Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-31-000-2006-01072-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-31-000-2006-01072-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-31-000-2006-01072-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
17 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 13001-23-31-000-2006-01072-01
Nº interno: 1040-2015
Demandante: Departamento de Bolívar
Demandado: Myriam Acosta Hernández y otros1
Acción: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho, modalidad
acción de lesividad - CCA
Temas: Prima técnica reconocida a personal administrativo de entidad
territorial con anterioridad a la expedición del Decreto 1724 de
1997, se mantiene, en aplicación del régimen de transición
previsto en dicha legislación; ausencia de carga probatoria por
parte de la demandante, para acreditar que los demandados
no tenían derecho a tal estímulo cuando les fue reconocida
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en
contra de la sentencia de fecha 31 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, mediante la cual declaró de oficio la excepción de
caducidad de la acción respecto de dos actos administrativos demandados y negó
las pretensiones de la demanda respeto del tercer acto acusado.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Las pretensiones
1
En la demanda se relacionan el nombre de 132 funcionarios demandados en su condición de funcionarios de
la Secretaría de Educación del Departamento de Bolívar
1
Número interno:1040-2015
Demandante: Departamento de Bolívar
Demandado: Myriam Acosta Hernández y otros
El Departamento de Bolívar a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho–acción de lesividad del CCA, concurrió
ante esta jurisdicción, en procura de que se declarare la nulidad de los siguientes
actos administrativos y se declaren las siguientes condenas2:
:
• Resolución N° 3069 del 28 de agosto de 1999 “Por el cual se hace un
reconocimiento”, expedida por el Gobernador del Departamento de Bolívar.
-Resolución N° 520 del 1° de abril de 2003 “Por la cual se asigna Prima Técnica a
unos funcionarios”, en su calidad de servidores administrativos de la Secretaría de
Educación, proferida por el Gobernador del Departamento de Bolívar.
-Resolución N° 1394 del 25 de octubre de 2005 “Por el cual se resuelve un recurso
de apelación”, emanada de la misma entidad territorial.
A título de restablecimiento del derecho solicitó, se condene a quienes percibieron
pagos por concepto de prima técnica a la cual no tenían derecho, los restituyan al
erario público debidamente indexados de acuerdo con el Índice de Precios al
Consumidor IPC.
Los hechos que fundamentan las anteriores pretensiones y condena son los
siguientes:
Señaló el apoderado del Departamento de Bolívar que los nombres de los
funcionarios relacionados en la demanda, desempeñaron cargos administrativos al
servicio de la Secretaría de Educación departamental en distintos colegios de dicho
departamento.
Mediante la Resolución N° 3069 del 28 de agosto de 1999 el Gobernador del
Departamento de Bolívar, invocando facultades concedidas por la Ley 60 de 1993,
2
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Número interno:1040-2015
Demandante: Departamento de Bolívar
Demandado: Myriam Acosta Hernández y otros
el Decreto Extraordinario 1661 de 1991 y su Decreto Reglamentario 2164 de 1991
así como resoluciones administrativas del Ministerio de Educación Nacional,
asignó Prima Técnica por evaluación de desempeño a los señores Juana Acuña
de Pérez y José Joaquín Cantillo Yepes, fecha en que estaba vigente el Decreto
1724 de 1997, legislación esta pasada por alto por el Gobernador de Bolívar al
reconocer dicho concepto a unos peticionarios que no reunían los requisitos
exigidos por esta normativa. A su turno mediante la Resolución 520 del 1° de abril
de 2003 se efectuó el reconocimiento de la Prima Técnica a unos funcionarios de
manera temporal y posteriormente se hizo el respectivo pago.
Las resoluciones acusadas reconocieron beneficios sin que existiera lugar a tal
derecho y creó una obligación de carácter temporal, que no concede derechos
adquiridos sino simples expectativas a los beneficiarios de las mismas, a cargo del
Departamento de Bolívar hecho que lesionó el patrimonio económico de la entidad
territorial, que se tradujo inicialmente en $407.144.858, 98 M/cte., desde el
presunto momento en que los beneficiarios supuestamente cumplieron con la
evaluación satisfactoria.
Afirmó el apoderado de la entidad demandante que “por tratarse del
reconocimiento de una prestación periódica, la lesión económica al patrimonio de
la entidad que represento permanece actual en el tiempo toda vez que por cada
periodo mensual pagado desde el reconocimiento indebido hasta la fecha se
produce una mengua para el Departamento de Bolívar”.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
Fueron invocadas como vulneradas por los actos acusados, las siguientes
normativas legales:
Los artículos 4° y 122 de la Constitución Política; el artículo 1° del Decreto 1724
del 4 de julio de 1997 “Por el cual se modifica el régimen de prima técnica para los
empleados públicos del Estado”, así como el desconocimiento del precedente
jurisprudencial consignado en la sentencia del 19 de marzo de 1998 expediente
3
Número interno:1040-2015
Demandante: Departamento de Bolívar
Demandado: Myriam Acosta Hernández y otros
11.955 que declaró la nulidad del artículo 13 del Decreto Reglamentario 2164 de
1991.
Afirmó que la acción de lesividad tiene como objetivo atacar por parte de la misma
administración sus propios actos declarativos de derechos de contenido particular,
por resultar lesivos a los intereses públicos económicos, actos que sin embargo no
pueden ser revocados directamente debido a que no se reúnen los requisitos para
hacer cesar sus efectos, al no contar con el consentimiento de cada uno de los
particulares a quienes se les otorgó una prestación periódica como lo es la Prima
Técnica sin reunir los requisitos para su reconocimiento.
Invocó la Falsa Motivación como causal de nulidad de los actos administrativos
acusados, por cuanto no existe correspondencia entre la decisión adoptada y los
motivos que en los actos se aducen como fundamento de las mismas, como quiera
que para la fecha de expedición de los actos demandados estaba vigente el
Decreto 1724 del 4 de julio de 1997 “Por el cual se modifica el régimen de prima
técnica para los empleados públicos del Estado”, que luego fue modificado por el
Decreto 1336 de 2003, que en el artículo 1° señaló los presupuestos para el
otorgamiento de la Prima Técnica3, ninguno de ellos cumplido por los beneficiarios
aunado a que las reclamaciones fueron efectuadas por intermedio del Sindicato de
Trabajadores Administrativos de la Educación SINTRENAL BOLÍVAR.
Igualmente apreció que no era procedente citar en los actos demandados, el
artículo 58 de la Constitución Política, por cuando esta norma alude al
reconocimiento de los derechos adquiridos “en torno exclusivamente a la propiedad
privada”, aunado a que no se puede hablar de derechos adquiridos como quiera
que los derechos subjetivos, surgen a partir del acto administrativo particular y
concreto que así los reconozca, pero no desde cuando se efectuó la reclamación.
Recordó que esta Corporación mediante sentencia del 19 de marzo de 1998
3
La prima técnica establecida en las disposiciones legales vigentes, sólo podrá asignarse por cualquiera de los
criterios existentes, a quienes estén nombrados con carácter permanente en un cargo de los niveles directivo,
asesor, o ejecutivo, o sus equivalentes en los diferentes órganos y ramas del poder público.
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expediente 11.955, declaró la nulidad del artículo 13 del Decreto Reglamentario
2161 de 1991, mediante el cual otorgó a los gobernadores la facultad de reconocer
la prima técnica a nivel territorial.
Invocó la infracción de las normas en que deberían fundarse como la segunda
causal de nulidad, por cuanto el artículo 1° del Decreto 1724 de 1997 disponía que
la prima técnica sólo podía asignarse a quienes estuvieran nombrados con carácter
permanente en un cargo de los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o sus
equivalentes en los diferentes órganos y ramas del poder público.
