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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-33-31-036-2007-00222-01

Judicial: se configura o materializa a través de una providencia proferida en

Fecha
13 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-33-31-036-2007-00222-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C. SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la señora Doris Martha Saavedra Henao. TERCERO: Sin condena en costas. 32 Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663) Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros Referencia: Acción de Reparación Directa CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-33-31-036-2007-00222-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

13 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)

Actor: GUILLERMO AUGUSTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Y OTROS

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – ERROR
JUDICIAL – se configura o materializa a través de una providencia proferida en
ejercicio de la función de impartir justicia, por medio de la cual se interpreta, se
declara o se hace efectivo el derecho / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA – en asuntos de error judicial se encuentra legitimado en la causa quien
goza de la calidad de sujeto procesal y/o frente a quien se proyectan los efectos de
la decisión / PRESUPUESTOS DEL ERROR JUDICIAL – La falta de agotamiento
de los medios de impugnación que tienen las partes y terceros dentro de un
proceso, configura la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la
víctima / FUERO DE ATRACCIÓN – Posibilidad del juez de lo contencioso
administrativo de conocer pretensiones formuladas en contra del Estado y de
particulares – no se probó la omisión imputada al liquidador.

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por los señores
Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez, Aníbal y Henry Castro Escamilla contra
la sentencia del 30 de septiembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que negó las pretensiones de
las demandas acumuladas.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora demanda un supuesto “error y defectuoso funcionamiento
jurisdiccional” derivado de las providencias mediante las cuales se negó el pago
preferencial de los honorarios de asesoría causados a favor de los demandantes
dentro del proceso de liquidación obligatoria de la sociedad Textiles Nylon S.A., así
como, de las omisiones que imposibilitaron su pago durante el trámite concursal.

Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)
Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

II. ANTECEDENTES

1. Demandas acumuladas

En escritos presentados el 16 de agosto de 2007, la sociedad JAHV McGregor
S.A.S. Auditores y Consultores (fls. 6 – 41, c. 1) y los señores Guillermo Augusto
Rodríguez Rodríguez (fls. 1 – 35, c. 1A), Aníbal (fls. 3 – 40, c. 1B) y Henry Castro
Escamilla (fls. 3 – 36, c. 1C), presentaron demanda de reparación directa contra la
Superintendencia de Sociedades y los auxiliares de la justicia Doris Martha
Saavedra Henao y Guillermo Castilla Coral Henao, con el fin de que se les declare
patrimonialmente responsables de los perjuicios ocasionados con “el error y
defectuoso funcionamiento jurisdiccional” en que incurrieron dentro del proceso de
liquidación obligatoria de la sociedad Textiles Nylon S.A., con las decisiones
adoptadas mediante los autos Nos. 441-05020 del 17 de marzo de 2003, 441-
011385 del 27 de junio de 2003 y 441-012548 del 17 de agosto de 2005, que
negaron el pago de manera preferencial de los honorarios correspondientes a la
“auditoría” (sic1) realizada por la sociedad JAHV McGregor S.A.S., así como de
aquellos atribuibles a los demás demandantes en su calidad de asesores del
liquidador.

1.1. Pretensiones

Como consecuencia de la declaración anterior, en las demandas acumuladas se
solicitó lo siguiente:

Proceso de radicación 2007-00222-01

La sociedad JAHV McGregor S.A.S. Auditores y Consultores solicitó como
indemnización de perjuicios morales la suma equivalente a 400 SMLMV. Asimismo,
pidió por concepto de perjuicios materiales la suma de $172’761.000, derivada de
las funciones de revisoría fiscal ejercidas a partir de su elección con el acta No. 94
del 21 de julio de 1997, junto con los intereses corrientes, moratorios y la indexación
que se cause sobre ese monto desde el 30 de septiembre de 2002 hasta el día de
su pago.

1 Según el acta No. 94 del 21 de julio de 1997, la sociedad demandante fue designada como revisora

fiscal durante el proceso de liquidación (fls. 94 – 96, c. 1).

2

Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)
Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

Proceso de radicación 2007-00223-00

El señor Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez solicitó como indemnización de
perjuicios morales la suma equivalente a 400 SMLMV. Asimismo, pidió por
concepto de perjuicios materiales la suma de $47’318.602, derivada del contrato de
prestación de servicios suscrito el 5 de marzo de 1997 con la liquidadora Doris
Martha Saavedra Henao, junto con los intereses corrientes, moratorios y la
indexación que se cause sobre ese monto desde el 30 de septiembre de 2002 hasta
el día de su pago.

Proceso de radicación 2007-00226-00

El señor Aníbal Castro Escamilla solicitó como indemnización de perjuicios morales
la suma equivalente a 400 SMLMV. Asimismo, pidió por perjuicios materiales la
suma de $21’074.300, por concepto de los honorarios insolutos derivados del
contrato de prestación de servicios celebrado el 11 de noviembre de 1999 y el otrosí
del 9 de mayo de 2003, suscritos con la liquidadora Doris Martha Saavedra Henao,
junto con los intereses corrientes, moratorios y la indexación que se cause sobre
ese monto desde el 9 de mayo de 2003, hasta el día de su pago.

Proceso de radicación 2007-00245-00

El señor Henry Castro Escamilla también solicitó la suma equivalente a 400 SMLMV
como indemnización de perjuicios morales. Asimismo, pidió por concepto de
perjuicios materiales la suma de $33’043.499, que corresponde al 50% de los
honorarios adeudados del contrato de prestación de servicios suscrito por aquél y
el señor Isodoro Arévalo Buitrago con la liquidadora Doris Martha Saavedra Henao
el 15 de diciembre de 1996, junto con los intereses corrientes, moratorios y la
indexación que se cause sobre ese monto desde el 30 de septiembre de 2002 hasta
el día de su pago.

1.2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones, en resumen, se narraron los
siguientes hechos:

3

Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)
Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

Tras el fracaso del concordato preventivo obligatorio adelantado por la sociedad
Textiles Nylon S.A. con sus acreedores, el 2 de enero de 1997, la Superintendencia
de Sociedades decretó la apertura de la liquidación obligatoria de la mencionada
sociedad y designó como liquidadora a la señora Doris Martha Saavedra Henao.

En el ejercicio de su cargo, la referida liquidadora contrató a varios asesores, entre
ellos, a los señores Aníbal y Henry Castro Escamilla, para que prestaran asesoría
jurídica durante el proceso de liquidación, así como al señor Guillermo Augusto
Rodríguez Rodríguez, quien prestó asesoría en asuntos contables; a la vez que, la
junta de socios designó como “auditora” (sic2) a la sociedad JAHV McGregor S.A.S.
Auditores y Consultores. Sin embargo, ante la falta de ingresos de la sociedad
concursada, cesó el pago de los honorarios acordados con los demandantes.

En el transcurso del proceso concursal, la liquidadora Doris Martha Saavedra
Henao realizó la graduación y calificación de los créditos y determinó el plan de
pagos de los acreedores de Textiles Nylon S.A., a través de la figura de cesión de
bienes de la sociedad, dando prelación al pago de los gastos de administración.

Mediante auto No. 441-05020 del 17 de marzo de 2003, la Superintendencia de
Sociedades asumió temporalmente las funciones de la junta asesora de la
liquidación y determinó que las acreencias de la concursada se pagarían conforme
a los criterios de la sentencia T-458 de 1997; por lo tanto, las obligaciones
pensionales y laborales se cancelarían preferentemente sobre los gastos de
administración. La entidad estableció que los honorarios de los asesores de la
liquidación serían cancelados con los derechos litigiosos, luego de la aprobación
de las cuentas finales del liquidador.

En auto No. 441-011385 del 27 de junio de 2003, la Superintendencia de
Sociedades resolvió algunos recursos de reposición interpuestos por acreedores
laborales contra el auto del 17 de marzo anterior y modificó de oficio la fórmula de
pago. Estableció que el pago de los honorarios de los asesores de la liquidación se
provisionaría con “remanentes de maquinaria y repuestos, muebles y enseres,
mercancía para la venta, equipo de cómputo, cuentas por cobrar líquida. Y otras
cuentas por cobrar”.

2 Si bien en la demanda se afirma que la sociedad JAHV McGregor ejerció funciones de auditoría,

su designación realmente fue como revisora fiscal, así se desprende del acta No. 94 del 21 de julio
de 1997, mediante la cual se realizó dicha designación (fls. 94 – 96, c. 1).

4

Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)
Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

Mediante auto del 25 de octubre de 2004, la Superintendencia de Sociedades
improbó la gestión de la liquidadora Doris Martha Saavedra Henao y la removió de
su cargo. En su reemplazo designó al señor Guillermo Castilla Coral.

El 9 de junio de 2005, el liquidador presentó ante la Superintendencia la rendición
final de cuentas de la sociedad liquidada, pero omitió incluir el pago de los
honorarios de los asesores. El liquidador no actuó conforme al artículo 197 de la
Ley 222 de 1995, que establece que los gastos de administración surgidos en el
trámite liquidatorio deben pagarse de manera preferencial.

Mediante auto No. 441-012548 de 17 de agosto de 2005, la Superintendencia de
Sociedades aprobó la liquidación de la sociedad Textiles Nylon S.A. con base en la
rendición final de cuentas presentada por el liquidador, que no incluía el pago de
los honorarios de los demandantes.

La parte actora señaló que el liquidador Guillermo Castilla Coral es responsable por
incurrir en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por cuanto
omitió hacer la asignación para el pago de los honorarios de los demandantes e
incluir tal acreencia en el informe final de rendición de cuentas.

