Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-33-35-000-2013-00046-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-33-35-000-2013-00046-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-33-35-000-2013-00046-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-33-35-000-2013-00046-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
20 de octubre de 2022
9)5%
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA — SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-25-000-2013-00046-01
N° interno: 4185-2017
Demandante: José Abel Crespo Silva
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Tema: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 16
de diciembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca. Causal regulada en el numeral 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011- CPACA.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por el señor José
Abel Crespo Silva contra la sentencia del 16 de diciembre de 2015, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó el fallo de 3 de junio de
2015 dictado por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá, que
negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el
señor José Abel Crespo Silva'
El señor José Abel Crespo Silva, a través de apoderado, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, para que se declare que existió
"omisión legislativa relativa y/u omisión reglamentaria" en los artículos 2 y 4 del
Decreto 2863 de 2007, por no incluir al personal de Agentes de la Policía
Nacional.
En virtud de lo anterior, solicitó que se declare la nulidad del Oficio 2670 de 9 de
agosto de 2012, expedido por el Director General (E) de la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional, mediante el cual se negó el reajuste de la
asignación de retiro, incluyendo el porcentaje que legalmente le corresponde en
Folios 12-32 del cuaderno de nulidad y restablecimiento del derecho.
2
Número interno: 4185-2017
Demandante: José Abel Crespo Silva
Demandado: Caja de Sueldos de Perito de la Policía Nacional
Fallo
virtud de lo dispuesto en los artículos 2 y 4 del Decreto 2863 de 2007, que
modificó el artículo 32 del Decreto 1515 de 2007.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la entidad
demandada reliquidar y pagar la pensión, en el porcentaje del 45% por concepto
de variación en el cómputo del factor salarial y/o pensional denominado "prima de
actividad" con fundamento en lo preceptuado en el artículo 30 del Decreto 1213
de 1990 y los artículos 2 y 4 del Decreto 2863 de 2008 desde el 1 de julio de
2007.
Como fundamentos de hecho narró que el señor José Abel Crespo Silva prestó
sus servicios a la Policía Nacional y fue retirado en el grado de Agente.
Que mediante la Resolución 0401 de 11 de febrero de 1997 le fue reconocida
una asignación de retiro a partir del 15 de abril de 1997, la cual se ha venido
cancelando por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
Posteriormente, el 1 de junio de 2012 solicitó a la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional el reajuste de la asignación de retiro, dando aplicación a los
Decretos 1213 de 1990 y 2863 de 2003. Dicha petición fue negada mediante el
Oficio 2670/GAF-SDP de 9 de agosto de 2012.
Indicó que la decisión de la administración conlleva una violación del derecho a la
igualdad y de los derechos adquiridos e implica un tratamiento diferencial entre
activos y retirados.
Alegó que el Decreto 2863 de 2007 dispuso un incremento del factor denominado
prima de actividad, para lo activos de la Fuerza Pública en un 50% de acuerdo
con los artículos 84 del Decreto 1211 de 1990, 68 del Decreto 1212 de 1990 y 38
del Decreto 1214 de 1990; no obstante, no se dijo nada respecto a los Agentes
de la Policía Nacional, quienes se encuentran regulados por lo dispuesto en el
Decreto 1213 de 1990.
2. La oposición a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional contestó la demanda de
forma extemporánea.
3. La sentencia de primera instancia del proceso de nulidad y
3
Número interno: 4185-2017
Demandante: José Abel Crespo Silva
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policía Nacional
Fallo
restablecimiento del derecho2
El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante sentencia
dictada en audiencia celebrada el 3 de junio de 2015, negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que no existe una omisión legislativa, sino que se
evidencia que la norma consagra la voluntad completa, coherente y suficiente
que regula situaciones distintas, sin que se observe una vulneración que permita
inaplicar el Decreto 2863 de 2007 por inconstitucional por vía de excepción.
Indicó que los artículos 2 y 4 del Decreto 2863 de 2007 estableció explícitamente
el reajuste del 50% e la partida computable de la prima de actividad en la
asignaciones mensuales de retiro del personal de Oficiales y Suboficiales de la
Fuerza Pública, así como del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y
Policía Nacional, pero nada dijo de los Agentes de la Policía Nacional, por lo que
consideró que no podía concederle al demandante un derecho que el
ordenamiento jurídico no le ha otorgado.
4. Recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3
El apoderado del señor José Abel Crespo Silva presentó recurso de apelación
contra el anterior fallo, al considerar que no se realizó un estudio exhaustivo del
concepto de violación relacionado con la excepción de inconstitucionalidad por
omisión legislativa, por cuanto está acreditado que el grado de agente hace parte
de las fuerzas militares, por lo que le corresponde disfrutar los beneficios
establecidos legalmente para los otros grados.
Adicionó que la Constitución Política no permite tratos diferenciados entre grupos
respecto del mismo tema, por lo que no es dable que exista una diferencia del
monto de las partidas o factores salariales para liquidar la pensión.
5. Sentencia objeto de revisión4
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia del 16 de diciembre de 2015, confirmó el fallo de primera
instancia.
Folios 101-107 del cuaderno del proceso ordinario.
3 Folios 109-118 del cuaderno del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
` Folios 147-158 del cuaderno del proceso ordinario.
