Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2004-00960-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Régimen de importación temporal a largo plazo: finalización
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2004-00960-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 13001-23-31-000-2004-00960-01
Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro
15 de febrero de 2018
RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL A LARGO PLAZO – Finalización / RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL A LARGO PLAZO – Modificación a ordinaria / TERMINACIÓN DEL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL A LARGO PLAZO – Por cambio de la modalidad de la importación a ordinaria / INSPECIÓN ADUANERA – Ampliación / PRINCIPIOS DE BUENA FE Y CONFIANZA LEGÍTIMA – Vulneración por parte de la Dirección de Impuestos Nacionales al ampararse en una norma y luego desconocer su aplicabilidad
La norma no exige que la modificación de la declaración de importación deba hacerse con una antelación de dos meses ni establece que la solicitud deba presentarse con un tiempo prudencial o suficiente para que se pueda adelantar la inspección aduanera. De hecho, la Sala coincide con el a quo cuando dice que la decisión sobre la prórroga de la inspección es facultativa de la DIAN y que a la actora simplemente le corresponde estar presta a colaborar con la labor del inspector. Adicionalmente, la Sala considera que la DIAN no puede justificar sus actuaciones en una norma, en este caso el artículo 127 del Estatuto Aduanero, para luego decir que la misma no es aplicable porque no se cumplen los requisitos, pues esa circunstancia vulnera la buena fe y la confianza legítima que el contribuyente deposita en la actuación administrativa. […] [P]ara la Sala es evidente la violación de los principios de buena fe y de confianza legítima de la sociedad importadora, por cuanto, pese a ceñirse a las normas que regulan el cambio de modalidad de la importación de temporal a ordinaria y de pagar los tributos aduaneros correspondientes, la Administración decidió sancionarla porque por decisión propia amplió el término de la diligencia regulada en el artículo 127 del Estatuto Aduanero, para luego decir que esa norma no es aplicable al caso porque no se cumplían los requisitos. La Sala considera que no se puede castigar al importador con la declaración del incumplimiento de la obligación aduanera y con hacer efectiva la póliza de garantía, cuando la causa de la ampliación de la inspección y la extemporaneidad del levante solo son atribuibles a la propia administración, mientras que las obligaciones aduaneras fueron cumplidas oportunamente por el demandante.
FUENTE FORMAL: DECRETO 1909 DE 1992 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 1909 DE 1992 – ARTÍCULO 19 / DECRETO 1909 DE 1992 – ARTÍCULO 39 / DECRETO 1909 DE 1992 – ARTÍCULO 45 / DECRETO 1909 DE 1992 – ARTÍCULO 46 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTICULO 115 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTICULO 127 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTICULO 150 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTICULO 156 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTICULO 569
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA - DESCONGESTIÓN
Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO
Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 13001-23-31-000-2004-00960-01
Actor: SCHLUMBERGER SURENCO S.A
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES – DIAN
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Fallo de Segunda Instancia
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la UAE DIAN, parte demandada, contra la sentencia dictada el 2 de marzo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y el cumplimiento de la obligación de finalización del régimen de la importación a largo plazo y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó que, en caso de que la demandante hubiese pagado el valor de la sanción impuesta por la DIAN, se devolviera debidamente indexada.
I.ANTECEDENTES
1. Demanda
Actuando por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo -en adelante CCA- Schlumberger Surenco S.A. solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución No. 002509 de 27 de noviembre de 2002 expedida por la División de Liquidación de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, por medio de la cual se declaró el incumplimiento de una obligación y se hizo efectiva la póliza; de la Resolución No. 2184 del 23 de octubre de 2003, proferida por la misma división, que resolvió negativamente el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anterior y de la Resolución No. 000732 del 22 de abril de 2004, expedida por el Administrador Especial de Aduanas de Cartagena, que resolvió negativamente el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 002509 de 27 de noviembre de 2002 .
A título de restablecimiento del derecho pidió que se declarara:
El cumplimiento de la obligación de finalización del régimen de importación temporal a largo plazo, amparada por la declaración inicial No. 12008010909154 del 15 de octubre de 2002 y por la declaración de exportación No. 005515 de marzo 24 de 1998;
El incumplimiento parcial de la obligación de finalizar el régimen y, por tanto, la efectividad de la garantía proporcional al valor correspondiente al incumplimiento;
La terminación y el archivo de cualquier investigación que se esté adelantando en su contra;
La devolución del monto de sumas amparadas con la garantía o el valor pagado;
El daño emergente por la pérdida adquisitiva del peso, entre la fecha en que se pague la sanción o la prima de la póliza y la fecha en que se verifique el pago ordenado en sentencia;
El lucro cesante por los intereses comerciales de las sumas reconocidas por concepto de daño emergente;
El daño emergente causado por la expedición de la póliza que garantice el pago de la sanción impuesta.
Se estimó que el valor de la sanción, a la fecha de la presentación de la demanda, era de $108.816.749 millones de pesos.
Con su demanda, Sclumberger Surenco S.A. señaló que es una sociedad constituida para prestar servicios técnicos directamente relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos, que incluye la asistencia técnica en el tema de perforación de pozos petrolíferos.
