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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-33-42-050-2017-00098-01

Fecha
1 de septiembre de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-33-42-050-2017-00098-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR, la sentencia proferida el 10 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia, a prorrata, a los demandantes que hicieron parte del proceso, Jaime Eulices Caicedo Escobar, Gloria Amanda Rodríguez García, Alberto Rodríguez García, Hugo Rodríguez García, Carmen Cecilia Rodríguez García, Andrea Esther Caicedo Escobar, Jaime Alduar Gamba Rojas, Pioquinto Gamba Gómez, Aracely Rodríguez de González - heredera del señor Arnulfo López-, Alfonso Rodríguez Cubillos y Fernando Abel Rodríguez García. TERCERO: LIQUIDAR las costas como sigue: por concepto de agencias en derecho a favor de la parte demandada se fija la suma de seis (6) salarios mínimos mensuales legales, vigentes a la fecha de esta sentencia, valor que será exigible en partes iguales a favor de la Nación –Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Agricultura y Desarrollo Rural-, el Distrito de Bogotá y Parques 15 Radicación: 11001-33-42-050-2017-00098-01 (70.558) Actor: Jaime Eulices Caicedo Escobar y otros Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo Nacionales Naturales de Colombia. Sin expensas, por no existir prueba en el expediente de su causación. CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-33-42-050-2017-00098-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

1 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-33-42-050-2017-00098-01 (70.558)
Actor: Jaime Eulices Caicedo Escobar y otros
Demandado: Nación -Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR AFECTACIÓN A LA PROPIEDAD PRIVADA –
Dictamen pericial debe estar debidamente fundamentado y sus conclusiones deben ser
conducentes y verosímiles con el hecho que se pretende probar, so pena de falta de eficacia
probatoria – VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL - el dictamen practicado no tuvo la
eficacia de probar el daño alegado por cuenta de la limitación del derecho de dominio como
consecuencia de la anotación de la declaratoria de reserva del Parque Nacional Natural
Sumapaz / PROPIEDAD PRIVADA - tiene una función ecológica en desarrollo de la cual se
admiten ciertas limitaciones o restricciones encaminadas a la preservación y conservación
del medio ambiente – DAÑO ANTIJURÍDICO POR DECLARACIÓN DE ZONA DE
RESERVA AMBIENTAL - el daño se torna antijurídico por cuenta de esa afectación si se
prueba que esas restricciones no son razonables o desproporcionadas-.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.

Se discute la responsabilidad patrimonial del Estado por la afectación de los predios
ubicados dentro del área del Parque Nacional Natural Sumapaz, como
consecuencia de la ejecución tardía de la Resolución 153 de 1977 que dispuso la
declaratoria de reserva, alinderación y creación del Sistema de Parques Nacionales
Naturales.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión proferida el 10 de agosto de 2023, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda
presentada el 24 de marzo de 2017, por los señores Jaime Eulices Caicedo
Escobar1 y otros, en calidad de propietarios de los predios ubicados en el área del
Parque Nacional Natural Sumapaz2, en contra de la Nación –Ministerios de

1 Quien otorgó poder al apoderado que coordinó el grupo demandante (folio 18).
2 En la demanda inicial, el apoderado identificó al grupo; así: (i) las personas que son titulares del derecho de

dominio de los predios que fueron relacionados en el oficio 800 E2 9649 de 26 de marzo de 2015, a través del
cual el Ministerio de Ambiente solicitó a la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá la inscripción de la
limitación del derecho de dominio por cuenta de la declaración de reserva, alinderación y creación del Sistema
Nacional de Parques Naturales, dirigida a la oficina de registro de instrumentos públicos y en la que el Ministerio
de Ambiente solicitó la inscripción de la limitación del derecho de derecho por cuenta de la declaratoria de
Parque Nacional Natural Sumapaz, según Resolución 153 de 1977; (ii) los propietarios de predios que forman
parte del área del Parque Natural Nacional de Sumapaz en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila

Radicación: 11001-33-42-050-2017-00098-01 (70.558)
Actor: Jaime Eulices Caicedo Escobar y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

Ambiente y Desarrollo Sostenible y Agricultura y Desarrollo Rural-, el Distrito de
Bogotá y Parques Nacionales Naturales de Colombia3.

2.La síntesis de las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho sobre las
que el Tribunal se pronunció es la siguiente:

Pretensiones

3.Reclamó el grupo demandante la declaratoria de responsabilidad y la
consecuente indemnización de perjuicios materiales correspondientes al valor de
cada hectárea de terreno y de los costos de su productividad4, asimismo, la

y Meta que no se han podido identificar; (iii) las personas que aunque no son propietarios, trabajan en los
predios como jornaleros, pasteros, vaqueros (folios 6 del cuaderno 1).
En la reforma de la demanda, se relacionaron los predios, así:
ÍTEM CEDULA CATASTRAL FOLIO DE
MATRÍCULA
1 CC-AAA0156LTDM FM-050S01023631
2 CC-AAA156LWEP FM-050S40207659
3 CC-AAA0208HJZM FM-050S40509034
4 CC-AAA0143EKUZ FM-050S00423771
5 CC-AAA0143ORPA FM-050S011049482
6 CC-AAA0143NHKL FM-050S40201860
7 CC-AAA0143ODHK FM-050S40021254
8 CC-AAA0143MZZE FM-050S40197214
9 CC-AAA0143OMCX FM-050S40036307
10 CC-AAA0142WSCN FM-050S00936415
11 CC-AAA0143NLLW FM-050S00462154
12 CC-AAA0156LTJH FM-050S40192827
13 CC-AAA0142TXNX FM-050S40031785
14 CC-AAA0143OOLW FM-050S40018831
15 CC-AAA0156LTMS FM-050S40267511
16 CC-AAA0142UDAF FM-050S00298315
17 CC-AAA0143NFEA FM-050S40094775
18 CC-AAA0143OONN FM-050S40021159
19 CC-AAA0143OROM FM-050S01049481
20 CC-AAA0156LTFT FM-050S00936418
21 CC-AAA0156LULF FM-050S40218913
22 CC-AAA0143NFDM FM.050S00236984
23 CC-AAA0143CRNX FM-050S01202004
24 CC-AAA0137OFBR FM-050S00459925
25 CC-AAA0143FEXS FM-050S40222098
26 CC-AAA0142WRLW FM-050S01062545
27 CC-AAA143OOMS FM-050S40021158
28 CC-AAA0143OUAF FM-050S00276987

