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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-33-31-035-2008-00030-01

Fecha
14 de julio de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-33-31-035-2008-00030-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 26 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C Escrituralidad, la cual quedará así: 1. DECLARAR probada la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción, respecto de la imputación formulada por los actos adoptados por el liquidador. 2. Declarar, de manera oficiosa, la CADUCIDAD del medio de control incoado respecto de la imputación efectuada por el error judicial contenido en la decisión del 7 de julio de 2005. 3. NEGAR las demás pretensiones de la de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-33-31-035-2008-00030-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

14 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-33-31-035-2008-00030-01 (67.709)
Actor: Rodrigo Luis Márquez Misal
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia

TEMAS: CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CARGA
SUSTANTIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN FRENTE A LA IMPUTACIÓN
EFECTUADA EN CONTRA DE LOS ACTOS EXPEDIDOS POR EL LIQUIDADOR – No se
satisface con afirmaciones genéricas, es necesario que se confronte la razón que soporta
la decisión que se impugna / CADUCIDAD – Operó respecto del cargo formulado por
la aprobación del cálculo actuarial.

La parte actora pretende que se declare la responsabilidad de la Superintendencia
de Sociedades, por las aparentes irregularidades en las que incurrió en el marco
del proceso liquidatorio tramitado bajo radicación No. 24.048.

SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia del 26 de febrero de 20201, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
Escrituralidad, declaró la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de
la acción.

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 30 de octubre de 20072,
por el señor Rodrigo Luis Márquez Misal en contra de la Superintendencia de
Sociedades, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son
los siguientes:

Pretensiones

3. La actora pretende la declaratoria de responsabilidad de la demandada y la
consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios cuyos
conceptos y cuantías estimaron de la siguiente manera: i) 100 SMLMV, por
concepto de perjuicios morales y $186’951.780, a título de perjuicios materiales3.

1
Folios 588 a 594 cuaderno principal.
2
Folio 12 del cuaderno 1.
3
Folios 2 y 3 y 15 del cuaderno 1.

1

Radicación: 11001-33-31-035-2008-00030-01 (67.709)
Actor: Rodrigo Luis Márquez Misal
Demandado: Nación – Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia

Hechos

4. Como supuesto fáctico de las pretensiones, se indicó que mediante auto No. 410-
012414 del 1° de agosto del 2002, la Superintendencia de Sociedades declaró
terminado el concordato o acuerdo de recuperación de los negocios de la sociedad
Germán Morales e hijos organización Hotelera S.A. En tal virtud y de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 89 y 150 y siguientes de la Ley 222
de 1995, esa Superintendencia decretó la apertura del trámite de liquidación
obligatoria de los bienes que conformaban el patrimonio de dicha sociedad, para lo
cual designó como liquidador al señor Miguel Antonio Murcia León.

5. Ante la situación advertida, Rodrigo Luis Márquez Misal compareció al proceso
en calidad de acreedor, con el fin de hacer valer sus derechos, entre ellos, la pensión
sanción que le había sido reconocida por el Juzgado 1° Laboral del Circuito de
Montería y el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial en sentencias del 9 de junio
de 1993 y 27 de enero de 1994, respectivamente, en el marco del proceso laboral
que adelantó en contra de la organización Hotelera Germán Morales e Hijos – Hotel
Sinú, por ruptura unilateral del contrato de trabajo sin justa causa.

6. La Superintendencia, después de verificar los derechos que alegaba el actor,
profirió el auto No. 441- 019893 del 16 de diciembre de 2003, por medio del cual
modificó la providencia que calificó y graduó los créditos de la sociedad en
liquidación, en el sentido de incluir el crédito contenido en las referidas decisiones
judiciales “en el ítem de créditos extemporáneos, por ser una obligación causada
con anterioridad a la apertura del proceso liquidatorio”. Además, ordenó al liquidador
realizar el cálculo actuarial a efectos de determinar el monto que se le debía
reconocer al señor Rodrigo Márquez por concepto de pensión sanción.

7. En cumplimiento de lo anterior, el 10 de diciembre de 2004 -oficio No 2004-01-
177335- el liquidador Miguel Antonio Murcia León presentó el mentado estudio, en
el cual estableció que el valor a otorgar por ese concepto era el de $12’243.135, por
el período comprendido entre agosto de 2002 a junio de 2005. Dicho cálculo fue
aprobado por la Superintendencia de Sociedades en oficio No. 105-034807 del 7 de
julio de 2005, decisión que, según se afirmó, le fue comunicada a la sociedad en
liquidación pero no al señor Márquez Misal, quien acreditó tener interés directo en
el proceso.