En cuanto a la Superintendencia de Sociedades, indicó que incurrió en error judicial
en los autos Nos. 441-05020 del 17 de marzo de 2003 y 441-011385 del 27 de junio
de 2003, dado que no ordenó que el pago de los honorarios del demandante se
hiciera de manera preferencial conforme al artículo 197 de la Ley 222 de 1995;
asimismo, reprochó que en el auto No. 441-012548 de 17 de agosto de 2005, la
Superintendencia hubiera excluido definitivamente el pago de los honorarios
causados a favor de los asesores, a pesar de haberlos previsto en los autos
anteriores.

Con todo, concluyó que el trámite liquidatorio de la sociedad Textiles Nylon S.A.
evidenciaba una cadena de errores que transgredió los artículos 161 y 197 de la
Ley 222 de 1995 y 230 de la Constitución Política.

2. El trámite de primera instancia

2.1. Las demandas fueron admitidas por los juzgados administrativos que
conocieron en primera instancia, mediante autos del 21 de agosto (fls. 100 – 101,

5

Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)
Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

c. 1) 25 de septiembre (fl. 43, c. 1C), 30 de octubre de 2007 (fl. 38, c. 1A) y 8 de
abril de 2008 (fl. 47, c. 1B), quedando todas acumuladas al proceso de radicación
2007-00222 de conocimiento del Juzgado 36 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, el 5 de octubre de 2010 (fls. 327 – 329, c. 1).

2.2. El 21 de febrero de 2012, el Juzgado 36 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá profirió sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones de
la demanda (fls. 309 – 325, c. 2), decisión que fue apelada por la parte actora (fls.
327 – 343, c. 2).

2.3. Estando el proceso pendiente de proferir sentencia de segunda instancia, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
descongestión, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de los autos que
admitieron las demandas, dejando a salvo las pruebas practicadas, debido a la falta
de competencia funcional del Juzgado 36 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá para conocer de los procesos de responsabilidad por administración de
justicia (fls. 153 – 156, c. 3).

2.4. En auto del 5 de febrero de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
admitió la demanda (fls. 158 – 159, c. 3) y el 3 de diciembre siguiente decretó la
acumulación de los diferentes procesos (fls. 216 – 217, c. 3).

2.5. Notificado en debida forma el auto admisorio (fls. 162 – 163, 237, 243 - 245 c.
3) las demandadas presentaron los siguientes planteamientos de defensa:

2.5.1. La Superintendencia de Sociedades se opuso a las pretensiones de la
demanda. En primer lugar, señaló que los demandantes no interpusieron recurso
alguno contra los autos cuestionados ni tampoco presentaron objeciones al informe
de cuentas finales rendido por el liquidador Guillermo Castilla; asimismo, manifestó
que realizó la clasificación y graduación de las acreencias de acuerdo con los
postulados constitucionales que dan prelación al pago de las acreencias laborales
y pensionales, por encima de los gastos de administración, por lo que el artículo
197 de la Ley 222 de 1995 era inaplicable, al igual que el artículo 161 ibidem, puesto
que aquél solo era oponible a los procesos concordatarios (fls. 164 – 181, c. 3).

2.5.2. La señora Doris Martha Saavedra Henao dio contestación al libelo a través
de curador ad-litem para oponerse igualmente a las pretensiones, por considerar

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Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)
Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

que cumplió a cabalidad sus funciones de liquidadora de la sociedad Textiles Nylon
S.A. mientras estuvo en el cargo, sin que durante ese lapso se hubiera afectado el
pago de los honorarios que reclaman los demandantes (fls. 262 – 266, c. 3).

2.5.3. El señor Guillermo Castilla Coral indicó que actuó en cumplimiento de la
Constitución y la ley, al asegurar los derechos de las personas de la tercera edad;
además, señaló que los demandantes omitieron interponer los recursos procesales,
de ahí que el daño hubiera obedecido a su propia culpa. Formuló la excepción de
caducidad de la acción, debido a que la decisión cuestionada se profirió en el 2003
(fls. 1 – 18, c. 8).

2.6. Surtido el período probatorio, el 9 de octubre de 2018, el a quo corrió traslado
a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera
concepto (fl. 596, c. 3).

La Superintendencia de Sociedades reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda (fls. 297 – 299, c. 3); mientras que la parte actora
presentó los alegatos de conclusión de manera extemporánea (fls. 300 – 376, c. 3).

Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

2.7. El 2 de noviembre de 2018, la sociedad JAHV McGregor S.A.S. Auditores y
Consultores otorgó poder a un nuevo abogado y solicitó la nulidad del proceso, por
considerar vulnerado su derecho de defensa técnica, en virtud del abandono del
proceso por parte del apoderado judicial que hasta ese momento había
representado a la totalidad de los miembros de la parte actora (fls. 379 – 384, c. 3),
la cual fue negada por el Tribunal a quo, en auto del 10 de septiembre de 2019,
debido a que no se fundamentó en las causales de nulidad previstas en el artículo
140 del CPC, sino en actuaciones de la misma parte (fls. 402 – 404, c. 3).

3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, negó
las pretensiones de la demanda.

De manera introductoria, estimó que la acción no se encontraba caducada, por
cuanto el proceso concursal se declaró terminado mediante el auto No. 441-012548

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Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)
Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

de 17 de agosto de 2005 y la demanda fue presentada el 16 de agosto de 2007.
Así mismo, definió que el presente asunto debía analizarse bajo el título jurídico de
imputación de error judicial, por cuanto se reprocha el supuesto yerro contenido en
los autos Nos. 441-05020 del 17 de marzo de 2003, 441-011385 del 27 de junio de
2003 y 441-012548 del 17 de agosto de 2005.

Seguidamente, explicó que no se cumplió con los presupuestos para la declaración
de responsabilidad del Estado bajo el título de atribución de error judicial, debido a
que ninguna de las providencias cuestionadas fue recurrida por los demandantes,
pese a que resultaban procedentes los recursos de reposición y apelación, de
conformidad con el artículo 224 de la Ley 222 de 1995.

En línea con lo anterior, sostuvo que la interposición de los recursos ordinarios
busca enmendar los errores en que hubiera podido incurrir la administración de
justicia. Por esta razón, si no se agotan tales medios de defensa, el perjuicio
acontece por la negligencia del interesado y no por el error judicial, configurándose
la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, tal como lo
dispone el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 (fls. 411 – 422, c. ppal.).

4. Recurso de apelación

Inconformes con la decisión anterior, los demandantes Guillermo Augusto
Rodríguez Rodríguez, Aníbal y Henry Castro Escamilla interpusieron recurso de
apelación, por considerar que el Tribunal a quo incurrió en un yerro al presumir que
eran acreedores de la sociedad concursada y se les podía exigir la interposición de
los recursos ordinarios en contra de las decisiones cuestionadas.

Al respecto, explicaron que prestaron sus servicios como asesores del liquidador,
desarrollando las funciones necesarias para el desarrollo del proceso liquidatorio,
por lo que eran “acreedores privilegiados post”, que tiene prelación sobre la masa
de liquidación, razón por la que “no comparecen dentro de las fechas límites que
se fijan en el trámite liquidatorio para que concurran para hacer valer sus acreencias
(…) por esa razón no estaban obligados a interponer recursos”.

Seguidamente, adujeron que el a quo se limitó a analizar el supuesto de
responsabilidad de error judicial, sin pronunciarse sobre el daño antijurídico,
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y aplicar el principio iura

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Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)
Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

novit curia, alegados en el escrito inicial. Por esta razón, transcribieron en su
integridad los hechos y fundamentos de las demandas, para insistir en las
imputaciones de responsabilidad formuladas.

Resaltaron que la imposibilidad de impugnar los autos de la Superintendencia y del
liquidador obedece a que el artículo 148 de la Ley 446 de 1998 establece que “los
actos que dicten las superintendencias en ejercicio de sus facultades
jurisdiccionales no tendrán acción o recurso ante las autoridades judiciales”.
Adicionalmente, indicaron que no eran “acreedores ni trabajadores” de la sociedad,
razón por la cual no tenían facultad para impugnar el auto que establecía que los
honorarios de los asesores se debían cancelar con los remanentes de las cuentas
por cobrar. Los honorarios debieron pagarse preferentemente según el artículo 197
de la ley 222 de 1995 (fls. 424 – 462, c. ppal.).

El anterior recurso fue concedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
el 21 de enero de 2021 (fl. 464, c. ppal.) y remitido al Consejo de Estado para su
trámite mediante oficio del 24 de febrero del mismo año (fl. 466, c. ppal.).

5. Trámite en segunda instancia

5.1. En proveído del 20 de abril de 2021, esta Corporación admitió el recurso de
apelación (fl. 469, c. ppal.) y el 4 de junio siguiente, corrió traslado a las partes para
que presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiera
concepto (fl. 471, c. ppal.).

Los recurrentes reiteraron en su integridad los argumentos esgrimidos en la
apelación (Samai, índice 14), mientras que la Superintendencia de Sociedades
insistió en que su actuación estuvo ajustada a derecho y agregó que la falta de
interposición de los recursos ordinarios contra las providencias que se acusan
contentivas de un yerro configura la causal eximente de responsabilidad de culpa
exclusiva de la víctima (Samai, índice 15).

Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

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Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)
Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia,
habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y
las consideraciones de la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de
septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación
directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada
en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en
segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso3.

