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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2005-00872-01

Fecha
28 de octubre de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2005-00872-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 28 de noviembre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de descongestión No. 3, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas. TERCERO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-31-000-2005-00872-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

28 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2022

Radicación: 05001-23-31-000-2007-00651-01 (55.252)
Demandante: Betty Esther Arrieta Pérez y otros
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)

Temas: Reparación directa - Responsabilidad extracontractual del Estado por daños
ocasionados por la administración de justicia - Ausencia de prueba del daño

Síntesis del caso: Los demandantes fueron capturados por la presunta comisión del delito de
rebelión. La fiscalía les impuso medida de aseguramiento y formuló acusación en contra de los
procesados. En etapa de juicio, fueron absueltos ante la ausencia de pruebas que
comprometieran su responsabilidad

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la Sentencia de 28 de noviembre de 2014 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de descongestión No.3, que negó las pretensiones
de la demanda.

Esta Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso
de apelación en contra de una Sentencia dictada por un Tribunal Administrativo,
con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda,
de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 19961.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 31 de marzo de 2005, Yenis Beltrán Arrieta, Denis Miguel Caro Arrieta, José
María Salcedo Arias, Gabriel Arturo García Fernández, Rosa Elena Arrieta Meza,
José de los Santos Beltrán Reyes y Lidis Patricia Beltrán Arrieta, estos 2 últimos con
su grupo familiar, presentaron demanda, en ejercicio de la acción de reparación
directa, en contra de la Nación-Fiscalía General de la Nación, con el fin de

1De acuerdo con lo expuesto por la Sala Plena de esta Corporación en el Auto de 9 de septiembre de 2008, expediente
11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001-23-31-000-2007-00651-01 (55.252)
Demandante: Betty Esther Arrieta Pérez y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Confirma sentencia que niega
_____________________________________________________________________________________________________________

obtener la reparación de los perjuicios ocasionados con la privación de su
libertad. Lo anterior, en razón del proceso penal iniciado en su contra por la
presunta comisión del delito de rebelión2.

2. En el escrito se solicitó como pretensión declarativa (se trascribe):

“PRIMERO: Que se declare a la Nación Colombiana-Fiscalía General de la Nación,
representada legalmente por el doctor LUIS CAMILO OSORIO ISAZA, son
administrativa, solidaria y extracontractualmente responsables de los daños o
perjuicios materiales y morales causados al señor JOSÉ DE LOS SANTOS BELTRÁN
REYES, a su señora esposa BETTY ESTHER ARRIETA PÉREZ, al igual que a los señores:
LIDIS PATRICIA BELTRÁN ARRIETA, YENIS BELTRÁN ARRIETA, DENIS MIGUEL CARO
ARRIETA, JOSÉ MARÍA SALCEDO ARIAS, GABRIEL ARTURO GARCÍA FERNÁNDEZ y a
ROSA ELENA ARRIETA MEZA por falla del servicio en la Administración de Justicia
que se derivó en la injusta privación de la libertad que fueron objeto los señores
arriba nombrados, consistente en haber sido vinculados a una investigación
judicial y sindicados como autores de un delito de REBELIÓN por el que le
impusieron medida de aseguramiento, y resolución acusatoria, y fueron detenidos
injustamente durante quince (15) meses, y que posteriormente en Audiencia
Pública a través del Juzgado promiscuo del Carmen de Bolívar fueron Absueltos,
ya que en plena audiencia pública se demostró que fueron totalmente
INOCENTES, situación esta que les ocasionó unos daños antijurídicos ”.

3. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, solicitaron que
se condenara a la entidad demandada al pago de los siguientes perjuicios:

Perjuicio Demandante Calidad Monto
Perjuicios Yenis Beltrán Arrieta Víctima directa 600 SMLMV
morales Denis Miguel Caro Arrieta Víctima directa 600 SMLMV
(grupo 1) José María Salcedo Arias Víctima directa 600 SMLMV
Gabriel Arturo García Fernández Víctima directa 600 SMLMV
Rosa Elena Arrieta Meza Víctima directa 600 SMLMV
Perjuicios José de los Santos Beltrán Reyes Víctima directa 600 SMLMV
morales Betty Esther Arrieta Pérez Esposa de la víctima directa 100 SMLMV
(grupo 2)
Perjuicios Lidis Patricia Beltrán Arrieta Víctima directa 600 SMLMV
morales Kelly Vanessa Beltrán Arrieta Hija de la víctima directa 100 SMLMV
(grupo 3) Lilibeth Beltrán Arrieta Hija de la víctima directa 100 SMLMV
Perjuicios Yenis Beltrán Arrieta Víctima directa
fisiológicos Denis Miguel Caro Arrieta Víctima directa
José María Salcedo Arias Víctima directa
Gabriel Arturo García Fernández Víctima directa 100 SMLMV
Rosa Elena Arrieta Meza Víctima directa
José de los Santos Beltrán Reyes Víctima directa
Lidis Patricia Beltrán Arrieta Víctima directa
Perjuicios Yenis Beltrán Arrieta Víctima directa
materiales Denis Miguel Caro Arrieta Víctima directa $5.000.000.000
(monto total
José María Salcedo Arias Víctima directa
incluidos
Gabriel Arturo García Fernández Víctima directa
perjuicios
Rosa Elena Arrieta Meza Víctima directa
morales y
José de los Santos Beltrán Reyes Víctima directa
fisiológicos)3
Lidis Patricia Beltrán Arrieta Víctima directa

