Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-33-31-707-2010-00121-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-33-31-707-2010-00121-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-33-31-707-2010-00121-02
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
6 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación Número: 11001-33-31-707-2010-00121-01 (70.680)
Actor: María del Tránsito Sanabria Guerrero y otros
Demandado: Nación - Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios
causados a un grupo
Temas: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo por
error jurisdiccional contra providencia de unificación de la Corte Constitucional.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el grupo actor contra la
sentencia del 28 de septiembre de 2023, proferida por la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se
negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
El escrito de demanda
1. El 2 de junio de 20101, María Priscila Vargas Hernández, María Ofelia Parra,
Jorge Antonio Cely Pérez, María del Tránsito Sanabria Guerrero, Ana Cristina
Murillo, Araceli Cuesta de García y Consuelo Cárdenas Espinosa, a través de
apoderado Judicial y en ejercicio del medio de control de perjuicios causados a un
grupo, presentaron demanda en contra de la Nación-Rama Judicial-Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se les indemnicen los
perjuicios a ellos irrogados, como consecuencia de la sentencia SU-484 de 15 de
mayo de 2008, la cual, a su juicio, incurrió en errores jurisdiccionales y fallas en el
servicio público de administración de justicia. Como fundamento fáctico de la
demanda, en síntesis, se narró lo siguiente:
2. Mediante Resolución 1933 de 21 de septiembre de 2001, publicada en el diario
oficial el 29 de octubre del mismo año, la Superintendencia de Salud liquidó la
Fundación San Juan de Dios, junto con sus establecimientos Hospital San Juan de
Dios e Instituto Materno Infantil.
3. El Consejo de Estado, en sentencia de 8 de marzo de 2005, declaró la nulidad
de los decretos 290 de 15 de febrero de 1979, 1374 de 8 de junio de 1979 y 371
de 23 de febrero de 1998, mediante los cuales se modificaba la estructura
administrativa de la Fundación San Juan de Dios2. Los actores sostienen que la
1 Folio 44 del cuaderno 1°.
2En la providencia radicada con el número 11001-03-24-000-2001-00145-01(IJ), la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, resolvió una demanda de nulidad simple contra tres decretos presidenciales en
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Radicación: 11001-33-31-707-2010-00121-01 (70.680)
Accionante: María del Tránsito Sanabria y otros
Accionado: Nación-Rama Judicial-
Referencia: Medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.
providencia del Consejo de Estado no terminó las relaciones laborales existentes a
la fecha de su expedición, motivo por el cual, estaban vigentes hasta la ejecutoria
de la referida sentencia.
4. Adujeron que la providencia del 8 de marzo de 2005 no afectó los derechos
laborales de los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, del Hospital San
Juan de Dios, ni del Instituto Materno Infantil, pues se trataba de una acción de
nulidad simple, en la que se evidenciaba que múltiples trabajadores habían
iniciado procesos ordinarios laborales y de carácter administrativos, dirigidos a que
se reconocieran sus derechos laborales. Entre ellas, una acción de grupo radicada
bajo el número 2002-2327 y que, para el momento de radicación de la demanda
de la referencia, se tramitaba ante el Juzgado 15 Administrativo del Circuito de
Bogotá. Indicó el apoderado de los demandantes que, mientras avanzaba esa
acción de grupo, la Corte Constitucional profirió la providencia SU-484 de 15 de
mayo de 2008, en la que decidió que todas las relaciones laborales que existían
entre personas naturales y la Fundación San Juan de Dios cesaron el 29 de
octubre de 2001.
5. Sostuvieron que la referida decisión se produjo por fuera de las competencias
constitucionales de la Sala Plena, en tanto que, en primer lugar, determinó que
todas las relaciones laborales de más de 2.000 personas cesaron desde ese día,
sin escuchar a cada uno de los afectados con esa decisión y, en segundo término,
la providencia del tribunal constitucional implicó una reforma de facto del código
sustantivo del trabajo.
6. Indicaron que, “en recto derecho, la jurisdicción ordinaria laboral era y es la
competente para pronunciarse sobre cualquier conflicto surgido (inclusive para
declarar la terminación) en las ya referidas relaciones laborales de carácter
privado”3.
7. Reprocharon que la SU-484 de 15 de mayo de 2008 se soportó en errores
judiciales y fallas en la prestación del servicio de administración de justicia o que,
en otras palabras, está incursa en varias vías de hecho -errores y fallas- que
afectaron ilegalmente a todos los trabajadores particulares de la Fundación San
Juan de Dios, pues sin competencia ni atribución constitucional o legal, declaró
terminadas todas las relaciones laborales, con efectos retroactivos así: i) para los
trabajadores del Hospital San Juan de Dios, el 29 de octubre de 2001 y ii) para los
del Instituto Materno Infantil entre agosto y diciembre de 2006. Con lo cual se
desconoció la existencia de la acción de grupo 2002-2327 que cursaba en el
Juzgado 15 Administrativo de Bogotá. Al respecto, se afirmó:
los que se definía la naturaleza jurídica de la Fundación San Juan de Dios. Los decretos indicaban que, al ser
una fundación, originada en la voluntad de su fundador, Fray Juan de los Barrios y Toledo, se trataba de una
persona jurídica de derecho privado.
3 Folio 48 del cuaderno No. 1.
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Accionante: María del Tránsito Sanabria y otros
Accionado: Nación-Rama Judicial-
Referencia: Medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.
“Para determinar las fechas de terminación de las relaciones y contratos
de trabajo, arrogándose funciones legislativas que ni la constitución ni la
ley le otorgan, la HCC modificó el C.S. del T para crear una nueva causal
de terminación de las relaciones laborales, no con efectos erga omnes
(como en efecto lo hace el legislador) sino para el caso concreto de los
trabajadores de la fundación San Juan de Dios, lo que indudablemente
constituye un aberrante y manifiesto error judicial, pues ninguna alta corte,
por más alta que sea, puede desconocer la tri división del poder público”.
8. Por lo anterior, solicitaron que:
“Que la Nación Colombiana-Rama Judicial-Consejo Superior de la
Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, es responsable
de todos los perjuicios materiales y morales irrogados al grupo actor,
compuesto por los actores-presentes-poderdantes, actores presentes-no
poderdantes y por los ausentes, en número de aproximadamente 2000,
por los errores judiciales y fallas en el servicio público de administración de
justicia en que incurrieron desafortunadamente, los magistrados de la
Honorable Corte Constitucional (en adelante HCC) al expedir la sentencia
SU-484 de 15 de mayo de 2008, errores y fallas en la prestación del
servicio de dispensa judicial que convocan a la Nación a responder por
todos los daños irrogados (daño emergente y lucro cesante) y morales,
debidamente indexados desde su causación a la fecha del pago y sobre el
total los intereses comerciales moratorios a la tasa más alta permitida por
la ley demás gastos en que ha incurrido y siga incurriendo el grupo actor
para proteger judicialmente sus derechos, indemnización total e íntegra
que debe ser equivalente a la sumatoria ponderada de las
indemnizaciones individuales.
Señalar los requisitos que deben cumplir los demás integrantes del grupo
actor que no han estado presentes en esta acción, esto es los actores
ausentes a fin de que puedan reclamar la indemnización correspondiente.
Condenar a la demandada al pago de costas, incluidas las agencias en
derecho correspondientes, teniendo en cuenta lo dispuesto en los
numerales 5° y 6° del artículo 65 de la Ley 472 de 1998.”
Sentencia de primera instancia.
9. En sentencia de 28 de septiembre de 2023, la subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
acción de grupo promovida por las demandantes y se abstuvo de condenarlas en
costas. El a quo concluyó que no se configuraban los elementos de la
responsabilidad por error judicial, por cuanto consideró que la Sala Plena de la
Corte Constitucional, al proferir la SU-484 de 2008, examinó los problemas
jurídico-constitucionales que implicaban la situación de los derechos
fundamentales de los trabajadores y las determinaciones que tomó se enmarcan
dentro de sus funciones como juez constitucional y garantizaron la supremacía de
la norma superior.
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Accionado: Nación-Rama Judicial-
Referencia: Medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.
10. El Tribunal además indicó que, en cumplimiento de la SU-484 de 2008, la
Corte Constitucional profirió el auto 268 de 2016, en el que impartió nuevos
mandatos a las entidades vinculadas dentro de la tutela, dirigidos a actualizar las
órdenes proferidas en el año 2008. Incluso modificó aspectos accidentales de
éstas con el fin de ampliar los plazos definidos en la Sentencia de Unificación.