Cabe recordar que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley 222 de
19954, en desarrollo del artículo 116 de la Constitución Política, el trámite de
liquidación obligatoria de una sociedad comercial constituye un verdadero proceso
judicial en el que la Superintendencia de Sociedades emite decisiones
jurisdiccionales. En tal sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T- 803 de
2004, con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, expuso:

Queda entonces claro que la Superintendencia de Sociedades, entidad
administrativa de orden nacional encargada de la inspección, vigilancia y
control de las sociedades no vigiladas por otras Superintendencias,
desempeña funciones de tipo jurisdiccional en el desarrollo de procesos de
liquidación obligatoria de sociedades mercantiles, y que sus decisiones, por
lo tanto, constituyen providencias judiciales, lo que indica que,
eventualmente, éstas pueden llegar a constituir vías de hecho y pueden ser
impugnadas mediante el ejercicio de la acción de tutela.

De acuerdo con lo anterior, en razón a que la parte actora pretende que en este
asunto se declare la responsabilidad extracontractual de la Superintendencia de
Sociedades por las decisiones relacionadas con el pago de los gastos de
administración que fueron adoptadas en el curso del proceso liquidatorio de una
sociedad comercial, la Subsección estima que la imputación señalada por esta se
encuadra en uno de los títulos de imputación derivados de la prestación del servicio
público de administración de justicia, consagrados en la Ley 270 de 1996, por lo

3 Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo

de Estado, exp.11001-03-26-000-2008-00009-00. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
4 Se destaca que la Ley 1116 de 2006 no resulta aplicable al caso concreto en virtud de lo normado

en el artículo 117 de tal disposición.

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Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)
Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

que el conflicto, como fue mencionado, es de competencia de esta Corporación en
segunda instancia.

Aunado a lo anterior, esta jurisdicción es competente para definir la responsabilidad
de los auxiliares de la justicia Doris Martha Saavedra Henao y Guillermo Castilla
Coral Henao, en virtud del fuero de atracción, toda vez que la imputación del daño
de manera conjunta en contra de la entidad de derecho público y los particulares,
está razonablemente fundada. De tiempo atrás5, se ha comprendido que si bien el
juez natural de la responsabilidad extracontractual de los particulares es la
jurisdicción ordinaria, en algunos casos excepcionales, esta jurisdicción es
competente para dirimir las controversias en las cuales el daño antijurídico sea
imputado conjuntamente tanto a una entidad pública como a un particular, con “una
carga mínima de razonabilidad en cuanto a la probable condena en contra de la
entidad estatal”6, escenario en el que este último resulta atraído al proceso de
reparación directa y queda sujeto a la decisión definitiva adoptada por esta
jurisdicción.

Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró:

[E]n relación con el factor de conexión –el cual, como se advierte, es el que da
lugar a la aplicación del denominado “fuero de atracción”– (…) su operatividad
resulta procedente siempre y cuando desde la formulación de las pretensiones
y la presentación del soporte probatorio de las mismas en el libelo contentivo
de la demanda, pueda inferirse que existe una probabilidad mínimamente seria
de que la entidad o entidades públicas demandadas, por cuya implicación en
la litis resultaría competente el juez administrativo, sean efectivamente
condenadas. Tal circunstancia es la que posibilita al mencionado juez
administrativo adquirir –y mantener– la competencia para fallar el asunto en lo
relativo a las pretensiones enderezadas contra aquellos sujetos no sometidos
a su jurisdicción –fuero de atracción–, incluso en el evento de resultar
absueltas, por ejemplo, las personas de derecho público, igualmente
demandadas, cuya vinculación a la litis determina que es la jurisdicción de lo
contencioso administrativo la llamada a conocer del pleito, atendidos los otros
cuatro factores atributivos de competencia recién referidos7.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 8 de marzo de 1979,

C.P. Jorge Valencia Arango; 5 de febrero de 1993, radicación No. CE-SEC3-EXP1993-N7506, C.P.
Carlos Betancur Jaramillo; 27 de octubre de 1994, radicación No. CE-SEC3-EXP1994-N10007, C.P.
Julio César Uribe Acosta; 8 de octubre de 1998, radicación No. CE-SEC3-EXP1998-N15392, C.P.
Daniel Suárez Hernández.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 15 de julio de 2022, radicación No. 54001-23-31-000-2004-01294-01 (48582), con
ponencia de la magistrada que funge en igual condición en esta providencia.
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2007, rad. 15.526, M.P.

Mauricio Fajardo Gómez, reiterada luego en la sentencia de 18 de julio de 2012, rad. 23.928 con
ponencia del mismo magistrado.

11

Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)
Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

Esta asunción de la competencia no es de carácter provisional y no se encuentra
supeditada al éxito de las pretensiones incoadas en contra de la entidad pública,
incluso cuando esta sea absuelta, pues, el juez contencioso administrativo conserva
la competencia para definir la responsabilidad del particular involucrado8, bajo los
parámetros de la responsabilidad civil, conforme al principio de la perpetuatio
jurisdictionis. Sobre este aspecto, la jurisprudencia de esta Corporación9 ha
establecido sobre ello lo siguiente:

Una vez atraída la competencia para decidir la responsabilidad de la persona
privada, aquella “se adquiere de forma definitiva y no provisional ni
condicionada, en aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis,
lo que significa que no está sujeta a la prosperidad de las pretensiones elevadas
en contra de la entidad pública, pero sí requiere de un fundamento jurídico y
fáctico sólido.

De todo lo expuesto se colige que la jurisdicción Contencioso Administrativa, y
concretamente el Consejo de Estado, es competente para conocer y decidir
integralmente el asunto. Sin embargo, en lo que atañe a las entidades privadas
atraídas, al momento de decidir sobre su responsabilidad, aquella debe ser
estudiada bajo las reglas del derecho privado, ya que el fuero de atracción
habilita la competencia, pero no muta el régimen de responsabilidad
aplicable.

En el caso concreto, la parte demandante formuló de manera simultánea y
concurrente pretensiones en contra de la Superintendencia y los auxiliares de la
justicia Doris Martha Saavedra Henao y Guillermo Castilla Coral Henao, por cuanto
consideró que en la producción del daño concurrieron causalmente. Así las cosas,
en virtud del fuero de atracción, esta jurisdicción tiene competencia para determinar
la responsabilidad de los particulares llamados a la presente acción, pero bajo las
normas del derecho privado, ya que el fuero de atracción no altera los parámetros
normativos sobre los cuales debe adelantarse el juicio de responsabilidad del
particular.

2. Oportunidad de la acción

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo,
modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de

agosto de 2002, radicación No. 70001-23-31-000-1994-04554-01(14357), C.P. Ricardo Hoyos
Duque; sentencia del 11 de diciembre de 2003, radicación No. 52001-23-31-000-1994-06270-
01(12916-13627), C.P. Ricardo Hoyos Duque; 7 de octubre de 2009, radicación No. 73001-23-31-
000-1998-01097-01(17315), C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Subsección B, sentencia del 5 de
diciembre de 2016, radicación No. 25000-23-26-000-2005-00996-01(38806), C.P. Danilo Rojas
Betancourth.
9 Consejo de Estado -Sección Tercera. Rad No. Radicación número: 25000-23-26-000-2002-00211-

01(44428) M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

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Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)
Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al
acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación
permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

Al lado de lo anterior, esta Sección ha indicado que cuando se discute la
responsabilidad del Estado por error jurisdiccional, si la persona afectada hizo parte
del proceso, el término de caducidad inicia a correr a partir del día siguiente de
aquel en que quedó en firme la providencia que supuestamente lo contiene, cuando
con esta se concreta el daño por el cual se demanda la reparación, pues, a partir
de ese momento la víctima tiene conocimiento del daño10; no obstante, si el daño
se produce o se materializa con posterioridad a la actuación judicial que le dio
origen, el término de caducidad comienza a correr desde que el afectado pudo
evidenciar su existencia o desde que este se manifiesta, dependiendo de las
circunstancias del caso concreto11.

Asimismo, no debe perderse de vista que, desde tiempo atrás, la jurisprudencia
pacífica y consolidada de esta Corporación ha sostenido que la caducidad de la
acción de reparación directa para reclamar la indemnización de los perjuicios
sufridos como consecuencia de la liquidación de sociedades se cuenta desde el
acto definitivo de liquidación, de ahí que se haya declarado la falta de certeza del
daño cuando se presenta la demanda antes de que ello ocurra 12. Al respecto, la
Sección Tercera ha considerado13:

(…) en estos eventos se ha establecido que el término de dos años previsto en
la ley no podrá empezar a contabilizarse a partir del “acaecimiento del hecho,
omisión y operación administrativa”, sino a partir del momento en que el daño
adquiere notoriedad14 -cuando esta última no coincide con la causación de

10 Al respecto, consultar, entre muchas otras, las siguientes decisiones: Consejo de Estado, Sala de

lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2016,
exp. 38.159, C.P.: Hernán Andrade Rincón; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de febrero de 2017, exp. 58.052,
C.P.: Hernán Andrade Rincón.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 24 de abril de 2020, exp. 59.096 y sentencia del 13 de agosto de 2020, exp. 64.070,
C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.
12 Sobre el particular, se puede consultar, entre otras, las siguientes decisiones: auto del 21 de julio

de 2017, exp. 56.356, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 29 de abril de 2020,
exp. 47.565, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencias del 13 de agosto y 10 de septiembre
de 2020, exps. 50.575 y 6.2018, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 8 de septiembre
de 2021, exp. 43.722, C.P. Martín Bermúdez Muñoz y sentencia del 28 de abril de 2021, exp. 48.436,
C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 7 de julio del 2005 y 5 de septiembre de

2006, exps. 14.691 y 4228, C.P. Alier Hernández Enríquez.
14 Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera,

sentencias de 30 de abril de 1997, exp. 11.350, C.P. Jesús María Carrillo; sentencia del 11 de mayo

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Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)
Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

aquel, es decir, cuando a pesar de haberse producido, la víctima se encuentra
en la imposibilidad de conocerlo15-, o cuando aquel se entiende consolidado –
en los eventos en que el daño se prolonga en el tiempo-, circunstancias que se
analizan teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

(…) Para la solución de los casos difíciles como los de los daños que se
agravan con el tiempo, o de aquellos que se producen sucesivamente, o de los
que son el resultado de hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima
prudencia para definir el término de caducidad de la acción de tal manera que
si bien dé aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de
seguridad jurídica, no omita por razones formales la reparación de los daños
que la merecen”16.

