Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-33-31-036-2007-00032-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-33-31-036-2007-00032-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-33-31-036-2007-00032-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
20 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-33-31-036-2007-00032-01 (49.848)
Actor: José Enrique Contreras Hernández
Demandado: Contraloría General de la República
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Asunto: Sentencia
Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – estudio de la causal prevista en
el numeral 1° del artículo 250 del C.P.AC.A. - no se configuró en el presente asunto.
Procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Tercera, Subsección A, a través de la cual se confirmó el fallo dictado por el
Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que negó las
pretensiones de la demanda.
I. A N T E C E D E N T E S
Demanda inicial y la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
1. El señor José Enrique Contreras Hernández presentó demanda de reparación
directa en contra de la Contraloría General de la República, con el fin de que se le
declarara patrimonialmente responsable por el daño antijurídico causado al actor
derivado de la no posesión en el cargo de Asesor de Gestión, Nivel Asesor, Grado
01, para el cual concursó y ocupó el primer puesto en la lista de elegibles del
concurso público de méritos convocado por la entidad demandada.
2. Según manifestó, desde el 11 de febrero de 1993, ha desempeñado diferentes
cargos en la Contraloría General de la República y que, para el momento de
presentación de la demanda ordinaria, se encontraba ocupando el de Profesional
Especializado, Nivel Profesional, Grado 3, en la Dirección de Estudios
Macroeconómicos de la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas
Públicas.
Radicación: 11001-33-31-036-2007-00032-01 (49.848)
Actor: José Enrique Contreras Hernández
Demandado: Contraloría General de la República
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Asunto: Sentencia
3. Agregó que, conforme a la Resolución 03682 del 8 de noviembre de 1995,
gozaba de una prima técnica equivalente al 50% de la asignación básica mensual,
reconocida mediante el acto administrativo 2540 del 13 de marzo de 1996.
4. Sostuvo que, en los artículos 8 y 10 de la referida resolución se consagraba,
respectivamente, en cuanto al reajuste automático, que cuando un funcionario
tuviera prima técnica y obtuviera un ascenso, el porcentaje correspondiente se
liquidaría en forma automática sobre la asignación básica mensual del nuevo
cargo, mientras que, en lo atinente a su temporalidad, se perdería por retiro del
funcionario, imposición de sanción disciplinaria o se hubiera asignado teniendo en
cuenta documentos que resultaran falsos o apócrifos.
5. Con todo, manifestó que, por medio de la Resolución 1803 del 17 de diciembre
de 2004, lo nombraron en el cargo de Asesor de Gestión, Nivel Asesor, Grado 01,
en la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, al cual tenía
derecho por haber ocupado el primer puesto en lista de elegibles del concurso
público de méritos abierto por la entidad demandada. Sin embargo, sostuvo que,
en ese mismo instante -de la notificación de la resolución-, le informaron
“verbalmente” que de llegarse a posesionar en el cargo perdería la prima técnica,
según el Decreto 1336 de 2003 y el concepto 2004EE2044 del 10 de marzo de
2004 de la Función Pública.
6. Como la posesión se llevaría a cabo el 4 de enero de 2005, en consideración a
la “advertencia” que le fue hecha, el actor pidió una prórroga del acto de posesión
y, en ejercicio de derecho de petición, solicitó una respuesta formal en tal sentido
-si perdería la prima técnica- a la Contraloría. El 14 de febrero próximo -día que
vencía la prórroga- le respondieron que, en caso de posesionarse en el nuevo
cargo, no podía asignársele la prima técnica.
7. Bajo ese escenario, en sede de tutela la parte actora solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales pero no tuvo éxito, puesto que, en primera y en segunda
instancia, se concluyó que el mecanismo judicial idóneo para tal efecto era el de
nulidad y restablecimiento del derecho. En consideración a lo anterior, procedió a
instaurar la respectiva demanda ordinaria, pero el Consejo de Estado - Sección
Segunda, Subsección A, negó las pretensiones, bajo el dicho que la respuesta del
14 de febrero de 2005 no era propiamente un acto administrativo sino un mero
concepto jurídico que no ponía fin a la actuación administrativa y tampoco era de
obligatorio complimiento, por tanto, no comprometía la responsabilidad de la
Administración Pública demandada.
