Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2000-00248-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2000-00248-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 13001-23-31-000-2000-00248-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
12 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 13001-23-31-000-2000-00248-01 (59.709)
Actor: Inversiones Gerdts Porto S. en C. y otros
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia
_______________________________________________________________________________
Temas: CARGA ARGUMENTATIVA RECURSO DE APELACIÓN – no se satisface con
afirmaciones genéricas, es necesario que se confronte la razón que soporta la decisión que
se impugna.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
decisión No. 002, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
El conflicto versa sobre los daños que la demandada le habría causado a los
demandantes al haberlos desalojado de un bien del que eran poseedores, en
desarrollo de un proceso policivo de carácter posesorio que se habría desarrollado
de manera irregular.
SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la sentencia del 24 de marzo de 2017, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de decisión No. 0021, negó las pretensiones de la
demanda.
2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 30 de junio de 2000, por
José de Jesús Rodríguez Barreto, Víctor Reyes Chejuen, Jaime Francisco Ramos
Candanosa, Promociones Venta Raíz Ltda. Inversiones Navarro Toro & Cía. S. en
C., Judith Camacho de Martínez, Pablo Antonio Martínez Ortiz, Inversiones Gerdts
Porto S. en C., Carlos González Moreno y Gestora Ltda. & Cía. S.C.S. (en adelante,
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Folios 544 a 555 del cuaderno principal.
Radicación: 13001-23-31-000-2000-00248-01 (59.709)
Actor: Inversiones Gerdts Porto S. en C. y otros
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
Referencia: Acción de reparación directa
los demandantes o la parte actora), en contra del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos son los
siguientes:
Pretensiones
3. La parte demandante pretende que se hagan las siguientes declaraciones y
condenas:
“PRIMERA. La Alcaldía Municipal de Cartagena de Indias D.T.H y C y el
Ministerio de Justicia y del Derecho2 son administrativamente responsables de
los perjuicios materiales y morales causados a los señores JOSÉ DE JESÚS
RODRÍGUEZ BARRETO, VÍCTOR REYES CHEJUEN, JAIME FRANCISCO
RAMOS CANDANOSA, PROMOCIONES VENTARAÍZ LTDA, PUYO POSADA
LTDA GESTORA LTDA & CIA S.C.S, INVERSIONES NAVARRO TORO & CIA
S EN C, JUDITH CAMACHO DE MARTÍNEZ, PABLO ANTONIO MARTÍNEZ
ORTIZ, INVERSIONES GERDTS PORTO S EN C, CARLOS GONZÁLEZ
MORENO, por la falla o falta grave del servicio de la administración que condujo
al desalojo y pérdida de la posesión material del predio de propiedad y posesión
de los demandantes, así como dejar de percibir los frutos civiles a que tenían y
tienen derecho y los intereses de dichos frutos, durante el término de la
ocupación de que fue objeto por un tercero por falla de sus agentes y
funcionarios.
SEGUNDA. Se servirán proferir sentencia condenatoria, en consecuencia en
contra del Municipio de Cartagena de Indias D.T.H y C y del Ministerio de
Justicia y del Derecho a guisa de reparación del daño ocasionado a pagar a los
actores, o a quien represente legalmente sus derechos los perjuicios de orden
material y moral que deberán ser tasados por peritos objetivos y subjetivos,
actuales y futuros; los cuales se estiman en la presente demanda y conforme a
lo que resulte probado dentro del proceso o en su defecto, en forma genérica;
así mismo se regularán de conformidad con el procedimiento señalado en el
artículo 308 del Código de Procedimiento Civil.
TERCERA. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo
previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y se
reconocerán los intereses legales desde la fecha del acto administrativo que dio
origen al hecho mismo de desalojo y pérdida de la posesión, hasta cuando
quede ejecutoriado el fallo que le dé fin al proceso.
2
Si bien en la reforma de la demanda se incluyó como parte demandada a la Nación - Ministerio de Justicia y
del Derecho, el auto que la admitió sólo se vinculó en ese extremo procesal a Cartagena Distrito T y C, actuación
que fue notificada y ante la cual los demandantes no presentaron recurso alguno, por lo que el proceso se
tramitó únicamente con este sujeto procesal. (folio 159 a 160 cuaderno 3). De este aspecto se dejó expresa
constancia en la sentencia, la cual tampoco fue refutada por este motivo.
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Radicación: 13001-23-31-000-2000-00248-01 (59.709)
Actor: Inversiones Gerdts Porto S. en C. y otros
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
Referencia: Acción de reparación directa
CUARTA. La parte demandada a saber, Municipio de Cartagena de Indias
D.T.H y C y del Ministerio de Justicia y del Derecho, dará cumplimiento a la
sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso
Administrativo.”
Hechos
4. Los demandantes enunciaron, en síntesis, los siguientes hechos:
4.1. Mencionaron que eran propietarios y poseedores “quietos, públicos y
pacíficos” de unos terrenos ubicados en el predio “El Guayepo”.