(…) Así lo advirtió esta Sala en sentencia del 26 de abril de 1984, en la que se
expresó, además, que la acción nace cuando se inicia la producción del daño
o cuando éste se actualiza o se concreta, y cesa cuando vence el término
indicado en la ley, aunque todavía subsistan sus efectos17.

En el presente asunto, pese a que los yerros atribuidos a la pasiva durante el trámite
liquidatorio se materializaron en diferentes decisiones judiciales, la caducidad no se
debe contar desde la finalización de cada etapa o la ejecutoria de cada decisión,
sino a partir de la clausura definitiva de dicho trámite, que es el momento en el que
los acreedores y asociados tienen certeza sobre su afectación económica.

Así, como el daño se concretó con el auto No. 441-012548 de 17 de agosto de
2005, mediante el cual la Superintendencia de Sociedades aprobó la rendición final
de cuentas y declaró la finalización del proceso liquidatorio que adelantó la
sociedad Textiles Nylon S.A., el término de caducidad se debe computar desde el
día siguiente a cuando dicha decisión cobró ejecutoria, en tanto aquella fue la que
hizo evidente que los créditos no iban a poder pagarse, precisamente, debido a que
el patrimonio de la sociedad liquidada no alcanzaba a cubrir todas las deudas.

De esta manera, como el auto No. 441-012548 de 17 de agosto de 2005, fue
notificado por estado del 19 de agosto siguiente18, es claro que la acción se ejerció
oportunamente, por cuanto las demandas acumuladas fueron presentadas el 16 de
agosto de 2007, esto es, dentro del término de dos años previsto por la ley.

de 2000, exp. 12.200, C.P. María Elena Giraldo; sentencia del 2 de marzo de 2006, expediente
15.785, C.P. María Elena Giraldo y 27 de abril de 2011, exp. 15.518, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
15 Auto de 9 de febrero de 2011, expediente 38.271, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 7 de

septiembre de 2000, expediente 13.126.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 18 de

octubre de 2000, exp. 12.228, C.P. Alier Hernández Enríquez, reiterado en sentencia del 26 de abril
de 2012, exp. 20.847, C.P. Hernán Andrade Rincón, y autos proferidos el 6 de agosto y 21 de octubre
de 2009, exps. 36.952 y 37.165, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
18 Como obra en el sello estampado en la última hoja de la providencia (fl. 176, c. 4).

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Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)
Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

3. La legitimación en la causa

3.1. En punto a la legitimación en la causa por activa en los eventos en los que se
depreca la responsabilidad del Estado con fundamento en daños ocasionados por
la administración de justicia, la Sala precisa que quienes están legitimados para
acudir a reclamar el daño son aquellos que: (i) gozan de la calidad de parte – víctima
directa- en el proceso en que se reprocha una falla en la administración de justicia
o, (ii) frente a quienes la actuación u omisión de la administración de justicia
proyecta sus efectos -víctimas indirectas-, por tener una relación con el proceso
judicial del que se reprocha la actuación estatal19.

Adicionalmente ha de considerarse que quienes tienen interés en un trámite de
liquidación obligatoria son todos los acreedores o titulares de derechos de crédito
a cargo de la sociedad concursada, que han concurrido al trámite para hacer
efectivo su reconocimiento y pago, en virtud del principio de universalidad que
caracteriza al proceso concursal.

Con estos derroteros, la Sala advierte que los demandantes se encuentran
legitimados en la causa por activa, por cuanto está demostrado que las acreencias
que reclaman como asesores de la liquidación fueron reconocidas en el plan de
pagos20 y la rendición final de cuentas que aprobó la Superintendencia de
Sociedades mediante los autos cuestionados.

3.2. La Superintendencia de Sociedades21 está legitimada en la causa por pasiva,
pues fue esa entidad la que en ejercicio de funciones jurisdiccionales
excepcionales22, adelantó el proceso de liquidación obligatoria de la sociedad

19 Ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 4 de noviembre de 2022,

exp. 53.873; sentencia de 17 de febrero de 2023, exp. 59.399; sentencia de 24 de abril de 2023,
exp. 56.673; sentencia de 1º de diciembre de 2023, exp. 65.453.
20 En escritos del 21 de diciembre de 2001 (fls. 100 – 120, c. 23), 8 de marzo de 2002 (fls. 168 - 183,

c. 23), 28 de agosto de 2002 (fls. 255 - 273, c. 23) y 10 de marzo de 2003 (fls. 76 – 94, c. 24), la
liquidadora Martha Saavedra Henao presentó proyectos de cesión de bienes y plan de pagos de la
sociedad en liquidación que incluían los honorarios de los asesores del liquidador, aquí
demandantes.
21 Decreto No. 1023 de 2012, “Artículo 1. Naturaleza, adscripción y objetivo. La Superintendencia

de Sociedades es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de
la República ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, así como las
facultades que le señala la ley en relación con otros entes, personas jurídicas y personas naturales”.
Se resalta
22 Con la expedición del Decreto 350 de 1989 “Por el cual se expide un nuevo régimen de los

concordatos preventivos”, el Presidente de la República concedió facultades jurisdiccionales a la
Superintendencia de Sociedades, competencia que, posteriormente, se ratificó mediante la

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Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)
Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

Textiles Nylon S.A., dentro del cual dictó las providencias que contienen el error
judicial alegado en la demanda.

3.3. De igual manera, el señor Guillermo Castilla Coral Henao tiene interés en el
asunto, por cuanto, en su calidad de liquidador de la sociedad concursada 23, se le
atribuye haber omitido realizar la asignación para el pago de los honorarios de los
demandantes e incluir tal acreencia en el informe final de rendición de cuentas.

3.4. No sucede lo mismo con la señora Doris Martha Saavedra Henao, puesto que,
si bien fue designada inicialmente como liquidadora de la sociedad Textiles Nylon
S.A.24, en el escrito de demanda no se formuló ninguna imputación en su contra,
razón por la que se declarará su falta de legitimación en la causa por pasiva.

4. Objeto y alcance del recurso de apelación

La competencia de la Subsección para pronunciarse en este asunto como juez de
segunda instancia no es plena, sino que está limitada por las referencias
conceptuales y argumentativas aducidas por el apoderado de la parte actora contra
la decisión adoptada en primera instancia25.

Dentro de este marco restricto, corresponde a la Sala establecer en el presente
asunto: (i) si le asistía a los recurrentes interponer los recursos ordinarios en contra
de las decisiones acusadas y si ante su omisión se configuró la eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima en los términos del artículo 70 de
la Ley 270 de 1996, o si por el contrario, la Superintendencia de Sociedades es
responsable bajo el título de imputación de error judicial; y (ii) si el señor Guillermo

expedición de la Ley 222 de 1995 y la Ley 446 de 1998, en las que se reconoció a la
Superintendencia de Sociedades como juez de los procesos concursales.
En efecto, el artículo 90 de la Ley 222 de 1995, establece: “La Superintendencia de Sociedades
asume la función jurisdiccional en uso de la facultad concebida en el artículo 116 inciso 3o. de la
Carta Política", norma que a su turno prevé que "excepcionalmente la ley podrá atribuir función
jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades".
23 Con auto No. 441-004480 de 8 de abril de 2005, la Superintendencia de Sociedades designó

como liquidador de la sociedad Textiles Nylon S.A. – en liquidación obligatoria al señor Guillermo
Castilla Coral (fls. 145 – 146, c. 1), quien tomó posesión del cargo el 8 de abril siguiente (fl. 147, c.
1).
24 Mediante auto No. 410-001 de 2 de enero de 1997, la Superintendencia de Sociedades decretó

la apertura del trámite de liquidación obligatoria de los bienes y haberes que conformaban el
patrimonio de la sociedad Textiles Nylon S.A., y nombró a la señora Doris Martha Saavedra Henao,
como liquidadora de los bienes de la sociedad concursada (fls. 24 – 27, c. 4), quien tomó posesión
del cargo el 10 de enero siguiente (fl. 28, c. 4).
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de

unificación del 6 de abril de 2018, expediente 46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

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Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)
Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

Castilla Coral Henao es responsable del daño reclamado por la omisión que se le
imputa.

5. Hechos probados

Como ruta para el análisis y decisión de los aspectos antes indicados, la Sala
recapitula los siguientes hechos relevantes cuya prueba milita en el expediente:

• Mediante auto No. 410-001 de 2 de enero de 1997, la Superintendencia de
Sociedades declaró fracasado el concordato preventivo de la sociedad Textiles
Nylon S.A. y decretó la apertura del trámite de liquidación obligatoria de los bienes
y haberes que conformaban su patrimonio, designando como liquidadora a la
señora Doris Martha Saavedra Henao (fls. 24 – 27, c. 4).

• En auto No. 5091 de 2 de julio de 1998, la Superintendencia de Sociedades graduó
y calificó los créditos de la sociedad, manifestando que “los gastos de
administración de la empresa y los de conservación de bienes del empresario
vinculados a la misma, que se causaren durante el trámite de la liquidación y su
vigencia, deb[ían] pagarse de preferencia y no se sujetar[ían] a la calificación y
graduación de los créditos para el pago de las demás acreencias (artículo 16
numeral 8 en concordancia con el artículo 161 de la Ley 222 de 1995)” (fls. 51 – 91,
c. 4).

