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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2001-00513-01

Fecha
22 de mayo de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2001-00513-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda, no sin antes incluir un numeral que disponga REMITIR copia de la presente providencia a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para lo de su competencia. SEGUNDO: SIN COSTAS. TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-31-000-2001-00513-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

22 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 13001233100020010051301 (50581)
Demandante: MANUEL VICENTE OCHOA ARAGÓN Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL Y OTRA

Tema: Actos terroristas cometidos por terceros. Detonación de
artefacto explosivo por miembros de las FARC. Muerte de
menor de edad. Omisión al deber de seguridad y protección. No
se probó la falla del servicio. Hecho exclusivo y determinante de
un tercero. No se acreditó la causación de costas procesales.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el extremo activo contra la
sentencia del 22 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 17 de agosto de 2000, miembros de las FARC detonaron un artefacto en la
Ferretería Santander, ubicada en el municipio El Carmen de Bolívar, cuya onda
explosiva alcanzó la humanidad de Ingrid Johanna Ochoa Velásquez, quien
transitaba por el sector. Producto de este insuceso la señora Ochoa Velásquez
falleció. Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional y Policía Nacional son patrimonialmente responsables por el
fallecimiento de Ingrid Johanna Ochoa Velásquez, pues alegan que “no actuaron
con la debida diligencia, eficiencia y eficacia, ni tomaron las medidas preventivas a
pesar de que esa población [la de El Carmen de Bolívar] se había visto
resquebrajada por una difícil situación de orden público, existiendo sucesos

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Demandante: Manuel Vicente Ochoa Aragón y otros

anteriores que pusieron en riesgo la vida, honra y demás derechos de los
ciudadanos”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 30 de marzo de 20011, Manuel Vicente Ochoa Aragón y Rosalba Isabel
Velásquez Alvis, en nombre propio y en representación de Iris María Ochoa
Velásquez; y Manuel Vicente Ochoa Velásquez, Tilsa María Aragón de Ochoa, Feliz
Enrique Velásquez Hernández y Elionora Alvis Suarez, mediante apoderado judicial
y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra
de la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional, para
que se les declarara patrimonialmente responsables por la muerte de Ingrid
Johanna Ochoa Velásquez, ocurrida el 17 de agosto de 2000 en el municipio de El
Carmen de Bolívar (Bolívar).

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las
entidades públicas accionadas a pagarle a cada uno de los demandantes, por
perjuicios morales, 2000 gramos oro y, por perjuicios materiales, las sumas que
resulten probadas en el proceso.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 17 de agosto de
2000, miembros de las FARC detonaron un artefacto en la Ferretería Santander de
la cabecera municipal de El Carmen de Bolívar (Bolívar).

Señala que la explosión produjo la muerte de la menor Ingrid Johanna Ochoa
Velásquez, quien lamentablemente se desplazaba por el lugar del siniestro.

Los accionantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional son patrimonialmente responsables por la muerte de
Ingrid Johanna Ochoa Velásquez, pues a su juicio, “no actuaron con la debida
diligencia, eficiencia y eficacia, ni tomaron las medidas preventivas a pesar de que

1 Fl. 29 a 62, C.1.

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Demandante: Manuel Vicente Ochoa Aragón y otros

esa población [la de El Carmen de Bolívar] se había visto resquebrajada por una
difícil situación de orden público, existiendo sucesos anteriores que pusieron en
riesgo la vida, honra y demás derechos de los ciudadanos”.

2. Contestación

El 7 de mayo de 20012, el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda y
ordenó su notificación a las entidades públicas demandadas y al Ministerio Público.

2.1. El Ejército Nacional3 sostuvo que el hecho lesivo no le era imputable, toda vez
que no se probó la falla del servicio alegada en la demanda. Formuló como
excepciones las de “hecho de un tercero y caso fortuito y/o fuerza mayor”.

2.2. La Policía Nacional4 argumentó que el daño no le era atribuible, toda vez que
éste se ocasionó por un hecho externo, irresistible e imprevisible para la
Administración. Formuló la excepción de “ausencia de responsabilidad por el hecho
exclusivo de un tercero”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 29 de julio de 20135 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte demandante6 y el Ejército Nacional7 reiteraron los argumentos
expuestos en el escrito de la demanda y en la contestación de éste,
respectivamente.

3.2. El Ministerio Público8 advirtió que las entidades accionadas debían responder
porque el daño se produjo con ocasión de un acto terrorista.

2 Fl. 64, C.1.
3 Fl. 82 a 85, C.1.
4 Fl. 71 a 78, C.1.
5 Fl. 360, C.1.
6 Fl. 1 a 14, C.2.
7 Fl. 15 a 20, C.2.
8 Fl. 361 a 375, C.2.

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Demandante: Manuel Vicente Ochoa Aragón y otros

3.3. La Policía Nacional guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 22 de noviembre de 20139, el Tribunal Administrativo del
Bolívar negó las pretensiones de la demanda, al advertir que la muerte de Ingrid
Johanna Ochoa Velásquez se produjo por el hecho exclusivo y determinante de un
tercero.

Al efecto sostuvo que: “la detonación del artefacto en el municipio debe entenderse
como una acción deliberada de terceras personas que dirigieron un ataque contra
comerciantes del municipio, es decir, se trata del hecho exclusivo de un tercero, el
cual exime de responsabilidad a las entidades demandantes. Nótese, además, que
ninguna de las pruebas apunta a que dicho ataque hubiese ocurrido en
circunstancias que permitan considerar que, a pesar de haber sido causado por
personas ajenas a la administración, ésta debe asumir responsabilidad por los
daños ocasionados como consecuencia del mismo”.

5. Recurso de apelación

El 31 de enero de 201410, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue concedido el 25 de febrero de 201411 y admitido el 5 de mayo siguiente12.

5.1. El extremo activo13 argumentó que los medios de convicción obrantes en el
plenario permitían acreditar falla del servicio en que incurrieron las demandadas, en
tanto el Ejército Nacional y la Policía Nacional no adoptaron ninguna medida de
protección y seguridad tendiente a proteger la vida e integridad de las personas que
habitaban en El Carmen de Bolívar (Bolívar).

9 Fl. 378 a 389, C.2.
10 Fl. 390 a 397, C.2.
11 Fl. 399, C.2.
12 Fl. 403 a 405, C.2.
13 Fl. 390 a 397, C.2.

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Demandante: Manuel Vicente Ochoa Aragón y otros

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 1º de julio de 201414 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La Policía Nacional15 reiteró los argumentos expuestos en el trámite de primera
instancia.