4.2. El 17 de junio de 1993, el señor Raúl Castilla Castilla instauró una querella
ante la Inspección de Policía de Punta Canoa por perturbación a la posesión del
predio “El Guayepo”; indicó que tal inmueble le había sido adjudicado en un proceso
laboral.
4.3. En desarrollo del procedimiento referido, la inspectora de Policía de Punta
Canoa, en audiencia del 30 de junio de 1998, amparó los derechos del querellante
y ordenó desalojar a los poseedores, acto que se ejecutó el 2 de julio siguiente.
4.4. A través de la Resolución 2844 de octubre 2 de 1998 –aclarada mediante la
resolución 53 del 15 enero de 1999– la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D.T.
y C. declaró la nulidad de lo actuado en desarrollo del referido proceso policivo y
ordenó la restitución de la posesión del inmueble a quienes la ostentaban
materialmente antes del 2 de julio de 1998.
4.5. Frente a la anterior decisión, Raúl Castilla Castilla, instauró acción de tutela
ante el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cartagena en la que solicitó que se
ampararan sus derechos posesorios. Esta demanda fue negada, pero al ser
impugnada la sentencia, el Juzgado Tercero Civil de Circuito de Cartagena ordenó
se restituyera la posesión del predio al señor Castilla Castilla. La decisión de tutela
fue revisada por la Corte Constitucional, quien profirió fallo el 30 de agosto de 1999
–sentencia T 629 de 1999– mediante el cual revocó el amparo otorgado y ordenó el
cumplimiento de las resoluciones proferidas por la Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias D.T. y C.
4.6. El Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cartagena ordenó a la Alcaldía el
cumplimiento de la orden impartida por la Corte Constitucional, por lo que comisionó
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Radicación: 13001-23-31-000-2000-00248-01 (59.709)
Actor: Inversiones Gerdts Porto S. en C. y otros
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
Referencia: Acción de reparación directa
a la corregidora de la Inspección de Policía de Pontezuela3 a realizar la entrega
ordenada. El 19 y 22 de noviembre de 1999, la Inspectora procedió a hacer entrega
de los predios a un secuestre bajo el argumento de que el bien estaba embargado
y secuestrado por orden de un Juzgado.
4.7. Los demandantes solicitaron al Juzgado Séptimo Civil Municipal de
Cartagena iniciar el trámite de incidente de desacato para que se cumpliera la orden
dada por la Corte Constitucional. En el marco de este trámite, el Juzgado requirió al
Distrito para que se cumpliera la orden, por lo que mediante Decreto 0690 de esa
misma fecha, la Alcaldesa comisionó al Inspector de Policía Urbana No. 18 para
que llevara a cabo la diligencia, requerimiento que fue reiterado el 2 de diciembre
de 1999.
4.8. Por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y
derecho de defensa, el señor Raúl Castilla Castilla instauró nuevamente acción de
tutela contra el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cartagena, trámite que concluyó
con una decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito el 6 de
marzo de 2000, negándola.
4.9. Posteriormente, el señor Raúl Castilla Castilla interpuso acción de tutela
contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito, la que de nuevo fue negada
en sede de impugnación por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial.
5. Con los antecedentes antes referidos, los demandantes reclaman por las
afectaciones de orden patrimonial y moral por el tiempo en que no pudieron ejercer
su derecho de posesión ante la conducta desplegada por la Inspectora de Policía
de Punta Canoa al ordenar el desalojo de los predios sobre los que ejercían
posesión4.
Contestación
6. El Distrito se opuso a las pretensiones de la demanda5. Propuso como
excepción la que denominó “inexistencia de la obligación de indemnizar”. Como
fundamento expresó que: (i) se omitió el requisito de fundamentación jurídica de las
pretensiones de la demanda; (ii) la actuación de la Inspección de Policía se enmarcó
en lo dispuesto por la ley y en que en el mismo procedimiento policivo se determinó
3
Que para ese momento estaba encargada de la Inspección de Policía de Punta Canoa
4
Folio 30 cuaderno primera instancia N.3
5
Folios 111 a 123 cuaderno primera instancia N.3
4
Radicación: 13001-23-31-000-2000-00248-01 (59.709)
Actor: Inversiones Gerdts Porto S. en C. y otros
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
Referencia: Acción de reparación directa
finalmente que se restituyeran los bienes a los poseedores; (iii) la no recuperación
oportuna de la posesión por parte de los demandantes no es atribuible a acción u
omisión de la administración; y, (iv) no existió nexo de causalidad entre el daño
alegado por la parte actora y la actuación Distrital en el trámite policivo.
Adicionalmente, indicó que la cuantificación de los perjuicios materiales era
desproporcionada.
7. Finalmente, alegó que operó la caducidad de la acción. Al respecto, expresó
que el término debe contarse desde la fecha en que se profirió la decisión que
amparó las peticiones del querellante Raúl Castilla Castilla y se ordenó el desalojo,
lo que tuvo lugar en audiencia del 30 de junio de 1998, pues fue tal determinación
la que originó la pérdida de la posesión que alegan los demandantes como fuente
del daño.