8. En ese orden, el señor José Enrique Contreras Hernández presentó demanda
de reparación directa en contra de la Contraloría General de la República, por no
haberse podido posesionar en el cargo de Asesor de Gestión, Nivel Asesor, Grado
01, a pesar de tener el derecho para hacerlo y que no le fuera asignada la prima
técnica equivalente al 50% de la asignación básica mensual.
2
Radicación: 11001-33-31-036-2007-00032-01 (49.848)
Actor: José Enrique Contreras Hernández
Demandado: Contraloría General de la República
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Asunto: Sentencia
9. Mediante sentencia del 22 de junio de 2010 1 , el Juzgado Treinta y Seis
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la
demanda, decisión que fue confirmada el 15 de diciembre de 2011 2 , por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, Subsección A. Para
el efecto, ambas autoridades judiciales concluyeron que no había lugar a declarar
la responsabilidad de la Administración Pública demandada, toda vez que: (i) la
respuesta dada por la entidad se trató de un concepto, (ii) no se probó que éste se
hubiera adoptado de manera ilegal y arbitraria ni mucho menos que la finalidad del
mismo fuera afectar de manera exclusiva al actor y, (iii) fue éste quien
voluntariamente decidió no posesionarse en el cargo, a pesar de conocer los
efectos jurídicos de su decisión.
El recurso extraordinario de revisión presentado y su trámite
10. En escrito presentando el 16 de enero de 2014 3 , la parte demandante
interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia indicada, con
fundamento en la causal 2° del artículo 188 del Decreto 01 de 1984, esto es, por
“haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con
los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no
pudo aportar al proceso por fuerza mejor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria”.
11. Al respecto, además de indicar las razones por las que en su criterio se había
incurrido en una falla en el servicio y de señalar que las autoridades judiciales de
primera y segunda instancia obviaron que la acción reparación directa no estaba
encaminada a atacar el concepto del 14 de febrero de 2005 sino a las fallas en
que incurrió la Contraloría General de la República, indicó que las pruebas
recobradas, son:
“- Copia auténtica de las actas de las reuniones del Comité de Prima Técnica del
año 2003 y sus soportes.
“- Copia autentica de las actas de reuniones del Comité de Prima Técnica del
año 2004 y las cartas de instrucciones a la oficina de sistemas y de la reunión
celebrada el 9 de agosto de 2004 en la Dirección de Gestión del Talento
Humano, así como del acta de pruebas y entrega de requerimientos del 30 de
agosto de 2004.
“- Copia autentica de las actas de las reuniones celebradas por el Comité de
Prima Técnica durante el año 2005.
“- Copia autentica de las actas de las reuniones del Comité de Prima Técnica del
año 2006”.
1
Folios 180 a 202 del expediente ordinario.
2
Folios 303 a 310 Ibídem.
3
Folio 9 del cuaderno del Consejo de Estado.
3
Radicación: 11001-33-31-036-2007-00032-01 (49.848)
Actor: José Enrique Contreras Hernández
Demandado: Contraloría General de la República
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Asunto: Sentencia
12. Al respecto, manifestó que tales actas no pudieron ser aportadas como
prueba documental al proceso ordinario por obra de la parte contraria y, aseveró,
que tenían la virtualidad suficiente para cambiar la decisión recurrida.