Afirmó el apoderado de la parte demandante que no era suficiente que los
beneficiarios ahora demandados, hubieran obtenido una calificación satisfactoria,
sino “además, la debida acreditación de que sus cargos tenían el carácter de
permanentes y que se trataran de cargos de los niveles directivo, asesor o ejecutivo
o sus equivalentes, por lo que el acto administrativo acusado fue proferido en
manifiesta contravención a la ley, al tener por fundamento de su decisión (el
reconocimiento de la prima técnica) el artículo 1° del Decreto 1724 de 1997, sin el
cumplimiento de los supuestos fácticos que allí se plasmaban”.
2. Contestación de la demanda4
Mediante memorial dirigido por uno de los auxiliares de la justicia quien actuaba en
su condición de curador ad litem de la parte accionada, contestó la demanda en
los siguientes términos: negó los hechos de la demanda; afirmó que no tenía
conocimiento acerca del domicilio ni el lugar de trabajo de la parte accionada; no
se opuso a las pretensiones de la demanda ni al derecho invocado y, adujo que se
atenía a lo que resultara probado dentro del proceso por lo que no pidió la práctica
de ninguna prueba5.
4
El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante Auto del 9 de abril de 2013, al tener como fundamento la
imposibilidad de surtir la notificación personal de las 132 personas demandadas, procedió a surtir la
notificación por edicto emplazatorio en los términos del inciso 5 del numeral tercero del artículo 318 Código
de Procedimiento Civil . Para el efecto designó de la lista de auxiliares de la justicia a tres profesionales del
derecho como curadores ad litem, con el fin de que representaran a la parte demandada . Mediante Auto del 26
de mayo de 2014 el despacho ponente de primera instancia, designó otros tres curadores ad litem
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Folios 85-86
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Demandado: Myriam Acosta Hernández y otros
3. Fallo de la primera instancia
Mediante sentencia del 31 de octubre de 2014 el Tribunal Administrativo de Bolívar
adoptó las siguientes decisiones: i) declaró de oficio la excepción de caducidad con
relación a las resoluciones 3069 del 28 de agosto de 1999 y 520 del 1° de abril de
2003; negó las pretensiones de la demanda sin condena en costas a la parte
vencida.
i) En cuanto a la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, consideró que al tenor del artículo 136 numeral 2° CCA se cuenta con un
término de cuatro meses para la interposición de esta acción con la salvedad de los
actos que reconozcan prestaciones periódicas que podrán demandarse en
cualquier tiempo, mientras que la acción de lesividad según el mismo artículo en el
numeral 7° ídem, previó “cuando una persona de derecho público demande su
propio acto la caducidad será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al
de su expedición”.
Entonces según el a quo, en principio el término de los dos años de caducidad de
la acción de lesividad no opera cuando se trate de prestaciones periódicas, las
cuales podrán ser demandadas en cualquier tiempo, pero que, en el caso de la
prima técnica reconocida en los actos acusados, no engloba la característica de
prestación periódica, como quiera que dada su naturaleza solo se causa cuando se
cumplen determinados requisitos, tales como el de la evaluación superior al 90%.
Sostuvo que no toda prestación social es una prestación periódica, pues estas
últimas son las que percibe el trabajador habitualmente y, por lo tanto, pueden ser
demandadas en cualquier tiempo según el artículo 136 numeral 2° CCA. Entonces,
la prima técnica al no tener la condición de una prestación periódica, la parte
demandante debió interponer la acción de lesividad contra la Resolución N° 3069
del 28 de agosto de 1999 y la Resolución 520 del 1° de abril de 2003, dentro de los
dos años siguientes a su expedición, pero la demanda se presentó hasta el día 28
de junio de 2006, por lo que resulta evidente que había operado la caducidad.
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Demandante: Departamento de Bolívar
Demandado: Myriam Acosta Hernández y otros
Respecto de las causales de nulidad invocadas por el demandante, relativas a la
falsa motivación y a la infracción de las normas en que debía fundarse, advirtió que
se resolverían conjuntamente como quiera que se apoyaron en similares
argumentos.
En cuanto al desconocimiento del artículo 1° del Decreto 1724 de 1997 por cuanto
esta norma restringió dicho reconocimiento sólo a los empleados que
desempeñaran en forma permanente los cargos del nivel directivo, ejecutivo o
asesor, adujo que no tiene vocación de prosperidad, por cuanto debe ser analizada
esta norma a la luz del régimen de transición que previó la misma legislación, a
efectos de garantizar los derechos adquiridos de los trabajadores que recibieron tal
reconocimiento al amparo del Decreto 1661 de 1991.
Advirtió el a quo que el Decreto 1724 de 1997 no desapareció per se la prima
técnica para los empleados que desempeñaran cargos diferentes a los del nivel
directivo, ejecutivo, asesor, motivo por el cual le correspondía a la parte
demandante acreditar que los empleados a quienes les fue reconocida, no tenían
derecho a su reconocimiento antes de la entrada en vigencia de este decreto, es
decir, que no reunían los requisitos de la legislación anterior Decreto 1661 de 1991.
Por lo anterior, apreció que si bien es cierto los demandados no desempeñaban
cargos de los niveles a los que restringió el Decreto 1724, igualmente lo es que, al
haber presentado sus peticiones de reconocimiento y pago de prima técnica, con
anterioridad a la modificación los cobijaba el régimen de transición dispuesto al
amparo del Decreto 1661 de 1991.
Tampoco fue acogido el cargo relativo a los efectos de la sentencia del 19 de marzo
de 1998 expediente 11.955, que declaró la nulidad del artículo 13 del Decreto 2164
de 1991, que había extendido la prima técnica para los empleados del nivel
territorial, como quiera que los efectos de las sentencias son hacia el futuro y no se
podrán afectar las situaciones consolidadas con anterioridad.
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Demandante: Departamento de Bolívar
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Indicó el Tribunal de primera instancia que los actos acusados fueron expedidos
cuando había entrado en vigencia el Decreto 1919 de 2002, que en el artículo 1°
dispuso el régimen prestacional de los empleados del nivel territorial, por tanto
consideró que a partir del año 2002, el régimen prestacional de los empleados
públicos del nivel nacional se hizo extensivo a los empleados públicos del nivel
territorial, de suerte que para el año 2003 cuando se expidió el acto de
reconocimiento de la prima técnica por parte de la Gobernación de Bolívar, este
grupo de trabajadores sí tenían derecho al reconocimiento de la prima técnica, en
aplicación de los decretos 1661 y 2167 ambos de 1991, con las modificaciones
introducidas por el Decreto 1724 de 1997. Por esta razón negó las pretensiones de
la demanda.
4. Fundamentación del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante
El apoderado especial del Departamento de Bolívar radicó memorial mediante el
cual se opuso a las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
motivo por el cual solicitó la revocatoria del fallo del 31 de octubre de 2014, con
fundamento en los siguientes argumentos de inconformidad6:
El Gobierno Nacional mediante el Decreto 1724 de 1997 modificó el régimen
general y la normatividad en materia de prima técnica, restringiendo su campo de
aplicación a los niveles directivos, asesor y ejecutivo, que el Gobernador de la
época les concedió la prima técnica por evaluación de desempeño que había sido
eliminada para los niveles profesional, administrativo, técnico y operativo.