Alegatos en primera instancia
8. Surtido el debate probatorio6, mediante auto del 24 de mayo de 2016 se
ordenó dar traslado a las partes por el término de diez días para presentar sus
6
A través de auto del 1 de marzo de 2007 se decretaron las siguientes pruebas (folios 166 a169 cuaderno 3):
(i) las documentales aportadas con la demanda, (ii) se ordenó librar los siguientes oficios: (a) Al Inspector de
Policía del Corregimiento de Punta Canoa para que enviara copia auténtica del expediente que se adelantó a
instancias de Raúl Castilla Castilla (de lo cual obra constancia a folio 187 cuaderno 3 y respuesta a folios 1 a
160 Cuaderno 1), (b) a las Notarías Primera, Segunda y Tercera de Cartagena y segunda y diecisiete de
Medellín para que remitieran copia de las escrituras públicas que dan cuenta de la titularidad de los bienes
ubicados en el predio el Guayepo, (c) al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cartagena para que remita copia
del fallo del 1 de febrero de 1999 proferido dentro de la acción de tutela instaurada por Raúl Castilla Castilla,
así como copia del fallo de segunda instancia del Juzgado Tercero Civil del Circuito y de la sentencia T-629 de
la Corte Constitucional de fecha agosto 30 de 1999 (de lo cual obra constancia a folio 179 y se requirió
nuevamente el 4 de noviembre de 2014 y respuesta a folio 484 indicando datos insuficientes, (d) al Juzgado
Quinto Civil del Circuito de Cartagena para que remitiera copia del fallo del 24 de enero de 2000 y segunda
instancia del Tribunal Superior del 6 de marzo de 2000 sobre acción de tutela de Raúl Castilla Castilla (de lo
cual obra constancia a folio 199 y requerimiento del 13 de noviembre de 2015 obra respuesta folio 244 cuaderno
4 indicando datos insuficientes), (d) al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena para que remitiera copia
de los fallos emitidos en desarrollo de la acción de tutela adelantada por Raúl Castilla Castilla fallo del 13 de
abril de 2000 y segunda instancia del 24 de abril de 2000(de lo cual obra constancia a folio 200 cuaderno 3 y
respuesta a folio 331 cuaderno 4 indicando datos insuficientes), (e) a la alcaldía de Cartagena para que allegara
copia de nombramiento y posesión de los inspectores de policía de Punta Canoa y la Boquilla desde 1992(de
lo cual obra constancia a folio 182 y respuesta a folio 336 a 349 cuaderno vi), (f) al Juzgado 23 Civil de Bogotá
para que remita copia de la sentencia de aprobación de la partición y adjudicación del proceso de sucesión de
Manuel Ramos Salazar del 20 de agosto de 1988, (de lo cual obra constancia a folio 183 y respuesta a folio
241 indicando datos insuficientes), (g) a las Curadurías Urbanas 1 y 2 de Cartagena para que informaran los
proyectos turísticos inscritos en la zona del predio el Guayepo desde 1990 (de lo cual obra constancia a folio
184 y 185 y respuesta a folio 206 a 209 y folios 390 a 391) (h) al Registrador de Instrumentos Públicos de
Cartagena para que certificara sobre los propietarios inscritos de los predios objeto de la demanda(de lo cual
obra constancia a folio 174 y respuesta a folio 369 a 389) (i) a la Capitanía de Puerto de Cartagena para que
certificara si los predios de la demanda corresponden a playones acreciones naturales o antrópicas identificando
los bienes y su uso(de lo cual obra constancia a folio 175 y respuesta a folio 483 a 487 cuaderno principal); (iii)
se decretó un dictamen pericial a fin de avaluar los predios objeto de la demanda y dictaminar sobre los valores
dejados de percibir a consecuencia del desalojo practicado el 2 de julio de 1998 (de lo cual obra constancia a
5
Radicación: 13001-23-31-000-2000-00248-01 (59.709)
Actor: Inversiones Gerdts Porto S. en C. y otros
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
Referencia: Acción de reparación directa
alegaciones finales7. El demandante se pronunció para insistir en sus argumentos8.
La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.
Los fundamentos de la sentencia impugnada
9. Como sustento de su decisión, el Tribunal expresó lo que la Sala se permite
resumir a continuación9:
9.1. Empezó por precisar que, de conformidad con el artículo 116 de la Constitución
Política, en concordancia con la Ley 57 de 1905, los procesos policivos de amparo
posesorio de mera tenencia o lanzamiento por ocupación de hecho, son de
naturaleza jurisdiccional, por lo cual los actos y las actuaciones que en desarrollo
de ellos se realicen pueden ser objeto de cuestionamiento bajo los títulos de
imputación que señala la Ley 270 de 1996.