13. Además, esos documentos solo los pudo recobrar una vez ejecutoriada la
sentencia recurrida, a través del ejercicio del derecho de petición que formuló ante
la entidad demandada, los cuales, dijo, eran conocidos por los señores Marta
Patricia Barraza y Álvaro Ruiz Castro, quienes rindieron su testimonio al interior
del proceso ordinario pero no advirtieron sobre su existencia, actas en las que
constaba una posición jurídica asumida por el Comité de Prima Técnica de la
Contraloría, a partir del 18 de junio de 2003, que -en su sentir- podría ser
determinante en el asunto de la referencia4.
Trámite procesal e intervenciones
14. Mediante auto del 27 de abril de 20165, se admitió la demanda y se dispuso
dar traslado a su extremo procesal, así como notificar al Ministerio Público y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
15. La Contraloría General de la República se opuso al recurso extraordinario de
revisión; para tal efecto, sostuvo que no es dable que la parte recurrente, so
pretexto de una petición, hubiera intentado obtener un concepto por parte de esa
entidad para, posteriormente, demandarla. Adicionalmente, adujo que otro sería el
escenario si tal ente no le hubiera advertido al recurrente las consecuencias de
posesionarse en el cargo al que se hizo y luego de ocuparlo comunicarle que no
tenía el derecho a recibir la prima técnica, es decir, la Administración Pública
actuó con total transparencia y respondió la petición conforme a la ley y motivada
en el Decreto 1336 de 2003, que no permite la asignación de la prima técnica
para el nivel al que concursó el recurrente.
16. Ahora, con respecto a la causal invocada, sostuvo que: (i) los documentos
referidos por el actor no fueron recobrados, en la medida en que siempre han
estado al alcance del público y de todos funcionarios de la Contraloría que se
encuentran interesados en el reconocimiento de la prima técnica, (ii) los mismos
los pudo arrimar junto con la demanda o solicitarle al juez de primera instancia
que de oficio se los requiriera a la entidad demandada o, (iii) allegarlo junto al
escrito de apelación, máxime cuando el mismo actor sostuvo que fue en
respuesta a una solicitud hecha en ejercicio del derecho de petición que la misma
entidad demanda le entregó las actas.
17. Con todo, indicó que la Contraloría General de la República nunca ocultó los
documentos que aduce el recurrente recobró, aunado a que no hay constancia de
que el señor Contreras Hernández los hubiera solicitado y el ente no se los haya
4
Folios 1 a 9 del cuaderno principal.
5
Folios 71 a 74 del cuaderno principal.
4
Radicación: 11001-33-31-036-2007-00032-01 (49.848)
Actor: José Enrique Contreras Hernández
Demandado: Contraloría General de la República
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Asunto: Sentencia
entregado; insistió en que tales documentos eran conocidos por todos los
funcionarios de la Contraloría.
18. Finalmente, manifestó que la decisión recurrida no cambiaría en nada si se
llegaran a estudiar tales documentos, pues el concepto del 14 de febrero de 2005
los tuvo como fundamento de la motivación.
19. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
guardaron silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia y oportunidad
20. El recurso fue presentado el 16 de enero de 20146, en vigencia de la Ley 1437
de 2011 -C.P.AC.A.-, codificación que en el artículo 248 establece que, el recurso
extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas
por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces
administrativos.
21. A su turno, el segundo inciso del artículo 249 de la misma codificación
dispone que el conocimiento de tal recurso extraordinario está radicado en las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado, según la materia.
22. Por consiguiente, por tratarse de un recurso contra una sentencia proferida en
el marco de una acción de reparación directa, la Sala es competente para resolver
el presente recurso extraordinario.
Oportunidad
23. Para efectos de verificar la caducidad del presente asunto se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo
(Decreto 01 de 1984), pues de acuerdo con el artículo 40 de la ley 153 de 1887
(vigente para la fecha en que inició el término de caducidad del recurso
extraordinario), si bien las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de
los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben
empezar a regir, los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y
diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de
su iniciación.
