Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-31-000-2002-01036-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-31-000-2002-01036-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-31-000-2002-01036-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
5 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014)
Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y
Contraloría Distrital de Cartagena
Temas: Supresión de cargo. Inexistencia de estudios técnicos
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 9 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en
el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (CCA), la señora Margarita del
Carmen Ramos Arroyo formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, en orden a que se declare la nulidad de los siguientes actos
administrativos: i) Acuerdo 002 de 11 de abril de 2002, proferido por el Concejo
Distrital de Cartagena de Indias, «por medio del cual se establece la estructura
orgánica y se determina la planta de personal de la Contraloría Distrital de
Cartagena», en cuanto a la supresión del cargo de auxiliar administrativo código
550, grado 03, que desempeñaba; ii) Resolución 158 del 2 de mayo de 2002,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014)
Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo
expedida por el Contralor Distrital de Cartagena de Indias, «por medio de la cual se
distribuye los empleos de la nueva estructura orgánica de la Contraloría Distrital de
Cartagena, conforme a lo ordenado en el Acuerdo 002 del 11 de abril de 2002», en
cuanto no dispuso su incorporación en la nueva planta de personal; y iii) oficio sin
número del 2 de mayo de 2002, entregado el 6 de mayo siguiente, por el cual el
contralor distrital de Cartagena le notificó tal decisión.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) ordenar su reintegro al cargo de auxiliar administrativo Código 550 Grado 03, del
que fue separada o, en su defecto, a uno de igual, similar o superior jerarquía; ii)
pagarle el monto total de los salarios, primas, vacaciones, bonificaciones, cesantías,
intereses de cesantías, auxilios médicos, aumentos, reajustes, cotizaciones a
pensión y demás prestaciones de tipo económico dejados de percibir, desde el día
en que se produjo su desvinculación, hasta cuando se reintegre efectivamente, sin
solución de continuidad; iii) indexar y actualizar los valores que resulten, de
conformidad con el IPC; iv) pagar los intereses moratorios y los perjuicios materiales
y morales causados, que resulten demostrados; y v) condenar a la accionada al
pago de las costas y agencias en derecho.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) La señora Margarita del Carmen Ramos Arroyo fue nombrada en el cargo de
auxiliar administrativo, código 550 grado 03, mediante resolución emanada del
despacho del contralor distrital de Cartagena de Indias. Se posesiono legalmente
en el empleo y laboró hasta el 6 de mayo de 2002.
ii) Su ingreso como auxiliar administrativo en el año 2001 «tuvo lugar en razón de
reincorporación», teniendo en cuenta que cumplía los requisitos establecidos en los
Acuerdos Distritales del Concejo de Cartagena de Indias.
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Radicado: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014)
Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo
iii) Mediante oficio sin número del 2 de mayo de 2002, el contralor distrital de
Cartagena, le comunicó que, mediante Acuerdo Distrital 002 del 11 de abril de 2002,
el empleo que venía desempeñando había sido suprimido y, por ende, estaba
retirada del servicio.
iv) La señora Margarita del Carmen Ramos Arroyo, mediante carta entregada el día
8 de mayo de 2002, comunicó a la Contraloría Distrital su deseo de ser
reincorporada a esa entidad como empleada de carrera.
v) El mencionado Acuerdo no suprimió el cargo que desempeñaba la demandante,
pues en la planta de personal se aprecian claramente 7 cargos de la misma
denominación, para cuya provisión no se tuvo en cuenta el mérito, la calificación de
servicios, la antigüedad, la capacitación, el nivel académico, ni el desempeño de las
personas.
vi) El referido acto tiene vicios en su formación y aprobación, que lo hacen nulo,
pues dentro del proceso de reestructuración de la planta de personal de la
Contraloría no se efectuó un estudio que respalde y sustente jurídica y técnicamente
la supresión de los cargos.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 25 y 125 de la Constitución Política; 62, 63,
82, 83, 85, 121, 127, 136 (numeral 2) 137, 139, 146 (numeral 2) 149, 170, 171, 172,
173, 174 y 175 del Código Contencioso Administrativo; 1 y 2 de la Ley 443 de 1998;
16 y 49 de la Ley 446 de 1998; 3 y 4 de la Ley 489 de la 1998; y los Acuerdos 020 de
1999 y 002 de 2001 emitidos por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:
i) «Como causales de nulidad, de conformidad con el artículo 84 del C.C.A, invoco
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Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo
las de infracción de las normas en que debían fundarse los actos administrativos
acusados, la desviación de poder, la violación al debido proceso en cuanto al
ejercicio de las atribuciones propias de los funcionarios que emitieron los actos
acusados, la violación de principios constitucionales fundamentales y legales de la
función pública y falsa motivación de los actos demandados».
ii) «El cargo de Auxiliar Administrativo, Código 550, existe en la planta de personal.