8. Se arguyó que en auto No. 441-012469 del 16 de agosto de 2005, la
Superintendencia autorizó la ejecución del plan de pagos de las obligaciones de la
concursada y ordenó el traslado de la propuesta que realizó el liquidador, en el
sentido de cancelar algunas de las acreencias mediante cesión de bienes.

9. Se dijo que en el término de traslado de la referida propuesta, el señor Márquez
Misal conoció el estudio actuarial, el cual reprochó ante la Superintendencia de

2

Radicación: 11001-33-31-035-2008-00030-01 (67.709)
Actor: Rodrigo Luis Márquez Misal
Demandado: Nación – Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia

Sociedades en escritos presentados el 8 y 9 de septiembre de 2005, bajo
radicaciones 2005-01-144172 y 2005-01-14576. En esa oportunidad, también
solicitó que se determinara su pensión, con base en el salario que devengaba para
la fecha en la que fue retirado del cargo, esto es, el 11 de septiembre de 1987.

Para resolver lo anterior, la pasiva profirió el auto No. 441-017978 del 31 de octubre
de 2005, en el cual le aclaró que el liquidador realizó dicho estudio con base en lo
dispuesto en la ley y en la jurisprudencia que regía esa materia. Por tal motivo,
rechazó la petición que elevó en dichos escritos y aprobó el mecanismo de pago
por cesión de bienes.

10. Finalmente, como el liquidador demostró haber agotado la totalidad de los
bienes de la concursada, la Superintendencia, a través de auto No. 441-017977 del
31 de octubre de 2005, dio por terminado el proceso liquidatorio de los bienes que
conformaban el patrimonio de la sociedad Germán Morales e Hijos Organización
Hotelera S.A, en liquidación obligatoria.

11. Lo expuesto, a juicio de la parte actora. devela las irregularidades en las que se
incurrió en el proceso primigenio, en tanto que: i) el liquidador realizó el cálculo
actuarial de la pensión sanción del señor Rodrigo Luis Márquez Misal, sin tener en
cuenta el salario que éste devengaba para 1987 -fecha en la que la Organización
Hotelera Germán Morales e Hijos – Hotel Sinú terminó su contrato de forma
unilateral-; y, ii) la Superintendencia de Sociedades, de un lado, aprobó el estudio
cuestionado mediante oficio No. 2005-01-108812 del 7 de julio de 2005 y de otro,
omitió comunicar dicho aspecto al aquí demandante.

La defensa

12. Notificado el auto admisorio de la demanda4, la Superintendencia de
Sociedades se opuso a sus pretensiones, tras afirmar que el actor no podía alegar
la vulneración de su derecho al debido proceso, toda vez que dicha entidad actuó
con la diligencia que su deber le impone para revisar y aprobar, con estricto apego

4
Se advierte que en proveído del 30 de enero de 2008, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, remitió el proceso por competencia a los Juzgados Administrativos del Circuito de
Bogotá, en razón de cuantía.
Así, el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá admitió la demanda el 1 de julio siguiente.
Posteriormente, en proveído de 2 de junio de 2009, dio apertura a la etapa probatoria. Finalmente, el 29 de
septiembre de 2010, profirió fallo en el que negó las pretensiones de la demanda, el cual fue apelado por el
aquí accionante.
Al desatar el aludido recurso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante proveído del 7 de junio de
2012 ordenó remitir el asunto al magistrado Ramiro Pazos para que decida la competencia en razón de la
materia. En virtud de ello, el 17 de agosto de 2012, el a quo declaró la nulidad de todo lo actuado, aclarando
que las pruebas allegadas conservaban la validez y eficacia correspondiente. Por lo anterior, avocó
conocimiento del asunto. Folios 17 a 21, 102 a 105, 181 a 194, 251 a 253 y 256 a 257 del cuaderno 1.
El 31 de mayo de 2013, el apoderado de la parte actora allegó escrito de adición de la demanda, en el que
solicitó el decreto de una prueba pericial para establecer el monto pensional a reconocer a favor del aquí
demandante. Dicha petición fue admitida por el a quo en auto del 16 de agosto de 2013. Folios 269, 270 y 333
del cuaderno 1.