9.2. Puntualizado lo anterior, señaló que no es posible emitir una declaración contra
el Distrito por error judicial, porque no se acreditaron los requisitos que la ley
establece para ello, en tanto: (i) no se acreditó que todos los demandantes hubieren
interpuesto recurso de apelación en contra de la decisión del 30 de junio de 1998 –
por medio del cual se concedió el amparo a la posesión del Señor Raúl Castilla
Castilla respecto del predio denominado el Guayepo–10, y (ii) los recursos que sí se
presentaron se concedieron en el efecto devolutivo y, al resolverlos, esa decisión
fue revocada, de manera que operó la corrección de la actuación por el superior
jerárquico. Agregó que, de cualquier forma, no se demostró el despojo de la
posesión que alegan los demandantes, en la medida que no se encontraron pruebas
que permitieran establecer que con la ejecución de la decisión del 30 de junio de
1998 se hubieren afectado los predios de los actores y en qué proporción.
folio 481 a 482 cuaderno principal y respuesta a folio 510 a 516 y 525 a 530 cuaderno principal ), (iv) se
decretaron los testimonios de Tomás Arzuza Moreno (folio 205 cuaderno 4), Joaquín Gómez Arzuza (folios 203
a 204 cuaderno 4), Rafael Leal (folios 201 y 202 cuaderno 4), José Romero Lobo (folio 193 cuaderno No
compareció 3); Alfredo Urriola Barbosa (folio 194) no compareció y Luis Henríquez Emiliani (folio 195) no
compareció.
7
Folio 541 cuaderno principal.
8
Folios 542 cuaderno principal.
9
Folios 544 a 555 cuaderno principal
10
Precisó que, si bien el apoderado de inversiones Navarro Toro & Cía. interpuso recurso, al igual que los
apoderados de Judith Camacho y Pablo Antonio Martínez, no había prueba de que los demás lo hubieren hecho,
en tanto no se acreditó que se hubieren acumulado al de aquéllos; además de que se observó que los abogados
Jhonny Blanco Blanco y Gustavo Molina Viscaíno presentaron recurso, pero no fue posible establecer a quién
representaban.
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Radicación: 13001-23-31-000-2000-00248-01 (59.709)
Actor: Inversiones Gerdts Porto S. en C. y otros
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
Referencia: Acción de reparación directa
9.3. De otro lado, el Tribunal concluyó que el Distrito no incurrió en una falla del
servicio por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por no
restituir la posesión del predio a los demandantes de manera pronta, en la medida
que lo que impidió proceder de ese modo fueron las acciones constitucionales que
se presentaron en contra de esa orden y las decisiones que en el curso de ellas se
tomaron, actuaciones que no eran imputables al demandado. En cambio, se probó
que se ejecutó lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencia de tutela T- 629
de 1999, que ordenó cumplir la decisión tomada por el Distrito en la Resolución 2844
de 1998.
EL RECURSO INTERPUESTO
10. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de
apelación11, escrito en el cual, en suma, manifestó que no cuestionaba que el
Tribunal hubiere analizado el caso bajo la perspectiva del error jurisdiccional, pues
es una tarea que corresponde al juez, pero que, al margen del título de imputación,
lo cierto era que sí se acreditó la falla y el daño, en tanto con pruebas como las
testimoniales y “las primeras pruebas allegadas al Despacho”, se demostró quién lo
causó y el tipo de actuaciones anómalas que le dieron origen, además de que el
daño fue avaluado en el dictamen pericial que se rindió en el curso del proceso.
11. Argumentó también que, si bien las entidades a las que se ofició no hicieron
llegar los expedientes completos, eso no era trascendente pues esos documentos
fueron aportados con la demanda y eran suficientes para acreditar el daño; además
de que debían ser solicitados por el Consejo de Estado, dado que tales pruebas ya
habían sido decretadas.
12. Por último, afirmó que sí hay pruebas del desalojo que habrían sufrido los
demandantes, de lo cual daba cuenta el acta de esa diligencia, los testimonios y el
dictamen pericial.
13. El 18 de octubre de 201712 se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público, para rendir concepto. No se hicieron
pronunciamientos en esta etapa procesal.
11
El apoderado de la parte demandante en su escrito de apelación indicó que la sustentación la presentaría
ante el Consejo de Estado en su oportunidad, lo cual no hizo, pero, en todo caso, no habría sido procedente,
en tanto, de conformidad con el artículo 212 del CCA, el recurso se debe interponer y sustentar ante el a quo
en el plazo perentorio de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia.
12
Folio 568 cuaderno principal.
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Radicación: 13001-23-31-000-2000-00248-01 (59.709)
Actor: Inversiones Gerdts Porto S. en C. y otros
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Referencia: Acción de reparación directa
CONSIDERACIONES
Consideraciones previas sobre la sustentación del recurso de apelación
14. Para proceder a la determinación de los asuntos que deberían ser resueltos
en esta instancia, la Sala estima necesario detenerse en el análisis de lo que
expresó la parte demandante en su recurso de apelación de cara a las razones que
fundaron la decisión que se cuestiona, para establecer si, en verdad, revela razones
de inconformidad que ataquen los argumentos que expuso el a quo para negar las
pretensiones de la demanda.