24. En ese orden, dado que el Decreto 01 de 1984 dispone en su artículo 187 que
el recurso extraordinario de revisión debe interponerse dentro de los dos (2) años
siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, se concluye que el presente
recurso fue presentado oportunamente, pues el fallo objeto de censura cobró
6
Folio 9 del cuaderno principal.
5
Radicación: 11001-33-31-036-2007-00032-01 (49.848)
Actor: José Enrique Contreras Hernández
Demandado: Contraloría General de la República
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Asunto: Sentencia
ejecutoria el 23 de enero de 2012 7, mientras que el recurso extraordinario fue
presentado el 16 de enero de 20148.
Objeto y alcance del recurso extraordinario de revisión
25. Como reiteradamente lo ha consignado esta Corporación, a través del recurso
extraordinario se permite cuestionar las sentencias ejecutoriadas y en firme de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con miras a procurar el
restablecimiento de la justicia material, cuando quiera que se acredite de manera
inequívoca la configuración de alguna de las causales taxativamente señaladas
en la ley, a condición de que se trate de situaciones exógenas que no pudieron
plantearse en el proceso correspondiente, aspecto que excluye la posibilidad de
soportarse en cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó
la ley en la sentencia9.
26. Adicionalmente, las causales del recurso no pueden ser imputables al propio
recurrente. Así, la jurisprudencia ha señalado que el recurso no comporta una
nueva instancia, ni prevé oportunidades para que las partes subsanen conductas
omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del
proceso y que tuvieron oportunidad de corregir, por ejemplo, del orden probatorio,
dado que, se insiste, no es una tercera instancia.
27. Con fundamento en estas consideraciones, procede la Sala a analizar la
causal invocada por la parte recurrente, no sin antes advertir que, si bien el
recurrente en su escrito invocó la contenida en el numeral 2° del artículo 188 del
Código Contencioso Administrativo, que se encuentra derogado, la Sala debe
entender que la causal aducida por el recurrente es la contemplada en la norma
vigente a la fecha de interposición del recurso, es decir, las prevista en el numeral
1° del artículo 250 del C.P.A.C.A.
La causal de revisión consagrada en el numeral 1° del artículo 250 del
CPACA
28. En lo que tiene que ver con la causal invocada por la parte recurrente prevista
en el numeral 1º del artículo 250, denominada por la jurisprudencia como la
prueba recobrada o rescatada con posterioridad a la sentencia, para su
procedencia, resulta necesario que se cumplan los requisitos establecidos en su
tenor literal, tales como:
7
Según consta a folio 311 del cuaderno 1 del expediente ordinario.
8
Folio 9 del cuaderno del Consejo de Estado.
9
Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 1º de septiembre de 2020, expediente
11001-03-15-000-2020-00266-00 (REV), sentencia de 29 de abril de 2015, expediente 26239.
6
Radicación: 11001-33-31-036-2007-00032-01 (49.848)
Actor: José Enrique Contreras Hernández
Demandado: Contraloría General de la República
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Asunto: Sentencia
(i) Que los documentos sean recobrados10 después de dictada la sentencia, lo cual
quiere decir que aquellos existían al momento de proferirse el fallo objeto de
revisión; no obstante, llegaron al poder del recurrente con posterioridad a esa
oportunidad procesal.
(ii) Los documentos deben tener carácter decisivo para resolver la contienda, esto
es, se debe tratar de pruebas que tengan la entidad suficiente que, de haber
obrado en el expediente y valoradas en conjunto con el total del acervo probatorio,
el sentido de la decisión hubiera sido diferente.
(iii) Que el recurrente no haya podido aportar tales documentos al proceso, bien
sea por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte
contraria.
29. Precisando lo anterior, en torno a la prueba recobrada, esta Corporación ha
manifestado, que “no se refiere a cualquier tipo de documentos, sino a aquellos
que se hubieren recobrado, es decir, que ya existían con anterioridad al proceso,
pero estuvieron refundidos y por ello no llegaron al conocimiento del juez” 11.