Se mencionó que como propietarios de algunos de los referidos predios figuraban los señores Jaime Eulices
Caicedo Escobar, Arnulfo Rodríguez, José Vicente Gómez Monroy, Pedro Pablo Rey, Guillermo Alberto Leal
Mariño, Adonay González, Carlos Humberto Gómez Cifuentes, Álvaro Hernán Caicedo, Edgar Castillo, José del
Carmen Sierra, Emelina Suárez Pulido, Jorge Enrique Romero López, Brígida Herrera de Romero, José Vicente
Gómez Monroy, José Edilberto Morales, Fabián Alfonso Morales, María Odilia Rey, Diocelina Rey, Jorge
Enrique Romero López y Luis Alberto Camelo Contreras.
Antes de la emitirse sentencia de instancia, el apoderado coordinador del grupo solicitó la vinculación de los
propietarios de los predios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 50S 12020005, 50S 1202002,
50S 1202001 y 50S 120200, y titulares adicionales que figuraban en los folios 50S 462154 y 50S 423771.
El a quo, en auto del 15 de mayo de 2018 (folio 444) admitió y tuvo como parte a Gloria Amanda Rodríguez
García, Alberto Rodríguez García, Hugo Rodríguez García, Carmen Cecilia Rodríguez García, Andrea Esther
Caicedo Escobar, Jaime Alduar Gamba Rojas, Pioquinto Gamba Gómez, Aracely Rodríguez de González -
heredera del señor Arnulfo López-, Alfonso Rodríguez Cubillos, Fernando Abel Rodríguez García (poderes
visibles a folios 391 a 446),
3 Acorde con el Decreto 3572 de 2011, esta entidad es una Unidad Administrativa Especial del orden nacional,

sin personería jurídica y adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Al carecer de personería
jurídica, forma parte de la Nación.
4 Como pretensiones indemnizatorias solicitó el pago de: (i) el valor de cada hectárea de terreno, en promedio,

$95’000.000, cada una; (ii) el valor del daño emergente por hectárea, esto es, $11’000.000 semestralmente,
que comprende el costo de 300 cargas de papa cultivables en cada hectárea correspondientes a los años 2009
a 2017 cuando se radicó la demanda; (iii) el valor de lucro cesante en la suma de $11’000.000 semestralmente

2

Radicación: 11001-33-42-050-2017-00098-01 (70.558)
Actor: Jaime Eulices Caicedo Escobar y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

reparación del daño por alteración a las condiciones de existencia de los afectados
por la imposibilidad de uso y goce de los predios.

Hechos

4. Luego de 40 años de haberse expedido la Resolución 153 de 1977, que dispuso
la declaración de reserva, alinderación y creación del Sistema de Parques
Nacionales Naturales -Parque Nacional Natural Sumapaz-, en oficio 8000 E2 9649
de 26 de marzo de 2015, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó
a la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá la anotación de esa medida en
los certificados de tradición y libertad correspondientes a los inmuebles de
propiedad de los aquí demandantes5.

5. En virtud de tal anotación, se afectó el ejercicio del derecho de dominio por la
imposibilidad de disposición, uso y usufructo pleno de los inmuebles. Refiere la
demanda que estos inmuebles quedaron por fuera del comercio, se limitó su
posibilidad de explotación económica y agropecuaria, y se imposibilitó la
reparación de las viviendas, la siembra de cultivos y el pastoreo de ganado.

Fundamento de derecho

6. Para los demandantes, la anotación fue tardía lo que terminó por afectar el
núcleo esencial del derecho de propiedad; es decir, el uso, goce y disfrute de los
predios, lo cual desconoce el bloque constitucional y convencional de protección a
la propiedad, sin posibilidad de indemnización, en tanto que los afectados no
fueron convocados a algún proceso de expropiación.

7.Al corregir la demanda, el grupo accionante indicó que el proceder de las
demandadas también vulneró derechos e intereses colectivos de los afectados, en
concreto, a la moralidad administrativa, al equilibrio ecológico, manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar un desarrollo
sostenible6.

La defensa

8. La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible alegó la
inexistencia de daño antijurídico, pues la restricción a la propiedad con motivo de
utilidad pública comportaba una carga que todo ciudadano se encontraba en el
deber jurídico de soportar. Explicó que las áreas de especial importancia ecológica
tienen restricciones en cuanto al uso, con el fin de garantizar la conservación de
intereses colectivos, sin que esto sea incompatible con la propiedad privada, la
que debe respetar ciertos lineamientos ligados al interés general. Planteó la falta

por cultivo de papa producida por hectárea durante los próximos 20 años de vida del actor Jaime Eulices
Caicedo Escobar; y, (iv) la afectación al estilo de vida por la imposibilidad de uso y goce de los predios, en
cantidad de 330 SMLMV De manera subsidiaria, solicitó el pago de los perjuicios causados como consecuencia
de la vulneración de derechos colectivos con causa en la ejecución tardía de la Resolución 153 de 1977. (Folios
7 y 8, 114 a 117 del cuaderno 1).
5 El señor Jaime Eulices Caicedo Escobar adujo la calidad de propietario de los inmuebles identificados con los

folios de matrícula inmobiliaria 050S – 462154 y 50S – 40192827.
6 El 15 de mayo de 2017 (folios 113 a 122 del cuaderno 1).

3

Radicación: 11001-33-42-050-2017-00098-01 (70.558)
Actor: Jaime Eulices Caicedo Escobar y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto esta entidad no es la encargada
de legislar en temas de uso de áreas protegidas, función que le corresponde al
congreso7.

9. El Distrito de Bogotá propuso: (i) la indebida escogencia de la acción, en
consideración a que el accionante pretendía cuestionar el acto administrativo que
dispuso la declaratoria de área protegida, por lo que la acción idónea era la de
nulidad; y, (ii) la caducidad de la acción, pues el registro efectivo de la anotación
fue el 6 de abril de 2015, al paso que la demanda se presentó el 18 de abril de
20178.