2Folios 8 a 19 del Cuaderno del Tribunal No. 1
3 En la demanda no se determinó una suma específica por concepto de perjuicios materiales, pues se estimó “LOS
VALORES TOTALES DE LA PRESENTE DEMANDA INCLUYENDO PERJUICIOS MORALES, MATERIALES Y FISIOLÓGICOS ARRIBA
SEÑALADOS: [EN] CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000) MONEDA LEGAL CORRIENTE”.

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Radicación: 05001-23-31-000-2007-00651-01 (55.252)
Demandante: Betty Esther Arrieta Pérez y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Confirma sentencia que niega
_____________________________________________________________________________________________________________

4. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en
síntesis, los siguientes hechos:

5. 1) Con sustento en la denuncia de Edilberto Montes Leones y otras personas,
Yenis Beltrán Arrieta, Denis Miguel Caro Arrieta, José María Salcedo Arias, Gabriel
Arturo García Fernández, Rosa Elena Arrieta Meza, José de los Santos Beltrán
Reyes y Lidis Patricia Beltrán Arrieta fueron vinculados a la investigación penal, al
haber sido señalados de pertenecer a la extinta guerrilla de las Farc, como
encargados de adelantar labores de inteligencia para determinar las personas
que comercializaban o tenían bajo su custodia cilindros de gas, que luego serían
utilizados para la elaboración de artefactos explosivos.

6. 2) Los procesados fueron vinculados mediante indagatoria y, al definir su
situación jurídica, les fue impuesta en su contra medida de aseguramiento de
detención preventiva. Luego, la fiscalía les formuló acusación por el delito de
rebelión.

7. 3) El 24 de junio de 2004, el Juzgado 1 promiscuo del circuito de Carmen de
Bolívar profirió fallo absolutorio a favor de los mencionados demandantes. En la
misma providencia se condenó a otros procesados.

1.2. Posición de la parte demandada

8. El 5 de septiembre de 2006, la Fiscalía General de la Nación presentó
contestación a la demanda, en la que se opuso a las pretensiones allí
formuladas4. En su escrito indicó que este caso debía resolverse bajo las
previsiones de un régimen subjetivo de responsabilidad, para lo cual debía
comprobarse la falla en la prestación del servicio. Al respecto, aseguró haber
actuado en cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales y, en todo
momento, haber observado el debido proceso y el derecho de defensa de los
implicados. En particular, se refirió al demandante José de los Santos Beltrán
Reyes, sobre el cual sostuvo la ausencia del daño antijurídico dada la “abstención
de imposición de la medida de aseguramiento y su posterior calificación con resolución
de preclusión”. Por último, propuso las excepciones de falta de legitimación
pasiva en la causa debido a la “inexistencia de falla en el servicio” y la que
denominó “ineptitud sustantiva de la demanda en ausencia de nexo causal de
responsabilidad”.

1.3. Sentencia de primera instancia

9. El 28 de noviembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
descongestión No. 3, profirió Sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones formuladas5. Al respecto, sostuvo que la parte actora no demostró

4 Folios 92 a 103 del Cuaderno del Tribunal No. 1
5 Folios 240 a 255 del Cuaderno del Consejo de Estado.

3 de 7

Radicación: 05001-23-31-000-2007-00651-01 (55.252)
Demandante: Betty Esther Arrieta Pérez y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Confirma sentencia que niega
_____________________________________________________________________________________________________________

la producción del daño pues no obraba prueba que diera cuenta de la captura
de los entonces procesados, como tampoco el tiempo de privación de la
libertad, ni la modalidad de detención que pesaba sobre ellos. Asimismo, advirtió
que, mediante Auto de mejor proveer, se solicitó copia del expediente penal
seguido en contra de los sindicados, sin embargo la parte interesada no atendió
el costo económico requerido para la expedición de las mismas; por lo que no
fue posible el recaudo de la aludida prueba.