4
Número interno: 4185-2017
Demandante: José Abel Crespo Silva
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policía Nacional
Fallo
Indicó que, mediante el Decreto 2863 de 2007 se dispuso un incremento del
porcentaje de la prima de actividad de que tratan los Decretos 1211, 1212 y 124
de 1990, en un 50%, norma que es aplicable únicamente a los Oficiales y
Suboficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional con asignación de
retiro o pensión de invalidez, o a los beneficiaros de estas prestaciones obtenidas
a partir del 1 de julio de 2007.
Señaló que en el caso bajo estudio, el demandante, en condición de apelante
único, manifestó su desacuerdo con la decisión de primera instancia, por cuanto
el problema jurídico debe versas sobre la configuración de la excepción de
inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, respecto del derecho a la
igualdad del personal de Agentes sobre los demás grados que componen las
Fuerzas Militares y la aplicación del Decreto 1213 de 1990, respecto de su
inclusión en el contenido del Decreto 2863 de 2007.
Respecto a la excepción de inconstitucionalidad por omisión legislativa, advirtió
que se satisface la primera condición establecida jurisprudencialmente "(i) que
exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo", pues el actor
ataca la falta de inclusión del personal de Agentes dentro del contenido de los
artículos 2 y 4 del Decreto 2863 de 2007.
Sin embargo, la segunda condición "(ii) que la misma excluya de sus consecuencias
jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto
normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de
acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los
mandatos de la Carta", no se satisface en razón a la categorización que existe en
el régimen de carrera policial.
Advirtió que no se encuentra acreditada la supuesta vulneración deprecada por el
demandante, sino que se presenta una situación con supuestos fácticos ocurridos
en tiempos diferentes y sometidos a regímenes jurídicos distintos, por lo que
cada uno debe regirse por el vigente y aplicable al tiempo de ocurrencia.
6. El recurso extraordinario de revisións
El señor José Abel Crespo Silva, a través de apoderado judicial, interpuso
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia dictada el 16 de diciembre
5 Folios 1-11.
5 9)b
Número Interno: 4185-2017
Demandante: José Abel Crespo Silva
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policía Nacional
Fallo
de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D con fundamento en la causal prevista en el numeral 5 del artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, que establece: "Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación".
Solicitó que se decrete la suspensión del proceso por prejudicialidad, por el
término máximo ordenado y/o hasta el momento en que el Consejo de Estado se
pronuncie sobre la simple nulidad del artículo 2 del Decreto 2863 de 2007 y,
como consecuencia de lo anterior, el Tribunal se pronuncie nuevamente
acogiendo el precedente jurisprudencial resultante del fallo de simple nulidad.
Advirtió que, previo a que se dictara la sentencia de segunda instancia, solicitó
que se declarara la suspensión del proceso por prejudicialidad hasta que se
resolviera el proceso de simple nulidad en el que se estudiaba el artículo 2 del
Decreto 2863 de 2007. Sin embargo, el Tribunal no resolvió dicha solicitud en la
sentencia, sino que lo hizo en el mismo fallo, con lo que se violentó el derecho al
debido proceso y de defensa.
Agregó que es procedente el recurso extraordinario de revisión 14 como quiera
que SE GUARDÓ SILENCIO FRENTE A LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL
PROCESO POR PREJUDICIALIDAD. SE VIOLENTO EL DERECHO DE DEFENSA Y
EL DEBIDO PROCESO, LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL. EL
IMPERIO DE LA LEY, ES DECIR. EL MARCO NORMATIVO ESTABLECIDO EN LA
CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES. LO QUE GENERA VÍA DE HECHO Y POR ENDE
NULIDAD DE ORDEN CONSTITUCIONAL.
Lo anterior lo sustentó en los siguientes hechos:
Indicó que prestó sus servicios en la Policía Nacional como Agente de la Policía
Nacional y al momento de producirse el retiro el 10 de julio de 1996 se venía
reconociendo el 50% como factor salarial de prima de actividad y una vez se
reconoció la asignación de retiro por parte de CASUR se reconoció como factor
pensional el 20% por concepto de prima de actividad.
Señaló que el legislador extraordinario expidió el Decreto 1515 de 2007,
modificado parcialmente por el Decreto 2863 de 2007. Advirtió que, sin mayor
esfuerzo, se puede evidenciar que el Decreto 2863 de 2007 discriminó al
personal de Agentes de la Policía Nacional y violentó groseramente el artículo 13
6
Número interno: 4185-2017
Demandante: José Abel Crespo Silva
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policía Nacional
Fallo
de la Constitución.
7. Trámite del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión se presentó ante el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y mediante auto del 26 de octubre de 2016 se solicitó al
Juzgado Noveno Administrativo Oral de Bogotá para que allegara el expediente
que contiene el proceso de nulidad y restablecimiento del derechos. En auto del
18 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió
el recurso extraordinario de revisión y ordenó remitir el expediente al Consejo de
Estado para lo de su competencia'. A través de auto del 17 de junio de 2020 se
inadmitió el recurso extraordinario de revisión para que allegara la constancia de
ejecutoria de la sentencia de 16 de septiembre de 20158.
Posteriormente, mediante auto del 21 de mayo de 2021 se admitió el recurso
extraordinario de revisión, por cumplir con los requisitos previstos en el artículo
252 del CPACA9. En auto del 28 de julio de 2022 se prescindió de la etapa
probatoria19.
8. Oposición al recurso extraordinario de revisión"
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se opuso a las
pretensiones de la demanda, toda vez que los agentes pertenecen a un régimen
diferente al de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, es decir, son
sujetos que se encuentran en condiciones y que desempeñan diferentes
funciones, situación que no conlleva concluir una violación al principio de
igualdad.