Adujo que en desarrollo de su objeto social, realizó la importación temporal a largo plazo, por el término de 5 años, de una unidad de control de poder, consistente en un sistema hidráulico de alta presión con un motor Caterpillar y demás elementos para la excavación de pozos petroleros. Que dicha importación se realizó mediante la declaración No. 090040653144-9 del 15 de octubre de 1997, de la cual se obtuvo levante el 17 de octubre de 1997.
Para garantizar su importación, manifestó que la sociedad constituyó la póliza de cumplimiento No. P-A 0013109, expedida por la Compañía Mundial de Seguros y con vigencia del 15 de octubre de 1997 hasta el 15 de enero de 2003.
Aseguró que pagó todas las cuotas correspondientes a los tributos aduaneros causados en virtud de la importación temporal a largo plazo.
Advirtió que para dar cumplimiento al artículo 156 del Decreto 2685 de 1999, dio terminación al régimen de importación reexportando parte de la mercancía mediante la DEX No. 5515 del 24 de marzo de 1998 y, en relación con la mercancía faltante, modificó el régimen de importación temporal a importación ordinaria, mediante la declaración de modificación No. 12008010909154.
Dijo que en cumplimiento de las normas aduaneras, la Administración de Aduanas de Bogotá, lugar en donde se presentó la declaración de modificación del régimen de importación, dispuso la inspección física de la mercancía, el 16 de octubre de 2002, diligencia que se suspendió, para ser reanudada el 23 de octubre de 2002.
Explicó que revisada la liquidación, el Grupo control Garantías determinó que la sociedad debía pagar la suma de $207.000, cancelada mediante recibo oficial de pago No. 120080109101155 del 30 de octubre de 2002.
Sostuvo que, mediante Oficios 15473 y 17276 del 17 de septiembre y 16 de octubre de 2002, la División de Servicio al Comercio Exterior de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena solicitó a la sociedad información respecto del cumplimiento de la terminación del régimen de importación temporal de la mercancía. Dijo que no obstante, por problemas en la dirección de notificación, la sociedad no pudo responder a los requerimientos.
Adujo que ante la falta de respuesta de la actora, la División de Liquidación de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena expidió la Resolución No. 2509 del 27 de noviembre de 2002, mediante la que declaró el incumplimiento del régimen de importación y ordenó hacer efectiva la garantía.
Indicó que el 27 de diciembre de 2002 la sociedad presentó los recursos de reposición y de apelación, fundados en que la importación temporal fue terminada en tiempo, pero que, no obstante, los recursos fueron despachados desfavorablemente.
Como desarrollo del concepto de violación de la demanda, la parte actora explicó que, a su juicio, los actos acusados violaron los artículos 6, 29 y 84 de la Constitución Política; los artículos 2, 127 y 156 del Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999) y los artículos 8 y 9 de la Circular 0175 de octubre 29 de 2001.
Presentó cuatro cargos contra los actos administrativos acusados, que se resumen de la siguiente manera:
De la finalización de la importación temporal a largo plazo de conformidad con lo establecido en el artículo 156 del Estatuto Aduanero
Dijo que de conformidad con lo establecido en el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 15 del Decreto 1232 de 2001, una de las formas por las que se puede dar por terminada la importación temporal es mediante la modificación de la modalidad a importación ordinaria, como ocurrió en este caso.
Sostuvo que el literal b) del artículo 143 del Decreto 2685 de 1999 dispone que el plazo de las importaciones temporales a largo plazo es de 5 años, contados a partir de la fecha del levante de la mercancía.
Adujo que en este caso la demandante obtuvo levante de la declaración el 17 de octubre de 1997, de manera que la importación temporal a largo plazo debía finalizarse el 17 de octubre de 2002.
Expuso que antes de la finalización del plazo de la importación temporal, el 15 de octubre de 2002, solicitó el levante de la declaración de importación. Que no obstante, el funcionario encargado de otorgar el levante suspendió la diligencia para verificar el pago de los tributos aduaneros de la importación temporal.
Sostuvo que una vez verificados los pagos, el funcionario otorgó el levante cuando ya se habían pasado los términos para dar por finalizada la importación temporal. Dijo que la administración no entendió que los términos estaban suspendidos y que, en consecuencia, debe entenderse como fecha para la finalización de la importación temporal la de la solicitud de levante (15 de octubre de 2002) y no la fecha en la que se otorgó (30 de octubre de 2002).
De la violación al debido proceso
Dijo que la Administración de Aduanas de Cartagena violó los principios de valoración de la prueba, por cuanto desestimó la certificación expedida por la Administración de Aduanas de Bogotá sobre lo actuado en el proceso de finalización de la importación temporal.
Transcribió apartes de la certificación y concluyó que el funcionario encargado de otorgar el levante tenía facultades para suspender la diligencia y así lo realizó, razón por la que no entiende cómo la Administración de Aduanas de Cartagena sancionó a la contribuyente por presunciones de irregularidad sin una prueba real.
Adujo que los actos administrativos demandados también vulneraron el principio de la buena fe, en tanto afirmaron que el levante se obtuvo de forma irregular, cuando los hechos dan cuenta que el levante fue solicitado en tiempo y que la administración se tomó 15 días para concederlo.
De la responsabilidad de la administración
Sostuvo que la sociedad actuó conforme con las normas aduaneras y realizó la solicitud en tiempo y que, por el contrario, fue la administración la que omitió el cumplimiento de sus funciones, al no verificar en tiempo el pago de los tributos aduaneros y no otorgar el levante. Agregó que esa circunstancia no es previsible por el administrado y que, en consecuencia, no puede imputársele responsabilidad por ello.