Por lo tanto, el contenido del acto es discordante con la realidad. Existe en el
Acuerdo 002 de 2002 siete (7) cargos de Auxiliar Administrativo, con el mismo
Código 550, es palmaria la falsedad de la motivación del acto (…) los motivos reales
del retiro del servicio permanecen ocultos».
iii) Todas las entidades públicas tienen el deber de velar que el proceso
administrativo interno que se adelante para establecer o modificar la planta de
personal cuente con un estudio técnico previo, elaborado por un equipo
interdisciplinario, avalado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Este no es el caso de la actuación adelantada por la Contraloría Distrital de
Cartagena de Indias, puesto que no existe un documento que cumpla con los
requisitos exigidos por la Función Pública, que contenga los fundamentos técnicos,
funcionales y jurídicos que sustenten la reducción de su planta de personal.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. La Contraloría Distrital de Cartagena, por medio de apoderado, se opuso a
las pretensiones del libelo, con los siguientes argumentos:1
i) El acto administrativo demandado no incurre en causal o vicio que permita que
prosperen las pretensiones de la demanda, debido a la naturaleza del cargo de la
demandante y la sujeción a la ley en la emisión de este, pues en reiteradas
oportunidades la Sala de lo Contencioso Administrativo ha dicho que el funcionario
1 Folios 89 al 92.
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Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo
puede ser retirado, aunque se trate de un empleado con desempeño eficiente en el
cargo.
ii) En el artículo 25 del Decreto Ley 2400 de 1968 y en el numeral 3 del decreto 1950
de 1973, que lo reglamenta, se consagra expresamente la supresión del empleo
como causal de retiro del servicio.
Propuso las excepciones de «no haber acompañado el actor una copia de los actos
acusados con las constancias de su publicación, notificación o ejecución de
conformidad con el artículo 139 del C.C.A.; aplicación de la Ley 617 de 2000; mala
fe del demandante; cobro de lo no debido; falta de causa para demandar;
presunción de legalidad de los actos administrativos; declaración de oficio;
caducidad del acuerdo del Consejo Distrital 002 del 11 de abril de 2002; caducidad
de la solicitud contenida en el punto quinto que adiciona la demanda, la cual
incorpora una sexta pretensión; indebida individualización de los actos
administrativos acusados en el punto sexto de la adición de la demanda; e indebido
enjuiciamiento del acto administrativo complejo».
1.2.2. El Distrito de Cartagena también se opuso a súplicas de la demanda con
fundamento en las siguientes razones:2
i) La Administración puede acudir a la supresión de cargos en una entidad, sin que
puedan oponérsele los derechos de carrera de los empleados, ya que estos deberán
ceder ante el interés general.
ii) Las normas sobre carrera administrativa reconocen el derecho de los empleados
inscritos en el sistema a ser incorporados en los cargos de la nueva planta o a optar
por una indemnización. Estas opciones han de entenderse como la garantía de los
derechos del personal llamado a quedar cesante en los procesos en los que
prevalece el interés general.
2 Folios 557 al 565.
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Radicado: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014)
Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo
Propuso las excepciones de inexistencia de violación del régimen jurídico; ineptitud
de la demanda por no agotar en debida forma la vía gubernativa; legalidad y validez
de los actos acusados; pago de lo debido y buena fe; y falta del requisito de la
conciliación prejudicial.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia proferida el 9 de mayo de
2014,3 denegó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:
i) El oficio de 2 de mayo suscrito por el contralor distrital constituye una simple
comunicación sobre la supresión del cargo que desempeñaba la demandante según
lo dispuesto en el Acuerdo 002 del 11 de abril de 2002.
ii) No le asiste razón a la actora cuando afirma que el cargo que ocupaba en la
entidad no desapareció, pues de la lectura del artículo 14 del Acuerdo 002 de 2011,
por el cual se adoptó la planta de la Contraloría, se puede establecer que existen
diez cargos de auxiliar administrativo, código 550, pero grado 07 y no 03, como el
que esta desempeñaba.
iii) En cuanto al cargo de desviación de poder, en el proceso no se acreditó que la
administración haya actuado por fuera del marco de la ley, más aún cuando el
Acuerdo 002 del 11 de abril de 2002 adoptó la planta de cargos de la Contraloría
distrital de Cartagena teniendo en cuenta el presupuesto asignado a dicha entidad,
en cumplimiento del programa de saneamiento fiscal y financiero.
iv) Tampoco se demostró la violación de los principios fundamentales de la Función
Pública, por cuanto la administración puede acudir a la supresión de cargos de una
3 Folios 672 al 683.
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Radicado: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014)
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entidad sin que puedan oponerse los derechos de carrera de los funcionarios, ya
que estos deberán ceder ante el interés general tal como lo señaló la Corte
Constitucional en la sentencia C-370 del 27 de mayo de 1999.