Indicó que la prima de actividad se estableció como una prestación a favor de los
miembros activos de las Fuerzas Militares y, posteriormente se convirtió en factor
de liquidación de las asignaciones de retiro, según el porcentaje establecido para
los años en que el interesado estuvo en servicio activo, por ende, dicha
prestación debe ser liquidada conforme a la normativa vigente para la fecha en
que el exuniformado se hizo acreedor a su asignación mensual de retiro, teniendo
Folio 14.
Folios 17-18.
Folios 23-reverso.
9 Folio 28-29
19 Folios 31-reverso
II Visible en el indice 15 de Samai al consultar el expediente de la referencia.
7
)10
Número interno: 4185-2017
Demandante: José Abel Crespo Silva
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policía Nacional
Fallo
en cuenta su finalidad y objeto legal.
Señaló que en el caso bajo estudio se le reconoció asignación mensual de retiro
al demandante, desde el 15 de abril de 1997, en vigencia del Decreto 1213 de
1990, norma de carácter especial y que rige al personal de Agentes de la Policía
Nacional, mismo que en su artículo 30 fijó la partida de prima de actividad.
Indicó que, de acuerdo con lo establecido en la norma aplicable, Casur cumplió
con lo establecido en la ley y liquidó la prima de actividad en un 20% acorde con
el tiempo de servicios prestados.
Agregó que el aumento de la prima de actividad se realizó únicamente para el
personal de Oficiales y Suboficiales, sin que en la norma se hiciera alusión a que
dichas disposiciones serían aplicables también al personal de Agentes retirados
que estuvieran percibiendo una asignación de retiro, razón por la cual Casur no
puede acceder a lo pretendido por el actor, pues carece de facultad legislativa
para expedir normas que reglamentan aumentos de sueldo del personal de la
Policía Nacional o reajustes de las asignaciones mensuales de retiro.
En cuanto a la solicitud del proceso ordinario por prejudicialidad, señaló que no
era necesario acceder a dicha pretensión por cuanto para la fecha en que se
dictó el fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado ya había resuelto otro
asunto en el que se discutía la nulidad del artículo 2 del Decreto 2863 de 2007.
9. Concepto del Ministerio Públicon
El Ministerio Público solicitó que se declare infundado el recurso extraordinario
de revisión, bajo el argumento que el interesado no ilustró, a través de los
parámetros jurisprudenciales, cuál es la hipótesis que motivaba la nulidad de la
sentencia acusada, es decir, no se observa, en términos de las causales de
nulidad, cuál pudo configurarse por la actuación del tribunal.
A juicio del Ministerio Público, no se observa que el Tribunal debiera suspender el
proceso, pues no es evidente que las resultas de la controversia dependieran de
la decisión de la demandada de nulidad del artículo 2 del Decreto 2863 de 2007,
de donde se infiere que no se materializaban los presupuestos normativos del
artículo 161.1 del CGP.
12 Visible en el indice 16 de Samai al consultar el expediente de la referencia.
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Número interno: 4185-2017
Demandante: José Abel Crespo Silva
Demandado: Caja de Sueldos de Rento de la Policía Nacional
Fallo
Adicionó que, en todo caso, la sentencia de nulidad que el recurrente
consideraba imprescindible para resolver el asunto, se decidió estarse a lo
resuelto en un fallo anterior del 27 de marzo de 2014, el cual no fue mencionado
por el interesado y en el cual ya se había denegado la nulidad del artículo 2 del
Decreto 2863 de 2007.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia y oportunidad
El presente recurso extraordinario de revisión se rige por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de
2011, y esta Subsección es competente para conocer del recurso contra la
sentencia del 16 de diciembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 249
ídem.
Respecto de la oportunidad para interponer el recurso extraordinario de revisión,
la Sala advierte que el inciso primero del artículo 251 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que
podrá presentarse dentro del año siguiente a la ejecutoria del fallo respectivo.
En el sub lite la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se profirió
el 16 de diciembre de 2015 y el recurso extraordinario de revisión se interpuso el
3 de junio de 2016 ante la misma autoridad que profirió la sentencia recurridan,
la cual concedió el recurso y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado.
Por consiguiente, el recurso se interpuso en el término previsto.
2. Problema Jurídico
En los términos del recurso extraordinario de revisión presentado, la Sala debe
establecer si procede infirmar la sentencia del 16 de diciembre de 2015, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que confirmó el fallo de 3 de junio
de 2015 dictada por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Bogotá,
que negó las pretensiones de la demanda.
Por consiguiente, la Sala debe determinar si en la sentencia proferida el 16 de
13 Folio 1.
9
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Número interno: 4185-2017
Demandante: José Abel Crespo Silva
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policía Nacional
Fallo
diciembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se incurrió en
la causal de revisión alegada por el recurrente, contenida en el numeral quinto del
artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, teniendo en cuenta que en criterio del recurrente, en la sentencia
proferida en segunda instancia se resolvió la controversia sin suspender el
proceso por prejudicialidad como se solicitó en los alegatos de conclusión de
segunda instancia.
Con el propósito de desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Objeto y alcances del recurso extraordinario de revisión; 2.2
Causal regulada en el numeral quinto del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 2.3 Caso
concreto.
