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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-1999-01611-01

Fecha
1 de febrero de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-1999-01611-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 31 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, la cual quedará así: «PRIMERO: Declarar probada de oficio la excepción de inepta demanda frente al control de legalidad del artículo 1° de la Resolución 2345 del 9 de diciembre de 1997, objeto de juzgamiento de manera parcial, y del acta de grado otorgada a favor del señor “JAIRO LUIS WILCHES HERNANDEZ”, por las razones expuestas en la presente providencia». SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 31 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 13001-23-31-000-1999-01611-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

1 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., primero (1.º) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (LESIVIDAD)
Radicación núm: 13001-2331-000-1999-01611-01
Demandante: Universidad de Cartagena
Terceros interesados: Jairo Luis Wilches Hernández; Aleide del
Socorro Arroyo Aragón; Luis Enrique Romero Cabarcas y; José Ángel
López Castellar
Títulos universitarios- expedición del título universitario sin el lleno de
los requisitos legales- actos académicos y meramente académicos-
autonomía universitaria- se confirma la sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Universidad
de Cartagena, parte demandante en este proceso, contra la sentencia de 31 de
mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la
cual se denegaron las pretensiones de la demanda1.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

I.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (lesividad) la Universidad de
Cartagena presentó demanda con el fin de obtener las siguientes declaraciones2:

«PRIMERO: Declárese nulo el artículo 1º de la resolución 2345 del 9 de
diciembre de 1997 expedida por esta rectoría, con relación únicamente a
la autorización de graduación de los egresados JAIRO LUIS WILCHES
HERNANDEZ, ALEIDE DEL SOCORRO ARROYO ARAGON, LUIS
ENRIQUE ROMERO CABARCAS y JOSE ANGEL LOPEZ CASTELLAR
en el programa de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Cartagena;

1 El presente expediente se encuentra digitalizado en la Sede Electrónica de Gestión Judicial SAMAI: 13001-

2331-000-1999-01611-01, Índice 14.
2 Folios 2 a 10 del Cuaderno 1.

Radicación núm: 13001-2331-000-1999-01611-01
Demandante: Universidad de Cartagena

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración ordénese la
cancelación de los diplomas y actas de grado Nos. 2992, 3020, 3038 y la
de JAIRO LUIS WILCHES HERNANDEZ proferidos en virtud de la
resolución descrita;

TERCERO: Como quiera que, con ocasión de este proceso los efectos
jurídicos de la sentencia afectarían a terceros JAIRO LUIS WILCHES
HERNANDEZ, ALEIDE DEL SOCORRO ARROYO ARAGON, LUIS
ENRIQUE ROMERO CABARCAS Y JOSE ANGEL LOPEZ CASTELLAR
solicítole le sea notificado personalmente el auto admisorio de la demanda
para que ejerzan sus derechos de contradicción y defensa. En la
eventualidad de no ser posible, sean emplazados y se les designe
Curador Ad litem».

I.1.2. Hechos de la demanda

2. La Universidad de Cartagena3 planteó los siguientes hechos relevantes para
fundamentar sus pretensiones:

3. Relató que la Universidad de Cartagena, a través de la Facultad de Ciencias
Económicas ofrece el programa de pregrado en Contaduría Pública, el cual consta
de diez (10) semestres.

4. Narró que los señores Jairo Luis Wilches Hernández, Aleide del Socorro Arroyo
Aragón, Luis Enrique Romero Cabarcas y José Ángel López Castellar se
matricularon en el programa de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias
Económicas de dicha institución.

5. Precisó que el artículo 102 del Acuerdo 8 de 20 de marzo de 1997 del Consejo
Superior de la Universidad de Cartagena -Reglamento Estudiantil- enlista los
siguientes requisitos para obtener un título por parte de esa institución, a saber: (i)
haber aprobado la totalidad de las asignaturas del Plan de Estudios; (ii) elaborar un
trabajo de investigación el cual debe ser aprobado por las facultades que lo exijan;
(iii) presentar exámenes preparatorios, los cuales deberán ser aprobados por las
facultades que lo exijan y; (iv) pagar los derechos de grado.

6. Observó que, una vez culminadas las actividades académicas, los estudiantes
del programa de contaduría pública cuentan con tres (3) alternativas para
graduarse, a saber: (a) exámenes preparatorios; (b) monografía de grado o (c)

3
Según el Decreto 1678 de 1981 «Por el cual se aprueba el Acuerdo número 01 del 6 de febrero de 1981,
expedido por el Consejo Superior sobre adopción del Estatuto General de la Universidad de Cartagena» la
Universidad de Cartagena es un establecimiento público de carácter académico del orden departamental, esto
es, un organismo con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito a la
Gobernación del Departamento de Bolívar, creado por Decreto de 6 de octubre de 1827 y reconocido por
disposiciones legales posteriores, entre ellas, la Ordenanza número 12 de 1956 del Consejo Administrativo de
Bolívar, con domicilio en la ciudad de Cartagena (artículo 2).

2

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Demandante: Universidad de Cartagena

exoneración de exámenes o de monografía, lo cual aplica para aquellos estudiantes
que cumplen con lo dispuesto en el Acuerdo 2 de 15 de febrero de 1984.

7. Subrayó que para el caso del programa de Contaduría Pública se deben aprobar
cuatro (4) exámenes en total, de los cuales tres (3) son obligatorios y uno optativo.
Los preparatorios obligatorios son: legislación comercial, legislación tributaria y
contabilidad general y especial y, el preparatorio optativo debe elegirse dentro de
las siguientes alternativas: a) costos y presupuesto; b) contabilidad gerencial y
análisis financiero y, c) control interno, auditoría y revisoría fiscal.

8. Aclaró que los señores Jairo Luis Wilches Hernández, Aleide del Socorro Arroyo
Aragón, Luis Enrique Romero Cabarcas y José Ángel López Castellar optaron por
el sistema de exámenes preparatorios.

9. Indicó que por solicitud del decano de la Facultad de Ciencias Económicas se
adelantó una auditoría académica en el programa de contaduría pública y, como
resultado de ello, el Jefe de Control Interno de la Universidad de Cartagena el día 4
de marzo de 1999, formuló la siguiente conclusión:

«[…] E) De acuerdo a la información presentada en el cuadro resumen
anterior, se deduce o concluye que los cuatro (4) estudiantes anotados:
WILCHES HERNÁNDEZ JAIRO LUIS, ARROYO ARAGÓN ALEIDE,
ROMERO CABARCAS LUIS y LOPEZ CASTELLAR JOSE, no aprobaron
los cuatro (4) preparatorios de grado formalizados en el programa; por
tanto no debieron recibir ni otorgársele el grado respectivo, el 18 de
diciembre de 1997, mediante Resolución No. 2345 del 9 de diciembre del
mismo año».

10. Sostuvo que el procedimiento interno seguido para expedir los títulos
correspondientes fue el siguiente: a) el ex Subsecretario Académico del Programa
de Contaduría Pública, a través de Oficio 172 (sin fecha), solicitó al Decano de la
Facultad de Ciencias Económicas la graduación de sesenta y tres (63) estudiantes,
entre los cuales figuran los señores Jairo Luis Wilches Hernández, Aleide del
Socorro Arroyo Aragón, Luis Enrique Romero Cabarcas y José Ángel López
Castellar; b) el Decano de la Facultad, mediante Oficio 257 de 1° de diciembre de
1997, solicitó la graduación de los estudiantes del programa de economía,
administración de empresas y contaduría pública y, c) como resultado de ello, la
rectoría expidió la Resolución 2345 de 9 de diciembre de 1997.

11. Hizo claridad en que en el original de la Resolución 2345 del 9 de diciembre de
1997 que reposaba en la Secretaría General no aparecía incluido el nombre del
señor Jairo Luis Wilches Hernández; no obstante, esta persona fue incluida en esa
resolución posteriormente, tal y como figura en la copia que reposa en la
Subsecretaría Académica del Programa de Contaduría Pública.

3

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Demandante: Universidad de Cartagena

12. Comentó que, tal y como lo ordenó la Resolución 2345 del 9 de diciembre de
1997, la ceremonia de graduación se llevó a cabo el día 18 de diciembre de 1997 y
se expidieron los siguientes diplomas a favor de: a) Aleide del Socorro Arroyo
Aragón (acta de grado 2992); b) Luis Enrique Romero Cabarcas (acta de grado
3038); c) Jairo Luis Wilches Hernández (acta de grado 12038) y; d) José Ángel
López Castellar (acta de grado 3020).

I.1.3. El concepto de la violación

13. La Universidad de Cartagena estimó vulnerado el artículo 102 del Acuerdo 8 de
20 de marzo de 1997 del Consejo Superior -Reglamento Estudiantil-, al considerar
que los estudiantes Jairo Luis Wilches Hernández; Aleide del Socorro Arroyo
Aragón; Luis Enrique Romero Cabarcas y José Ángel López Castellar no aprobaron
los preparatorios como requisito previo para obtener el título profesional de contador
público.

14. Adujo que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la educación es
un derecho deber del cual se desprenden una serie de obligaciones recíprocas entre
los diferentes actores del proceso educativo, lo cual comprende a los estudiantes
quienes deben cumplir la Constitución Política; las leyes, el Estatuto General y
demás normas de la universidad.

15. Finalmente, recalcó que de las actuaciones contrarias a la ley no surgen
derechos, pues «[l]os actos irregulares y menos los delictuosos no son protegidos
no son amparados por la ley. El presente caso encaja dentro de las actuaciones
nacidas al margen de la ley, las cuales deben revertirse a su estado anterior para
mantener la normatividad, la moral y las buenas costumbres».

I.2. Trámite de la demanda

16. Mediante auto de 19 de enero de 20094, se admitió la demanda y, en el mismo
proveído, se ordenó notificar a los señores Jairo Luis Wilches Hernández, Aleide del
Socorro Arroyo Aragón, Luis Enrique Romero Cabarcas y José Ángel López
Castellar.

17. Según constancia visible a folio 86 -Cuaderno Principal- se efectuó la
notificación personal de la señora Aleide del Socorro Arroyo Aragón.

18. A través de auto de 5 de diciembre de 20165, se designó a un curador ad-litem
con el fin de que asumiera la defensa de los señores Jairo Luis Wilches Hernández,
Luis Enrique Romero Cabarcas y José Ángel López Castellar.

4 Folios 85 del Cuaderno 1.
5 Folio 151 del Cuaderno 1.

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Demandante: Universidad de Cartagena

19. Mediante escrito visible a folios 158 a 160 -Cuaderno 1- el curador ad-litem
allegó escrito de defensa de los señores «JAIRO LUIS WILCHES HERNÁNDEZ Y
JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ CASTELLAR» pues aclaró que «[l]as otras dos personas,
señores LUIS ENRIQUE ROMERO CABARCAS y ALEIDE DEL SOCORRO
ARROYO ARAGÓN, fueron ubicadas por la suscrita y asumirán su defensa».