15. Empieza la Sala por señalar, como ya en otras oportunidades lo ha hecho 13,
que el alcance del recurso de apelación, mecanismo de control de las decisiones
judiciales, no se dirige, sin límite alguno, a reprochar cualquier tipo de actuación e
inconformidad generada en curso del proceso, ni puede estar orientado a repetir,
sin razones, el trámite acontecido en la primera instancia, pues fundamentalmente
–léase esta expresión en términos de garantías constitucionales– busca garantizar
el principio de la doble instancia que, como regla general, está disponible para
controvertir las decisiones judiciales que se reputan contrarias al ordenamiento
jurídico.
16. Bajo este análisis, esta Subsección ha reparado en la definición que del
recurso de apelación ha ofrecido la doctrina especializada, al señalar que
corresponde a la más importante herramienta de concreción de la regla de doble
instancia, que constituye “ … la forma más civilizada de expresar el descontento
frente a providencias que nos son lesivas y evitar sus efectos … en virtud de ella
será el juez de otra instancia, ad quem, directo superior del juez de la primera
instancia, a quo, quien habrá de decidir la manifestación de inconformidad
presentada por una de las partes, o terceros habilitados por intervenir, contra una
providencia judicial”14.
17. En línea con lo anterior, esta Sala ha señalado que, si la aspiración de justicia
que subyace al recurso de alzada tiene por finalidad que el superior revise la
decisión de primer grado acusada de ser errática o de romper o lesionar el
ordenamiento jurídico, resulta imprescindible que el recurrente determine mediante
13
Al respecto se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias de esta Subsección: sentencia del
6 de julio de 2022, Exp. 44707, sentencia del 20 de mayo de 2022, Exp. 53800 y sentencia del 6 de julio de
2022, Exp. 54666.
14
LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. “Código General del Proceso”, Segunda Edición, Dupré Editores, Bogotá,
2019. Pág. 802. Tomada de sentencia del 20 de mayo de 2022, Exp. 53800, Subsección A.
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Radicación: 13001-23-31-000-2000-00248-01 (59.709)
Actor: Inversiones Gerdts Porto S. en C. y otros
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Referencia: Acción de reparación directa
los cargos planteados, qué asuntos deben ser resueltos ante el superior jerárquico;
razón por la cual no basta con la simple interposición del recurso, ni resulta
suficiente repetir un argumento desprovisto de motivos de disenso, toda vez que los
planteamientos de la apelación son los que definen los temas objeto de control, de
cara a la decisión judicial que es rebatida15.
18. Instrumentalizando lo anterior, el artículo 212 del CCA –aplicable al sub
júdice –, determinaba que la parte inconforme con la decisión debía interponer y
sustentar el recurso ante el a quo; a su vez, el parágrafo 1 del artículo 352 del C. de
P.C. establecía16 que “… [p]ara la sustentación del recurso, será suficiente que el
recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la
providencia” (se resalta); y en el artículo 357 de esa misma codificación se
prescribía que “[l]a apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante,
y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue
objeto del recurso …”.
19. Es así como, reitera en esta oportunidad la Sala, la carga de sustentación
que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la llana indicación
de disenso frente a la providencia recurrida, como tampoco con la solicitud de que
se revoque para que se acceda a los intereses de la parte inconforme, y menos aún
con la simple reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera
instancia, bien sea en la demanda o en la contestación. Lo que la ley impone es que
se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la
providencia de primera instancia, en aquello que se considere desfavorable, no solo
porque la decisión sea contraria a los intereses de quien la impugna, sino porque
exista en realidad una razón por la que considere que lo fallado no corresponde en
derecho, a la decisión acertada, lo cual, por tanto, delimita el marco al que debe
sujetarse el juez al revisar la sentencia recurrida.
20. En este sentido, es ajeno al recurso de apelación la reiteración de las
hipótesis que se plantearon como punto de partida en la construcción del proceso
en primera instancia, en tanto aquéllas luego de haber transitado, en términos
generales, por las etapas probatorias, de contradicción y de alegaciones finales, no
pueden volver a presentarse al ad quem en su estado germinal, es decir, como se
postularon al presentar la demanda, pues ya fueron objeto de comprobación y
15
El Consejo de Estado en casos similares se ha pronunciado en igual sentido, ver sentencias: (i) del 17 de
marzo de 2010, radicación 2009-00045 (36838), (ii) del 9 de junio de 2010, radicación 1997-08775-01(19283),
y (iii) del 14 de mayo de 2014, expediente 31469.
16
Aplicable por remisión del artículo 267 del Código contencioso Administrativo.