Discrepó en cuanto al supuesto tema de la aplicación de los derechos adquiridos
invocada por el actor en virtud del régimen de transición, pues a la fecha de
expedición del Decreto 1724 de 1997, a los demandados no se les había
reconocido el disfrute de la prima técnica, lo cual evidencia la falsa motivación de
los actos acusados, ya que esta prerrogativa solo se le podía asignar a quienes
6
Folios 116-118
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estuvieran nombrados con carácter permanente en cargos de los niveles directivo,
asesor o ejecutivo, mientras que los cargos que ocupaban los funcionarios
demandados, no forman parte ni cumplen con tales condiciones.
El apelante esgrimió “que el Departamento de Bolívar hace escaso un (1) año a la
fecha de presentación de esta apelación, se encontraba bajo la Ley 550 de 1999,
lo que no permitía en manera alguna que los actos administrativos del 2003 y 2005
que fueron expedidos para ratificar los mencionados derechos tuviesen aplicación
en virtud a que estos no fueron aprobados por el Comité de Verificación en
cumplimiento de la Ley 550, actos que contrarían el artículo 58 de la Ley 550 en
sus numerales 4° y 15, en virtud a que constituyen modificaciones a los gastos
corrientes y creación de nuevos lo cual los torna nulos de pleno derecho lo que
motivaría con sobradas razones la pretensión de nulidad planteada por el
Departamento de Bolívar.”
En suma para el apoderado de la entidad territorial demandada “no puede dársele
por extensión en la aplicación de normas, el reconocimiento de la prima técnica en
virtud a que el Decreto 1724 de 1994 resguardaba las disposiciones contenidas en
los decretos 1661 de 1991 y el Acuerdo 024 de 1991, así que el régimen de
transición allí previsto, solamente era aplicable para quienes hubiesen reunido los
requisitos para acceder a la prima técnica con anterioridad al 11 de julio de 1997,
fecha en la que ninguno de los demandantes gozaba de la prima técnica.”.
5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
5.1. Por parte del Departamento de Bolívar
Mediante memoriales remitidos el 21 de junio de 2021 vía correo electrónico la
apoderada de la entidad territorial demandante descorrió traslado para alegar de
conclusión en segunda instancia, escrito en el que efectuó las siguientes
consideraciones7:
7
Adjuntado a Índice 31 y 32 del aplicativo SAMAI
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-Es improcedente el reconocimiento de la prima técnica para funcionarios que
laboran en las entidades territoriales en virtud de la declaratoria de nulidad del
artículo 13 del Decreto 2164 de 2991, al desbordar el Gobierno las facultades
otorgadas por el legislador y hacer extensivo el otorgamiento del régimen de prima
técnica a las entidades territoriales y a sus entes descentralizados, pues
únicamente era para los empleos de orden nacional no para los del nivel territorial.
Tampoco se puede predicar que la Prima Técnica constituye un derecho adquirido,
pues a partir de la Sentencia de nulidad del artículo 13 del Decreto 2164 de 1991,
los empleados del nivel territorial que la tenían asignada, no la podían seguir
percibiendo.
La Resolución No. 1394 del 25 de octubre de 2005, a la cual hace referencia la
demandante, resulta inaplicable ya que es un acto administrativo que nació a la vida
jurídica sin fundamentación legal, toda vez que el Gobernador de la época carecía
de competencia para su otorgamiento.
Toda vez que el Departamento de Bolívar se encontraba inmerso en un Acuerdo
de Reestructuración de Pasivos, de conformidad con la Ley 550 de 1999, suscrito
el 13 de diciembre de 2001 con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los
Acreedores del Departamento de Bolívar, previamente debió someterse el
compromiso presupuestal del otorgamiento de la prima técnica, a consideración del
Comité de vigilancia para su evaluación y aprobación respectiva pero como ello no
ocurrió, los actos acusados son ineficaces y no obligan al Departamento
La parte demandada guardó silencio según certificación secretarial del 9 de agosto
de 20218.
6. Concepto del Ministerio Público
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Demandante: Departamento de Bolívar
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La Procuraduría Segunda Delegada ante esta Corporación remitió memorial vía
secretaría online, mediante el cual adjuntó Concepto en el que solicitó se confirme
el fallo impugnado al efectuar las siguientes consideraciones9:
A juicio del Ministerio Público, la parte recurrente no controvirtió la sentencia
censurada en lo relativo a la declaratoria oficiosa de la caducidad de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, respecto de
las Resoluciones 3069 del 28 de agosto de 1999 y 520 del 1º de abril de 2003.
Señaló que ni en la demanda ni en la apelación demostró la parte activa que los
demandados no tenían el derecho material al reconocimiento de la prima técnica
que se les pretende quitar, con anterioridad a la expedición del Decreto 1724 de
1997, pues simplemente se limitó la actora a afirmar que no lo tenían reconocido.
Apreció igualmente el Delegado de la Procuraduría General de la Nación, que la
Resolución 1394 del 25 de octubre de 2005, en estricto rigor, como allí mismo se
motivó, no es la constitutiva o declarativa del reconocimiento del derecho, sino
apenas del pago de unos meses no reconocidos y pagados en su momento a
algunos funcionarios.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo 10 ,
vigente para la fecha de la actuación contenciosa, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de
la parte demandante, disposición derogada por el artículo 309 de la Ley 1437 de
9
Visible a Índice 33 aplicativo SAMAI
10
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un
efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.
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Número interno:1040-2015
Demandante: Departamento de Bolívar
Demandado: Myriam Acosta Hernández y otros
2011, que ahora establece la competencia de esta Corporación en sede de
segunda instancia, en el artículo 150 ídem11.
2. Problema Jurídico
En el presente caso, en los términos del recurso de apelación, el problema jurídico
consiste en determinar si los argumentos esgrimidos por el Departamento de Bolívar
resultan jurídicamente suficientes para revocar, la sentencia del 31 de octubre de
2014 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar, declaró probada de oficio
la excepción de caducidad respecto de dos de los tres actos administrativos
demandados al tiempo que negó las súplicas de la demanda respecto del tercero.
Bajo esta óptica se analizará si es procedente la revocatoria de la prima técnica
reconocida a los demandados, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho -en la modalidad de acción de lesividad-, por cuanto
no tenían derecho a tal reconocimiento, al evidenciarse la falsa motivación y la
infracción de las normas en que debían fundarse los actos acusados, como quiera
que según la parte activa, no reunían las exigencias legales señaladas en el
Decreto1724 de 1997, ni tenían adquirido ningún derecho por algún régimen de
transición que los beneficiara.
Para desarrollar el anterior problema jurídico planteado la Sala desarrollará el
siguiente esquema: 2.1. Actos Administrativos demandados; 2.2. Marco normativo
y jurisprudencial sobre la acción de lesividad y el término de caducidad; 2.3.
Régimen legal de la Prima Técnica aporte jurisprudencial; 2.4. Solución al caso
concreto; 2.4.1. Cuestión previa delimitación del recurso de apelación.
2.1. Actos administrativos demandados susceptibles de control judicial en el
presente asunto
11
ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE ADICACIÓN.
<Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en
Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación,
así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un
efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia. (…)
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Al margen de la declaración oficiosa de la caducidad de la acción de lesividad
efectuada por la primera instancia, respecto de dos de los tres actos administrativos
demandados -Resolución N° 3069 del 26 de agosto de 1999 y Resolución N° 520
del 1° de abril de 2003-, la Sala considera necesario a título ilustrativo, transcribir
los apartes pertinentes del resuelve de cada uno de los actos administrativos
demandados por el Departamento de Bolívar.