30. Por su lado, los supuestos establecidos en el numeral (iii) imponen
determinar: a) en qué momento se ocultó o extravió la respectiva prueba
documental y b) cuándo el interesado supo de su existencia o esta reapareció,
luego de estar perdida.
31. Frente a la condición del numeral (i) no existe discusión, dado que el
legislador estableció de manera expresa que debe darse “después de dictada la
sentencia”, es decir, el elemento de juicio se debe conocer o encontrar luego de
terminado el proceso.
32. En cuanto al momento en el que la prueba documental debió ocultarse o
perderse, la Sala considera que debe recurrirse al contenido del numeral 1 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto prevé que debe tratarse de
elementos “que el recurrente no pudo aportar (…) al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
33. Así las cosas, para los fines analizados es necesario que hubiese existido la
posibilidad de aportar la prueba documental al proceso pertinente, lo que implica
la existencia de la prueba, por lo menos, para el momento en el que se podía
proceder de conformidad, pero que no se hizo, porque además de estar oculta o
10
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 22 de noviembre de 2017, expediente
con número de radicación 44001-33-31-002-2005-00969-01(47691) “es viable hablar de prueba recobrada
cuando ésta inicialmente se encuentra extraviada o refundida y luego se recupera y, por ello, el demandante
no estuvo en condiciones de aportarla al proceso. El verbo ‘recobrar’ implica que se hubiere perdido algo que
más tarde se recupera”.
11
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de noviembre de 2017, expediente
47.691.
7
Radicación: 11001-33-31-036-2007-00032-01 (49.848)
Actor: José Enrique Contreras Hernández
Demandado: Contraloría General de la República
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Asunto: Sentencia
perdida, el afectado no podía descubrirla o recuperarla por fuerza mayor, caso
fortuito o por obra de la parte contraria.
34. De este modo, no es posible aducir en sede de revisión extraordinaria,
aunque se extravíen, pruebas documentales producidas o generadas luego de la
extinción de la oportunidad para pedir pruebas en el proceso ordinario pertinente,
dado que las reglas previstas en el numeral 1 del artículo 250 ejusdem implican,
se insiste, que se trate de documentos que pudieron allegarse, pero que esto no
se hizo por no haber sido encontradas o recobradas para ese instante, sin que
bajo tal supuesto sea posible admitir que la inexistencia de la prueba es una justa
causa para no haberla aportado.
35. Sobre la preexistencia de la prueba recobrada, la Subsección en sentencia
del 4 de junio de 2021 12 , reiterada el 8 de noviembre de ese mismo año 13 ,
sostuvo:
“La jurisprudencia ha entendido que se trata de un documento
preexistente al momento de proferir la sentencia, pero que el
demandante sólo lo obtuvo después de vencido el término de ejecutoria,
es decir, para considerar que una prueba es recobrada es necesario
tener como referente temporal la sentencia atacada, respecto a la cual
la prueba debe preexistir, pero el demandante solo la obtuvo con
posterioridad”.
36. La Sala en tales pronunciamientos argumentó que la prueba documental
encontrada o recobrada debía ser preexistente al fallo objeto de controversia;
frente a lo cual se considera necesario aclarar que, en todo caso, los documentos
que se invoquen para tal fin debieron haberse generado o elaborado, por lo
menos, para la fecha de extinción del término para aportarlos.
37. El criterio expuesto –el de la preexistencia de las documentales por lo menos
para el vencimiento de la oportunidad para aportarlas– ha sido acogido en
diversas oportunidades, tanto en materia contencioso administrativa14 como en la
jurisdicción ordinaria, según se explicará a continuación.
38. En concreto, esta Corporación, a través de su Sala Veinticinco Especial de
Decisión, en sentencia del 6 de agosto de 2019, señaló que, para efectos de la
causal primera de revisión, la prueba debe existir por lo menos para el
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 4
de junio de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 33.977.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8
de noviembre de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 51.617.