2.1. Objeto y alcances del recurso extraordinario de revisión
La jurisprudencia de esta Corporación, de manera pacífica, ha considerado que el
propósito del recurso extraordinario de revisión es permitir que se garantice una
justicia material en un caso que ya se ha decidido; un caso que si bien ha hecho
tránsito a cosa juzgada y respecto del cual se pregona su certeza y
ejecutoriedad, por razones distintas al debate mismo de la instancia que dio lugar
a la decisión judicial, se permite que esa fuerza de cosa juzgada se rompa y
pueda dar paso a la protección, en algunos asuntos, de derechos fundamentales
que fueron desconocidos o amenazados por el operador judicial.
Con ese objetivo el artículo 250 del CPACA regula los eventos, de manera
taxativa, que, al configurarse en el caso concreto den lugar al quiebre de la cosa
juzgada y permita restablecer materialmente el derecho quebrantado por la
decisión recurrida, en virtud del principio de tutela efectiva judicial y de la justicia
material el legislador prevé que en casos excepcionales una sentencia
ejecutoriada pueda ser objeto del recurso extraordinario de revisión, que
constituye en proceso independiente, como lo ha señalado la jurisprudencia
constitucional al indicar "mediante la revisión se pretende estudiar asuntos nuevos que
afectan la decisión adoptada y su sentido de justicia." Más que un recurso, es un
verdadero proceso' sobre eventos que no pudieron ser conocidos al momento de
14 C-680 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
IS C-269 de 1998. M.P. (E) Carmenza Isáza de Gómez.
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Número Interno: 4185-2017
Demandante: José Abel Crespo Silva
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policía Nacional
Fallo
proferirla sentencia cuestionadal6"".
Las causales del recurso extraordinario de revisión propenden por la protección
de los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso,
pese a que el trámite judicial haya finalizado18, y salvo la causal 4a del artículo
25019, "ninguno de los yenes que se relacionan en los numerales del mencionado artículo
se refiere de modo directo a la actividad analítica del juez, dado que ninguno cuestiona la
labor intelectual de juzgamiento, sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de
carácter procesal (numeral 5°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la
sentencia, y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos
que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que
determinaron el sentido de la decisión, numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 70"2°.
Dada la excepcionalidad del recurso extraordinario de revisión, la parte está
obligada a invocar las causales de procedencia del recurso, que no comprenden
el replanteamiento del debate surtido en instancia y tampoco la corrección de
errores 'in judicando'21. Nótese entonces que es improcedente acudir al recurso
extraordinario de revisión para enmendar errores y omisiones de la parte dentro
del proceso ordinario.
De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que
la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco
permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la
función de esta clase de instrumentos extraordinados22.
2.2. Causal regulada en el numeral quinto del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
La censura frente al fallo objeto del presente recurso extraordinario, consiste en
considerar que en dicha sentencia se incurrió en una nulidad procesal, por no
haberse suspendido el trámite hasta que se resolviera el asunto en el que se
discutía la nulidad del artículo 2 del Decreto 2863 de 2007, en el asunto tramitado
16 C-520 de 2009. M.P. Maria Victoria Calle Correa.
17 Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
I9 Corte Constitucional, sentencia T-649 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. •
'9 "4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia".
29 Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV).
21 Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
11
2)(1.
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Demandante: José Abel Crespo Silva
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policía Nacional
Fallo
ante la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Pues bien, bajo el mismo criterio restrictivo que demanda el recurso
extraordinario de revisión, como se vio en la jurisprudencia transcrita, es
necesario examinar la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consistente
en "existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación".
Las nulidades procesales son irregularidades que se presentan durante el trámite
de una actuación, y que, por su connotación, tienen la entidad de vulnerar el
derecho fundamental al debido proceso. En razón a su gravedad, el legislador
estableció la posibilidad, a modo de sanción, de que todas aquellas actuaciones
que se adelantaron viciadas sean invalidadas, con el fin de salvaguardar los
intereses superiores de las partes.
Dada su importancia en el marco de la normativa procesal, especialmente por su
función protectora, el legislador permitió que las nulidades fueran incluidas como
motivo válido para acudir ante las autoridades jurisdiccionales en revisión, pues,
inclusive en la sentencia que pone fin a los procedimientos, es posible que se
presente una irregularidad que no es subsanable.
En este contexto, es importante señalar que la nulidad debe darse en la
sentencia, no en etapas anteriores donde los hechos que la originan pudieron
ponerse en conocimiento del juez para poder sanearlos, o adoptar las medidas
necesarias para llevar a cabo un debido proceso. Así, y como lo señaló la Sala 8
Especial de Decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado, en
pronunciamiento que se reitera, "para que esta causal de revisión prospere, entre
otras, debe tratarse de situaciones originadas bien en la misma sentencia recurrida o
bien en hechos que sobrevinieron con posterioridad a ella y que deben tener una
influencia tal que la decisión a adoptar hubiera sido distinta; que no se trate de causales
que originen la nulidad del proceso, pues éstas deberían haberse alegado en su curso y
no con posterioridad a él; que la causal está prevista para atacar las nulidades
procesales generadas en la sentencia, que como acto jurídico está sujeto al
cumplimiento de precisas ritualidades que de ser desoídas dan lugar a que se configure
aquella; que se presenta en los casos en los que se dicta la sentencia en un proceso
terminado por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido o
interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo y cuando la sentencia aparece
12
Número Interno: 4185-2017
Demandante: José Abel Crespo Silva
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policía Nacional
Fallo
firmada con menor o mayor número de Magistrados o adoptada con un número de votos
no previsto en la ley o expedida completamente sin motivación, con violación al principio
de la non reformatio in pejus'o.