2.1.1. Resolución N° 3069 del 26 de agosto de 1999 “Por el cual se hace un
reconocimiento”, acto expedido por el Gobernador del Departamento de Bolívar
mediante el cual dispuso12:
“ARTÍCULO PRIMERO: Asignar Prima Técnica por evaluación de desempeño
de conformidad con las normas legales citadas en la parte motiva de esta
Resolución a funcionarios JUANA ACUÑA DE PÉREZ y JOSÉ JOAQUÍN
CANTILLO YEPES, funcionarios administrativos de la Educación.
(…)”.
2.1.2. Resolución N° 520 del 1° de abril de 2003 “Por lo cual se asigna Prima
Técnica a unos funcionarios” proferida por el Gobernador del Departamento de
Bolívar, acto mediante el cual13:
“ARTÍCULO PRIMERO: Asignase Prima Técnica por evaluación de desempeño
de conformidad con las normas legales citadas en la parte motiva de esta
resolución a las personas que son servidores administrativos de la educación.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese a través de la Unidad de la Tesorería
Departamental, el pago de la Prima Técnica asignada a cada uno de los
reclamantes previamente identificados en valores que aparecen liquidados
según nómina adjunta certificada y rubricada cuyo monto global asciende a la
suma de CUATROSCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 98/100
M/CTE (407.144.858.98 M/CTE).
(…)”.
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2.1.3. Resolución N° 1394 del 25 de octubre de 2005 “Por el cual se resuelve un
recurso de apelación”, proferida por el Gobernador del Departamento de Bolívar,
que dispuso:
“ARTÍCULO PRIMERO: Revocase, como en efecto se hace, la decisión de la
Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de Bolívar contenida en
el oficio de diciembre 10 de 2004 y la Resolución 0095 de abril 2 de 2005, por
las cuales se negó el pago de prima técnica a los poderdantes del Doctor
JORGE ADIB BLELL CERVANTES, y que les venía reconocida mediante
Resolución 520 de abril 1° de 2003.
(…)”
2.2. Marco normativo y jurisprudencial sobre la acción de lesividad y el
término de caducidad. La Prima Técnica no es considerada una prestación
periódica
En términos generales se puede afirmar, que la acción de lesividad es el
mecanismo legal a través del cual todas las autoridades de la Administración
Pública, pueden infirmar la expresión de su propia voluntad consignada en los actos
administrativos por ellas proferidos, cuando observe que los mismos se expidieron
con desconocimiento del ordenamiento jurídico constitucional y legal lo cual
conduce a que indefectiblemente dicho acto, resulte nocivo a sus propios intereses.
La Sala reitera los planteamientos esgrimidos por este mismo Despacho Ponente,
al considerar que es al juez contencioso administrativo al que le corresponde definir
la ilegalidad o no de los actos respecto de los cuales la Administración pretende su
anulación, por lo que es menester que dentro del proceso se realice el análisis
jurídico respectivo14:
“Sea lo primero señalar que la administración cuenta con la posibilidad de
demandar sus propios actos administrativos ante la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo cuando considere que los mismos son ilegales o
vulneran el ordenamiento jurídico.
El Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 19849, no consagraba la
acción de lesividad como autónoma e independiente, no obstante, su ejercicio
podía hacerse a través de la acción de nulidad simple cuando no se buscaba
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Sentencia del 28 de octubre de 2016 radicación número: 25000-23-25-000-2008-00707-02 (0869-12) M.P.
César Palomino Cortés
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Demandante: Departamento de Bolívar
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el restablecimiento del derecho o de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando sí se pretendía este.
La administración podía hacer uso de ella cuando no podía revocar
directamente el acto que vulneraba el ordenamiento jurídico a través del
mecanismo de la revocatoria directa por no cumplirse los requisitos señalados
para el efecto por la norma, verbi gracia, como cuando en el caso de los actos
de contenido particular, no se logra el consentimiento del directamente afectado
con la decisión tal como lo exigía el artículo 73 del C.C.A.
En esa medida lo que buscaba la administración con la acción de lesividad, era
debatir la legalidad de sus propias decisiones, para poner fin a una situación
que consideraba irregular y, en consecuencia, hacer cesar sus efectos.
Ahora bien, la decisión de sí el acto administrativo contraviene o no la
Constitución y la Ley, es precisamente el objeto de la acción de lesividad, la
cual le corresponde al Juez Contencioso Administrativo, quien puede avalar el
mismo o declarar su nulidad. Siendo necesario entonces que se surta el
proceso para que sea posible determinar la legalidad o no del acto cuestionado.
En conclusión: Por lo expuesto no prospera la excepción invocada en tanto la
acción de lesividad se instauró para que la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo sea quien defina la ilegalidad o no de los actos respecto de los
cuales la administración pretende su anulación, por lo que es menester que
dentro del proceso se realice el análisis jurídico respectivo.”
Bajo esta óptica la Administración al observar la inminencia de un acto
administrativo contrario a derecho, bien puede optar por acudir a la institución de la
revocatoria directa en los términos de los artículos 73 y 74 del CCA, pero ante la
imposibilidad de la revocatoria directa en caso de que no se cuente con el
consentimiento del titular del acto a revocar, previó que la propia Administración
demandara sus propios actos a través del ejercicio de las acciones consagradas en
los artículos 84 y 85 ídem, que como cualquiera otra acción, se encuentran
sometidas a los requisitos y presupuestos de procedibilidad propios de todo medio
de control de legalidad, según su causa petendi.
Es así como uno de los presupuestos para la interposición de cualquier acción
contenciosa, es que la misma sea puesta en conocimiento del aparato judicial,
dentro de la oportunidad legal con el fin de que a toda costa no haya operado el
fenómeno de la caducidad de la acción, que podría ser entendido como la pérdida
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de exigibilidad de un derecho en virtud del transcurso del tiempo y que se constituye
en causal de rechazo de la demanda, según el inciso 3° del artículo 143 CCA15.
Ahora bien, respecto del término de caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, el artículo 136 prescribía lo siguiente:
“Caducidad de las acciones.
(…)
2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación,
comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo
por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe.”
Por su parte, en tratándose de la acción de lesividad en vigencia del Decreto 01 de
1984 el numeral 7° del 136, establecía:
“(...)
7. Cuando una persona de derecho público demande su propio acto la
caducidad será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de su
expedición.”
Mientras era explícito en vigencia del CCA, un término de caducidad para el
ejercicio de la acción de lesividad de dos años contados a partir del día siguiente al
de la expedición del acto administrativo del cual se deprecaba su nulidad, en
vigencia de la Ley 1437 de 201116 ya no se establece este término, por lo que la
Administración está en la posibilidad de demandar sus propios actos, en cualquier
tiempo.
Por tanto, el anterior supuesto normativo al permitir que la demanda pueda ser
interpuesta en cualquier tiempo, no excluyó de esta posibilidad las acciones de
lesividad incoadas por la propia Administración, con más veras cuando lo que se
pretende es garantizar el mantenimiento del orden normativo en casos en que
deben ser antepuestos valores de mayor valía, como el de la moralidad
15
Se rechazará de plano la demanda cuando haya caducado la acción.
16
Según el artículo 164 numeral 1° literal c) CPACA
16
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administrativa cuando se acredite que el acto administrativo fue obtenido a través
de medios fraudulentos, de allí que el paso del tiempo no puede ser una cortapisa
que impida su control de legalidad.
Empero, lo que deberá ser analizado para la resolución del caso concreto, es si la
Prima Técnica puede ser considerada una prestación periódica que permita estar
amparada bajo el supuesto normativo del término de caducidad del numeral 2°
artículo 136 CCA, de tal manera que podía haber sido interpuesta la demanda en
cualquier tiempo por la Administración en este caso por el Departamento de Bolívar.