v) La causal de nulidad por violación del debido proceso no está probada, en la
medida en que los actos acusados le fueron notificados en debida forma a la
demandante para que ejerciera su derecho de defensa y se le respetaran los
derechos de carrera administrativa, en tanto que se le dio la opción de escoger entre
la indemnización y el reintegro a otro cargo igual o equivalente.
vi) Por otro lado, si bien la actora alega que no se efectuó un estudio técnico que
respalde jurídicamente la supresión de los cargos, lo cierto es que en el capítulo de
normas violadas no señaló las disposiciones que exigen la elaboración de este
estudio, en forma previa, conforme al artículo 41 de la Ley 443 de 1998. Por lo tanto,
no es posible entrar a decidir sobre el punto, «en orden a garantizar el derecho de
defensa y los principios de congruencia y rogatividad de la jurisdicción contenciosa
administrativa, por cuanto la ausencia de estudio técnico no fue estructurada como
un cargo de anulación de los actos acusados, sino como un hecho irrelevante que
finalmente no se plasmó ni ató a los cargos materia de estudio».
Y si bien la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 4 de
noviembre de 2010, confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Bolívar el 4 de septiembre de 2008, que anuló el Acuerdo 002 de 2002, en
relación con la demandante en dicho proceso, lo hizo porque «en aquel
contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado a instancia de la
señora EDITH ARNEDO DE OROZCO efectivamente se planteó como cargo de anulación
la ausencia de estudio técnico previo invocando para el efecto el artículo 41 de la
Ley 443 de 1998, lo cual —como se dijo en precedencia- para el presente caso no
aconteció».
1.5. El recurso de apelación
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Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo
El apoderado de la señora Margarita del Carmen Ramos Arroyo interpuso recurso
de apelación4 en contra de la sentencia previamente referenciada y solicitó que se
revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Como sustento
de su petición expuso lo siguiente:
i) El a quo erró en su apreciación, al considerar que el cargo ocupado por la
demandante fue suprimido, por el solo hecho de que se cambió parcialmente la
denominación del empleo, al pasar del Auxiliar Administrativo Código 550 Grado 03,
que tenía en la planta anterior, al de Auxiliar Administrativo Código 550 grado 007,
que se fijó en la nueva planta, sin observar que las funciones asignadas a dichos
empleos en la planta anterior y en la nueva eran las mismas.
ii) Si la reestructuración de la planta de personal de la Contraloría era la
consecuencia del programa de saneamiento fiscal y financiero del Distrito de
Cartagena de Indias, la realidad fáctica riñe con el propósito buscado, pues, si bien
se redujo el número de cargos, aumentó el costo de nómina, dada la situación en la
que se incrementó el número de empleos de profesionales y profesionales
especializados, entre otros.
Es claro entonces que lo pretendido era la profesionalización de sus empleados,
aspecto que se cumplía en cabeza de la actora, dada su calidad de contador público
titulado, quien consolidó calificaciones sobresalientes, por encima de los de 890
puntos, siendo el máximo de 1000, y alcanzando inclusive puntajes de 9.30. En este
orden, no tiene sentido que siendo esa una de las banderas de la restructuración se
hayan hecho nombramientos en provisionalidad en el cargo de auxiliar
administrativo código 550 grado 07 y posesionado personas que no acreditaban ni
la experiencia ni el tiempo, ni contaban con el escalafón de la carrera
administrativa.5
4 Folios 685 al 699.
5 Señaló como tales, las siguientes: , a saber, Omar Said Payares Pérez, Rocío Del Carmen Garcia Meléndez,
Julio Carlos Pinedo Cabarcas, Juan Carlos Cárdenas Velásquez, Raymundo Guillermo Martínez Hernández y
Fanny Del Carmen Sejín Reyes.
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Radicado: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014)
Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo
iii) La señora Ramos Arroyo, como empleada de carrera, hizo valer su derecho
preferencial y dentro de la oportunidad legal solicitó a la Contraloría Distrital de
Cartagena su reincorporación en la nueva planta de personal, sin obtener respuesta
por parte de la Administración.
iv) El argumento del a quo según el cual la ausencia de estudio técnico no fue
estructurada como un cargo de anulación de los actos acusados, sino como un
hecho irrelevante, denota que no se analizó de manera integral la demanda, sus
anexos, las documentales allegadas a petición y de oficio ni los alegatos.
1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.6.1. El demandante
El apoderado de la señora Margarita del Carmen Ramos Arroyo descorrió el término
para alegar y reiteró los argumentos presentados en el recurso de apelación.6
1.6.2. La parte demandada
El Distrito Turístico Cultural de Cartagena de Indias reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda.7
La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias guardó silencio.8
1.7. El Ministerio Público
El agente del ministerio público no rindió concepto.9
2. Consideraciones
6 Folios 727 al 743.
7 Folios 745 al 750.
8 Constancia secretarial obrante a folio 743.
9 Ibidem.
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Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo
2.1. Cuestión previa
El a quo decidió, «en orden a garantizar el derecho de defensa los principios de
congruencia y rogatividad de la jurisdicción contenciosa administrativa», no estudiar el
cargo relacionado con la ausencia del estudio técnico, al considerar que se planteó
«como un hecho irrelevante que finalmente no se plasmó ni ató a los cargos materia
de estudio».