11. Finalmente, en la providencia de primera instancia se indicó que:
“…concluye la Sala que lo que efectuó la Corte Constitucional fue un
estudio de los derechos fundamentales de los extrabajadores de la
Fundación San Juan de Dios y del Instituto Materno Infantil, adoptando una
serie de medidas con el fin de proteger dichos derechos, sin que se
advierta que realizaron imputaciones de responsabilidad patrimonial, pues
esto es propio de las acciones indemnizatorias, como la que se encuentra
pendiente de decisión de fondo de segunda instancia…”4
Recurso de apelación5
12. Dentro del término legal, el apoderado del grupo apeló la sentencia de primera
instancia, para lo cual manifestó que el a quo no atendió sus reclamos dirigidos a
demostrar que la Sala Plena de la Corte Constitucional desbordó sus
competencias, pues, bajo la idea de protección de los derechos fundamentales, se
convirtió en el órgano de cierre, no solo de la jurisdicción constitucional, sino
también de la jurisdicción civil, laboral y de lo contencioso administrativo. Iteró que
la SU-484 de 2008 se profirió por fuera de la competencia que la constitución
entregó a la Corte Constitucional y cercenó los derechos fundamentales de los
trabajadores de la Fundación San Juan de Dios.
13. Reprochó que la sentencia de primera instancia afirmó que, en la jurisdicción
contencioso administrativa cursa una acción de grupo (Rad. 2002-02337), la cual,
en criterio de la providencia atacada puede seguir su curso, sin importar si se
profirió la SU-484 de 2008. No obstante, el apelante indica que, el hecho del
avance de esa acción de grupo “en nada impide ni elimina los errores judiciales
demandados, pues estos son independientes del o (sic) acaecido y de la demora
de dicho trámite procesal”6.
14. Concluyó que el Consejo de Estado, en la providencia del radicado 36.537 de
26 de noviembre de 2013, precisó que la Corte Constitucional no tiene
competencia para proferir el fallo de reemplazo, en los casos en que se tutela el
derecho al debido proceso contra una providencia proferida por una autoridad de
la jurisdicción contencioso administrativa.
4 Folio 110 del cuaderno No. 13.
5 Folio 120 del cuaderno No. 13.
6 Folio 21 del cuaderno No. 13.
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Referencia: Medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
15. Conforme el artículo 150 de la ley 1437 de 2011, reformado por el artículo 26
de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las
apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos. En el mismo sentido, el numeral 12 del artículo 13 del Acuerdo
080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado dispuso que, la
Sección Tercera conocería de las acciones de grupo de competencia del Consejo
de Estado.
2. Problema Jurídico
16. La Subsección debe establecer si la providencia de 28 de septiembre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incurrió en los yerros
alegados por el apoderado de la parte actora, puntualmente desconocer que,
conforme la jurisprudencia del Consejo de Estado la Corte Constitucional tiene
límites competenciales y que, por esa vía, bajo el argumento de protección de
derechos fundamentales, no puede vaciar la competencia de las otras
jurisdicciones.
17. Con el fin de resolver el anterior problema jurídico, se reiterará el precedente
judicial vigente sobre: (i) requisitos procesales para la procedencia de las acciones
de grupo; (ii) la posibilidad de que las decisiones judiciales proferidas por las altas
Cortes sean objeto de medios judiciales de reparación y (iii) los elementos del
error jurisdiccional.
3. Requisitos procesales para la procedencia de las acciones de grupo
18. El artículo 88 de la Constitución Política indica que la ley regulará las acciones
judiciales para la reparación integral de los daños ocasionados a un número plural
de personas. Lo anterior fue desarrollado mediante la Ley 472 de 1998 y el
artículo 145 de la Ley 1437 de 2011, norma que establece “el medio de control de
reparación de los perjuicios causados a un grupo”. La mencionada disposición
señala que cualquier persona que pertenezca a un número plural que reúna
condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios
individuales, puede, en nombre del conjunto solicitar la declaración de
responsabilidad patrimonial del Estado. Por su parte, el artículo 46 de la ley 472
de 1998 prescribe que el grupo está formado, como mínimo por 20 personas. La
Corte Constitucional, en Sentencia C-569 de 2004 aclaró que, al momento de
presentar la demanda de reparación de perjuicios causados a un grupo no se
requiere que se alleguen 20 mandatos judiciales, o 20 personas, sino que al
menos una del grupo acuda a la administración de justicia. Lo que resulta
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Referencia: Medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.
fundamental es que el grupo originado en el daño común esté conformado al
menos por 20 personas. Sobre este aspecto, resulta relevante la C-116 de 2008,
providencia que caracterizó la acción de grupo como aquella que:
“[…] pretende resarcir el perjuicio ocasionado “a un número importante de
personas”7 -un grupo-, en cuanto todas ellas resultaron afectadas por un
daño originado en circunstancias comunes, lo que justifica un trato
procesal unitario. En las acciones de grupo la responsabilidad es entonces
tramitada colectivamente, en cuanto se trata de reclamar los daños
ocasionados a un número importante de ciudadanos, pero las
reparaciones concretas son en principio individualizadas, ya que, por su
intermedio, lo que se ampara es el daño subjetivo de cada uno de los
miembros del grupo”.
19. En la sentencia C-898 de 2005 se insistió en que, de conformidad con la
interpretación que debe darse al inciso tercero del artículo 46 de la Ley 472 de
1998, la exigencia de que el grupo debe estar integrado al menos por veinte
personas, no puede entenderse como un obstáculo para la presentación de la
demanda, en cuanto no se requiere la concurrencia de todos ellos para tal acto,
toda vez que, según el artículo 48 del mismo ordenamiento, en la acción de grupo
el actor o quien actúa como demandante, representa a las demás personas que
hayan sido afectadas por los hechos lesivos. Por ello, lo que resulta exigible al
actor al momento de presentar la demanda, a la luz del numeral cuarto del artículo
52 del mismo ordenamiento, es el deber de señalar en ella la identidad de por lo
menos veinte de los miembros del grupo afectado o, en todo caso, señalar los
criterios que permitan su identificación por parte del juez8.
20. Por su parte, el literal h) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011
señala que, en los eventos en los que se pretenda la declaratoria de
responsabilidad y el reconocimiento y pago de indemnización de perjuicios
causados a un grupo, la demanda deberá promoverse dentro de los dos años
siguientes a la fecha en que se causó el daño.
21. De esta manera, las normas legales que definen el medio de control de
reparación de los perjuicios causados a un grupo prevén tres requisitos: (i) por un
lado que exista un grupo, formado por un daño o causa común, y que el mismo,
esté integrado, mínimo por 20 personas; (ii) una regla de legitimación en la causa
por activa, la cual establece que la acción la debe promover al menos una persona
7 Sentencia Ibídem.
8 En este aspecto, también resulta relevante la explicación contenida en la C-1062 de 2000 conforme a la
cual: i) que “la acción de clase o de grupo se configura a partir de la preexistencia de un daño que se busca
reparar pecuniariamente y en forma individualizada, por todos aquellos que se han visto afectados”, y ii) que
su ejercicio “está sometido a unos requisitos sustanciales específicos, en cuanto a la legitimación activa y
pasiva de la acción, la determinación de la responsabilidad que se pretende determinar y el objeto que
pretende proteger”. Expuso la Corte que la legitimación activa en las acciones de grupo radica en “las
personas que se han visto afectadas en un interés jurídico”, obligadas a “compartir la misma situación
respecto de la causa que originó los perjuicios individuales y frente a los demás elementos atribuibles a la
responsabilidad”. Esto último entendido en el sentido de que “el hecho generador del daño sea idéntico, que
ese hecho haya sido cometido por el mismo agente, o sea referido a un mismo responsable, y que exista una
relación de causalidad entre el hecho generador del daño y el perjuicio por el cual el grupo puede dirigir la
acción tendiente a la reparación de los perjuicios sufridos”.
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perjuicios causados a un grupo.
(no veinte), que sea parte del grupo originado en un daño común, y (iii) que el
medio de control se promueva dentro de los 2 años siguientes a la fecha del daño.
22. Sobre estos aspectos, en providencia de 20 de junio de 20219, el Consejo de
Estado precisó varios criterios jurisprudenciales relevantes para la identificación
del grupo. En primer lugar, indicó que, con respecto al establecimiento de criterios
uniformes para la individualización de los miembros de cada grupo, “no es posible
fijar una taxonomía de los mismos dadas las circunstancias específicas de cada
caso concreto”. Adicional a ello, reiteró el precedente de la corporación para
examinar la existencia de un grupo originado en un daño común.