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Radicación: 13001-23-31-000-2000-00248-01 (59.709)
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Referencia: Acción de reparación directa
debate; sino que, de cara a la tesis adoptada por el a quo en las conclusiones del
fallo, corresponde al apelante la formulación de una tesis diversa frente a éste,
exigencia que, conforme lo prevé el legislador, se cumple a través de la carga de
sustentación, siendo “suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las
razones de su inconformidad con la providencia”, como dispone el artículo 352 del
C. de P.C.
21. En consecuencia, es claro que le corresponde al apelante confrontar los
argumentos que el juez de primera instancia tuvo en cuenta para adoptar su
decisión con sus propias reflexiones, para efectos de solicitarle al ad quem que
decida sobre los puntos o aspectos que se debaten en la segunda instancia; de ahí
que la carga de sustentación tampoco puede entenderse cumplida con la mera
expresión de afirmaciones genéricas y vagas que no confronten la razón de la
decisión17, pues, aunque sucintas, deben ser suficientes por sí mismas para
evidenciar las razones o motivos que conduzcan a considerar que lo decidido en
primera instancia resultó desacertado, en tanto, dado el marco de competencia
fijado, al juez de la segunda instancia no le está dado construir tales motivos de
disenso; si lo hiciera, vulneraría el principio de imparcialidad18 y el derecho al debido
proceso de la contraparte19. Recuérdese que la tarea de confrontación entre los
argumentos del apelante y los aspectos de la decisión de primer grado que son
atacados por esta vía, es la que determina la competencia material del juez de
segunda instancia20, pues precisamente el tema de decisión a cargo del ad quem
queda delimitado, por regla general, al examen de dos tesis opuestas cuyo
enfrentamiento debe ser desatado.
22. Esta Corporación, insistentemente, ha reconocido la relevancia del
cumplimiento de tal exigencia y, en ese sentido, ha señalado que es indispensable
17
“(…) no puede darse por sustentada una apelación, ni por ende cumplida la condición que subordina la
admisibilidad de este recurso, cuando el impugnante se limita simplemente a calificar la providencia recurrida
de ilegal, injurídica o irregular; tampoco cuando emplea expresiones abstractas tales como, ‘sí hay prueba de
los hechos’ u otras semejantes, puesto que aquellos calificativos y estas expresiones, justamente por su
vaguedad e imprecisión no expresan, pero ni siquiera implícitamente, las razones o motivos de la inconformidad
del apelante con las deducciones lógico-jurídicas a que llegó el Juez en s proveído impugnado”. Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil. Auto de 30 de agosto de 1984, Gaceta Judicial No. 2415. M.P. Humberto
Murcia Ballén.
18
“Cuyo fundamento constitucional se encuentra en el artículo 13 Superior, impone al juez la obligación de dar
un trato igual a las personas que acuden a la administración de justicia”. Corte Constitucional, sentencia C-450
de 2015.
19
Artículo 29 Constitucional.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4
de marzo de 2022, radicación 73001-23-33-000-2015-00512-01 (66390), Consejera Ponente: Marta Nubia
Velásquez Rico.
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Radicación: 13001-23-31-000-2000-00248-01 (59.709)
Actor: Inversiones Gerdts Porto S. en C. y otros
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
Referencia: Acción de reparación directa
la indicación de los aspectos que deben ser analizados por el a quo, pues, de no
ser así, la segunda instancia quedaría desprovista de elementos que conduzcan a
determinar con certeza las razones de inconformidad del apelante respecto de la
providencia apelada –los cuales no pueden ser de construcción del juez– y, por lo
mismo, huérfana de elementos de juicio que permitan revisar la corrección de la
decisión impugnada21, lo que conduce también a resaltar que el cumplimiento de la
carga de sustentación del recurso de apelación no se surte de cualquier manera,
sino que exige que se hagan referencias claras y concretas de cara a los
argumentos que soportaron la decisión que se cuestiona para que el superior
funcional pueda realizar las confrontaciones pertinentes que lo conduzcan a
determinar si la providencia debe o no ser confirmada22.
23. A partir de lo dicho, la Sala reitera, como en otras oportunidades lo ha hecho,
que, si se advierte la ausencia de una sustentación suficiente, adecuada o material
del recurso de apelación, cuyos fundamentos sean simplemente afirmaciones
genéricas y vagas, sin traer a colación argumentos para cuestionar la providencia
impugnada, al superior no le queda una opción diferente a la de confirmar el
proveído apelado23.
24. Precisado lo anterior, y revisado el recurso de apelación, se encuentra que,
a pesar de que formalmente se presentó la impugnación, lo cierto es que, respecto
de lo que decidió el a quo en relación con el error jurisdiccional y el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, materialmente no puede deducirse
un argumento que esté destinado a debatir las razones que se expusieron como
fundamento de la conclusión a la que arribó el Tribunal en el sentido de negar su
configuración, en tanto lo consignado en el escrito frente a esa específica materia
se limita a hacer afirmaciones genéricas que no confrontan el cimiento de la decisión
de la sentencia que se recurre. Adicionalmente, se anticipa que, si bien se
encuentran razones de disenso frente a lo dicho por el Tribunal en cuanto a que no
se acreditó que los demandantes hubieren sido afectados con el desalojo, lo cierto
es que este solo aspecto, al margen de su definición, resulta insuficiente para
revocar la sentencia de primera instancia, pues, en todo caso, como ya se
21
En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de mayo de 2014, radicación 54001-23-31-000-1998-00289-01
(31469), Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera.