1.4. Recurso de apelación

10. El 29 de noviembre de 2015, la parte demandante presentó recurso de
apelación, en el que solicitó se revocara la Sentencia de primera instancia y, en
su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda6. En su escrito, señaló la
idoneidad del material probatorio aportado al proceso como quiera que la
Sentencia absolutoria era “más que suficiente” para acreditar la detención
injusta de los aquí demandantes.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del
daño; 2.3. Costas

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

11. El Tribunal, en primera instancia, negó las pretensiones de la demanda. La
parte actora presentó recurso de apelación en el que indicó la existencia de
elementos probatorios suficientes para acreditar la detención injusta de los
demandantes, por lo que debía concederse las pretensiones.

12. En el presente asunto está demostrado el trámite de una investigación
penal en contra de Yenis Beltrán Arrieta, Denis Miguel Caro Arrieta, José María
Salcedo Arias, Gabriel Arturo García Fernández, Rosa Elena Arrieta Meza, José
de los Santos Beltrán Reyes y Lidis Patricia Beltrán Arrieta por el delito de rebelión.
También está acreditado que, el 24 de junio de 2004, el Juzgado 1 promiscuo del
circuito de El Carmen de Bolívar profirió Sentencia absolutoria a favor de los
entonces procesados7.

13. La Sala decidirá el fondo del asunto porque encuentra reunidos los
presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la oportunidad en la
presentación de la demanda. En efecto, la providencia que finalizó la
investigación penal, de acuerdo con las normas procesales, debió quedar

6 Folios 257 a 260 del Cuaderno del Consejo de Estado.
7 Folios 23 a 87 del Cuaderno del Tribunal No. 1

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Radicación: 05001-23-31-000-2007-00651-01 (55.252)
Demandante: Betty Esther Arrieta Pérez y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Confirma sentencia que niega
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ejecutoriada el 8 de julio de 20048 y la demanda fue presentada el 31 de marzo
de 2005, por lo que se concluye que la acción se ejerció dentro del término
previsto por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.

14. En esta providencia, la Sala confirmará la Sentencia de primera instancia
porque no se probó la efectiva privación de la libertad de los entonces
procesados, en establecimiento carcelario o bajo la modalidad domiciliaria, ni
el tiempo de duración. En efecto, si bien se allegó el fallo absolutorio, de su
contenido no es posible acreditar la existencia del daño antijurídico alegado.

2.2. Identificación del daño

15. En el presente caso está probado que, la fiscalía inició una investigación
penal en contra de Yenis Beltrán Arrieta, Denis Miguel Caro Arrieta, José María
Salcedo Arias, Gabriel Arturo García Fernández, Rosa Elena Arrieta Meza, José
de los Santos Beltrán Reyes y Lidis Patricia Beltrán Arrieta por el delito de rebelión.
Además, se constató que, mediante Sentencia dictada el 24 de junio de 2004, el
Juzgado 1 promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar absolvió a los entonces
procesados. Sin embargo, no está demostrada la efectiva privación de la
libertad de los demandantes.

16. La aludida providencia que obra en el expediente constata la existencia de
un proceso penal en su contra, pero no prueban la efectiva restricción de la
libertad. La parte actora no aportó ningún documento relacionado con la
captura, como podría ser la boleta de encarcelación o el informe de la
detención. Tampoco allegó ninguna prueba de la libertad, como sería el acta
de compromiso, el acta de la caución, la boleta de libertad, el certificado del
centro de reclusión u otra prueba suficiente para acreditar la existencia de la
privación de la libertad. Además, no solicitó la práctica de pruebas con esa
finalidad.

17. Se estableció que, mediante Auto de 12 de abril de 20119, el Tribunal a quo
ordenó oficiar al Juzgado 1 promiscuo del circuito de El Carmen de Bolívar para
que remitiera copia del expediente del proceso penal con radicación
132443189001-20030335 seguido en contra de los aquí demandantes. En