10. Parques Naturales Nacionales de Colombia se opuso a las pretensiones. Dijo

que carecía de legitimación en la causa por pasiva, pues no fue la entidad que
profirió el acto administrativo del cual el accionante pretendía derivar el aparente
daño por el que pidió una indemnización común -limitación del derecho a la
propiedad-. Agregó que operó la caducidad de la acción, en tanto que la
Resolución 153 de 1977 que declaró área protegida el Parque Nacional Natural
Sumapaz fue publicada en el diario oficial el 22 de junio de 1977, sin que la
inscripción de la medida en el folio de matrícula inmobiliaria solicitada en
comunicación del 26 de marzo de 2015 haya tenido la entidad de prolongar
indefinidamente en el tiempo el ejercicio oportuno de la acción9.

11. La Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sostuvo que el

grupo fue indebidamente identificado, en tanto que el accionante solo se limitó a
señalar que los afectados eran los propietarios de los predios ubicados dentro del
área protegida, pero no definió criterios claros para establecer su pertenencia a la
causa común. Agregó que durante los 40 años de vigencia de la Resolución 153
nunca fue cuestionada en su legalidad, por lo que resultaba improcedente
proponer la acción de grupo incoada10.

Etapa probatoria y alegaciones

12. En auto de 12 de junio de 2018, el a quo se pronunció sobre las solicitudes

probatorias11. Concluida esta etapa, se corrió traslado al Ministerio Público y a las

7 Folios 166 a 173 del cuaderno 1.
8 En su contestación, la entidad afirmó que la demanda se presentó en la referida fecha -18 de abril de 2017-,

sin exponer las razones de este dicho. Verificada la foliatura, se evidencia que la demanda se presentó,
conforme se anunció en el párrafo 1, el 24 de marzo de 2017, como así se observa en el sello de presentación
personal de la demanda (folio 17 de la demanda) y en el acta individual de reparto (folio 105 del cuaderno 1).
Folios 178 a 206 del cuaderno 1.
9 Folios 244 a 274 del cuaderno 1.
10 Folios 315 a 324 del cuaderno 1.
11 En auto del 15 de mayo de 2018 (folios 441 y ss.), el a quo abrió el proceso a pruebas; así: DEMANDANTE

1. Incorporó los documentos aportados con la demanda (folios de matrícula inmobiliaria, oficio 8000 E2 9649
del 26 de marzo de 2015, recibos de pago de impuesto predial del predio con matrícula inmobiliaria 505
4621154) 2. Ofició a las demandadas y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a fin de que emitieran
información relacionada con los hechos de la demanda. 3. Decretó dictamen pericial a fin de establecer el valor
comercial de los inmuebles, la determinación del lucro cesante y la determinación del perjuicio por afectación a
las condiciones de existencia. DEMANDADOS – Distrito de Bogotá: 1. Incorporó el memorando 2017 10652 de
la Secretaría de Planeación y Mapas de la Reserva y Estructura Ecológica para los predios incorporados en el
área del Parque Nacional Sumapaz. – Parques Nacionales Naturales: 2. Incorporó la Resolución 153 de 1977
y la Resolución 032 de 2007 y 3. decretó el testimonio del señor Carlos Arturo Lora Gómez -jefe de esa entidad
para el 2015-.

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Radicación: 11001-33-42-050-2017-00098-01 (70.558)
Actor: Jaime Eulices Caicedo Escobar y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

partes para alegar de conclusión, oportunidad en la cual las partes insistieron en
sus argumentos de acusación y de defensa, al paso que el Ministerio Público
guardó silencio.

La decisión de primera instancia

13. El Tribunal a quo negó las pretensiones de la demanda por considerar que no

se acreditó la antijuridicidad del daño alegado, esto es, la limitación del derecho
de dominio, uso y usufructo.

14. Expuso que si bien se probó que el Ministerio de Medio Ambiente realizó la

inscripción del código 0357 en los correspondientes folios de matrícula inmobiliaria
sobre la declaración de reserva y alinderación y creación del Sistema de Parques
Nacionales según Resolución 153 de 1977, tal situación no comportó la
materialización de un daño con la connotación de antijurídico plausible de ser
indemnizado.

15. Consideró que, según las normas aplicables12 y la jurisprudencia constitucional

y del Consejo de Estado13, cuando se trata de áreas protegidas, su reserva,
delimitación, alinderación y manejo conllevaba la imposición de restricciones o
limitaciones al ejercicio del derecho de dominio, de manera que los propietarios
debían allanarse al cumplimiento de las finalidades del sistema de parques y a las
actividades permitidas en esas áreas, las que, para el caso del Parque Nacional
Natural Sumapaz, implicaban la realización de actividades que contribuyeran al
mantenimiento en su estado propio de los recursos naturales, de fomento al
equilibrio ecológico y educativas; además, la declaratoria de reserva no mutaba la
naturaleza privada de los predios, sino que el ejercicio del derecho de dominio
quedaba restringido al cumplimiento de la función ecológica de la propiedad.

16. Indicó que la anotación en los folios de matrícula inmobiliaria sobre la limitación

del derecho de dominio de los inmuebles afectados en el área protegida del Parque
Nacional Natural Sumapaz no podía ser calificada como generadora de un daño
antijurídico, siendo una carga que se estaba en el deber jurídico de soportar, pues,
además de que ello no cambiaba la naturaleza jurídica de los bienes, este tipo de
limitaciones no impedía la posibilidad de venderlos, donarlos, cederlos o
hipotecarlos, manteniéndose la posibilidad de explotarlos jurídica y
económicamente, pero bajo ciertos condicionamientos.

17. Estimó que en el caso de afectaciones a la propiedad por interés general no

bastaba con afirmar la imposibilidad de utilizar el bien de acuerdo con el interés
íntimo o bajo la expectativa del afectado14, por lo que se debía considerar que la
propiedad se ejercía con sujeción a la ley.