Al respecto, la Sala advierte que, en efecto, en el acápite de normas violadas no se
señaló el artículo 41 de la Ley 443 de 1998;10 sin embargo, en el hecho 11 de la
demanda11 se afirmó lo siguiente:
[…] el Acuerdo Distrital No. 002 de abril 11 de 2002 tiene vicios en su formación y
aprobación que lo hacen nulo pues dentro del proceso que llevó al establecimiento de
la planta de personal de la Contraloría, no se efectuó un estudio técnico que respalde
y sustente jurídica y técnicamente la supresión de los cargos y la estructuración de la
planta de personal como tal […].
Por su parte, en el acápite de «concepto de violación de normas», al desarrollar el
cargo «2. violación al debido proceso»12 se expuso:
Las Contralorías Distritales, al igual que todas las entidades públicas del orden
territorial, están sometidas y tienen el deber impuesto por norma de rango legal a velar
que todo proceso o procedimiento administrativo interno que se adelanten (sic) para
efectos de establecer, determinar o modificar la planta de personal cumpla con el
requerimiento de un estudio técnico previo que cumpla con los requisitos y contenidos
que exige la función pública y debe ser elaborado por un equipo interdisciplinario de
profesionales de alto nivel de la entidad y contar con su aval y asesoría o ser elaborado
por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Este no es el caso de la
actuación adelantada por la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias puesto que no
existe un documento que cumpla con los requisitos necesarios o requeridos por la
10 Artículo 41. Reforma de plantas de personal. <Artículo derogado por el artículo 58 de la Ley 909 de 2004>
Con el fin de garantizar la preservación de los derechos de los empleados de carrera, las reformas de planta de
personal de las entidades de la rama ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, que impliquen supresión de
empleos de carrera, deberán motivarse expresamente; fundarse en necesidades del servicio o en razones de
modernización de la Administración y basarse en estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las
respectivas entidades, la Escuela Superior de Administración Pública, firmas especializadas en la materia, o
profesionales en Administración Pública u otras profesiones idóneas, debidamente acreditados, de acuerdo con
la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
11 Folio 6.
12 Folio 10.
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Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo
función pública que contenga los fundamentos técnicos, funcionales y jurídicos que
sustenten el establecimiento de la planta de personal o su reducción.
No queda duda, entonces, de que no se trató de la narración de un hecho irrelevante,
como lo consideró el tribunal, pues, a pesar de que no se señaló la norma vulnerada
y el cargo se rotuló como «violación al debido proceso», lo cierto es que se fundamentó
en la ausencia del estudio técnico previo que sustentaran las razones de la
administración para reformar la planta de personal de la entidad. En consecuencia, es
procedente resolver este cargo.
2.2. El problema jurídico
Dilucidado lo anterior, de acuerdo con el recurso de apelación, a la Sala le
corresponde determinar: (i) si la reforma de la planta de personal de la Contraloría
de Cartagena de Indias contó con el estudio técnico previo; y (ii) si existió o no
supresión efectiva del empleo que ocupaba la demandante.
2.2.1. Marco jurídico
De conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política, los empleos de las
entidades del Estado son de carrera administrativa, salvo las excepciones
expresamente consagradas en la ley.
La Ley 443 de 1998, vigente para la época en que se expidió el acto acusado, reguló
la carrera administrativa como un sistema técnico de administración de personal que
tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública, así como
ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, la capacitación,
la estabilidad en los empleos y el ascenso.
A su turno, conforme a los artículos 37 y 39 ibidem, el retiro de los servidores con
derechos de carrera se verificaría por las causas determinadas en la Constitución
Política o en la ley, entre las que se encuentran la supresión del empleo, «como
consecuencia de la supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias,
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o del traslado de funciones de una entidad a otra, o de modificación de planta».
Igualmente, se previó que los servidores afectados por tales medidas podrían «optar
por ser incorporados a empleos equivalentes o a recibir indemnización en los
términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional».
La Administración, en síntesis, por motivos de interés general ligados a la eficacia y
eficiencia de la función pública puede acudir a la supresión de cargos en una
entidad, sin que puedan oponérsele los derechos de carrera de los funcionarios, ya
que estos deberán ceder ante el interés general.13
Por otra parte, el artículo 41 de la Ley 443 de 1998,14 reguló la reforma de las plantas
de personal en los siguientes términos:
Artículo 41. Reforma de plantas de personal. Con el fin de garantizar la preservación
de los derechos de los empleados de carrera, las reformas de planta de personal de
las entidades de la rama ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, que impliquen
supresión de empleos de carrera, deberán motivarse expresamente; fundarse en
necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración y
basarse en estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas
entidades, la Escuela Superior de Administración Pública, firmas especializadas en
la materia o profesionales en Administración Pública u otras profesiones idóneas,
debidamente acreditadas, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno
Nacional.