• Mediante escritos del 21 de diciembre de 2001 (fls. 100 – 120, c. 23), 8 de marzo
(fls. 168 – 183, c. 23), 28 de agosto de 2002 (fls. 256 – 273, c. 23) y 10 de marzo
de 2003 (fls. 76 - 94, c. 24), la liquidadora Martha Saavedra Henao presentó a la
Superintendencia de Sociedades la propuesta de acuerdo de pagos de la sociedad
Textiles Nylon S.A. – en liquidación obligatoria-, en los que incluyó el
reconocimiento de honorarios a los asesores Guillermo Augusto Rodríguez
Rodríguez, Aníbal y Henry Castro Escamilla. En la última propuesta, con corte a 30
de junio de 2003, relacionó las siguientes sumas:

HONORARIOS A PAGAR A 30 JUNIO 2003

CASTRO ESCAMILLA ANIBAL 21.074.300
RODRÍGUEZ R. GUILLERMO AUGUSTO 47.318.000
CASTRO ESCAMILLA HENRY 49.435.116

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Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)
Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

(…)
Total honorarios a pagar proceso liquidatorio 409.568.230

• Una vez concluidas las etapas de venta directa y subasta de los bienes de la
sociedad en liquidación, la Superintendencia de Sociedades asumió de manera
temporal las funciones de la junta asesora del liquidador con el fin de agilizar el
proceso y considerar el plan de pagos presentado por la liquidadora Saavedra
Henao, de conformidad con el inciso tercero del artículo 173 de la Ley 222 de
199526.

Con lo anterior, mediante auto No. 441-005020 de 17 de marzo de 2003, la
Superintendencia, en ejercicio de sus funciones de juez del concurso liquidatorio,
aprobó el plan de pagos y la cesión parcial de los bienes de la sociedad,
condicionando el pago de los honorarios adeudados a los asesores hasta la
aprobación de las cuentas finales del liquidador, por cuanto estos “traían
observaciones de la revisoría fiscal”. Además, indicó que en virtud de lo expresado
en la sentencia T-458 de 1997, ante la insuficiencia de activos de la concursada
para cancelar las distintas acreencias pre y pos concordatarias, se debía proceder
a pagar de manera prioritaria y exclusiva “las obligaciones pre-pos de carácter
pensional y laboral por encima de las demás incluso de los gastos de administración
de naturaleza diferente”. Sobre esta base, dispuso que “el resto de las acreencias
al igual que los honorarios de los asesores ser[ían] cancelados con los derechos
litigiosos, previa aprobación del avalúo del mismo” (fls. 42 - 60, c. 1).

• La decisión anterior fue notificada mediante estado del 19 de marzo de 2003 27.

• Concluido el término de ejecutoria, el 7 de julio (fls. 142 – 166, c. 25) y 1º de agosto
de 2003 (fls. 188 – 200, c. 25), los señores Aníbal y Henry Castro Escamilla
presentaron una “acción de nulidad o solicitud de revocatoria directa del auto” en
dos memoriales de idéntico contenido. En esa oportunidad, manifestaron que el
auto No. 441-005020 de 2003 era nulo por falta de competencia, dado que no se

26 “Artículo 173. Designación. (…) La designación de la junta, si ello fuere posible, se hará en la

providencia de apertura del trámite liquidatorio, o más tardar antes de que precluya el término para
que los acreedores se hagan parte. Cuando por cualquier causa no se integre o no esté
funcionando la Junta, las funciones que a ella le competen las asumirá temporalmente la
Superintendencia de Sociedades, la que en todo caso, deberá proveer su integración o reemplazo
de sus miembros”.
27 Así consta en el sello de la providencia obrante a folio 140 del cuaderno 4.

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Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)
Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

habían configurado las causas para que la superintendencia asumiera las funciones
de la junta asesora, esto es, su inexistencia o falta de funcionamiento.

• Tales solicitudes fueron negadas por la Superintendencia de Sociedades en autos
Nos. 441-013556 de 11 de agosto de 2003 (fls. 168 – 172, c. 25) y 441-015296 de
16 de septiembre del mismo año (fls. 183 – 187, c. 25), por ser improcedentes, pues
la Ley 222 de 1995 le otorgó competencia para asumir las funciones de la junta
asesora, y además la decisión cuestionada no correspondía a un acto
administrativo susceptible de revocatoria sino a un acto jurisdiccional.

• Mediante auto No. 441-011385 del 27 de junio de 2003, la Superintendencia
resolvió los recursos de reposición interpuestos oportunamente contra el auto 441-
005020 del 17 de marzo anterior, a la vez que, lo modificó de oficio. En dicha
providencia efectuó una nueva distribución de los bienes de propiedad de la
concursada, disponiendo que con los inmuebles se pagarían de manera prioritaria
las acreencias laborales que constituyeran gastos de administración y las
pensiones; mientras que, para el pago de los honorarios de los asesores de la
liquidación se constituiría una provisión con el remanente de la “maquinaria y
repuestos, muebles y enseres, mercancía para venta, equipo de cómputo, cuentas
por cobrar y otras cuentas”.

Respecto a esta última acreencia, indicó que el pago de los honorarios de los
asesores debía someterse a la condición de que se aprobaran las cuentas de la
liquidadora Doris Martha Saavedra Henao, así lo expuso (fls. 61 – 84, c. 1):

Finalmente y en lo que se refiere al pago de las acreencias constituidas a favor
de los asesores de la liquidación (…), es claro para el despacho la imposibilidad
de su pago hasta tanto no se defina lo correspondiente a las rendiciones de
cuentas de la liquidadora y por tanto deberá constituirse una provisión para su
pago con bienes de la sociedad concursada, que quedarán en custodia de la
liquidación hasta que se cumpla la condición antes anotada.

La provisión se efectuará con bienes muebles que representen el valor de la
acreencia incluida en el plan de pagos por parte de la liquidadora.

Una vez aprobadas las cuentas se debe hacer el pago, en caso de no
aprobarse las cuentas que incluyen estos gastos, se deberá redistribuir esta
suma entre los demás acreedores guardando el orden de prelación legal.

Dicha decisión fue notificada por estado del 2 de julio de 200328.

28 Así consta en el sello obrante en la providencia a folio 164 del cuaderno 4.

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Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

• Tras el incumplimiento de la liquidadora Doris Martha Saavedra Henao en el
ejercicio de sus funciones, la Superintendencia de Sociedades inició el incidente de
exclusión de la lista de liquidadores en su contra, el cual concluyó con el auto No.
441-002248 de 18 de febrero de 2005, mediante el cual se adoptó la decisión de
excluirla e imponerle multa de $3’815.000 (fls. 25 – 27, c. 28).

• Con el auto No. 441-004480 de 8 de abril de 2005, la Superintendencia de
Sociedades designó como nuevo liquidador de la sociedad Textiles Nylon S.A. al
señor Guillermo Castilla Coral (fls. 145 – 146, c. 1), quien tomó posesión del cargo
ese mismo día (fl. 147, c. 1).

• El 9 de junio de 2005, el liquidador presentó a consideración de la
Superintendencia, el informe de rendición final de cuentas de gestión con corte a
30 de abril de 2005. En dicho documento, indicó que adelantó gestiones de
verificación de los activos de la sociedad, encontrando que no existían bienes pues
todos habían sido vendidos, subastados o dados en cesión a los trabajadores. Así
mismo, relacionó los créditos por pagar a cargo de la concursada por valor de
$6.436’272.000, entre los que se encontraban incluidos los honorarios de los
asesores Guillermo Augusto Rodríguez, Aníbal y Henry Castro Escamilla, en las
sumas relacionadas en el acuerdo de pagos con corte de 30 de junio de 2003 (fls.
162 – 171, c. 1).

• De conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 de la Ley 222 de 1995,
la Superintendencia corrió traslado a los interesados de la rendición de cuentas
finales presentadas por el liquidador, a fin que pudieran objetarlas por falsedad,
inexactitud, error grave o por cualquier otra causa, el cual corrió del 21 de junio al
5 de julio de 2005 (fl. 245, c. 1).

• Finalmente, mediante auto No. 441-012548 de 17 de agosto de 2005, la
Superintendencia de Sociedades aprobó el informe final de cuentas, declarando la
terminación del proceso liquidatorio que adelantó la sociedad Textiles Nylon S.A.
(fls. 85 – 93, c. 1). Esta decisión se notificó por estado del 19 de agosto de 200529.

29 Como obra en el sello estampado en la última hoja de la providencia (fl. 176, c. 4)

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Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)
Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

6. La responsabilidad de la Superintendencia de Sociedades. Culpa
exclusiva de la víctima respecto de las decisiones demandadas

Como punto de partida para decidir el recurso que se encuentra a consideración de
la Sala, se precisa que el artículo 65 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia, reguló la responsabilidad del Estado, estableciendo para
el efecto que: “El Estado deberá responder patrimonialmente por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus
agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional
y por la privación injusta de la libertad”.

La norma que viene de transcribirse desarrolla la cláusula general de
responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables y que
fueren causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, consagrada
en el artículo 90 de la Constitución Política, concepto que desde luego comprende
todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la
función de impartir justicia.