23. Precisó que, desde el 200610, el Consejo de Estado ha indicado que respecto
de “la expresión “condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó
los daños al grupo”, se ha entendido que no sólo se hace referencia al nexo de
causalidad, sino también y de forma principal, al hecho generador del daño,
puesto que se habla de condiciones uniformes respecto de una misma causa del
daño, por lo que el primer paso que debe darse en este análisis, es identificar los
hechos generadores del daño que se alegan en el caso concreto, los cuales deben
aparecer como comunes a todos los miembros del grupo.
24. Se explicó que el hecho generador del daño es la “circunstancia que genera
los respectivos perjuicios sufridos, es la acción u omisión, en si misma
considerada, por la cual se cree se causaron los daños”; en ese momento, al
hacer el examen judicial sobre la existencia del grupo debe verificarse que “los
daños sufridos por la pluralidad de personas, se imputan a un mismo hecho
generador”. Un aspecto adicional tiene que ver con el nexo de causalidad, el cual
consiste en una imputación fáctica y jurídica. “La primera referida al normal
transcurso de los hechos, teniendo en cuenta que es causa de un daño, toda
aquella modificación del mundo exterior antecedente al daño y, la segunda, que
va mucho más allá de los hechos, referida a los vínculos jurídicos que nacen del
comportamiento humano y que de una u otra forma, unen a las personas, por
ejemplo, la responsabilidad por el hecho de las cosas.”
25. El análisis de las condiciones uniformes respecto de una misma causa que
generó perjuicios tiene como resultado la identidad del grupo, como pluralidad de
personas que sufren unos daños originados en uno o varios hechos generadores
comunes a todos; si se descubre lo contrario debe concluirse la inexistencia del
grupo.
26. El referido estudio debe ser el resultado de la aplicación de criterios
razonables por parte del Juez, que consulten la realidad que se le somete a su
consideración con la acción de grupo y bajo la perspectiva de que el hecho común
generador de los daños reclamados no tiene que ser entendido de manera
esencialmente natural, sino desde una óptica jurídica, porque es posible que se
presenten varios eventos ligados en tal forma que legalmente sean uno mismo. En
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Primera Especial de Decisión,
radicación número: 76001-23-31-000-2002-04584-02. M.P.: María Adriana Marín, 10 de junio de 2021
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicado: 25000-23-24-000-
2005-00495-01 M.P.: Ramiro Saavedra Becerra; 2 de agosto de 2006.
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perjuicios causados a un grupo.
la providencia de 10 de junio de 2021, proferida por una Sala Especial de Decisión
del Consejo de Estado se explicó que:
“(…) el origen común no significa, necesariamente una ´unidad de hecho
temporal´, es decir, no es necesario que el hecho creador de los derechos
sea el único o el mismo en todos los derechos individuales. Lo
fundamental (…) es que sean situaciones 'jurídicamente iguales', aunque
sean hechos diferentes en el plano empírico. “Obviamente, la ley no exige
que las situaciones individuales de todos los miembros del grupo sean
exactamente iguales o que todas las cuestiones de hecho o de derecho
levantadas en el proceso sean comunes a todos. Es suficiente que la
diversidad natural entre las innumerables situaciones particulares no
perjudique la existencia de un núcleo de controversia que sea común en el
grupo. Es este núcleo lo que es ´la cuestión común juzgada en la acción
colectiva´”.
27. Además, se puntualizó que para que sea procedente una acción de grupo es
necesario que la misma permita la decisión unitaria de la controversia y para ello
se requiere la existencia de aspectos de hecho o de derecho comunes
(condiciones uniformes) entre los miembros del grupo. No se trata de que las
situaciones particulares de todos los miembros del grupo sean idénticas o iguales,
pues es claro que pueden resultar perjuicios o daños disímiles en cuanto a su
modalidad e intensidad (tanto el quantum como la modalidad: patrimoniales,
morales, etc.), sino que es necesario que entre las mismas exista un común
denominador o núcleo que pertenece o se extiende a todos ellos, derivado de la
conducta dañina del demandado.
4. Posibilidad de acudir al medio de control de indemnización de perjuicios
causados a un grupo para solicitar la reparación por el error jurisdiccional
por providencias proferidas por las altas Cortes
28. El artículo 65 de la Ley 270 de 1996 prescribe que el Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que sean imputables a la
administración de justicia por: (i) defectuoso funcionamiento; (ii) error jurisdiccional
y (iii) privación injusta de la libertad. Respecto de la segunda hipótesis, el artículo
66 y 67 describen sus elementos y señalan que se trata del evento en que una
autoridad judicial, en ejercicio de su facultad de administrar justicia, dentro de un
proceso, profiere una providencia “contraria a la ley”. Adicionalmente se indica
que, quien alegue el error jurisdiccional debe haber ejercido todos los recursos
que tenga a su disposición contra la providencia que causó el daño, y la misma
debe estar en firme. Además, esta Corporación ha señalado que para su
configuración se requiere que: i) se trate de una providencia proferida por una
autoridad investida de la facultad jurisdiccional y en ejercicio de la misma11; ii)
11 Ley 270 de 1996, artículo 66: “Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en
su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley” (se
destaca).
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Radicación: 11001-33-31-707-2010-00121-01 (70.680)
Accionante: María del Tránsito Sanabria y otros
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Referencia: Medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.
contra la providencia atacada se hubieren interpuesto los recursos de ley y aquella
se encuentre en firme12; iii) resulte contraria a la realidad procesal (error fáctico) o
al ordenamiento jurídico (error de derecho), sin que ello signifique que la
contradicción sea grosera, abiertamente ilegal o arbitraria y iv) que el error en ella
contenido incida en la decisión judicial y cause un daño personal, cierto y
antijurídico13.
29. Preliminarmente, al hacer el control previo y automático del Proyecto de Ley
Estatutaria, en la sentencia C-037 de 1996, la Sala Plena de la Corte
Constitucional indicó que el error jurisdiccional podría solicitarse en relación con
cualquier providencia proferida por una autoridad judicial, salvo contra las altas
Cortes. Por ello, en virtud de ese condicionamiento, se consideraba que no era
procedente solicitar la reparación integral por los daños causados por una
providencia judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional, o el propio Consejo de Estado. Sin embargo, jurisprudencialmente,
esta corporación ha indicado de manera consistente que14 las providencias
proferidas por las altas cortes sí son objeto de petición de reparación, ya sea a
través de la reparación directa o del medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo, cuando quiera que con ella se configure un daño
patrimonial.
30. Si bien la C-037 de 1997 indicó que, en principio esto no resultaba posible, lo
cierto es que posterior a esa decisión, tanto la Corte Constitucional15 como el
Consejo de Estado16 han precisado que: (i) el artículo 90 de la Constitución no
excluye a ninguna autoridad pública de ser responsable patrimonialmente, y ello
incluye a todos los órganos y corporaciones constitucionalmente constituidos,
incluidas las altas cortes y (ii) al aplicar el control de convencionalidad, el Consejo
de Estado indicó que el artículo 10 de la Convención Americana sobre derechos
humanos indica explícitamente que toda persona tiene derecho a ser indemnizada
en caso de error judicial. En criterio del precedente de esta corporación, la regla
fijada en la C-037 de 1996 no vincula actualmente a la corporación, pues operó un
cambio en los parámetros normativos que sirven de fundamento para hacer el
control constitucional a la norma estatutaria que regula el error jurisdiccional, y por
esa vía se debe concluir que conforme la norma interamericana las altas cortes
también son pasibles de la acción de reparación directa o del medio de control de
12 Ley 270 de 1996, artículo 67: “El error jurisdiccional se sujeta a los siguientes presupuestos: 1. el afectado
deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos
de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial; 2. la
providencia contentiva de error deberá estar en firme”.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de
2008, exp. 16594. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
14 Recientemente consejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera subsección B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata, 4 de mayo de 2022 Radicación: 25000-2336-000-2012-00311-02
(52091); Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A,
consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico 20 de mayo de 2022. Radicación número: 25000-23-36-000-
2017-02052-03 (67.570). En el mismo sentido, Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera, Subsección C. M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, 6 de marzo de 2013. Radicación
número: 73001-23-31-000-2000-00639-01(24841).
15 Corte Constitucional, C-038 de 2006.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de
2008, exp. 16594. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
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Radicación: 11001-33-31-707-2010-00121-01 (70.680)
Accionante: María del Tránsito Sanabria y otros
Accionado: Nación-Rama Judicial-
Referencia: Medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.
indemnización de los perjuicios causados a un grupo, y en cualquiera de los
eventos propuestos por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia - Ley
270 de 1996, a saber, error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia o privación injusta de la libertad.
