Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2000-00316-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2000-00316-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 13001-23-31-000-2000-00316-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
11 de abril de 2019
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / PROCESO POLICIVO / CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
La Sala considera pertinente aclarar que es cierto que la falla que se le imputa a la entidad demandada se habría materializado en un proceso policivo de amparo posesorio, proceso de naturaleza jurisdiccional, que según lo establecido en el artículo 82 del C.C.A. no puede ser controvertido ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Sin embargo, no puede desconocerse que la parte actora no está controvirtiendo las decisiones adoptadas dentro del proceso policivo sino la reparación del daño que se le habría causado con ocasión del cumplimiento de una providencia dictada dentro de ese proceso. Siendo así, la Subsección estima que es procedente pronunciarse de fondo dentro de la presente acción de reparación directa. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la competencia del Consejo de Estado para conocer de asuntos en los que se pretende la reparación de daños surgidos del cumplimiento de providencias judiciales, ver sentencia de 29 de julio de 2013, M.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth, Exp. 27088.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 82
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
El artículo 136 - 8 del Código Contencioso Administrativo consagraba un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que da lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136, NUMERAL 8
ELEMENTOS DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / ELEMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
[L]a Sala procederá a verificar si se cumplen los presupuestos de existencia del daño, esto es: i) que la afectación sea cierta, concreta y determinada; ii) que recaiga sobre un derecho subjetivo o un interés legítimo (patrimonial o extrapatrimonial) del cual sea titular la víctima, es decir, que se trate de un bien jurídicamente protegido y iii) que sea personal. NOTA DE RELATORÍA: En relación con el daño antijurídico, ver sentencia de 17 de agosto de 2017, Exp. 37304.
CONSTRUCCIÓN DEL BIEN INMUEBLE / PROYECTO TURÍSTICO Y RECREACIONAL / LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / LICENCIA AMBIENTAL / TRÁMITE DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / PRÓRROGA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / VIGENCIA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / EXTINCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / CONSTRUCCIÓN SIN LICENCIA / PROCESO POLICIVO / QUERELLA DE AMPARO A LA POSESIÓN / AMPARO POLICIVO / AMPARO POSESORIO / PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN Y TENENCIA / ENTREGA DE BIEN INMUEBLE / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / BIEN JURÍDICO TUTELADO
[E]l artículo 63 de la Ley 9 de 1989 preveía que “para adelantar obras de construcción, (…) se requiere permiso o licencia expedido por los municipios, áreas metropolitanas, del Distrito Especial de Bogotá o de la Intendencia de San Andrés y Providencia”. (…) [R]esulta evidente que para desarrollar el proyecto Hatogrande Yacht Country Club Cartagena las sociedades demandantes requerían tramitar la correspondiente licencia de construcción ante el Distrito de Cartagena y tenerla vigente durante el tiempo de ejecución de la obra (…) Entonces, si bien, en un primer momento, en observancia de la Ley 9 de 1989 y el Acuerdo 45 de 1990, las sociedades ahora demandantes cumplieron las exigencias urbanísticas para obtener la licencia de construcción del proyecto (…), lo cierto es que, para la fecha en que se practicó la diligencia de entrega que conllevó a la suspensión de la obra por la que se demandó la responsabilidad del Estado (…), ya no estaba vigente. En otras palabras, cuando se materializó el daño reclamado por la parte actora, el proyecto (…) se estaba adelantando de manera irregular, al punto de que el artículo 66 de la Ley 9 de 1989 consagraba que podían imponerse multas sucesivas (…) Conviene precisar que las normas a las que se hizo referencia contemplaban la posibilidad de prorrogar el plazo de la vigencia del permiso de construcción (…) Sin embargo, el simple hecho de que pudiera subsanarse la situación de la falta de licencia no es suficiente para considerar que la frustración del proyecto turístico y recreacional (…) conlleva a la configuración de un daño indemnizable, pues lo probado dentro del expediente es que, para el momento en que se habría materializado el daño, las sociedades demandantes no estaban cumpliendo la carga urbanística de contar con una licencia que respaldara la construcción de la obra y, por ello, resulta evidente que la falla imputada a la entidad demandada -adelantar un proceso policivo sin tener competencia para ello- no produjo efectos nocivos frente a un derecho o interés legítimo. (…) Por tanto, la frustración de ese proyecto por la suspensión de que fue objeto con ocasión del cumplimiento de las órdenes adoptadas dentro del proceso policivo promovido por el señor (…) no puede considerarse un daño indemnizable o resarcible, habida cuenta de que esto sería tanto como avalar una conducta contraria a las normas urbanísticas, (…) lo que, para la Sala, no es de recibo, pues “… no puede decretarse una indemnización a cargo del Estado y a favor de unas personas que, aunque sufrieron un daño, este no recayó sobre un bien jurídicamente protegido, toda vez que ejercían una actividad sin la debida autorización legal”. Por consiguiente, ante la ausencia de uno de los presupuestos para la existencia del daño -que se afecte a un bien jurídicamente protegido–, la Sala confirmará la providencia impugnada, por las razones expuestas. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la negativa del Estado a reconocer una indemnización por daños sobre un bien que no es jurídicamente protegido, toda vez que ejercían una actividad sin la debida autorización legal, cita sentencia 13 de abril de 2016, Exp. 34392.
FUENTE FORMAL: LEY 9 DE 1989 - ARTÍCULOS 63 Y 66 / ACUERDO 45 DE 1990
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 13001-23-31-000-2000-00316-01(45143)
Actor: HATOGRANDE YACHT COUNTRY CLUB CARTAGENA LTDA.
Demandado: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: Procedencia de la acción de reparación directa porque no se controvierten las decisiones del proceso policivo / falla del servicio – ejecución de orden dictada dentro de un proceso policivo / indemnización. No es posible su reconocimiento porque se fundamenta en una actividad económica desarrollada de manera irregular.
Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 14 de junio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que denegó las pretensiones de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
1.- La demanda
El 28 de agosto de 2000, en ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, las sociedades Hatogrande Yacht y Country Club Cartagena Ltda., Inversiones G.B.S. Ltda. y Alianza Fiduciaria S.A. presentaron demanda contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios causados “… con motivo del desalojo de que fueron víctimas, en relación con la posesión que venían ejerciendo sobre los terrenos ubicados en el corregimiento de Punta Canoa, jurisdicción del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar, causados por la acción y la omisión por parte de la Inspección de Policía del Corregimiento de Punta Canoa de la misma jurisdicción”.
Como consecuencia de esa declaración, la parte actora solicitó (se trascribe de manera literal, con posibles errores incluidos):
“SEGUNDA.- Que se condene al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias a pagar a favor de las sociedades demandantes el valor de los perjuicios materiales de todo orden (daño emergente y lucro cesante), con sus respectivos intereses, corrección monetaria e indexación por los daños antijurídicos imputables a la Inspección de Policía del Corregimiento de Punta Canoa, Jurisdicción del Mismo Distrito, a causa de las acciones y omisiones en que incurrió dicha autoridad pública, conforme a lo expresado en los hechos de la demanda, teniendo en cuenta el cálculo de daños y perjuicios que se relacionan en esta demanda o por los valores que por los mismos conceptos se demuestren dentro del presente proceso.
“TERCERA.- Que se condene al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias a pagar los perjuicios morales a las sociedades demandantes de acuerdo al cálculo que por el mismo concepto se relaciona en esta demanda, o por el valor de mil gramos oro fino de acuerdo al equivalente en pesos certificado por el Banco de la República, o la suma que se acredite dentro del proceso”.
1.1.- Fundamentos fácticos de la demanda
El 17 de junio de 1993, el señor Raúl Castilla Castilla promovió un proceso policivo de amparo a la posesión, alegando que el inmueble denominado “Guayepo”, ubicado en el corregimiento de Punta Canoa (Cartagena de Indias), había sido ocupado por desconocidos.
En el trámite de ese proceso, el 6 de agosto de 1993, se adelantó una inspección ocular en la que se estableció que “… el predio se hallaba ocupado por los señores Armando Botero y Pilar Gaviria”. Así mismo, se recibieron los testimonios de algunas personas que “… manifiestan reconocer como poseedor y propietario de la finca denominada Guayepo entre cuatro y seis años atrás al señor Raúl Castilla”.
Con ocasión de lo anterior, por Resolución 011 del 20 de enero de 1994, la Inspección de Policía del Corregimiento de la Boquilla ordenó a los “presuntos perturbadores” que “cesaran su actitud de impedir el uso y goce de su propiedad”. Como querellados se identificaron: “MARÍA DEL PILAR GAVIRIA BOTERO y otros, INVERSIONES CARER, JORGE OKE FRANCIS Y LA SOCIEDAD OKE CADAVID cia. S.C.S. CARLOS GONZALEZ MORENO y otros”.
De otra parte, las sociedades demandantes indicaron que, mediante Resolución 133 del 3 de junio de 1994, el INDERENA – REGIONAL BOLÍVAR concedió licencia ambiental al proyecto turístico recreacional Hatogrande Yacht Country Club Cartagena, que se realizaría en el predio “Guayepo”.
Asimismo, por Resolución 353 del 28 de diciembre de 1994, la Alcaldía Menor de la Zona Norte de Cartagena otorgó licencia de construcción definitiva para la ejecución de ese proyecto, “sobre los terrenos de mis poderdantes, ubicados en el corregimiento de Punta Canoa, jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias, adquiridos por compra que efectuara la sociedad INVERSIONES G.B.S. LTDA. a las siguientes persona: A) A Inversiones Gerdts Porto y Cia S. en C., según consta en la escritura pública número trescientos noventa y cuatro (394) del ocho (8) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992) (…). B) A María del Pilar Gaviria y otras, mediante las escrituras públicas números tres mil ochocientos setenta y tres (3.873) del catorce (14) de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992) y tres mil ochocientos setenta y dos (3.872) de la misma fecha…”.
Según lo dicho en la demanda, mediante escritura pública No. 7254 del 27 de noviembre de 1995, la sociedad Inversiones G.B.S. Ltda. (fideicomitente), Hatogrande Yacht Country Club Cartagena Ltda. (promotora) y la sociedad Alianza Fiduciaria S.A. suscribieron contrato de fiducia sobre los predios en los que se iba a construir el referido proyecto.
De otra parte, la Dirección General Marítima y Portuaria – DIMAR, mediante Resolución 01 del 4 de enero de 1996, le confirió a la sociedad Hatogrande Yacht Country Club Cartagena Ltda. la concesión de “un área de terreno de uso público de 585.755 metros cuadrados, para complementar los servicios del proyecto”, por un término de 20 años.
Igualmente, por Resolución 0514 del 9 de agosto de 1996, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE aprobó el plan de manejo ambiental para el funcionamiento del proyecto.
Afirmó la parte actora que, después de cumplir con todos los requisitos legales para la realización del proyecto turístico y recreacional, las sociedades demandantes iniciaron la construcción de la obra con recursos propios y de terceros inversionistas que superaron la suma de veinte mil millones de pesos.
Manifestó la parte actora que, el 12 de septiembre de 1996, con ocasión de una demanda de tutela promovida por los querellados –sin identificar cuál o cuáles de estos–, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena anuló todo lo actuado en el proceso policivo adelantado en la Inspección de Policía del Corregimiento de la Boquilla, incluida la Resolución 011 del 20 de enero de 1994.