Toda modificación a las plantas de personal de las entidades del orden nacional
incluidos sin excepción los establecimientos públicos, y las plantas de personal de
empleos públicos que formen parte de las empresas industriales y comerciales del
Estado, deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo de la Función
Pública.
(...)”
A su turno, el Decreto 1572 de 1998, reglamentario de la mencionada ley, en su
artículo 148 reiteró:
Artículo 148. Las modificaciones a las plantas de personal de las entidades
pertenecientes a la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán
13 Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de noviembre de
2010, radicado 13001-23-31-000-2002-01039-01(0621-09), consejero ponente: Victor Hernando Alvarado
Ardila.
radicado 13001-23-31-000-2002-01039-01(0621-09).
14 «Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones».
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motivarse expresamente y fundarse en las necesidades del servicio o en razones
que propendan por la modernización de la institución, las cuales estarán soportadas
en estudios técnicos que así lo demuestren.
Finalmente, el Decreto 2504 de 1998, que modificó algunos artículos del Decreto 1572,
en su artículo 9 dispuso:
Artículo 9. Modificase el artículo 154 del Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998, el
cual quedará así:
Artículo 154. Los estudios que soportan las modificaciones de las plantas de
personal deberán estar basados en metodologías de diseño organizacional y
ocupacional que contemplen, dependiendo de la causa que origine la propuesta,
alguno o varios de los siguientes aspectos:
1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo.
2. Evaluación de la prestación de los servicios.
3. Evaluación de las funciones asignadas, perfiles y las cargas de trabajo de los
empleados.
De los artículos transcritos se deduce que para la modificación de cualquier planta
de personal se debe contar con los estudios técnicos que justifiquen dicha
reestructuración, los cuales deben estar basados en metodologías de diseño
organizacional y ocupacional que contemplen uno o varios de los aspectos
consagrados en el artículo 154 del Decreto 1572 de 1998.
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
i) El 18 de abril de 1994, por medio de la Resolución 111 del 11 de abril anterior, la
señora Margarita del Carmen Ramos Arroyo fue nombrada en la Contraloría Distrital
de Cartagena, en el empleo de revisor de cuentas en la Unidad Legal Examen de
Cuentas y Juicios Fiscales.15
15 Folio 155.
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Radicado: 13001 23 31 000 2002 01036 01 (4729-2014)
Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo
ii) El 20 de noviembre de 1995, por Resolución 321,16 la Comisión Seccional del
Servicio Civil del departamento de Bolívar inscribió en el escalafón de la carrera
administrativa a la señora Margarita del Carmen Ramos Arroyo, en el empleo de
revisor de cuentas I, código 5040, en el cual fue nombrada en periodo de prueba
por Resolución 436 del 10 de octubre de 1994.17
iii) El 23 agosto de 1999, por medio del Acuerdo 20, el Concejo Distrital de
Cartagena modificó la estructura orgánica y ajustó el sistema de nomenclaturas y
clasificaciones de los empleos de la Contraloría Distrital de Cartagena.18
iv) El 26 de marzo de 2001, a través de la Resolución 055,19 el contralor distrital de
Cartagena incorporó «a la nueva planta de personal a unos funcionarios de carrera
administrativa», entre ellos a la actora. Según Acta 115, en esta fecha la señora
Ramos Arroyo se posesionó en el cargo de auxiliar administrativo, código 550, grado
03.20
v) El 11 de abril de 2002, el Concejo Distrital de Cartagena de Indias expidió el
Acuerdo 002, «Por medio del cual se establece la estructura orgánica y se determina
la planta de personal de la Contraloría Distrital de Cartagena», en el que se adoptó
la nueva planta de personal, en los siguientes términos:21
Artículo 14: Adóptese la planta de personal de la Contraloría Distrital de Cartagena
de Indias según la siguiente distribución, niveles y su correspondiente nomenclatura
para la presente vigencia de 2002, teniendo en cuenta el presupuesto asignado a la
Contraloría Distrital en cumplimiento del programa de saneamiento fiscal y financiero
denominado programa de ajuste del Distrito Cartagena de Indias.
Dentro de la nueva planta de personal se establecieron diez (10) cargos de auxiliar
administrativo 550 grado 07 (el mismo que ocupaba la actora, pero grado 03).