31. Así, se ha indicado que, las providencias proferidas por las altas Cortes
pueden constituir eventuales errores jurisdiccionales. En todo caso, el actor que
formule una pretensión reparatoria debe satisfacer una exigente carga
argumentativa, aún más robusta que en aquellos eventos en los que se cuestiona
la responsabilidad patrimonial por una providencia proferida por un Tribunal de
Distrito Judicial o un juez unipersonal. Esto en atención a las especiales
competencias constitucionales de los órganos judiciales de cierre, puntualmente
aquellas relacionadas con las funciones de unificación de precedente judicial y los
especiales recursos judiciales que activan su competencia. Con todo, lo que se ha
reiterado de manera pacífica es que, si bien las decisiones de los órganos
judiciales de cierre pueden ser fuente de un daño antijurídico, el actor debe
satisfacer una considerable carga argumentativa, con el fin de mostrar la manera
en la que una decisión judicial es fuente de daños antijurídicos susceptibles de ser
indemnizados.
32. Bajo este contexto, al actor le corresponde indicar en qué tipo de error incurrió
la providencia que es fuente del daño antijurídico. Es decir, cuando se trate de un
error de derecho, deberá establecer, por lo menos, “un señalamiento de las
normas que se consideran como transgredidas y una explicación sucinta de la
manera en que ellas fueron infringidas”. Por su parte, en el error de hecho deberá
indicarse de manera precisa “cuáles fueron las pruebas sobre las que recayó el
yerro en la actividad probatoria y por qué con ello se transgredió la ley”. Sobre el
particular, esta Subsección se refirió en los siguientes términos:
“En efecto, la fundamentación de las causales para cimentar el error
judicial, exige demostrar los yerros cometidos por el juzgador en la
providencia de la que se alega deviene el daño antijurídico, el cual pudo
haber comprometido la legalidad de la decisión cuestionada, tanto en la
aplicación de las normas de derecho sustancial (in judicando), como las
relativas al derecho procesal (in procedendo) y que, de todos modos,
podrían haber mutado la decisión que tomó.// Por lo dicho, en el título de
imputación por error jurisdiccional, el interesado deberá cumplir con la
identificación del objeto del mismo, así como establecer un concepto de
violación. Con este fin, le incumbirá cumplir con las cargas de claridad,
precisión y debida argumentación para demostrar que existe una
imputación de tipo jurídico a la demandada”17 (se resalta).
33. Así las cosas, se ha reiterado que en casos de solicitud de reparación por error
jurisdiccional, cuya fuente de la responsabilidad sea una decisión judicial proferida
por una alta corte “el interesado tiene que cumplir con la carga no solo de señalar
las normas que se consideran como transgredidas sino de explicar, con claridad,
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del
20 de noviembre de 2020, exp. 43042. C.P. María Adriana Marín.
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Radicación: 11001-33-31-707-2010-00121-01 (70.680)
Accionante: María del Tránsito Sanabria y otros
Accionado: Nación-Rama Judicial-
Referencia: Medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.
precisión y suficiente argumentación, la forma en que ello ocurrió, por cuanto
este proceso de reparación directa no tiene por objeto que el juez realice un nuevo
análisis, sin limitaciones, de la providencia cuestionada”18.
34. En este orden de ideas, para definir cuándo se está ante una “providencia
contraria a la ley”, la Sección Tercera señala que se trata de aquella decisión
judicial en la que se producen errores de interpretación por aplicación equivocada
de la norma jurídica llamada a gobernar el caso, o por la indebida apreciación de
las pruebas en las cuales ella se fundamenta (error de hecho). Hay que entender
incluida en la definición de error jurisdiccional además las providencias contrarias
a la Constitución, que de acuerdo con su artículo 4º es norma de normas.
35. En este sentido la Sala ha previsto que la responsabilidad patrimonial del
Estado es una facultad que deriva directamente de la Constitución Política y que,
al igual que en la acción de tutela, declarar la existencia del error judicial no
implica la interferencia del juez contencioso administrativo en las decisiones
judiciales ya que la providencia que contiene el error conserva la intangibilidad de
cosa juzgada. Sólo excepcionalmente será admisible la responsabilidad
patrimonial del Estado derivada del error judicial cometido por las altas
corporaciones de administración de justicia y demás tribunales y juzgados en los
eventos en que éste sea absolutamente evidente y no se requiera realizar ninguna
labor hermenéutica para hallarlo configurado.
36. Asimismo, ha sostenido la Corporación que la configuración del error
jurisdiccional se logra mediante el análisis comparativo entre las fuentes del
derecho que rigen la función de administrar justicia y la providencia judicial
respecto de la cual se predica el error judicial, a cuyo efecto deberá considerarse
también el conjunto de actos procesales que integran el correspondiente proceso.
“En efecto, no es dable tomar como hecho independiente o autónomo únicamente
la providencia judicial, pues esta debe analizarse mediante el estudio de los otros
actos procesales, demanda, contestación, pruebas, etc. Pues sólo de esta manera
es dable deducir la inconformidad de la providencia con el deber ser definido por el
ordenamiento jurídico, en su aspecto sustancial y procedimental”19.
37. Antes de finalizar estas consideraciones, la Sala reitera el precedente fijado en
sentencia de 8 de junio de 202220, proferido por esta Subsección, dentro del
proceso de reparación directa promovido por el departamento de Cundinamarca
contra la Rama Judicial, pues en su sentir, la SU-484 de 2008 concluyó que la
entidad territorial tenía responsabilidad en la crisis financiera de la fundación. En
aquella providencia, la Sub sección reiteró el precedente sobre la procedibilidad
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A, Rad.: 25000-
23-36-000-2018-000369-01 (67.841), M.P..: Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección tercera Subseccion B. M.P.: Ruth Stella
Correa Palacio 11 de mayo de 2011. Radicación número: 08001-23-31-000-1999-02324-01(22322)
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Adminsitrativo,, Sección Tercera, Sub Sección A, M.P. María
Adriana Marín. 8 de junio de 2022. Radicado 25000-23-26-000-2010-00665-01(51.407)
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Radicación: 11001-33-31-707-2010-00121-01 (70.680)
Accionante: María del Tránsito Sanabria y otros
Accionado: Nación-Rama Judicial-
Referencia: Medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.
judicial de medios de control para buscar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial contra autoridades judiciales por adoptar providencias, incluso si son
proferidas por los órganos de cierre. En aquella providencia se concluyó que el
escrito de demanda no presentaba argumentos suficientes para mostrar los
supuestos yerros alegados, sino que se limitaba a enunciar su disconformidad con
la SU-484 de 2008, por lo anterior, se desestimaron “las súplicas de la
demandante, en la medida en que esta Subsección considera que, en el caso
concreto, no se demostró la existencia de un error jurisdiccional que deba ser
reparado”.
5. Caso Concreto
38. Preliminarmente, a la Sala le corresponde examinar si se satisfacen los
requisitos de procedencia del medio de control de reparación de los perjuicios
causados a un grupo, en los términos del artículo 143 de la Ley 1437 de 2011 y la
jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente la sentencia de unificación
de 10 de junio de 202121.
39. Examinados los requisitos construidos jurisprudencialmente con base en las
normas procesales y sustantivas sobre la materia, se concluye que el medio de
control de reparación de los perjuicios causados a un grupo es procedente, en
tanto que: (i) Se satisface el requisito de la existencia de un hecho dañoso común,
constituido en este caso por la sentencia SU-484 de 2008, providencia en la que la
Sala Plena de la Corte Constitucional determinó criterios jurisprudenciales
dirigidos a resolver la situación jurídica en la que se encontraban los trabajadores
de la Fundación San Juan de Dios, el Hospital San Juan de Dios y el Instituto
Materno Infantil. Se trata de un supuesto daño común y que, en cada caso
concreto afectó a las personas accionantes.
40. (ii) Se satisface el requisito de legitimación, pues María Priscila Vargas
Hernández, María Ofelia Parra, Jorge Antonio Cely Pérez, María del Tránsito
Sanabria Guerrero, Ana Cristina Murillo, Araceli Cuesta de García y Consuelo
Cárdenas Espinosa, acuden a la administración de justicia con el fin de solicitar la
reparación por el supuesto daño común, no en nombre propio, sino como parte del
grupo conformado por quienes también resultaron afectados con los efectos que
produjo la providencia SU-484 de 2008.
41. Al respecto, las demandantes señalan que, las otras personas afectadas son
“todas aquellas que se encuentra o se encontraban al servicio de la Fundación
San Juan de Dios, entidad a la que se le oficiará para que remita sus nombres,
documentos de identidad, su domicilio y residencia…De esta forma se puede
definir el grupo”22.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Primera Especial de Decisión, M.P.:
María Adriana Marín, 10 de junio de 2021, Radicación número: 76001-23-31-000-2002-04584-02(AG)REV-
SU
22 Folio 56 del cuaderno No. 1.
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Radicación: 11001-33-31-707-2010-00121-01 (70.680)
Accionante: María del Tránsito Sanabria y otros
Accionado: Nación-Rama Judicial-
Referencia: Medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.