6.2. El extremo activo, el Ejército Nacional y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia del 22 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera
la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción
de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación16, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6 del C.C.A.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 8617 del Código Contencioso Administrativo.

14 Fl. 405, C.2.
15 Fl. 406 a 415, C.2.
16 En la demanda se solicitó, por perjuicios morales, el rubro de 2000 gramos oro para cada uno de

los accionantes.
17 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente

la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o
ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera
otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas
o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor

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Demandante: Manuel Vicente Ochoa Aragón y otros

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se
reclama la reparación de un daño por una omisión de la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo,
resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de
un presupuesto procesal18.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general19, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas
por la actuación particular o de otra entidad pública.”
18 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración
alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
19 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”.

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El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción20, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure21 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia22, cuya consecuencia, por demandar más

20 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos.”.
21 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
22 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por

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allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a
partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
teniendo en cuenta: i) que el 17 de agosto de 2000, falleció Ingrid Johanna Ochoa
Velásquez, según da cuenta su correspondiente registro civil de defunción (hecho
probado 7.1.2); y ii) que la demanda se presentó el 30 de marzo de 200123.

4. Legitimación en la causa

4.1. Manuel Vicente Ochoa Aragón (padre), Rosalba Isabel Velásquez Alvis
(madre), Iris María Ochoa Velásquez (hermana) y, Manuel Vicente Ochoa
Velásquez, Tilsa María Aragón de Ochoa, Feliz Enrique Velásquez Hernández y
Elionora Alvis Suarez (abuelos), son las personas sobre las que recae el interés
jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa,
pues conformaban el núcleo familiar de Ingrid Johanna Ochoa Velásquez (víctima),
según dan cuenta copia auténtica de sus correspondientes registros civiles de
nacimiento24.

4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y está debidamente
representada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional,

ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
23 Fl. 29 a 62, C.1.
24 Fl. 7 a 13, C.1.

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toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21725 y 21826 de la
Constitución Política, son las entidades a las que corresponde defender y garantizar
el orden constitucional, controlar el orden público, así como brindar protección a los
ciudadanos y en la demanda se les atribuye responsabilidad patrimonial por
omisión en el ejercicio de sus funciones.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se reúnen los supuestos
para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por omisión en el deber de
protección y seguridad.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre: i) la responsabilidad del Estado; ii) la responsabilidad del Estado
por daños causados por la acción de grupos subversivos; iii) la responsabilidad del
Estado por omisión en el deber de seguridad y protección y; iv) el hecho exclusivo
de un tercero.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199127 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

25 Artículo 217: “La nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas

por el ejército, la armada y la fuerza aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial,
la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden
constitucional”.
26 Artículo 218: “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo

de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio
de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en
paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestaciones y disciplinario”.
27 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

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El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho28, que contraría el orden legal29 o que está desprovista de una
causa que la justifique30, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las
normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o
protegida31, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra
el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros32.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
29 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
31 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,

sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.

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6.2. Responsabilidad del Estado por daños causados por la acción de grupos
armados insurgentes

La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que la responsabilidad del
Estado con ocasión de actos de grupos armados puede examinarse a partir de tres
criterios de imputación, a saber: falla del servicio, riesgo excepcional y daño
especial, según la determinación fáctica de cada caso y la atribución jurídica que
proceda.

Así las cosas, se ha examinado la responsabilidad del Estado desde el punto de
vista de la falla del servicio, tratándose de daños causados por grupos armados
insurgentes, cuando se tiene como presupuesto el reconocimiento de la existencia
de mandatos de abstención –deberes negativos- como de acción –deberes
positivos- a cargo del Estado. Sin embargo, para que se genere responsabilidad con
fundamento en ello es menester acreditar, entre otros i) el incumplimiento o
deficiente cumplimiento de deberes normativos y/o ii) la omisión o inactividad de la
administración pública. Como en los daños causados por la acción de grupos
insurgentes se está en presencia de un hecho de un tercero, desde un plano causal,
deberá demostrarse la cognoscibilidad real del peligro que corre el bien jurídico que
debe ser protegido, al igual que la posibilidad material de actuar en defensa del
mismo, o bien por el negligente o inadecuado despliegue de las acciones de defensa
ejecutadas por la fuerza pública.

Al respecto, el precedente jurisprudencial de esta Corporación ha precisado que
para determinar si la conducta del Estado fue anómala o irregular, por acción o por
omisión, frente al hecho dañoso perpetrado por el tercero, debe analizarse si para
la Administración y para las autoridades era previsible que se desencadenara el
acto terrorista. Este aspecto constituye uno de los puntos más importantes a
analizar dentro de este régimen, pues no es la previsión de la generalidad de los
hechos (estado de anormalidad del orden público) sino de aquellas situaciones que
no dejan margen para la duda, es decir, las que sobrepasan la situación de violencia
ordinaria vivida.

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Por otro lado, se ha examinado la responsabilidad del Estado desde el punto de
vista del riesgo excepcional, cuando el daño ocurre como consecuencia de la
materialización de un riesgo producto de la actividad legítima de la administración.
En efecto, en el desarrollo de las actividades cotidianas del mundo moderno la
sociedad se enfrenta a situaciones de riesgo que le son ineludibles y, dentro de tal
contexto, la administración pública puede crear estas situaciones excepcionales de
peligro a las que nadie puede sustraerse y en las que ninguna protección existe
para el particular, lo cual impone al Estado la obligación de reparar los daños que
cause. Sobre este tema en ciertas ocasiones la Corporación ha aplicado este criterio
de imputación, guiado por un argumento causal, como es que el ataque del grupo
armado se haya dirigido en contra de un establecimiento del Estado.

Finalmente, se ha examinado la responsabilidad del Estado desde el punto de vista
del daño especial, cuando se evidencia un desequilibrio de las cargas públicas, la
equidad y la solidaridad como materialización del reequilibrio ante una ruptura de la
igualdad, fruto del perjuicio especial y anormal que se le impone administrado.

Así, en cada caso, lo que debe examinarse es si por las condiciones que reviste el
daño antijurídico este se puede considerar como un acentuado y singular
desequilibrio anormal de las cargas públicas que deben ser asumidas por los
administrados, entendiéndose como normal aquella carga que es ordinaria a la vida
en sociedad.