16 Folio 116.
17 Folio 125.
18 Folios 233 al 460.
19 Folios 625 al 627.
20 Folio 624.
21 Folios 19 al 24.
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Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo
Y en el artículo 17 se dispuso:
Los empleos no contemplados en el presente acuerdo se entenderán suprimidos de
la planta de personal, y sus titulares de carrera, tendrán derecho a optar por la
indemnización o por la incorporación a empleo equivalente, de conformidad con lo
consagrado en la Ley 443 de 1998, en el Decreto reglamentario 1572 de 1998,
modificado por el Decreto 2504 de 1998 y el Decreto 1173 de 1999, con sujeción al
procedimiento establecido en el Decreto Ley 1568 de 1998.
vi) El 2 de mayo de 2002, el Contralor Distrital, «conforme a lo ordenado en el
Acuerdo 002 del 11 de abril de 2002», profirió la Resolución 15822 «por medio de la
cual se adopta la nomenclatura y clasificación de los empleos de la nueva estructura
orgánica de la Contraloría Distrital de Cartagena», en la cual se establecieron, en la
planta global, diez cargos de auxiliar administrativo código 550 grado 07.
vii) El 6 de mayo de 2002, mediante oficio del 2 de mayo anterior, el contralor distrital
de Cartagena de Indias le comunicó a la demandante que el cargo que
desempeñaba había sido suprimido y que podía optar «por recibir la indemnización
a que tiene derecho o a que la entidad dentro de los seis (6) meses siguientes
estudie la viabilidad de incorporarla en un cargo equivalente de la nueva planta de
personal».23
viii) El 7 de mayo de 2002, en escrito dirigido al contralor distrital de Cartagena, la
demandante manifestó que optaba por la incorporación en la nueva planta, dentro
de los seis meses siguientes a la supresión del cargo.24
ix) El 24 de mayo de 2002, la demandante solicitó que se reincorporara en el cargo
de técnico 401 grado 09 o en el de profesional universitario 340 grado 15, para los
cuales reunía los requisitos.25
22 Folios 594 al 597.
23 Folios 18 y 603.
24 Folio 124.
25 Folio 123.
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Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo
x) El 1.° de noviembre de 2002, el director administrativo y financiero de la
Contraloría Distrital de Cartagena de Indias le informó a la señora Ramos Arroyo
que una vez vencido el plazo de seis meses establecido en la Ley 443 de 1998 para
su reubicación, se procedería al reconocimiento y pago de la indemnización
respectiva.26
xi) El 6 de noviembre de 2002, por medio de la Resolución 08-460, se liquidó la
indemnización anunciada a la señora Margarita del Carmen Ramos Arroyo.27 Al
respecto, se consideró:
Que mediante Acuerdo Distrital No 002 del 28 de Febrero de 2002, emanado del
Honorable Concejo Distrital de Cartagena de Indias, se estableció la nueva planta
de personal de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias,
Que conforme al citado Acuerdo, el cargo que venía desempeñando MARGARITA
RAMOS ARROYO fue suprimido y esta supresión se hizo efectiva a partir del día
06-May-02.
…
Que MARGARITA RAMOS ARROYO optó libremente por la incorporación a un
cargo igual o equivalente en la nueva planta
Que el 6 de Noviembre de 2002 se venció el plazo de seis (6) meses que estipula la
Ley 443 de 1998 para la incorporación y ésta no ha sido posible
(…)”.
✓ La liquidación, correspondiente a 7 años, 6 meses y 17 días (del 20 de octubre
de 1994 al 6 de mayo de 2002), arrojó un total de $ 5.929.058.
2.4. Análisis de la Sala
Como se planteó, el análisis de la Sala se centrará, en primer lugar, en determinar
si la reforma de la planta de personal de la Contraloría de Cartagena de Indias contó
con el estudio técnico previo, exigido por el artículo 148 del Decreto 1572 de 1998
y normas concordantes. En segundo lugar, y solo en caso de encontrarse acreditada
la existencia del referido documento, se ocupará del segundo problema jurídico,
relacionado con la real supresión del cargo de la demandante, pues de encontrar
26 Folio 121.
27 Folios 117 y 118.
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Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo
acreditada la ausencia del estudio técnico se relevará de estudiar los demás reparos
alegados en el recurso, pues la inexistencia de tal estudio técnico vicia de manera
directa la supresión de su cargo.
Con el objeto de dilucidar dicho aspecto, se destacan las siguientes actuaciones
surtidas dentro del proceso:
i) El despacho sustanciador, por auto del 21 de marzo de 2013,28 ordenó oficiar a la
Contraloría Distrital de Cartagena para que remitiera algunos documentos
relacionados con la supresión de la demandante, y al Concejo Distrital le requirió el
envío de las «copias del estudio técnico que sirvió de sustento para ajustar la planta
de personal» de la entidad.
ii) En respuesta, con Oficio 303 del 6 de mayo siguiente,29 el director administrativo
y financiero del ente de control allegó la documentación que reposaba en sus
archivos, dentro de la cual no se encontraba el referido estudio. El Concejo guardó
silencio al requerimiento efectuado.
iii) El secretario del Tribunal, por Oficio 0554 DD3 del 22 de julio de 2013, requirió
nuevamente al Concejo Distrital para que enviara la copa del estudio técnico,
advirtiéndole que el incumplimiento a lo solicitado acarrearía las correspondientes
sanciones.
iv) En respuesta, la secretaria general del Concejo, con Oficio SG 821/13 del 31 de
julio de 2013,30 envió «copia del anexo del Acuerdo 002 de 2002, que consta de un
Informe Técnico para la organización Administrativa de la Contraloría Distrital de
Cartagena de Indias, el cual se encuentra ilegible y sin firma», y de un documento,
igualmente ilegible y sin firma, que se denomina «Estudios técnicos para la
organización administrativa de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias».