42. En punto a este requisito debe indicarse que los actores, a través de su
apoderado acreditaron que, al menos 52 personas23 ex trabajadores o ex
servidores de la Fundación San Juan de Dios, el Hospital San Juan de Dios y el
Instituto Materno Infantil se opusieron a la providencia SU-484 de 2008, pues una
vez fue adoptada y fue notificada, acudieron a la Corte Constitucional para solicitar
su nulidad. Se trató de 52 personas que no fueron parte dentro de los procesos de
tutela que llevó a la SU-484 de 2008, pero que consideraron que las
determinaciones de la Sala Plena los afectaban negativamente en el ejercicio de
sus derechos laborales y de seguridad social, y que la Sentencia de Unificación
fue proferida conculcando sus derechos fundamentales al debido proceso. Se lee
en el auto 015 de 2012, a título de antecedentes:
“1. Los ciudadanos Yolanda Rodríguez Tole, Luz Stela Maldonado
Vanegas, Fanny Mayordomo de Gutiérrez, Fredy Orlay Rodríguez
Hernández y José Joaquín Castro, presentaron solicitud de nulidad en
contra de la sentencia SU-484 de 2008 a través de la cual se declaró la
violación de los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y a la
seguridad social de los trabajadores vinculados con la Fundación San Juan
de Dios – Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil-. En
consecuencia, y con el fin de restablecer los derechos constitucionales
vulnerados, concedió la protección de los mismos.
2. La solicitud de nulidad fue rechazada por la Sala Plena de esta
Corporación mediante Auto 217 de 2011, al considerar que la misma
resultaba extemporánea. Estimó la Corte que si bien los solicitantes
acreditaron la legitimación por activa, la solicitud no cumple con el requisito
de oportunidad, en atención a que en virtud del carácter inter comunnis de
la sentencia SU-484 de 2008 y en cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 3, 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 sobre la notificación de los
fallos de tutela, se tiene como fecha de notificación de la misma el día 12
de noviembre de 2008, fecha en la que la Liquidadora de la Fundación San
Juan de Dios publicó un aviso en el diario El Tiempo, en el cual se señala
cuál es la documentación indispensable para poder efectuar los pagos
señalados en la sentencia SU-484 de 2008. Así las cosas y teniendo en
cuenta que las solicitudes de nulidad fueron presentadas con posterioridad
a los 3 días siguientes de la notificación de la sentencia, se determinó que
las mismas resultaban extemporáneas.
3. Mediante escritos recibidos en este despacho los días trece (13),
dieciséis (16), diecisiete (17), dieciocho (18), diecinueve (19), veinte (20),
veintitrés (23), veinticuatro (24), veintisiete (27) y treinta (30) de enero de
2012, los ciudadanos Marlene Goez Sánchez, Hernando Pinilla, María
Cecilia Morera, Luz Amada Puentes Vanegas, Lyda Janeth Melo Calvo,
23 Marlene Goez Sánchez, Hernando Pinilla, María Cecilia Morera, Luz Amada Puentes Vanegas, Lyda Janeth
Melo Calvo, Elizabeth Camacho Párraga, Marlen Patricia González Cabrera, Luz Ibed Valencia Bohórquez,
Aura Cecilia Beltrán R, M Fanny Mayordomo, María Gloria Cecilia León Vargas, Ana Delinda Arteaga, Ramiro
Barbosa Clavijo, Delfina Acosta de Roa, Luz Stella Buitrago Moreno, Agripina Teresa R, Aurora Bernate
Mongui, Gilma Noemí Carrión Martínez, Fabiola Garzón Guevara, Luis Ricardo Bonilla Blanco, Ana Sorley
Urueña Ramírez, Luz Stella Joya Figueroa, Silia María Rivera Vargas, Nohora Marlene Rodríguez Gamboa,
Julia Manrique A, Miryam Amparo Salcedo, Myriam Cristina Fonseca Franco, Ulises Ortiz Barreiro, María
Emperatriz Ávila, Luz Marina Pedroza León, Gilberto González Cordero, Elizabeth Hurtado Castaño, Luis
Delia Gutiérrez de Rodríguez, Omar Pérez Palacios, Consuelo Ramírez Patiño, María Graciela Agudelo,
Carmen Ofelia Gómez, Sandra Patricia Rojas Bermeo, Sonia P (apellido ilegible), Lilia Victoria García, Nelsy
Portilla Becerra, Martha Judith Ruiz Martínez, Martha Rocío Reina Ortiz, Carmen Elisa Martínez, July Edith
Melo Suárez, María Fernanda Correa Coronado, Elizabeth Guzmán, Ruth Yaneth Urrego Prieto, Martha
Cecilia Medina, Sonia Villarreal Ospina, Dora Cecilia Cubillos Aya, Gloria Yolanda Osorio, Elsa Stella Cobos
González y Gladys Sora de Gordillo. Peticionarios de nulidad dentro del Auto 015 de 2012, folio 474 del
cuaderno No. 1.
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Radicación: 11001-33-31-707-2010-00121-01 (70.680)
Accionante: María del Tránsito Sanabria y otros
Accionado: Nación-Rama Judicial-
Referencia: Medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.
Elizabeth Camacho Párraga, Marlen Patricia González Cabrera, Luz Ibed
Valencia Bohórquez, Aura Cecilia Beltrán R, M Fanny Mayordomo, María
Gloria Cecilia León Vargas, Ana Delinda Arteaga, Ramiro Barbosa Clavijo,
Delfina Acosta de Roa, Luz Stella Buitrago Moreno, Agripina Teresa R,
Aurora Bernate Mongui, Gilma Noemí Carrión Martínez, Fabiola Garzón
Guevara, Luis Ricardo Bonilla Blanco, Ana Sorley Urueña Ramírez, Luz
Stella Joya Figueroa, Silia María Rivera Vargas, Nohora Marlene
Rodríguez Gamboa, Julia Manrique A, Miryam Amparo Salcedo, Myriam
Cristina Fonseca Franco, Ulises Ortiz Barreiro, María Emperatriz Ávila, Luz
Marina Pedroza León, Gilberto González Cordero, Elizabeth Hurtado
Castaño, Luis Delia Gutiérrez de Rodríguez, Omar Pérez Palacios,
Consuelo Ramírez Patiño, María Graciela Agudelo, Carmen Ofelia Gómez,
Sandra Patricia Rojas Bermeo, Sonia P (apellido ilegible), Lilia Victoria
García, Nelsy Portilla Becerra, Martha Judith Ruiz Martínez, Martha Rocío
Reina Ortiz, Carmen Elisa Martínez, July Edith Melo Suárez, María
Fernanda Correa Coronado, Elizabeth Guzmán, Ruth Yaneth Urrego
Prieto, Martha Cecilia Medina, Sonia Villarreal Ospina, Dora Cecilia
Cubillos Aya, Gloria Yolanda Osorio, Elsa Stella Cobos González y Gladys
Sora de Gordillo impugnaron el Auto 217 del 5 de octubre de 2011, que
decidió rechazar por extemporáneas las solicitudes de nulidad de la
sentencia SU-484 de 2008 y en consecuencia impugnan también los Autos
153 de 2008, 162 de 2008, 199 de 2008, 342 de 2008 y 180 de 2009 que
rechazaron por falta de legitimación los incidentes de nulidad propuestos
contra la sentencia SU-484 de 2008.
4. Consideran los impugnantes que el auto que se refuta, constituye una
violación al debido proceso por desconocimiento del derecho de
contradicción de aquellos trabajadores que si bien no fueron parte dentro
del proceso que dio origen a la sentencia SU-484 de 2008, sus efectos los
cobijan en virtud del carácter inter comunis que se predica de la misma.
Afirman que ‘(...) la forma reconocida por la Corte para tener por
notificados a los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, no es
una actuación dentro del proceso judicial, pues señala que se tendrá como
tal la publicación hecha por la liquidadora, pero tampoco dicha forma fue
conocida por nadie antes del Auto 217/11, pues no obra en las
notificaciones ordenadas por la Sentencia SU-484/08’”.
43. Se observa que las personas que acudieron a la Corte Constitucional para
solicitar la nulidad de la SU-484 de 2008, y aquellas otras que coadyuvaron a las
primeras, manifestaron argumentos similares a los que presentan los actores
dentro de este medio de control de reparación de los perjuicios causados a un
grupo. Esto es, que la referida Sentencia de Unificación, sin haberlos hecho parte,
resolvió sus situaciones concretas en perjuicio de sus derechos fundamentales.