En este último caso vale la pena destacar que por lo menos por razones de equidad
y de justicia distributiva, quien ha sufrido el perjuicio causado por la Administración
debe ser indemnizado. No en vano desde el año 1973 esta Corporación ha señalado
que “el Estado en ejercicio de su soberanía puede en veces afectar los derechos de
los particulares, pero si esta afectación es igual para todos los individuos que se
encuentran en las mismas condiciones, no hay violación de la justicia distributiva
que justifique jurídicamente la responsabilidad”. Sin embargo, cuando ello no es así,
sí es dable reparar los daños que se han ocasionado, teniendo bajo el entendido
que “El daño debe ser, por tanto, excepcional y anormal, porque la responsabilidad

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no proviene de la naturaleza del hecho que cause el daño, sino del carácter singular
o excepcional del daño causado” 33.

6.3. Responsabilidad del Estado por omisión en el deber de seguridad y
protección

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º constitucional son fines
esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general,
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución y en la ley y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo; en cuyo efecto se han instituido las autoridades de la República para proteger
a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, así como para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado34.

Entonces, el Estado tiene el deber de proteger el derecho fundamental a la vida de
todas las personas, su integridad psicofísica y sus bienes patrimoniales, de donde
surge lo que la Corte Constitucional ha denominado la “manifestación expresa del
derecho fundamental a la seguridad personal, entendida como una obligación de
medio y no de resultado, por virtud del cual son llamadas las diferentes autoridades
públicas a establecer los mecanismos de amparo que dentro de los conceptos de
razonabilidad y proporcionalidad resulten pertinentes a fin de evitar la lesión o
amenaza de sus derechos”35.

En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha definido la noción de “seguridad”
desde tres dimensiones: (i) como un valor constitucional consagrado en el
preámbulo y en el artículo 2º Superior; (ii) como un derecho colectivo y (iii) como un
derecho fundamental individual que, pese a no estar nominado en la Constitución,

33 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de mayo de 1973, Rad.: 978.
34 “Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”
35 Corte Constitucional, sentencia T-224 del 2 de abril de 2014. Concordante con las sentencias: T-

184 de 2013, T-078 de 2013, T-719 de 2013, T-234 de 2012, T-585A de 2011.

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Demandante: Manuel Vicente Ochoa Aragón y otros

proviene de la interpretación sistemática de lo dispuesto en el Preámbulo y en la
carta de garantías concertada especialmente en los artículos 2, 11, 12, 17, 18, 19,
20, 21, 28, 34, 44 y 7336 superiores, así como del bloque de constitucionalidad37,
frente al cual debe advertirse que tanto la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 194838, como la Convención Americana39 y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos40 contemplan el derecho a la seguridad personal.

Ahora, el derecho fundamental a la seguridad personal ha sido definido como “aquel
que faculta a las personas para recibir protección adecuada por parte de las
autoridades, cuandoquiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que no
tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables de
peligro implícitos en la vida en sociedad”41, de manera que los individuos pueden
exigir medidas específicas de protección de parte de las autoridades, con el objetivo
de prevenir la materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios e inaceptables

36 “Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte, Artículo 12. Nadie será

sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
Artículo 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus
formas, Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus
convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia, Artículo
19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión
y a difundirla en forma individual o colectiva. (…), Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad
de expresar y difundir su pensamiento (…), Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra (…),
Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia (…), Artículo
34. Se prohíben penas de destierro y confiscación. (…), Artículo 44. Son derechos fundamentales
de los niños: (…), Artículo 73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su
libertad e independencia profesional”
37 Ibidem.
38 La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, aceptada como costumbre

internacional desde la década de los sesenta, establece en su artículo 3 que “todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
39 La Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, incorporada al

ordenamiento colombiano mediante la Ley 16 de 1972, establece en su artículo 7: “1. Toda persona
tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales...”.
40 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante Ley 74 de 1968, dispone

en su artículo 9: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales…”.
41 Sentencia T-339 de 2010. En este caso un ciudadano interpuso acción de tutela contra el Ministerio

del Interior, con el objetivo de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida y a la
igualdad, presuntamente vulnerados por la actitud omisiva de la entidad demandada, puesto que su
esquema de seguridad no funcionaba en condiciones óptimas. Esta corporación tuteló el derecho a
la seguridad personal y ordenó a la accionada que equipara a los dos escoltas y pusiera a su
disposición un carro que le permitiera desplazarse con seguridad, advirtiendo que dichos
mecanismos debían tomarse hasta que el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos
determinará si el actor debía estar o no cobijado por tales mecanismos. Adicionalmente, pidió al
accionante que presentara solicitud de protección ante el Programa de Protección de Derechos
Humanos del Ministerio en mención, para que fuera el Comité de Reglamentación y Evaluación de
Riesgos el que determinará si tenía derecho a ser beneficiario de tales medidas.

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contra su vida, bienes o integridad personal que las autoridades pueden conjurar o
mitigar.

Sin embargo, y sumado a las nociones definidas por la Corte Constitucional, no
puede perderse de vista el deber correlativo de seguridad y protección de las
personas en cabeza de las autoridades públicas, en cuyos fundamentos y límites
ha evolucionado la jurisprudencia del Consejo de Estado desde antes de 1991,
puesto que la Constitución anterior ya establecía la obligación de las autoridades de
proteger a las personas42.

Así, en una primera etapa se planteó la posibilidad de endilgar responsabilidad a las
autoridades por su abstención o inercia, aunque para establecer la falla del servicio
se exigió acreditar que la víctima había solicitado la protección policiva 43; ante lo
cual también se consideró que el Estado no asume una obligación de resultado44.

Posteriormente se hizo exigible la intervención de las autoridades cuando el Estado
se encontrara en la posibilidad de proteger a la víctima, aunque expresamente no
lo hubiera pedido, pues ante un ambiente de zozobra, confusión, inestabilidad,
peligro o de la especial condición intuito personae de la víctima, las autoridades
policiales debían observar permanente alerta y no actuar como sujetos pasivos que
demandan la petición de protección del miembro de la comunidad que la necesita45.