3

Radicación: 11001-33-31-035-2008-00030-01 (67.709)
Actor: Rodrigo Luis Márquez Misal
Demandado: Nación – Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia

a las normas vigentes, el estudio actuarial presentado por el liquidador de la
sociedad Germán Morales e Hijos Organización Hotelera S.A, en liquidación
obligatoria.

13. De otra parte, afirmó que el daño alegado por la parte demandante era
inexistente debido a que el liquidador, con base en los parámetros establecidos en
las sentencias judiciales y a la luz de las disposiciones legales que regulaban la
materia, elaboró el cálculo actuarial de su pensión sanción.

14. Con todo, advirtió que como el señor Rodrigo Márquez no atacó la legalidad del
acto administrativo por medio del cual el liquidador determinó el valor de su pensión
sanción, dicho aspecto no podía ser dilucidado bajo las ritualidades propias de la
acción de reparación directa5.

Alegatos

15. Surtida la etapa probatoria6, en auto del 27 de febrero de 20187, el a quo corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que
emitiera concepto.

16. La Superintendencia de Sociedades agregó que no era procedente aplicar el
artículo 260 del CST, en los términos señalados por la Corte Constitucional en
sentencia C-862 del 2006 -en la que se precisó que la pensión de jubilación se debía
determinar con base en salario devengado en el último año de servicio- debido a
que las decisiones proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Montería -27 de enero de 1994- y por esa entidad en el proceso
liquidatorio No. 24.048, se emitieron con anterioridad a esa providencia 8.

17. La parte actora insistió en la responsabilidad de la Superintendencia de
Sociedades9.

18. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

5
Folios 296 a 349 del cuaderno 1.
6
En proveído del 23 de mayo de 2014 -folios 428 a 429 del cuaderno 1, el a quo decretó como pruebas los
documentos aportados con la demanda.
Asimismo, ofició al Gerente Nacional de Colpensiones para que remitiera la Resolución No. GNR 039389, por
medio de la cual se negó la pensión de vejez de Rodrigo Luis Márquez Misal.
Por otro lado, decretó como prueba el dictamen pericial solicitado, con el fin de establecer el monto pensional a
reconocer a favor del aquí demandante. Folios 552 a 562 del cuaderno 2.
7
Folio 564 del cuaderno 2.
8
Folios 565 a 571 del cuaderno 2.
9
Folios 571 a 584 del cuaderno 2.

4

Radicación: 11001-33-31-035-2008-00030-01 (67.709)
Actor: Rodrigo Luis Márquez Misal
Demandado: Nación – Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia

La decisión

19. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada
la excepción de indebida escogencia de la acción10.

20. Como sustento de su decisión advirtió que, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 2 del artículo 295 del Decreto Ley 663 de 1993, las decisiones
adoptadas por el liquidador son actos administrativos. En ese escenario, precisó
que el debate planteado por el accionante -en lo que se refiere a los actos del
liquidador- no podía ser ventilado por la vía de la acción de reparación directa, por
cuanto el daño cuya indemnización pretendía no se derivaba de la inobservancia de
un procedimiento previsto en la ley sino de una decisión contenida en un acto
administrativo -oficio No 2004-01-177335 del 10 de diciembre de 2004-, en la que
el liquidador Murcia León realizó el estudio actuarial de la pensión de jubilación del
señor Márquez Misal, por lo que, al estarse cuestionando la legalidad de dicho acto,
su estudio debía efectuarse a través de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.

21. Por otro lado, precisó que los actos proferidos por la Superintendencia de
Sociedades dentro de los procesos liquidatorios son de naturaleza jurisdiccional y,
por tal motivo, son susceptibles de recursos de reposición y apelación ante la
jurisdicción, según lo establecido en la sentencia C-348 del 2000 y en el artículo 147
de la Ley 446 de 1998. Sobre esa base, indicó que era improcedente estudiar la
imputación efectuada en contra de la Superintendencia por aprobar el estudio
actuarial mediante oficio No. 105-034807 del 7 de julio de 2005, al no haberse
demostrado que el señor Rodríguez Márquez hizo uso de esos mecanismos
judiciales para cuestionar la decisión que acusaba de ser la fuente del daño que
reclama.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

22. Inconforme con la decisión en comento, la parte actora interpuso recurso de
apelación, en el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda.