Para ello, es necesario que el recurrente aduzca una anomalía que se haya
configurado en el momento de dictar la sentencia, que se informe de algún hecho
o circunstancia de carácter procesal que implique el desconocimiento de alguna
ritualidad propia de la actuación con el fin de estudiar con claridad el vicio que se
presenta, con la consecuencia que el mismo acarrearía.
Sobre esta causal, la Sala Plena en la sentencia que se citó en párrafos
anteriores, del 2 de marzo de 2010, señaló:
"Acerca de las irregularidades sustanciales del procedimiento que pueden
considerarse nulidad originada en la sentencia, es pertinente la siguiente
ilustración de esta Sala Plena:
"En esta materia - (nulidad originada en la sentencia) - los procesalistas están de
acuerdo en enseñar que ésta se genera cuando ella se dicta en un proceso
terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención, o cuando se
condena a quien no ha figurado como parte, o cuando el proveído se profiere
estando legalmente suspendido el proceso. Igualmente, cuando la sentencia
aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un
número de votos diverso al previsto en la ley. Igualmente, la que provea sobre
aspectos que no corresponden ora por falta de competencia, ora por falta de
jurisdicción. Podría darse también la causal cuando la providencia carece
completamente de motivación, pues el artículo 163 de la Constitución Nacional
ordena que: 'Toda sentencia deberá ser motivada'. U.]
En época más reciente, la Sala Plena consideró que sólo podían considerarse
motivos de nulidad originada en la sentencia, para efectos del recurso
extraordinario de revisión, las causales que como nulidad del proceso
taxativamente señala el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Dijo en
aquella oportunidad:
"Lo expuesto sería bastante para desestimar la censura, pero vale decir que el
proceso solamente es nulo, en todo o en parte, por las causas establecidas en el
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Así, por ejemplo, la nulidad que
tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición
referida, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez
jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna otra actuación,
se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia en
firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por
el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido, o cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien
no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se
23Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, sentencia del 6 de febrero de
2018, C.P. Dra. María Elizabeth Garcia González, Exp. REV-2016-01127-00.
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Número interno: 4185-2017
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Demandante: José Abel Crespo Silva
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policia Nacional
Fallo
pretermite íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se
profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de
interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida
(numeral 5), entre otros eventos. (...]
Y, en otra oportunidad, luego de traer a colación el anterior aparte jurisprudencia!,
esta Sala anotó:
Desde la providencia que profirió esta Sala el 11 de mayo de 1998, expediente
Rev-93, actor Gabriel Mejía Vélez, se dijo que los motivos de nulidad que afectan
la sentencia, para los efectos de la respectiva causal de revisión, son los
establecidos en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. [...]
En aquella oportunidad y en lo pertinente la Sala se pronunció de la siguiente
manera:
1
En punto a la primera hipótesis planteada, y aunque no es la propia para resolver
el recurso propuesto, la Sala debe aclarar que la falta de jurisdicción o
competencia tiene que haberse originado en la sentencia, porque de lo contrario el
vicio se habría originado a partir de la providencia que admitió la demanda o la
contrademanda y en esta hipótesis no seria causal de revisión [...]"24.
De acuerdo con lo anterior, la causal de revisión por nulidad originada en la
sentencia que ponga fin al proceso contra la cual no proceda recurso de
apelación, debe corresponder a un vicio que se debe presentar al momento de
dictar la providencia recurrida, porque de lo contrario se estaría ante una
situación que pudo haber sido alegada y estudiada en el curso del proceso.
Así mismo, la Corporación ha mantenido el criterio según el cual hay otros
motivos que, aunque no están señalados dentro del catálogo taxativo del artículo
140 del Código de Procedimiento Civil o del artículo 133 del Código General del
Proceso, pueden dar lugar a invalidar la sentencia contra la que no procede
ningún recurso. Estos motivos surgen de la violación al debido proceso, derecho
fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.
Así lo ha señalado, por ejemplo, la Sala Especial de Decisión Veintidós de la Sala
Plena del Consejo de Estado, al considerar que: "la violación al debido proceso
constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último evento,
corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede
configurar la causal de revisión en comento. Así también lo entendió esta Sala Especial
de Decisión en reciente fallo de 7 de febrero de 201725: 'En este caso, el juez no está
creando una causal, pues se reconoce que la nulidad originada en el fallo, se deriva del
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Torres Cuervo, Exp. No.11001-03-15-
000-2001-00091-01(REV).
25 Expediente 11001-03-15-000-2016-02260-00 C.P (E). Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Número Interno: 4185-2017
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Fallo
desconocimiento de un mandato constitucional, en donde el operador judicial será el
encargado de determinar si lo que se alega tiene la entidad suficiente para originar la
nulidad de la sentencia de instancia, pues no toda irregularidad puede tener la
potencialidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al
proceso"26.
La violación al debido proceso se configura cuando la sentencia impugnada
desconoce alguna de las siguientes premisas fundamentales: i) la garantía de ser
juzgado conforme a las leyes preexistentes al acto imputado, ante autoridad
judicial competente y según las formas propias de cada juicio; ii) la aplicación de
la ley más permisiva o favorable, antes que la restrictiva o desfavorable, aunque
aquella sea posterior, en los casos que ello sea procedente; iii) la presunción de
inocencia; iv) el derecho de defensa y de ser asistido por un abogado en aquellos
casos que la ley lo indique; y) un proceso sin dilaciones injustificadas; vi) el
principio del non bis in ídem; vii) la posibilidad de presentar, conocer y controvertir
las pruebas dentro del trámite procesal; viii) la posibilidad de impugnar aquellas
providencias condenatorias; y ix) la nulidad de pleno derecho de la prueba que
haya sido obtenida ilícitamenter.