De la imposición de sanciones en los procesos aduaneros
Sostuvo que el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante la Circular No. 175 de 2001, reglamentó la imposición de sanciones en materia aduanera. Que de dicha circular se extrae que para la aplicación de una sanción en materia aduanera no solo es necesaria la tipificación de la infracción, sino la valoración de otras circunstancias, entre las que se encuentra la causación de un perjuicio al Estado, que no se presentó en este caso.
Finalmente, dijo que en este caso la demandada violó todos los principios orientadores de la función pública, pues ordenó hacer efectiva la garantía en un 100% del valor, como si no se hubiese realizado la importación ordinaria en tiempo.
Por todo lo anterior, solicitó que se declarara la nulidad de los actos administrativos demandados.
2. Admisión de la demanda
Mediante auto de 10 de septiembre de 2004 fue admitida la demanda, y se ordenaron las notificaciones respectivas. (Fl. 90)
3. Contestación de la UAE DIAN
La apoderada judicial de la DIAN sostuvo que la actuación que nos ocupa se inició en vigencia del Decreto 1909 de 1992 y finalizó con el Decreto 2685 de 1999. Que, por lo tanto, para la parte sustantiva se aplica el Decreto 1909 de 1992 y para lo procedimental el Decreto 2685 de 1999.
Indicó que en consonancia con lo anterior, se debe seguir lo dispuesto en los artículos 147, 150 y 156 del Decreto 2685 de 1999.
Expresó que en este caso las cuotas de los tributos aduaneros fueron canceladas en su totalidad, mas no se finalizó la modalidad en las condiciones estipuladas en la ley, y que, por esta última causa, se impuso la sanción al importador y se hizo efectiva la garantía.
Adujo que la Administración de Aduanas de Cartagena declaró el incumplimiento porque no se finalizó el régimen, al obtener el levante de la declaración de modificación el 30 de octubre de 2002, en fecha posterior al máximo legal acordado en la declaración inicial de importación temporal a largo plazo, que vencía el 17 de octubre de 2002.
Explicó que en atención a que la declaración de modificación No. 12008010909154 del 15 de octubre de 2002 fue presentada y aceptada el 15 de octubre del mismo año, la misma no obtuvo el levante antes del 17 de octubre de 2002, fecha en la que vencía la importación temporal a largo plazo.
Dijo que el levante no fue otorgado porque la DIAN en tres oportunidades amplió el término para la práctica de la diligencia de inspección, con el objeto de realizar las verificaciones correspondientes.
Sostuvo que la ampliación del término de la inspección aduanera conlleva a un periodo mayor para su práctica y si bien la suspensión impide que corran los términos, el hecho de haber suspendido la diligencia por más de una vez trajo como consecuencia que el levante No. 030038000845 otorgado en la declaración de modificación ordinaria No. 12008010909154 del 15 de octubre de 2002 se obtuviera por fuera de la oportunidad legal para la finalización del régimen de importación temporal.
Respecto de la inexistencia de un perjuicio al Estado y el cobro de lo no debido, dijo que la efectividad de la garantía se plantea frente al incumplimiento por la no finalización del régimen analizado y no por el pago de las cuotas, las que, como se dijo, fueron canceladas en la oportunidad.
Dijo que en este caso no es aplicable el principio de la buena fe reclamado, porque existió negligencia por parte del importador de no presentar la solicitud de levante con la suficiente antelación para adquirirlo. De ahí que la suspensión del artículo 127 del Decreto 2685 de 1999 no es aplicable a la modificación de la importación temporal a largo plazo a importación ordinaria, porque no se cumplen los requisitos de dicha norma y del artículo 115 ib. para ser aplicadas.
De la responsabilidad por omisión atribuida a la administración dijo que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 143 numeral b) del Estatuto Aduanero, la modificación de la declaración inicial, cuando se piensa terminar una modalidad temporal dejando la mercancía en el país en importación ordinaria, debe presentarse con la suficiente antelación que le permita al importador sortear los inconvenientes y atender las controversias que se susciten con ocasión de una eventual inspección aduanera. Que esa es una obligación del importador, no de la administración, razón por la que no se le puede imputar responsabilidad al respecto.
De la imposición de las sanciones en procesos aduaneros, adujo que en la infracción aduanera no es relevante el daño. Que, independientemente de su existencia, lo que importa es que el accionar que lo produzca sea ilegítimo. Agregó que el dolo o culpa en la transgresión que se hace de una norma aduanera no tiene importancia en la medida en que dicha norma está tutelando derechos económicos que nada tienen que ver con la responsabilidad del agente y que la jurisprudencia ha dicho que la responsabilidad en esta materia es objetiva.
Finalmente, propuso la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa porque los cargos por violación al debido proceso –por indebida valoración de la prueba y violación al principio de buena fe- no fueron presentados en vía gubernativa y no pudieron ser discutidos por la Administración de Aduanas de Cartagena.
Por todo lo anterior, pidió que se negara la pretensión de la demandante.