22
En este sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia del 4 de septiembre de 2014, Exp. 25001 2324 000 2007 90029 01.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4
de marzo de 2022, radicación 77001-23-31-000-2004-04217-01 (47098), Consejera Ponente: María Adriana
Marín.
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Radicación: 13001-23-31-000-2000-00248-01 (59.709)
Actor: Inversiones Gerdts Porto S. en C. y otros
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
Referencia: Acción de reparación directa
mencionó, no se presentaron motivos de disenso frente a lo decidido en relación
con uno de los elementos estructurales de la responsabilidad.
25. Para expresar las razones que conducen a la anterior conclusión, es
pertinente mencionar que, tomando como base la causa petendi y las pretensiones
de la demanda, y de cara a la naturaleza jurisdiccional del procedimiento policivo,
el Tribunal analizó el caso desde dos perspectivas, una como error jurisdiccional en
relación con la decisión adoptada en audiencia del 30 de junio de 1998 y, la otra,
como defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en lo concerniente
al cumplimiento de la orden dada por la Corte Constitucional en la sentencia T - 629
de 1999; desde ambos planos negó las pretensiones de la demanda, pero que ahora
no se confrontaron argumentativamente en la apelación.
26. En efecto, respecto de la decisión adoptada en audiencia del 30 de junio de
1998 por parte del Inspector de Policía de Punta Canoa, el a quo analizó los
presupuestos contemplados en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, esto es, que
se hubieren interpuesto los recursos en su contra y, además, que la decisión se
encontrara en firme. Al desarrollar ese estudio concluyó que no se podía entender
configurado el error, en la medida que, de una parte, no se acreditó que todos los
demandantes hubieren interpuesto los recursos procedentes y, de otra, porque al
resolver los recursos formulados por los otros, la decisión que habría generado el
daño se revocó.
27. No obstante que lo acabado de expresar condensa la razón medular por la
que el a quo negó las pretensiones de la demanda desde la perspectiva del error
jurisdiccional, en el recurso de apelación no se observa argumento encaminado a
desvirtuar el fundamento y las conclusiones del Tribunal, pues los recurrentes se
limitaron a afirmar, de manera genérica, que sí hubo una falla y que ésta estaría
acreditada con las diversas pruebas que obran en el plenario, sin desarrollar ningún
análisis que soporte su dicho y confronte el del fallo recurrido.
28. De hecho, en el recurso no se observa un sustento que conduzca a
evidenciar por qué, en contra de lo concluido por el Tribunal, el error sí se configuró
o por qué, pese a que ello no ocurrió, existiera una falla que debiera ser estudiada
desde una perspectiva diferente a la abordada por el a quo, en la medida en que no
se identificaron actuaciones distintas de las que fueron analizadas en primera
instancia bajo el mencionado título y tampoco se expresaron razones para señalar
que las que se abordaron debieran ser analizadas desde otra perspectiva; al
contrario, lo que se indicó en la apelación fue que no se cuestionaba que el caso se
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Radicación: 13001-23-31-000-2000-00248-01 (59.709)
Actor: Inversiones Gerdts Porto S. en C. y otros
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
Referencia: Acción de reparación directa
hubiere analizado bajo la perspectiva del error jurisdiccional, porque era
intrascendente la calificación que los demandantes le hubieren dado a la razón de
la imputación, en la medida en que es una tarea del juez adecuar la calificación y el
título correspondiente, pero que, pese a ello, sí había una falla, sin discriminar
siquiera, como ya se dijo, si se refería a una distinta de aquélla que ya había sido
analizada y descartada en la sentencia recurrida.
29. El inconformismo de los apelantes, así planteado, resulta absolutamente
insuficiente para refutar los argumentos expresados por el Tribunal como
fundamento de su decisión, en la medida que no solo no ofrece motivos que puedan
ser confrontados con aquéllos, sino que al expresar que no se discute el título de
imputación analizado, se imponía debatir la sentencia desde esa misma
perspectiva, esto es, confrontando y exponiendo de manera sustentada las razones
que llevarían a una conclusión diferente a la adoptada en primera instancia, que
partió de unas exigencias legales propias del error jurisdiccional que no se
encontraron satisfechas, lo cual, sin embargo, no fue cuestionado en la apelación.
30. De otra parte, frente al cumplimiento de la sentencia T- 629 de 1999 de la
Corte Constitucional, el Tribunal no encontró acreditado un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, en tanto evidenció que la razón por
la que no se dio cumplimiento inmediato al fallo consistió en las diversas acciones
de tutela que interpuso el señor Raúl Castilla Castilla en contra de las actuaciones
que se pretendieron adelantar para darle cumplimiento y las decisiones que se
adoptaron en desarrollo de tales, lo cual, concluyó, no era atribuible al Distrito,
además de que, en todo caso, estaba probado que finalmente la orden de tutela se
acató. Nuevamente frente a este aspecto la Sala no encuentra en el recurso de
apelación argumentos que desdigan de las conclusiones del Tribunal, más allá de
la mera afirmación genérica de que sí existió una falla que, se reitera, ni siquiera se
identificó que fuera una diferente a las que el a quo entendió como alegadas, pero
que descartó.