12 Mencionó el Decreto 2372 de 2010 “Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de

1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones” y la Resolución 032 de 2007, “Por
medio del cual se adopta el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Sumapaz”.
13 Citó la sentencia C-189 de 2006 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de

noviembre de 2016, actor: Olga Rita Restrepo -sin número de radicación-.
14 Se refirió a las sentencias proferidas por la Sección Tercera de esta Corporación del 5 de julio de 2018

(43.916) y del 8 de noviembre de 2016 -sin radicado-.

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Radicación: 11001-33-42-050-2017-00098-01 (70.558)
Actor: Jaime Eulices Caicedo Escobar y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

18. Respecto a la eventual afectación por cuenta de una posible variación del valor

de los predios, sostuvo que si bien se practicó un dictamen pericial en el cual se
evaluaron 32 predios a través de un método comparativo aplicando información
del IGAC y del POT de Bogotá, lo cierto fue que no se aportaron los respectivos
soportes ni tampoco los avalúos catastrales de los inmuebles, y para la mayoría
de éstos solo se aportó el certificado de tradición y libertad, sin más elementos que
dieran respaldo a la pericia.

19. Frente a la vulneración de derechos colectivos dijo que su mecanismo natural

de protección era la acción popular; no obstante, consideró que no se acreditó una
trasgresión a este tipo de derechos15.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

20. La parte actora sostuvo que sí se acreditó el daño antijurídico, en tanto que el

dictamen pericial practicado permitía identificar este aspecto, pese a lo cual el a
quo lo descalificó por simples aspectos formales, de allí que la decisión de
instancia desconoció el “bloque de constitucionalidad y de convencionalidad”, para
privilegiar lo público desconociendo el derecho a la propiedad privada.

21. Frente a las anteriores acusaciones, el apelante ofreció variadas precisiones que

se abordarán al definir el recurso.

22. En la oportunidad para intervenir en esta instancia, Parques Naturales
Nacionales de Colombia dijo que la limitación del uso de los predios ubicados
dentro del área protegida se encuentra amparada en el Decreto 2372 de 2010 y
opera con la finalidad de proteger el medio ambiente. Añadió que la parte actora
no logró probar los supuestos daños generados por las limitaciones de uso de los
predios; por lo que se fundamentaron en apreciaciones subjetivas frente a los
perjuicios materiales16.

23. El Distrito de Bogotá solicitó confirmar la sentencia, al estimar que el daño no

tiene la connotación de antijurídico, pues cuando se trata de la constitución,
reforma o delimitación de parques o áreas de reserva natural, constitucionalmente
la propiedad privada no es absoluta ni exclusiva, sino que desempeña una función
social, la cual cede ante las necesidades primarias del Estado Social de Derecho,
en especial, cuando se trata de la protección del medio ambiente y de los recursos
naturales17.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

24. Surtido el trámite procesal, sin que se observe causal de nulidad o vicio que

impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso interpuesto.

15 Folios 1.741 a 1.769 del cuaderno principal.
16 Índice 20 SAMAI segunda instancia.
17 Índice 31 SAMAI segunda instancia.

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Radicación: 11001-33-42-050-2017-00098-01 (70.558)
Actor: Jaime Eulices Caicedo Escobar y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

El objeto de la apelación

25. En los términos del recurso de apelación, el análisis de la Sala se circunscribe a

verificar si el dictamen pericial acreditó la existencia del daño antijurídico cuya
indemnización se persigue en la demanda; a la par que verificará si se desconoció
el bloque de constitucionalidad frente a la propiedad privada. En caso afirmativo, se
abordará el estudio de la imputación.

26. Los actores solicitaron una indemnización colectiva de perjuicios como
consecuencia de la afectación de los predios de su propiedad que, según
aseguraron, sobrevino a la anotación tardía en los respectivos folios de matrícula
inmobiliaria de la medida de limitación de dominio por la declaratoria de reserva,
alinderación y creación del Sistema de Parques Nacionales Naturales -Parque
Nacional Natural Sumapaz- contenida en la Resolución 153 de 1977; en su criterio,
esta comportó la imposibilidad de usar y usufructuar los bienes, en particular la
siembra de cultivos y el pastoreo de semovientes.

27. El daño así invocado, en criterio del a quo, no tenía la connotación de antijurídico,

pues, aunque se probó la limitación, dada la anotación en los folios de matrícula
inmobiliaria -aspecto que no fue controvertido-, la misma estaba justificada en
desarrollo de la función social y ecológica, sin que la parte actora hubiera probado
que se sometió a los actores a una carga anormal o desproporcionada que no se
tuviera el deber de soportar.

28. Tras esa definición, el a quo indicó que era posible que con la declaratoria de

reserva, alinderación y creación del Sistema de Parques Nacionales Naturales -
Parque Nacional Natural Sumapaz- la valoración de los predios de los integrantes
del grupo actor haya sufrido alguna afectación. Para ello, procedió a analizar el
dictamen pericial que se practicó con el fin de determinar el valor de los daños y
perjuicios causados al grupo; sin embargo, consideró que el mismo no permitió
establecer esa antijuridicidad.

29. Entre varias razones, dijo que para calcular el valor comercial del terreno, el

perito utilizó el método de comparación de mercados, con el que buscó establecer
el mismo a partir del estudio de ofertas o transacciones recientes de bienes
semejantes o comparables a los del avalúo y, para establecer el valor comercial de
la construcción, utilizó el método de reposición calculando el valor de construcción
nueva y descontando su depreciación; además, para determinar el valor del lucro
cesante por imposibilidad de explotación agropecuaria utilizó un método
cuantitativo expresado en matemáticas financieras aplicado al valor comercial de
cada inmueble; sin embargo, cuestionó que los documentos que se anexaron a la
pericia estaban incompletos, en tanto que no se allegó la totalidad de las matrículas
inmobiliarias de los 32 predios avaluados y si bien el perito señaló que utilizó el
método de comparación de mercados atendiendo el contenido de la Resolución 620
de 2008 del IGAC, el Código de Recursos Naturales y el POT de Bogotá, lo cierto
fue que no aportó estos documentos.