44. Solo a título de la satisfacción del requisito de existencia de un grupo superior
a 20 personas, esta subsección concluye que el mismo sí se cumple, toda vez que
los siete demandantes lo hacen en nombre de las personas, ex trabajadores y ex
servidores públicos de la Fundación San Juan de Dios, Hospital San Juan de Dios
e Instituto Materno Infantil, quienes, supuestamente, se vieron afectados por la
SU-484 de 2008, mediante la cual, en sede de unificación, se resolvió la situación
jurídica de varias personas. Este universo total de trabajadores asciende a más de
dos mil personas conforme al dicho de la parte demandante.
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Radicación: 11001-33-31-707-2010-00121-01 (70.680)
Accionante: María del Tránsito Sanabria y otros
Accionado: Nación-Rama Judicial-
Referencia: Medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.
45. Finalmente, se satisface el requisito de temporalidad o de ejercicio oportuno
del medio de control dentro de los dos años siguientes al hecho dañoso común, en
tanto que, se observa que la SU-484 de 2008 se notificó el 12 de noviembre de
2008, esto por explícita disposición de la misma providencia24, y la acción se
formuló el 2 de junio de 2010, es decir, dentro de los dos años siguientes.
46. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado en la impugnación de la
parte actora, a continuación, se examina el reparo contenido en el recurso de
apelación25.
47. La parte actora señaló que el Tribunal de primera instancia incurrió en una
falacia argumentativa al avalar que la sentencia SU-484 de 2008, proferida por la
Sala Plena de la Corte Constitucional, sin norma legal que la habilitara y vaciando
la competencia de otras jurisdicciones, terminó las relaciones laborales de todos
los trabajadores y servidores públicos que laboraban para la Fundación San Juan
de Dios (Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil). En el escrito se
reprochó que el Tribunal de primera instancia validó una interpretación conforme a
la cual, la Corte Constitucional en su ejercicio de unificación de jurisprudencia
resolvió procesos que eran competencia de los jueces ordinarios, puntualmente de
la jurisdicción ordinaria especialidad laboral y de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
48. Reiteró su argumento de la demanda conforme al cual, no resulta acorde con
el ordenamiento jurídico que la Corte Constitucional tenga una competencia omni-
comprensiva y omni-excluyente y que, pueda tomar para sÍ “la competencia
asignada por la ley y la constitución a otras jurisdicciones”.
49. Insistió en su reproche en que la SU-484 de 2008 da lugar a una “dictadura
judicial”, pues dio por terminadas las relaciones laborales de los trabajadores de la
Fundación San Juan de Dios, para los empleados del Hospital San Juan de Dios -
desde el 29 de octubre de 2001 y del Instituto Materno Infantil -entre agosto y
diciembre de 2006-”. Al tiempo que censuró que el tribunal de primera instancia
haya considerado que ello era jurídicamente correcto.
50. En este punto corresponde precisar que el recurso de apelación enuncia
argumentos y reproches contra la sentencia de primera instancia, y la supuesta
decisión de avalar una sentencia de unificación que incurre en un error
jurisdiccional. El recurso de apelación contiene argumentos de reproche a la
sentencia de primera instancia que activa la competencia de esta corporación en
sede de segunda instancia, sin embargo, a continuación corresponde examinar si
los mismos tienen el alcance de afectar la corrección de la decisión de primera
instancia.
24 “VIGÉSIMO TERCERO: Para garantizar la efectividad de las decisiones adoptadas y el conocimiento de las
obligaciones que acá se imponen, la Secretaria General de la Corte Constitucional notificará la parte
resolutiva de la presente providencia a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a Bogotá Distrito
Capital, al Departamento de Cundinamarca, a la Beneficencia de Cundinamarca y a la Liquidadora de la
Fundación San Juan de Dios; dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de ésta.”
25 Recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora contra la sentencia de 28 de
septiembre de 2023, proferida por el Tribunal. Folio 120 y s.s. Cuaderno 13.
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Radicación: 11001-33-31-707-2010-00121-01 (70.680)
Accionante: María del Tránsito Sanabria y otros
Accionado: Nación-Rama Judicial-
Referencia: Medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.
51. En esa medida, corresponde examinar si el recurso de apelación promovido
por la parte actora muestra yerros que ameriten la revocatoria de la sentencia de
instancia o si, por el contrario, examinada a la luz de los cargos de apelación, la
misma es correcta y en esa medida debe ser confirmada. La parte apelante
sostiene que, el Tribunal de primera instancia avaló que la Corte Constitucional, en
la SU-484 de 2008 haya vaciado la competencia de los jueces de la jurisdicción
ordinaria, especialidad laboral, y de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
en tanto que en la parte considerativa de la providencia se indicó:
“5.1. En relación con el establecimiento de la Fundación San Juan de
Dios, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, la Corte
Constitucional DECLARARÁ que quedaron terminadas el 29 de Octubre
de 2001:
5.1.1. Todas las relaciones de trabajo vigentes para esa fecha que hayan
tenido como causa un contrato de trabajo o un nombramiento y posesión; y
que se regían respectivamente por el Código Sustantivo del Trabajo y las
normas complementarias – incluida la ley 6 de 1945- ó por la ley y el
reglamento.
5.1.2. Los contratos de prestación de servicios personales vigentes para
esa fecha con personas naturales que los prestaban personalmente.
La anterior fecha surge de la siguiente manera:
a). Con base en concepto emitido por la Oficina asesora jurídica y de
apoyo legislativo del Ministerio de la Protección Social, la fecha de corte de
la relación laboral de los ex empleados y ex trabajadores del Hospital San
Juan de Dios fue el 21 de Septiembre de 2001 fecha en que salió el
último paciente del mencionado Hospital.”
52. Lo anterior fue explícito en la parte resolutiva, puntualmente el ordinal quinto:
“QUINTO: En relación con el establecimiento de la Fundación San Juan de
Dios, INSTITUTO MATERNO INFANTIL, la Corte Constitucional DECLARA que
quedaron terminadas entre agosto y diciembre de 2006, acorde con la fecha
determinada en cada una de ellas:
Todas las relaciones de trabajo que hayan tenido como causa un contrato de
trabajo o un nombramiento y posesión; y que se regían respectivamente por el
Código Sustantivo del Trabajo y las normas complementarias – incluida la ley 6 de
1945- ó por la ley y el reglamento.
Los contratos de prestación de servicios personales con personas naturales que
los prestaban personalmente”.
53. La tesis de la parte actora estriba en que en la providencia de unificación -en la
que se efectuó la revisión de 23 expedientes de tutela-, la Corte Constitucional
tomó una decisión que impactó a más de 2.000 personas que no fueron parte de
esa actuación judicial y de las que no se escucharon sus argumentos y situaciones
concretas. En esa medida, los actores concluyen que la Corte Constitucional
desbordó sus competencias e invadió la que es propia de los jueces de otras
jurisdicciones.
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Radicación: 11001-33-31-707-2010-00121-01 (70.680)
Accionante: María del Tránsito Sanabria y otros
Accionado: Nación-Rama Judicial-
Referencia: Medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.
54. Examinados los motivos de inconformidad manifestados por la parte
demandante, se concluye que los mismos no están llamados a prosperar, en tanto
que: (i) el grupo actor no ofreció argumentos para que prosperara su pretensión de
demostrar que la providencia incurrió en un yerro claro, ostensible, directo y
suficiente; esto pues (ii) examinadas las normas constitucionales y estatutarias
sobre las competencias de unificación de la Sala Plena de la Corte Constitucional,
resulta palmario que dicha corporación tiene la competencia para unificar criterios
jurisprudenciales respecto del ejercicio de los derechos fundamentales y (iii), en
todo caso, la providencia SU-484 de 2008 no se profirió invadiendo la competencia
de jueces de otras jurisdicciones, pues en todo caso, todos los jueces del país,
como se verá brevemente cuentan con la competencia, en un caso concreto de
separarse de la SU-484 de 2008. A continuación, se desarrollan estas
consideraciones
5.1. El grupo actor no ofreció argumentos para mostrar de manera clara,
ostensible, directa y suficiente, los yerros en los que supuestamente incurrió
la SU-484 de 2008
55. Al respecto, es menester insistir en que la responsabilidad patrimonial del
Estado derivada del error jurisdiccional no se funda en que un ciudadano muestre
su disconformidad con una providencia, sino que, especialmente en casos de
decisiones de altas cortes, evidencie de manera clara y suficiente los errores de
derecho, de interpretación o de valoración probatorias que hacen que una
providencia sea “contraria a la ley”. En este caso, como se evidencia los actores
se limitaron a manifestar su diferencia de criterio respecto a la decisión adoptada
en la SU-484 de 2008, pero no ofrecieron razones jurídicas o argumento alguno
que permita establecer que la referida providencia es contraria al ordenamiento
jurídico, en los términos que ha exigido por décadas el precedente de esta
Corporación.