23. En sustento de sus peticiones, manifestó que el liquidador Miguel Antonio
Murcia León presentó el estudio actuarial, en el cual consignó que el derecho en
favor del señor Rodrigo Márquez Misal derivado de las sentencias dictadas por el
Juzgado Laboral del Circuito de Montería y el Tribunal Superior de ese Distrito

10
Folios 588 a 594 del cuaderno principal.

5

Radicación: 11001-33-31-035-2008-00030-01 (67.709)
Actor: Rodrigo Luis Márquez Misal
Demandado: Nación – Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia

ascendía a la suma de $30’032.850, el cual, a pesar de haber sido objetado en
escritos radicados el 8 y 9 de septiembre de 2005, fue rechazado por la
Superintendencia, desconociendo con ello que la Corte Constitucional, en sentencia
SU-120 de 2003, advirtió que la pensión debía determinarse con base en el salario
que percibió en el último año de servicio.

24. Recalcó que, contrario a lo afirmado por el a quo, el aquí demandante sí
cuestionó el oficio No. 105-034807 del 7 de julio de 2005, por medio del cual la
Superintendencia aprobó el estudio actuarial presentado por el liquidador, pues, en
escritos bajo radicación No. 2005-01144172 y 2005-01-145761 formuló serios
reparos en contra de ese cálculo, poniendo de presente los graves perjuicios
económicos que se le causarían con el mismo. Sin embargo, la Superintendencia
de Sociedades, en auto No. 441-017978, rechazó la solicitud que elevó en el sentido
de calcular la pensión sanción con base en el salario que devengó para 1987,
cuando el Hotel Sinú terminó su contrato laboral de forma unilateral11.

25. En proveído del 18 de noviembre de 202112, esta Corporación admitió el recurso
de apelación formulado por la parte actora, y el 26 de marzo de 2020 corrió traslado
a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que
rindiera concepto13.

26. La parte demandante ratificó los argumentos esbozados a lo largo del
proceso14.

27. La pasiva arguyó que en el asunto bajo estudio no se cumplió con el
presupuesto requerido para estudiar el supuesto error judicial en el que
aparentemente incurrió en la decisión que aprobó el cálculo actuarial, dado que el
demandante no interpuso los recursos de ley que procedían en contra de la mentada
providencia.

28. Explicó que la indexación solicitada por el actor en el trámite concursal resultaba
a todas luces improcedente, al no existir decisión judicial que la ordene, por tal
motivo, concluyó que el cálculo presentado por el liquidador de la sociedad
concursada, se ajustó a lo señalado en la ley, específicamente dispuesto en los
artículos 8. de la Ley 171 de 1961, 260 del Código Sustantivo de Trabajo, así como
a los parámetros establecidos en la sentencia proferida el 27 de enero de 1994 por
el Tribunal Superior de Montería Sala laboral15.

11
Folios 596 a 600 del cuaderno principal.
12
Folio 608 del cuaderno principal.
13
Folio 248 del cuaderno principal.
14
SAMAI, índice 17.
15
SAMAI, índice 18.

6

Radicación: 11001-33-31-035-2008-00030-01 (67.709)
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Demandado: Nación – Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia

29. El Ministerio Público solicitó que se confirmara la decisión de primera instancia,
tras argumentar que la causa eficiente del daño radicó en la manifestación de
voluntad que, en ejercicio de funciones administrativas y con efectos jurídicos,
expresó la administración por medio del Auto No 441-017978 del 31 de octubre de
2005 (sic), decisión que se constituye como un acto administrativo, por lo que la
acción aplicable es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de
reparación directa, razón por la que resultaba improcedente emitir pronunciamiento
de fondo, en tanto se encuentra demostrada la indebida escogencia de la acción.

30. Por otro lado, recordó que los argumentos que sustentaron el recurso de
apelación respecto del error grave en el que aparentemente incurrió la
Superintendencia de Sociedades al aprobar el estudio actuarial de la pensión
sanción, fueron objeto de reproche por parte del beneficiario, los cuales se
resolvieron de manera negativa por esa entidad, al evidenciar que dicho estudio se
ajustó a la ley, de tal suerte que al haber sido analizados y decididos en el procesos
adelantado ante la Superintendencia, no podían servir de soporte para la acción de
reparación directa16.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

31. De manera preliminar, la Sala encuentra oportuno diferenciar entre las
actuaciones de la Superintendencia de Sociedades como entidad administrativa del
orden nacional que, en virtud de delegación presidencial, ejerce las funciones
inspección, vigilancia y control que consagra el artículo 189-24 Superior17, de las
funciones jurisdiccionales que le fueron encomendadas por el artículo 90 de la Ley
222 de 199518, en concordancia con el inciso 3 del artículo 116 de la Constitución
Política19, para conocer y decidir, de manera privativa, los procesos concursales de
todas las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y
empresas unipersonales, siempre que no estuvieran sujetas a un régimen especial
de intervención o liquidación.