31. Igual que en lo referente al analizado error jurisdiccional, frente al defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, los recurrentes no discutieron que
no fuera éste el título de imputación aplicable, que la falla que analizó el Tribunal no
hubiere sido la que se pretendía acreditar, tampoco presentaron reparos directos
frente a las razones que condujeron al a quo a negar la configuración de ese defecto,
no discutieron, por ejemplo, que las acciones de tutela que interpuso el señor Raúl
Castillo Castillo no hubieren tenido incidencia en el cumplimiento de la orden dada
por la Corte Constitucional o que, incluso, de haberlo tenido, en contra de lo
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Actor: Inversiones Gerdts Porto S. en C. y otros
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Referencia: Acción de reparación directa
concluido por el a quo, sí eran imputables al Distrito, o que la orden no se hubiere
cumplido.
32. En consecuencia, tampoco respecto de este punto de la providencia es
posible extractar razones de disenso que permitan en esta instancia verificar si la
sentencia recurrida se ajusta o no a derecho.
33. Ahora, en el recurso se afirmó que en el expediente obran pruebas que
demuestran las “actuaciones anómalas” –sin especificar cuáles– y a quién son
imputables; sin embargo, esta mera afirmación no es suficiente para desatar un
análisis de corrección de cara a la sentencia recurrida, de una parte porque, como
acaba de verse, siendo de su cargo, la parte recurrente no presentó argumentos
claros y específicos de disenso frente a los que soportaron la decisión del Tribunal
respecto de la ausencia de error jurisdiccional y de defectuoso funcionamiento de
administración de justicia, con lo cual dejó a la Sala sin un derrotero sobre el cual
analizar tales pruebas y, de otra, porque no se detuvo a señalar con precisión por
qué las pruebas a las que se refirió –también de manera general– debían conducir
a conclusiones diferentes de aquellas a las que se arribó en la sentencia apelada,
de manera que lo dicho sobre los medios demostrativos se trata, también, de
afirmaciones genéricas, en la medida que no están acompañadas de un análisis
que dé cuenta o permita siquiera inferir que, más allá del querer de los demandantes
de que sus pretensiones prosperen, existen argumentos de derecho que confronten
la razón de la decisión de la sentencia recurrida.
34. Lo dicho en precedencia conduce a confirmar la sentencia impugnada, pues
dada la falta de carga argumentativa del recurso respecto de lo concluido por el
Tribunal frente a la ausencia de error judicial y de defectuoso funcionamiento de
administración de justicia, impone que tal conclusión se mantenga incólume en esta
instancia, lo cual, al negar la existencia de uno de los elementos estructurales de la
responsabilidad, hace que sea imposible jurídicamente variar la decisión final
adoptada en primera instancia para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la
demanda, que es en lo que se concreta el querer de los apelantes.
35. Sin perjuicio de lo anterior, y como ya la Sala lo había anticipado, es oportuno
precisar que la única razón clara de disenso que se observa en el recurso está
dirigida a debatir que, en contra de lo concluido por el Tribunal, sí está demostrado
que los demandantes fueron afectados con la ejecución del desalojo ordenado en
la audiencia del 30 de junio de 1998, lo cual, afirmó, se acreditó con el acta de tal
diligencia, con los testimonios y con un dictamen pericial. No obstante, por las
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Actor: Inversiones Gerdts Porto S. en C. y otros
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Referencia: Acción de reparación directa
razones que ya se expresaron, aún si se concluyera que respecto de este punto
asiste razón a los apelantes, lo cierto es que ello no sería suficiente para revocar el
fallo apelado, en la medida que esto no desvirtuaría las conclusiones a las que se
arribó en primera instancia respecto de la ausencia de error jurisdiccional y tampoco
del defectuoso funcionamiento de administración de justicia.
36. Así las cosas, resulta forzoso confirmar la sentencia de primera instancia, en
tanto que, aun si se encontrara que los demandantes fueron afectados por el
desalojo, lo cierto es que ello no sería suficiente para imputar ese daño al Municipio,
en la medida que la parte recurrente no presentó razones de disenso que permitan
analizar la corrección de las conclusiones del Tribunal en relación con la inexistencia
de un error jurisdiccional o de un defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia como fundamento para imputar ese daño al demandado; además de que no
discutió que tal imputación debiera ser analizada por una vía diferente, pues se
limitó a afirmar que había una falla y que las actuaciones que le habían dado lugar
estaban probadas, sin siquiera identificar con claridad y precisión a cuáles
actuaciones se refería y si eran unas diferentes de las que ya habían sido analizadas
y decididas en primera instancia bajo los referidos títulos de imputación.
Costas
37. Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes,
la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el
artículo 171 del C.C.A., subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia proferida el 24
de marzo de 2017, por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de decisión No.
002.
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Referencia: Acción de reparación directa
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe
en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el
sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador
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