Posteriormente, por solicitud del señor Castilla Castilla (querellante), el proceso policivo se remitió a la Inspección del Corregimiento de Punta Canoa, la que, por Resolución del 6 de mayo de 1998, amparó la posesión del mencionado señor y ordenó a los querellados –sin identificar sus nombres– que “… se abstuvieran de seguir perturbando la posesión ejercida por el querellante sobre el inmueble, imponiéndoles la obligación de permitirle a aquel la entrada y salida del predio”.
Contra la anterior decisión, uno de los querellados interpuso demanda de tutela ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena, el cual dejó sin efectos todo lo actuado por la Inspección de Punta Canoa, a partir del 4 de febrero de 1998, y ordenó que se practicara una inspección ocular sobre el predio, la que se realizó el 5 y el 8 de junio de 1998.
El 30 de junio de 1998, la Inspección del Corregimiento de Punta Canoa corrió traslado por el término de 3 días para que se presentaran alegatos de conclusión. No obstante, sin esperar el vencimiento de ese término, mediante resolución de la misma fecha -30 de junio de 1998- concedió el amparo policivo al querellante Raúl Castilla Castilla. Contra la anterior decisión se interpuso el recurso de apelación ante la Alcaldía Mayor de Cartagena.
El 4 de septiembre de 1998, pendiente de resolver el recurso de apelación, la Inspección del Corregimiento de Cartagena entregó el predio en el que las sociedades demandantes realizaban las obras -“Guayepo”-, al señor Raúl Castilla Castilla. Como consecuencia de lo anterior, según se indicó en la demanda, “… las sociedades demandantes tuvieron que paralizar la construcción que venían realizando y versen expuestas a la desconfianza de las personas que ya habían realizado la negociación de compra de apartamentos de vivienda y de recreación que estaban construidos y se encontraban próximos a entregar…”.
Luego, mediante Resolución No. 2844 del 2 de octubre de 1998, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 30 de junio de 1998, la Alcaldía Mayor de Cartagena estableció que la autoridad de policía carecía de jurisdicción para pronunciarse respecto de la petición del señor Castilla Castilla. Por tanto, declaró nulo lo actuado dentro del proceso policivo y rechazó la solicitud hecha por el mencionado señor el 17 de junio de 1993.
Por Resolución No. 0053 del 15 de enero de 1999, la Alcaldía Mayor de Cartagena aclaró la Resolución No. 2844 del 2 de octubre de 1998, en el sentido de remitir las diligencias a las Inspección de Policía de Punta Canoa para que “… vuelva las cosas al estado en que se encontraban antes de practicar el desalojo, restituyendo la posesión del inmueble objeto del proceso a quienes lo ostentaban materialmente”.
El señor Raúl Castilla Castilla interpuso demanda de tutela contra las decisiones de la Alcaldía Mayor de Cartagena, invocando la violación del derecho al debido proceso. Por fallo de tutela del 1º de febrero de 1999, el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cartagena denegó el amparo solicitado.
Esa providencia fue impugnada ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, el que, mediante fallo de tutela del 11 de febrero de 1999, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, dejó sin efectos las Resoluciones números 2844 del 2 de octubre de 1998 y 0053 del 15 de enero de 1999, dictadas por la Alcaldía Mayor de Cartagena.
En sede de revisión, por providencia T-629 del 30 de agosto de 1999, la Corte Constitucional revocó la decisión del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena y, en su lugar, ordenó “… que se dé estricto cumplimiento a las resoluciones 2844 de 2 de octubre de 1998 y 053 de 15 de enero de 1999 expedidas por el Alcalde Mayor de Cartagena y que se restituya a los poseedores tradicionales la posesión que siempre han tenido sobre el predio ‘Guayepo’, volviendo los hechos a su estado anterior”.
Por diligencia realizada el 19 y el 22 de noviembre de 1999, la Inspección de Policía de Punta Canoa, desconociendo la orden de la Corte Constitucional y las resoluciones de la Alcaldía Mayor de Cartagena, le dejó la posesión del inmueble al señor Raúl Castilla Castilla, aclarando que “… no se le hace entrega material de la posesión del inmueble por venir secuestrada por orden judicial” (dentro de un proceso ejecutivo).
Con ocasión de un incidente de desacato, por proveído del 2 de diciembre de 1999, el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cartagena requirió a la Alcaldía Mayor de Cartagena para que diera estricto cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional.
El señor Castilla Castilla interpuso una demanda de tutela contra el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena. Esa acción fue conocida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena, el que, por sentencia del 24 de enero de 2000, le amparó el derecho fundamental al debido proceso y ordenó a la Alcaldía Mayor de Cartagena y al Juzgado Séptimo Municipal de Cartagena “abstenerse de incurrir nuevamente en las actuaciones que dieron lugar a conceder esta acción de tutela, al tenerse por cumplida la orden impartida por la Honorable Corte Constitucional de acuerdo a las actas de diligencia de entrega fechadas 19 y 22 de noviembre de 1999, realizadas por la Corregidora encargada de Punta Canoa”.
A instancia de la impugnación presentada contra esa decisión, el 6 de marzo de 2000, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena revocó el fallo de tutela de primera instancia y ordenó dar cumplimiento al fallo del 30 de agosto de 1999, proferido por la Corte Constitucional.
El señor Raúl Castilla Castilla interpuso una nueva demanda de tutela contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena. Por fallo de tutela del 13 de abril de 2000, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena tuteló el derecho al debido proceso del mencionado señor. Empero, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil – Familia, mediante providencia del 8 de agosto de 2000, revocó dicha decisión, porque consideró que no se había cumplido el fallo de la Corte Constitucional.
1.2.- Fundamentos jurídicos de la demanda
La parte actora indicó en la demanda (se trascribe de manera literal, con posibles errores incluidos):
“… los hechos descritos evidencian no solamente las actuaciones irregulares de la Inspección del Corregimiento de Punta Canoa, al no haber dado cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en su sentencia del 30 de agosto de 1999, sino que además, ocasionaron a mi poderdante un daño antijurídico, con dichas acciones y omisiones, al despojarlo desde el 4 de septiembre de 1998, en forma arbitraria del uso legítimo de su predio y de la posesión del mismo, sobre el cual se desarrollaban importantes obras y construcciones que quedaron paralizadas por el desalojo y atropello de que fue víctima, con los consiguientes perjuicios sufridos a causa de ello.
“La Inspección de Policía del Corregimiento de Punta Canoa, actuando sin competencia para ello, amparó la posesión sobre el predio ‘GUAYEPO’, en relación con una persona que nunca la había ostentado, resolvió desalojar a mis poderdantes de su predio, paralizando la ejecución de las obras que venían realizando, desde el 4 de septiembre de 1998, no obstante que la Resolución de amparo a la posesión que había decretado se encontraba suspendida en virtud del recurso de apelación que se había interpuesto ante la Alcaldía Mayor de Cartagena, quien a la postre la dejó sin efecto; no acató el fallo de la Corte Constitucional ni de los Tribunales de Cartagena que ordenaban cumplirla, en el sentido de devolver los predios a sus legítimos poseedores tradicionales; expidió la resolución de amparo sin haber permitido que venciera el término para que los interesados formularan sus alegatos, no recibió las declaraciones solicitadas oportunamente, ni resolvió las objeciones formuladas al dictamen pericial y en fin con sus acciones y omisiones mantiene desde la fecha señalada paralizadas las obras que venían desarrollando mis poderdantes, cuyas acciones y omisiones configuran una falla del servicio por parte de dicha autoridad pública, causando con ellas notorios perjuicios materiales y morales de todo orden, por cuyos daños antijurídicos corresponde al Estado responder patrimonialmente…”.
2.- Trámite en primera instancia
2.1.- La admisión de la demanda y su notificación
La demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, el que, por providencia del 12 de octubre de 2000, la admitió. Esa decisión se notificó en debida forma al Distrito de Cartagena de Indias y al Ministerio Público.
2.2.- La contestación de la demanda
El Distrito de Cartagena de Indias se opuso a la prosperidad de las pretensiones y afirmó que las supuestas actuaciones irregulares de la Inspección de Policía del Corregimiento de Punta Canoa fueron corregidas por esa entidad, dentro de los trámites previstos por la ley para ello. Lo consideró en razón de que la entidad, dentro del proceso policivo fundamento de la presente acción de reparación directa, revocó la decisión de primera instancia y estableció que la posesión debía reconocerse a los querellados ahora demandantes.
Señaló que fueron hechos ajenos a la Administración, como la interposición de múltiples demandas de tutela, los que impidieron que se hiciera efectiva la decisión que beneficiaba a las sociedades demandantes.
Agregó que la acción de los jueces de tutela no podía ser imputada a la entidad demandada ni a sus agentes, por cuanto la pérdida de la posesión fue transitoria y su restitución se definió dentro de los procedimientos legales previstos para el efecto. Aclaró que “… el hecho mismo de hacer efectiva dicha recuperación de la posesión por parte de los actores se dilató por la cadena de tutelas y contra-tutelas, ajenas en sus resultados y consecuencias a la voluntad de la administración y por lo que no puede imputarse a ésta falla en el servicio consistente en la recuperación oportuna de la posesión por parte de los demandantes”.
Indicó que no se configuró ninguna falla del servicio imputable a la administración distrital de Cartagena, por cuanto no existió un retardo injustificado, una omisión o una irregularidad dentro del trámite policivo promovido para reclamar la posesión del predio “Guayepo”.
Expuso que ninguna de las sociedades demandantes era titular de licencia de construcción vigente al momento de los hechos, ni tenía autorización o licencia ambiental para el manejo y suministro del servicio de acueducto y aguas residuales, ni tenía disponibilidad plena de servicios públicos. Por tanto, concluyó que era evidente la “irrealidad” de los daños antijurídicos reclamados por la parte demandante, pues las inversiones para el desarrollo del proyecto se hicieron bajo riesgo de los constructores.
Refirió que los estimativos de ventas y pérdidas que se reclamaron en la demanda como consecuencia de la falla del servicio alegada no corresponden a un hecho o parámetro real, pues bien pudieron verse influidos por otros aspectos como la recesión económica que afectó la industria de la construcción en la época de los hechos.
Finalmente, la entidad demandada propuso las siguientes excepciones:
i) “Inexistencia de la obligación de indemnizar”, porque, según su dicho, no existió nexo causal entre la actuación de la administración distrital y el hecho de que las sociedades demandantes no hubiesen recuperado, de manera inmediata, la posesión del predio “Guayepo”.
ii) “Caducidad”, la que se habría configurado porque “… el hecho imputable a la administración y sobre el cual recaería la posible falla en el servicio sucedió el día 30 de junio de 1998, cuando se profiere la resolución que concede el amparo policivo que constituye, en últimas, el hecho que origina la pérdida de la posesión por los demandantes y que configuraría la pretendida falla imputada a la administración”.
iii) “Falta de legitimación por activa”, porque las sociedades demandantes no tenían licencias de construcción ni de urbanismo vigentes a la época de los hechos, es decir, no estaban facultadas para realizar proyectos de construcción y, por ende, no podían alegar la causación del daño imputado al Distrito de Cartagena de Indias.
De otra parte, agregó que las sociedades demandantes no eran propietarias de los predios objeto del proceso policivo y, por ello, no podían verse perjudicadas por las actuaciones adelantadas dentro de tal proceso.
2.3.- La etapa probatoria y los alegatos de conclusión
Mediante auto del 6 de febrero de 2002, el Tribunal a quo abrió a pruebas el proceso. Concluido el período probatorio, por providencia del 27 de noviembre de 2009, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.