14
Al respecto, ver las siguientes decisiones proferidas por las Secciones del Consejo de Estado: i) Sección
Primera, sentencia de 18 de octubre de 2005, C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, exp: 1999-00197-
01(REV), ii) Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 30 de septiembre de 2021, C.P: Carmelo Perdomo
Cuéter, exp: 2816-15 iii) Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 29 de noviembre de 2019, C.P: Jaime
Enrique Rodríguez Navas, exp: 45.187 y v) Sección Quinta, sentencia de 6 de mayo de 2021, C.P: Rocío
Araújo Oñate, exp: 2021-00012 (REV).
8
Radicación: 11001-33-31-036-2007-00032-01 (49.848)
Actor: José Enrique Contreras Hernández
Demandado: Contraloría General de la República
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Asunto: Sentencia
vencimiento de la oportunidad para aportarla, distinto es que se pierda o
permanezca oculta hasta después del fallo15:
“3) El documento debe existir desde el momento en que se presentó la
demanda o por lo menos cuando venza la última oportunidad para
aportar pruebas, por lo que no resulta admisible la prueba que se
encuentre o configure después de pronunciada la sentencia. Por lo
expuesto, la norma utiliza la expresión ‘recobrada’, es decir, recuperada,
pues no es lo mismo recobrar una prueba que producirla o mejorarla,
por cuanto no es esa la finalidad del recurso extraordinario de revisión,
porque, de lo contrario, como bien lo explica la doctrina no habría jamás
cosa juzgada” (se destaca).
39. Luego, en un asunto de conocimiento de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto de ponente del 8 de marzo
de 2021, con ponencia de uno de los integrantes de esta Subsección, se indicó
que debe tratarse de pruebas documentales recobradas luego del fallo y que no
pudieron aportarse oportunamente al proceso, lo que supone su existencia, por lo
menos, para el momento en el que se extinguió la posibilidad de allegarlas:
“I) la prueba debe ser documental, de modo que, queda excluida la
posibilidad de estructurar la causal con fundamento en otros medios de
probatorios; (ii) La prueba documental debe ser recobrada después de
la sentencia objeto de revisión, es decir, que la prueba existía al tiempo
de dictarse el fallo, pero no se pudo aportar oportunamente por las
razones definidas en la ley y, luego de terminado el proceso, se logró
conseguir”16 (se destaca).
40. A su vez, esta Corporación -Sala Quinta Especial de Decisión-, en sentencia
del 31 de mayo de 202117, se refirió a las pruebas documentales que no pudieron
aportarse oportunamente al proceso y fueron recobradas después del fallo:
“La causal únicamente admite la aparición de pruebas documentales
después de proferida la sentencia, que de haber existido durante el
trámite del proceso cuestionado, habría sido otra la decisión, es decir,
solo resultan admisibles aquellos medios probatorios documentales con
vocación de hacer variar el sentido de la decisión y que no hayan
podido ser aportados en el momento procesal correspondiente por
causas de fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
41. La Corte Suprema de Justicia ha considerado que, en efecto, se debe tratar
de pruebas existentes al cierre de la oportunidad para aportarlas. Al respecto, en
providencia del 11 de noviembre de 2021, explicó18
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de Decisión,
sentencia de 6 de agosto de 2019, exp: 2018-01118-00(REV).
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 8 de marzo de 2021, C.P: José
Roberto Sáchica Méndez, exp: 2019-05053-00(REV).
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de mayo de 2021, C.P: Milton
Chávez García, exp: 2020-00215-00(REV).
18
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 11 de noviembre de 2021, M.P: Hilda
González Neira, exp; SC4669-2021.
9
Radicación: 11001-33-31-036-2007-00032-01 (49.848)
Actor: José Enrique Contreras Hernández
Demandado: Contraloría General de la República
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Asunto: Sentencia
“El impugnante debe acreditar que encontró, después de pronunciada la
sentencia materia de revisión, una prueba de linaje documental, no de
otra índole, en el entendido de que ella debió existir desde el momento
mismo en que se presentó la demanda, o por lo menos desde el
vencimiento de la última oportunidad procesal para aportar pruebas
(…)19 (se destaca).