En precedentes más recientes, se sostuvo que la responsabilidad del Estado por
falta de protección exige “(…) previo requerimiento a la autoridad, pero en relación
a ese requerimiento no se exige ninguna formalidad, porque todo dependerá de las
circunstancias particulares del caso. Es más, ni siquiera se precisa de un
requerimiento previo cuando la situación de amenaza es conocida por dicha

42 Artículo 19, Constitución de 1886: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger

a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto
recíproco de los derechos naturales previniendo y castigando los delitos”. Reformado por el artículo
9° del Acto Legislativo N° 1 de 1936 y pasó a ser el artículo 16: “Las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y
bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
43 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 16 de julio de 1980. Rad.:10134.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 17 de febrero de 1983, Rad.: 5737.
45 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 12 de julio de 1988.

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autoridad”46; y seguidamente se incluyó el conocimiento de la Policía Nacional de
las amenazas derivadas de las “alteraciones de orden público debido a los actos de
violencia” de grupos armados insurgentes47, pues lo que interesa es el elemento
cognitivo en cabeza de las fuerzas del Estado48.

Asimismo, recientemente la Corte Constitucional sostuvo que para evaluar en qué
circunstancias el Estado debe brindar medidas de protección especial habrá de
distinguirse entre el concepto de riesgo y el de amenaza, entendido el primero como
una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño se produzca y, el segundo,
como la existencia de hechos reales que implican la alteración del uso pacífico del
derecho atacado y hacen suponer que la vida o integridad de la persona corre
peligro49. Así, ante un nivel de amenaza extrema50 nace la obligación del Estado de
adoptar medidas específicas para salvaguardar el derecho fundamental a la
seguridad personal del individuo51, quien podrá exigir que las autoridades le brinden
protección especial.

46 Consejo de Estado, Sentencia de 26 de enero de 2006.
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 19 de julio de 2007.
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 25 de agosto de 2010.
49 Corte Constitucional, sentencia T-339 de 2010.
50 La sentencia T-234 de 2012 estableció dicho parámetro en los siguientes términos: “1) Nivel de

riesgo: existe una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño a la vida o a la integridad personal
se produzca. Este nivel se divide en dos categorías: a) riesgo mínimo: …y; b) riesgo ordinario… En
este nivel de la escala, los ciudadanos deben soportar los riesgos que son inherentes a la existencia
humana y a la vida en sociedad. / Cuando una persona pertenece a este nivel, no está facultada
para exigir del Estado medidas de protección especial, pues su derecho a la seguridad personal no
está siendo afectado, en la medida en la que el riesgo de daño no es una lesión pero sí, en el mejor
de los casos, un riesgo de lesión. / 2) Nivel de amenaza: existen hechos reales que, de por sí,
implican la alteración del uso pacífico del derecho a la tranquilidad y que hacen suponer que la
integridad o la libertad de la persona corren verdadero peligro. En efecto, la amenaza de daño
conlleva el inicio de la alteración y la merma del goce pacífico de los derechos fundamentales, debido
al miedo razonable que produce visualizar el inicio de la destrucción definitiva del derecho. Por eso,
a partir de este nivel, el riesgo se convierte en amenaza. Dependiendo de su intensidad, este nivel
se divide en dos categorías: / a) amenaza ordinaria: (…). / b) amenaza extrema: una persona se
encuentra en este nivel cuando está sometida a una amenaza que cumple con todas las
características señaladas anteriormente y además, el derecho que está en peligro es el de la vida o
la integridad personal. De allí que, en este nivel, el individuo pueda exigir la protección directa de sus
derechos a la vida y a la integridad personal y, en consecuencia, no tendrá que invocar el derecho a
la seguridad como título jurídico para exigir protección por parte de las autoridades. / Por lo tanto, en
el nivel de amenaza extrema, no sólo el derecho a la seguridad personal está siendo violado sino
que, además, también se presenta la amenaza cierta que muestra la inminencia del inicio de la lesión
consumada de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal. De allí que, cuando
la persona esté en este nivel, tiene el derecho a que el Estado le brinde protección especializada.”
51 Corte Constitucional, sentencia T-234 de 2012. Correspondió a la Corte determinar si la Fiscalía

General de la Nación y el Ministerio del Interior vulneraron los derechos fundamentales a la vida, a
la integridad, a la libertad, a la seguridad personal y al acceso a la justicia de una persona, quien en
su condición de defensora de derechos humanos, víctima de violencia sexual, desplazamiento
forzado y constantes amenazas e intimidaciones, no había sido destinataria de ningún tipo de medida

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En síntesis, la seguridad personal configura un derecho de raigambre fundamental
correlativo al deber de las autoridades de salvaguardar y proteger dicho derecho,
no como una obligación de resultado, sino bajo el compromiso de “utilizar todos los
medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de
las personas sea una realidad, de manera que no puede conformarse con una
simple defensa formal de los mismos”52.

Igualmente, debe concluirse que el juicio de imputación de los daños antijurídicos
derivados de la omisión en el deber de seguridad y protección personal encuentra
su mayor desarrollo en la aplicación de los criterios de imputación por falla en el
servicio, aunque cabe advertir lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección en la
sentencia de unificación de 19 de abril de 2012, según la cual, al no existir
consagración constitucional de algún régimen de responsabilidad en especial,
corresponde al juez determinar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que
los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la
motivación de la sentencia53.

No obstante, frente al deber de seguridad y protección se reitera la atribución
jurídica por falla en la prestación del servicio en donde es determinante la omisión
de las autoridades públicas en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento
jurídico les impone, frente a lo cual la Corporación ha señalado que es necesario

de protección, bajo la consideración de que el riesgo al que estaba expuesta era de naturaleza
ordinaria. Este tribunal amparó sus derechos y, entre otras medidas, ordenó a las entidades
accionadas que, conjuntamente, valoraran de manera objetiva y razonada la situación de la
accionante, incluyendo las variables que fueran necesarias; al Ministerio del Interior, por intermedio
de la UNP, que dispusiera y materializara las medidas de protección que necesitaba en su condición
de defensora de derechos humanos, las cuales debían ser dispensadas de manera inmediata e
ininterrumpida, mientras se definiera el esquema de seguridad que requería de acuerdo con su
situación.
52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 6 de marzo de 2008, Rad.:14443.
53 Expediente 21.515. “En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa

que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún
régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto,
la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den
sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a
la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar
la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal,
sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al
juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo
título de imputación. En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en
consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que
la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la
responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia.”.