En este escenario, el error jurisdiccional como título jurídico de imputación de
responsabilidad del Estado, plantea un vínculo con el derecho de acceso a la
administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en tanto su configuración
implica la vulneración o lesión de dichos derechos30 a través del ejercicio

30 Conviene precisar que el acceso a la administración de justicia implica el ejercicio del derecho de

acción, es decir, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la
protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Y el ejercicio
del derecho de contradicción, pues el individuo debe contar con el acceso a la jurisdicción cuando
se ha formulado una pretensión en su contra [Rojas Gómez, Miguel Enrique. Lecciones de derecho
procesal, Tomo I, Teoría del proceso. Tercera edición, Bogotá D.C, enero de 2013].
De esta forma, el derecho de acceso a la administración de justicia es un presupuesto indispensable
para la materialización de los demás derechos fundamentales pues no es posible el cumplimiento
de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador sin que se
garantice adecuadamente dicho acceso. Por consiguiente, se erige como uno de los pilares que
sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que abre las puertas para
que los individuos ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se
protejan y hagan efectivos sus derechos. [Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A,
Sentencia de 28 de mayo de 2012, Rad. 2011-01174, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren]
Por su parte, si bien el derecho a la tutela judicial efectiva no se encuentra codificado en el derecho
positivo colombiano, a diferencia de lo que ocurre en el ordenamiento alemán, italiano y español; lo
cierto es que ha sido reconocido jurisprudencialmente, a partir de la influencia de las normas
convencionales – artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos - como
un derecho fundamental que comprende el derecho de acceso a la administración de justicia,
algunas garantías propias del debido proceso y la obligación correlativa de las autoridades judiciales
de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los
particulares a sea real y efectivo. Luego, este derecho involucra la necesidad de que los jueces
deriven en sus providencias la dimensión pro actione.

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Referencia: Acción de Reparación Directa

abiertamente irregular, arbitrario o erróneo de la actividad jurisdiccional; de ahí que
el juicio de responsabilidad realizado bajo este título de atribución, requiere verificar
si la acción u omisión de la autoridad investida de tal facultad menoscabó el ejercicio
de los mencionados derechos31.

De conformidad con los artículos 66, 67 y 70 de la Ley 270 de 1996, el error judicial
se predica de las providencias contrarias al ordenamiento jurídico, siempre que la
decisión se encuentre en firme y que el afectado hubiera interpuesto los recursos
ordinarios de ley, último requisito que de no cumplirse configura la causal eximente
de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

Al respecto, la Sección Tercera de esta Corporación ha sostenido que ante la
eventualidad de no haber interpuesto los recursos en contra de la providencia que
califica contentiva de un error judicial, ni siquiera habría daño o, en caso de
aceptarse lo contrario, el daño sufrido sería producto de su negligencia, mas no del
error alegado, circunstancia que releva al juez administrativo de efectuar el análisis
sustantivo de la decisión judicial cuestionada.

Ello significa que, en caso de no interponerse los recursos legalmente procedentes,
frente a la providencia cuestionada, se estaría en presencia de un hecho exclusivo
y determinante de la víctima en la producción del menoscabo reclamado que exime
de responsabilidad a la demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
70 ibídem32.

Para la doctrina colombiana, este derecho dispone la posibilidad de acceder en condiciones de
igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e
imparcial, frente al cual se pueda ejercer plena defensa de los derechos o intereses propios con el
fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Catalogándolo como
un derecho de naturaleza prestacional, pues exige ciertas obligaciones del aparato estatal con miras
a su realización. En este sentido, será el legislador quien defina los cauces que permitirán su
ejercicio.[ Araujo, R (2011). Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer
la justicia administrativa. Visión de derecho comparado, Estud. Socio-Juríd vol.13 no.1 Bogotá
Jan./June 2011]
31 Así lo ha sostenido esta Subsección, entre otras, en las sentencias de 30 de julio de 2021, exp.

52.026; 11 de octubre de 2021, exp. 52.270; y 7 de diciembre de 2021, exp. 47.988, con ponencia
del magistrado José Roberto Sáchica Méndez.
32 “Artículo 70. Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva

de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos
de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

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Al declarar la exequibilidad del mencionado artículo 70, la Corte Constitucional 33
señaló que la exoneración de responsabilidad constituía:

(…) una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo
ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de
justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia
los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un
mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los
asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la
responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la
administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos
judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor
o importancia jurídica alguno, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de
los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario
del principio general del derecho, según el cual ‘nadie puede sacar provecho
de su propia culpa.

A lo anterior se agrega que la exigencia relacionada con la interposición de los
recursos, tiene como claro propósito permitir al juzgador corregir posibles yerros
cometidos en la labor jurisdiccional dentro de la misma actuación que le da origen;
esto, en tanto el proceso judicial está dotado de mecanismos de autocorrección y
corrección, que van desde la activación de las potestades oficiosas de la autoridad
jurisdiccional para hacerlo, hasta la capacidad dispositiva de los sujetos procesales
para impulsar decisiones que remedien las falencias que se hubieren cometido.

En el presente asunto, los demandantes sostienen que no les es oponible la
exigencia relacionada con la interposición de recursos, ni la consecuencia jurídica
que trae aparejada tal omisión en el artículo 70 que se viene de citar, por cuanto
según el artículo 148 de la Ley 446 de 1998, “los actos que dicten las
superintendencias en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales no tendrán acción
o recurso ante las autoridades judiciales”; además indican que en su calidad de
“acreedores privilegiados post” no acuden al proceso liquidatorio para hacer valer
sus acreencias.

Sobre tales aspectos, de entrada, basta indicar que si bien el artículo 148 de la Ley
446 de 1998 - derogado por el literal a). art. 626, Ley 1564 de 2012, con excepción
de los parágrafos 1 y 2-, establecía que “los actos que dicten las Superintendencias
en uso de estas facultades jurisdiccionales no tendrán acción o recurso alguno ante
las autoridades judiciales”; lo cierto es que tal disposición no se refiere a asuntos
relacionados con la liquidación obligatoria de sociedades comerciales, sino al

33 Corte Constitucional, sentencia C - 037 de 5 de febrero de 1996. M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa.

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reconocimiento de presupuestos de ineficacia (Título I. Del ejercicio de funciones
jurisdiccionales por las superintendencia, Capítulo 1. Del reconocimiento de la
ineficacia) o a la impugnación de decisiones de asambleas de accionistas o juntas
de socios y de juntas directivas de sociedades vigiladas por la Superintendencia de
Sociedades, (Título II. De la Superintendencia de Sociedades. Capítulo 1.
Impugnación de decisiones), de ahí que la limitación establecida en la Ley 446 de
1998 no se extienda a las providencias dictadas en procesos liquidatorios.

En efecto, al presente asunto le resulta aplicable el régimen de procesos
concursales y de liquidación obligatoria estatuido por la Ley 222 de 1995, vigente
para la época de los hechos, norma especial que estableció el procedimiento y
mecanismos de defensa dispuestos para dicho trámite.

Así las cosas, contrario a lo sostenido por los recurrentes, la interposición de
recursos es procedente en el trámite concordatario y liquidatorio, pues, en el
artículo 224 ibidem se estableció la posibilidad de controvertir en el mismo trámite
las providencias proferidas por el juez del concurso a través de los recursos de
reposición y/o apelación. Así lo dispuso el mencionado artículo, al admitir el recurso
de reposición frente a las providencias proferidas por el juez del concurso y enlistar
expresamente aquellas susceptibles de apelación:

Artículo 224. Recurso de apelación. Las providencias que profiera el juez en el
trámite del concordato o de la liquidación obligatoria del deudor sólo tendrán
recurso de reposición, a excepción de las que adelante se enuncian, contra las
cuales procede él recurso de apelación, en el efecto en que respecto de cada
una de ellas se indica:
1. La de apertura del trámite, en el efecto devolutivo.
2. La que califique, gradúe créditos y resuelva objeciones, en el devolutivo.
3. La que apruebe la rendición de cuentas del liquidador, en el efecto diferido.
4. La que rechace pruebas, en el efecto devolutivo.
5. La que rechace la solicitud de nulidad, en el efecto devolutivo, y la que la
decrete en el efecto suspensivo.
6. La que resuelva el desapoderamiento del deudor o la remoción del
liquidador, en el efecto devolutivo.
7. La que decrete o niegue medidas cautelares, en el efecto devolutivo.
8. La que ordene la entrega de bienes, en el efecto suspensivo y la que la
niegue, en el devolutivo.
9. La que declare cumplido el concordato, en el efecto suspensivo y la que lo
declare incumplido en el devolutivo

Al lado de lo anterior, se precisa que, aun cuando los honorarios que reclaman los
demandantes se causaron como gastos de administración, por cuanto se originaron
con posterioridad a la apertura del proceso liquidatorio, lo cual hacía que según el
artículo 197 de la Ley 222 de 1995 debieran pagarse “inmediatamente y a medida

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que se [fueran] causando”, lo cierto es que sus créditos se encontraban en una
situación especial, puesto que estaban sujetos a una condición que afectaba su
exigibilidad y pago34.

Como se dejó visto en el acápite de hechos probados, mediante auto No. 441-
005020 de 17 de marzo de 2003, la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio
de sus funciones jurisdiccionales, advirtió que los créditos de los asesores “traían
observaciones de la revisoría fiscal”, a la vez que en el auto No. 441-011385 del 27
de junio de 2003, explicó que “era clara su imposibilidad de pago hasta tanto no se
defi[niera] lo correspondiente a las rendiciones de cuentas de la liquidadora”, por lo
que ordenó constituir una provisión para su pago hasta que se cumpliera tal
condición, anotando que en caso de no cumplirse, se distribuiría dicha suma entre
los demás acreedores.

Tal circunstancia obligaba a los aquí demandantes a actuar como partes del
proceso liquidatorio, mediante el ejercicio de todas las prerrogativas que otorga
dicho trámite, dado el carácter solutorio del proceso de liquidación, que legitima a
quienes adquieren la condición de acreedores durante el desarrollo de la
liquidación, como ocurre respecto de los gastos de administración, a recibir el pago
de sus acreencias de forma pura y simple, así como a impugnar las decisiones que
afectan ese derecho, dada la extinción de la sociedad sometida a liquidación.