La parte actora explicó que, aun cuando desapareció el acto administrativo que ordenó el desalojo, los perjudicados con la acción u omisión de la Administración se encontraban habilitados para ejercer la acción de reparación directa por los perjuicios causados con ese acto y por las actuaciones irregulares y arbitrarias en las que se incurrió.
Resaltó que debía declararse patrimonialmente responsable a la entidad demandada porque se le ocasionó un daño antijurídico “… al amparar ilegalmente la posesión en forma ilegítima del predio ‘Guayepo’ al señor Castilla, quien no había tenido posesión del inmueble y en consecuencia desalojándolos de los terrenos sobre los cuales ejercían su posesión tranquila y despojarlos del uso legítimo de sus predios, lo que dio lugar a la paralización de las obras que venían desarrollando” (trascripción literal).
El Distrito de Cartagena de Indias insistió en que se configuró la excepción de caducidad de la acción porque la última resolución que profirió el amparo policivo se dictó el 30 de junio de 1998. Empero, la demanda se presentó el 28 de agosto de 2000.
Explicó que la parte actora no tenía legitimación en la causa por activa, por cuanto no era titular de alguna licencia de construcción que le permitiera desarrollar un proyecto en el predio objeto de litigio.
Adujo que debía declararse la nulidad de todo lo actuado por falta de jurisdicción, habida cuenta de que el “sustrato del problema jurídico debatido es una decisión judicial” –dictada dentro de un proceso policivo– y, por tanto, no podía ser objeto de control en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Precisó que no existió una falla del servicio por parte de esa alcaldía, pues la misma actuó “… cumpliendo la ley, revocó en segunda instancia las actuaciones y sus consideraciones en derecho fueron aceptadas por la Corte Constitucional. En la actuación de la Administración no ocurrió, por tanto, ninguna omisión, ineficiencia, irregularidad, insuficiencia y ausencia del servicio. Cualquier irregularidad, fue solventada por el fallo de segunda instancia”.
Señaló que se configuró una culpa exclusiva de la víctima por el hecho de invertir considerables sumas de dinero en un predio cuya posesión se encontraba en disputa jurídica. A su juicio, lo anterior demostró que los perjuicios reclamados fueron consecuencia de las malas decisiones de las sociedades.
El Ministerio Público rindió el respectivo concepto en el que señaló que se debía acceder a las pretensiones de la demanda, porque se acreditó que el Distrito de Cartagena – Inspección de Punta Canoa decretó en forma irregular el amparo de la posesión del predio Guayepo a una persona que nunca la había ostentado y, además, porque con ocasión del desalojo ilegal y arbitrario del que fueron víctimas los demandantes, se paralizaron durante varios años la obras que estaban ejecutando, lo que conllevó a la producción de los “daños antijurídicos acreditados a través de los dictámenes periciales obrantes dentro del expediente, los cuales deben ser resarcidos patrimonialmente como lo señala el art. 90 de la C.P.”.
II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 14 de junio de 2012, denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa.
En primer lugar, el a quo señaló que no procedía la declaratoria de nulidad por falta de jurisdicción, en los términos expuestos por la parte demandada, por cuanto las sociedades demandantes no solicitaron el juzgamiento de las decisiones proferidas en un juicio de policía, sino la reparación de los daños antijurídicos que se habrían ocasionado por la falla del servicio en la que se incurrió al ejecutar una orden desalojo que condujo a la paralización del proyecto de construcción que estaban desarrollando, lo que era de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Respecto de la excepción de caducidad de la acción, indicó que el término no se debía contabilizar desde el 30 de junio de 1998 (fecha en la cual se profirió la resolución que concedió el amparo policivo que generó la pérdida de la posesión por parte de las sociedades accionantes), sino desde el 4 de septiembre de 1998 (fecha en que se realizó el desalojo), por ser el momento en que se materializó el daño. Entonces, como la demanda se presentó el 28 de agosto de 1998, el Tribunal a quo concluyó que se hizo en la oportunidad prevista para ello.
De otra parte, adujo que no se analizarían los argumentos expuestos para fundamentar la excepción de falta de legitimación de la parte actora, por cuanto “… es reiterada la jurisprudencia del H. Consejo de Estado según la cual la legitimación material no corresponde ni a una excepción previa ni a una de fondo, en primer término porque no es un presupuesto procesal de la demanda, como tampoco tiene la virtualidad de enervar las pretensiones de fondo”.
Dicho lo anterior, explicó que la falta de legitimación por activa que alega la parte demandante tenía relación con el carácter personal del daño y que esa legitimación surgió del hecho de que las sociedades demandantes demostraron “la posesión” sobre los inmuebles en los que llevaron a cabo, durante varios años, las obras del proyecto Hatogrande Yacht Country Club Cartagena.
Afirmó que la entidad demandada no incurrió en falla del servicio, habida cuenta de que actuó dentro de lo que normalmente se le podía exigir en el cumplimiento de sus obligaciones, dado que, una vez se interpuso el recurso de apelación contra la decisión mediante la cual la Inspectora de Policía de Punta Canoa amparó la posesión del señor Raúl Castilla Castilla, anuló todo lo actuado y ordenó que las cosas volvieran al estado anterior al desalojo.
Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal Administrativo de primera instancia señaló que debían negarse las pretensiones de la demanda, porque no se probó la existencia del daño reclamado y, menos aún, que el mismo fuera cierto y antijurídico.
Refirió que el daño alegado por las sociedades demandantes derivó de una actividad realizada al margen del ordenamiento urbanístico, esto por cuanto, según las pruebas del expediente, no tenían ni la licencia de construcción ni la licencia ambiental que avalaran el adelantamiento de las obras del proyecto Hatogrande Yacht Country Club Cartagena.
En efecto, según el a quo, se demostró que el desalojo que dio origen al daño se materializó el 4 de septiembre de 1998, esto es, cuando ya no se encontraba vigente la Resolución No. 355 de 1994, que otorgó licencia de construcción para dicho proyecto por el término de 1 año, ni la Resolución No. 0133 de 3 de junio de 1993, que le concedió al mencionado proyecto licencia ambiental por 24 meses.
Agregó que no se acreditó “… qué períodos de las obras contaron con licencia o qué obras fueron las desarrolladas con la debida autorización, pues se desconoce inclusive la fecha del inicio de los trabajos, lo que impide precisar qué parte del proyecto obedeció a una actuación urbanística debidamente licenciada; y de contera, identificar con certeza el daño cuya reparación se demanda”.
El Tribunal Administrativo de primera instancia concluyó que no se cumplieron los presupuestos necesarios para indemnizar a la parte actora por el daño alegado, pues este se produjo como consecuencia de la negligencia y de la ilegalidad de su proceder al construir sin licencia vigente.
Por último, el a quo hizo notar que, según la propia declaración de las sociedades actoras, estas iniciaron la ejecución del proyecto urbanístico sin la licencia requerida y a sabiendas de que el 17 junio de 1993 el señor Raúl Castilla Castilla promovió una querella policiva para reclamar la posesión del predio en el que se construía ese proyecto, lo que, a su juicio, “… debió ser valorado a efectos de decidir de manera prudente, continuar con el proyecto en esas condiciones – hasta tanto la situación del dominio del predio fuera clara, lo que debía definir la justicia ordinaria…”.
III. EL RECURSO DE APELACIÓN
1.- El recurso de la parte demandante
Las sociedades demandantes formularon dos cargos en el recurso de apelación. El primero, denominado “falta de apreciación de los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual cuya demostración en el subexamine son evidentes” y, el segundo, la “… equivocada calificación sobre la legalidad del proyecto por errada valoración de las licencias otorgadas al mismo y los procedimientos sancionatorios en materia de urbanismo”.
Para fundamentar el primer cargo, la parte apelante aclaró que no pretendía que se le hiciera un control de legalidad a la Resolución del 30 de junio de 1998, mediante la cual la Inspectora del Corregimiento de Punta Canoa ordenó la entrega del predio “Guayepo” al señor Raúl Castilla Castilla, sino que se le indemnizara porque, el 4 de septiembre de 1998, esa funcionaria distrital entregó el predio al mencionado señor, “provocando la parálisis y deterioro de las obras, lo cual se tradujo en ingentes perjuicios para los demandantes”.
Dicho lo anterior, señaló que el testimonio de los señores Luis Enrique Emiliani y Antonio Pedro Claver Lozano, el acta de la diligencia realizada el 4 de septiembre de 1998, el material fotográfico que hacía parte del dictamen pericial que hablaba sobre el montaje del proyecto, la experticia rendida por el ingeniero Rafael Enrique Ceballos Calvo, los contratos suscritos para la ejecución del proyecto Hatogrande y la inspección judicial realizada el 4 de julio de 2002 demostraban la existencia del daño por el que se reclamó, esto es, la suspensión de la ejecución del proyecto turístico y recreacional Hatogrande Yatcht Country Club Cartagena.
Además, según su dicho, se acreditó que ese daño fue antijurídico, habida cuenta de que se causó por el proceder irregular de la Inspección de Policía de Punta Canoa, esto es, de una autoridad pública que cumplía funciones administrativas y judiciales plasmadas en la ley.
Aclaró que, al diferenciar la conducta de la Inspectora de Policía de Punta Canoa y la de su superior jerárquico, el a quo estableció, equivocadamente, “… que el actuar correcto del nivel superior de la Administración Distrital releva de responsabilidad a la entidad pública territorial, dejando en el ámbito personal de la Inspectora la responsabilidad por las acciones y omisiones a través de las cuales causó tan protuberante daño a mis representadas en este proceso”.
Explicó que en la sentencia de primera instancia se desconoció el material probatorio que evidenciaba la falla en el servicio en la que incurrió la Inspección de Policía de Punta Canoa, puntualmente, las resoluciones números 2844 del 2 de octubre de 1998 y 0053 del 15 enero de 1999, mediante las cuales la Alcaldía Distrital de Cartagena revocó la decisión adoptada por esa inspección y la sentencia de tutela T-629 del 30 de agosto de 1999, en la cual la Corte Constitucional corroboró lo expresado por la administración distrital.
Refirió la parte apelante que si se hubieran tenido en cuenta dichas pruebas, “… seguramente hubiera imputado el daño a la entidad territorial demandada, toda vez que el actuar de la Inspectora de Policía encuadra perfectamente en el título de FALLA DEL SERVICIO PROBADA imputable con base en el art. 90 Constitucional y la sent. C-333 de 1996 al Distrito de Cartagena”.
Frente al segundo cargo, esto es, la equivocada calificación sobre la legalidad del proyecto por errada valoración de las licencias y los procedimientos sancionatorios en materia de urbanismo, las sociedades demandantes expusieron que, para el 4 de septiembre de 1998, es decir, para la fecha del desalojo, ya se habían construido las dos torres que constituían la primera etapa del proyecto y que lo que estaba en ejecución en ese momento eran las obras de acabado o complementarias como el club social donde funcionarían las canchas de golf.
Manifestó que esas obras fueron realizadas en vigencia de la licencia de construcción otorgada mediante Resolución 353 del 28 de diciembre de 1994, por la Alcaldía Menor de la zona norte. Señaló que, aunque se aceptara que para la fecha del desalojo se encontraba vencida dicha licencia, ello no podía ser razón suficiente para desconocer la existencia del daño, pues “… lo máximo que en hipótesis podía darse, serían unas prórrogas de la licencia de construcción, dada la inversión realizada”.
Agregó que no podía considerarse que los dueños del proyecto estaban actuando de manera irregular por adelantar obras sin las correspondientes licencias de construcción, por cuanto no se acreditó que fueron objeto de las sanciones urbanísticas de que trata la Ley 9 de 1989.