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cotejar el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para
el órgano administrativo implicado, versus el grado de cumplimiento u observancia
del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto54, por supuesto,
cuando las personas: (i) han solicitado protección especial, con justificación en las
especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona 55; (ii) no han
solicitado dicha protección pero es evidente que la necesitaba, en consideración a
que existían pruebas o indicios conocidos que permitían asegurar que se
encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida o sus
bienes56; o (iii) cuando las autoridades dejan a la población a merced de los grupos
de delincuencia, sin brindarles ninguna protección, teniendo conocimiento de que
los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados
al margen de la ley57.

6.4. Hecho exclusivo de un tercero

El hecho de un tercero supone la actuación exclusiva y determinante de una
persona ajena al juicio de responsabilidad en la realización del injusto 58. Esta
Sección59 ha señalado que el hecho exclusivo y determinante del tercero se
configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es
completamente ajena al servicio y que éste último no se encuentra vinculado en
manera alguna con aquél.

Asimismo, esta Corporación60 ha determinado que para la prosperidad de esta
causal exonerativa de responsabilidad deben reunirse tres requisitos, a saber: i) que
el hecho del tercero sea la causa exclusiva y adecuada del daño, motivo por el cual
la entidad tiene que probar que no hay ningún vínculo causal entre la conducta del

54 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad.: 27434; Sentencia

del 22 de abril de 2009, Rad.: 16192; Sentencia del 9 de junio de 2010, Rad.: 18375; Sentencia del
30 de enero de 2013, Rad.: 27040.
55 Consejo de Estado, Sentencia del 16 de julio de 1980, Rad 10134; Consejo de Estado, Sección

Tercera, Sentencia del 17 de febrero de 1983, Rad. 5737.
56 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de octubre de 1997, Rad. 10958.
57 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de julio de 1998, Rad. 17004.
58 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de octubre de 2020, Rad. 49574.
59 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 2010, Rad. 17179.
60 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de mayo de 2019, Exp. 46858; Subsección

C. Sentencia del 11 de marzo de 2019, Rad.: 43512; Subsección B. Sentencia del 21 de noviembre
de 2018, Rad.: 40350; Subsección C. Sentencia del 28 de enero de 2015, Rad.: 32912A; Subsección A. Sentencia de
13 de febrero de 2013, Rad.: 18148.

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demandado y el daño producido; ii) que el hecho del tercero sea ajeno al servicio,
es decir, que el tercero no esté vinculado a la persona de derecho público
demandada ni realice actividades vinculadas al servicio público; y iii) que el hecho
del tercero sea imprevisible e irresistible para la entidad.

Adicionalmente, sobre la revisión del actuar del tercero en la producción del daño,
esta Sección ha precisado que no se requiere que el tercero haya actuado con
culpa, porque la relación causal es un aspecto de carácter objetivo. Empero, para
que excluya la responsabilidad de las entidades demandadas, debe haber
constituido la causa determinante61.

7. El caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 22 de
noviembre de 2013, por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las
pretensiones de la demanda, el extremo activo argumentó que los medios de
convicción obrantes en el plenario permitían acreditar falla del servicio en que
incurrieron las demandadas, en tanto el Ejército Nacional y la Policía Nacional no
adoptaron ninguna medida de protección y seguridad tendiente a proteger la vida e
integridad de las personas que habitaban El Carmen de Bolívar (Bolívar).

En este sentido, y comoquiera que sólo la parte demandante presentó recurso de
apelación contra la sentencia del 22 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del
Código de Procedimiento Civil, exclusivamente habrá lugar a resolver el asunto sub
lite en aquello que se reprocha como desfavorable en el recurso 62. Por ello, a
continuación, se analizará si el Ejército Nacional y/o la Policía Nacional son
patrimonialmente responsables por la muerte de Ingrid Johanna Ochoa Vélez.

61 Ibídem.
62 “Artículo 357. Competencia del Superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable
al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto
del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos
íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […] Cuando se hubiere
apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito
aun cuando fuere desfavorable al apelante.”

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Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

Antes de señalar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
expediente, es pertinente reiterar que los recortes de prensa arrimados al plenario63
serán valorados según los criterios expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo en sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es, que servirán solo como
indicador para la Sala, quien, a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas
regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza
de los hechos64.

Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

63 Fl. 84 a 91, C.1.
64 En relación con la valoración de los recortes de prensa o periódicos y su valor probatorio la

jurisprudencia de la Sala Plena puntualizó: “Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento
Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera
de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en
principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente
demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí
misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba
depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el
expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único
sustento de la decisión del juez. En la jurisprudencia de esta Corporación existen precedentes que
concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas “…son
indicadores sólo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia”, y que si
bien “…son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la
noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la
veracidad y certidumbre de la información que contienen”. Lo anterior equivale a que cualquier
género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio
puede servir solo como indicador para el juez, quien, a partir de ello, en concurrencia con otras
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los
hechos. Consecuentemente, a las noticias o informaciones que obtengan los medios de
comunicación y que publiquen como reportaje de una declaración, no pueden considerarse por sí
solas con el carácter de testimonio sobre la materia que es motivo del respectivo proceso. En relación
con este último punto el Consejo de Estado ha indicado que “…las informaciones publicadas en
diarios no pueden considerarse dentro de un proceso como prueba testimonial porque carecen de
los requisitos esenciales que identifican este medio de prueba, en particular porque no son
suministradas ante un funcionario judicial, no son rendidos bajo la solemnidad del juramento, ni el
comunicador da cuenta de la razón de la ciencia de su dicho…” por cuanto es sabido que el periodista
“…tiene el derecho de reservarse sus fuentes”. Consejo de Estado. Sala Plena Contenciosa
Administrativa. Sentencia del 29 de mayo de 2012. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia
del 22 de febrero de 2018. Rad.: 1635-17.