En todo caso, aun, bajo el amparo de invocar una nulidad constitucional, al igual
que cualquier causal que implique la nulidad originada en la sentencia, se
requiere que el hecho que la motiva ocurra en la misma providencia; que se trate
de una irregularidad procesal y que sea de tal envergadura que, de no haberse
presentado, la decisión a adoptar hubiera sido distinta. No se admite, para este
evento, que, so pretexto de aducir la violación al debido proceso constitucional,
se utilice el recurso extraordinario de revisión para reabrir un debate jurídico o
probatorio que se dio en la instancia correspondiente.
Sobre el parámetro temporal de la causal de nulidad, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, en sentencia del
23 de julio de 2019, señaló que este debe ocurrir en "la expedición del fallo mismo,
y no en instancias o etapas anteriores, salvo "... que el afectado no haya tenido la
oportunidad de invocarlos ante el juez porque solo los conoció cuando se dictó la
sentencia recurrida"28, comoquiera que lo contrario desnaturalizaría la esencia de la
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 4 de abril
de 2017. Expediente No. 11001-03-15-000-2016-02425-00(REV). C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013,
Exp. 11001-03-15-000-2008-01027-00.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tres Especial de Decisión, M. P. Julio Roberto
Piza Rodríguez, sentencia de 4 de diciembre de 2018, rad. 11001-03-15-000-2018-00888-00(REV).
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Fallo
causal, pues la norma que la consagra es suficientemente explícita en la oportunidad de
configuración. Esta concepción impide el acaecimiento de la inexorable confusión entre
el instrumento de corrección y saneamiento del proceso con el de realización de la
justicia material que subyace al recurso extraordinario de revisión que tiene por objeto la
decisión judicial que puso fin a la litis'29.
Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del Código Contencioso
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo también comprende la violación
del principio de congruencia, que puede presentarse, verbi gratia cuando el
accionado es condenado por una cantidad superior a la pretendida en la
demanda, o por objeto y causa diferentes a los invocados en ésta; igualmente se
configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos
litigiosos objeto del debates°.
Sobre el principio de congruencia de la sentencia, el artículo 281 del Código
General del Proceso, establece que la providencia debe estar acorde con los
hechos y pretensiones de la demanda, así:
"ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia
con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente
lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerado de oficio.
1"
El citado principio tiene dos ámbitos de aplicación, la congruencia interna y la
externa. La primera consiste en la coherencia entre la motivación del fallo y la
parte resolutiva; y la segunda trata de la armonía entre lo expresado por las
partes y lo decidido por el falladas'.
29 Expediente No. 11001-03-15-000-2018-04345-00(REV) M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
" Al respecto consultar el auto del 1 de abril de 2009, Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Ruth Stella Correa
Palacio, proceso con radicado AP 25000-23-26-000-2005-00240-01
31 Consultar sentencia del 1 de octubre de 2019, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2; M.P. César Palomino
Cortés; proceso: 11001-03-15-000-2013-02216-00
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Número interno: 4185-2017
Demandante: José Abel Crespo Silva
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Fallo
Entonces, la falta de coherencia de la sentencia puede acarrear la invalidez de la
decisión, siempre y cuando sea de tal envergadura la incongruencia que sea
necesario corregirla mediante su anulación, por ello "el juez de la revisión debe
cuidarse de no incurrir en el error de confundir la disconformidad que puedan tener los
sujetos procesales frente a lo argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta
de armonía sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la
dispositiva de la providencia, ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario
debe negarse, pues el mismo se estaría empleando como una tercera instancia -propia
de los recursos ordinarios o de la discusiones de instancia-, y no para enervar la
inmutabilidad del fallo a partir de la naturaleza especial del recurso extraordinarion32.
De todo lo anterior se concluye que para que sea procedente infirmar la sentencia
cuestionada en sede de revisión, con base en esta causal de nulidad originada
en la sentencia, es necesario: (i) que la nulidad se origine en la sentencia o por
hechos posteriores a ella, ya que no puede darse en un momento previo, pues en
tal caso las partes deben poner el hecho en conocimiento del juez conductor del
proceso, salvo que no se pudieron invocar antes porque solo se tuvo
conocimiento de ellos cuando se dictó la sentencia; y (ii) que la nulidad alegada
sea de tal entidad, que influya en la decisión a adoptar, ello en razón a que no
cualquier irregularidad tiene la fuerza suficiente de romper esa cosa juzgada de la
que la sentencia está investida.
2.3. Caso concreto
El señor José Abel Crespo Silva considera que en la sentencia recurrida se
incurrió en violación de los derechos de igualdad, de defensa y al debido proceso,
pues estando el proceso para dictar sentencia de segunda instancia, el
interesado presentó solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad, hasta
tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado resolviera la solicitud de nulidad
del artículo 2 del Decreto 2863 de 2007, toda vez que se trata de la norma cuya
inaplicación por inconstitucionalidad sirve de fundamento para las pretensiones
de la demanda. Sin embargo, dicha solicitud no fue resuelta por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con lo cual se vulneran los derechos invocados.