4. Trámite del proceso en primera instancia
4.1 Providencias relevantes dictadas con posterioridad a la admisión de la demanda.
Por medio de auto de 26 de febrero de 2007 se decretaron las pruebas solicitadas por las partes. (Fl. 113)
A través de providencia de 16 de septiembre de 2004, precluida la etapa probatoria, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. (Fls. 163-164).
4.2 Alegatos de conclusión en primera instancia
Las partes insistieron en los argumentos expuestos en la demanda y sus contestaciones por lo que la Sala se relevará de resumirlos nuevamente.
5. Sentencia recurrida
Mediante sentencia del 2 de marzo de 2012, el Tribunal Administrativo de Bolívar: (i) declaró la nulidad de los actos acusados; (ii) declaró el cumplimiento de la obligación de finalización del régimen de importación temporal a largo plazo de la mercancía amparada bajo la declaración de importación inicial No. 12008010909154 del 15 de octubre de 2002 y con la declaración de exportación No. 005515 del 24 de marzo de 1998 y, (iii) a título de restablecimiento del derecho, y en caso de que la actora hubiese pagado la sanción por valor de $108.816.749, ordenó a la DIAN devolver la suma debidamente actualizada.
5.1 En cuanto a la excepción por indebido agotamiento de la vía gubernativa, el Tribunal, con apoyo de la jurisprudencia de esta Corporación, sostuvo que no se presentó, por cuanto revisadas las pretensiones de la demanda, no se observa que difieran de lo pretendido en el recurso. Dijo que los hechos propuestos en el concepto de la violación solo sustentan las solicitudes en sede judicial.
5.2 Hizo un recuento de la normativa que regula la exportación temporal a largo plazo y sostuvo que el artículo 127 del Decreto 2685 de 1999 establece que la DIAN debe realizar la diligencia de inspección aduanera en un término no mayor al día siguiente al que se decrete su práctica. Que, sin embargo, ese término puede ser ampliado cuando exista una justificación válida para ello.
Indicó que en este caso la demandante cumplió con la finalización del régimen de la importación temporal a largo plazo, pues la solicitud de modificación de régimen a la modalidad ordinaria se presentó el 15 de octubre de 2002, antes del vencimiento (17 de octubre del mismo año). Sobre el particular, resaltó que el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999 prescribe como causal de terminación del régimen de la importación temporal a largo plazo, la importación ordinaria, modificación regulada en el artículo 150 ib. y que exige solo la presentación de la modificación antes del vencimiento del plazo y el pago total de los tributos.
5.3. En relación con la inspección aduanera, adujo que el artículo 127 del Decreto 2685 de 1999 dispone que debe ser realizada en forma continua y concluirse a más tardar al día siguiente en que se ordenó su práctica.
Sostuvo que en el expediente se advierte que la inspección ordenada por la DIAN empezó el 16 de octubre de 2002 y finalizó el 30 de octubre del mismo año, luego de la ampliación del término en dos oportunidades por decisión de la propia administración.
Al respecto, advirtió que solo la DIAN tiene la potestad de ampliar el término de la inspección, no la sociedad, que solo debe colaborar con la labor del inspector. Que, en consecuencia, no pueden castigarse al importador con la declaración del incumplimiento de una obligación y el cobro de la póliza, cuando las causales de ampliación del término de la inspección solo son atribuibles a la administración.
5.4. En relación con la pretensión relativa al reconocimiento del daño emergente, dijo que no estaba probado en el proceso que la actora hubiese desembolsado la suma equivalente a la sanción y que origine el daño emergente reclamado.
6. Recurso de apelación
Inconforme con la sentencia del 2 de marzo de 2012, la DIAN, a través de su apoderada judicial, presentó recurso de apelación en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, y que, en su lugar, se denegaran las pretensiones de la demanda.
Para sustentar tal petición, en concreto, presentó los siguientes argumentos:
(i) La administración no realizó la ampliación de la inspección de manera arbitraria, sino con base en las facultades que el mismo Estatuto Aduanero le otorgó para tales operaciones. Que, en ese orden de ideas, fue el importador el que esperó hasta el último momento para presentar la declaración de modificación sin prever que el levante de tal declaración podía haber sido otorgado por fuera del término legal.
(ii) Sostuvo que no es viable aplicar el término previsto en el artículo 127 del mismo decreto, porque no se configuran los supuestos de los artículos 115 y 127 ib. Que, en ese orden de ideas, la diligencia de inspección no suspendía el término máximo de permanencia de la mercancía en el país, por lo que tanto la presentación de la declaración de modificación como el levante de la misma debían obtenerse antes de finalizar los cinco años de duración máxima de la importación temporal a largo plazo, pues la práctica de la mencionada inspección no iba a suspender dicho término.
Finalmente dijo que “una mercancía que se va a modificar de importación temporal a largo plazo a ordinaria, si bien es cierto que también la declaración ordinaria que modifica la inicial debe obtener autorización de levante y en tal sentido puede ser objeto de inspección aduanera, no puede concluirse válidamente que se encuentra en el término de almacenamiento previsto en el artículo 115 del Decreto 2685/99, porque esta mercancía ya surtió en estricto sentido el proceso de importación a que alude el art. 127 ibídem.”
7. Trámite en segunda instancia
El recurso propuesto fue admitido el 22 de noviembre de 2012 (Fl. 241).
8. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Dentro del lapso concedido para alegar se presentaron las siguientes manifestaciones:
8.1 UAE DIAN.
A través de apoderado judicial y mediante escrito del 11 de marzo de 2013, la DIAN reiteró en su integridad los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Por consiguiente, solicitó que se revocara la decisión de primera instancia y que, en su lugar, se denegaran las pretensiones de la demanda.
8.2 Schumberger Surenco S.A.
No alegó de conclusión.
9. Concepto del agente del Ministerio Público en segunda instancia
En esta instancia no hubo intervención del Ministerio Público.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada el 8 de noviembre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en los términos del artículo 129 del CCA, en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión No. 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta Corporación.
2. Actos demandados
Son: (i) la Resolución No. 002509 de noviembre 27 de 2002, proferida por la División de Liquidación de la Administración de Aduanas de Cartagena, por medio de la cual se declaró de oficio el incumplimiento de una obligación aduanera y se ordenó hacer efectiva la póliza; (ii) la Resolución No. 2184 del 23 de octubre de 2003, proferida por la misma división, que resolvió negativamente el recurso de reposición interpuesto contra la resolución anterior y (iii) la Resolución No. 000732 del 22 de abril de 2004, proferida por el Administrador Especial de Aduanas de Cartagena que, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 002509, la confirmó en todas sus partes.
3. Problema jurídico
Conforme a lo expuesto y en los términos del recurso de apelación corresponde a la Sala establecer si debe modificar, confirmar o revocar la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró la nulidad de los actos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó que, en caso de que la demandante hubiere pagado la sanción impuesta, se devolviera la suma debidamente indexada.
Vista la apelación, en concreto, la Sala debe definir si la suspensión de la inspección de que trata el artículo 127 del Estatuto Aduanero, por decisión de la DIAN, amplió el vencimiento del plazo máximo para la terminación del régimen de importación temporal a largo plazo.
Como el reproche de la DIAN se circunscribe a cuestionar la extemporaneidad de la finalización del régimen de importación a largo plazo, la Sala empezará por (i) hacer unas precisiones respecto de la obligación aduanera y del régimen de importación temporal a largo plazo y, luego (ii) analizará si en este caso se cumplieron los presupuestos para la imposición de la sanción por incumplimiento del régimen.
4. Caso concreto
Conforme lo relatado capítulos arriba, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la UAE DIAN contra la sentencia dictada el 2 de marzo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Bolívar que declaró la nulidad de los actos acusados y el cumplimiento de la obligación del régimen de importación temporal a largo plazo y, a título de restablecimiento del derecho, y en caso de que la actora hubiere pagado la sanción impuesta, la devolución de los valores pagados debidamente indexados.
4.1. De la obligación aduanera.
Sea lo primero precisar que la obligación aduanera nace con la introducción de la mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional y comprende: i) la presentación de la declaración de importación; ii) el pago de los tributos aduaneros y sanciones a que haya lugar; iii) la obtención y conservación de los documentos que soportan la operación y su presentación cuando los requiera la autoridad aduanera; iv) la atención a las solicitudes de información y pruebas y v) el cumplimiento de las exigencias, requisitos y condiciones establecidas en las normas correspondientes.
El artículo 1° del Decreto 1909 de 1992, vigente al momento de la importación ahora discutida, establecía que la importación consiste en la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional.
El decreto en mención, en su artículo 19, determinó que en el régimen de importación se pueden presentar las siguientes modalidades:
• Importación ordinaria;
• Importación con franquicia;
• Reimportación por perfeccionamiento pasivo;
• Reimportación en el mismo estado;
• Importación en cumplimiento de garantía;
• Importación temporal para reexportación en el mismo Estado;
• Importación temporal para perfeccionamiento activo;
• Importación para transformación o ensamble;
• Tráfico postal y envíos urgentes por avión y,
• Entregas urgentes.
Según la modalidad de la importación, la mercancía quedará en libre o en restringida disposición, cuando su circulación o enajenación estén sometidas a las condiciones y restricciones aduaneras previstas para el efecto.
También decía la norma que a las modalidades de importación se aplicarán las disposiciones contempladas para la importación ordinaria, con las excepciones que se señalen para cada modalidad.
Ahora bien, la demandante asevera que la unidad de control de poder, consistente en un sistema hidráulico de alta presión con motor Caterpillar y demás elementos para la explotación de pozos petroleros, fue importada bajo la modalidad de importación temporal a largo plazo, para un periodo de cinco años y que garantizó la finalización del régimen con la póliza No. P-A0013109, proferida por la Compañía Mundial de Seguros S.A. Esta modalidad, para la fecha de la importación, se encontraba definida en el artículo 39 del Decreto 1909 de 1992, en los siguientes términos:
“Artículo 39. Importación temporal. Es la importación al territorio nacional, con suspensión de tributos aduaneros, de determinadas mercancías destinadas a la reexportación en un plazo señalado, sin haber experimentado modificación alguna, con excepción de la depreciación normal originada en el uso que de ellas se haga, y con base en la cual su disposición quedará restringida.
No podrán importarse bajo esta modalidad mercancías fungibles, ni aquellas que no puedan ser plenamente identificadas.”
De acuerdo con los plazos señalados en la declaración de importación No. 0900406053144-9 del 15 de octubre de 1997 (Fl. 66), el régimen de importación temporal fue autorizado por el término de cinco (5) años, con vencimiento el día 17 de octubre de 2002, fecha en la cual el Decreto 1909 de 1992 ya había perdido su vigencia, por haber sido derogado por el Decreto 2685 de 1999.