28 Folios 588 y 589.
29 Folio 590.
30 Folio 629.
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Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo
Del referido documento31 se logra leer lo siguiente:
[ilegible]
Función Pública
[ilegible]
Contraloría Distrital de Cartagena de Indias
Con fecha 24 de agosto del presente año, se recibió copia de dos resúmenes de los
informes presentados con motivo de la reestructuración de la Contraloría Distrital de
Cartagena de Indias y que tratan sobre el alcance de la reforma a la estructura
orgánica adelantada durante el pasado mes de marzo.
[…]
Por lo anterior, se recomienda adelantar el estudio técnico completo de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto Ley 1569 de 1998, modificado por el Decreto 2504
de 1998, reglamentario de la Ley 443 del mismo año […]
A través de los citados estudios técnicos se deberá establecer la estructura
administrativa y la planta de personal con la cual esa contraloría puede desarrollar
las funciones u responsabilidades que le han sido asignadas.
[…].
Como puede observarse, el citado documento da cuenta de unos estudios técnicos
realizados con miras a una nueva restructuración, dando alcance a la reforma
efectuada en el mes de marzo, la cual resultó insuficiente. Si bien en este
documento se observan una serie de consideraciones tendientes a justificar la
supresión de algunos cargos, lo cierto es que los criterios allí plasmados son
posteriores al proceso inicial de reforma que afectó la situación de la demandante,
cuyo cargo fue suprimido por Acuerdo 002 del 11 de abril de 2002.
Así, puede concluirse que la supresión del empleo que conllevó la desvinculación
de la actora no estuvo sustentada en el estudio técnico que debió preceder una
decisión de tal naturaleza. Por consiguiente, la prosperidad de este cargo es
suficiente para acceder a las pretensiones de la demanda.
En este punto es importante destacar que la Sección Segunda del Consejo de
Estado,32 al resolver un caso análogo al que es objeto de estudio en este proceso,
31 Folios 630 al 637.
32 Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de noviembre de
2010, radicado 13001-23-31-000-2002-01039-01(0621-09), consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado
Ardila.
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Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo
el cual fue citado por el a quo, decidió confirmar la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, por la cual se declaró la nulidad parcial del Acuerdo 002
del 11 de abril de 2002, aquí demandado, en cuanto afectó la situación particular de
la actora en ese proceso. La Sala consideró lo siguiente:
[…] con el ánimo de determinar la verdadera existencia o no del referido estudio,
esta Sala dictó el 17 de junio de 2010 auto de mejor proveer, en ejercicio de la
facultad otorgada por el artículo 169, inciso 2º del C.C.A., con el que solicitó oficiar
al Concejo Distrital de Cartagena, entidad a la que remitió la Contraloría Distrital,
con el ánimo de que allegara las copias del Estudio técnico que había servido de
sustento para ajustar la planta de personal de la Contraloría Distrital (Fls. 171 a 173).
En respuesta a dicha petición, el Concejo Distrital allegó la siguiente documental:
• Copia del Informe del Departamento Administrativo de la Función Pública sobre la
Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, en el que se refirió (Fls. 175 y 176):
“Con fecha 24 de agosto del presente año, se recibió copia de dos
resúmenes de los informes presentados con motivo de la reestructuración de
la Contraloría Distrital de Cartagena y que tratan sobre el alcance de la
reforma a la estructura orgánica adelantada durante el pasado mes de
marzo.
…
En los actos administrativos … no se analizan las funciones de la estructura
actual ni se desarrolla la propuesta de modificación a la misma. …
Por lo anterior, se recomienda adelantar el estudio técnico completo de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 1569 de 1998, modificado
por el Decreto 2504 de 1998, reglamentario de la Ley 443 del mismo año, …
A través de los citados estudios técnicos se deberá establecer la estructura
administrativa y la planta de personal con la cual esa contraloría puede
desarrollar las funciones u responsabilidades que le han sido asignadas.
[…]”.
