un
tercero que orquestó todo el andamiaje necesario para engañar a los
responsables del pago, suplantando al titular de la indemnización, suceso que
quedó demostrado en el proceso penal adelantado. por estos hechos y que
culminó con la condena del señor Henry Roa Palomino por el delito de estafa
agravada.

Sobre el particular conviene recordar que la jurisprudencia de la Corporación ha
sostenido de tiempo atrás, que "el hecho de un tercero exonera de responsabilidad
a la administración en el derecho administrativo colombiano, siempre y cuando se
demuestre que dicho tercero es completamente ajeno al servicio, y que su
actuación no vincula de manera alguna a este último, produciéndose claramente la
ruptura del nexo causal' . Así mismo, es indispensable que el hecho del tercero
pueda tenerse como causa exclusiva del daño, producido en tales circunstancias
que sea imprevisible e irresistible para que reúna las características de una causa
extraña, ajena a la conducta de quien produjo el daño35, circunstancias que
encontró acreditadas el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Así, resulta claro para esta colegiatura que la parte demandante fundó el recurso
extraordinario en razones que pretenden reabrir el debate concluido por medio de
una sentencia ejecutoriada, para que se acoja la apreciación probatoria y
normativa que considera adecuada para desatar los problemas jurídicos resueltos
en el proceso ordinario. Tal actuación busca convertir la vía judicial extraordinaria
en una instancia adicional que permita abrir el proceso concluido, con el propósito
de lograr un nuevo juicio que atienda las reiteradas argumentaciones, que a
criterio de los recurrentes son las más adecuadas, pretensión que evidentemente
no se ajusta a la naturaleza del recurso extraordinario de revisión.

4.4.2.4. Bajo este escenario, conviene precisar que, como el juez del recurso
extraordinario de revisión tiene la competencia limitada por las causales de
revisión señaladas por el legislador en el artículo 250 del CPACA, no es el
encargado de revisar la valoración probatoria, ni examinar la actividad
interpretativa del juez ordinario. El recurso extraordinario de revisión -insiste la
Sala-, es una excepción al principio de cosa juzgada, que procede por causales
específicas, y no es una instancia adicional en el proceso ordinario en que se
profirió la sentencia cuestionada.

En ese orden, comoquiera que los argumentos que delimitan esta contienda
extraordinaria carecen de mérito suficiente para configurar la causal de nulidad
originada en la sentencia y aluden, por el contrario, a situaciones relacionadas con
la estimación errada de los hechos por parte del juez y con las normas jurídicas
aplicadas, eventos frente a los cuales resulta improcedente la pretensión
extraordinaria , cabe colegir que el recurso de revisión propuesto por el
apoderado judicial de los señores Edgar Ámbito Ríos y Bethi Cardozo Avilés,

34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 31 de juba de
1989. Rad. 2852.
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 4 de agosto de
1989. Rad. 5693.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 17 de diciembre de 1998, Exp. 11942.

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Radicado: 11001-33-31-032-2012-00078-01
Demandante: Edgar Ámbito Ríos y otros

actuando en representación de sus hijos menores Edgar Fernando y Naudy,
Dayana Ámbito Cardozo, contra la sentencia de segunda instancia proferida por la
Subsección "C" de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en Descongestión, el 30 de noviembre de 2015, deberá declararse
infundado y, en consecuencia, la Sala se abstendrá de infirmar la providencia
impugnada.

V. CONDENA EN COSTAS

De conformidad con lo previsto en el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA), subrogado por el art. 70 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con
el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), procede la condena en
costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de
revisión y en la medida en que se declare infundado su recurso y esté acreditada
su causación, razón por la cual en el presente asunto se condenará en costas a
los recurrentes.

El artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas por la totalidad de•
las expensas y gastos sufragados durante el trámite de la controversia, así como
por las agencias en derecho, las cuales, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de
la misma normativa, se fijan con observancia de las tarifas37 establecidas por el
Consejo Superior de la Judicatura en el numeral 9 del artículo 5 del Acuerdo No.
PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016".

En este caso, la entidad demandada, por conducto de su apoderado, se opuso a
la prosperidad del recurso extraordinario de revisión39, por lo que la fijación de
agencias en derecho resulta procedente.

Con fundamento en lo anterior, la Sala considera razonable fijar las agencias en
derecho en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de
esta providencia, a favor de la Nación- Ministerio de Defensa - Ejército Nacional,
entidad que contestó el recurso y a cargo de la parte recurrente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
"C", administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
propuesto por la parte recurrente contra la sentencia proferida por la Subsección
"C" de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
Descongestión, el 30 de noviembre de 2015, de conformidad con los argumentos
expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte recurrente. Por Secretaría General
de esta Corporación, LIQUÍDENSE los gastos procesales.

TERCERO: FIJASE, por concepto de agencias en derecho a favor de la Nación-
Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y a cargo de la parte recurrente, la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

37 t..) 9. Recursos extraordinarios. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V ...)".
38 Teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 19 de diciembre de 2016
38 Folio 98 al 103 del cuaderno principal

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Radicado: 11001-33-31-032-2012-00078-01
Demandante: Edgar Ámbito Ríos y otros

CUARTO: En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, Notifíquese, Cúmplase

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaración de voto. Cfr. Rad.
45.655-19 #2.

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