Pues bien, para resolver el problema jurídico planteado, la Sala debe revisar la
norma que regula la suspensión del proceso. Al respecto, el numeral 1 del
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto
Yepes Barreiro, sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV)
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Número interno: 4185-2017
Demandante: José Abel Crespo Silva
Demandado: Caja de Sueldos de Retito de la Policía Nacional
Fallo
artículo 161 del Código General del Proceso establece:
"ARTÍCULO 161. SUSPENSIÓN DEL PROCESO. El juez, a solicitud de parte,
formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso en los
siguientes casos:
1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se
decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de
ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención. El
proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso declarativo iniciado
antes o después de aquel, que verse sobre la validez o la autenticidad del título
ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como excepción.
1".
A su vez, el artículo 162 del Código General del Proceso, consagra lo siguiente:
"ARTÍCULO 162. DECRETO DE LA SUSPENSIÓN Y SUS
EFECTOS. Corresponderá al juez que conoce del proceso resolver sobre la
procedencia de la suspensión.
La suspensión a que se refiere el numeral 1 del artículo precedente solo se
decretará mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y una
vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar
sentencia de segunda o de única instancia.
La suspensión del proceso producirá los mismos efectos de la interrupción a partir
de la ejecutoria del auto que la decrete.
El curso de los incidentes no se afectará si la suspensión recae únicamente sobre
el trámite principaL
En relación con la decisión que resuelve sobre la suspensión del proceso, la Sala
advierte que, en virtud de lo establecido en el artículo 243 del Código
Contencioso Administrativo33, dicha providencia no resulta apelable y, por lo
mismo, no es susceptible tampoco del recurso de súplica34.
"Este articulo fue modificado por la Ley 2080 de 2001, sin embargo, dicha modificación no resulta aplicable, por lo que se
tiene en cuenta su texto original, que establecía:
"ARTICULO 243. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán
apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:
1. El que rechace la demanda.
2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo
trámite.
3. El que ponga fin al proceso.
4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio
Público.
5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios,
6. El que decreta las nulidades procesales.
7. El que niega la intervención de terceros.
8. El que prescinda de la audiencia de pruebas.
9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.
Los autos a que se refieren los numerales 1. 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos
por los tribunales administrativos en primera instancia.
El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se refieren los numerales 2, 6, 7 y
9 de este artículo, que se concederán en el efecto devolutivo.
PARÁGRAFO. La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente Código, incluso en aquellos
trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil".
34 Este articulo fue modificado por la Ley 2080 de 2001, sin embargo, dicha modificación no
resulta aplicable, por lo que se
tiene en cuenta su texto original, que establecía:
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Número interno: 4185-2017
Demandante: José Abel Crespo Silva
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Fallo
En el caso bajo estudio, el apoderado del señor José Abel Crespo Silva presentó
la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad en los alegatos de
conclusión de segunda instancia36, por lo que, a juicio de la Sala, dicha petición
pudo ser resuelta a través de un auto o incluso en la misma sentencia, pues
según lo indicado en párrafos anteriores, la decisión no era susceptible de
recurso de apelación.
Ahora bien, la Sala observa que el apoderado del recurrente solicitó que se
suspendiera el proceso por prejudicialidad hasta tanto se resolviera el proceso de
simple nulidad con radicado 11001-03-25-000-2010-00136-00, en el cual no se
había dictado medida de suspensión provisional y no había sido resuelto para el
momento en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en segunda
instancia. Sin embargo, como la mera existencia de la demanda de nulidad no
implicaba la ilegalidad del acto, no puede pretenderse la suspensión del proceso
de forma automática.
Asimismo, se evidencia que, mediante sentencia del 21 de junio de 201836, se
resolvió el proceso de nulidad indicado, en el cual se decidió: "Estese a lo resuelto
en la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 27 de marzo
de 2014, en la acción de nulidad promovida por Carlos Arturo Arzuaga Guerrero contra el
Gobierno Nacional, con radicación 11001-03-25-000-2009-00029-00 (0656-2009), por los
aspectos que fueron objeto de pronunciamiento en aquella oportunidad, respecto de los
cuales denegó la nulidad del artículo 2 del Decreto 2863 de 2007 «Por el cual se
modifica parcialmente el Decreto 1515 de 2007 y se dictan otras disposiciones»".
Al respecto, la Sala encuentra que en la sentencia de nulidad correspondiente al
proceso con número interno 0656-2009, se estudió también la nulidad del artículo
2 del Decreto 2863 de 2007. En aquella oportunidad se consideró lo siguiente:
T..] En primer lugar, el estudio de la vulneración del derecho a la igualdad en
materia laboral que propone el actor, presenta una dificultad, en tanto no se realizó
un ejercicio de argumentación que permita establecer cómo los agentes, soldados
ARTÍCULO 246. El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serian apelables, dictados por el
Magistrado Ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. También
procede contra el auto que rechaza o declara desierta la apelación o el recurso extraordinario.
Este recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, en escrito dirigido a la
Sala de que forma parte el ponente, con expresión de las razones en que se funda.
El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la Secretaría por dos (2) días a disposición de la parte contraria;
vencido el traslado, el Secretario pasará el expediente al Despacho del Magistrado que sigue en turno al que dictó la
providencia, quien será el ponente para resolverlo ante la Sala, sección o subsección. Contra lo decidido no procederá
recurso alguno.
35 Folios 133-136 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
36 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 21 de junio de 2018. MI'. William Hernández
Gómez.
19 kr),
Número interno: 4185-2017
Demandante: José Abel Crespo Silva
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profesionales y personal del nivel ejecutivo, en razón de sus funciones, tienen en
aplicación del derecho a la igualdad, derecho al incremento de la prima de
actividad.