Al respecto resulta ilustrativo el siguiente aporte jurisprudencial de la Subsección A
de esta Sección17:
«Conforme la sentencia de la Corte Constitucional y las reseñadas del Consejo
de Estado se obtiene que las prestaciones periódicas son aquellos pagos
corrientes que le corresponden al trabajador, originados en una relación laboral
o con ocasión de ella, que se componen de prestaciones sociales que son
beneficios para cubrir riesgos del empleado y no sociales como el pago del
salario, pero que una vez finalizado el vínculo laboral las denominadas
prestaciones periódicas dejan de serlo, salvo las correspondientes a la
prestación pensional o una sustitución pensional que pueden ser demandados
en cualquier tiempo, aún después de culminado el vínculo laboral.»
En términos generales se puede afirmar entonces que se está ante una prestación
periódica cuando se reconocen emolumentos que habitualmente percibe el
beneficiario18, al ser sufragados y devengados en el tiempo, en otras palabras, las
prestaciones periódicas engloba prestaciones sociales y prestaciones no sociales
pero sí salariales.
Por otra parte, la misma Subsección A retomando un precedente de esta
Subsección reiteró que no es posible tener como prestación social aquella que fue
establecida como factor salarial19:
17
Sentencia del 13 de febrero de 2014 Radicación Número: 66001233100020110011701 (0798-2013) M.P.
18
Sentencia del 8 de mayo de 2008 radicación interna (0932-07) M.P. Gustavo Gómez Aranguren
19
Sentencia del 1° de febrero de 2018 radicación número: 730012333000201400146-01 M.P. Rafael Francisco
Suarez Vargas
17
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“De acuerdo con lo anterior, se tiene que no es viable tener como prestaciones
sociales aquellas que han sido establecidas como factores salariales a través
del Decreto 1042 de 1978, como es el caso de la prima técnica, sumado el
hecho, como lo ha sostenido el Consejo de Estado, que la facultad de crear o
extender al orden territorial prestaciones sociales o salariales, únicamente
compete al Gobierno Nacional según lo dispuesto en la Ley 4.ª de 1992, y no a
instituciones municipales, departamentales o distritales.
En un asunto de similares contornos, esta corporación en la sentencia del 20
de marzo de 2014 expediente 1919-13 Consejero Ponente Gerardo Arenas
Monsalve señaló:
La prima técnica no constituye una prestación social sino un factor salarial para
atraer o mantener personal calificado en la función pública, razón por la cual
dicho complemento salarial no está cobijado por las disposiciones del artículo
1 del Decreto 1919 de 2002, mediante el cual se hizo extensivo al orden
territorial, el régimen de prestaciones sociales establecido para los empleados
públicos del orden nacional, como erróneamente lo interpretó el actor.
En este orden, no resulta acertada la censura cuando plantea que la prima
técnica reconocida debe continuar aplicándose en virtud de lo previsto en el
artículo 2 del Decreto 1919 de 2002, pues aquella no se encuentra
comprendida dentro del alcance de dicha disposición normativa, que alude
exclusivamente al régimen prestacional de los empleados públicos y no al
régimen salarial.” (subrayas fuera de texto)
Con fundamento en los anteriores precedentes jurisprudenciales, la Sala considera
que la prima técnica no puede ser considerada una prestación periódica, por cuanto
es un factor salarial que no una prestación social, tampoco puede ser considerada
como una prestación habitual devengada por un funcionario público, pues está
sometida al cumplimiento de los requisitos legales20, motivo por el cual, en el sub
judice el ejercicio de la interposición de la acción no podía ser en cualquier tiempo
según el artículo 136 numeral 2°, sino que estaba sometido al término de los 2 años
del artículo 136 numeral 7°, asunto que se desarrollará en la resolución del caso
concreto.
Repárese que el reconocimiento o estímulo de la prima técnica 21 como concepto
salarial, actualmente está reservado a empleados públicos de nivel directivo o
20
En vigencia de la legislación anterior al Decreto 1724 de 1997 los requisitos para acceder a la prima
técnica eran relativos a la educación y a la experiencia de dos años y una calificación igual o superior a 90%
21
Es un reconocimiento económico para atraer o mantener al servicio del Estado a servidores o empleados
altamente calificados que se requieran para el desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación
18
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asesor, que puede provenir de tres fuentes: i) prima técnica automática; ii) prima
técnica por evaluación de desempeño y iii) prima técnica por Formación Avanzada
y Experiencia Altamente Calificada22.
2.3. Régimen legal de la Prima Técnica evolución normativa
Entendida la Prima Técnica como aquel estímulo económico otorgado a los
servidores públicos que tiene como cometido principal mantener en la
Administración Pública, a aquellos funcionarios o empleados mejor calificados en
cargos que requieran de conocimientos técnicos o científicos especializados.
Mediante el Decreto 1016 del 17 de abril de 1991 “Por el cual se establece la
Prima Técnica para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los
Consejeros de Estado y los Magistrados del Tribunal Disciplinario.” 23 , luego
mediante Decreto 1624 de dicha anualidad se adicionó el Decreto 1016 y se
concedió el reconocimiento a diferentes funcionarios del orden nacional.
Luego mediante el Decreto 1661 del 27 de junio de 1991 “Por el cual se modifica
el régimen de Prima Técnica, se establece un sistema para otorgar estímulos
especiales a los mejores empleados oficiales y se dictan otras disposiciones”,
reconoció este beneficio económico a los funcionarios o empleados de la Rama
Ejecutiva del poder público, limitándola a quienes estuvieran nombrados con
carácter permanente en un cargo de los niveles profesional, ejecutivo, asesor o
directivo, al tiempo que señaló en el artículo 2° los criterios necesarios para su
otorgamiento, entre ellos, título de estudios de formación avanzada y
experiencia altamente calificada, además dispuso en el artículo 3° que en
caso de la Prima Técnica con base en la evaluación del desempeño, podría
de conocimientos técnicos o científicos especializados o la relación de labores de dirección o de especial
responsabilidad, de acuerdo con las necesidades específicas de cada organismo. Así mismo, es un
reconocimiento al óptimo desempeño en el cargo.
22
Guía de Administración Pública Prima Técnica de empleados públicos, versión 3 noviembre de 2015,
Departamento Administrativo de la Función Pública
23
Derogado tácitamente (En sentencia C-279 de 1996 la Corte Constitucional expresó "El decreto, pues, perdió
su vigencia en el momento de la publicación de la ley 4 de 1992")
19
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asignarse en todos los niveles, por lo que no se restringía a los niveles
profesional, ejecutivo, asesor o directivo.
Posteriormente mediante Decreto 2164 del 27 de septiembre de 1991 “Por el cual
se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 1661 de 1991.”, dispuso en el inciso 2°
del artículo primero: “Tendrán derecho a gozar de la prima técnica los empleados
de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y
Unidades Administrativas Especiales, en el orden nacional. También tendrán
derecho los empleados de las entidades territoriales y de sus entes
descentralizados.”, luego es evidente que mediante esta legislación se extendió el
reconocimiento de la Prima Técnica a los empleados de las entidades territoriales.
En el artículo 3º estableció los criterios para la asignación de la prima técnica y en
el artículo 5° reguló la prima técnica por evaluación del desempeño superior al 90%.