• Copia del documento “Estudios técnicos para la organización administrativa de la
Contraloría Distrital de Cartagena de Indias”, del cual se resaltan los siguientes
apartes:
[…]
Esta última prueba, la cual fue allegada por el Concejo Distrital, esto es, por la propia
Administración, permite ilustrar que en el estudio técnico la entidad hizo una serie
de consideraciones generales, algunas de contenido programático, tendientes a
justificar la supresión de algunos cargos. Ello, de conformidad con lo allí establecido
se hizo con fundamento en criterios objetivos, así como de acuerdo a las
necesidades de la institución de cara a su carga de trabajo, empero, concretamente,
no se observa un análisis sobre la oportunidad de suprimir qué cargo y de crear
cuáles otros, ni tampoco el análisis de procesos técnico misionales o de apoyo, de
la prestación concreta de los servicios o de las funciones asignadas y cargas de
trabajo. El documento allegado, en algunos apartes funge más como un instructivo
de cómo hacer el estudio técnico, que en verdad ser la materialización de uno de
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ellos.
[…]
Por lo anterior, de cara a la normatividad aplicable, es preciso afirmar que en el
presente asunto la entidad no contó con un documento que justificara el ajuste de la
planta de personal, contrariando con ello lo ordenado por el ordenamiento jurídico;
razón por la cual, por este sólo cargo es viable confirmar la sentencia recurrida.
En armonía con lo expuesto, se declarará la nulidad parcial de los actos acusados,
en cuanto afectaron la situación particular de la demandante y, a título de
restablecimiento del derecho, se ordenará reintegrarla, sin solución de continuidad,
al cargo de auxiliar administrativo código 550, grado 03, que desempeñaba, o a otro
equivalente de similares condiciones e ingresos y pagarle los salarios y demás
prestaciones dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta su
reintegro efectivo al servicio. Del monto que resulte se descontarán las sumas de lo
percibido durante el período de desvinculación que devengó en el sector público,
así como el valor pagado por concepto de indemnización que recibió por la
supresión del cargo, conforme al criterio fijado por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.33
Las sumas que resulten a favor de la demandante se actualizarán en su valor como
lo ordena el artículo 178 del CCA, dando aplicación a la siguiente fórmula:
R= Rh x Índice final
Índice inicial
En el que el valor presente (R) resulta de multiplicar el valor histórico (Rh), que
corresponde a la suma adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el índice
final de precios al consumidor, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia,
certificado por el DANE, por el índice inicial vigente a la fecha en que debió
realizarse el pago correspondiente. Es claro que por tratarse de pagos de tracto
sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, respecto de cada
obligación teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la
33 Sentencia del 9 de agosto de 2022, radicado: 11001-03-25-000-2017-00151-00; número interno: 0892-2017;
M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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causación de cada uno de ellos.
2.5. De la condena en costas
El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de
condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y
en el presente caso no se encuentra acreditada tal conducta, por lo cual no hay
lugar a imponerlas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional
en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de
estudio y en el acervo probatorio, la Sala considera que la demandante logró
desvirtuar la legalidad del acto acusado, motivo por el cual se revocará el fallo de
primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se
accederá a las pretensiones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Revocar la sentencia del 9 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, dentro del proceso instaurado por la señora Margarita del
Carmen Ramos Arroyo en contra del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias y la Contraloría Distrital de Cartagena, que denegó las pretensiones de la
demanda. En su lugar, se dispone:
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Primero. Declarar la nulidad parcial del Acuerdo 002 de 11 de abril de 2002,
proferido por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, «por medio del cual se
establece la estructura orgánica y se determina la planta de personal de la
Contraloría Distrital de Cartagena», en cuanto a la supresión del cargo de auxiliar
administrativo código 550, grado 03, que desempeñaba la demandante Margarita
del Carmen Ramos Arroyo, y de la Resolución 158 del 2 de mayo de 2002, expedida
por el Contralor Distrital de Cartagena de Indias, «por medio de la cual se distribuye
los empleos de la nueva estructura orgánica de la Contraloría Distrital de Cartagena,
conforme a lo ordenado en el Acuerdo 002 del 11 de abril de 2002», en cuanto no
ordenó su incorporación en la nueva planta de personal.
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, ordenar al Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias y a la Contraloría Distrital de Cartagena reintegrarla,
sin solución de continuidad, al cargo de cargo de auxiliar administrativo código 550,
grado 03, que desempeñaba, o a otro equivalente de similares condiciones e
ingresos y pagarle los salarios y demás prestaciones dejados de percibir desde la
fecha de su desvinculación hasta su reintegro efectivo al servicio, dando aplicación
a la formula expresada en la parte motiva de esta providencia, previas las
deducciones de ley a que hubiere lugar.
Tercero. De los valores que resulten de la condena, la entidad deberá descontar,
debidamente indexado, el monto que se le pagó a la actora por concepto de
indemnización y las sumas percibidas por la señora Margarita del Carmen Ramos
Arroyo, por concepto de salarios y prestaciones sociales, producto de relaciones de
trabajo en el sector público durante el lapso de desvinculación, conforme al criterio
fijado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Cuarto. Dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177
del Código Contencioso Administrativo.
Quinto. Sin condena en costas en esta instancia.
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Demandante: Margarita del Carmen Ramos Arroyo
En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las
respectivas anotaciones en el aplicativo SAMAI.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVAN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con salvamento parcial de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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