32. Así, su condición de juez hacía que el desarrollo de sus competencias fuera un
auténtico desarrollo del servicio público de administración de justicia y, por ende,
los cuestionamientos de las acciones y decisiones que profería en los procesos
concursales se evaluaban en términos de defectuosos funcionamientos o de errores

16
SAMAI, índice 19.
17 Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades

financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de
recursos captados del público. Asimismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles.
18 “ARTÍCULO 90. COMPETENCIA. La Superintendencia de Sociedades asume la función jurisdiccional en uso

de la facultad concebida en el artículo 116 inciso 3 de la Constitución Política.
Será competente de manera privativa para tramitar los procesos concursales de todas las personas jurídicas,
llámense sociedades, cooperativas, corporaciones, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre que no estén
sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación (…)”.
19 <<Artículo 116. (…) Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a

determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de
sumarios ni juzgar delitos>>.

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Radicación: 11001-33-31-035-2008-00030-01 (67.709)
Actor: Rodrigo Luis Márquez Misal
Demandado: Nación – Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia

judiciales, según el caso, tal como lo consagra la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia20.

33. Sin perjuicio de la facultad de dirección concursal, en el artículo 167 de la Ley
222 de 199521 se estableció que, en los casos de liquidación obligatoria, el agente
a cargo de la gestión, administración, cuidado y representación legal de la sociedad
mercantil debía responder al deudor, a los asociados, acreedores y terceros, y si
fuere del caso a la entidad deudora, por el patrimonio que recibe para liquidar, razón
por la cual, para todos los efectos legales, los bienes inventariados y avaluados,
determinaban los límites de su responsabilidad. De la misma manera, respondería
por los perjuicios causados a las referidas personas jurídicas por violación o
negligencia en el cumplimiento de sus deberes.

34. Así, en lo que respecta a los procesos concursales de liquidación gobernados
por la Ley 222 de 1995, existía un régimen de responsabilidad claro y definido ligado
a la fuente del perjuicio: si era un acto de administración, gestión o representación
a cargo de liquidador se debía cuestionar ante la jurisdicción ordinaria o si
correspondía a una actuación o decisión de la Superintendencia en su investidura
de juez del trámite concursal22, se debía reprochar su actuación ante esta
jurisdicción a través de los títulos de imputación de defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia o error judicial23.

35. Aclarado lo anterior, la Sala considera pertinente efectuar una consideración
previa sobre la sustentación del recurso de apelación interpuesto por la parte actora
respecto del reproche efectuado por el yerro en el que aparentemente incurrió el
liquidador de la sociedad Germán Morales e hijos organización Hotelera S.A. en
liquidación obligatoria al efectuar el cálculo actuarial de la pensión de jubilación del
señor Rodrigo Luis Márquez Misal, ello con el fin de establecer si, en verdad, expuso

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de mayo de 2013, expediente 55.770.
21 “ARTÍCULO 167. RESPONSABILIDAD. El liquidador responderá al deudor, a los asociados, acreedores y
terceros, y si fuere del caso a la entidad deudora, por el patrimonio que recibe para liquidar, razón por la cual,
para todos los efectos legales, los bienes inventariados y el avalúo de los mismos realizado conforme a las
normas previstas, determinarán los límites de su responsabilidad. De la misma manera, responderá de los
perjuicios que por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes cause a las mencionadas personas.
Las acciones contra el liquidador caducarán en un término de cinco años, contado a partir de la cesación de
sus funciones y se promoverán ante la justicia ordinaria de conformidad con las disposiciones legales vigentes”.
22 Respecto de los actos proferidos por la Superintendencia de Sociedades, la Corte Constitucional, en