En este sentido, si los demandantes consideraban que su crédito no debía estar
sometido a condición alguna o que ésta ya se había cumplido y, por tanto, debía
procederse al pago preferente de su acreencia en los términos del artículo 197 de
la Ley 222 de 199535, así debieron hacérselo saber al juez del concurso, mediante
la interposición de los recursos ordinarios frente a las decisiones que acusan como
contentivas de yerro, de otra manera, lo que se revelaría en el presente asunto es
que el daño obedeció a la culpa exclusiva de los demandantes y que la acreencia
que reclaman ni siquiera sería exigible, circunstancia que incide directamente en la
certeza del daño cuya indemnización pretenden.

34 Según el artículo 1530 del Código Civil las obligaciones condicionales son aquellas que dependen

de un hecho futuro e incierto, de cuya ocurrencia pende el nacimiento, la modificación o la extinción
de un derecho o una obligación.
35 “Artículo 197. Gastos de administración. Los gastos de administración surgidos durante el trámite

liquidatorio, se pagarán inmediatamente y a medida que se vayan causando.
Los gastos de administración causados en el trámite del concordato, que no hubieren sido
cancelados en esa etapa, se pagarán de manera privilegiada, una vez ejecutoriada la providencia
de calificación y graduación de créditos”.

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De acuerdo con el libelo introductorio, se advierte que los demandantes imputaron
a la Superintendencia de Sociedades un error judicial por inaplicación del artículo
197 ejusdem en los autos Nos. 441-05020 de 17 de marzo de 2003, con el cual se
aprobó el plan de pagos y la cesión parcial de los bienes de la sociedad Textiles
Nylon S.A. – en liquidación obligatoria-; 441-011385 de 27 de junio de 2003, que
resolvió los recursos interpuestos contra la decisión anterior y la modificó de oficio;
y 441-012548 de 17 de agosto de 2005, que aprobó la rendición final de cuentas y
declaró la finalización del proceso liquidatorio, con lo cual, a su parecer se
imposibilitó el pago de sus honorarios.

Con el material probatorio previamente relacionado, se tiene acreditado que en el
marco del proceso de liquidación obligatoria de la sociedad Textiles Nylon S.A.36 y
una vez concluidas las etapas de venta directa y subasta de sus bienes, mediante
auto No. 441-005020 de 17 de marzo de 2003, la Superintendencia de Sociedades
adoptó dos decisiones: de un lado, aprobó el plan de pagos de los acreedores de
la sociedad en liquidación; de otro, negó el reconocimiento y pago, de manera
preferencial, de los honorarios a los que la parte demandante tenía derecho como
asesores de la liquidación, conforme lo establecía el artículo 197 de la Ley 222 de
1995, por cuanto dichas acreencias “traían observaciones de la revisoría fiscal”, y
además, ante la insuficiencia de activos de la concursada para cancelar las distintas
acreencias pre y pos concordatarias, se debía proceder a pagar de manera
prioritaria y exclusiva “las obligaciones pre-pos de carácter pensional y laboral por
encima de las demás, incluso de los gastos de administración de naturaleza
diferente”, de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la
sentencia T-458 de 1997.

No obstante, en consonancia con los artículos 67 y 70 de la Ley 270 de 1996, los
demandantes afectados con tal determinación debieron haber recurrido dicha
decisión, pero no lo hicieron.

En efecto, en el expediente no obra prueba de que los señores Guillermo Augusto
Rodríguez Rodríguez, Aníbal y Henry Castro Escamilla hubieran impugnado el auto
441-05020 del 17 de marzo de 2003. Y si bien, estos dos últimos el 7 de julio y 1º

36 Mediante auto No. 410-001 de 2 de enero de 1997, la Superintendencia de Sociedades declaró

fracasado el concordato preventivo de la sociedad Textiles Nylon S.A. y decretó la apertura el trámite
de liquidación obligatoria de los bienes y haberes que conformaban su patrimonio (fls. 260 – 263, c.
29).

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de agosto siguiente presentaron una “acción de nulidad o solicitud de revocatoria
directa del auto” ante la Superintendencia de Sociedades, tales solicitudes no
corresponden al recurso de reposición que era procedente contradicha decisión, ni
se presentaron durante el término de ejecutoria37. Más aún, la Superintendencia
mediante autos Nos. 441-013556 de 11 de agosto y 441-015296 de 16 de
septiembre, ambos de 2003, las rechazó por considerarlas improcedentes, por
cuanto, contrario a lo sostenido por los hoy demandantes, la decisión cuestionada
no corresponde a un acto administrativo sino a un acto jurisdiccional.

De otro lado, en el expediente está probado que en el auto No. 441-011385 del 27
de junio de 2003, la Superintendencia resolvió los recursos de reposición
presentados por otros acreedores, diferentes de los demandantes, en contra del
auto No. 441-05020 del 17 de marzo de 2003, lo que demuestra que los accionantes
tenían la posibilidad de recurrirlo.

Así mismo, se advierte que mediante el auto No. 441-011385 del 27 de junio de
2003, la Superintendencia modificó de oficio el auto No. 441-05020, pues efectuó
una nueva distribución de los bienes de propiedad de la concursada, disponiendo
que se pagarían de manera prioritaria las acreencias laborales que constituyeran
gastos de administración y las pensiones, con los inmuebles de la concursada;
mientras que respecto de los honorarios de los asesores de la liquidación se afirmó
que era imposible su pago “hasta tanto no se defi[niera] lo correspondiente a las
rendiciones de cuentas de la liquidadora”, por lo que, debía constituirse una
provisión con el remanente de la “maquinaria y repuestos, muebles y enseres,
mercancía para venta, equipo de cómputo, cuentas por cobrar y otras cuentas”, que
quedaría en custodia de la liquidación hasta que se cumpliera con la condición
antes anotada.

A pesar de que está providencia modificó nuevamente el plan de pagos,
sometiendo a condición la cancelación de los honorarios que hoy reclaman los
demandantes, tampoco obra prueba en el expediente de que aquéllos hubieran
impugnado dicha decisión.

37 El auto No. 441-05020 del 17 de marzo de 2003 fue notificado mediante estado del 19 siguiente,

por lo que el término de ejecutoria transcurrió hasta el 25 de marzo, debido a que el 22, 23 y 24
fueron días no hábiles.

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En último término, el informe de rendición final de cuentas de gestión con corte al
31 de mayo de 2005 fue puesto en traslado de los acreedores entre el 21 de junio
y 5 de julio del mismo año, término dentro del cual ninguno de los demandantes
presentó objeciones38; además, mediante auto No. 441-012548 de 17 de agosto de
2005, la Superintendencia de Sociedades lo aprobó, declarando la finalización del
proceso liquidatorio que adelantó la sociedad Textiles Nylon S.A., decisión que
tampoco fue impugnada.

De lo anterior emerge, sin duda, que no se cumple uno de los presupuestos exigidos
para concluir que el daño es atribuible a la Superintendencia de Sociedades, por
cuanto la falta de interposición de los recursos legales configura la causal eximente
de responsabilidad del Estado de culpa exclusiva de la víctima, en los términos
establecidos en el artículo 70 de la ley 270 de 1996.

En tal sentido, la Sala estima que, si a juicio de los accionantes, las decisiones
referidas no estaban ajustadas a derecho, tenían que haberlas cuestionado en la
oportunidad legal prevista para ello haciendo uso de los mecanismos de defensa
judicial con los cuales contaban y no pretender que por vía de la acción de
reparación directa se subsane la conducta pasiva que desplegaron, pues tal
exigencia, en lugar de tratarse de una simple forma o ritualidad, constituye un deber
de conducta, que el legislador consideró necesario y proporcional imponer a
quienes son parte o tienen interés en un proceso, el cual, de ser desconocido,
traería como consecuencia la declaración del hecho exclusivo y determinante de la
víctima por su falta de colaboración.

Bajo ese contexto, los actores, al no manifestar su inconformidad en relación con
las decisiones que sometieron el pago de su acreencia a una condición y negaron
su pago preferente, a través de los medios de impugnación procedentes, estarían
buscando obtener provecho de su propia culpa, toda vez que por medio de esta
acción estarían yendo contra su propia voluntad inicialmente exteriorizada, al
cuestionar, en error judicial, lo que no reprocharon en el momento oportuno dentro
del proceso de liquidación.

38 El artículo 169 de la Ley 222 de 1995 establece que las cuentas rendidas por el liquidador “se

pondrán a disposición de los acreedores y socios por el término de diez días, a fin de que puedan
objetarlas por falsedad, inexactitud, error grave o por cualquier otra causa. Dichas objeciones se
tramitarán y decidirán por la Superintendencia de Sociedades mediante el trámite incidental, el cual
no suspende el curso de la liquidación. Sin perjuicio de la facultad oficiosa de improbarlas, la
superintendencia mediante providencia que no tiene recurso, aprobará las cuentas si no fueren
objetadas (…)”.

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Así, como los demandantes, en su calidad de acreedores de una obligación
condicional, debían interponer los recursos ordinarios procedentes contra las
decisiones cuestionadas como presupuesto para la configuración del error judicial.
En tanto no lo hicieron, no corresponde a la Sala realizar análisis adicionales sobre
la supuesta configuración de un yerro y, en consecuencia, confirmará la decisión
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda formuladas en
contra de la Superintendencia de Sociedades.