Por su parte, el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991 dispuso: Otorgamiento de la
prima técnica en las entidades territoriales y sus entes descentralizados. Dentro de
los límites consagrados en el Decreto-ley de 1991 y en el presente Decreto, los
Gobernadores y los Alcaldes, respectivamente, mediante decreto, podrán adoptar
los mecanismos necesarios para la aplicación del régimen de prima técnica, a los
empleados públicos del orden departamental y municipal, de acuerdo con las
necesidades específicas y la política de personal que se fije para cada entidad. Sin
embargo, esta disposición legal fue declarada nula por esta Sección mediante
sentencia del 19 de marzo de 1998 expediente N° 11.955 al considerar que el
Gobierno había excedido el uso de sus facultades reglamentarias.
Paralelamente en el sector educativo, el Ministerio de Educación Nacional expidió
la Resolución N° 3528 del 16 de julio de 1993 “Por la cual se reglamenta la
asignación de prima técnica para funcionarios de planta del Ministerio de Educación
Nacional”, que en el parágrafo 3° del artículo 2° señaló que eran susceptible de
dicho estímulo por evaluación del desempeño, funcionarios de niveles diferentes al
directivo, ejecutivo, asesor y profesional, según lo establecido en el artículo 3º del
20
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Decreto Nº 1661 de 1991, teniendo en cuenta los requisitos exigidos en el parágrafo
primero del artículo segundo de la presente resolución.
Por su parte, mediante Resolución N° 5737 del 12 de julio de 1994 estableció que
para el reconocimiento de la Prima Técnica a funcionarios administrativos del orden
nacional que laboraran en fondos educativos regionales, oficinas seccionales de
Escalafón, centros experimentales piloto, centros auxiliares de servicios docentes
y colegios nacionales y nacionalizados, se aplicarían las disposiciones de la
Resolución N° 3528 de 1993.
Luego el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1724 el 4 de julio de 1997 “Por el
cual se modifica el régimen de Prima Técnica para los empleados públicos del
Estado”, en el artículo 1° señaló que la prima técnica establecida en las
disposiciones legales vigentes, solo podrá asignarse por cualquiera de los criterios
existentes, a quienes estén nombrados con carácter permanente en un cargo de
los niveles Directivo, Asesor, o Ejecutivo, o sus equivalentes en los diferentes
órganos y Ramas del Poder Públicos. Se considera que la expresión “solo podrá
asignarse”, traduce que hacia el futuro y en el artículo 2° señaló los requisitos
administrativos relativos a la disponibilidad presupuestal y certificado de viabilidad
presupuestal.
La importancia del Decreto 1724 de 1997 radica en el régimen de transición que en
el artículo 4° concibió, con el fin de respetar los derechos de quienes habían
devengado la prima técnica antes de la expedición de esta legislación, al no
encontrarse en los niveles para los cuales fue prevista en este Decreto, al señalar:
“Aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica, que
desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados en el presente
Decreto, continuarán disfrutando de ella hasta su retiro del organismo o hasta
que cumplan las condiciones para su pérdida, consagrada en las normas
vigentes al momento de su otorgamiento”. (subrayas nuestras)
21
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Esta misma Subsección de vieja data sentó la siguiente interpretación respecto del
artículo 4° del Decreto 1724 de 199724:
“Este régimen de transición tiene una característica diferencial de los ya
conocidos, por cuanto aquí no se pretende que se resuelva sobre la
“adquisición” del derecho según determinados requisitos frente a un “régimen
jurídico anterior”, sino al “mantenimiento o conservación” potencial y al futuro
(que, en principio, depende del cumplimiento de la calificación ponderada
exigida) del derecho adquirido anteriormente a pesar del surgimiento de un
nuevo régimen con otros requisitos v. gr. por restricción de los niveles en que
se puede tener derecho a la mencionada prima (art. 1º) y que prevé las
causales de su pérdida.
Ello es explicable, porque se recuerda que, en tratándose de la prima técnica
por evaluación del desempeño, ésta se adquiere por anualidades, previo el
cumplimiento de los requisitos en el año anterior, por lo que, si no se establecía
esta NORMA (art. 4º), lógico era que a partir de la vigencia del art. 1º del D.
L. 1724 /97 los empleados tenían que sujetarse al “nuevo régimen”, por lo
cual, si su empleo no pertenecía a los NUEVOS NIVELES SEÑALADOS ya no
tendrían derecho a reclamar esa clase de prima, aunque en el pasado la
hubieran disfrutado.”
Posteriormente mediante Decreto 1336 del 27 de mayo de 2003 “Por el cual se
modifica el régimen de Prima Técnica para los empleados públicos del Estado.”, en
el artículo 1º dispuso: La prima técnica establecida en las disposiciones legales
vigentes, solo podrá asignarse por cualquiera de los criterios existentes, a quienes
estén nombrados con carácter permanente en los cargos del nivel Directivo, Jefes
de Oficina Asesora y a los de Asesor cuyo empleo se encuentre adscrito a los
despachos de los siguientes funcionarios: Ministro, Viceministro, Director de
Departamento Administrativo, Superintendente y Director de Unidad Administrativa
especial o sus equivalentes en los diferentes órganos y Ramas del Poder Público.
En el artículo 4º de esta legislación, también se conservaron los derechos de los
funcionarios al disponer: “Aquellos empleados a quienes se les haya otorgado
prima técnica, que desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados en el
presente decreto o cargos de asesor en condiciones distintas a las establecidas en
el artículo 1º, continuarán disfrutando de ella hasta su retiro del organismo o hasta
24
Sentencia del 2 de febrero de 2006 Radicación número: 23001-23-31-000-1999-1649-01(2854-02)
M.P. Tarsicio Cáceres Toro
22
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que se cumplan las condiciones para su pérdida, consagradas en las normas
vigentes al momento de su otorgamiento” (subrayas nuestras)
2.4. Caso concreto
El Departamento de Bolívar interpuso acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, en la modalidad de acción de lesividad, el día 28 de junio de 2006 en
vigencia del Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, demanda
radicada ante el Tribunal Administrativo de Cartagena, mediante la cual pretende
se declare la nulidad de tres actos administrativos expedidos por la propia
administración que asignaron prima técnica por evaluación de desempeño a
funcionarios administrativos de la Educación del Departamento de Bolívar, al
considerar que adolecen de las causales de nulidad de falsa motivación e infracción
de las normas en que deberían fundarse, por cuanto dicho reconocimiento se
efectuó con desconocimiento del Decreto 1724 de 1997.
2.4.1. Delimitación del recurso de apelación
De acuerdo con el artículo 350 del CPC25 vigente para la época de la actuación
administrativa cuestionada, el fin u objetivo del recurso de apelación no es otro que
el de ser la oportunidad procesal en la que el recurrente, manifiesta los motivos de
inconformidad respecto de las razones esgrimidas en la sentencia proferida por la
primera instancia de la cual discrepa, de allí que la sustentación del recurso delimita
el pronunciamiento del Ad-quem.
Bajo esta óptica, en virtud de la interposición del recurso de apelación, el análisis
efectuado por la segunda instancia se deberá enfocar en verificar las alegaciones
esgrimidas por la parte afectada o vencida por la decisión judicial, lo cual constituye
la manera de efectuar un profundo análisis de la cuestión objeto de Litis, cuyo
25
Art. 350.- Fines de la apelación e interés para interponerla. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque o reforme. Podrá anteponer
el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia; respecto del coadyuvante se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 52.
23
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propósito no es otro que el de revisar los errores in iudicando, bien por aplicación o
bien por la interpretación de la ley sustancial.
En el sub judice se evidencia que la parte activa, no esgrimió comentario de
reproche alguno relativo a la declaratoria de caducidad de la acción efectuada de
oficio por el Tribunal de primera instancia, respecto de las resoluciones N° 3069 del
28 de agosto de 1999 y 520 del 1° de abril de 2003, por manera tal que la Sala se
encuentra relevada de efectuar pronunciamiento sobre el particular, al no haber
sido objeto de cuestionamiento por parte del directo interesado.