42. En suma, la causal establecida en el numeral 1 del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011 impone que se encuentren o recobren luego del fallo, documentos
decisivos y existentes por lo menos para la última la oportunidad para aportarlos,
sin que ello hubiese sido posible por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la
contraparte.
Análisis de la causal invocada
43. En el recurso extraordinario de revisión se manifestó que fueron “recobradas”
unas actas que existían previamente a la expedición del fallo recurrido, pero que
no pudieron ser allegadas al proceso ordinario debido a un actuar atribuible a la
contraparte, documentos que tienen la entidad suficiente de cambiar el sentido de
la decisión del 15 de diciembre de 2011.
44. Es deber del accionante en sede revisión, acreditar que la prueba que
sustenta la causal era preexistente y fue recobrada después de proferida la
sentencia impugnada, a la vez que no la pudo aportar por fuerza mayor, caso
fortuito u obra de la contraparte. Por tanto, se excluyen la culpa propia, la
negligencia o la desidia o, incluso, la decisión propia de no aportarlas en el
momento procesal que correspondía, pues en tales hipótesis se considera que, la
prueba que se encontraba en poder del recurrente o estaba bajo su
discrecionalidad obtenerla antes de proferirse la sentencia, no se puede hablar de
una prueba recobrada.
45. En el caso bajo estudio, las actas de las reuniones del Comité de Prima
Técnica y sus soportes a que se refiere la parte actora corresponden a los años
2003, 2004, 2005 y 2006, esto es, anteriores al 13 de febrero de 200720, fecha en
la que se radicó la demanda de reparación directa que dio origen al proceso de la
referencia.
46. En el presente caso, los documentos analizados son anteriores y
preexistentes al momento de interponerse la demanda ordinaria y a las
oportunidades para pedir pruebas en el proceso de reparación directa, pero no
estaban extraviados, ocultos o refundidos para ese momento, de ahí que lo que le
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El anterior criterio también se expuso en sentencia del 28 de noviembre de 2011: “De lo expuesto se
desprende que (…) es inmanente a la causal primera de revisión la preexistencia del documento que
permaneció oculto al momento mismo en que se presentó la demanda, o por lo menos desde el vencimiento
de la última oportunidad procesal para aportar pruebas, puesto que no se trata de avalar su creación
sobreviniente, sino de remediar la imposibilidad de su incorporación oportuna al plenario (…)” (se destaca).
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 28 de noviembre de 2011, M.P: Arturo
Solarte Rodríguez, exp: 2008-01847.
20
Folio 12 del cuaderno 1 del expediente ordinario.
10
Radicación: 11001-33-31-036-2007-00032-01 (49.848)
Actor: José Enrique Contreras Hernández
Demandado: Contraloría General de la República
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Asunto: Sentencia
correspondía al recurrente era solicitar su práctica oportunamente.
47. Ténganse en cuenta que, no obra prueba de que el recurrente no haya tenido
la posibilidad de acceder a los mismos antes de la presentación de la demanda;
por el contrario, la evidencia indica que fueron recobradas a través de un derecho
de petición, de lo cual se infiere que el señor José Enrique Contreras Hernández
ha podido tener a su alcance las actas, inclusive desde antes de presentar la
demanda ordinaria o, en su defecto, pedir su decreto en el proceso ordinario, lo
cual no ocurrió.
48. Ahora, no puede dejar pasar la sala la mención que se hace en el recurso de
que tales actas no fueron aportadas por razón de la parte contraria, premisa que
no llega ni siquiera al estándar de una hipótesis, pues está desprovista de las
justificaciones y la prueba que la acredita.