El artículo 46 del Decreto 1909 de 1992, establecía que la terminación de la importación temporal, podía ocurrir por alguno de los siguientes eventos:
“Artículo 46. Terminación de la importación temporal. La importación temporal se termina por la presentación de uno de los siguientes eventos:
a) Reexportación de la mercancía;
b) Importación ordinaria;
c) Decomiso de la mercancía, cuando vencido el término señalado en la declaración de importación, no se cancelaron los tributos aduaneros, ni la mercancía se reexportó; o por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones inherentes a la importación temporal;
d) Abandono de la mercancía aceptado por la Aduana; y,
e) Destrucción de la mercancía por fuerza mayor o caso fortuito demostrados ante la Dirección de Aduanas Nacionales.”
Como ya se advirtió, al momento de cumplirse el plazo de cinco años inicialmente previsto para la importación temporal, ya se encontraba en vigencia el Decreto 2685 de 1999, -el cual entró a regir el 1° de agosto de 2000-, en cuyo artículo 156 se estableció textualmente:
“Artículo 156. La importación temporal se termina con:
a) La reexportación de la mercancía;
b) La importación ordinaria o con franquicia, si a esta última hubiere lugar;
c) La aprehensión y decomiso de la mercancía, cuando vencido el término señalado en la Declaración de Importación ésta no se haya reexportado, o por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones inherentes a la importación temporal, o cuando no se cancelen los tributos aduaneros en la oportunidad establecida en el artículo 146 del presente decreto, salvo cuando en este último caso, se haya hecho efectiva la garantía;
d) La legalización de la mercancía, cuando se presente uno cualquiera de los eventos previstos en el literal anterior;
e) El abandono voluntario de la mercancía o,
f) La destrucción de la mercancía por fuerza mayor o caso fortuito demostrados ante la autoridad aduanera.
Parágrafo. Si en desarrollo de lo previsto en el literal c) de este artículo, no se cancelan los tributos aduaneros en la oportunidad establecida en el artículo 146 del presente decreto, el importador o declarante podrá optar, en reemplazo de la aprehensión, por la efectividad de la garantía, en cuyo caso, deberá presentar Declaración de Legalización que ampare la mercancía de que se trate, sin el pago de sanción alguna por este concepto.”
Al efectuar la comparación del artículo 46 del Decreto 1909 de 1992 con el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999, se puede advertir que la nueva disposición mantuvo prácticamente los mismos supuestos de finalización del régimen de importación temporal a largo plazo previstos en la normativa anterior.
Es del caso poner de relieve además, que en ambos estatutos aduaneros se reguló la posibilidad de modificar el régimen de importación temporal inicialmente autorizado para convertirlo en un régimen de importación definitiva, en los términos que se indican a continuación:
“Artículo 45 del Decreto 1909 de 1992. Modificación de la modalidad. Cuando en una importación temporal se decida dejar la mercancía en el país bajo la modalidad de importación ordinaria, deberá modificarse en este aspecto la declaración de importación antes del vencimiento del plazo, pagando los tributos aduaneros correspondientes. Cuando se trate de una importación a corto plazo, dichos tributos se liquidarán con base en las tarifas vigentes en la fecha de presentación de la modificación.
Para convertir una importación temporal de corto a largo plazo, deberá modificarse en este aspecto la declaración de importación, liquidando los tributos aduaneros que se habrán causado desde la fecha de presentación de la declaración inicial, siguiendo las normas consagradas para las importaciones de largo plazo, y cancelando las cuotas que se encuentren vencidas.
La reexportación de la mercancía no generará derecho a devolución de los tributos aduaneros que se hubieran cancelado.”
“Artículo 150 del Decreto 2685 de 1999. Cuando en una importación temporal se decida dejar la mercancía en el país bajo la modalidad de importación ordinaria, deberá modificarse en este aspecto la Declaración de Importación, antes del vencimiento del plazo, pagando la totalidad de los tributos aduaneros correspondientes a las cuotas insolutas. Cuando se trate de cambiar la modalidad de importación temporal de corto plazo a ordinaria, los tributos se deberán liquidar con base en las tarifas vigentes en la fecha de presentación y aceptación de la modificación.”
Como complemento de lo anterior, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 569 del Decreto 2685 de 1999, en punto a la transición de los regímenes aduaneros en cita:
“Artículo 569.- Transitorio - Regímenes Aduaneros. Las declaraciones presentadas con anterioridad al 1o. de julio del año 2000, se tramitarán de conformidad con las disposiciones vigentes hasta antes de dicha fecha, salvo lo relacionado con la modificación de la Declaración, a la cual se le aplicarán las disposiciones contempladas en el presente Decreto.”
De acuerdo con las normas trascritas, la modificación del régimen de importación temporal autorizado exigía la presentación de la modificación de la declaración de importación y, al mismo tiempo, la cancelación de los tributos aduaneros correspondientes.
En el caso concreto se advierte que Schlumberger Surenco S.A. presentó declaración de importación a largo plazo No. 090040605144-9 el 15 de octubre de 1997, con fecha de levante el 17 del mismo mes y año. La fecha prevista para la terminación del régimen de importación temporal era el 17 de octubre de 2002. Sin embargo, el 24 de marzo de 1998, se reexportó parcialmente la mercancía importada (Fl. 84).