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Radicación: 11001-33-42-050-2017-00098-01 (70.558)
Actor: Jaime Eulices Caicedo Escobar y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

30. Los reproches de la apelación se centraron en considerar que el dictamen
pericial -el cual no fue objetado por la contraparte- sí acreditó el daño antijurídico
alegado en la demanda, de manera que la valoración de la prueba por parte del a
quo fue injusta e inapropiada, siendo que era responsabilidad del juzgador evaluar
“el esfuerzo, la calidad y la suficiencia del dictamen en contexto”, de allí que si la
experticia proporcionaba información relevante y suficiente para la evaluación del
caso, no debió ser descalificada por motivos técnicos o formales.

La acreditación del daño reclamado a partir del contenido del dictamen
pericial

31. En la demanda, el grupo actor solicitó la práctica de un dictamen pericial a fin de

que un perito avaluador indicara (i) “el valor comercial de los predios”; (ii) el valor
del lucro cesante por la imposibilidad “de explotar agropecuariamente los inmuebles
afectados”; y, (iii) la afectación a las condiciones de existencia de los actores como
consecuencia de la declaratoria de reserva.

32. Coneste propósito se rindió un dictamen pericial con los siguientes
componentes:

(a) Proyectó un cálculo “valuatorio” del “valor comercial” de 32 inmuebles que se
encontraban ubicados en áreas perimetrales de la localidad de Sumapaz, afectados con
las anotaciones por la declaratoria del área de reserva y alinderamiento del Parque
Nacional Natural Sumapaz.

33. Para el cálculo, el perito utilizó “métodos de comparación o de mercados” y el “método

de costo de reposición”, contenidos en la Resolución 620 de 200818 y en el POT de Bogotá,
métodos conforme a los cuales se establecía el valor comercial del bien a partir del estudio
de ofertas y transacciones recientes de bienes semejantes y comparables a los avaluados
y hallando el valor comercial de una construcción nueva descontando la depreciación.
También tuvo en cuenta aspectos como el estado de conservación de los inmuebles, los
sistemas de construcción, acabados, vetustez y vías de acceso.

34. Con base en lo anterior, el perito “liquidó el valor comercial” de cada inmueble estimando

un valor por hectárea multiplicada por el área de terreno, para concluir con la determinación
de un valor total por inmueble.

(b) Proyectó el cálculo de un lucro cesante por la “imposibilidad de explotación
agropecuaria de los inmuebles afectados” para lo cual utilizó el “método cuantitativo,
expresado en matemática financiera”, empleado por el Consejo de Estado para este tipo
de liquidaciones; así, tuvo en cuenta el valor comercial de cada inmueble y el tiempo
transcurrido desde “la declaratoria de reserva” hasta la fecha de la experticia.

(c) Estimó la afectación a las condiciones de existencia, con base en cuatro encuestas que
se realizaron a cuatro propietarios19 de predios afectados por la declaratoria de área de

18 Emitida por el IGAC, “Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del

marco de la Ley 388 de 1997”.
19 Ellos son Carmen Cecilia Rodríguez García, Andrea Esther Caicedo Escobar, Jaime Alduar Gamba Rojas y

Pioquinto Gamba Gómez.

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Radicación: 11001-33-42-050-2017-00098-01 (70.558)
Actor: Jaime Eulices Caicedo Escobar y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

reserva. Las preguntas -cuatro en total y de selección múltiple- se relacionaron con los
sentimientos que experimentaron por la declaratoria de área protegida20.

35. Valorado el contenido del dictamen pericial, considera la Sala que el mismo no

tiene la capacidad de probar el daño cuya indemnización se solicita en la demanda.

36. Conforme se ha señalado, el daño alegado consistió en la limitación del derecho

de dominio con afectación al uso y disfrute pleno de la propiedad y que tuvo como
causa común la anotación de la declaratoria de reserva del Parque Nacional Natural
Sumapaz. Por su parte, el peritaje tuvo como objetivo establecer el “avalúo
comercial” de cada predio y el cálculo del lucro cesante por la imposibilidad de
explotación económica.

37. La jurisprudencia ha entendido el daño como toda aminoración o alteración
negativa de un interés que goza de tutela jurídica. La Ley habilita a quien lo padece
para procurar su reparación o compensación, de allí que el daño comprenda el
presupuesto y eje central en el que gravita la obligación resarcitoria21.
Pacíficamente se ha sostenido que para efectos de que sea indemnizable debe
gozar de ciertas características. Que sea cierto y personal, es decir, que la lesión
al bien jurídico tutelado tenga consecuencias ciertas y tangibles en el patrimonio
económico o moral de quien lo padece, de lo que deriva que el daño eventual,
hipotético, incierto, esto es, aquel que podría ocurrir, pero no hay certeza de ello, el
basado en simples conjeturas o del que no se tiene certeza de su ocurrencia, no es
susceptible de ser reparado22.

38. A efectos de que sea indemnizable, el daño también debe ser antijurídico. La

jurisprudencia ha entendido que la antijuridicidad se refiere a que la persona que lo
padece no tenga el deber jurídico de soportarlo, porque vulnera sus derechos sin
una causa legal que lo justifique23.

39. Sobre esta línea, en el marco de la responsabilidad estatal, le corresponde al

juez de la reparación verificar la existencia del daño invocado en la demanda24,
para luego entrar a definir si ese menoscabo resultaba antijurídico. Definido esto,
corresponde analizar la imputación, esto es, la atribución del daño al Estado.

40. En el evento sub examine, el daño se centró en una lesión al derecho a la

propiedad por las limitaciones al uso y usufructo, de allí que la prueba debía

20 Las preguntas se formularon así: “1. A qué se ha dedicado la mayor parte de su vida (comercio agricultura,

solo agricultura, otros); 2. Una vez declarada su propiedad como área protegida, le generó las siguientes
emociones (frustración, tristeza, incertidumbre); 3. Una vez declarada su propiedad como área protegida le
generó las siguientes consecuencias (precio bajó de precio, es menos productivo, hay menos compradores. 4.
Una vez declarada su propiedad como área protegida, le generó las siguientes consecuencias (su vida empeoró,
abandono, economía empeoró, su salud empeoró, su proyecto de vida se vio afectado”.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de julio de 2019 (expediente: 48.643).
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de 2024 (expediente: 61.659).
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de abril de 2012 (expediente: 21.861).
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. sentencias del 29 de octubre de 2018 (expediente:

46.932) y del 1º de octubre de 2018 (expediente: 46.328). En términos generales, estas decisiones han
considerado que para que el daño tenga carácter antijurídico, además de recaer sobre un interés tutelado por
el derecho, es necesario que no haya sido causado, ni haya sido determinado por un error de conducta de la
propia víctima, y que no exista un título legal conforme al ordenamiento constitucional, que justifique o que
legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado.