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7.1.1. Se probó que el 17 de agosto de 2000, miembros de las FARC detonaron un
artefacto explosivo en la Ferretería Central, ubicada en el municipio de El Carmen
de Bolívar (Bolívar). De esta información dan cuenta: i) el informe de diligencia en
casos de terrorismo del 24 de agosto de 2000, suscrito por el jefe de la Unidad
Investigativa – Departamento de Bolívar de la Policía Nacional; y ii) el informe de
novedad del 18 de agosto de 2000, suscrito por el comandante del Tercero Distrito
de la Policía Bolívar65. En el primero de los documentos se lee lo siguiente66:

“[…] el día 17 de agosto de 2000, siendo las 18:45 horas hizo una carga de alto poder
en la esquina de la Calle 25 con Carrera 51 donde se encuentra el local Ferretería
Santander de propiedad Roque Núñez Sarmiento, el cual fue objeto de un intento de
secuestro. Ambos hechos son atribuibles a las milicias urbanas de las FARC”

7.1.2. Se acreditó que ese mismo, falleció Ingrid Johanna Ochoa Velásquez, menor
que se desplazaba por el lugar donde fue detonado el artefacto explosivo, según
dan cuenta: i) el informe de diligencia en casos de terrorismo del 24 de agosto de
2000, suscrito por el jefe de la Unidad Investigativa – Departamento de Bolívar de
la Policía Nacional; ii) el informe de novedad del 18 de agosto de 2000, suscrito por
el comandante del Tercero Distrito de la Policía Bolívar67; y iii) su correspondiente
registro civil de defunción68. En el primero de los documentos se lee lo siguiente69:

“[…] en esta acción sufrieron daños materiales los locales comerciales ‘Asadero de
Pollos el Baby’, Distribuciones Oro, la Procuraduría Provincial y la Iglesia ‘Nuestra
Señora del Cármen’; resultaron, además, cuatro personas heridas […] Ingrid Johanna
Ochoa Velásquez, de 13 años de edad, natural y residente en el Carmen de Bolívar,
estudiante del colegio ‘Nuestra Señora del Carmen”, quien falleció por la gravedad de
las lesiones”

7.1.3. Finalmente, se probó que mediante oficio No. 0320 del 5 de mayo de 2009, la
Personería de El Carmen de Bolívar certificó que “[…] una vez revisados los archivos
de la entidad, no reposan quejas, informes o registros de los hechos ocurridos,
tampoco de amenazas sufridas por el señor Roque Núñez Sarmiento. En cuanto a la
información de bases, contingentes, destacamentos, copia de estudios de hombres
encargados de la seguridad del municipio y todo lo relacionado con el componente de

65 Fl. 168 a 169, C.1.
66 Fl 109 a 111, C.1.
67 Fl. 168 a 169, C.1.
68 Fl. 9, C.1.
69 Fl 109 a 111, C.1.

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seguridad es función del ejecutivo municipal dar respuesta como primera autoridad
civil y de policía del municipio. La categoría a la que corresponde el municipio de
Cármen de Bolívar es de sexta categoría”. De esta información da cuenta copia
auténtica del referido documento70 .

7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace
necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y
ii) su imputación frente al Estado.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración71-72.

70 Fl. 331, C.1.
71 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
72 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia

considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad
civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya
trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que
el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968.
Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente: “La
responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de un
dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en su
definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.

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7.2.1. El daño antijurídico

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento; es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que
contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique,
violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta
contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra
el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.

En el sub examine se tiene el daño alegado es la muerte de Ingrid Johanna Ochoa
Velásquez, la cual está debidamente acreditada con su correspondiente registro civil
de defunción (hecho probado 7.1.2). El daño tiene el carácter de antijurídico, pues
se trata de la afectación de derechos protegidos por el ordenamiento jurídico cuya
lesión no encuentra justificación legal.

En efecto, la vida es un derecho inherente e inalienable de la persona y se constituye
en presupuesto esencial para la realización de los demás derechos. La vida en
condiciones dignas se encuentra protegida en el Preámbulo de la Constitución
Política, que proclama dentro de los fines del Estado asegurar la vida de sus
integrantes, y en el artículo 11 Superior, que establece que "el derecho a la vida es
inviolable", de donde la vulneración de tales postulados y los daños que sobre ellos
se generen resultan antijurídicos.

7.2.2. La imputación

Para determinar si hay lugar a imputar el daño a la Nación – Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional y Policía Nacional, es necesario establecer si éstos le son
atribuibles fáctica y jurídicamente.

Así, además de los medios de convicción arrimados al proceso, de los cuales ya se

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Demandante: Manuel Vicente Ochoa Aragón y otros

hizo un recuento en el respectivo capítulo de hechos probados, obra en el
expediente el testimonio de Roque Núñez Sarmiento, quiera para la época de la
ocurrencia de los hechos era propietario del establecimiento de comercio “Ferretería
Santander”, en el que afirmó desde 1980 hasta el día en que ocurrió la detonación
del artefacto sufrió amenazas y extorsiones por parte de las FARC. Asimismo, indicó
que en el año 1991 fue víctima de un intento de secuestro y que todas esas
situaciones, fueron puestas en conocimiento de la Policía Nacional. También,
señaló que el 8 de mayo de 2000 sufrió un atentado en el que recibió tres impactos
de bala, los cuales le produjeron graves afectaciones a su salud. Finalmente,
advirtió que su hermano también fue víctima de intimidaciones, secuestros y
atentados, y que el municipio se encontraba en “zozobra y angustia” debido a la
compleja situación de orden público que allí se vivía. Justamente, en la declaración
que rindió ante el Juzgado Promiscuo Municipal de El Carmen de Bolívar sostuvo lo
siguiente73:

“[…] las amenazas y extorsiones fueron desde el año 1980 hasta los hechos del atentado
en la ferretería del 17 de agosto de 2000, a raíz de esa desgracia me fui para la ciudad
de Cartagena. La Policía siempre estuvo enterada de las amenazas y extorsiones
sufridas por mi. En el año 1991 sufrí el primer intento de secuestro en mi finca y logré
evadirme, después el 8 de mayo de 2000 sufrí un atentado grave contra mi integridad,
las extorsiones y amenazas fueron hechas por las FARC, siempre se identificaron como
ellos. Fui víctima con anterioridad a los hechos de un atentado y un intento de secuestro,
y al oponer resistencia recibí tres impactos de bala que me ocasionaron graves
quebrantos de salud. En esa época todos los amigos con los que uno hablaba
comentaban que era víctimas de extorsiones, entre ellos, mi hermano Reynaldo quien
fue secuestrado 2 veces y le colocaron petardos. Desde el año 1995 hasta el 2000 esto
estaba declarado como zona roja y se vivía una angustia y zozobra por la situación de
orden público que vivía la ciudadanía. El atentado fue como retaliación a los eventos
anteriores sufridos, pues sólo tenía tres meses de estar en recuperación cuando ocurrió
el atentado contra mi Ferretería”.