Sostuvo (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):
“… no puede predicarse que los actores estaban en una situación ilegítima. Por ello cuando se pone de presente este supuesto en la sentencia, para hacer derivar del mismo consecuencias adversas para los intereses y derechos de los actores, por una situación ajena y adventicia, como fue el desalojarlos de sus predios y privarlos de la explotación del proyecto urbanístico HATOGRANDE, a través de una vía de hecho perpetrada por una autoridad diferente al alcalde (y por motivos también diferentes en los que hubo en demasía violaciones de competencias y del debido proceso); se incurre por el fallador en violación de las normas que acabamos de citar, así como del art. 29 de la C.N.”.
Advirtió que no existían pruebas en el expediente que acreditaran que las obras del proyecto urbanístico Hatogrande Yacht Country Club Cartagena se hubiese paralizado por la falta de las licencias de construcción. Por tanto, a juicio de la parte actora, no podría afirmarse que las sociedades actoras estaban obligadas a soportar el daño causado.
2.- Trámite en segunda instancia
El recurso presentado en los términos expuestos fue admitido por auto calendado el 28 de septiembre de 2012. Posteriormente, mediante providencia del 6 de noviembre de 2012, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.
3.- Los alegatos de conclusión
3.1.- La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación para fundamentar los dos cargos formulados contra la sentencia de primera instancia, esto es, la “falta de apreciación de los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual cuya demostración en el subexamine son evidentes” y la “… equivocada calificación sobre la legalidad del proyecto por errada valoración de las licencias otorgadas al mismo y los procedimientos sancionatorios en materia de urbanismo”.
3.2.- El Distrito de Cartagena de Indias expuso que su actuación se ajustó a derecho y que el retraso en la entrega del bien no se debió a una omisión de esa entidad, sino a las múltiples demandas de tutela promovidas por los interesados en obtener la posesión del predio.
Por otra parte, adujo que el demandante no acreditó las supuestas pérdidas generadas por la suspensión de la obra y que, por el contrario, se probó que la actuación de la Administración no fue la conditio sine qua non de esos perjuicios. Aclaró que si el retraso en la entrega del predio generó los perjuicios reclamados, era la Rama Judicial la que debía responder por ellos.
Alegó que “… los perjuicios señalados por el actor no son más que consecuencias de la dinámica de la economía que afectó a todos los colombianos y no una directa consecuencia de la actuación de autoridad administrativa alguna”. En efecto, señaló que la época en la que supuestamente las sociedades actoras habrían sufrido las pérdidas reclamadas como perjuicios coincidió con el período de crisis del sector inmobiliario y económico que conllevó a que, mediante el Decreto 2330 de 1998, se declarara la emergencia económica y social.
Además, dijo que el hecho de invertir considerables sumas de dinero en un predio cuya posesión estaba en disputa jurídica evidenciaba que los perjuicios fueron producto de las malas decisiones de los dueños del proyecto, la toma de riesgos indebidos y el desconocimiento de la obligación de información, que era una de las cargas contractuales del demandante. En otras palabras, que se configuró la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.
Mencionó que no existió relación de causalidad entre los hechos dañosos y los perjuicios reclamados por las sociedades demandantes. Agregó (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):
“La verdadera causa se encuentra en la actuación judicial. Esto se puede analizar desde dos supuestos: 1) la actuación de la Alcaldía de Cartagena no es la conditio sine qua non: si intelectualmente eliminamos la actuación de la Alcaldía, vemos que el elemento que generó el daño es la actuación de los jueces de tutela y el juez que ordenó el embargo; como los factores que generaron el daño antijurídico. Desde esta teoría, todos los daños son imputables a la autoridad judicial. 2) desde la visión de causalidad adecuada, se observa que según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio (en caso de que la Actuación Distrital tenga alguna relevancia). Bajo este supuesto se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haber producido; es decir, el elemento relevante es la actuación de los funcionarios judiciales”.
La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.
IV. CONSIDERACIONES
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 14 de junio de 2012, que denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa.
1.- Cuestión previa
La Sala considera pertinente aclarar que es cierto que la falla que se le imputa a la entidad demandada se habría materializado en un proceso policivo de amparo posesorio, proceso de naturaleza jurisdiccional, que según lo establecido en el artículo 82 del C.C.A. no puede ser controvertido ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Sin embargo, no puede desconocerse que la parte actora no está controvirtiendo las decisiones adoptadas dentro del proceso policivo sino la reparación del daño que se le habría causado con ocasión del cumplimiento de una providencia dictada dentro de ese proceso, entendido como la suspensión del proyecto Hatogrande Yacht Club Cartagena.
Siendo así, la Subsección estima que es procedente pronunciarse de fondo dentro de la presente acción de reparación directa.
2.- Presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa en el caso sub examine
2.1.- Competencia
Esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 132 numeral 6 del C.C.A., subrogados por los artículos 37 y 40 de la Ley 446 de 1998, respectivamente, dado que la cuantía del proceso excede de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2000, pues las pretensiones ascienden a la suma de $5.000’000.000.
2.2.- Legitimación en la causa
La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.
A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.
Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.
2.2.1.- Legitimación en la causa de los demandantes
Las sociedades Hatogrande Yacht Country Club Cartagena Ltda., Inversiones G.B.S. Ltda. y Alianza Fiduciaria S.A. corresponden a las demandantes en este asunto, en cuanto fueron las que promovieron el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.
En cuanto a la legitimación material, encuentra la Sala que mediante escritura pública No. 7254 del 27 de noviembre de 1995 la sociedad Inversiones G.B.S. Ltda. (fideicomitente), Hatogrande Yacht Country Club Cartagena Ltda (promotora) y Alianza Fiduciaria S.A. celebraron contrato de fiducia mercantil. Como objeto del contrato se pactó (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):
“El objeto del presente contrato consiste en que ALIANZA mantenga la titularidad de los predios fideicomitidos, ejerza las acciones y derechos derivados de tal calidad, exclusivamente de la manera y en la oportunidad que lo señale LA PROMOTORA y permita la construcción de las torres de apartamentos hoteleros y de un club que se denominará HATOGRANDE YACHT COUNTRY CLUB CARTAGENA, con los recursos que provean los futuros compradores de las unidades y acciones…”.
Asimismo, se tiene que, con ocasión de un proceso policivo promovido por el señor Raúl Castilla Castilla, en “diligencia de restitución” practicada el 4 de septiembre de 1998, la Inspección de Policía de Punta Canoa entregó al mencionado señor el lote en el que se estaba construyendo el proyecto denominado Hatogrande Yacht Country Club Cartagena, entre otros, y, por tanto, la obra tuvo que ser suspendida.
Así las cosas, la Subsección estima que a las sociedades Hatogrande Yacht Country Club Cartagena Ltda., Inversiones G.B.S. Ltda. y Alianza Fiduciaria S.A. les asiste legitimación en la causa para acudir ante esta Jurisdicción.
2.2.2.- Legitimación en la causa de la entidad demandada
En el caso bajo estudio, las acciones y omisiones invocadas a título de causa petendi permiten concluir que el Distrito de Cartagena de Indias se encuentra legitimado en la causa por pasiva de hecho, pues de lo narrado en la demanda se desprende que es a dicha entidad a la que se le imputa el daño objeto de la controversia.
En relación con la legitimación material del Distrito de Cartagena, se aclara que esta, por determinar el sentido de la sentencia –denegatoria o condenatoria–, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita establecer si existió o no una participación efectiva de esa entidad en la producción del daño antijurídico alegado por la parte actora.
2.3.- El ejercicio oportuno de la acción
El artículo 136 – 8 del Código Contencioso Administrativo consagraba un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho que da lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la acción de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.
En el caso que se examina, las sociedades demandantes alegan que el daño que se les habría causado consistió en el desalojó del que fueron víctimas y la “… consiguiente suspensión de las obras que venían ejecutando sobre dichos predios…”.
Siendo así, para la Sala el término de caducidad de la acción debe contabilizarse desde la fecha en que la inspección de policía de Punta Canoa procedió a “sacar a los perturbadores por intermedio de la fuerza pública” y entregó el predio al señor Raúl Castilla Castilla, lo que, según acta de “diligencia de restitución” ocurrió el 4 de septiembre de 1998.
Entonces, el término de caducidad de la acción de reparación directa inició su cómputo el 5 de septiembre de 1998 y venció el 5 de septiembre de 2000. Como la demanda se presentó el 28 de agosto de 2000, debe concluirse que ello se hizo dentro del término de dos años que consagraba la norma para el ejercicio oportuno de esa acción.
3.- Lo probado en el proceso
De conformidad con el acervo probatorio allegado en debida forma al proceso, se tienen probados los siguientes hechos:
3.1.- Del proyecto Hatogrande Yacht Contry Club Cartagena
Por Resolución No. 355 de 1994, la Alcaldía de Cartagena concedió “… licencia definitiva de construcción a la Sociedad Inversiones G.B.S. Ltda. para llevar a cabo el proyecto denominado HATOGRANDE YACHT COUNTRY CLUB, en los lotes que son de su propiedad, señalados en los planos aportados al proyecto e identificados en las escrituras públicas Nos. 1022, 580, 1154, 0770, 3878, 3872 y 394 otorgadas ante la Notaría Treinta de Bogotá, debidamente registradas en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena (…) el término de la vigencia de esta licencia es de un (1) año a partir de la ejecutoria de esta Resolución”.
Mediante Resolución 0133 del 3 de junio de 1994, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente –Inderena Regional Bolívar– otorgó “licencia ambiental y permiso de instalación para la construcción del proyecto turístico HATOGRANDE YACHT Y COUNTRY CLUB CARTAGENA…”, con una vigencia de 24 meses, contados a partir de la notificación de la resolución.
Por Resolución No. 0001 del 4 de enero de 1996, la Dirección General Marítima resolvió “otorgar en concesión a la firma ‘Inversiones G.B.S. Ltda’, un área de terreno de uso público (playa) -430.755 metros cuadrados- de propiedad de la Nación -155.000 metros cuadrados-, en total 585. 755 metros cuadrados, para la construcción de unas obras con las características, condiciones, medidas y linderos consignados en la parte considerativa de la presente resolución , localizado en la zona norte de Cartagena, dentro de la subzona comprendida entre las poblaciones de Manzanillo del mar y Punta Canoa, en la jurisdicción de la Capitanía del Puerto de Cartagena”. Dicha concesión se dio por un término de 20 años.
Asimismo, mediante Resolución No. 0514 del 9 de agosto de 1996, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –Cardique– aprobó “… el plan de manejo ambiental presentado por el señor (…), como representante legal de Inversiones G.B.S., para el funcionamiento de una planta de concreto de propiedad de la firma PREMEZCLADOS S.A. ubicada en inmediaciones del proyecto turístico y recreacional Hatogrande, localizado en el municipio de Cartagena, anillo vial a 12 kilómetros del aeropuerto, entre las poblaciones de Punta Canoa y Manzanillo del mar”.