20. Según escrito visible a folios 161 a 178 -Cuaderno 1- el señor Luis Enrique
Romero Cabarcas contestó la demanda.

I.3. Las contestaciones de la demanda

I.3.1. La contestación de la demanda por parte de la señora Aleide del Socorro
Arroyo Aragón

21. La señora Aleide del Socorro Arroyo Aragón, a pesar de haber sido notificada 6,
guardó silencio.

I.3.2. La contestación de la demanda por parte de los señores Jairo Luis
Wilches Hernández y José Ángel López Castellar

22. El curador ad-litem de los señores Jairo Luis Wilches Hernández y José Ángel
López Castellar, designado para asumir su defensa aseguró no tener certeza acerca
de si la modalidad elegida por los referidos ciudadanos fue la del examen
preparatorio para poder graduarse y si debían superar cuatro (4) exámenes para
obtener el título de contador7, a lo que agregó que los documentos aportados por la
Universidad de Cartagena se allegaron en copia simple.

I.3.3. La contestación de la demanda por parte del señor Luis Enrique Romero
Cabarcas

23. La defensa del señor Luis Enrique Romero Cabarcas contestó en tiempo la
demanda, reconociendo como ciertos los siguientes hechos:

(i) La Universidad de Cartagena sí ofrece el programa de pregrado de Contaduría
Pública, el cual consta de diez (10) semestres;

(ii) El Reglamento Estudiantil de la Universidad de Cartagena- Acuerdo 08 de 20 de
marzo de 1997 del Consejo Superior- establece los requisitos para obtener el grado
de contador público al igual que las exigencias sobre calificación de exámenes, la
publicación de los mismos, el procedimiento y los recursos que deben interponerse
para objetar las notas de los exámenes;

6 Según constancia de notificación visible a folio 86 del expediente. Además, así se dio a conocer a través de

auto de 28 de agosto de 2008 (Folio 104 del Cuaderno principal).
7 Folios 158 a 160 del Cuaderno 1.

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Demandante: Universidad de Cartagena

(iii) El señor Luis Enrique Romero Cabarcas seleccionó la modalidad de
preparatorios para obtener el grado, los cuales fueron superados.

24. Sin embargo, puso de presente que la Universidad de Cartagena aportó las
actas contentivas de los preparatorios en copia simple y no allegó la totalidad de los
exámenes presentados, aclarando que «[…] el graduando presenta sus exámenes
preparatorios, cuantas veces lo desee, hasta superarlos. No hay límite de
oportunidades. El Reglamento Estudiantil, no prevé la cantidad de veces en que un
examen preparatorio de la misma asignatura, debe presentarse».

25. Adicionalmente, el apoderado del señor Luis Enrique Romero Cabarcas tachó
de falsos los documentos aportados por la Universidad de Cartagena.

26. Indicó que el Reglamento Estudiantil contempla un procedimiento interno con
el fin de que la Universidad adelante las investigaciones por la comisión de
irregularidades por parte de los estudiantes, el cual fue inobservado.

27. En relación con este punto, aseguró que el ente universitario desconoció el
artículo 28 del Código Contencioso Administrativo el cual estatuye el deber de la
administración de comunicar la actuación administrativa iniciada de oficio cuando
se desprenda que hay particulares que puedan resultar afectados de forma directa,
con el fin de afianzar el debido proceso como garantía que rige para toda clase de
actuaciones, incluidos los procedimientos académicos, administrativos o
disciplinarios adelantados por instituciones universitarias frente a sus estudiantes.
En apoyo de ello, citó apartes de las sentencias T- 470 de 1999 y T 756 de 2007.

28. Precisó que la falsedad en documento público se encuentra tipificada en el
Código Penal, por lo que corresponde a la Fiscalía General de la Nación adelantar
las correspondientes investigaciones, subrayando, sobre el particular que «[…] [l]a
investigación, no arrojó que mi poderdante haya sido partícipe de ninguna conducta
punible reprochada por el Código Penal, contrario a lo que afirmó la Universidad de
Cartagena en forma temeraria en su denuncia penal».

29. Agregó que, en el presente caso, al estudiante Luis Enrique Romero Cabarcas
«no se le calificó con nota numérica de cero (0) a cinco (5), sino que se le colocó
«APROBADO» o «IMPROBADO»; expresiones que no aparecen en ninguna parte
del Reglamento Estudiantil y sin siquiera darle copia al estudiante de tal resultado,
que permitiría hoy, conocer la verdad de lo que está planteando la Universidad en
su demanda […]».

30. Subrayó que su defendido actuó amparado en el principio de confianza legítima
y, como resultado de ello, ha ejercido su profesión con la plena certeza de haber

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Demandante: Universidad de Cartagena

obtenido su grado de acuerdo con los requisitos exigidos por la Universidad de
Cartagena.

31. Finalmente, planteó las excepciones que tituló «improcedencia de anulación por
«precariedad de pruebas»; «inadecuado procedimiento de investigación» y «falta
de notificación del acto administrativo».

I.4. Trámite del proceso judicial en primera instancia

32. Mediante auto de 7 de diciembre de 20178 se abrió el proceso a pruebas y,
según proveído de 22 de junio de 20189 se declaró cerrado el período probatorio y,
además, se ordenó correr traslado a las partes para que alegaran de conclusión.
En dicha oportunidad intervinieron el señor Luis Enrique Romero Cabarcas10 y Jairo
Luis Wilches Hernández11.

I.5. Sentencia de primera instancia

33. El Tribunal Administrativo de Bolívar, profirió fallo el día 31 de mayo de 2019,
por medio del cual desestimó las pretensiones de la demanda12, en el siguiente
sentido:

34. Previo a decidir el fondo del asunto, denegó la solicitud de nulidad prevista en
el numeral 8° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil planteada por el
señor Jairo Luis Wilches Hernández en la etapa de alegaciones, tras señalar que el
referido ciudadano contestó la demanda sin alegar la nulidad invocada. Es decir, «el
solicitante de la nulidad actuó luego de ocurrida la respectiva causal, convalidando
la actuación surtida, así como perdió la oportunidad para alegar la nulidad».

35. El problema jurídico analizado en dicha instancia tuvo como finalidad establecer
si «¿[e]l planteamiento expuesto por la Universidad de Cartagena en el sentido que
los estudiantes aludidos en la demanda incumplieron con uno de los requisitos para

8 Folio 184 del Cuaderno 1. En contra de la decisión y frente a la negativa de decretar algunas pruebas
testimoniales, el apoderado del señor Luis Enrique Romero Cabarcas presentó recurso de apelación, el cual
fue resuelto mediante auto de 3 de mayo de 2018, con el fin de decretar la práctica de los testimonios de los
señores Luis Alonso García Suárez, Delcy del Carmen Jiménez Cardona y Marco Aurelio Gómez Pascuali.
9 Folio 201 del Cuaderno 2.
10 Folios 204 a 2213 del Cuaderno 2.
11 Folios 214 a 217 del Cuaderno 2. Cabe destacar que en dicho escrito la defensa del señor Luis Wilches

Hernández planteó la nulidad procesal prevista en el numeral 8° del artículo 140 del Código de Procedimiento
Civil, consistente en que a su representado solo se le emplazó por una sola vez para efectos de la notificación
personal, a pesar de que el artículo 207 del Código Contencioso Administrativo dispone que la misma debe
realizarse por dos ocasiones.
12 «PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Negar la solicitud de nulidad procesal obrante a folio 214.
TERCERO: DECLARAR que prospera la excepción denominada “improcedencia de anulación por
precariedad de pruebas” y a su vez NEGAR las demás excepciones.
CUARTO: SIN condena en costas.
QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, ARCHÍVESE el expediente, previas las anotaciones
y registros de rigor».

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Demandante: Universidad de Cartagena

graduarse como contador público como era presentar y aprobar 4 preparatorios está
suficientemente demostrado?».

36. El Tribunal de primer grado hizo referencia al principio de presunción de
legalidad de los actos administrativos el cual encuentra desarrollo en los artículos
64 y 66 del Código Contencioso Administrativo, normas según las cuales, una vez
ejecutoriado el acto administrativo produce a plenitud sus efectos y resulta de
obligatorio cumplimiento hasta tanto no sea anulado o suspendido por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.

37. El a quo pasó a efectuar un análisis del material probatorio arrimado al proceso,
y de su análisis, concluyó lo siguiente:

38. Observó que el certificado expedido por el Subsecretario Académico del
Programa de Contaduría Pública, en el cual precisa que los exámenes preparatorios
son una alternativa para graduarse en dicha carrera no ofrecía certeza suficiente
para dar por cierto que, en efecto, la facultad de Contaduría exigía como requisito
de grado la realización de exámenes preparatorios, pues dicho documento data del
año 1999, mientras que la graduación ocurrió en el año de 1997, y además de ello,
tampoco especifica aspectos relacionados con el número de preparatorios que se
debían cursar, las áreas a evaluar, la forma de evaluación y cuándo se debían
considerar aprobados los exámenes preparatorios. En consecuencia y, a juicio del
Tribunal de la primera instancia era necesario haber allegado al plenario la
reglamentación que haya expedido el consejo de facultad; aclarando que tal
documentación no fue allegada.

39. De otro lado, precisó que la Universidad de Cartagena allegó al expediente el
documento titulado «Observaciones dentro del programa de auditoría académica»,
en el cual se señala que los estudiantes Jairo Luis Wilches Hernández, Aleide del
Socorro Arroyo Aragón, Luis Enrique Romero Cabarcas y José Ángel López
Castellar no aprobaron los cuatro (4) preparatorios de grado formalizados en el
programa; sin embargo no se aportó al plenario los documentos anexos, como
ocurre con el listado de los estudiantes que tomaron como opción los preparatorios.

40. Adicionalmente, resaltó que dicho documento recoge las observaciones
elaboradas por el Jefe de la Oficina de Control Interno; sin embargo, no constituía
el informe definitivo de auditoría.

41. En relación con este aspecto, anotó que la auditoría de control interno debe
adelantarse de conformidad con las etapas definidas en la Ley 87 de 1993, y la Ley
43 de 1990; de tal suerte que con la prueba documental aportada resultaba
«[…]imposible determinar si esos protocolos se siguieron para así otorgar total
credibilidad a las observaciones señaladas por el auditor».