La declaración rendida por el señor Núñez Sarmiento tiene valor probatorio dado que
fue vertida por una persona que por su condición de habitante de El Carmen de
Bolívar, víctima de extorsiones, intimidaciones y ataques armados por parte de
miembros de las FARC, y como propietario del establecimiento de comercio
“Ferretería Santander” en donde fue activada la carga explosiva, conoció de la
compleja situación de orden público que atravesaba el citado municipio y además,
porque pudo conocer y/o advertir las negativas consecuencias que la detonación

73 Fl. 303 a 304, C.1.

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del artefacto provocó en las demandantes. Asimismo, porque fue rendido de
conformidad con las exigencias formales y sustanciales previstas en el Código de
Procedimiento Civil y, además, no fue desvirtuado por la parte demandada.

Así las cosas, a pesar de que el testimonio antes transcrito goza eficacia probatoria,
lo cierto es que éste no permite acreditar la falla del servicio alegada en el escrito
de la demanda, pues el declarante se limitó a enunciar y/o exponer una serie de
hechos particulares y acontecimientos previos al acto terrorista, que impiden
acreditar la supuesta omisión al deber de seguridad y protección en que habrían
incurrido el Ejército Nacional y la Policía Nacional frente a la población del municipio
o en contra de la propia víctima del daño. Por demás, según lo narrado por el señor
Núñez Sarmiento, pudo establecerse que la detonación del artefacto explosivo el 17
de agosto de 2000 obedeció a una retaliación y/o respuesta de la insurgencia por
los hechos acaecidos hacía unos días, pues: "el atentado fue como retaliación a los
eventos anteriores sufridos, pues sólo tenía tres meses de estar en recuperación
cuando ocurrió el atentado contra mi Ferretería”.

Al efecto, es preciso puntualizar que, aunque Roque Núñez Sarmiento narró en su
testimonio que las acciones ilegales de las que fue víctima con antelación al acto
terrorista fueron puestas en conocimiento de la Policía Nacional, lo cierto es que no
existe en el plenario prueba alguna que permita establecer que ello fue así, pues no
se acreditó que las autoridades municipales, policiales y militares hubieran sido
informadas de tal situación, que por estos hechos hubiere solicitado protección para
su vida y/o bienes ni tampoco que la requiriera, y menos aún que las entidades
demandadas por los anteriores sucesos tenían un deber de vigilancia especial frente
al ciudadano y/o sus bienes. Precisamente, lo anterior se acompasa la certificación
del 5 de mayo de 2009, expedida por el Personero Municipal de El Carmen de
Bolívar en la que expresamente se señaló: “[…] una vez revisados los archivos de la
entidad, no reposan quejas, informes o registros de los hechos ocurridos, tampoco de
amenazas sufridas por el señor Roque Núñez Sarmiento.”.

Ahora bien, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la
Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás

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derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares.

A su turno, esta Corporación ha señalado de manera reiterada y pacífica que un
daño es imputable al Estado por omisión en el deber de seguridad y protección
cuando: i) la persona ha solicitado protección especial, con justificación de las
particulares condiciones de riesgo en que se encuentra74; o ii) es evidente que una
persona requiere seguridad y protección, en consideración a pruebas que permiten
inferir que esta se encuentra amenazada o que está expuesta a sufrir graves riesgos
contra su vida o sus bienes75; o cuando iii) las autoridades dejan a la población a
merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles alguna ninguna protección a
pesar de tener conocimiento previo de que los derechos de esa población vienen
siendo desconocidos y vulnerados por grupos organizados al margen de la ley76.

Según lo expuesto, en el sub examine no se evidencia que el daño sea imputable
por falla del servicio a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía
Nacional, pues no hay pruebas que den cuenta que la detonación del artefacto
explosivo que ocasionó el lamentable fallecimiento de Ochoa Velásquez la
realizaron agentes del Estado o que tuvo lugar con complicidad de estos o que
contaron con su auspicio o que estas entidades tenían un deber especial de
protección frente a la menor y/o su núcleo familiar porque éstas previamente les
solicitaron protección y/o amparo especial, o porque existían pruebas que daban
cuenta que Ingrid Johanna Ochoa Velásquez y/o sus familiares se encontraban
amenazados o expuestos a sufrir graves riesgos contra su vida, o porque las
autoridades dejaron a la población a merced de organizaciones delictivas a pesar
de haber tenido conocimiento de la existencia de amenazas vigentes en ese
momento en contra de la población de El Carmen de Bolívar (Bolívar) o de alguno
de sus habitantes.

Precisamente, lo probado en el presente asunto litigioso no permitió evidenciar que
la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional tenían

74 Consejo de Estado, sentencia de 16 de julio de 1980, Rad 10134; Consejo de Estado, Sección

Tercera, sentencia de 17 de febrero de 1983, Rad. 5737.
75 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 30 de octubre de 1997, Rad. 10958.
76 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de julio de 1998, Rad. 17004

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conocimiento de que, concretamente, el 17 de agosto de 2000 o en fechas cercanas
a esta, miembros de las FARC tenían la intención de realizar un acto terrorista y/o
de activar una carga explosiva en el municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar) o
en contra de los bienes de Roque Núñez Sarmiento; ni que la población hubiese
quedado expuesta a la suerte de los grupos de delincuencia. Asimismo, se
evidencia que el extremo activo tampoco acreditó que el Ejército Nacional y la
Policía hubieren omitido adoptar medidas de protección, vigilancia y seguridad
tendientes a proteger a la población bolivarense ante un eventual acto terrorista.

A estos efectos, se evidencia las pruebas que obran en el expediente solo dan
cuenta de las circunstancias generales en las que estos lamentables hechos
sucedieron, pero no permiten establecer: i) si las entidades demandadas omitieron
garantizar las condiciones de protección y seguridad suficientes para impedir un
ataque de esta naturaleza o al menos contenerlo; ii) si la Administración desatendió
los protocolos de seguridad establecidos para el efecto; iii) si la reacción de la fuerza
pública fue tardía; y iv) si el acto terrorista era previsible y resistible.

En ese sentido, es importante resaltar que las pruebas obrantes en el expediente
no permiten acreditar que la víctima y/o sus familiares hubieren solicitado
previamente protección y/o amparo especial a la Administración, y/o constatar que
éstas se encontraban amenazadas o expuestas a sufrir graves riesgos contra su
vida, o que las entidad públicas accionadas hubieren dejado a la población de El
Carmen de Bolívar (Bolívar) a merced de los grupos delincuenciales o hubieran
tenido conocimiento de la realización de un eventual ataque terrorista en ese
municipio o en contra de alguno de sus habitantes.