49. En ese orden, por ejemplo, no se observan peticiones reiteras ante el
encargado de entregar las actas sin respuesta alguna, que permita concluir a la
Sala que fue por un obrar de la contra parte que no se pudo tener acceso a los
documentos.
50. Ahora, si ello hubiera sido así, -se reitera- el actor pudo ponerlo en
conocimiento del juez contencioso para que éste, incluso, bajo su facultad
oficiosa, hubiera solicitado a quien correspondiera que allegara los documentos al
proceso ordinario, pero se abstuvo de hacerlo, pues una vez revisada la demanda
de reparación directa, en el acápite de pruebas, no se encontró nada al respecto.
51. En rigor, el juez contencioso bien pudo adoptar las medidas necesarias con
miras a garantizar el decreto y prácticas de esas pruebas, pero, se insiste, la parte
actora guardó silencio con respecto a las actas que ahora dice haber recobrado,
aun cuando sostiene podrían resultar relevantes para el proceso de reparación
directa.
52. En criterio de la Subsección, resulta contrario al principio de lealtad procesal
que, en ejercicio del recurso extraordinario de revisión, se busque subsanar las
falencias probatorias del proceso ordinario, se pretenda hacer valer documentos
que no se incorporaron por omisión de la parte interesada y, por ende, se busque
sorprender a la parte contraria con elementos no debatidos y cuya valoración en
sede de revisión vulneraría el principio de seguridad jurídica.
53. Ahora, lo que se pone en evidencia es que lo que se pretende es dar
continuidad al debate primigenio de reparación directa, pues los argumentos del
recurso dejan ver la inconformidad del recurrente frente a lo resuelto en el fallo
objeto del recurso, sin que con ello se oculte la propia culpa frente al recaudo del
material probatorio.
54. Por lo expuesto, se impone concluir que la causal 1° de revisión extraordinaria
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Radicación: 11001-33-31-036-2007-00032-01 (49.848)
Actor: José Enrique Contreras Hernández
Demandado: Contraloría General de la República
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Asunto: Sentencia
invocada no prospera y, en consecuencia, se declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión interpuesto.
Costas
55. El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
2021 21 , establece que “[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en
costas y perjuicios al recurrente”.
56. Así, el artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la
controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, en virtud del
numeral 4 del artículo 366 de la misma normativa, se fijan con observancia de las
tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 6 del
Acuerdo No. 1887 de 2003.
57. Adicionalmente, debe señalarse que, bajo las reglas del CGP, la condena en
costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de
la parte a la que se imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se
determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a
la parte a la que se le declara infundado el recurso extraordinario de revisión,
“siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan
a actuaciones autorizadas por la ley”22.
58. En este caso, la Contraloría General de la República actuó a través de
apoderado, para contestar la demanda23. Así, atendiendo a la naturaleza, calidad
y gestión desarrollada por el profesional del derecho, se tasará a favor del ente
demandado, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a tres (3)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
59. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sección Tercera,
Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE
21
Si bien el asunto de la referencia se formuló con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, lo cierto
es que la misma es una norma de aplicación inmediata y a futuro, sin que se configure alguno de los
supuestos contemplados en el artículo 86 de ésta ley para aplicar la norma anterior a la reforma.
22
De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala
fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que
haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que
tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la
condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el
propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden
asumirse como una sanción en su contra”. Sentencia C-157/13. MP. Mauricio González Cuervo.
23
Folios 82 a 94 del cuaderno principal.
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Radicación: 11001-33-31-036-2007-00032-01 (49.848)
Actor: José Enrique Contreras Hernández
Demandado: Contraloría General de la República
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Asunto: Sentencia
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, Subsección A el 15 de
diciembre de 2011, dentro del expediente radicado bajo el número 11001-33-31-
036-2007-00032-01.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante; FIJAR como agencias
en derecho a cargo de la parte recurrente y a favor de la Contraloría General de la
República la suma equivalente de tres (3) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Por Secretaría, LIQUIDAR lo
correspondiente.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF
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