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Demandante: Universidad de Cartagena

42. En síntesis, «[…] en el plenario al solo obrar una prueba indiciaria como son las
observaciones halladas por control interno que señalan a los estudiantes allí
identificados como que incumplieron un requisito para su grado exigido por la
Facultad de Contaduría de la Universidad de Cartagena como es presentar y
aprobar 4 preparatorios, situación que no fue confirmada a través de otros medios
probatorios […]».

I.6. El recurso de apelación

43. La Universidad de Cartagena, por conducto de apoderado judicial, interpuso
recurso de apelación con el fin de obtener la revocatoria de la decisión de primera
instancia13. Los principales argumentos relevantes son:

I.6.1. El a quo desconoce la organización administrativa y académica de la
Universidad de Cartagena y su autonomía universitaria

44. Consideró que el argumento planteado por el Tribunal de la primera instancia
según el cual «era necesario traer al plenario la reglamentación que al respecto
haya expedido el consejo de facultad», desconoce el principio de legalidad y la
autonomía universitaria, por cuanto ninguna norma interna de la Universidad de
Cartagena otorga a los consejos la facultad para reglamentar los requisitos para
obtener un grado.

45. Al respecto, puntualizó que el artículo 67 del Acuerdo 8 de 20 de marzo de 1997
del Consejo Superior Universitario, norma vigente para la época de los hechos,
señala que todo estudiante para obtener un título debe haber cumplido la totalidad
de los requisitos del Plan de Estudios y los demás exigidos por la facultad. En
consecuencia, dicha norma general no puede ser considerada de inferior jerarquía
frente a la reglamentación que adopte el consejo de facultad.

46. A juicio del recurrente, el Tribunal de la primera instancia parte de una
interpretación exegética y no armónica de las normas internas de la Universidad de
Cartagena pues, insistió, los requisitos de grado se encuentran vigentes desde el
Acuerdo 8 de 1997.

I.6.2. Los informes rendidos por los funcionarios de control interno de las
entidades públicas

47. Manifestó que el artículo 14 de la Ley 87 de 1993 reconoce que los informes
emitidos por los funcionarios de control interno tienen valor probatorio en los
procesos de carácter disciplinario, administrativo, judicial y fiscal cuando las
autoridades pertinentes así lo soliciten, aclarando que si bien dicha norma fue

13 Folios 234 a 240 del Cuaderno 2.

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Demandante: Universidad de Cartagena

modificada por el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, la anterior disposición
normativa se mantuvo incólume.

48. Anotó que la Universidad de Cartagena, de forma diligente, aportó las
certificaciones expedidas por el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno para
el momento de los hechos con el fin de probar el incumplimiento de los requisitos
para obtener el grado universitario por parte de los señores Jairo Luis Wilches
Hernández, Aleide del Socorro Arroyo Aragón, Luis Enrique Romero Cabarcas y
José Ángel López Castellar. Por ende, contrario a lo afirmado por el tribunal, sí se
logró demostrar el incumplimiento de la exigencia relativa a la presentación de los
exámenes preparatorios, pues en el plenario no existían elementos de prueba que
así lo desvirtuaran.

I.6.3. La certificación expedida por el Subsecretario Académico del Programa
de Contaduría

49. Insistió nuevamente en que no era de recibo el argumento según el cual la
certificación expedida por el Subsecretario Académico del Programa de Contaduría
no ofrecía certeza suficiente para demostrar que se debían aprobar cuatro (4)
exámenes preparatorios para obtener el título profesional de contador, bajo el
argumento de que dicho documento data del año 1999, mientras que, los títulos de
grado se expidieron en el año 1997. Lo anterior, por cuanto a juicio del recurrente
dicha certificación fue expedida en el marco del procedimiento disciplinario que se
adelantó en contra de los señores Jairo Luis Wilches Hernández, Aleide del Socorro
Arroyo Aragón, Luis Enrique Romero Cabarcas y José Ángel López Castellar, y
además, porque el Acuerdo 8 de 1997, que establece los requisitos para obtener el
título de contador, era la norma aplicable al momento de los hechos.

I.6.4. Pruebas testimoniales aportadas no constituyen fuerza probatoria frente
a las documentales allegadas

50. Indicó que el Tribunal de primer grado erró al dar credibilidad a los testimonios
de los señores Delcy del Carmen Jiménez Cardona y Marco Gómez Pascuali, dado
que las declaraciones rendidas por los referidos testigos no proceden de
autoridades administrativas o académicas o de personas que tuvieron conocimiento
sobre los hechos ocurridos.

I.7. Trámite del proceso en segunda instancia y alegatos de conclusión

51. Mediante auto de 3 de septiembre de 201914 se concedió, en el efecto
suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por la Universidad de Cartagena.
Posteriormente, en proveído de 13 de noviembre de 201915, luego de haber sido

14 Folio 246 del Cuaderno 2.
15 Folio 4 del Cuaderno del Consejo de Estado.

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Demandante: Universidad de Cartagena

repartido el presente proceso entre los diferentes despachos integrantes de la
Sección Primera se admitió el recurso de apelación interpuesto por la actora y,
según auto de 27 de enero de 202016 se corrió traslado a las partes para que
presenten sus alegatos de conclusión y, al agente del Ministerio Público para que,
de considerarlo pertinente, rinda concepto.

52. En esta oportunidad procesal, todos los sujetos procesales guardaron silencio17.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

53. La Sala de Decisión analizará los siguientes aspectos que conducirán a la
solución del problema jurídico: (i) la competencia de la Sala; (ii) lo demandado en el
proceso; (iii) análisis de algunas cuestiones previas como son: (a) la naturaleza
jurídica de los actos demandados y la procedencia de declarar probada de oficio la
excepción de inepta demanda frente al estudio de legalidad del artículo 1° de la
Resolución 2345 del 9 de diciembre de 1997, demandado de forma parcial; (b) la
excepción de inepta demanda debe ser declarada de oficio frente al acta de grado
otorgada a favor del señor Jairo Luis Wilches Hernández; c) la acción procedente
para controvertir las actas de grado siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia
de esta Corporación; (iv) el problema jurídico a resolver en el presente caso; (v) la
respuesta al problema jurídico y, (vi) las conclusiones.

II.1. La competencia

54. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo18 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, expedido
por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado
es competente para decidir, en segunda instancia, de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.

55. Agotados los trámites propios del proceso de que trata este asunto, sin que se
observe vicio o causal de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a resolver el
caso sub lite.

II.2. Lo demandado en el presente caso

16 Folio 8 del Cuaderno del Consejo de Estado.
17 Ver constancia secretarial obrante a folio 11 del Cuaderno del Consejo de Estado.
18 «ARTÍCULO 129. el Consejo de Estado, en sala de lo contencioso administrativo conocerá en segunda

instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda
el extraordinario de revisión».

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Demandante: Universidad de Cartagena

56. En el presente caso la Universidad de Cartagena dirigió su demanda en contra
del artículo 1° de la Resolución 2345 del 9 de diciembre de 1997, parcialmente, por
medio de la cual la rectoría de esa institución autorizó la ceremonia de graduación
para otorgar, entre otros, el título de contador público a los siguientes estudiantes:
Jairo Luis Wilches Hernández, Aleide del Socorro Arroyo Aragón, Luis Enrique
Romero Cabarcas y José Ángel López Castellar. La referida resolución es del
siguiente tenor:

«UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Resolución No. 2345 de 1997

El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
en uso de sus facultades legales
CONSIDERANDO:

Que el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas (E), mediante
oficio N° 257 del 1° de diciembre de 1997, ha solicitado a este despacho
autorización para celebrar ceremonia de grado para otorgar el título
ECONOMISTA, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS Y CONTADOR
PÚBLICO a egresados de esa facultad.

Que no existe impedimento normativo para acceder a lo solicitado

RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar la ceremonia de graduación para otorgar el título de
ECONOMISTA, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS Y CONTADOR
PÚBLICO, el día 18 de diciembre de 1997 a las 16:00 horas en el Auditorio
de las Ciencias de la Salud (Zaragocilla) de la Universidad de Cartagena
a egresados de esos programas:
[…]
PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA
[…]
ARROYO ARAGON ALEIDE DEL SOCORRO […] LOPEZ CASTELLAR
JOSE ANGEL […] ROMERO CABARCAS LUIS ENRIQUE […] WILCHES
HERNANDEZ JAIRO LUIS […]».

57. Adicionalmente, se pone de relieve que la Universidad de Cartagena demandó
las siguientes Actas de Grado, a saber:

• El Acta de Grado 2992 de 18 de diciembre de 1997, otorgada a favor de la
estudiante Aleide del Socorro Arroyo Aragón19;

• El Acta de Grado 3020 de 18 de diciembre de 1997, otorgada a favor del
estudiante José Ángel López Castellar20;

19 Folio 75 del Cuaderno 1.
20 Folio 76 del Cuaderno 1.

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Demandante: Universidad de Cartagena

• El Acta de Grado 3038 de 18 de diciembre de 1997, otorgada a favor del
estudiante Luis Enrique Romero Cabarcas21.

• El «Acta de Grado otorgada a favor del señor Jairo Luis Wilches
Hernández»; sin embargo, cabe aclarar que la Universidad de Cartagena no
aportó dicho documento y el mismo no reposa en el plenario.

II.3. Estudio de algunas cuestiones previas

II.3.1. La naturaleza jurídica de los actos demandados y la procedencia de
declarar probada de oficio la excepción de inepta demanda frente al control
de legalidad de la Resolución 2345 del 9 de diciembre de 1997, enjuiciada en
este proceso de forma parcial

58. El artículo 24 de la Ley 30 de 199222 señala que el título es el reconocimiento
expreso de carácter académico otorgado a una persona natural a la culminación de
un programa, por haber adquirido un saber en una Institución de Educación
Superior, el cual se hace constar en un diploma. En armonía con lo anterior, el
artículo 100 del Acuerdo 8 de 20 de marzo de 1997 -Reglamento Estudiantil de la
Universidad de Cartagena- define el título como el grado académico que alcanza un
estudiante al culminar un programa de formación universitaria, el cual lo acredita
para ejercer una determinada carrera.

59. A partir de la anterior definición, puede colegirse que el diploma es el documento
expedido por la universidad que acredita que un ciudadano ha cumplido con los
requisitos académicos y administrativos en una determinada rama del conocimiento.
Por su parte, el acta de grado puede ser definida como el documento que de manera
individual deja constancia de que el graduado ha obtenido el título profesional en un
determinado programa.

60. Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia de esta Corporación ha
diferenciado los «actos académicos» de los «actos meramente académicos». Los
primeros -los actos académicos- son expedidos por las instituciones de educación
superior en ejercicio de función administrativa y, como tales, son susceptibles de
control judicial ante esta jurisdicción, tal y como sucede, verbi gratia, con el acto
administrativo por medio del cual una institución universitaria otorga o se abstiene
de conceder un título académico. Los segundos -los actos meramente académicos-
están ligados al funcionamiento interno de las instituciones de educación superior
y, a título enunciativo, se ha señalado que se encuentran, por ejemplo, el
señalamiento del calendario académico, los planes de enseñanza e investigación,
el sistema, forma y criterio de calificaciones de los exámenes y de matrículas; actos

21 Folio 77 del Cuaderno 1.
22 «Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior».

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Radicación núm: 13001-2331-000-1999-01611-01
Demandante: Universidad de Cartagena

últimos que, a diferencia de los primeros, no son susceptibles de control judicial por
esta jurisdicción.

61. Esta Sección, en sentencia de 16 de diciembre de 199423, sobre el particular
expresó:

«Indudablemente existen actos expedidos por las Instituciones de
Educación Superior, sean privadas u oficiales, que por ser
consecuencia del ejercicio del cumplimiento de una función
administrativa - la de educación -, tienen el carácter de
administrativos y por lo mismo son susceptibles de enjuiciamiento
ante esta jurisdicción.

Tal es el caso, por ejemplo, del acto por medio del cual una universidad
se abstiene de otorgar un título universitario, o como el que se ventiló en
el expediente No. 1968 que dio lugar a la sentencia de 30 de abril de 1993,
proferida por esta Sección, con ponencia del Consejero doctor Libardo
Rodríguez Rodríguez, por el cual una Universidad Privada negó en forma
definitiva la ratificación de un grado de abogado. Sobre este aspecto
precisó la Sala:

... Cuando las instituciones privadas de educación superior expiden o se
abstienen de expedir un título, lo están haciendo en uso de una facultad
que no es producto ni de la libertad de enseñanza ni de la autonomía... y
cuyo ejercicio implica, necesariamente, el cumplimiento de una función
pública'.

Y no podría considerarse de otra manera ya que en el acto que
resuelve sobre el otorgamiento de un título Universitario se
materializa la finalidad de la función administrativa de la educación,
como quiera que se ingresa a una Institución de Educación Superior
precisamente con miras a obtener un título que permita el ejercicio
de determinada profesión y, por lo mismo, trasciende lo meramente
académico para involucrarse en el ámbito administrativo.

Pero un asunto diferente es el relativo a otros actos, que aunque
emanados del ejercicio de dicha función administrativa, no pueden
tener la connotación de administrativos sino netamente académicos
que, por lo mismo, escapan al control de esta jurisdicción. Son tales,
por ejemplo: el señalamiento del calendario académico, los planes de
enseñanza e investigación, el sistema, forma y criterio de calificaciones,
de exámenes y de matrículas, entre otros, pues dichos aspectos tienen
que ver con el fuero interno de las Instituciones de Educación Superior,
ya que son la máxima expresión de su autonomía y forman parte del
reglamento que gobierna las relaciones entre la Institución y sus
educandos, debiendo, en consecuencia, la primera, en virtud del
compromiso que adquiere, cumplir con la obligación de educar, y,

23 Sobre la distinción entre actos académicos y meramente académicos se pueden ver: (i) Consejo de Estado,

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de septiembre de 2023, radicado:
11001 03 24 000 2009 00509 00, MP: Oswaldo Giraldo López; (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, auto de 10 de mayo de 2021, radicado: 11001-0324-000-2020-00245-00, actor:
Universidad del Cauca- UNICAUCA, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés; (ii) entre otras.

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Demandante: Universidad de Cartagena

correspondiéndole a los segundos, sujetarse a las disposiciones de
aquél24. (Destacado fuera de texto)

62. Así las cosas, para la Sala, la Resolución 2345 del 9 de diciembre de 1997,
objeto de juzgamiento de manera parcial en este proceso, corresponde a aquellos
actos calificados por la jurisprudencia como «meramente académicos», en tanto
fue expedida por el rector de la Universidad de Cartagena con el propósito de
autorizar la celebración de la ceremonia de grado, como acto solemne, para otorgar
el título de grado de determinadas profesiones, es decir, desarrolla aspectos de
mero funcionamiento u organización al interior de dicha institución universitaria.

63. En estas condiciones, por tratarse de un acto de trámite no susceptible de
enjuiciamiento ante esta jurisdicción la Sala, de oficio, declarará probada la
excepción de inepta demanda en cuanto concierne al control de legalidad de la
citada resolución demandada de forma parcial.

II.3.2. La excepción de inepta demanda se debe declarar de oficio frente al acta
de grado del señor Luis Wilches Hernández

64. Los artículos 137 a 139 del CCA enumeran los requisitos que debe contener
toda demanda, entre los cuales se enlista «lo que se demanda» y, además, se
establece que el actor debe allegar, entre otros documentos, la copia del acto
acusado junto con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, si es
del caso.

65. En el presente caso, se evidencia que la Universidad de Cartagena no
individualizó en el libelo introductorio con precisión el acta de grado otorgada a favor
del señor Jairo Luis Wilches Hernández, pues tal ente universitario simplemente se
limitó a afirmar que dirigía su demanda contra el «Acta de Grado otorgada a favor
del señor Jairo Luis Wilches Hernández»; sin aportar la copia de dicho documento.

66. Por estas razones, la Sala debe declarar probada de oficio la excepción de
inepta demanda respecto del «acta de grado otorgada a favor del señor Jairo Luis
Wilches Hernández», pues la parte demandante omitió allegar copia del referido
acto administrativo con el libelo introductorio, a lo que se agrega que dicho
documento tampoco obra en el expediente.

II.3.3. La acción procedente para controvertir la legalidad de las actas de grado

67. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que los actos por medio de
los cuales se confieren títulos académicos, como ocurre con el acta de grado y el
diploma son actos de contenido particular en tanto contienen el reconocimiento

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 16 de diciembre de 1994, Radicación

número: 2710, actor: Carlos José Vásquez Villegas, demandado: Universidad Nacional de Colombia, Seccional
Medellín- Facultad de Ciencias, Consejero Ponente. Ernesto Rafael Ariza Muñoz.

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Demandante: Universidad de Cartagena

expreso por parte de una institución de educación superior para el ejercicio de una
determinada profesión u oficio25.

68. Por tratarse de actos administrativos de contenido particular la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo, hoy medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
desarrollado en el artículo 138 del CPACA, constituye la vía adecuada para
cuestionar su legalidad.

69. Sin embargo, se ha admitido de forma excepcional que dichos actos
administrativos de contenido particular puedan demandarse a través de la acción
de nulidad, cuando «se vislumbra la existencia de un interés para la comunidad en
general de tal naturaleza e importancia que desborde el simple interés de la
legalidad en abstracto, para afectar de manera grave y evidente el orden público
social o económico […]26»; presupuesto que tiene justificación con la llamada teoría
de los motivos y finalidades desarrollada ampliamente por la jurisprudencia de esta
Corporación.

70. La Ley 43 de 199027 define al contador público como la persona natural que
mediante la inscripción que acredite su competencia profesional está facultada para
dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, determinar sobre los
estados financieros y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia
contable en general.

71. Para ser inscrito como contador público es necesario ser nacional colombiano
en ejercicio de los derechos civiles, o extranjeros domiciliarios en Colombia con no
menos de tres (3) años de anterioridad a la respectiva solicitud de inscripción y
reunir los siguientes requisitos:

«ARTÍCULO 3º. De la inscripción del Contador Público28. La inscripción
como Contador Público se acreditará por medio de una tarjeta profesional que
será expedida por la Junta Central de Contadores.

[…]
«a) Haber obtenido el título de Contador Público en una universidad colombiana
autorizada por el gobierno para conferir tal título, de acuerdo con las normas
reglamentarias de la enseñanza universitaria de la materia, además de acreditar
experiencia en actividades relacionadas con la ciencia contable en general no

25 Sobre el particular, se puede ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de 1° de

septiembre de 2020, radicado: 11001-0324-000-2020-00245-00, actor: Universidad del Cauca, MP: Roberto
Augusto Serrato Valdés.
26 Ver: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de abril

de 2018, CP: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicado: 73001-23-31-000-2011-00614-01; (ii) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de octubre de 2011, CP: María
Elizabeth García González, radicado: 70001-23-31-000-2006-00101-02.
27 «Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan

otras disposiciones».
28 Reglamentado por el Decreto 1235 de 1991.

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Demandante: Universidad de Cartagena

inferior a un (1) año y adquirida en forma simultánea con los estudios
universitarios o posteriores a ellos.

b) O haber obtenido dicho título de Contador Público o de una denominación
equivalente, expedida por instituciones extranjeras de países con los cuales
Colombia tiene celebrados convenios sobre reciprocidad de títulos y refrendado
por el organismo gubernamental autorizado para tal efecto».

72. En el presente caso, el interés pretendido por la Universidad de Cartagena es
la defensa del ordenamiento jurídico en abstracto y del interés general pues es
indudable que el permitir el ejercicio de una profesión sin el cumplimiento de los
requisitos legales compromete el orden social, máxime si se tiene en cuenta que los
contadores públicos están llamados a cumplir como función la de dar fe sobre
ciertos hechos en materia contable, ejercicio que repercute en el desarrollo confiable
de las relaciones comerciales y en el cumplimiento de los deberes tributarios, es
decir, una tarea esencial para el interés general. Así lo señaló la Corte
Constitucional en sentencia C- 645 de 200229, al señalar:

«[…] tienen a su cargo el ejercicio de una función crucial para el interés
general: la función de dar fe de la veracidad de ciertos hechos que
repercuten en el desarrollo confiable y seguro de las relaciones
comerciales y en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de
los particulares frente al Estado. Este nexo, que vincula la actividad de los
contadores públicos con la confianza pública, permite establecer que el
ejercicio de la contaduría conlleva algunos riesgos sociales. La
certificación de los estados financieros y de los balances y demás
acontecimientos contables de las empresas apareja una gran
responsabilidad para los contadores públicos, que, utilizada de manera
inadecuada, podría afectar la estabilidad del mercado o disminuir los
niveles de confiabilidad y credibilidad de las empresas».

73. En esas condiciones, y como quiera que en el presente caso se configura uno
de los requisitos exigidos por la jurisprudencia para admitir la procedencia
excepcional de la acción de nulidad para controvertir un acto administrativo de
carácter particular, en el presente caso, se debe interpretar que el horizonte
procesal se rige por el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, bajo las
reglas de la acción de nulidad simple.