56. En criterio de esta Subsección, el cargo de la apelación, es decir, el supuesto
yerro argumentativo de la sentencia de primera instancia por avalar una decisión
de unificación que se aprobó desbordando la competencia de la Corte
Constitucional no está llamado a prosperar, toda vez que la argumentación
expuesta por el apoderado de los demandantes, además de que no explica
ninguno de los errores que es posible enrostrar a la decisión judicial atacada, SU-
484 de 2008, se limita a hacer afirmaciones de disconformidad material de la
decisión, pero no muestra ningún argumento que afecte su validez, especialmente
teniendo en cuenta que se trata de una decisión proferida por una Alta Corte. En
esa medida, le era exigible ofrecer una argumentación especialmente robusta
contra la SU-484 de 2008, en la que mostrara los motivos por los cuales había
incurrido en los posibles errores de derecho, de hecho, o de interpretación.
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Radicación: 11001-33-31-707-2010-00121-01 (70.680)
Accionante: María del Tránsito Sanabria y otros
Accionado: Nación-Rama Judicial-
Referencia: Medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.
5.2. La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene la competencia para
unificar criterios jurisprudenciales respecto del ejercicio de los derechos
fundamentales tal como se resolvió en primera instancia.
57. Respecto a este cargo de la apelación en primer lugar se estima que, el
apelante presentó afirmaciones que se limitan a mostrar su disconformidad con la
sentencia de primera instancia, y por esa vía con la SU-484 de 2008, y omitió
mostrar razones suficientes y trascendentes dirigidas a mostrar las razones por las
cuáles la Corte Constitucional profirió una decisión contraria a derecho.
58. Como se indicó en la providencia de 8 de junio de 2022 dentro del radicado
51.407, proferida por esta sub sección en una acción de reparación directa contra
la Nación- Rama Judicial, por la adopción de la SU-484 de 2008, y reiterada en el
fundamento jurídico No. 37 de esta providencia, cuando un demandante, o un
grupo demandante afirma que una decisión judicial incurre en error jurisdiccional
esta en la obligación de presentar una argumentación clara y precisa respecto de
los errores alegados. Esto es, resulta necesario que la parte actora desarrolle
sus afirmaciones, de ahí que, en el caso concreto, se verifica que, la afirmación
del apoderado conforme a la cual la Sala Plena de la Corte Constitucional
carece de competencia para proferir la SU-484 de 2008, carece de relevancia,
en tanto no destruye las bases de la sentencia amparada por la presunción de
acierto. En la demanda se reprochan las consecuencias de la decisión
enjuiciada, pero se olvida explicar por qué, a juicio de las actoras, las razones
que expuso la Corte Constitucional en su sentencia (motivaciones o reglas que
condujeron al amparo deprecado) y que la llevaron a adoptar esa determinación,
eran contrarias a derecho o desconocían algún precedente judicial, pues
finalmente ello fue lo que originó las obligaciones laborales, máxime cuando la
Corte explicó la situación de las entidades vinculadas y el incumplimiento de los
compromisos laborales de los trabajadores a la misma; la excepcionalidad de la
tutela para hacer efectivos los derechos reclamados y su vulneración; el
desconocimiento de principios y valores constitucionales, así como el
precedente aplicado por esa Corporación en asuntos similares al estudiado,
presupuestos que obvió la parte accionante, pese a que representan el cimiento
de la decisión, que es lo que genera, en esencia, su inconformidad.
59. A juicio de esta Sala, como se ha indicado en casos anteriores ya
mencionados, la parte actora no puede pretender que, a partir solo del
enunciado atinente a la falta de competencia, declaró terminadas todas las
relaciones laborales con efectos retroactivos, la Sala revise la providencia
cuestionada, en la medida en que esto desdibujaría el propósito de la acción de
reparación directa, por error judicial, en la cual el juez debe ceñirse a los cargos
claros, específicos y concretos que formule el demandante, mas no le
corresponde revisar, de manera oficiosa, todos aquellos puntos que fueron
analizados por el juez de la causa para efectos de establecer si existe o no un
yerro, menos cuando en nada se ahondó al respecto, tanto así que pasó por alto
señalar los preceptos normativos presuntamente violados.
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Radicación: 11001-33-31-707-2010-00121-01 (70.680)
Accionante: María del Tránsito Sanabria y otros
Accionado: Nación-Rama Judicial-
Referencia: Medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.
60. En esa medida, acierta la sentencia de primera instancia cuando, en su parte
considerativa, concluyó que la función unificadora de la Sala Plena de la Corte
Constitucional en materia de la acción constitucional de tutela abarca la posibilidad
de que determine criterios jurisprudenciales que deben seguir los jueces
ordinarios26. Ahora, si bien la providencia cuestionada no lo indicó explícitamente,
lo cierto es que la propia Constitución, en el artículo 86 y 241 Núm. 9°, fijó en
cabeza de la Corte Constitucional la competencia de unificación del precedente
constitucional en materia de derechos fundamentales. Las dos normas indicadas
señalan que la Corte Constitucional tendrá la competencia de revisar los fallos de
tutela que se profieran por todos los jueces del país.
61. Aunado a lo anterior, el Decreto Ley 2591 de 1991, en el artículo 34, precisa
que la Sala Plena de la Corte Constitucional tiene la competencia para unificar el
precedente en materia de acciones de tutela. Este precedente de unificación, en
tanto precedente vertical debe ser seguido por las demás autoridades judiciales
del país, ello como desarrollo de los principios de buena fe y de igualdad27. Este
precedente vertical ata a los jueces de instancia, sin embargo, en tanto es una
fuente auxiliar, debe ser conocido, pero existe la hipótesis de que los jueces de
tutela o incluso ordinarios legítimamente se separen de este cumpliendo una
importante carga argumentativa, como a continuación se explica.
5.3. La providencia SU-484 de 2008 no se profirió invadiendo la competencia
de jueces de otras jurisdicciones
63. El artículo 34 del decreto ley 2591 de 1991 prevé que la Sala Plena de la Corte
tiene la competencia de unificar el precedente en materia de tutela, en aquellos
procesos en los que se defina el alcance y contenido de los derechos
26 En la Sentencia Sentencia C-037 de 1996 se indicó que,:“ [p]or lo demás, cabe puntualizar que las
sentencias judiciales a través de las cuales se deciden acciones de tutela, sólo tienen efectos en relación con
las partes que intervienen en el proceso (Decreto 2591/91, art. 36). Sin embargo, la doctrina constitucional
que define el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sentada por la Corte
Constitucional, con ocasión de la revisión de los fallos de tutela, trasciende las situaciones concretas
que le sirven de base y se convierte en pauta que unifica y orienta la interpretación de la Constitución.
El principio de independencia judicial, tiene que armonizarse con el principio de igualdad en la aplicación del
derecho, pues, de lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en arbitrariedad. La jurisprudencia de los altos
órganos jurisdiccionales, por medio de la unificación doctrinal, persigue la realización del principio de igualdad.
Por consiguiente, sin perjuicio de lo observado respecto de la doctrina constitucional, la exequibilidad del
segundo numeral del artículo 48, materia de examen, se declarará bajo el entendido de que las
sentencias de revisión de la Corte Constitucional, en las que se precise el contenido y alcance de los
derechos constitucionales, sirven como criterio auxiliar de la actividad de los jueces, pero si éstos
deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán justificar de manera suficiente y
adecuada el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de infringir el principio de igualdad” (negrilla y
subrayado fuera del texto).
27 SU-113 de 2018, entre muchas otras, explica: “La jurisprudencia constitucional ha diferenciado, según su
origen, dos clases de precedente: el horizontal y el vertical. Respecto al primero, se ha dicho que comprende
“aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial”; mientras que
el segundo, “se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar
jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el
precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de
Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos
en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los
encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”.
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Accionante: María del Tránsito Sanabria y otros
Accionado: Nación-Rama Judicial-
Referencia: Medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.
fundamentales. A diferencia del precedente contenido en la parte resolutiva de una
sentencia de constitucionalidad el cual es obligatorio y no existe posibilidad de
separarse de él, de un precedente de unificación si es posible que un juez se
separe.