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Radicación: 11001-33-42-050-2017-00098-01 (70.558)
Actor: Jaime Eulices Caicedo Escobar y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

concentrarse en acreditar tales limitantes; sin embargo, esa misma prueba no
conlleva la demostración de la antijuridicidad, en la medida en que este atributo del
daño comprende el análisis sobre la existencia de un menoscabo que no se tiene
la carga jurídica de soportar, sin que tenga un carácter meramente fáctico.

41. Dicho esto, tras analizar el peritaje practicado bajo las reglas de la sana crítica

en la apreciación probatoria25, por su objeto, la pericia no ofrece elementos
demostrativos que conduzcan a la certeza respecto de la pretendida “limitación del
derecho de dominio”, sino que sus análisis estuvieron dirigidos a establecer el valor
comercial de los inmuebles y la liquidación de un supuesto perjuicio material por
lucro cesante.

42. Por el contenido del dictamen, la pericia partió de la premisa consistente en la

pérdida total de la titularidad de los inmuebles, lo que resulta incongruente con lo
pretendido en la demanda, pues en el libelo se habló de limitación y afectación de
la propiedad y no de pérdida total; a la vez, supuso la explotación económica de los
predios26, pues para efectos de establecer el lucro cesante no estimó aspectos
ligados a la real productividad frustrada de las tierras, sino que aplicó una fórmula
matemática en la que tomó como base el valor comercial que resultó tras la
aplicación del método comparativo.

43. De manera que el dictamen tampoco ofreció elementos que permitieran
identificar aspectos ligados al daño afirmado en la demanda, como la limitación de
los propietarios para usar y usufructuar los predios. Es claro que la pericia no brindó
información que indicara cuáles y cómo se desarrollaban las actividades
económicas en los predios antes de que se anotara la afectación de la reserva
ambiental, y sin con posterioridad a ella se vieron afectadas o limitadas o que
imposibilitaran a los propietarios para disponer de los mismos.

44. De otra parte, en el dictamen se calculó el valor de un perjuicio que se denominó

“afectación a las condiciones de existencia”, para lo cual el perito tuvo en cuenta
los resultados de una encuesta aplicada a cuatro propietarios, en la que ellos dieron
respuesta a las únicas opciones que el encuestador incluyó como consecuencias
de la anotación del área protegida, eligiendo como opción que sus predios bajaron
de precio, eran menos productivos y que había menos compradores.

45. Además, hay que señalar que el tipo de afectación objeto de valoración por el

perito no constituye una categoría de perjuicio indemnizable, en la medida en que
la jurisprudencia unificada de esta Sección27, fijó como únicas tipologías de
perjuicios inmateriales el perjuicio moral, el daño a la salud y la vulneración de
derechos convencional y constitucionalmente protegidos.

25 CGP. Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de

acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para
la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
26 Si bien en la demanda se formularon pretensiones para el demandante Jaime Eulices Caicedo Escobar, por

concepto de lucro cesante con ocasión del valor de las cargas de papa cultivables por hectárea, no se aportó
ni solicitó la práctica de prueba alguna para sustentar y acreditar en el proceso el perjuicio reclamado. Por lo
demás, la prueba del grupo demandante se dirigió a establecer el valor comercial de los predios afectados con
la declaratoria de reserva del Parque Nacional Natural Sumapaz.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014 (expediente: 32.988).

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Radicación: 11001-33-42-050-2017-00098-01 (70.558)
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Referencia: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

46. Para la Sala no cabe duda de que la metodología probatoria que usaron los

demandantes para acreditar el daño, se aparta de las mismas consideraciones
hechas en la demanda que apuntaron a limitaciones que en clave de la certeza del
daño debieron demostrar afectaciones ciertas, personales y directas, bajo la
connotación de una gravedad que pudiere superar la mera realización de los fines
ecológicos, ambientales y sociales inscritos en todo tipo de propiedad -aún la
privada-, bajo cánones constitucionales. De aquí que la prueba pericial, no solo por
sus bases, sino en especial por su objeto, sea inconducente para acreditar el daño
material e inmaterial invocado en la demanda, con dimensión antijurídica, derivado
de una afectación del derecho de dominio, superior a las cargas y fines
constitucionalmente inscritas en todo tipo de propiedad.

47. En el campo de lo hipotético, la Sala puede considerar una eventual afectación

inmaterial que pudieron experimentar los actores con ocasión de la anotación de la
reserva ambiental, pero para su prueba se requiere de una exigencia que supera
las bases del dictamen ofrecido en el proceso, soportado en hipótesis y criterios de
algunos de los demandantes, y aún del mismo perito, quien dijo establecer un valor
comercial de los predios a través de métodos comparativos del valor del mercado,
sin establecer los parámetros de valoración antes de la anotación, considerando
las reales condiciones de uso y explotación, y fijando la aminoración que tuvieron
después de ello.

48. En estas condiciones, el dictamen pericial carece de la eficacia probatoria para

acreditar el daño alegado, pues entre las varias razones, sus conclusiones se
refieren a una afectación hipotética, diferente a la invocada en la demanda, lo que
desconoce que ninguno de los actores perdió la propiedad de sus predios con
motivo de la anotación de la declaratoria del Parque Nacional Natural Sumapaz.