sentencia C-348 del 5 de abril del 2000, precisó que “… actuando por fuera de su propia competencia
jurisdiccional, los actos de las superintendencias no podrían en propiedad ser considerados como actos
jurisdiccionales. Como lo excepcional es la atribución a la Administración de funciones de dicha naturaleza,
aquellos actos que rebasen los límites de la competencia judicial atribuida deben tenerse como actos
administrativos, por razón de ser ésta la forma general del actuar de tales entes. Es decir, de conformidad con
un criterio orgánico, el actuar de la administración en esas circunstancias sería administrativo y no
jurisdiccional…”.
Sobre la atribución jurisdiccional de la Superintendencia de Sociedades, en la sentencia T-803 de 2004, la Corte
Constitucional estableció que “Queda entonces claro que la Superintendencia de Sociedades, entidad
administrativa de orden nacional encargada de la inspección, vigilancia y control de las sociedades no vigiladas
por otras Superintendencias, desempeña funciones de tipo jurisdiccional en el desarrollo de procesos de
liquidación obligatoria de sociedades mercantiles, y que sus decisiones, por lo tanto, constituyen providencias
judiciales”.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de mayo de 2013, expediente 55.770.

8

Radicación: 11001-33-31-035-2008-00030-01 (67.709)
Actor: Rodrigo Luis Márquez Misal
Demandado: Nación – Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia

razones de inconformidad que ataquen los argumentos que expuso el a quo para
negar las pretensiones de la demanda frente a este específico asunto.

36. Para el efecto, empieza la Sala por señalar, como ya en otras oportunidades lo
ha hecho24, que el alcance del recurso de apelación, mecanismo de control de las
decisiones judiciales, no se dirige, sin límite alguno, a reprochar cualquier tipo de
actuación e inconformidad generada en el curso del proceso, como tampoco puede
estar orientado a repetir el trámite acontecido en la primera instancia, pues
fundamentalmente -léase esta expresión en términos de garantías constitucionales-
busca dar efectividad al principio de la doble instancia que, como regla general, está
disponible para controvertir las decisiones judiciales que se reputan contrarias al
ordenamiento jurídico.

37. Así las cosas, en garantía de tal principio y a efectos de cumplir con la aspiración
de justicia que subyace al recurso de alzada, resulta imprescindible que el
recurrente determine mediante los cargos planteados cuáles asuntos deben ser
resueltos ante el superior jerárquico, para lo cual no basta con la simple
interposición del recurso, ni resulta suficiente repetir un argumento desprovisto de
motivos de disenso, toda vez que los planteamientos de la apelación son los que
definen los temas objeto de control, de cara a la decisión judicial que es rebatida25,
por lo que le corresponde a la parte que recurre atacar los fundamentos de hecho
y/o de derecho que sirvieron de sustento de la providencia de primera instancia.

38. En este sentido, es ajeno al recurso de apelación la reiteración de las hipótesis
que se plantearon como punto de partida en la construcción del proceso en primera
instancia, en tanto aquéllas, luego de haber transitado por las etapas probatorias,
de contradicción y de alegaciones finales, no pueden volver a presentarse al ad
quem en su estado germinal, pues ya fueron objeto de comprobación y debate; así,
de cara a la tesis adoptada por el a quo en las conclusiones del fallo, corresponde
al apelante la formulación de una tesis diversa frente a los específicos argumentos
que sustentaron la decisión desfavorable, exigencia que, conforme lo prevé el
legislador, se cumple a través de la carga de sustentación, siendo “suficiente que el
recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la
providencia”, como dispone el artículo 352 del C. de P.C.

39. Recuérdese, además, que la competencia material del juez de segunda
instancia se determina a partir de la confrontación entre los argumentos del apelante

24
Al respecto se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias de esta Subsección: sentencia del
11 de mayo de 2022, exp. 54.452, sentencia del 20 de mayo de 2022, exp. 53800, y sentencias del 6 de julio
de 2022, exps. 44.707, 54.666 y 56.581.
25
El Consejo de Estado en casos similares se ha pronunciado en igual sentido, ver sentencias: i) del 17 de
marzo de 2010, exp. 36.838), ii) del 9 de junio de 2010, exp. 19.283, y iii) del 14 de mayo de 2014, expediente
31.469.

9

Radicación: 11001-33-31-035-2008-00030-01 (67.709)
Actor: Rodrigo Luis Márquez Misal
Demandado: Nación – Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia

y los aspectos de la decisión de primer grado que son atacados por esta vía 26,
estando vedado para el juez ad quem construir motivos de disenso distintos a los
formulados por el apelante, pues, si lo hiciera, vulneraría el principio de
imparcialidad y el derecho al debido proceso de la contraparte27.