64. Este procedimiento argumentativo que eventualmente permite apartarse del
precedente constitucional de unificación en materia de tutela28 ha sido explicado
por la misma Sala Plena de la Corte, en el sentido de exigir que el juez de
instancia indique cuál es el precedente vertical u horizontal que antecede a su
caso y por la identidad fáctica o jurídica debe aplicarse en caso que resuelve
(momento de transparencia). Asimismo, el juez debe indicar el precedente del que
se aparta, y ofrecer razones jurídicas relevantes para separarse (momento de
argumentación). La jurisprudencia constitucional ha indicado que el precedente de
unificación es aquel proferido por la Sala Plena de la Corte en ejercicio del control
concreto. De este, si bien es jurídicamente exigente, resulta posible apartarse en
casos concretos. En efecto, resulta posible que los jueces de instancia se separen,
siempre con una altísima carga argumentativa, ello en atención a que se trata de
un precedente vertical, y de un precedente unificado o reiterado. En sentencia SU-
068 de 2018, en punto a una acción de tutela contra una providencia judicial
proferida por un juez ordinario, la Corte Constitucional explicó que resulta posible
que un juez administrativo se separé del precedente fijado en una sentencia de
unificación de tutela, únicamente con base en argumentos poderosos. Explicó la
providencia:
“En ejercicio de ese interdicto judicial, el Consejo de Estado tiene el deber
de seguir la jurisprudencia fijada por parte de la Corte Constitucional de
control abstracto y concreto. Sin embargo, esa autoridad judicial cuenta con
la opción de apartarse del precedente con la respectiva carga
argumentativa, tal como ocurre con los demás jueces del país. Esa
posibilidad surge de los principios de independencia y autonomía judicial,
que cobija toda forma de administrar justicia.
En Sentencia SU-611 de 2017, la Sala Plena reconoció que el Consejo de
Estado se encuentra vinculado a las reglas judiciales que profiere esta
Corte. Dentro de esas normas adquieren una especial relevancia las
decisiones adoptadas en el control abstracto de constitucionalidad, en razón
de sus efectos erga omnes, al punto que no pueden ser desconocidas bajo
ninguna circunstancia. La ratio decidendi configurada en el procedimiento
tutelar de derecho fundamentales también debe ser acatada por el juez de
extensión. Sin embargo, en los juicios de amparo, el juez tiene la opción
de apartarse del precedente de manera justificada, permisión que es
consecuencia de los efectos inter partes que produce la jurisprudencia
en ese aspecto.
En todo caso, la Sala Plena esbozó que la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional sujeta en dos momentos la producción jurídica del Consejo
de Estado. En el primero, el precedente constitucional es un parámetro
relevante para resolver los casos, al proferirse la sentencia de unificación.
En el segundo, esas reglas judiciales serán un estándar normativo relevante
para resolver las peticiones de extensión de jurisprudencia. En esos dos
28 SU-380 de 2021 (M.P. Diana Fajardo Rivera). SU- 354 de 2017 (M.P. Iván Escrucería Mayolo) y SU-068 de
2018 (M.P. Alberto Rojas Ríos).
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Radicación: 11001-33-31-707-2010-00121-01 (70.680)
Accionante: María del Tránsito Sanabria y otros
Accionado: Nación-Rama Judicial-
Referencia: Medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.
eventos, el juez tiene a salvo su potestad de apartarse del precedente,
siempre que observe la carga exigente de argumentación”.
65. Así las cosas, la Sala concluye que las normas constitucionales y
especialmente estatutarias sí entregan la competencia a la Corte Constitucional,
puntualmente a su Sala Plena para unificar el precedente en materia del contenido
de los derechos fundamentales. Este precedente debe ser conocido y seguido por
todos los jueces del país. El ejercicio de unificación no debe entenderse como una
invasión a las competencias de otras jurisdicciones, pues se trata de un ejercicio
nomofiláctico en cabeza de las altas cortes. En todo caso, la norma estatutaria
(art. 48 de la ley 270 de 1997), conforme el condicionamiento introducido en la C-
037 de 1996 indicó que los jueces de la República se pueden separar del
precedente fijado en decisiones de unificación, claro está cumpliendo el
procedimiento de separación, esto es, haciendo explícito que cumple con: (i)
momento de transparencia y (ii) carga argumentativa, especialmente exigente
cuando se trata de una Sentencia de Unificación.
66. Con base en lo anterior, no es correcto, jurídicamente, lo que sostiene el
apelante, pues la Sala Plena de la Corte Constitucional tiene la competencia de
unificación de precedente y, descendiendo al caso de la SU-484 de 2008, los
jueces ordinarios, por ejemplo el juez administrativo que conoce la acción de
grupo 2002-2327, tiene el atributo de autonomía e independencia judicial, con el
cual, si lo estima oportuno, puede apartarse en un caso concreto, con razones
poderosas, de las reglas previstas en la SU-484 de 2008.
Respecto a la condena en costas en segunda instancia
67. De conformidad con lo consagrado en los artículos 65.5 de la Ley 472 de
199829, 18830 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 202131,
y 365. 3 del CGP, se debe condenar en costas a la parte vencida en el proceso “o
a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación,
queja, suplica anulación o revisión que haya propuesto” especialmente: “En la
providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al recurrente en las costas de la segunda”.
68. La condena se impondrá a cargo de los demandantes que hicieron parte del
proceso, a prorrata de sus integrantes, tal es el caso de María Priscila Vargas
Hernández, María Ofelia Parra, Jorge Antonio Cely Pérez, María del Transito
29 Indica la norma: “La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las expensas
necesarias para la publicación del extracto de la sentencia”.
30 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.
“En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
31 Aplicable en tanto los recursos de apelación promovidos por las partes se presentaron el 27 de septiembre
de 2021, 13 de enero y 21 de octubre de 2022, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de tal
norma (25 de enero de 2021).
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Radicación: 11001-33-31-707-2010-00121-01 (70.680)
Accionante: María del Tránsito Sanabria y otros
Accionado: Nación-Rama Judicial-
Referencia: Medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.
Sanabria Guerrero, Ana Cristina Murillo, Araceli Cuesta de García y Consuelo
Cárdenas Espinosa por cuanto resulta evidente su intención de iniciar un proceso
de acción de grupo contra la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial.
69. El artículo 361 de la Ley 1564 de 201132 prescribe que las costas están
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante
el trámite de la controversia. Las costas se integran por dos elementos: las
agencias en derecho como compensación por los gastos de apoderamiento en
que incurrió la parte vencedora; y las expensas que corresponden a los gastos
surgidos con ocasión del proceso y necesarios para su desarrollo. Hay que poner
de presente que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca deliberadamente se
abstuvo de condenar en costas a los demandantes33.
70. Respecto a la fijación de las agencias en derecho, esta sub sección indica
que, las mismas se calculan en consonancia con lo previsto en el numeral 3.2. del
artículo 6 del Acuerdo No. 1887 expedido el 26 de junio de 2003 por el Consejo
Superior de la Judicatura34, en atención a la naturaleza, la calidad y la duración
útil de la gestión realizada por el apoderado y las demás circunstancias
relevantes. En esas condiciones, teniendo en cuenta la duración del proceso y los
deberes de vigilancia que su trámite implicó, esta subsección fija la condena por
dicho concepto en 1 SMLMV, dado que en este asunto la Nación-Rama Judicial-
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial designó apoderado judicial, lo
que impone inferir que llevó el control, guía y dirección de la gestión
encomendada durante la segunda instancia.
71. En punto a las expensas en derecho, al revisar el expediente se observa que
no existe prueba de que la parte demandada hubiese tenido que incurrir en
expensas con ocasión del trámite de la segunda instancia, por lo que no se
reconocerá algún rubro por dicho concepto.
72. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de septiembre de 2023, proferida por
la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones expuestas en esta providencia.
32 “Artículo 361. Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos
sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. Las costas serán tasadas y liquidadas
con criterios objetivos y verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos
siguientes”.
33 Ordinal segundo de la providencia apelada, folio 111 cuaderno No. 13.
34 “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO “Primera instancia. Hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales
legales vigentes. “Segunda instancia. Hasta un (1) salario mínimo mensual legal vigente”.
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Radicación: 11001-33-31-707-2010-00121-01 (70.680)
Accionante: María del Tránsito Sanabria y otros
Accionado: Nación-Rama Judicial-
Referencia: Medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo.
SEGUNDO: CONDENAR a pagar las costas de la segunda instancia
proporcionalmente a María Priscila Vargas Hernández, María Ofelia Parra, Jorge
Antonio Cely Pérez, María del Tránsito Sanabria Guerrero, Ana Cristina Murillo,
Araceli Cuesta de García y Consuelo Cárdenas Espinosa, en favor de la Nación-
Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Fijar como agencias en derecho de la segunda instancia 1 SMLMV a la fecha
de ejecutoria de la presente providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente de este proceso al Tribunal de origen y FINALIZAR y ARCHIVAR esta
actuación en la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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