Desconocimiento del bloque de constitucionalidad frente a la propiedad
privada

49. En el sub lite, no existe controversia sobre el hecho de que los folios de matrícula

inmobiliaria de los predios que comprendían el área del Parque Nacional Natural
Sumapaz28 fueron afectados por la anotación identificada con el código 0357, esto

28

ÍTEM CEDULA CATASTRAL FOLIO DE MATRÍCULA
1 CC-AAA0156LTDM FM-050S01023631
2 CC-AAA156LWEP FM-050S40207659
3 CC-AAA0208HJZM FM-050S40509034
4 CC-AAA0143EKUZ FM-050S00423771
5 CC-AAA0143ORPA FM-050S011049482
6 CC-AAA0143NHKL FM-050S40201860
7 CC-AAA0143ODHK FM-050S40021254
8 CC-AAA0143MZZE FM-050S40197214
9 CC-AAA0143OMCX FM-050S40036307
10 CC-AAA0142WSCN FM-050S00936415
11 CC-AAA0143NLLW FM-050S00462154
12 CC-AAA0156LTJH FM-050S40192827
13 CC-AAA0142TXNX FM-050S40031785
14 CC-AAA0143OOLW FM-050S40018831
15 CC-AAA0156LTMS FM-050S40267511
16 CC-AAA0142UDAF FM-050S00298315
17 CC-AAA0143NFEA FM-050S40094775

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Referencia: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

es, “Declaración de reserva, alinderación y creación de área de Sistema de Parques
Naturales”, conforme lo establecido en la Resolución 153 de 1977 que aprobó el
Acuerdo 14 de 2 mayo de 1977, a través del cual el INDERENA delimitó una
superficie aproximada de 154.000 hectáreas dentro de las jurisdicciones de Bogotá
y los departamentos de Cundinamarca, Meta y Huila, bajo la denominación de
“Parque Nacional Natural Sumapaz”29, con el objeto de conservar la flora, la fauna,
las bellezas escénicas, complejos demográficos con fines científicos, educativos,
recreativos o estéticos30.

50. Acerca de que esta anotación no acreditaba la existencia de un daño de carácter

antijurídico, pues la misma atiende la función social y ecológica de la propiedad
privada -como lo dijo el a quo-, el apelante la considera una argumentación lesiva
de sus derechos por desconocer el bloque de constitucionalidad que ampara la
propiedad privada, al estimar que se privilegia lo público frente a lo privado. De cara
a esta manifestación, la Sala no observa un desencuentro con el bloque de
constitucionalidad, pues bien por el contrario, se ajusta al mismo y lo realiza.

51. La Corte Constitucional31, al analizar la constitucionalidad de la Ley 2ª de 1959,

conocida como la “Ley de Economía Forestal de la Nación y Conservación de
Recursos Naturales Renovables” explicó que la propiedad privada comprende un
derecho subjetivo al que le son inherentes unas funciones sociales y ecológicas
que se encaminan a asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales,
entre los cuales se destaca la protección del medio ambiente y de los recursos
naturales, siendo los particulares responsables de su conservación. En desarrollo
de esa función ecológica, no resulta desconocedora la imposición de límites o
condiciones que restrinjan el ejercicio de los atributos de la propiedad privada,
siempre que esas restricciones sean razonables y proporcionadas de modo que no
se afecte el núcleo fundamental de ese derecho.

52. En esa dirección, una de las limitantes de ese derecho en procura de la
preservación del medio ambiente, lo constituyen las áreas de reserva para el
Sistema de Parques Nacionales Naturales, cuya finalidad no es otra que la
conservación de los ecosistemas que representan un aporte significativo para el
patrimonio colectivo de la humanidad. Cuando esas áreas estén comprendidas en
terrenos particulares, los propietarios de los inmuebles afectados deben allanarse
por completo al cumplimiento de las finalidades del sistema de parques y a las
actividades permitidas, de acuerdo con el tipo de protección ecológica que se
pretenda realizar.

18 CC-AAA0143OONN FM-050S40021159
19 CC-AAA0143OROM FM-050S01049481
20 CC-AAA0156LTFT FM-050S00936418
21 CC-AAA0156LULF FM-050S40218913
22 CC-AAA0143NFDM FM.050S00236984
23 CC-AAA0143CRNX FM-050S01202004
24 CC-AAA0137OFBR FM-050S00459925
25 CC-AAA0143FEXS FM-050S40222098
26 CC-AAA0142WRLW FM-050S01062545
27 CC-AAA143OOMS FM-050S40021158
28 CC-AAA0143OUAF FM-050S00276987
29 Folio 558 del cuaderno 1.
30 Folios 534 del cuaderno 3.
31 Sentencia C-189 de 2006.

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Referencia: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

53. En reciente pronunciamiento32, la Corte resaltó que constitucionalmente la
propiedad privada no es sólo un derecho subjetivo al servicio exclusivo de su titular,
sino también un instrumento para la satisfacción de intereses comunitarios. Desde
esa satisfacción, el constituyente habilitó la posibilidad de que las autoridades
administrativas establezcan restricciones a ese derecho cuando medien razones
de interés general que razonablemente las justifiquen, por ejemplo, cuando se trata
de la conservación de la fauna o flora como parte del patrimonio nacional.

54. En armonía con estos planteamientos, de tiempo atrás, la jurisprudencia de esta

Sección ha considerado que la limitación a la propiedad por la inclusión de
inmuebles en una zona de reserva forestal protegida o en una zona integrante del
Sistema de Parques Nacionales no determina un vaciamiento del derecho de
dominio; así, para que la inscripción de esa reserva cause un daño antijurídico debe
demostrarse una afectación injusta o desproporcionada a la propiedad, para lo cual
es necesario atender ciertos factores relacionados con los usos permitidos de esas
áreas, según la zonificación interna de la reserva.

55. De esta manera, la limitación impuesta a la propiedad privada que resulta
incorporada al Sistema de Parques Nacionales Naturales, a fin de realizar la función
ecológica prevista para ella en la Constitución, no implica un desconocimiento de
los atributos de uso, goce y explotación. Aun cuando la declaratoria de una zona
de reserva ecológica conduce a la imposición de gravámenes para la utilización y
disfrute de los bienes de propiedad privada que queda incluida en un sistema de
protección ecológica de mayor extensión, es claro que dentro de los precisos límites
normativos -propios del reconocimiento de un derecho de carácter relativo- los
titulares de dicha modalidad de dominio pueden proceder a su correspondiente
explotación económica, por ejemplo, en actividades investigativas, educativas y
recreativas.