40. A partir de lo dicho, la Sala reitera e insiste que si se advierte la ausencia de
una sustentación suficiente, adecuada o material del recurso de apelación, cuyos
fundamentos sean simplemente afirmaciones genéricas, sin traer a colación
argumentos para cuestionar las tesis o las bases de la providencia impugnada, al
superior no le queda una opción diferente a la de confirmar el proveído apelado 28.

41. Precisado lo anterior y revisado el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, se encuentra que a pesar de que formalmente presentó la
impugnación, lo cierto es que respecto de lo que decidió el a quo en relación con la
acción procedente para cuestionar el oficio No 2004-01-177335 del 10 de diciembre
de 2004, por medio del cual el liquidador de la sociedad Germán Morales e hijos
organización Hotelera S.A., realizó el cálculo actuarial de la pensión sanción del
señor Rodrigo Luis Márquez Misal, materialmente no esgrimió razonamiento alguno
dirigido a controvertir esa tesis, es decir, no expuso las razones para considerar que
el a quo erró al afirmar que como la fuente del daño estaba contenida en un acto
administrativo, la vía procesal idónea para controvertir ese aspecto era la de nulidad
y restablecimiento del derecho.

42. Para explicar las razones que conducen a la anterior conclusión, es pertinente
acudir a la causa petendi y a las pretensiones de la demanda frente a las que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca analizó el caso encontrando que, según
lo dispuesto en el artículo 295 del Decreto Ley 663 de 1993, los actos del liquidador
relativos a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y, en general,
o los que por su naturaleza expida en ejercicio de funciones administrativas,
constituyen actos administrativos y, por ende, eran objeto de control por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, a efectos de que en el escenario de un proceso de tal
naturaleza, desvirtuara la presunción de legalidad de ese acto.

43. No obstante que lo acabado de expresar condensa la razón medular por la que
el a quo negó las pretensiones frente a ese específico aspecto, en el recurso de
apelación no se observa argumento encaminado a desvirtuar el fundamento y las
conclusiones del Tribunal, pues la parte actora se limitó a reiterar lo expuesto en la

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4
de marzo de 2022, radicación 73001-23-33-000-2015-00512-01 (66.390), Consejera Ponente: Marta Nubia
Velásquez Rico.
27
Artículo 29 Constitucional.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4
de marzo de 2022, radicación 77001-23-31-000-2004-04217-01 (47.098), Consejera Ponente: María Adriana
Marín.

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Radicación: 11001-33-31-035-2008-00030-01 (67.709)
Actor: Rodrigo Luis Márquez Misal
Demandado: Nación – Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia

demanda, en la que afirmó que, a pesar de que objetó el estudio actuarial y de que
solicitó calcular su pensión con base en el salario que devengó el último año de
servicio, esto es, para 1987, la Superintendencia rechazó dicha petición,
desconociendo los parámetros fijados por la Corte Constitucional, en sentencia SU-
120 de 2003.

44. El inconformismo del apelante, así planteado, resulta absolutamente
insuficiente para refutar el argumento expresado por el Tribunal como fundamento
de su decisión, puesto que fue del todo omisivo del deber de debatir la parte motiva
de la sentencia, esto es, confrontando y exponiendo de manera sustentada las
razones que llevarían a una conclusión diferente a la adoptada en primera instancia,
las cuales debían estar encaminadas a debatir sobre la naturaleza de las decisiones
que expide el liquidador de una sociedad en proceso de liquidación obligatoria.

45. Lo dicho en precedencia conduce a confirmar la sentencia impugnada, pues la
carencia de carga argumentativa del recurso respecto de lo concluido por el Tribunal
frente a la razonabilidad y procedibilidad de esa medida impone que tal conclusión
se mantenga incólume en esta instancia, lo cual hace que sea imposible
jurídicamente variar la decisión adoptada por el a quo, en la que declaró inepta
demanda por indebida escogencia de la acción por este aspecto.

46. Ahora, frente al posterior reproche de la demanda dirigido contra la aprobación
del estudio actuarial, la Sala parte por señalar que, en lo que toca con la caducidad
de las acciones ejercidas ante esta jurisdicción, el artículo 136 numeral 8 -aplicable
al asunto- prevé que la acción de reparación directa debe intentarse dentro del
término de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento de la mismo si es que ello ocurrió en fecha posterior, período que, una
vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del
Estado y la consecuente reparación de perjuicios, por configurarse el fenómeno
jurídico procesal de la caducidad.