De otra parte, en el cuaderno de pruebas No. 4 obran copias de los contratos celebrados por Hatogrande Yacht Country Club Cartagena para el adelantamiento del proyecto con el mismo nombre, tales como, “contrato de cimentación, estructura en concreto reforzado, obra negra y acabados de los edificios torres uno (1) y dos (2) del complejo turístico Hatogrande Yacht Country Club Cartagena” suscrito el 8 de noviembre de 1995, “contrato de pilotaje” del edificio 6 suscrito el 20 de agosto de 1996, “contrato de suministro e instalación de cielo raso en dry wall” del 25 de diciembre de 1997, “contrato de impermeabilización para la obra torres una y dos de Hatogrande Yacht Country Club Cartagena” suscrito el 11 de octubre de 1996, “contrato de suministro” del 24 de julio de 1996, “contrato de diseño y dirección” suscrito el 23 de febrero de 1995, “contrato de suministro de piezas de manera y muebles de cocina terminados” del 9 de abril de 1997, “contrato de estuco y pintura para la obra torres uno y dos de Hatogrande Yacht Country Club Cartagena” del 12 de diciembre de 1996, contrato de compraventa de 24 ascensores suscrito el 30 de diciembre de 1994, entre otros.
Así mismo, obra la “promesa de compraventa” del apartamento hotelero distinguido con el numero CIENTO CUATRO (104) DE LA TORRE UNO (1)”, suscrito entre la sociedad Hatogrande Yacht Country Club Cartagena (vendedor) y los señores José Gabriel Cano Hernández y Clara Inés Jiménez Rodríguez (compradores).
3.2.- Del proceso policivo
El 17 de junio de 1993, el señor Raúl Castilla Castilla “… solicitó ‘recurso de amparo policivo’ contra desconocidos que ocupaban unos terrenos de su propiedad en razón a que mediante sentencia del Tribunal Superior del D.J. de Cartagena, de fecha 11 de junio de 1990 se le habían adjudicado 500 hectáreas, impidiéndole el goce y uso pacífico que como legítimo dueño tenía sobre propiedad”.
Por Resolución No. 011 del 20 de enero de 1994, la corregidora de la Boquilla otorgó el amparo policivo pretendido por el señor Castilla Castilla, pero esta decisión se dejó sin efectos por fallo de tutela del 12 de septiembre de 1996, proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena.
Posteriormente, por escrito del 24 de noviembre de 1997, el señor Raúl Castilla Castilla, por conducto de apoderado judicial, corrigió la querella promovida el 17 de junio de 1993, en el sentido de reclamar “AMPARO POR PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN en contra de (…) para que previo los trámites del proceso de policía se ordene a los perturbadores, poner fin a la actuación impropia y extralegal con la cual se ha visto gravemente amenazado el querellante”.
El 13 de febrero de 1998, se inició la “diligencia de inspección ocular con intervención de peritos”. Esa diligencia continuó el 27 del mismo mes y año y finalizó el 2 de marzo de 1998.
El 6 de mayo de 1998, la Corregidora de Punta Canoa “concedió el amparo a la posesión solicitado por Raúl Castilla y ordenó a los querellados [que] se abstuvieran de seguir perturbando la posesión ejercida por el querellante sobre el inmueble, imponiéndoles la obligación de permitirle a aquel la entrada y salida del predio”. Decisión que también se dejó sin efecto por un fallo de tutela.
Una vez se retomó el trámite policivo, la Inspección de Policía del Corregimiento de Punta Canoa, mediante decisión del 30 de junio de 1998, “concedió el amparo a la posesión solicitado por el querellante dentro del proceso de la referencia”, esto es, “la querella policiva por perturbación a la posesión instaurada por el señor Raúl Castilla contra Camilo Caviedes y otros e indeterminados”.
El 2 de julio de 1998, la corregidora de Punta Canoa “se dirigió a los terrenos situados en esta jurisdicción con el fin de proceder al desalojo de sus ocupantes, los querellados, lo que motivó que ese mismo día aquellos acudieran en ejercicio de la acción de tutela, correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Octavo Civil del Circuito, quien ordenó de inmediato la suspensión del pretendido desalojo hasta que se resolviera la tutela”.
Por fallo de tutela del 14 de julio de 1998, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena decretó la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso policivo y ordenó volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la diligencia del 2 de julio de 1998.
Mediante sentencia del 21 de agosto de 1998, el Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil – Familia revocó el fallo del 14 de julio de 1998, denegó el amparo solicitado y dejó sin efecto la “suspensión provisional de la Resolución de 30 de junio del presente año”. Por auto del 31 de agosto de 1998, esa corporación adicionó la sentencia del 21 de agosto de 1998, en el sentido de indicar que se debían “… restituir las cosas al estado en que se hallaban antes del cumplimiento del fallo de tutela de 14 de julio de 1998…”.
En observancia de lo resuelto por el Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil – Familia, el 4 de septiembre de 1998, se realizó la “diligencia de restitución” y en el acta respectiva se consignó (se trascribe con posibles errores incluidos):
“(…) ya dentro del predio del hotel Dann se procede a la respectiva restitución se procede a sacar a los perturbadores por intermedio de la fuerza pública. Se procedió entonces en compañía del señor perito Bernarda Galarza en este inventario ocular se constató que existen 2 torres, un almacén con un stop de tejas tipo españolas, toletes vitrificados tabletas de treinta x 30 un tractor de color azul marca Ford estas torres se encuentran cercadas en zinc en vista a la oposición de los señores abogados procedimos a entrar por parte del cerramiento cabe anotar que los apartamentos están en acabados esto es todo lo que se encuentra a la vista así concluye la inspección hecha sobre el Dann. Se deja un hombre cuidando por lo que se dejó en la obra del hotel Dann (hatogrande)”.
A instancias del recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 30 de junio de 1998, mediante Resolución No. 2844 del 23 de octubre de 1998, la Alcaldía Mayor de Cartagena resolvió: i) declarar nula la acción de “restablecimiento del derecho de posesión y tramitada como de amparo a la posesión, en razón a que la autoridad de policía carece de jurisdicción para dirimir lo pedido”; ii) rechazar la petición formulada el 17 de junio de 1993 por el señor Raúl Castilla Castilla y dejarlo “en libertad de acudir ante la jurisdicción ordinaria para que le dirima sus pretensiones”. En esa decisión se expuso (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):
“Enfrentando estos hechos con las disposiciones del Código Nacional de Policía, se observa que lo pedido por Raúl Castilla Castilla no era susceptible de ser conocido por la autoridad policiva en razón a que dicho quejoso jamás tuvo la posesión material del bien perseguido y mal podría obtener policivamente una entrega cuando ni era poseedor del predio para que se le amparara esa posesión, ni tampoco podía solicitar la restitución de esos terrenos en razón a que como no era tenedor material del inmueble, no se podía acreditar una pérdida de esa tenencia material para que por medio del trámite del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho se desalojara a los presuntos invasores.
“(…).
“En el pedimento de Raúl Casilla no se puede tramitar ni como amparo a la posesión porque nunca ha tenido materialmente el bien para que se le proteja; ni mucho menos como lanzamiento por ocupación de hecho ya que si no se tenía materialmente el bien no se podía acreditar la pérdida de la tenencia material. Lo anterior nos da como resultado que policivamente no existe ningún procedimiento para que la autoridad de policía pueda acceder a las suplicas del quejoso ya que definitivamente el pedimento de aquel debe ser resuelto únicamente por el juez” .
Con ocasión de una solicitud de aclaración del señor Castilla Castilla, la Alcaldía Mayor de Cartagena dictó la Resolución No. 0053 del 15 de enero de 1999. En ese acto administrativo se denegó dicha solicitud pero se aclaró que la Resolución 28844 de 1998 en el sentido de indicar: “En firme este proveído remítase las diligencias a la corregidora de Punta Canoa para su cumplimiento, es decir que vuelva las cosas al estado en que se encontraban antes de practicar el desalojo, el día 2 de julio de 1998, esto es, restituyendo la posesión del inmueble objeto del proceso a quienes lo ostentaban materialmente”.
El señor Raúl Castilla Castilla interpuso una demanda de tutela con el fin de que ampararan los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa y se dejaran sin efectos las resoluciones 2844 del 2 de octubre de 1998 y 0053 del 15 de enero de 1999.
Por fallo de tutela del 1 de febrero de 1999, el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cartagena de Indias negó el amparo solicitado, al considerar que no existió la vulneración alegada.
Por sentencia del 11 de febrero de 1999, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena revocó la anterior decisión, amparó el derecho fundamental al debido proceso del señor Raúl Castilla Castilla, dejó sin efectos las resoluciones números 2488 del 2 de octubre de 1998 y 0053 del 15 de enero de 1999 y dispuso que quedaba vigente la decisión del 30 de junio de 1998, expedida por la corregidora de Punta Canoa.
En sede de revisión, la Corte Constitucional, en sentencia T-629 del 30 de agosto de 1999, revocó el fallo del 11 de febrero de 1999, proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena y ordenó “… que se dé estricto cumplimiento a lo ordenado en las Resoluciones 2844 de octubre de 1998 y 0053 de febrero de 1999, expedidas por el Alcalde Mayor de Cartagena y que se restituya a los poseedores tradicionales la posesión que siempre han tenido sobre el predio ‘Guayepo’, volviendo los hechos a su estado anterior”. Como fundamento de esa decisión, se señaló (se trascribe de manera literal, con posibles errores incluidos):
“Para conceder la protección policiva solicitada por el interesado era entonces necesario que se demostrara la posesión que éste venía ejerciendo sobre el predio objeto del litigio, circunstancia que, de conformidad con el material probatorio allegado al expediente, no se pudo establecer, pues, por el contrario, se afirma que el peticionario nunca tuvo ni ha tenido la posesión sobre el citado inmueble, lo que hacía improcedente el amparo concedido por la Inspectora de Punta Canoa mediante la providencia del 30 de junio de 1998. En estas circunstancias, la vía judicial pertinente no era otra que el proceso civil ordinario, que habría permitido al interesado reivindicar la propiedad del predio, si fuere del caso, lo cual elimina una posible violación del debido proceso por parte del Alcalde de Cartagena, pues éste, al expedir las resoluciones acusadas, dictaminó la nulidad de lo hasta allí actuado, por falta de jurisdicción de la Corregidora para dirimir el conflicto”.
Los días 19 y 22 de noviembre de 1999 se entregó el predio “Guayepo” al secuestre de ese bien. En la diligencia respectiva se expuso (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):
“… como debo darle estricto cumplimiento a las órdenes y resoluciones relacionadas en la diligencia y encontrándose en posesión del predio a quien tradicionalmente ha ejercido la posesión del mismo se deja en él al señor RAÚL CASTILLA CASTILLA, por medio de su apoderado, pero no se le hace entrega material de la posesión del inmueble por venir secuestrada por orden judicial que también se ha tenido a la vista, aclarando que según se dice en la diligencia de secuestro por parte del Juzgado Sexto Civil de la ciudad lo secuestrado no es la propiedad del inmueble Guayepo sino la posesión por ello y como atrás se dijo, para el debido cumplimiento de la orden de restitución nada interesa que la propiedad se encuentre registrada o cancelada en la Oficina de Registro…”.
Con ocasión de un incidente de desacato, mediante Decreto 0690 del 26 de noviembre de 1999, la Alcaldía Mayor de Cartagena comisionó al Inspector de Policía Urbana No. 18 para que “lleve a cabo la diligencia de entrega en terrenos ubicados en el corregimiento de Punta Canoa, acatando el fallo de la Corte Constitucional T- 629 de 1999”.
El señor Raúl Castilla Castilla promovió una acción de tutela contra la Alcaldía Mayor de Cartagena y el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cartagena –despacho judicial que tramitó el incidente de desacato–, al considerar que le vulneraron el derecho fundamental al debido proceso por no “… darle trámite al incidente de desacato conforme a las normas procedimentales civiles aplicables al caso de estudio”.