También se pudo advertir que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999, la demandante presentó la modificación de la modalidad de importación a importación ordinaria de la mercancía restante, con el formulario No. 12008010909154 del 15 de octubre de 2002 (Fls. 68-69).
En atención a la presentación de la declaración de modificación del 15 de octubre de 2002, la DIAN resolvió adelantar las siguientes actuaciones:
Mediante auto comisorio No. 0197 del 16 de octubre de 2002, se autorizó la diligencia de inspección y el Acta de Importación No. 008991 del 16 de octubre de 2002 (Fl. 72). En dicha acta se observa que la administración decidió suspender la diligencia, de conformidad con el artículo 127 del Decreto 2685 de 1999, por el término de cinco días para la verificación del pago.
El 23 de octubre y, mediante auto y acta de inspección No. 009163, la funcionaria de la DIAN decidió ampliar por cinco días más la diligencia “para revisar la liquidación efectuada por el Grupo Control Garantías” (Fl. 73).
El 30 de octubre de 2002, mediante auto y acta de inspección No. 009478, se dio por finalizada la inspección y se procedió al levante de la mercancía (Fl. 74).
Como puede advertirse de las pruebas que aparecen en el proceso, parte de la mercancía importada inicialmente bajo la declaración de importación No. 0900406053144-9 fue reexportada el 24 de marzo de 1998, mediante documento No. 005515, dentro del término de los cinco años previstos en la declaración inicial, lo que implica que, en relación con la mercancía reexportada, se cumplió con la finalización del régimen de importación temporal a largo plazo.
En relación con la mercancía que continuó dentro del territorio nacional, la demandante solicitó la modificación de la importación de temporal a ordinaria el 15 de octubre de 2002 y el levante se concedió el 30 de octubre del mismo año, como ya se dijo. Para el efecto, el importador cumplió con lo dispuesto en el artículo 156 del Estatuto Aduanero, que establece como causal de la terminación de la importación temporal a largo plazo el cambio de la modalidad de la importación a ordinaria.
Ahora bien, el levante fue otorgado el 30 de octubre del mismo año, luego de que la DIAN considerara que debía inspeccionar el pago de los tributos aduaneros.
El artículo 127 del Decreto 2685 de 1999 estableció la inspección aduanera en los siguientes términos:
Texto original del Decreto 2685 de 1999:
ARTÍCULO 127. La inspección aduanera deberá realizarse en forma continua y concluirse a más tardar el día siguiente en que se ordene su práctica, salvo cuando por razones justificadas se requiera de un período mayor, caso en el cual se podrá autorizar su ampliación.
El término previsto en el artículo 115 del presente Decreto se suspenderá desde la determinación de inspección aduanera y hasta que ésta finalice con la obtención del levante, o cuando se venzan los términos establecidos en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del artículo 128 del presente Decreto, según corresponda. Vencidos estos términos, se entiende terminado el proceso de importación y la Declaración con sus documentos soporte, será enviada a la dependencia competente para que profiera el correspondiente Requerimiento Especial Aduanero, en el término previsto en el artículo 509 del presente Decreto. Esta suspensión no procede cuando el declarante no asista a la diligencia de inspección.
Siempre que se practique inspección aduanera, el levante sólo procederá respecto de la mercancía que se encuentre conforme con la Declaración de Importación, o cuando se establezca en inspección documental la conformidad entre lo declarado y la información contenida en los documentos soporte. Cuando se encuentren cantidades superiores o mercancías diferentes a las declaradas, éstas se aprehenderán para que con respecto a ellas se adelante el respectivo proceso de definición de su situación jurídica de manera independiente. En este evento, el inspector deberá dar traslado a la dependencia competente para que inicie las acciones del caso.
Del texto de la norma se desprende que la inspección aduanera debe realizarse de forma continua y finalizar a más tardar al día siguiente en que se ordenó su práctica. Sin embargo, como pudo verse, la inspección ordenada en este caso inició el 16 de octubre de 2002 y terminó el 30 de octubre del mismo mes y año, luego de dos suspensiones efectuadas por los funcionarios comisionados. De ahí que la Administración de Aduanas de Cartagena considerara que el levante de la declaración fue extemporáneo, pues se otorgó por fuera del plazo de los cinco años requeridos para la finalización del régimen de importación temporal a largo plazo.
Ahora bien, la administración, en el recurso de apelación, sostiene que la ampliación de la inspección no se efectuó de manera arbitraria, sino con base en las facultades que el mismo Estatuto Aduanero le confiere. No obstante, agrega que en este caso no es viable aplicar la suspensión prevista en el artículo 127 del Estatuto Aduanero porque no se daban los supuestos de los artículos 115 y 127 ib. para su aplicación.
En primera medida, la Sala advierte que la DIAN se contradice en sus argumentos, pues en el escrito del recurso dice que “mediante auto comisorio No. 0197 del miércoles 16 de octubre de 2002, se autorizó la diligencia de inspección y con Acta de Importación No. 008991 del 16 de octubre de 2002, se amplió la diligencia de conformidad al (sic) artículo 127 del Decreto 2685 de 1999 por el término de cinco (5) días, para verificación de pagos (…)” y luego en el mismo escrito sostiene que la norma no puede ser aplicada porque la mercancía puede permanecer aprehendida hasta por dos meses mientras se realiza la inspección, por autorización del artículo 115 ib. Y, agrega, que por esa razón la demandante debió adelantar el trámite con mayor antelación, previendo que el levante se otorgara por fuera del término legal.