47. Al respecto, encuentra la Sala que como la entidad demandada aprobó el
estudio en comento en oficio No. 105-034807 del 7 de julio de 200529, es a partir de
este momento en el que debe iniciar el cómputo de la caducidad, pues entiende que
desde allí la parte interesada estaba habilitada para demandar la reparación de los
eventuales daños derivados de esta aprobación30.

29
Folios 123 a 129 del cuaderno 6.
30
Se advierte en providencia No. 400-003185 del 6 de marzo de 2013, la Superintendencia le informó a la
concursada que, “de acuerdo con lo pactado en el acuerdo de reorganización, confirmado por auto del 29 de
junio de 2011, los títulos judiciales remitidos por diferentes despachos fueron entregados a la concursada con
la finalidad que esta cumpliera las diferentes obligaciones relacionadas en el acuerdo. No obstante, lo anterior,
en la actualidad el Despacho cuenta con dos títulos judiciales”. Folio 171 del cuaderno 1.
Seguidamente, en auto No. 400-005172 del 12 abril de 2013, la Superintendencia informó qué títulos judiciales
que existían en el proceso de reorganización le fueron entregados a la señora Cecilia Rodríguez Villanueva. Se

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Radicación: 11001-33-31-035-2008-00030-01 (67.709)
Actor: Rodrigo Luis Márquez Misal
Demandado: Nación – Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia

48. Dicho esto, la Sala contabilizará los dos (2) años que tenía el señor Rodrigo
Luis Márquez Misal para ejercer su derecho de acción desde la fecha en que se
evidencia que tuvo conocimiento de tal decisión -al desconocerse la fecha que le
fue comunicado-, es decir, desde el 8 de septiembre de 2005, cuando en escrito
bajo radicación No. 2005-01-14417231, presentó inconformidad frente al estudio
actuarial que hizo el liquidador, oportunidad en la que la Superintendencia, en
respuesta, le informó los parámetros que adoptó el liquidador para determinar la
cuantía de su pensión y le advirtió que si no estuvo conforme con la estimación,
debió dirigirse esa entidad en el término legal correspondiente32.

49. Así las cosas, el plazo para promover la acción de reparación directa por las
razones aducidas en la demanda feneció el 10 de septiembre de 200733, pese a lo
cual la demanda se presentó el 30 de octubre de esa anualidad cuando ya había
operado la caducidad.

50. Cabe agregar que, de conformidad con el artículo 2134 de la Ley 640 de 2001,
la conciliación extrajudicial en derecho suspendía el término de caducidad. En este
caso no hay prueba del agotamiento de este requisito, el cual, en todo caso, para la
fecha de presentación de la demanda -30 de octubre de 2007- no era exigible35.

51. Por lo expuesto, la Sala modificará la decisión de primera instancia y, en su
lugar, declarará, de manera oficiosa, la caducidad de la acción respecto de la
imputación efectuada contra la Superintendencia de Sociedades, por aprobar el
cálculo actuarial que realizó el liquidador de la sociedad Germán Morales e Hijos
Organización Hotelera S.A.

Condena en costas

52. Dado que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley
446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de
las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó
de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

precisa, que en ninguna de estas providencias se relacionó, de manera concreta, los 18 títulos judiciales
remitidos por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagué.
31
Tal como se desprende de la información contenida en auto No. 441-017978 del 31 de octubre de 2005
obrante a folios 118 a 123 del cuaderno 4.
32
Ibídem.
33
Por ser el día hábil siguiente.
34
“La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador
suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo
conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite
sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la
presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior,
lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.
35

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Radicación: 11001-33-31-035-2008-00030-01 (67.709)
Actor: Rodrigo Luis Márquez Misal
Demandado: Nación – Superintendencia de Sociedades
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia

PARTE RESOLUTIVA

53. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 26 de febrero de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
Escrituralidad, la cual quedará así:

1. DECLARAR probada la excepción de inepta demanda por indebida
escogencia de la acción, respecto de la imputación formulada por los actos
adoptados por el liquidador.

2. Declarar, de manera oficiosa, la CADUCIDAD del medio de control
incoado respecto de la imputación efectuada por el error judicial contenido
en la decisión del 7 de julio de 2005.

3. NEGAR las demás pretensiones de la de la demanda, de conformidad con
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe
en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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