Mediante fallo de tutela del 24 de enero de 2000, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena amparó los derechos fundamentales del señor Castilla Castilla y ordenó a la Alcaldía Mayor de Cartagena y al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cartagena “abstenerse de incurrir nuevamente en las actuaciones que dieron lugar a conceder esta acción de tutela, al tenerse por cumplida la orden impartida por la Honorable Corte Constitucional de acuerdo a las actas de diligencia de entrega fechadas 19 y 22 de noviembre de 1999, realizadas por la corregidora encargada de Punta Canoa”.
A instancias del recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión, por sentencia del 6 de marzo de 2000, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, dispuso que se diera estricto cumplimiento a la sentencia T-629/99. En esa providencia se indicó (se trascribe de manera literal, con posibles errores incluidos):
“… como quiera que la Alcaldía Mayor de Cartagena en la Resolución No. 0053 de 1999, en la que aclara el numeral 4 de la 2844 de 1998, dispuso que ‘vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de practicar el desalojo el día 2 de julio de 1998’, esto es, restituyendo la posesión del inmueble objeto del proceso a quienes lo ostentaban materialmente’, es fácil entender que el mentado inmueble debe ser entregado no al señor CASTILLA CASTILLA, sino a quienes detentaban materialmente la posesión del predio para cuando se inició el proceso policivo declarado nulo.
“Siendo ello así, se desprende de modo incontrovertible que todavía no se ha dado cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en la citada sentencia, pues la Corregidora de Policía en la diligencia efectuada los días 19 y 22 de noviembre de 1999, no se ciñó a las directrices señaladas por ese alto tribunal”.
Según se manifestó en la demanda y se reconoció en la contestación de la misma, el señor Raúl Castilla promovió una nueva acción de tutela contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
Mediante fallo del 13 de abril de 2000 el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena concedió el amparo solicitado. Sin embargo, esa decisión fue revocada el 30 de agosto de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil – Familia.
El 4 de julio de 2002, el Tribunal Administrativo de Bolívar practicó diligencia de inspección judicial. En el acta respectiva se consignó (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):
“Estando en el lugar se encuentran dos torres, las que están empañetadas. Cada torre tiene seis pisos, las torres se encuentran en estado de deterioro. Se observa que en la parte superior están cubiertas por tejas que se encuentran en mal estado. En toda la construcción se observan las tuberías de sistema sanitario, así como las del sistema eléctrico. Al interior de los edificios se encuentran diferentes apartamentos, algunos de los cuales tienen baldosas, los ductos de aire acondicionado central, las instalaciones eléctricas y en las áreas comunes puede observarse instaladas las estructuras de los ascensores, ambos edificios tienen instaladas las ventanería con marcos de aluminio y sus respectivos vidrios. Aparte de las torres, se observan dos piscinas, sin terminar, una grande y otra pequeña; seis casetas donde una de las cuales protege la subestación eléctrica, y otras que parecen ser áreas de labores. En otro lugar se encuentra arrumados blocks y tejas”.
4.- Análisis de responsabilidad en el caso concreto
La Subsección procederá a realizar un análisis sobre la existencia de los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado –el daño y la imputación fáctica y jurídica–, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, de acuerdo con los argumentos planteados en el recurso de apelación.
4.1.- El daño
La parte actora indicó que la actuación de las entidades demandadas “… ocasionaron a mi poderdante un daño antijurídico, con dichas acciones y omisiones, al despojarlo desde el 4 de septiembre de 1998, en forma arbitraria del uso legítimo de su predio y de la posesión del mismo, sobre el cual se desarrollaban importantes obras y construcciones que quedaron paralizadas por el desalojo y atropello de que fie víctima…”.
En otras palabras, para la parte actora el daño consistió en la frustración o fracaso del proyecto turístico y recreacional Hatogrande Yacht Country Club Cartagena, lo que generó la pérdida de la inversión en el lote del proyecto, la frustración en las ventas de los apartamentos hoteleros, la pérdida en la inversión en mercadeo, promoción y ventas, el deterioro de la obra por estar abandonada, el hurto de los materiales de obra y el “perjuicio causado al nombre e imagen de las compañías del grupo Dann”.
Como fuente del referido daño, en síntesis, se expuso que la entidad demandada incurrió en una falla del servicio, porque la Inspección de Policía de Punta Canoa, sin tener competencia para ello, amparó la posesión que alegaba el señor Raúl Castilla Castilla sobre el predio Guayepo y ordenó la restitución del mismo al mencionado señor, lo que trajo como consecuencia la suspensión de la obra adelantada por las demandantes.
Respecto del daño, esta Subsección ha precisado:
“El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de responsabilidad del Estado. El avance significativo del sistema implementado, basado en la noción de lesión, fue haber reivindicado el daño –y por consiguiente a la víctima– y su función en la institución de la responsabilidad.
“En efecto, el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito se convirtió en el eje central de la obligación resarcitoria y, por ende, tanto la atribución como la fundamentación normativa o jurídica del deber de reparar quedaron concentrados o desleídos en un nuevo elemento que es la imputación.
“En otros términos, el análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen jurídico aplicable sino con la verificación de la existencia del daño o nocimiento, entendido como la alteración negativa a un interés protegido.
“Ahora, si bien el daño surge como un fenómeno físico o material (v.gr. la lesión, la muerte, la destrucción, la retención, entre otros), lo cierto es que su contenido es eminentemente deontológico y normativo, toda vez que no toda alteración del mundo exterior –en términos Hegelianos– puede ser considerada daño en sentido jurídico o normativo.
“En efecto, solo será daño resarcible la afectación o lesión que, en primer lugar, recaiga o afecte un interés lícito o no contrario a derecho y, en segunda medida, que sea antijurídica, esto es, que el ordenamiento jurídico no imponga el deber de soportarla en términos resarcitorios.
“De modo que es la propia ley –en sentido material– la encargada de definir o establecer qué situaciones son y deben ser toleradas por los ciudadanos, de manera que, aunque supongan una afectación o restricción a un derecho o interés legítimo y lícito, no sean reparables por ser jurídicas (v.gr. el servicio militar obligatorio, el pago de impuestos, el decomiso y destrucción de mercancías de contrabando, entre otros).
“En este punto, la labor del juez cobra vital importancia, porque será el encargado de verificar si el daño ostenta la condición de antijurídico, para lo cual establecerá que el ordenamiento jurídico no le imponga la obligación a la víctima de soportar esa carga.
“4.4. Además de lo anterior, el daño antijurídico, a efectos de que sea resarcible o indemnizable, requiere la constatación de los siguientes elementos: i) certeza, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente –que no se limite a una mera conjetura, hipótesis o eventualidad–, ii) personal, esto es, que sea padecido por quien lo alega, en tanto haga parte de su patrimonio material o inmaterial, bien por la vía directa o hereditaria, iii) lícito, de modo que no recaiga sobre un bien o cosa no amparada por el ordenamiento jurídico, y iv) persistente, en tanto no haya sido previamente reparado por otras vías (v.gr. el seguro de daños)”.
En atención de lo anterior, la Sala procederá a verificar si se cumplen los presupuestos de existencia del daño, esto es: i) que la afectación sea cierta, concreta y determinada; ii) que recaiga sobre un derecho subjetivo o un interés legítimo (patrimonial o extrapatrimonial) del cual sea titular la víctima, es decir, que se trate de un bien jurídicamente protegido y iii) que sea personal.
4.1.- De la afectación cierta, concreta y determinada
A juicio de la Subsección, se cumple este presupuesto, habida cuenta de que las pruebas aportadas al proceso evidencian que el proyecto Hatogrande Yacht Country Club Cartagena no se ejecutó.
En el proceso, obra acta de la “diligencia de restitución” –trascrita en lo pertinente con anterioridad–, en la que consta que el predio en el que se desarrollaba la obra, en el que existían “… 2 torres, un almacén con un stop de tejas tipo españolas, toletes vitrificados tabletas de treinta x 30 un tractor de color azul marca Ford…” fue desalojado el 4 de septiembre de 1998 y que se dejó “un hombre cuidando por lo que se dejó en la obra del hotel Dann (hatogrande)”.
Lo anterior se corrobora con el testimonio del señor Luis Henríquez Emiliani -quien manifestó ser el director de ese proyecto- y que señaló (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):
“El día 4 de septiembre del año 1998, se presentó el Inspector de Punta Canoa, con una comisión de policías a causar el desalojo total de la obra, a raíz, tenía entendido de una situación que existía sobre los predios ocupados por esas empresas en la realización de este proyecto que comprendía la construcción inicial en su primera etapa de dos torres de apartamentos de 80 unidades cada una, cancha de tenis, campo de golf, club social con piscina, que conformaban este proyecto turístico recreacional la fuerza pública autorizada por el señor Inspector en forma abrupta, penetró al proyecto ordenando la suspensión y como dije antes el desalojo de las personas que nos encontrábamos en ella…”.
Asimismo, se tiene que en la inspección judicial realizada el 4 de julio de 2002 se constató que “… en el lugar se encuentran dos torres, las que están empañetadas. Cada torre tiene seis pisos, las torres se encuentran en estado de deterioro. (…) Aparte de las torres, se observan dos piscinas, sin terminar, una grande y otra pequeña; seis casetas donde una de las cuales protege la subestación eléctrica, y otras que parecen ser áreas de labores. En otro lugar se encuentra arrumados blocks y tejas”.
Conviene mencionar que, no se demostró dentro del proceso que el proyecto por el cual reclama la parte actora, esto es, Hatogrande Yacht Country Club Cartagena se hubiere seguido adelantando.
4.2.- De la afectación a un derecho o interés legítimo
La Sala considera que no puede predicarse la existencia de una afectación a un bien jurídicamente protegido, por cuanto, el material probatorio evidencia que, para el momento en que se suspendió la construcción del proyecto Hatogrande Yacht Country Club Cartagena –4 de septiembre de 1998–, esa obra no se ajustaba a las previsiones legales para su desarrollo.
En efecto, el artículo 63 de la Ley 9 de 1989 preveía que “para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación, demolición de edificaciones o de urbanización y parcelación para construcción de inmuebles, de terrenos en las áreas urbanas, suburbanas, y rurales de los municipios, se requiere permiso o licencia expedido por los municipios, áreas metropolitanas, del Distrito Especial de Bogotá o de la Intendencia de San Andrés y Providencia”.
Asimismo, dicho artículo establecía que “el plazo en el caso de las licencias de construcción podrá prorrogarse hasta en la mitad del mismo, mediante resolución motivada, por una sola vez, cuando el tamaño o la complejidad del proyecto lo ameriten”.
Por su parte, el artículo 66 de esa misma norma, consagraba (se trascribe de manera literal):
“Artículo 66º.- Los alcaldes y el Intendente de San Andrés y Providencia podrán imponer las siguientes sanciones urbanísticas, graduándolas según la gravedad de la infracción:
“a) Multas sucesivas que oscilarán entre medio salario mínimo legal mensual y doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales cada una, para quienes parcelen, urbanicen o construyan sin licencia requiriéndola, o cuando ésta haya caducado, o en contravención a lo preceptuado en ella, además de la orden policiva de suspensión y sellamiento de la obra, y la suspensión de servicios públicos excepto cuando exista prueba de la habitación permanente de personas en el predio;
“b) (…)” (se destaca).