II.4. El problema jurídico

74. De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de alzada, le
corresponde a la Sala entrar a analizar la legalidad de las actas de grado números
2992, 3020 y 3038, todas expedidas el día 18 de diciembre de 1997, actos
administrativos por medio de los cuales la Universidad de Cartagena, en su orden,
otorgó el título de contador público a favor de la señora Aleide del Socorro Arroyo
Aragón; el señor José Ángel López Castellar y el señor Luis Enrique Romero
Cabarcas.

29 Corte Constitucional, sentencia C- 645 de 2002, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.

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Demandante: Universidad de Cartagena

75. En esa medida, deberá establecerse si a partir de una valoración en conjunto
del material probatorio de acuerdo con las reglas de la sana crítica se logró acreditar
que los graduandos Aleide del Socorro Arroyo Aragón, José Ángel López Castellar
y Luis Enrique Romero Cabarcas cumplieron o no con los requisitos previstos en el
artículo 102 del Acuerdo 8 de 20 de marzo de 1997 del Consejo Superior de esa
universidad -Reglamento Estudiantil-, en particular, la exigencia relativa a la
presentación de los exámenes preparatorios para obtener el título de grado de
contador.

II.5. Solución al problema jurídico

76. Con el fin de dar solución al problema jurídico, la Sala abordará lo relativo a (i)
el principio de autonomía universitaria y la prerrogativa de las universidades para
establecer requisitos como la realización de exámenes preparatorios, para luego
analizar (ii) el caso en concreto.

II.5.1. El principio a la autonomía universitaria y la prerrogativa de las
Universidades para fijar los requisitos de grado

77. El artículo 69 de la Constitución Política garantiza la autonomía universitaria,
principio conforme al cual «Las universidades podrán darse sus directivas y regirse
por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley».

78. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha
señalado que la autonomía comprende dos dimensiones: la «autorregulación
filosófica» y la «autodeterminación administrativa».

79. En este sentido se ha señalado que las Universidades, en ejercicio de su
autonomía pueden «(i) darse y modificar sus estatutos; (ii) establecer los
mecanismos que faciliten la elección, designación y períodos de sus directivos y
administradores; (iii) desarrollar sus planes de estudio y sus programas académicos,
formativos, docentes, científicos y culturales; (iii)30 seleccionar a sus profesores y
admitir a sus alumnos; (iv) asumir la elaboración y aprobación de sus presupuestos
y (v) administrar sus propios bienes y recursos31».

80. Ahora bien, la Corte Constitucional ha considerado que las universidades, en
ejercicio de su autonomía pueden establecer requisitos de grado en procura de
garantizar la mejor calidad en la educación contemplando, por ejemplo, dentro de

30 (sic): error en la enumeración.
31 Corte Constitucional, Sentencia C-1435 de 2000, MP: Cristina Pardo Schlesinger. También se puede
consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 11 de
febrero de 2021, radicado: 63001-23-33-000-2020-00341-01, MP: Rocío Araújo Oñate; (ii) Sala de Consulta y
Servicio Civil, concepto de 9 de abril de 2019, radicado: 11001-03-06-000-2018-00241-00, MP: Álvaro Namén
Vargas.

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Radicación núm: 13001-2331-000-1999-01611-01
Demandante: Universidad de Cartagena

sus reglamentos el deber de presentar exámenes preparatorios, siempre que dichos
requisitos resulten razonables y compatibles con la Constitución Política. La Corte
Constitucional, en Sentencia SU-783 de 200332 así lo señaló:

«2.2. En esa medida, la Corte considera que las universidades, orientadas
por el propósito de garantizar una óptima calidad de formación de sus
egresados, pueden exigir exámenes preparatorios, diferentes tipos de
pruebas de conocimiento, la realización de cursos especiales para la
profundización en determinados temas, o la demostración satisfactoria del
dominio de un idioma, como requisito de grado, siempre y cuando sean
razonables y respeten la Constitución Política. Esta interpretación no
es nueva, sino que está explícita en la sentencia C-505 de 2001, la cual
produce efectos erga omnes desde la fecha en la que fue proferida.

Esta potestad encuentra su sustento directo en la autonomía que la
Constitución les reconoce y en el deber institucional que la misma
les impone, lo cual es concordante con la función social que conlleva la
educación […]». (Destacado fuera de texto).

81. De conformidad con lo anterior, resulta posible concluir que las instituciones
universitarias, en ejercicio de su autonomía que les otorga la posibilidad de
desarrollar sus planes de estudio y sus programas académicos pueden exigir
exámenes preparatorios en los reglamentos educativos, y cuando eso ocurre, surge
el deber a cargo de los estudiantes de cumplir los estatutos como normas
vinculantes al interior de las instituciones universitarias. En este sentido, la Corte
Constitucional, en sentencia SU-783 de 200333 reflexionó de esta manera:

«Así, una vez el alumno se matricula en determinada institución educativa
de carácter universitario adquiere la obligación de cumplir con lo indicado
en los reglamentos educativos dispuestos en ejercicio de la autonomía
universitaria, y la Universidad, en la medida en que esto se cumpla, queda
obligada a suministrar la educación en la forma ofrecida en sus programas. Los
reglamentos universitarios son normas vinculantes para la comunidad
educativa».

II.5.2. El caso concreto

82. Conforme se indicó anteriormente, la Sala debe entrar a analizar si, de acuerdo
con los medios de convicción arrimados al plenario se pudo demostrar que los
egresados Aleide del Socorro Arroyo Aragón, José Ángel López Castellar y Luis
Enrique Romero Cabarcas cumplieron con la obligación de presentar exámenes
preparatorios para obtener el título profesional de contador público.

• Los hechos probados

83. En el presente caso se encuentran probados los siguientes hechos:

32 Corte Constitucional, Sentencia C- 1435 de 2000, MP: Cristina Pardo Schlesinger.
33 Corte Constitucional, Sentencia SU 783 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.

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Radicación núm: 13001-2331-000-1999-01611-01
Demandante: Universidad de Cartagena

84. A través del Acuerdo 8 de 20 de marzo de 199734 -Reglamento Estudiantil-, el
Consejo Superior Universitario de la Universidad de Cartagena enlistó los siguientes
requisitos para obtener un título en esa institución35:

«ARTÍCULO 102. Son requisitos para recibir un título en la Universidad
de Cartagena, los siguientes:

a) Haber aprobado la totalidad de las asignaturas del Plan de Estudios.

b) Elaborar un trabajo de investigación, el cual deberá ser aprobado por
las Facultades que lo exijan;

c) Presentar exámenes preparatorios, los cuales deberán ser
aprobados por las Facultades que los exijan.

d) Pagar los derechos de grado». (Destacado fuera de texto)

85. A través de la Certificación de 2 de diciembre de 199936, el Subsecretario
Académico del programa de contaduría pública de la facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Cartagena, señaló que para obtener el título de
contador público se requería haber terminado el plan de estudios del programa
educativo (en diez (10) semestres) y, según el mismo documento, dentro de las
<alternativas> para obtener dicho título profesional se mencionó la realización de
exámenes preparatorios o la monografía de grado, pudiendo exonerarse el
estudiante que cumpliera con los requisitos enlistados en el artículo 15 del Acuerdo
02 de 1984. La referida certificación es del siguiente tenor:

«Que para obtener el título de CONTADOR PÚBLICO, se requiere haber
terminado académicamente el Plan de Estudios del Programa, el cual se
cursa en diez (10) semestres académicos.

Que las alternativas para obtener el título de CONTADOR PÚBLICO son:

A. EXAMENES PREPARATORIOS
B. MONOGRAFÍA DE GRADO
C. EXONERACIÓN DE EXAMENES PREPARATORIOS Y/O
MONOGRAFIAS DE GRADO: (la exoneración se aplica, para aquellos
que cumplen lo establecido en el artículo 15 del acuerdo 02 de febrero 15
de 1984, emanado del Consejo Académico de la Universidad de
Cartagena. Para el efecto cuando alguien solicita graduación por esta
modalidad, se efectúa una verificación del 100% de su hoja de vida
académica, confrontando semestre a semestre, se obtiene el promedio
aritmético de los diez semestres, el cual para efectos de acceder a lo
solicitado debe ser igual o mayor a cuatro cero cero (4.00))

34 «Por medio del cual se adopta el Reglamento Estudiantil de la Universidad de Cartagena». Folios 15 a 40 del

Cuaderno 1.
35 Folio 31 del Cuaderno 1.
36 Folio 14 del Cuaderno 1.

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Radicación núm: 13001-2331-000-1999-01611-01
Demandante: Universidad de Cartagena

Se firma el presente documento en la ciudad de Cartagena de Indias
a dos (02) días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y
nueve (1999)». (Destacado fuera de texto).

86. Ahora, consta que el rector de la Universidad de Cartagena radicó una denuncia
ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión del delito de falsedad
en documento público con ocasión de la expedición de los títulos académicos
otorgados a favor de los señores Jairo Luis Wilches Hernández, Aleide del Socorro
Arroyo Aragón, Luis Enrique Romero Cabarcas y José Ángel López Castellar 37. (La
fecha de la denuncia corresponde al 21 de abril de 1999).

87. Igualmente, la Universidad de Cartagena adelantó una auditoría académica con
el fin de investigar las inconsistencias en el otorgamiento de los títulos de contador
público a favor de los señores Jairo Luis Wilches Hernández, Aleide del Socorro
Arroyo Aragón, Luis Enrique Romero Cabarcas y José Ángel López Castellar. Como
resultado de lo anterior, el Jefe de la Oficina de Control Interno expidió el Informe
CI-099-99 de 4 de marzo de 1999, el cual incluye las «observaciones dentro del
programa de Auditoría Académica que en la actualidad viene adelantando nuestra
Oficina de Control Interno a este programa». Las conclusiones fueron las
siguientes38:

«A. Se llevó a cabo Auditoria (sic) Académica (revisión de notas en la hoja
de vida académica) a todos y cada uno de los estudiantes relacionados
en el oficio antes mencionado (copia adjunta).

[…]

D. Se llevó a cabo auditoría académica (revisión a los libros en donde se
registran los exámenes preparatorios) a todos los estudiantes que en la
relación adjunta, procedieron a tomar esta opción académica para poder
optar el título de Contador Público, determinándose lo siguiente (VER
CUADRO ANEXO).

E. De acuerdo a la información presentada en el cuadro resumen
anterior, se deduce o concluye que los cuatro (4) estudiantes
anotados: WILCHES HERNANDEZ JAIRO LUIS, ARROYO ARAGON
ALEIDE, ROMERO CABARCAS LUIS y LOPEZ CASTELLAR JOSE, no
aprobaron los cuatro (4) preparatorios de grado formalizados en el
programa; por tanto no debieron recibir ni otorgársele el grado
respectivo, el 18 de diciembre de 1997, mediante Resolución No.
2345 del 9 de diciembre del mismo año

F. Durante la auditoría académica se pudo constatar que en el libro de
actas de exámenes preparatorios no se encuentran firmadas tal y como
lo establece el artículo 11º del Acuerdo 02 del 15 de febrero de 1984. De
igual manera, el libro de exámenes de grado, en muchas de sus hojas
interiores no presentan las firmas de los jurados, Directores de programa,
etc.