Es así que la carga de la prueba está en cabeza de quien alega la falla de la
Administración y en el proceso resulta determinante demostrar, por los medios
legalmente dispuestos para tal fin, las circunstancias fácticas sobre los cuales se
fundó la demanda, de modo que la mera afirmación de los hechos y circunstancias
que los enmarcaron no resultan suficientes para atribuir responsabilidad patrimonial
al Estado77.

77Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de septiembre de 2020, Exp. 59400.

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De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra, entonces, que en el presente caso
la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en
cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde la falla del
servicio que alega requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien
corresponde tal onus, impide establecer la existencia de uno de los elementos
estructurales de la responsabilidad, sin el cual, en los términos del artículo 90 de la
Constitución Política, no es posible su declaración.

Por otra parte, en su aspecto sustancial, debemos considerar que la causación de
un daño antijurídico genera la obligación correlativa de indemnizarlo a quien lo
sufre y, como obligación de contenido crediticio de reparación integral del mismo,
su prueba corresponde a quien lo alega y reclama, tal y como se desprende del
artículo 1757 del Código Civil78; de donde tratándose de la prueba del nacimiento
y existencia de una obligación, es un deber insoslayable del acreedor que solo
excepcionalmente puede suplirse por orden del juez o en virtud de la ley, pues ello
rompe el equilibrio de la relación subyacente a la discusión de la obligación misma.

Con todo, se evidencia que no hay prueba que dé cuenta que la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional omitieron sus deberes de
protección y cuidado frente a la víctima o el municipio, porque nunca tuvieron
conocimiento de una situación de riesgo en contra de los pobladores de El Cármen
de Bolívar (Bolívar), no era evidente que la necesitaran, ni existían amenazas
concretas de grupos al margen de la ley hacia la población civil o la víctima que
permitieran inferir que el día o en una fecha cercana a esta y en el lugar en el que
detonó el artefacto explosivo se iba a realizar un acto terrorista.

En suma, en el sub lite quedó probado que el artefacto que ocasionó el daño a los
demandantes fue detonado por las FARC (hechos probados 7.1.1 y 7.1.2.), que en
estos hechos no intervino la Administración por acción u omisión y que la activación
del explosivo fue un hecho imprevisible, irresistible y externo a ésta, dado el

78 “Artículo 1757. Persona con la carga de la prueba. Incumbe probar las obligaciones o su extinción

al que alega aquéllas o ésta.”

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Demandante: Manuel Vicente Ochoa Aragón y otros

elemento sorpresa por medio del cual se realizó el acto destructivo y dada la
ausencia de conocimiento de las autoridades acerca de la existencia previa de una
amenaza cierta, concreta y vigente, pues tales atentados terroristas justamente se
amparan en el elemento sorpresa.

En efecto, la muerte de Ingrid Johanna Ochoa Velásquez fue (i) irresistible para el
Ejército Nacional y Policía Nacional por la imposibilidad objetiva de evitarla, toda
vez que la detonación del artefacto explosivo (acto terrorista) que condujo a la
muerte de la menor provino de una actuación ilegal y deliberada de un grupo
insurgente; (ii) imprevisible, porque no era posible contemplar el hecho con
anterioridad a su ocurrencia, es decir, que el 17 de agosto de 2000 o en fechas
cercanas a esta, miembros de ese grupo subversivo activarían una carga explosiva
en un establecimiento de comercio ubicado en la cabecera municipal y (iii) exterior
respecto de las entidades demandadas, por cuanto la causa adecuada provino de
una conducta exclusiva de un tercero, esto es, la detonación del artefacto explosivo
el 17 de agosto de 2000 por miembros de las FARC.

De igual manera debe advertirse que como en el presente caso quedó acreditado
que los hechos aquí debatidos corresponden a aquellos suscitados dentro del marco
del conflicto armado interno de conocimiento de la Justicia Especial para la Paz –
J.E.P., en la parte resolutiva de la sentencia la Sala remitirá copia de esta
providencia al mencionado Tribunal para lo de su competencia, en aras de aportar
al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

Debe recordarse que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y
Construcción de una Paz Estable y Duradera carece de valor normativo en sí
mismo, en los estrictos términos que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-
332 de 2017, pero su carácter vinculante y sus efectos jurídicos no dependen
exclusivamente de su implementación normativa frente a las partes que lo
suscribieron.

No en vano el Acuerdo Final para la Paz se suscribió “[…] por el Gobierno Nacional
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-

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EP), como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios
de Ginebra de 1949, para efectos de su vigencia internacional”.

Además, el mismo Acuerdo señala que las partes que lo suscribieron “se han ceñido
al espíritu y alcances de las normas de la Constitución Nacional, de los principios
del Derecho Internacional, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del
Derecho Internacional Humanitario (Convenios y Protocolos), de lo mandado por el
Estatuto de Roma (Derecho Internacional Penal), de los fallos proferidos por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos relativos a los conflictos y su terminación, y
demás sentencias de competencias reconocidas universalmente y
pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos”.

En otras palabras, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y Construcción
de una Paz Estable y Duradera tiene efectos jurídicos y resulta vinculante para las
partes que lo suscribieron y, por lo tanto, es posible hacerlo exigible frente a ellas,
en los mismos términos en los que se firmó.

Justamente, por ello en este caso se remitirá copia de la providencia a la JEP para
que, de acuerdo a su competencia, se logre aportar al Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, una vez acreditados las posibles
conductas violatorias de los derechos humanos atribuibles a las FARC, en tanto en
este proceso únicamente se valoró la responsabilidad del Estado derivada de la
muerte de la menor Ingrid Johanna Ochoa Velásquez, pero escapa al enjuiciamiento
para reclamar la responsabilidad que asiste por la comisión de delitos violatorios del
Derecho Internacional Humanitario que pudo cometer el directo perpetrador del acto
terrorista.

Por todo lo anterior, la Sala confirmará el sentido de la sentencia del 22 de
noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las
pretensiones de la demanda, no sin antes adicionar un numeral que disponga remitir
copia de la presente providencia a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para
lo de su competencia.

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8. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación
temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 para que ésta proceda y las mismas no se hallan probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de noviembre de 2013, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda, no
sin antes incluir un numeral que disponga REMITIR copia de la presente providencia
a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para lo de su competencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS.

TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Aclaración de voto

VF

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