En el mismo sentido, el Acuerdo 45 de 1990 “Por el cual se aprueban y se expide el Plan de Desarrollo de Cartagena 1989-2010 y sus instrumentos de ejecución”, en el artículo 20 dispuso lo siguiente (se trascribe de manera literal):
“Artículo 20. Requerimientos de permiso. Se requiere permiso para la construcción, reconstrucción, demolición o traslado de cualquier edificio o estructura, colocación de andamios para la construcción de casetas, con las excepciones que más adelante se enumeran y para la instalación o modificaciones de los ascensores en un edificio. No podrá usarse y ocuparse mientras no se obtenga el correspondiente permiso de uso, la construcción, ampliación reconstrucción o modificación que, total o parcialmente, se hagan de una edificación. En dicho permiso de uso se consignará la concordancia de la edificación con el destino o utilización que se le pretendía dar a la misma al solicitar el Permiso de Construcción. Los Permisos de Uso también tendrán indicación sobre las cargas accidentales que puede soportar una edificación en cada uno de sus distintos pisos, el número de personas que pueden acomodarse en ella o en cada recinto y las demás limitaciones que se estipularon en tal edificación en el momento de expedición de su Permiso de Construcción”.
Por su parte, el artículo 21 del mismo acuerdo señaló que (se trascribe de manera literal):
“Articulo 21. Solicitud de Licencia. Toda persona natural, entidad oficial o particular, de cualquier índole que ella, sea que dentro del Municipio de Cartagena se proponga efectuar obras de construcción o edificación, sobre todo lo que a manera de ejemplo aquí se enumeran deberá solicitar y obtener de la Alcaldía de esta ciudad, y según los trámites que más adelante se enuncian la correspondiente y adecuada Licencia de Construcción. Toda solicitud para este tipo de licencias debe hacerse dirigida al Secretario de Obras Públicas Municipales de Cartagena, acompaña de los documentos pertinentes y suscrita por el propietario o apoderado legal del mismo avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, graduado, matriculado o inscrito conforme lo establecen la Ley y este Código, y en el formato especial. Cumplidos, los trámites pertinentes para cada caso, según las normas que igualmente se especifican en los artículos siguientes (La Secretaría de Obras Públicas y Transportes Municipales de Cartagena) expedirá la licencia correspondiente”.
El artículo 28 del Acuerdo 45 de 1990 indicó que (se trascribe de manera literal):
“Artículo 28. Proyectos definitivos y licencia de construcción.
“(…).
“La Secretaría de Obras Públicas tendrá un término de noventa (90) días hábiles para pronunciarse sobre las solicitudes de otorgamiento de las licencias de urbanización y construcción contados desde la fecha de la solicitud. Vencidos los plazos anteriores sin que la autoridad hubiere pronunciado, las solicitudes de licencia se entenderán aprobadas en los términos solicitados pero en ningún caso en contravención a las normas que regulen la actividad. El plazo en el caso de las licencias de construcción podrá prorrogarse hasta en la mitad del mismo, mediante resolución motivada, por una sola vez, cuando el tamaño o la complejidad del proyecto lo ameriten. La invocación del silencio administrativo positivo se someterá al procedimiento previstos en los artículos 41 y 42 del decreto-ley 01 de 1984. La falta de pronunciamiento oportuno de los plazos previstos en el inciso anterior será causa de mala conducta para el funcionario competente. La licencia que se expida únicamente tendrá valor para asuntos referentes a la construcción misma, no faculta para habilitación u ocupación de tal edificación. Para su completa validez se requiere que se imparta la aprobación de ocupación” (se destaca).
En observancia de las normas trascritas, resulta evidente que para desarrollar el proyecto Hatogrande Yacht Country Club Cartagena las sociedades demandantes requerían tramitar la correspondiente licencia de construcción ante el Distrito de Cartagena y tenerla vigente durante el tiempo de ejecución de la obra, con el fin de garantizar “… no solo la estabilidad y solidez estructural, sino también la durabilidad, seguridad, salubridad, ocupación, iluminación y ventilación a la par que la más adecuada protección a las propiedades contra incendios, pánicos, derrumbes y otros riesgos que eventualmente pueden ocurrir a una edificación durante la construcción, reconstrucción, modificación, demolición, traslado y usos de los mismos, lógicamente de los requisitos técnicos y el mayor rendimiento de los recursos disponibles” (artículo 2 del Acuerdo 45 de 1990).
Pues bien, según las pruebas obrantes en el proceso –trascritas con anterioridad–, la parte actora cumplió con la obligación de solicitar el permiso, al punto de que, mediante Resolución No. 355 suscrita el 28 de diciembre de 1994, la Alcaldía Mayor de Cartagena concedió la “… licencia definitiva de construcción a la Sociedad Inversiones G.B.S. Ltda. para llevar a cabo el proyecto denominado HATOGRANDE YACHT COUNTRY CLUB”, el cual, según esa licencia, estaba estructurado de la siguiente manera (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):
“Construcción de un hotel distribuido así: primera planta: servicios, administración y recepción. Segunda planta: Etapa A: 43 alcobas. Etapa B: 43 alcobas. Tercera planta: Etapa A: 43 alcobas. Etapa B: 41 alcobas. Cuarta Planta: Etapa A: 39 alcobas. Etapa B: 41 alcobas. Quinta planta: Etapa A: 37 alcobas. Etapa B: 37 alcobas. Centro comercial, siete (7) edificaciones multifamiliares, 560 apartamentos, cancha de golf, parque infantil, ocho canchas de tennis, cuatro canchas polideportivas, una caseta de tennis, un club hípico, pista de trote, pista de obstáculos, campo de práctica de golf, parqueadero, caballeriza y pista de descenso. Sede del club y 683 estacionamientos…”.
Sin embargo, tal y como se expuso en el referido acto administrativo, dicha licencia tenía una vigencia de “un (1) año a partir de la ejecutoria de esta Resolución”, es decir, que solo respaldaba las obras que se realizaran hasta diciembre de 1995 aproximadamente.
Entonces, si bien, en un primer momento, en observancia de la Ley 9 de 1989 y el Acuerdo 45 de 1990, las sociedades ahora demandantes cumplieron las exigencias urbanísticas para obtener la licencia de construcción del proyecto Hatogrande Yacht Country Club Cartagena, lo cierto es que, para la fecha en que se practicó la diligencia de entrega que conllevó a la suspensión de la obra por la que se demandó la responsabilidad del Estado –4 de septiembre de 1998–, ya no estaba vigente.
En otras palabras, cuando se materializó el daño reclamado por la parte actora, el proyecto Hatogrande Yacht Country Club Cartagena se estaba adelantando de manera irregular, al punto de que el artículo 66 de la Ley 9 de 1989 consagraba que podían imponerse multas sucesivas entre medio salario mínimo legal mensual y 200 salarios mínimos legales mensuales cada una, “… para quienes parcelen, urbanicen o construyan sin licencia requiriéndola, o cuando ésta haya caducado” y que, además de esa multa, procedía “… orden policiva de suspensión y sellamiento de la obra y la suspensión de servicios públicos” (se destaca).
Conviene precisar que las normas a las que se hizo referencia contemplaban la posibilidad de prorrogar el plazo de la vigencia del permiso de construcción “… hasta en la mitad del mismo, mediante resolución motivada, por una sola vez, cuando el tamaño o la complejidad del proyecto lo ameriten”.
No obstante, al expediente no se allegó ningún medio probatorio que demuestre que se solicitó tal prórroga y tampoco que la misma hubiese sido concedida. Por el contrario obra oficio del 8 de septiembre de 1998 –4 días después de que se practicó la “diligencia de restitución”– en el que el gerente del proyecto Hatogrande Yacht Country Club Cartagena reconoció que, para ese momento, la única licencia tramitada para la construcción de ese proyecto era la contenida en la Resolución 355 del 28 de diciembre de 1994. En ese documento se lee (se trascribe de manera literal con posibles errores incluidos):
“Como es de su conocimiento, las sociedades que represento, HATO GRANDE YACHT COUNTRY CLUB CARTAGENA LTDA. e INVERSIONES G.B.S. LTDA., hace aproximadamente cinco (5) años gestionaron ante la Alcaldía Mayor de Cartagena, la licencia de construcción del condominio HATOGRANDE YACHT COUNTRY CLUB CARTAGENA, el que cuenta con un club social y ocho (8) torres de apartamentos hoteleros, entre otros, de los cuales a la fecha se encuentran construidas dos (2) torres de apartamentos hoteleros, el campo de golf del club y en proceso la construcción de la sede social del mismo” (se destaca).
Por último, es del caso mencionar que el proyecto Hatogrande Yacht Country Club Cartagena no fue ilegal desde sus inicios, habida cuenta de que la Alcaldía de Cartagena, mediante Resolución 355 de 1994, le concedió la licencia de construcción. Tampoco desconoce la Sala que era factible que las sociedades demandantes pagaran las sanciones que hubieran sido impuestas (en caso de que existieran, lo que no se encuentra acreditado en el expediente) y legalizaran lo referente a la prórroga de la licencia de construcción para continuar la ejecución del mencionado proyecto.
Sin embargo, el simple hecho de que pudiera subsanarse la situación de la falta de licencia no es suficiente para considerar que la frustración del proyecto turístico y recreacional Hatogrande Yacht Country Club Cartagena conlleva a la configuración de un daño indemnizable, pues lo probado dentro del expediente es que, para el momento en que se habría materializado el daño, las sociedades demandantes no estaban cumpliendo la carga urbanística de contar con una licencia que respaldara la construcción de la obra y, por ello, resulta evidente que la falla imputada a la entidad demandada –adelantar un proceso policivo sin tener competencia para ello– no produjo efectos nocivos frente a un derecho o interés legítimo.
En estos términos, la Subsección concluye que el proyecto Hatogrande Yacht Country Club Cartagena no constituye un bien jurídicamente protegido, toda vez que se desarrollaba sin la debida licencia de construcción. Por tanto, la frustración de ese proyecto por la suspensión de que fue objeto con ocasión del cumplimiento de las órdenes adoptadas dentro del proceso policivo promovido por el señor Raúl Castilla Castila no puede considerarse un daño indemnizable o resarcible, habida cuenta de que esto sería tanto como avalar una conducta contraria a las normas urbanísticas, desconociendo que, como o ha sostenido esta Sección “…lo ilícito, lo ilegítimo, lo irregular, no constituye, ni puede ser fuente de enriquecimiento indebido”.
En este sentido, esta Subsección ha establecido:
“Ciertamente, en el proceso se probó que la actividad piscícola que lastimosamente se perdió por cuenta del derrame de crudo era abastecida de una fuente hídrica pública, como lo es la quebrada El Carmen, de cuyo caudal se aprovechaban los aquí demandantes sin la respectiva licencia o, mejor, sin la concesión para obtener ese recurso natural. (…)
“Con fundamento en el anterior panorama normativo, esta Subsección, en un caso similar a este, denegó los perjuicios reclamados a favor de algunos de los integrantes de un grupo actor porque carecían de título habilitante, es decir, de la concesión respectiva para beneficiarse de una fuente hídrica pública de la cual extraían agua para la irrigación de sus cultivos, los cuales se perdieron por una sequía producida en la quebrada que, se itera, constituía su fuente hídrica.
“Así lo determinó esta Sala:
‘Por consiguiente, la condición de usuario de una fuente hídrica deriva del otorgamiento de la respectiva concesión por parte de la Corporación Autónoma Regional respectiva, en este caso por la C.V.C., razón por la cual quienes pretendan formar parte del grupo actor necesariamente deberán acreditar dicha calidad, mediante el acto correspondiente.