37 Folios 41 a 45 del Cuaderno 1.
38 Folios 47 a 49 del Cuaderno 1.

21

Radicación núm: 13001-2331-000-1999-01611-01
Demandante: Universidad de Cartagena

G. En respuesta al Oficio CP - 024 del 6 de febrero de 1999, recibida por
el Director del programa de Contaduría Pública, dado que algunos
egresados están interesados en reclamar su acta y diploma; sugerimos
les sea entregada su documentación, previo lleno de los requisitos
legales, a excepción de los cuatro (4) egresados mencionados
anteriormente.

Estaremos enviando toda la información pertinente a la Rectoría de
nuestra institución y sugerimos que a través de la Oficina jurídica se
estudie la posibilidad de dejar sin efectos jurídicos y académicos, el acto
administrativo, en forma parcial, de aquellos estudiantes que de manera
fraudulenta obtuvieron su título profesional de Contador Público, los
cuales se relacionan en este informe.

[…]». (Destacado fuera de texto)

88. Junto con dicho informe se aportó un cuadro que incluye una relación de los
estudiantes que no aprobaron los exámenes preparatorios para obtener el grado de
contador público, y en dicho documento se relacionan los preparatorios; la fecha de
realización de la prueba, la anotación correspondiente (aprobado o improbado y no
se presentó) y, una casilla donde se reflejan las observaciones:39

89. En igual sentido, la Universidad aportó, en copia simple, las actas de los
siguientes exámenes preparatorios pertenecientes a los estudiantes Aleide del
Socorro Arroyo Aragón; Luis Enrique Romero Cabarcas y; José Ángel López
Castellar, documentos que para efectos ilustrativos se detallan en la siguiente
tabla40:

SEÑORA ALEIDE DEL SOCORRO ARROYO ARAGÓN

39 Folio 50 del Cuaderno 1.
40 Folios 57 a 63 del Cuaderno 1.

22

Radicación núm: 13001-2331-000-1999-01611-01
Demandante: Universidad de Cartagena

FECHA DE ASIGNATURA CALIFICACIÓN
PREPARATORIO
7 de abril de 1997 Contabilidad General y Improbado
Contabilidad Especial
30 de septiembre de 1996 Contabilidad General y Improbado
Contabilidad Especial

SEÑOR JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ CASTELLAR

FECHA DE ASIGNATURA CALIFICACIÓN
PREPARATORIO
30 de abril de 1987 Contabilidad General y Improbado
Especial
29 de septiembre de 1987 Contabilidad General y Improbado
Especial
28 de julio de 1989 Contabilidad General y Improbado «con 4.00 -
Especial cuatro-cero-cero).
25 de septiembre de 1989 Contabilidad General y Improbado
Especial
28 de agosto de 1990 Contabilidad General y Improbado
Especial
1° de noviembre de 1990 Contabilidad General y Improbado
Especial
26 de septiembre de 1991 Contabilidad General y Aprobado
Especial

SEÑOR LUIS ENRIQUE ROMERO CABARCAS

FECHA DE ASIGNATURA CALIFICACIÓN
PREPARATORIO
19 de agosto de 1993 Legislación comercial Improbado
4 de agosto de 1996 Análisis Financiero y Improbado
Contabilidad Administrativa
20 de noviembre de 1996 Análisis Financiero y No se presentó
Contabilidad Administrativa

90. Consta igualmente la relación de los graduandos «para su trámite
correspondiente», en la cual figuran los nombres de los estudiantes Aleide del
Socorro Arroyo Aragón, Luis Enrique Romero Cabarcas y José Ángel López
Castellar.

91. Adicionalmente, se allegó una relación de solicitantes de la tarjeta profesional
ante la Junta Central de Contadores41.

41 Folios 197 a 198 del Cuaderno 1.

23

Radicación núm: 13001-2331-000-1999-01611-01
Demandante: Universidad de Cartagena

92. Finalmente, en la primera instancia se recaudaron las siguientes declaraciones:

(i) Testimonio de la señora Delcy del Carmen Jiménez Cardona, cuñada del señor
Luis Romero Cabarcas42.

(ii) Testimonio del señor Marco Aurelio Gómez Pascuali43.

• La valoración de los medios de prueba según las reglas de la sana
crítica

93. A partir del anterior recuento probatorio, y con el fin de valorar los medios de
prueba que obran en el expediente en copia simple se debe poner de presente que
el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil44, disponía que las copias tendrían
el mismo valor probatorio que el original en los siguientes casos:

«1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina
administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del
juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada. 2. Cuando
sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia
autenticada que se le presente. 3. Cuando sean compulsadas del original
o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley
disponga otra cosa».

94. Se resalta que la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencia de unificación
de 28 de agosto de 201345 concluyó que las copias simples aportadas al plenario y

42Indicó lo siguiente: «Mi cuñado tiene alrededor ya de casi 20 años en el ejercicio como contador público,

conozco que él hizo exámenes preparatorios para obtener su grado, los realizó completos y obtuvo su
graduación […] los últimos exámenes de grado los realizó para finales del año 1997».
43 Indicó lo siguiente: ««Yo recuerdo que él me manifestó que el primer y el último examen los profesores lo

felicitaron, ya que los exámenes eran orales y ahí mismo 'daban la nota. Yo cursé con él todos los semestres
no estuvimos en los exámenes de grado pero si para la fecha del grado en la cual festejamos la graduación de
LUIS ROMERO. En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al apoderado del demandado
LUÍS ROMERO CABARCAS. REPREGUNTADO. Dígale al Despacho si hubo algún documento dónde la
universidad publicara quienes iban a tomar grado. CONTESTO. No recuerdo pero normalmente sí existía un
documento para que todo el mundo lo conociera. REPREGUNTADO: Dígale al Despacho si sabe usted en que
año presentó el señor LUIS ROMERO su último examen preparatorio y en caso afirmativo diga porque lo
recuerda. CONTESTO. Si eso fue antes del milenio como en el 97, él nos llamó para (sic) nos reuniéramos y
departiéramos porqué ya se iba a graduar: REPREGUNTADO. Cuantas veces un alumno que aspira a
graduarse puede presentar un examen preparatorio. CONTESTO. La persona presentaba el examen cuantas
veces fuera necesario y así poder pasar a la siguiente materia. REPREGUNTADO. Tiene conocimiento de cuál
fue el año en que tomó grado el señor LUIS ROMERO. CONTESTO. Si como le manifesté en el año 1997,
como para un diciembre. REPREGUNTADO. Que opción de grado escogió usted para su grado y diga si estaba
en el reglamento de la época. CONTESTO: Bueno cuando yo escogí solamente había lo de exámenes de grado
y la presentación de una tesis y las personas que se graduaban por promedio. […]».
44 Norma vigente cuando fue aportada la referida prueba. Hoy artículo 246 del Código General del Proceso:

«Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo
cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia.
Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá
solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo
se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente».
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, radicado: 05001-23-31-000-1996-

00659-01(25022), MP: Enrique Gil Botero: «La unificación consiste, por lo tanto, en la valoración de las copias
simples que han integrado el proceso y, en consecuencia, se ha surtido el principio de contradicción y defensa
de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido». En igual sentido, se

24

Radicación núm: 13001-2331-000-1999-01611-01
Demandante: Universidad de Cartagena

que han sido objeto de contradicción debían ser valoradas para privilegiar el
principio de primacía de lo sustancial sobre el formal, el acceso a la administración
de justicia, así como los principios de buena fe y de confianza legítima siempre y
cuando no hayan sido tachadas de falsas.

95. Conforme lo ha señalado esta Corporación46 «[…] Se trata de una tendencia
que cuenta con el respaldo argumentativo de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que admite la valoración de los documentos
presentados por las partes “que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya
autenticidad fue puesta en duda, en la medida en que sean pertinentes y útiles para
la determinación de los hechos y sus eventuales consecuencias jurídicas”47, así
como por la jurisprudencia constitucional con la sentencia de unificación [que
representó un cambio a la línea jurisprudencial sostenida en la sentencia SU-226
de 2013] SU-774 de 2014, en la que se argumenta que en el caso de aportarse
documentos públicos en copia simple [v.gr., registros civiles], el juez contencioso
administrativo “debe decretar las pruebas de oficio con el fin de llegar a la certeza
de los hechos y la búsqueda de la verdad procesal”48».

96. En el presente caso, consta que el apoderado del señor Luis Enrique Romero
Cabarcas tachó de falsas las actas de los exámenes aportadas por la Universidad
de Cartagena y, en apoyo de ello, señaló lo siguiente:

«En este sentido, señores Magistrados, a las voces del artículo 254 del
Código de Procedimiento Civil, vigente para la fecha de los supuestos de
hecho, no procede la valoración de las copias simples de las actas de
exámenes preparatorios, aportadas al proceso por la demandante,
Universidad de Cartagena y menos, que éstas no cuentan con un serial o
numeración consecutiva que ayude a clarificar que efectivamente hace
falta una o varias actas porque falta algún número consecutivo. No. No

puede ver Corte Constitucional, sentencia de unificación SU-774 del 16 de octubre de 2014, M. P. Mauricio
González Cuervo.
46 La cita corresponde a: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera.

Subsección C, CP: Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E), sentencia de 7 de julio de 2016, radicado: 54001-
23-31-000-2000-02071-01(40493), Actor: Luis Mario Santamaria Jerez
47 (Cita es original): Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Argüelles y otros vs. Argentina,

sentencia de 20 de noviembre de 2014, párrafo 60. Puede verse: Corte Interamericana de Derechos Humanos,
caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 140; caso Hermanos Landaeta Mejías y
otros vs. Venezuela, sentencia de 27 de agosto de 2014, párrafo 34; caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes
miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile, sentencia de 29 de mayo de 2014, párrafo 54.
48 (Cita es original): Corte Constitucional, sentencia SU-774 de 2014. “[…] Exigir esta actuación en nada afecta

la autonomía judicial para la valoración probatoria toda vez que el hecho de que solicite pruebas de oficio, en
particular originales de documentos públicos, no implica necesariamente que se le otorgue pleno valor
probatorio a estos. Lo que se pretende es que el juez cuente con los mayores elementos posibles para que
dentro de las reglas de la sana crítica valore en su conjunto la totalidad de las pruebas y pueda llegar a un fallo
de fondo con la máxima sustentación jurídica y fáctica posible. Evitar el exceso de ritualismo y garantizar la
efectividad del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, fueron dos objetivos
reafirmados por el legislador al expedir el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El artículo 11 del CGP expresamente señaló que “al
interpretar la ley procesal el juez procesal deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la
efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial (…) El juez se abstendrá de exigir y de cumplir
formalidad innecesarias”. Así mismo ambas normas señaladas al igual que los antiguos Código de
Procedimiento Civil y Código de lo Contencioso Administrativo, reconocen el deber del juez de acudir a sus
potestades oficiosas para verificar las alegaciones de las partes y el esclarecimiento de la verdad”.