Ahora bien, como argumentos de inconformidad esgrimidos en la alzada por el
apoderado del Departamento de Bolívar mediante los cuales pretende la
revocatoria del fallo impugnado, señaló: i) el Decreto 1724 de 1997 modificó el
régimen de la prima técnica restringiendo su campo de aplicación a los niveles
directivo, asesor y ejecutivo únicamente pues la eliminó para los niveles profesional,
administrativo, técnico y operativo; ii) que no se puede deprecar ningún derecho
adquirido por el régimen de transición pues a la fecha de expedición del Decreto
1724 de 1997, a los demandados no se les había reconocido la prima técnica, lo
cual evidencia las causales de nulidad invocadas; iii) los cargos que desempeñan
los funcionarios enlistados en la demanda, no cumplen las exigencias del citado
decreto que reconoce tal beneficio, a quienes estuvieran nombrados con carácter
permanente en empleos de los niveles directivo, asesor o ejecutivo y), iv) que el
Departamento de Bolívar al encontrarse a la fecha de presentación de la presente
acción contenciosa, inmerso en un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos bajo
la Ley 550 del 30 de diciembre de 1999 26 , los actos administrativos acusados
requerían previamente de la aprobación del Comité de vigilancia para su evaluación
y aprobación respectiva, pero como ello no ocurrió, los actos acusados son
ineficaces y no obligan al Departamento.
26
“Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración
de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las
regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley.”
24
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Observa la Sala que la entidad demandante, incurrió en error de técnica jurídica en
la sustentación de la impugnación, como quiera que este último argumento de
reproche por manera alguna fue esgrimido en la parte introductoria de la demanda,
tan cierto es que no pudo ser objeto de contracción por la parte demandada y
menos aún de análisis y discusión, por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar
en el fallo apelado que ningún comentario efectuó sobre el particular.
Así las cosas, esta Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento respecto de esta
última inconformidad, pues de hacerlo estaría desconociendo el derecho de
defensa y contradicción de los demandados y la competencia funcional del ad
quem, al pasar por alto a la primera instancia que no se pronunció sobre el tema de
la situación financiera del Departamento de Bolívar en virtud de la Ley 550 de 1999,
al no haberle sido puesto de presente este argumento en el libelo de la demanda.
Efectuadas las anteriores consideraciones, la alzada quedará limitada a efectuar el
análisis de legalidad de la Resolución N° 1394 del 25 de octubre de 2005, que a
juicio de la primera instancia no resultó desvirtuada su presunción de legalidad por
cuanto, no encontró acreditadas ninguna de las causales de nulidad invocadas por
la parte demandante.
2.4.2. Control de legalidad de la Resolución N° 1394 del 25 de octubre de 2005
Se observa que el a quo en la parte motiva del fallo apelado, esgrimió las siguientes
consideraciones:
“En el presente caso, en lo que se refiere a la Resolución N° 1394 del 25 de
octubre de 2005, se observa que los empleados de la Gobernación de Bolívar,
presentaron derecho de petición el día 29 de noviembre de 2004 ante la
Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de Bolívar, solicitando el
pago de la Prima Técnica que les había sido reconocida por dicha entidad a
través de Resolución N° 520 del 1° de abril de 2003, la cual fue atendida de
forma negativa por medio de oficio de fecha 10 de diciembre de 2004; que los
peticionarios, el día 17 de diciembre de 2004 interpusieron recurso de
reposición y en subsidio de apelación contra la anterior decisión, siendo
resuelto el recurso de reposición de forma desfavorable a través de Resolución
N° 0095 de 20 de abril de 2005 y en consecuencia, se concedió el recurso de
apelación ante el Gobernador del Departamento de Bolívar.
25
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En ese orden, el Gobernador del Departamento de Bolívar, resolvió el recurso
de apelación por medio de Resolución 1394 del 25 de octubre de 2005
accediendo a lo solicitado por los peticionarios y, en consecuencia, revocó los
actos administrativos anteriores, Oficio del 10 de diciembre de 2004 y
Resolución N° 0095 de 20 de abril de 2005.
Así las cosas, en consideración de la Sala, el acto administrativo contenido en
la Resolución 1394 del 25 de octubre de 2005 se encuentra debidamente
individualizado de acuerdo a las previsiones del artículo 138 del CCA, que
reza (…) si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa,
también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen;
pero si fue revocado, solo procede demandar la última decisión; como quiera
que en este caso, la Resolución 1394 del 25 de octubre de 2005, revocó los
actos expedidos en sede gubernativa”. (negrita original del texto y subrayas
nuestras)
Efectivamente constata la Sala, ante la ausencia de material probatorio allegado a
la actuación contenciosa, que no obra copia del Oficio del 10 de diciembre de 2004
ni de la Resolución N° 0095 de 20 de abril de 2005, motivo por el cual se ha de dar
crédito a los considerandos de la Resolución N° 1394 del 25 de octubre de 2005,
en los que se aludió a tales actos y que vendrían a ser los actos administrativos
antecedentes que fueron objeto de pronunciamiento en sede gubernativa por parte
de la Gobernación del Departamento de Bolívar.
Razón entonces le asiste a la primera instancia, al haber enfocado el control de
legalidad respecto de la Resolución N° 1394 del 25 de octubre de 2005, por cuanto
mediante este acto administrativo se revocaron las decisiones de la entidad
departamental que habían negado el pago de la prima técnica a funcionarios
administrativos de la Secretaría de Educación Departamental, que les había sido
reconocida con fundamento en la Resolución N° 520 del 1° de abril de 2003 –que
fue excluida del presente control de legalidad por haber operado la caducidad de la
acción-.
Por tanto, se cumplió el supuesto normativo del inciso 3° del artículo 138 CCA, que
disponía:
“ARTÍCULO 138. Cuando se demande la nulidad del acto se le debe
individualizar con toda precisión.
26
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Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración
de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la
demanda.
Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también
deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero sí fue
revocado, sólo procede demandar la última decisión.
Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las
pruebas que lo demuestren”. (subrayas nuestras)
Efectuada la anterior precisión, entra la Sala a estudiar el fondo del asunto de la
controversia que no es otro que el determinar si la Resolución N° 1394 del 25 de
octubre de 2005 adolece de las causales de nulidad invocadas en la demanda
relativas a la falsa motivación e infracción de las normas en las que debía fundarse,
por cuanto el Decreto 1724 de 1997 al modificar el régimen y las normas en materia
de prima técnica, restringió el campo de aplicación a los niveles directivo, asesor y
ejecutivo únicamente, siendo eliminada para los niveles profesional, administrativo,
técnico y operativo.