‘Lo anterior impone precisar que aquellas personas que según la propia demanda habrían usado con fines agrícolas el caudal del río Pescador <<sin ningún tipo de concesión legal>> no podrán resultar beneficiados de la condena que aquí se establecerá, toda vez que carecen del título legal para ello’ (Negrillas y subrayas del original).
“(…) En ese sentido, la Sala estima que no puede decretarse una indemnización a cargo del Estado y a favor de unas personas que, aunque sufrieron un daño, este no recayó sobre un bien jurídicamente protegido, toda vez que ejercían una actividad sin la debida autorización legal.
“Al respecto, la Sala ha considerado:
‘Lo expuesto conduce fácilmente a la Sala, a sostener que los aquí demandantes, directamente o a través de otros, permitieron hacer o hicieron esas conexiones fraudulentas de energía, para incurrir de esa manera en un hecho ilícito, como en efecto lo es el aprovechamiento ilegal del servicio público de energía eléctrica, creando, además, ellos mismos, un riesgo que finalmente se concretó en la muerte del menor.
‘Es un principio conocido dentro de nuestro ordenamiento jurídico que aquel que comete un acto ilícito no puede obtener provecho de éste; en el sub-lite la parte actora no solamente realizó directamente o través de otros una conducta ilícita como lo es el hurto de redes de energía eléctrica a través de instalaciones fraudulentas, sino que luego cuando se produce el deceso del menor Julio Alisandre Pérez Díaz pretende la indemnización del daño, el cual, se repite, se concretó en razón del riesgo patrocinado o creado para el menor y para ellos mismos, por los propios demandantes.
‘Es sabido que nadie puede alegar su propia culpa en su beneficio, ni mucho menos para trasladársela a la administración, cuando es lo cierto, que por parte del menor y de sus progenitores se incurrió en un protuberante error de conducta, que bordea, además, las normas del Código Penal, al utilizar clandestina e ilícitamente la energía eléctrica cuyos derechos no habían cancelado conforme a la ley.
‘Para la Sala resulta inaceptable y éticamente cuestionable prohijar que el hecho ilícito, irregular o ilegítimo, como es la utilización de la energía eléctrica sin autorización y asesoría de la empresa prestadora del servicio, se convierta en una fuente de enriquecimiento; o que los daños resultantes de comportamientos ilegales de los reclamantes, inviertan su carácter reparador o resarcitorio para tornarse en el origen de un indebido, y censurable enriquecimiento. Mal podría patrocinar la Sala este tipo de comportamiento ilegal, so pena de resultar, en últimas, indemnizando los daños generados en conductas contrarias a la ley, como la referida en este proceso, por cuanto lo ilícito, lo ilegítimo, lo irregular, no constituye, ni puede ser fuente de enriquecimiento indebido’ (Se deja destacado en negrillas y en subrayas)”.
En línea con el pronunciamiento transcrito, se reitera que, en el presente asunto no hay lugar al reconocimiento de la indemnización reclamada por la parte actora, por cuanto ello se fundamenta en los perjuicios que pudo generar el fracaso del proyecto Hatogrande Yacht Country Club Cartagena, el que, como se explicó, se estaba desarrollando de manera irregular por no contar con el respectivo permiso de construcción para la fecha en que se materializó el daño (4 de septiembre de 1998) lo que, para la Sala, no es de recibo, pues “… no puede decretarse una indemnización a cargo del Estado y a favor de unas personas que, aunque sufrieron un daño, este no recayó sobre un bien jurídicamente protegido, toda vez que ejercían una actividad sin la debida autorización legal”.
Por consiguiente, ante la ausencia de uno de los presupuestos para la existencia del daño –que se afecte a un bien jurídicamente protegido–, la Sala confirmará la providencia impugnada, por las razones expuestas.
5.- Condena en costas
Dado que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A :
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de junio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Fl. 174 c. principal. Poder conferido por el Gerente de la Sociedad, según Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio (fls. 2 y 8 a 9 c. principal). Poder conferido por el Suplente del Gerente, según Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio (fls. 1 y 6 a 7 c. principal). Poder conferido por el Primer Suplente del Presidente, según certificación de la Cámara de Comercio (fls. 3 y 116 c. principal). Fl. 135 c. principal. Información extractada de la Resolución No. 2844 de 2 de octubre de 1998 (Fls. 27 – 34 c. pruebas 2). Información extractada de la Resolución No. 2844 de 2 de octubre de 1998 (Fls. 27 – 34 c. pruebas 2). Información extractada de la Resolución No. 2844 de 2 de octubre de 1998 (Fls. 27 – 34 c. pruebas 2). Fls. 149 – 150 c. principal. Fl. 179 c. principal. Fl. 182 c. principal. Fl. 179 reverso c. principal. Fls. 184 – 200 c. principal. Fls. 205 – 206 c. principal. Fl. 537 c. principal. Fls. 388 – 420 c. principal. Fls. 421 – 450 c. principal. Fls. 540 – 564 c. principal. Fls. 585 – 611 c. principal. Fls. 613 – 659 c. segunda instancia. Fls. 666 – 669 c. segunda instancia. Fls. 671 – 672 c. segunda instancia. Fls. 673 – 702 c. segunda instancia. Fls. 703 – 722 c. segunda instancia. En sentencia del 29 de julio de 2013, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, C.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth, expediente número: 250002326000200001481 01 (27088). reiterada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 13 de junio de 2016, Radicación número: 130012331000199910325 01 (37246), expuso:
“… los actos administrativos de las autoridades de policía son aquellos tendientes a la preservación del orden, la tranquilidad, la seguridad, la salubridad y las condiciones económicas de convivencia social, en tanto que los de naturaleza jurisdiccional son los que están encaminados a resolver los conflictos que surgen entre dos partes, como sucede con los amparos posesorios y de tenencia de bienes” (se destaca).
“Artículo 82. objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.
“Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno.
“La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional” (se destaca). El salario mínimo para el año 2000 fue de $260.100, luego, 500 s.m.l.m.v. equivalían a $130’050.000. Fls. 87 – 109 c. principal 1. En el acta correspondiente se señaló “(…) ya dentro del predio del hotel Dann se procede a la respectiva restitución se procede a sacar a los perturbadores por intermedio de la fuerza pública (…) Se deja un hombre cuidando por lo que se dejó en la obra del hotel Dann (hatogrande)” (Fl. 52 – 56 c. pruebas 2).
“Artículo 136. Caducidad de las acciones.
“(…).
“8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. (…)”. Fls. 52 – 56 c. pruebas 2. Según sello de presentación a folio 174 del c. principal 1.
Al expediente se allegaron las escrituras públicas números 394 (fls. 15 – 22 c. principal 1), 3873 (fls. 35 – 55 c. principal 1) y 3872 (fls. 57 – 71 c. principal 1). Fls. 29 – 31 c. pruebas 2. Fls. 10 – 14 c. principal 1. Fls. 73 – 79 c. principal 1. Fls. 80 – 83 c. principal 1. Fls. 1 – 5 del cuaderno de pruebas No. 4. Por oficio del 3 de febrero de 2012, la Inspectora de Policía del Corregimiento de Punta Canoa informó que los documentos allegados al proceso “… son copias integra parciales procesales del asunto policivo, porque la mayor parte de las piezas procesales de ese proceso policivo se destruyeron o perdieron…” (fl. 2 c. pruebas 1). Información extractada de la Resolución No. 2844 del 2 de octubre de 1998 (Fls. 27 – 34 c. pruebas 2). Información extractada de la Resolución No. 2844 del 2 de octubre de 1998 (Fls. 27 – 34 c. pruebas 2). Fls. 58 – 61 c. pruebas 3. Fls. 85 – 88 c. pruebas 3. Fls. 124 – 132 c. pruebas 3. Fls. 142 – 145 c. pruebas 3. Información extractada de la Resolución No. 2844 del 2 de octubre de 1998 (Fls. 27 – 34 c. pruebas 2). Fl. 68 c. pruebas 2. Información extractada de la Resolución No. 2844 del 2 de octubre de 1998 (Fls. 27 – 34 c. pruebas 2). Información extractada de la Resolución No. 2844 del 2 de octubre de 1998 (Fls. 27 – 34 c. pruebas 2). Fls. 4 – 14 c. pruebas 1. Fls. 28 – 30 c. pruebas 1. Fl. 52 – 56 c. pruebas 2. Fls. 27 – 34 c. pruebas 2. Fls. 16 – 21 c. pruebas 2. Información extractada de la sentencia del 11 de febrero de 1999 (fls. 35 – 43 c. pruebas 2). Fls. 35 – 43 c. pruebas 2. Fls. 223 – 236 c. principal 1. Información extractada del fallo de tutela del 6 de marzo de 2000 (fls. 257 – 277 c. principal 1). Información extractada del fallo de tutela del 6 de marzo de 2000 (fls. 257 – 277 c. principal 1). Información extractada del fallo de tutela del 6 de marzo de 2000 (fls. 257 – 277 c. principal 1). Fls. 239 – 253 c. principal 1. Fls. 257 – 277 c. principal 1. Fls. 147 – 148 c. principal 1. Fl. 190 c. principal 1. Fl. 310 c. principal 1. Folio 149 del c. principal 1. Folio 163 del c. principal 1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de agosto de 2017, radicación número: 250002326000200500370 01 (37304). Original de la cita: “‘Daño es toda afrenta a los intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar– se encuentran reunidos’. HENAO, Juan Carlos ‘Las formas de reparación en la responsabilidad del Estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones contra el Estado’ en: Revista de Derecho Privado, Ed. Universidad Externado de Colombia, No. 28 Enero – Junio de 2015, Pág. 280. Noción tomada de: J. C. Henao, ‘Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle de l’État en droit colombien et en droit français’, tesis doctoral, Universidad de París 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007, p. 133”. Original de la cita: “‘Uno de los supuestos esenciales de la responsabilidad civil por hechos ilícitos consiste en la lesión de un derecho o cuando menos de un interés jurídicamente apreciable. En este terreno, los jueces detentan un poder discrecional de gran trascendencia, en cuanto a valoración del merecimiento de tutela del interés vulnerado’. VISINTINI, Giovanna ‘¿Qué es la responsabilidad civil?’, Ed. Universidad Externado de Colombia, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2015, Pág. 101”.
Original de la cita: “Lo que el juez no puede hacer, en ausencia de la determinación del perjuicio, es otorgar una indemnización que repare, y ello por la fuerza misma de las cosas, porque la realidad y dimensión del perjuicio son la medida de su indemnización…’ CHAPUS, René ‘Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques des jurisprudences administrative et judicial’, LDGJ, 2ª edición, Paris, 1957, pág. 403”. Fl. 52 – 56 c. pruebas 2. Fls. 300 – 302 c. principal 1. Fl. 310 c. principal 1. Derogado por el artículo 138 de la Ley 388 de 1997.
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”. Sustituido por el artículo 104 de la Ley 388 de 1997. Fls. 29 – 31 c. pruebas 2. Oficio dirigido a la Alcaldía Mayor de Cartagena solicitando intervención “… a fin de que cesen los perjuicios de magnitud excepcional que se están causando a nuestra compañía…” (fl. 34 c. pruebas 2). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de abril de 2016, radicación número: 540012331000199800733 01 (34392), reiterada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 14 de septiembre de 2016, radicación número: 760012331000199902467 01 (37354). Original de la cita: “Sentencia de 26 de noviembre de 2014, exp. 760012331000200300834-02 (AG); M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón (E)”. Original de la cita: “Sentencia de 21 de octubre de 1999, exp.11.815; M.P. Dr. Germán Rodríguez Villamizar”.
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