25

Radicación núm: 13001-2331-000-1999-01611-01
Demandante: Universidad de Cartagena

hay manera de clarificarlo, pues cualquier extravío de documentos
como estas actas, no se detectan, pues aparte de no estar
numeradas consecutivamente, no existe cadena de custodia y
registros que permitan fácilmente detectar la falta de una de estas
actas, así sea que la Universidad, presente solo copias de éstas49».
(Destacado fuera de texto)

97. Sobre este punto, se debe tener en cuenta que los artículos 289 y 290 del
Código de Procedimiento Civil50 establecen los requisitos de procedencia de la
tacha de la falsedad y el trámite de la misma; normas que resultan aplicables en
virtud de la remisión normativa prevista en el artículo 267 del CCA:

«ARTÍCULO 289. Procedencia de la tacha de falsedad. La parte contra quien
se presente un documento público o privado, podrá tacharlo de falso en la
contestación de la demanda, si se acompañó a ésta, y en los demás casos,
dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que ordene tenerlo
como prueba, o al día siguiente al en que haya sido aportado en audiencia o
diligencia.

Los herederos a quienes no les conste que la firma o el manuscrito no firmado
proviene de su causante, podrán expresarlo así en las mismas oportunidades.
No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de
influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni
manuscrito por la parte a quien perjudica».

«ARTÍCULO 290. Trámite de la tacha. En el escrito de tacha de un documento
deberá expresarse en qué consiste la falsedad y pedirse las pruebas para su
demostración.

El juez ordenará, a expensas del impugnante, la reproducción del documento
por fotografía u otro medio similar, y con el secretario procederá a rubricarlo y
sellarlo en cada una de sus hojas, y a dejar testimonio minucioso del estado en
que se encuentra. Dicha reproducción quedará bajo custodia del juez

Del escrito de tacha se correrá traslado a las otras partes por tres días, término
en el cual podrán pedir pruebas».

98. De conformidad con lo anterior, puede colegirse que (i) la tacha de falsedad
puede proponerla la parte contra la cual se presente un documento; (ii) debe
realizarse en la contestación de la demanda, si se acompañó a ésta, o dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación del auto que ordene tenerlo como prueba,
o al día siguiente a la fecha en que haya sido aportado en audiencia y; (iii) debe
cumplirse con una carga argumentativa y pedirse las pruebas para su demostración.

49
Folio 170 del Cuaderno 1.
50 Hoy 269 y siguientes del Código General del Proceso.

«Artículo 269. Procedencia de la tacha de falsedad. La parte a quien se atribuya un documento, afirmándose
que está suscrito o manuscrito por ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se
acompañó a esta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba.
Esta norma también se aplicará a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra
quien se aduzca.
No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión.
Los herederos de la persona a quien se atribuye un documento deberán tacharlo de falso en las mismas
oportunidades».

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Radicación núm: 13001-2331-000-1999-01611-01
Demandante: Universidad de Cartagena

99. Debe señalarse que la jurisprudencia ha diferenciado los conceptos de falsedad
material y falsedad ideológica para señalar que la tacha de falsedad sólo procede
frente a la falsedad material51. Así lo expresó esta Corporación en sentencia de 20
de octubre de 200552, proferida en vigencia del Código de Procedimiento Civil, al
indicar:

«El artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, regula la procedencia
de la tacha de falsedad. La doctrina y la jurisprudencia han clasificado la
falsedad en ideológica o intelectual y en material; la primera ocurre
cuando el documento mantiene en su integridad sus características
propias, pero las manifestaciones que se hacen en él son contrarias a la
realidad, y la segunda, cuando después de haberse expedido, se ha
alterado el texto del documento, bien mediante enmiendas, borrados,
interpolación, raspaduras, supresiones, etc. También coinciden la doctrina
y la jurisprudencia en afirmar que el incidente de la tacha de falsedad
previsto en los artículos 289 y s.s. del Código de Procedimiento Civil, solo
es procedente frente a la falsedad material, en cuanto ésta constituye una
falsedad documental, y no frente a la simulación o adulteración del
contenido del documento, para cuya información deben utilizarse los
términos probatorios de las instancias».

100. En el presente caso, la Sala encuentra que si bien la defensa del señor Luis
Enrique Romero Cabarcas, en el escrito de contestación de la demanda, tachó de
falsos los documentos contenidos en las actas de los exámenes aportadas por la
Universidad de Cartagena, no es menos cierto que la tacha no fue formulada por la
persona a quien se le atribuye la elaboración del documento que, en este caso,
debió ser dicho ente universitario.

101. Adicionalmente, el apoderado del señor Luis Enrique Romero Cabarcas
tampoco pidió medios de prueba para soportar su dicho, incumpliendo así con el
deber que le asistía de solicitar las pruebas útiles, pertinentes y conducentes para
su demostración, según lo ordena el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil.

102. En consecuencia y por las razones anteriormente expuestas, las actas de
grado obrantes en el proceso y los demás documentos aportados en copia simple

51
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 20 de noviembre de 2018, radicado: 11001-03-15-000-2015-
00659-00, MP: Hernando Sánchez Sánchez.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de octubre de

2005, MP: Filemón Jimenez Ochoa, radicado: 68001-23-15-000-2004-00118-01.
En igual sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 19
de septiembre de 2008, MP: Maria Nohemí Hernández Pinzón, radicado: 11001-03-28-000-2006-00090-00
(4027-4028) expresó: «[…] los documentos en general, y entre ellos los documentos públicos, pueden ser objeto
de falsedad, en dos modalidades: material e ideológica. Si se trata de falsedad material el medio judicial idóneo
para redargüir la autenticidad del documento público es el incidente de tacha de falsedad previsto en los
artículos 289 y ss, donde se entra a establecer si el mismo ha sido objeto de alguna alteración en su texto a
través de tachaduras, borrones, supresiones, en fin todo aquello que conduzca a mutar su tenor literal. A
contrario sensu, el mismo incidente no opera si la falsedad es ideológica, pues consistiendo la misma en la
falsedad intelectual del contenido del documento, su demostración queda sujeta a la libertad de medios
probatorios, de modo tal que el interesado en provocar su declaración puede valerse de diferentes pruebas para
acreditar que pese a la autenticidad de un documento, su literalidad refleja una realidad que dista
ostensiblemente de la verdad».

27

Radicación núm: 13001-2331-000-1999-01611-01
Demandante: Universidad de Cartagena

serán valorados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, conforme a los
principios de buena fe, lealtad procesal, en aras de dar prevalencia al derecho
sustancial sobre el formal y de garantizar el acceso a la administración de justicia
reconocido en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política53.

103. Dicho lo anterior, y a partir de una valoración en conjunto de los medios de
prueba que obran en el expediente, para esta Sala de Decisión en el presente caso
la Universidad de Cartagena no logró desvirtuar la presunción de legalidad de las
actas de grado otorgadas a favor de los estudiantes Aleide del Socorro Arroyo
Aragón; Luis Enrique Romero Cabarcas y; José Ángel López Castellar, con base en
las siguientes razones:

104. En primer lugar, en el artículo 102 del Acuerdo 8 de 20 de marzo de 199754, la
Universidad de Cartagena, en ejercicio de su autonomía universitaria señaló que las
facultades podían establecer la exigencia de presentar exámenes preparatorios
para obtener el título profesional, siempre y cuando ello sea aprobado por las
facultades que así lo exijan.

105. En efecto, el artículo 65 del Reglamento Estudiantil de esa universidad señaló
que cada programa académico debe estar expresado en un Plan de Estudios,
aprobado por los Consejos Académicos y Superior, previo concepto del comité
curricular y del respectivo consejo de la facultad55.

106. El Plan de Estudios debía contener: a) una justificación; b) los objetivos
generales y específicos; c) el perfil del futuro profesional; d) correquisitos y
prerrequisitos para cada asignatura y su código; e) programa de cada asignatura,
con la explicación de qué es «teórica, práctica o teórica-práctica»; f) determinación
de si la asignatura es o no habilitable; g) sistema de evaluación formativa y sumativa
y; h) determinación de si se exigen o no exámenes preparatorios y tesis o
prerrequisitos de grado (artículo 66 ibidem)56.

53 «ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las

actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.
«ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado».
54 «Por medio del cual se adopta el Reglamento Estudiantil de la Universidad de Cartagena».
55 «ARTÍCULO 65. Cada programa académico deberá estar expresado en un Plan de Estudios aprobados por

los Consejos Académico y Superior, previo concepto del Comité Curricular y del respectivo Consejo de
Facultad».
56 «Artículo 66 El Plan de Estudios de cada programa deberá contener:

a) Justificación.
b) Objetivos generales y específicos.
c) Perfil del futuro profesional.
d) Correquisitos y prerrequisitos para cada asignatura y su código.
e) Programa de cada asignatura, con la explicación de qué es teórica, práctica o teórica-práctica.
f) Determinación de si la asignatura es o no habilitable.
g) Sistema de evaluación formativa y sumativa.
h) determinación de si se exigen o no exámenes preparatorios y tesis o prerrequisitos de grado».

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Radicación núm: 13001-2331-000-1999-01611-01
Demandante: Universidad de Cartagena

107. En sintonía con lo anterior, y a la luz del mismo reglamento todo estudiante
para obtener un título debe cumplir la totalidad de los requisitos del Plan de Estudios
y los demás exigidos por la facultad, de conformidad con las disposiciones legales
vigentes y con el Estatuto de la Universidad (artículo 67 idem57).

108. Adicionalmente, el mismo reglamento definió los preparatorios o la tesis de
grado como las pruebas que se presentan para obtener un título, cuando las
disposiciones legales o reglamentarias así lo exijan. Finalmente, el mismo
Reglamento Estudiantil confió a los consejos de facultad lo relativo a la
reglamentación de los exámenes preparatorios (artículos 8458 y 10359 idem).