7. La responsabilidad del liquidador Guillermo Castilla Coral

Para abordar el análisis de responsabilidad del señor Guillermo Castilla Coral, parte
la Sala por señalar que la Ley 222 de 1995 estableció que en los casos de
liquidación obligatoria, el agente a cargo de la gestión, administración, cuidado y
representación legal de la sociedad mercantil era el liquidador y, en esa medida,
establecía el artículo 167 ibidem, “responderá al deudor, a los asociados,
acreedores y terceros, y si fuere del caso a la entidad deudora, por el patrimonio
que recibe para liquidar, razón por la cual, para todos los efectos legales, los bienes
inventariados y el avalúo de los mismos realizado conforme a las normas previstas,
determinarán los límites de su responsabilidad. De la misma manera, responderá
de los perjuicios que por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes
cause a las mencionadas personas”. Siendo que “las acciones contra el liquidador
caducarán en un término de cinco años, contado a partir de la cesación de sus
funciones y se promoverán ante la justicia ordinaria de conformidad con las
disposiciones legales vigentes”.

Siendo así, en lo que respecta a los procesos concursales de liquidación
gobernados por la Ley 222 de 1995, existía un régimen de responsabilidad claro y
definido ligado a la fuente del perjuicio, pues, si era un acto de administración,
gestión o representación a cargo del liquidador, procedía cuestionarlo ante la
jurisdicción ordinaria. Ello, sin perjuicio de que en el presente asunto se analice la
responsabilidad del demandado en virtud del fuero de atracción y bajo las normas
del derecho privado.

En el sub examine, la parte actora le imputa al señor Guillermo Castilla Coral no
haber incluido en el informe final de rendición de cuentas el pago de los honorarios
que se le adeudan. Sobre esta específica atribución, advierte la Sala que en el caso
bajo estudio no se demostró que tal actuación sea imputable fáctica ni jurídicamente

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al demandado, por cuanto, los honorarios que reclaman los asesores sí aparecen
reflejados en la rendición final de cuentas presentada por el liquidador Guillermo
Castilla Coral a la Superintendencia de Sociedades, misma que fue aprobada por
dicha entidad en el auto No. 441- 012548 del 17 de agosto de 2005.

Al respecto, conviene reiterar que los honorarios de todos los asesores de la
liquidación estaban incluidos en el plan de pagos que aprobó la Superintendencia
de Sociedades mediante el auto No. 441-05020 del 17 de marzo de 2003 y que para
su pago debía cumplirse con la condición de definir o aprobar la rendición de
cuentas de la liquidadora saliente Doris Martha Saavedra Henao, así como
constituirse una provisión con el remanente de la “maquinaria y repuestos, muebles
y enseres, mercancía para venta, equipo de cómputo, cuentas por cobrar y otras
cuentas”, con la que se cancelaría la obligación una vez cumplida con la anotada
condición, tal como se dispuso en el auto No. 441-011385 del 27 de junio de 2003.
Todo lo anterior, atendiendo a los postulados de la sentencia T-458 de 1997, según
los cuales, ante la insuficiencia de activos de la concursada para cancelar las
distintas acreencias, debían pagarse de manera prioritaria y exclusiva “las
obligaciones pre-pos de carácter pensional y laboral por encima de las demás
incluso de los gastos de administración de naturaleza diferente”.

En este contexto, mediante auto No. 441-004480 de 8 de abril de 2005, la
Superintendencia de Sociedades designó como liquidador de la sociedad Textiles
Nylon S.A. – en liquidación obligatoria al señor Guillermo Castilla Coral, quien tomó
posesión del cargo ese mismo día y el 9 de junio siguiente, presentó a consideración
de la entidad el informe de rendición final de cuentas de gestión con corte a 30 de
abril de 2005, en el que relacionó créditos por pagar por valor de $6.436’272.000,
entre los cuales, contrario a lo manifestado por los recurrentes, sí se incluyeron los
honorarios que aquí se reclaman.

Adicionalmente, en el referido informe se advirtió que para ese momento “no
existían bienes de la concursada pues todos habían sido vendidos, subastados o
dados en cesión a los trabajadores”.

Como se observa, la imputación formulada carece de fundamento fáctico y jurídico
pues la omisión alegada nunca se produjo, además ante la verificación de la falta
de activos de la sociedad concursada, no se puede reclamar del liquidador la

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Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)
Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

realización de actos adicionales para procurar el pago del aludido crédito, de ahí
que no se advierta violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes39.

De otro lado, se resalta que el artículo 169 de la Ley 222 de 1995 establece que las
cuentas rendidas por el liquidador “se pondrán a disposición de los acreedores y
socios por el término de diez días, a fin de que puedan objetarlas por falsedad,
inexactitud, error grave o por cualquier otra causa. Dichas objeciones se tramitarán
y decidirán por la Superintendencia de Sociedades mediante el trámite incidental, el
cual no suspende el curso de la liquidación. Sin perjuicio de la facultad oficiosa de
improbarlas, la superintendencia mediante providencia que no tiene recurso,
aprobará las cuentas si no fueren objetadas (…)”

39 “Artículo 166. Funciones del liquidador. El liquidador tendrá la representación legal de la entidad

deudora y como tal desempeñará las funciones que adelante se le asignan, y en ejercicio de ellas
deberá concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la apertura del trámite y en
especial las siguientes: 1. Ejecutar todos los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización
de una liquidación del patrimonio rápida y progresiva. / 2. Gestionar el recaudo de los dineros y la
recuperación de los bienes que por cualquier circunstancia deban ingresar al activo a liquidar,
incluso los que correspondan a capital suscrito y no pagado en su integridad, así como las
prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarios. Igualmente, exigir de acuerdo al tipo
societario las obligaciones que correspondan a los socios. / 3. Elaborar el inventario de los activos
que conforman el patrimonio a liquidar, el cual deberá presentar a la Superintendencia de
Sociedades, dentro de los treinta días siguientes a la aceptación del cargo. / 4. Ejecutar los actos
necesarios para la conservación de los activos y celebrar todos los actos y contratos requeridos
para el desarrollo de la liquidación, con las limitaciones aquí establecidas, incluidos los negocios o
encargos fiduciarios que faciliten la cancelación del pasivo. / 5. Continuar con la contabilidad del
deudor en los mismos libros, siempre y cuando se encuentren debidamente registrados. En caso de
no ser posible, deberá proveer a su reconstrucción e iniciar la contabilidad de la liquidación, en libros
que deberá registrar en la Cámara de Comercio. / 6. Enajenar a cualquier título, los bienes
consumibles del deudor, de lo cual dará inmediata información a la junta asesora. / 7. Enajenar, con
las restricciones aquí establecidas, los bienes del deudor. / 8. Atender con los recursos de la
liquidación, todos los gastos que ella demande, cancelando en primer término el pasivo externo,
observando el orden de prelación establecido en la providencia de graduación y calificación. / 9.
Exigir cuentas comprobadas de su gestión a los liquidadores anteriores, y a los secuestres
designados en los juicios que se incorporen a la liquidación. / 10. Rendir cuentas comprobadas de
su gestión, en las oportunidades y términos previstos en esta Ley. / 11. Realizar, con la aprobación
previa de la junta asesora, los castigos contables de activos que resulten pertinentes, caso en el
cual deberá informar a la Superintendencia de Sociedades, dentro de los quince días siguientes a
la adopción de tal determinación. / 12. Mantener y conservar los archivos del deudor. / 13. Solicitar
a la Superintendencia de Sociedades, el decreto y práctica del secuestro provisional de los bienes
que constituyen el patrimonio a liquidar. / 14. Promover acciones de responsabilidad civil o penal,
contra los asociados, administradores, revisores fiscales y funcionarios de la entidad en liquidación
obligatoria, y en general, contra cualquier persona a la cual pueda deducirse responsabilidad. / 15.
Intentar con autorización de la junta asesora, todas las acciones necesarias para la conservación y
reintegración de los bienes que conforman el patrimonio a liquidar, lo mismo que atender y resolver
las solicitudes de restitución de los bienes que deban separarse del mismo patrimonio. / 16.
Presentar a consideración de la junta asesora, un plan de pago de las obligaciones, teniendo en
cuenta el inventario y la providencia de calificación y graduación de créditos. /17. Las demás
previstas en esta Ley. / Parágrafo. El liquidador en ejercicio de sus funciones, queda investido de
facultades para transigir, comprometer, novar, conciliar o desistir judicial o extrajudicialmente,
siempre que no se afecte la igualdad de los acreedores de acuerdo con la ley y esté previamente
facultado por la junta asesora”.

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Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)
Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

Tal como se indicó en el acápite anterior, los demandantes no objetaron la rendición
de cuentas finales presentadas por el liquidador Guillermo Castilla Coral en la
oportunidad prevista por la norma citada, razón por la cual la Superintendencia la
aprobó y terminó el proceso liquidatorio.

Con lo anterior, la Sala colige que, pese a que los honorarios que reclaman los
demandantes fueron incluidos tanto en el plan de pagos como en la rendición final
de cuentas, estos no fueron cancelados, entre otras razones, porque los activos de
Textiles Nylon S.A. no alcanzaron a cubrir todas sus obligaciones. Sin embargo, ello
no se debió a una omisión en el cumplimiento de las funciones del liquidador
Guillermo Castilla Coral, pues, está acreditado que en el ejercicio de sus funciones
verificó que la concursada carecía de bienes y procedió a identificar los créditos por
pagar, incluyendo los honorarios que aquí se reclaman.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.

8. Condena en costas

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se
abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171
del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de septiembre de 2020, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.

SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la señora
Doris Martha Saavedra Henao.

TERCERO: Sin condena en costas.

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Radicación número: 11001-33-31-036-2007-00222-01 (66.663)
Actor: Guillermo Augusto Rodríguez Rodríguez y otros
Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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