En efecto, al verificar el acta de inspección aduanera 8991 del 16 de octubre de 2002, la Sala observa que la justificación a la ampliación al término de la diligencia se hizo para “verificar pagos”; y, luego, en el acta 9163 del 23 de octubre de 2002, se consignó: “Art. 127 D. 2685/99. Se amplía por cinco días para revisar la liquidación efectuada por el Grupo Control Garantías.” (Fls. 72-73).
La Sala considera que si bien el artículo 115 del Estatuto Aduanero estipula que la mercancía puede permanecer almacenada hasta por dos meses mientras se adelantan los trámites para obtener su levante, lo cierto es que el artículo 150 ib. únicamente exigía que la modificación de la declaración debía hacerse “(…) antes del vencimiento del plazo, pagando la totalidad de los tributos correspondientes a las cuotas insolutas.” (Se resalta).
La norma no exige que la modificación de la declaración de importación deba hacerse con una antelación de dos meses ni establece que la solicitud deba presentarse con un tiempo prudencial o suficiente para que se pueda adelantar la inspección aduanera. De hecho, la Sala coincide con el a quo cuando dice que la decisión sobre la prórroga de la inspección es facultativa de la DIAN y que a la actora simplemente le corresponde estar presta a colaborar con la labor del inspector.
Adicionalmente, la Sala considera que la DIAN no puede justificar sus actuaciones en una norma, en este caso el artículo 127 del Estatuto Aduanero, para luego decir que la misma no es aplicable porque no se cumplen los requisitos, pues esa circunstancia vulnera la buena fe y la confianza legítima que el contribuyente deposita en la actuación administrativa.
Sobre los principios de la buena fe y la confianza legítima, la Sección Cuarta de esta Corporación ha sostenido:
“El artículo 83 de la Constitución Política establece que ‘las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas’. Al interpretar ese precepto, en la Sentencia T-532 de 1995, la Corte Constitucional advirtió lo siguiente:
‘Cuando la Constitución exige que las actuaciones de los particulares y de las autoridades se ciñan a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas, consagra un postulado que obliga a las entidades y a los servidores públicos a revisar radicalmente la posición que tradicionalmente han venido observando ante el ciudadano, marcada por la prevención y la mala voluntad.
Tal principio exige de gobernantes y gobernados el compromiso de obrar honesta y desprevenidamente, en el marco de unas relaciones de mutua confianza, de tal manera que, sometidos todos al orden jurídico y dispuestos a cumplir sus disposiciones con rectitud, no haya motivo alguno de recelo.
La norma en mención no obliga tan solo al particular sino que se aplica con igual severidad al servidor público, que ni puede presumir la mala fe de la persona respecto de la cual cumple su función, ni le es permitido, en lo que toca con sus propios deberes, asumir actitudes engañosas o incorrectas'.
Como se ve, la buena fe es un principio que rige las actuaciones de los particulares y de la administración y obliga a actuar de manera leal, clara y transparente, esto es, sin el ánimo de sacar provecho injustificado de la contraparte y guiados siempre por la idea de mutua confianza.” (Se subraya).
Y más adelante agrega la sentencia:
“El principio de confianza legítima exige cierta estabilidad o convicción frente a las decisiones de la administración, por cuanto el ciudadano tiene derecho a actuar en el marco de reglas estables y previsibles.
(…)
Entonces, en consideración al principio de confianza legítima, las autoridades deben ser coherentes en sus actuaciones (…).” (Se subraya)
En consonancia con lo anterior, para la Sala es evidente la violación de los principios de buena fe y de confianza legítima de la sociedad importadora, por cuanto, pese a ceñirse a las normas que regulan el cambio de modalidad de la importación de temporal a ordinaria y de pagar los tributos aduaneros correspondientes, la Administración decidió sancionarla porque por decisión propia amplió el término de la diligencia regulada en el artículo 127 del Estatuto Aduanero, para luego decir que esa norma no es aplicable al caso porque no se cumplían los requisitos.
La Sala considera que no se puede castigar al importador con la declaración del incumplimiento de la obligación aduanera y con hacer efectiva la póliza de garantía, cuando la causa de la ampliación de la inspección y la extemporaneidad del levante solo son atribuibles a la propia administración, mientras que las obligaciones aduaneras fueron cumplidas oportunamente por el demandante.
Es por los argumentos que anteceden, que la Sala considera que el recurso de apelación no tiene vocación de prosperidad y procederá a confirmar la sentencia recurrida, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 2 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas.
SEGUNDO: RECONÓCESE personería a la abogada Tatiana Orozco Cuervo, para actuar como apoderada de la UAE DIAN, en los términos del poder conferido (Fl. 320).
TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Folio 204.
Folio 205.
Sentencia del 26 de febrero de 2015, Exp. No. 2014-01114-01. M.P. Hugo Bastidas Bárcenas.
Radicación Número: 13001-23-31-000-2004-00960-01
Actor: Schlumberger Surenco S.A.
Demandado: UAE DIAN
Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Sentencia de Segunda Instancia
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