8 Si bien no se cuenta con la constancia de ejecutoria de la aludida providencia, es posible establecer que la decisión
en mención se encuentra debidamente ejecutoriada pues revisado el sistema de gestión de información de la Rama
Judicial, se constató que en contra de los aquí demandantes, en la actualidad, no se adelanta proceso penal alguno.
Tampoco se tiene conocimiento de la interposición de recursos en contra de la decisión que declaró su absolución.
Asimismo, en las copias del fallo absolutorio aportado se observa el sello del Juzgado de ejecución de penas y medidas
de seguridad de Cartagena. Ahora, si se tienen en cuenta los artículos 178 y 180 de la Ley 600 de 2000 –norma procesal
vigente para el momento en que se dictó esta decisión-, que regulan las notificaciones, personal y por edicto de la
Sentencia, dicha decisión debió quedar ejecutoriada, por lo menos, el 8 de julio de 2004. En efecto, según dicha
legislación, primero, se intentará realizar la notificación personal de la providencia, dentro de los 3 días siguientes a la
fecha de su expedición -en este caso 25, 28 y 29 de junio-. Si los sujetos procesales no concurren, se notificará por edicto
fijado “en lugar visible de la secretaría por tres (3) días”. Por tanto, la fijación del edicto debía hacerse del 30 de junio al
2 de julio y, después, correría el término de ejecutoria, es decir, entre el 6, 7 y 8 de julio de 2004. Por tanto, este último día
habría quedado ejecutoriada la Sentencia absolutoria.
9 Folio 190 del Cuaderno del Tribunal No.1

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Radicación: 05001-23-31-000-2007-00651-01 (55.252)
Demandante: Betty Esther Arrieta Pérez y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Confirma sentencia que niega
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respuesta, el Juzgado informó que el expediente se encontraba a disposición de
la interesada en la Secretaría pues “el juzgado no cuenta con fotocopiadora para
aquello”. No obstante lo anterior, dicha diligencia no fue atendida por la parte
actora, que era la interesada, lo que impidió el recaudo de la prueba; y, en
cambio, la actuación de su apoderado se dirigió a solicitar en 3 oportunidades
celeridad para la emisión del fallo10.

18. En este orden de ideas, no bastan las afirmaciones realizadas por la parte
actora sobre la reclusión de Yenis Beltrán Arrieta, Denis Miguel Caro Arrieta, José
María Salcedo Arias, Gabriel Arturo García Fernández, Rosa Elena Arrieta Meza,
José de los Santos Beltrán Reyes y Lidis Patricia Beltrán Arrieta, así como tampoco
los hechos enunciados de manera genérica en la providencia proferida en el
proceso penal, toda vez que ello no permite establecer el tiempo total de
efectiva privación de la libertad. Es más, en dicha decisión no se menciona, si
quiera, que contra los implicados pesaba una medida de aseguramiento en su
contra. Ahora, respecto de Rosa Elena Arrieta Meza se refiere que fue capturada
el 31 de marzo de 2003, sin embargo tampoco se precisaron las circunstancias
de su captura y si contra ella fue dictada medida de aseguramiento alguna11.

19. Para la Sala es claro que la ausencia de elementos de conocimiento que
permitan constatar la ocurrencia del daño alegado en la demanda, deriva
directamente de la falta de actividad de quien tenía la carga de la prueba, en
los términos del artículo 177 del C.P.C. En consecuencia, ante la falta de certeza
sobre este primer elemento, se hace innecesario el análisis de los restantes
dirigidos a configurar la responsabilidad del Estado12. Por lo anterior, la Sala
negará las pretensiones de la demanda.

2.3. Costas

20. En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la
actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas,
de conformidad con lo previsto por el artículo 171 del C.C.A., modificado por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

10 Memoriales visibles a folios 194, 197 y 200 del Cuaderno del Tribunal No.1
11 Sobre un caso similar se puede consultar, entre otras: Sentencia de 5 de abril de 2017, Exp. 44920; también Sentencia
de 26 de marzo de 2020, Exp. 13001-23-31-000-2004-01315-01 (44649) y Sentencia de 8 de mayo de 2020, Exp. 05001-23-
31-000-2009-00918-01 (46.410)
12 En igual sentido se pronunció esta Corporación, en la sentencia de 8 de febrero de 2012, expediente 21803, en los

siguientes términos: “Sin embargo, considera la Sala que al no haberse cumplido en el caso concreto con la demostración
del primer componente del juicio de responsabilidad extracontractual del Estado, se torna estéril cualquier análisis de los
fundamentos o sistemas de responsabilidad, objetivos o tradicionales, porque nos encontramos es en presencia de una
falta absoluta de imputación al Estado y aquéllos tienen su basamento y razón de ser, sólo cuando se tiene acreditada
la existencia de un daño antijurídico, lo cual no se configuró en el evento sub examine, y por ello se releva al juzgador
de ese tipo de consideraciones.” Igualmente se pueden consultar las sentencias proferidas por esta Subsección el 29 de
agosto de 2012, Exp. 26795; el 20 de mayo de 2013, Exp. 27229 y el 29 de mayo de 2014, Exp. 30738.

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Radicación: 05001-23-31-000-2007-00651-01 (55.252)
Demandante: Betty Esther Arrieta Pérez y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Confirma sentencia que niega
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3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la constitución y la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 28 de noviembre de 2014 proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de descongestión No. 3, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.

TERCERO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este
proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su
competencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

7 de 7

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