Al respecto la Sala encuentra que el anterior argumento de inconformidad, así
como el de la supuesta imposibilidad de reconocer un derecho adquirido en virtud
del régimen de transición previsto en el mismo Decreto 1724 de 1997, ya fue objeto
de pronunciamiento por parte de esta misma Subsección, al sentar las siguientes
directrices que ahora se comparten27:
“Con la segunda tesis, la cual prevaleció en esta Subsección, y que hoy
constituye el parámetro para el reconocimiento de la misma, sí es posible
aplicar el régimen de transición del artículo 4 del Decreto 1724 de 1997 a
quienes, sin ocupar cargos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o sus
equivalentes bajo el nuevo régimen, cumplieran con los siguientes requisitos:
(i) que tuvieran derecho al reconocimiento de la prima técnica por
evaluación de desempeño bajo el régimen del Decreto 1661 de
1991, esto es, que hubieren laborado para la respectiva entidad en
la vigencia de la normativa mencionada y que, desde luego,
cumplieran los requisitos legales exigidos por la misma;
(ii) que hubieran reclamado la prima técnica antes o después de la
entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997, siempre que
27 Sentencia del 30 de julio de 2015, Radicación número: 11001- 03-25000-2010-00009-00 (0051-10) M.P.
Gerardo Arenas Monsalve
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Número interno:1040-2015
Demandante: Departamento de Bolívar
Demandado: Myriam Acosta Hernández y otros
tuvieren derecho a la prima mencionada en vigencia del Decreto
1661 de 1991;
(iii) que la entidad demandada injustificadamente hubiera guardado
silencio frente a la petición o, se entiende, hubiera resuelto la misma
en forma negativa.
Consideró la Sala que el Decreto 1724 de 1997 puede ser aplicado a servidores
que no se encuentren en los niveles a los que se refiere el citado decreto, a
saber, directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes, si el servidor público
tuvo derecho a la prima técnica bajo el régimen anterior, el del Decreto 1661
de 1991, y el mismo le fue negado contraviniendo esta última disposición.
Sobre el particular, esta Sección en sentencia de 8 de agosto de 2003, M. P.
Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado, Actor Benjamín Antonio Vergara, expresó:
“Circunscriben su inconformidad a expresar que, como el Decreto
1724 de 1997 modificó el régimen de prima técnica, limitando su
asignación a quienes (sic) estén nombrados con carácter
permanente en cargos de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o
sus equivalentes y el artículo 4. ibídem previó que, a quienes
desempeñen cargos diferentes y se les haya otorgado, continuaran
(sic) disfrutándola hasta el retiro del servicio o hasta que se cumplan
las condiciones para su pérdida. En ese sentido, como al
demandante no se le había reconocido, no obstante cumplir los
requisitos en los términos ya descritos, no puede asignársele.
Para la Sala dicha argumentación no es de recibo, dado que es
innegable que a la demandante le asistía el derecho a su
reconocimiento, que en las oportunidades señaladas lo reclamo
(sic) y el Departamento demandado injustificadamente guardó
silencio, no resolvió las peticiones. En esas condiciones es
inaceptable que, amparado en su propia negligencia, pretenda
ahora la negación de un derecho legítimamente adquirido. (...)”
(Destacado por la Sala)
La jurisprudencia concluyó entonces, que los servidores públicos de niveles
distintos al directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes tienen derecho al
reconocimiento de la prima técnica, aún en vigencia del Decreto 1724 de 1997,
siempre que, bajo las reglas establecidas por el régimen anterior, esto es,
el del Decreto 1661 de 1991, hubieren tenido derecho a la citada
prestación.” (negritas fuera de texto)
De acuerdo con los anteriores precedentes jurisprudenciales a la luz del precario
por no decir ausente material probatorio, la Sala encuentra que no existe ninguna
prueba que evidencie que los empleados administrativos de la entidad territorial
demandante a quienes se les reconoció la prima técnica en vigencia de las
directrices del Decreto 1661 de 1991, no eran merecedores de la misma por no
reunir las exigencias de dicha legislación, como quiera que la Gobernación del
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Demandado: Myriam Acosta Hernández y otros
Departamento no cumplió con esta carga probatoria mínima que tenía, de allí que
no logró desvirtuar que a dichos empleados no se les debía reconocer la
consolidación de un derecho adquirido.
Recuérdese que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la
presente actuación contenciosa, consagra el principio de la carga de la prueba
según el cual “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, disposición aplicable al proceso
contencioso administrativo según el artículo 267 del CCA al prescribir: “En los
aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento
Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo.”.
Razón le asistió al a quo al negar las súplicas de la demanda, por cuanto no es
cierto como lo esgrimió la parte actora que el Decreto 1724 de 1997 desapareció
per se la prima técnica para los empleados que desempeñaran cargos diferentes a
los del nivel directivo, asesor, ejecutivo o equivalente, tanto así que previó el
régimen de transición en el artículo 4° ídem, aunado a que la entidad territorial
demandante no logró desvirtuar la legalidad de la Resolución N° 01394 del 25 de
octubre de 2005, dada la ausencia de prueba que acreditara que los empleados a
quienes les fue reconocida la prima técnica no tenían derecho a su reconocimiento
en virtud del Decreto 1661 de 1991.
En cambio, de lo que sí se tiene la certeza, contraria a la afirmación del apelante,
es que la prima técnica ya les había sido reconocida a los empleados
administrativos de la entidad territorial, con anterioridad a la modificación
introducida mediante el Decreto 1724 de 1997, prueba de ello se encuentra en el
texto del propio acto acusado Resolución 1394 de 2005, al consignar en su parte
motiva las siguientes consideraciones:
“(…) Que esa misma Secretaría, según lo manifestado por el recurrente, con
fecha 26 de agosto de 1999 mediante Resolución 3069 y con 2 años de
posterioridad a la expedición del Decreto 1724 de 1997 asignó prima técnica a
los empleados …a los cuales se les ha venido liquidando y cancelando
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Demandado: Myriam Acosta Hernández y otros
periódicamente, violándose de esta manera el derecho a la igualdad con sus
poderdantes que se encuentran en las mismas condiciones laborales que los
arriba aludidos funcionarios.
(…)
Sin embargo, el asunto jurídico que se plantea igualmente no es de
reconocimiento, puesto que él viene dado por la resolución N° 520 de abril 1°
de 2003, por medio de la cual se asignó la prima técnica por evaluación de
desempeño a un grupo de empleados administrativos de la Secretaría de
Educación, dentro de los cuales se encuentran los poderdantes del recurrente,
lo que pide en la petición es el pago de la prima técnica del tiempo transcurrido
y dejado de pagar, pues ya la anunciada prima técnica les viene
reconocida.
Así las cosas, lo que se controvierte del asunto sometido a estudio, sería
considerar si se puede negar el pago de un derecho que viene reconocido con
anterioridad, que también ha sido reconocido en las mismas condiciones y se
viene cancelando a otros empleados de la misma categoría (…)” (subrayas y
negritas fuera de texto)
Con fundamento en los apartes transcritos, se evidencia que no es cierta la
afirmación esgrimida por el apelante según la cual los demandados a la fecha de
expedición del Decreto 1794 de 1997, no tenían derecho a la prima técnica porque
no la habían solicitado ni tramitado, por cuanto según lo reconoció el mismo acto
demandado de nulidad, ya les había sido reconocido y se les venía pagando dicho
estímulo económico, otorgado en vigencia de la legislación anterior que la
reconoció para cargos distintos a los niveles directivo, asesor y ejecutivo, es decir,
los demandados estaban cobijados por el Decreto 1661 de 1991, afirmación esta
que nunca fue controvertida por el Departamento de Bolívar quien pretendió la
nulidad de su propio acto.
Al no resultar acogidos ninguno de los argumentos de la impugnación, la Sala de
Subsección confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, que
negó las pretensiones de nulidad contra la Resolución N° 1394 del 1° del 25 de
octubre de 2005, tal y como así se dispondrá en la parte resolutiva de este fallo.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
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Demandado: Myriam Acosta Hernández y otros
FALLA
CONFÍRMASE la sentencia del 31 de octubre de 2014 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, que negó las súplicas de la demanda contra la
Resolución N° 1394 del 25 de octubre de 2005, con fundamento en las
consideraciones esgrimidas en la parte considerativa de esta sentencia.
Por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada
en la fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
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