56. Para que la limitación resulte lesiva a título de daño antijurídico, la afectación

debe ser excesiva al punto de superar las condiciones naturales de la función social
y ecológica inherente a la propiedad; en tal caso, estará a cargo del juez
administrativo establecer una responsabilidad estatal a fin de indemnizar o
compensar a quien se vea afectado en su derecho más allá de la carga ordinaria
que le corresponda, esto si probatoriamente se demuestra que la afectación de
predios implicó un desconocimiento pleno y absoluto de la propiedad en ejercicio
de sus funciones de uso, goce y disposición.

57. Con estos referentes, la Sala encuentra que la decisión del Tribunal a quo no

desconoció una garantía constitucional o convencional, puesto que la anotación en
los folios de matrícula inmobiliaria de los predios buscó la realización de la función
ecológica de la propiedad, mientras que la labor probatoria ejercida por la parte
actora no condujo a la demostración de que esa afectación tuviera el carácter de
ser desmedida, injusta o desproporcionada.

32 C-020 del 9 de febrero de 2023.

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Referencia: Reparación de perjuicios causados a un
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58. Se conoce, según lo referenció la Resolución 032 de 2007, a través de la cual

se adoptó el plan de manejo del Parque Nacional Natural Sumapaz, que el entonces
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial incorporó el uso principal
del parque como zona de preservación y estableció la posibilidad de realizar
actividades destinadas al mantenimiento de los recursos naturales y al
mantenimiento del equilibrio biológico de los ecosistemas, lo cual indica que a pesar
de la limitación, se mantiene el ejercicio del derecho de propiedad, bajo los
condicionamientos de la función ecológica que le resulta inherente.

59. Por lo anterior, los actores no están impedidos para ejercer los atributos que les

concede el derecho de dominio de sus predios; la cuestión es que ese ejercicio está
supeditado a un uso racional y sostenible del predio objeto de la reserva.

60. No obra en la foliatura prueba alguna que permita considerar que las medidas

que se adoptaron a fin de declarar, reservar y alinderar el área del Parque Nacional
Natural Sumapaz hayan sido irracionales o desproporcionadas, en detrimento o
desconocimiento injusto de la propiedad privada de la cual son titulares los actores
miembros del grupo, por lo cual la decisión del a quo en cuanto declaró la falta de
acreditación de un daño antijurídico no desconoce ni privilegia derechos ni
desconoce el bloque de constitucionalidad.

61. En línea con lo expuesto, se impone confirmar la sentencia objeto de recurso.

Condena en costas

62.
De conformidad con lo consagrado en los artículos 65.5 de la Ley 472 de 1998 y
188 del CPACA se debe liquidar la condena en costas a cargo de la parte vencida
en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
(…)”.

63.
Según dispone el numeral 6 del artículo 365 del CGP33 la condena se impondrá,
a prorrata, a cargo de los demandantes que hicieron parte del proceso 34, tal es el
caso de Jaime Eulices Caicedo Escobar, Gloria Amanda Rodríguez García, Alberto
Rodríguez García, Hugo Rodríguez García, Carmen Cecilia Rodríguez García,
Andrea Esther Caicedo Escobar, Jaime Alduar Gamba Rojas, Pioquinto Gamba
Gómez, Aracely Rodríguez de González -heredera del señor Arnulfo López-,
Alfonso Rodríguez Cubillos y Fernando Abel Rodríguez García, quienes otorgaron
poder y participaron a través de apoderado .

64.
El artículo 361 de la Ley 1564 de 2011 prescribe que las costas están integradas
por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite
de la controversia. Las costas se integran por dos elementos: las agencias en

33 “Artículo 365 (…) 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará

en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes
iguales entre ellos”.
34 Así lo ha dispuesto esta Subsección, entre otras, en la sentencia del 12 de diciembre de 2022, exp. 66.832,

C.P. José Roberto Sáchica Méndez y la sentencia de 30 de agosto de 2024, exp. 69.510, C.P. María Adriana
Marín.

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Radicación: 11001-33-42-050-2017-00098-01 (70.558)
Actor: Jaime Eulices Caicedo Escobar y otros
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Desarrollo Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

derecho como compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la
parte vencedora; y las expensas que corresponden a los gastos surgidos con
ocasión del proceso y necesarios para su desarrollo.

65.
Respecto a la fijación de las agencias en derecho, se tiene que las mismas se
calculan en consonancia con las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la
Judicatura en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 -aplicable a
este asunto, en consideración a la fecha de presentación de la demanda-, en
atención a la naturaleza, la calidad y la gestión realizada por el apoderado y las
demás circunstancias relevantes. En esas condiciones, teniendo en cuenta la
duración del proceso y los deberes de vigilancia que su trámite implicó se fija la
condena por dicho concepto en la suma de seis (6) SMLMV fraccionada en partes
iguales a favor de los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, así como de la Empresa EMGESA S.A. ESP –hoy ENEL COLOMBIA-.

66.
En cuanto a las expensas, al revisar el expediente se observa que no existe
prueba de que la parte demandada hubiese tenido que incurrir en gastos procesales
con ocasión del trámite de la segunda instancia, por lo que no se reconocerá ningún
rubro por dicho concepto.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR, la sentencia proferida el 10 de agosto de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia, a prorrata, a los
demandantes que hicieron parte del proceso, Jaime Eulices Caicedo Escobar,
Gloria Amanda Rodríguez García, Alberto Rodríguez García, Hugo Rodríguez
García, Carmen Cecilia Rodríguez García, Andrea Esther Caicedo Escobar, Jaime
Alduar Gamba Rojas, Pioquinto Gamba Gómez, Aracely Rodríguez de González -
heredera del señor Arnulfo López-, Alfonso Rodríguez Cubillos y Fernando Abel
Rodríguez García.

TERCERO: LIQUIDAR las costas como sigue: por concepto de agencias en
derecho a favor de la parte demandada se fija la suma de seis (6) salarios mínimos
mensuales legales, vigentes a la fecha de esta sentencia, valor que será exigible
en partes iguales a favor de la Nación –Ministerios de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y Agricultura y Desarrollo Rural-, el Distrito de Bogotá y Parques

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Radicación: 11001-33-42-050-2017-00098-01 (70.558)
Actor: Jaime Eulices Caicedo Escobar y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

Nacionales Naturales de Colombia. Sin expensas, por no existir prueba en el
expediente de su causación.

CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

VF

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