En efecto, el accionante afirma que los agentes, soldados profesionales y personal
del nivel ejecutivo son la parte más débil de la jerarquía en la fuerza pública y
quienes corren más riesgos, sin embargo esta afirmación no es suficiente para que
se pruebe la vulneración al derecho a la igualdad alegada por el actor. Así, la Sala
insiste en que el demandante no demuestra cómo en aplicación del principio a
trabajo igual salario igual, tendrían derecho a un aumento de la prima en comento.
En segunda medida, no obstante lo explicado anteriormente, la Sala precisa que la
regulación del régimen prestacional de la fuerza pública se realiza de manera
concurrente entre el legislador quien fija las pautas generales, a través de leyes
cuadro y el Gobierno Nacional mediante decretos reglamentarios lo desarrolla. En
efecto la Ley 4 de 1992 señaló en e/ artículo 2 los lineamientos que debe acatar el
Gobierno:
"i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las
limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus
responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño;"
De la lectura de estos literales se observa que la remuneración de los miembros de
la fuerza pública debe obedecer al nivel de los cargos, las funciones,
responsabilidades y calidades, por lo que es claro que todos no pueden tener la
misma remuneración y prestaciones.
En efecto el actor estima que la Constitución Política al establecer en el artículo
216 que la fuerza pública está integrada por las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional, establece un criterio de paridad entre quienes las integran, esto es, que
todos los integrantes de la fuerza pública deben tener la misma remuneración por
su trabajo. Esta interpretación a la que acude el accionante desconoce justamente
el artículo 53 de la Constitución, según el cual laremuneración mínima es vital y
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo"; así al tratarse de un cuerpo
jerarquizado, donde hay diferentes funciones y responsabilidades, el mandato
constitucional impone que la retribución por el trabajo sea proporcional a las
funciones.
Así, en el presente caso no se está frente a sujetos que se encuentren en las
mismas condiciones y que desempeñen las mismas funciones, supuestos
necesarios para que se predique la violación del derecho a la igualdad.
Insiste la Sala que el Gobierno Nacional al incrementar la prima de actividad debe
seguir el mandato constitucional por el cual se señala que al mismo trabajo
corresponde el mismo salario; e igualmente debe sujetarse a la racionalización y
disponibilidad de los recursos públicos, y la naturaleza de los cargos y las
funciones, como lo señala la Ley 4 de 1992.
En suma, se destaca que para demostrar la violación del derecho a la igualdad a
partir de la comparación entre supuestos de hechos diferentes y entre personas
cobijadas por regímenes distintos, como lo plantea el actor en este proceso,
se "exige un análisis constitucional encaminado a justificar que los que son
diferentes deben ser tratados igual, lo cual sólo esta constitucionalmente ordenado
en circunstancias extraordinarias de manifiesta desproporcionalidad no
compensada por otros beneficios". [..1".
Igualmente, la Sala advierte que, en un asunto similar al presente, esta
20
Número interno: 4185-2017
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Fallo
Subsección estudió un recurso extraordinario de revisión en el que se estudió la
misma causal de revisión, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no
resolvió la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad. En aquella
oportunidad se concluyó lo siguiente37:
"[...] De conformidad con lo anteriormente citado, de todas maneras, resultaba
improcedente la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad del
accionante, puesto que la presunción de legalidad del artículo 2 del Decreto 2863
de 2007, demandado en acción de simple nulidad ante el Consejo de Estado
(expediente 11001-03-25-000-2010-00136-00), no se encontraba desvirtuada para
esa fecha, toda vez que la presentación de la demanda contra dicho acto no
implicaba su ilegalidad, asimismo, no había sido objeto de suspensión provisional.
1. .]"
En virtud de lo anterior, no se evidencia que existió una violación del debido
proceso del recurrente, pues aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
no se pronunció sobre la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad,
la misma en todo caso no era procedente, teniendo en cuenta que: (i) ya había
sido resuelto otro proceso de simple nulidad en el que se estudió la solicitud de
nulidad del artículo 2 del Decreto 2867 de 2003 por supuesta violación del
derecho a la igualdad; (ii) porque dentro del proceso de simple y nulidad que se
encontraba vigente contra la misma norma, no se dispuso la suspensión
provisional; y (iii) el juez de conocimiento tenía otras herramientas a su
disposición, como es la inaplicación de la norma por inconstitucionalidad.
Así las cosas, la Sala considera que no se encuentra configurada la causal de
nulidad invocada contra la sentencia proferida en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que no es procedente estudiar
los argumentos propuestos por el recurrente en cuanto al fondo del asunto y las
pretensiones reclamadas en el proceso ordinario.
Finalmente, no hay lugar a condenar en costas debido a que en virtud de lo
establecido en el artículo 365, numeral 8, del CGP, aplicable al caso por expresa
remisión del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, "Sólo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación",
lo cual no ocurre en el sub lite.
37 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 5 de agosto de 2021. Radicado: 11001-03-25-000-
2015-00903-00 (3387-2015). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter
Número interno: 4185-2017
Demandante. José Abel Crespo Silva
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Fallo
III. DECISIÓN
Así las cosas, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
presentado por el señor José Abel Crespo Silva; y no condenará en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B", administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor José Abel Crespo Silva contra la sentencia del 16 de
diciembre de 2015, proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001-33-35-009-2013-00046-01, por la causal
prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas, por no haberse causado.
TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente, allegado en
calidad de préstamo, al despacho de origen.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica
mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.conseiodeestado.qov.co:8081Nistas/documentos/evalidador
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
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