109. A partir de una interpretación sistemática del Reglamento Estudiantil de la
Universidad de Cartagena, dicha institución, en ejercicio de su autonomía podía
exigir la realización de exámenes preparatorios para obtener el título de contador;
siempre que dicho requisito esté aprobado en la normatividad interna de las
facultades que así lo determinen. En tal virtud y contrario a lo afirmado por la
recurrente, el reglamento de esa universidad sí confió a los consejos de facultad lo
relativo a la reglamentación de los exámenes preparatorios y las tesis o trabajos de
grado para poder graduarse.

110. Ciertamente, en el presente caso se encuentra demostrado que los señores
estudiantes Aleide del Socorro Arroyo Aragón, Luis Enrique Romero Cabarcas y
José Ángel López Castellar cursaron sus estudios en la Universidad de Cartagena.
Sin embargo, al plenario no se aportó copia de la normatividad interna de la facultad
de Ciencias Económicas que diera cuenta de la exigencia de presentar los
exámenes preparatorios con el fin de obtener el título de contador para la fecha en
que los referidos estudiantes se matricularon en dicho programa académico.

111. En el caso específico, si bien el Subsecretario Académico del programa de
contaduría pública de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Cartagena, según certificación de 2 de diciembre de 199960, señaló que para
obtener el título de contador público se requería haber terminado el plan de estudios
del programa educativo (en diez (10) semestres) y, dentro de las <alternativas> para
obtener dicho título profesional se mencionó la realización de exámenes
preparatorios o la monografía de grado, tal documento no ofrece certeza si dicho
requisito era exigible de manera interrumpida por parte de dicha institución desde el
momento en que dichos estudiantes se matricularon en el programa de contaduría

57 «ARTÍCULO 67. Todo estudiante para obtener un título, deberá haber cumplido la totalidad de los requisitos

del Plan de Estudios y los demás exigidos por la facultad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes
y con el Estatuto de la Universidad».
58 «ARTÍCULO 84. Preparatoria y de Tesis o Trabajo de Grado: Son las pruebas que se presentan para obtener

un título, cuando las disposiciones legales o reglamentarias así lo exijan. Estas pruebas serán reglamentadas
por los Consejos de Facultad».
59 «Artículo 103. Los Consejos de Facultad reglamentarán lo relacionado con los exámenes preparatorios y las

tesis o trabajos de grado».
60 Folio 14 del Cuaderno 1.

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pública61 y, en todo caso, tampoco define aspectos esenciales del programa
académico, tal y como ocurre con la identificación de las materias obligatorias u
optativas, la forma de evaluación o de calificación, por mencionar algunos aspectos.

112. En el anterior contexto, si bien la Universidad de Cartagena, en ejercicio de su
autonomía y a la luz del mismo reglamento podía exigir la realización de
preparatorios para el ejercicio de la profesión de contaduría, al expediente no se
aportó los planes de estudio y demás normativa interna que diera cuenta que la
presentación de tales exámenes era un requisito obligatorio para obtener el título de
contador para la época en que dichos estudiantes se matricularon en dicho
programa académico62, aspecto que resulta consustancial en aras de privilegiar el
principio de buena fe y el derecho fundamental a la educación.

113. En todo caso y en el evento de llegar a admitirse que la exigencia de los
exámenes preparatorios era exigible para los referidos estudiantes, se debe señalar
que al proceso se aportó copia del Informe 009-99 de 4 de marzo de 1999, el cual
fue el resultado de la auditoría de tipo académico que se realizó al interior de esa
universidad, documento que arribó a la siguiente conclusión:

«WILCHES HERNANDEZ JAIRO LUIS, ARROYO ARAGON ALEIDE,
ROMERO CABARCAS LUIS y LOPEZ CASTELLAR JOSE, no aprobaron los
cuatro (4) preparatorios de grado formalizados en el programa; por tanto no
debieron recibir ni otorgársele el grado respectivo, el 18 de diciembre de 1997,
mediante Resolución No. 2345 del 9 de diciembre del mismo año».

114. En lo que tiene que ver con el valor probatorio de los referidos informes
emitidos por los funcionarios de control interno, el artículo 14 de la Ley 87 de 199363
es del siguiente tenor:

«Artículo 14. Reportes del responsable de control interno

[…] Los informes de los funcionarios del control interno tendrán valor probatorio
en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las
autoridades pertinentes así lo soliciten».

115. Dicho lo anterior, debe la Sala establecer si las conclusiones de dicho informe
se encuentran respaldadas en anexos documentales que ofrezcan soporte a las
afirmaciones plasmadas.

116. En primer lugar, cabe resaltar que el referido informe, para poder arribar a esa
conclusión, señaló que efectuó una revisión de los libros donde se registran los

61 Cabe destacar que la Corte Constitucional, en sentencias de tutela ha amparado el derecho a la educación

de personas en aquellos eventos en los cuales las universidades imponen cargas adicionales no contempladas
previamente en el plan de estudios. (T- 056 de 2011).
62 Ibidem.
63 «Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del

estado y se dictan otras disposiciones". Si bien esta norma fue modificada por el artículo 9 de la Ley 1474 de
2011, dicha exigencia se mantuvo incólume.

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Demandante: Universidad de Cartagena

exámenes preparatorios que «[…] en la relación adjunta procedieron a esta opción
académica para poder optar el título de Contador Público (…) (VER CUADRO
ANEXO)». Sin embargo, valga resaltar, no se aportó la relación de dichos
estudiantes.

117. En lo que tiene que ver con la situación de la señora Aleide del Socorro Arroyo
Aragón, cabe destacar que el informe señala que el citado estudiante «faltó el
preparatorio de legislación tributaria, únicamente realizó tres». No obstante lo
anterior, dentro de los soportes documentales solo obran las copias del preparatorio
de contabilidad general y especial, sin que se aportara el acta del preparatorio de
legislación tributaria para determinar con certeza que, en efecto, dicha estudiante
no cumplió con dicha exigencia.

118. Igual acontece respecto de la situación académica del señor José Ángel López
Castellar, en tanto que el referido informe de auditoría concluyó que «no presentó
el preparatorio opcional ósea que nada más realizó tres preparatorios».
Ciertamente, los soportes documentales no ofrecen certeza de cuál fue la materia
opcional que eligió el señor José Ángel López Castellar para optar por el título de
grado de contador y no se aportó copia del mencionado examen optativo al cual no
se presentó, pues solo reposa copia del examen de contabilidad general y especial,
materia que, según se desprende de dicho documento, forma parte de las
asignaturas obligatorias.

119. Finalmente, frente a la situación del señor Luis Enrique Romero Cabarcas el
referido informe indicó «únicamente aprobó dos preparatorios, o sea le faltaron
dos». En efecto, si bien los soportes documentales demuestran que el preparatorio
de legislación comercial fue «improbado» y no se presentó al preparatorio opcional
de «análisis financiero y contabilidad administrativa»64, los elementos de juicio que
obran en el expediente no son suficientes para determinar, a ciencia cierta, cuál fue
la materia opcional que eligió el referido estudiante e incluso, tal y como se indicó
con anterioridad, si aquella formaba parte o no del pensum académico.

120. Resulta evidente, entonces, que la eficacia probatoria del informe de la
auditoría académica que obra en el expediente no es absoluta por cuanto era
necesario que las conclusiones se encontraran respaldadas en soportes
documentales que demostraran el incumplimiento de los requisitos de grado
enrostrado a los señores Aleide del Socorro Arroyo Aragón; Luis Enrique Romero
Cabarcas y; José Ángel López Castellar, concretamente, el relativo a la
presentación de exámenes preparatorios, lo cual, se insiste, no fue acreditado.

II.6. Conclusiones

64 En una primera oportunidad fue improbado ese examen.

31

Radicación núm: 13001-2331-000-1999-01611-01
Demandante: Universidad de Cartagena

121. De todo lo expuesto, esta Sala de Decisión, luego de efectuar un análisis
integral de los elementos de convicción obrantes en el proceso encuentra que no se
acreditó fehacientemente que los referidos estudiantes Aleide del Socorro Arroyo
Aragón; Luis Enrique Romero Cabarcas y; José Ángel López Castellar hayan
incumplido con la exigencia de haber presentado los exámenes preparatorios para
obtener el título de contador público.

122. En efecto, al plenario no se aportó la normatividad interna de la Universidad
de Cartagena que diera cuenta que, en efecto, el programa de contaduría pública
establecía como exigencia la realización de exámenes preparatorios para obtener
el título de grado correspondiente y, adicionalmente, la certificación expedida por el
Subsecretario Académico de 2 de diciembre de 1999, no ofrece certeza sobre
aspectos esenciales como la relación de las materias, la forma de evaluación y
calificación, el procedimiento a seguir, las asignaturas obligatorias y optativas, por
mencionar algunos.

123. Asimismo, las conclusiones plasmadas en el informe 009-99 de 4 de marzo de
1999 no se encuentran respaldadas en los soportes documentales a partir de los
cuales se pueda corroborar sus afirmaciones, pues este alude a la realización de
algunos exámenes preparatorios que no fueron presentados por los alumnos Aleide
del Socorro Arroyo Aragón, Luis Enrique Romero Cabarcas y José Ángel López
Castellar, los cuales no constan en el expediente.

124. En tales condiciones, acertó el Tribunal de primer grado al señalar que en el
presente caso la Universidad de Cartagena no cumplió con la carga de probar el
alegado incumplimiento de los requisitos de grado por parte de los estudiantes
Aleide del Socorro Arroyo Aragón, José Ángel López Castellar y Luis Enrique
Romero Cabarcas, conforme lo exige el artículo 177 del Código de Procedimiento
Civil65, disposición normativa que señala que «Incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen».

125. En tal virtud, se modificará la sentencia de primera instancia, en cuanto a
declarar probada de oficio la excepción de inepta demanda frente al control de
legalidad del artículo 1° de la Resolución 2345 del 9 de diciembre de 1997, objeto
de juzgamiento de manera parcial, y del acta de grado otorgada a favor del señor
“JAIRO LUIS WILCHES HERNANDEZ”, por las razones expuestas en la presente
providencia». Adicionalmente se confirmará, en lo demás, la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley.

65 Hoy 167 del Código General del Proceso.

32

Radicación núm: 13001-2331-000-1999-01611-01
Demandante: Universidad de Cartagena

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 31 de mayo de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, la cual quedará así:

«PRIMERO: Declarar probada de oficio la excepción de inepta
demanda frente al control de legalidad del artículo 1° de la
Resolución 2345 del 9 de diciembre de 1997, objeto de juzgamiento
de manera parcial, y del acta de grado otorgada a favor del señor
“JAIRO LUIS WILCHES HERNANDEZ”, por las razones expuestas
en la presente providencia».

SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 31 de mayo de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

33

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