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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2007-00218-01

Fecha
29 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2007-00218-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada y, en su lugar, DECLARAR LA NULIDAD del artículo primero del acto administrativo de 16 de junio de 2006, mediante el cual la CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA decidió en primera instancia el proceso de responsabilidad fiscal núm. 026 de 2005, únicamente en lo que concierne al señor ALBERTO RAFAEL BARBOSA SENIOR. Asimismo, DECLARAR LA NULIDAD de los actos administrativos de 22 de septiembre y 8 de noviembre de 2006, a través de los cuales fueron resueltos los recursos de reposición y apelación interpuestos por el actor contra la decisión primigenia referida, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA que cese los procesos de cobro coactivo que hayan sido iniciados contra el actor en virtud de los actos administrativos anulados y excluya su nombre del Boletín de Responsables Fiscales, lo cual deberá cumplirse en los términos del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. TERCERO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 78 Número único de radicación: 13001 23 31 000 2007 00218 01 Actor: Alberto Rafael Barbosa Senior CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 13001-23-31-000-2007-00218-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

29 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 130012331000 2007 00218 01
Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Actor: Alberto Rafael Barbosa Senior

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA. FUE DESVIRTUADO EL
DAÑO PATRIMONIAL ATRIBUIDO AL ACTOR, COMO ELEMENTO
CONSTITUTIVO DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el actor contra

la sentencia de 19 de julio de 2013, proferida por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR1, que denegó las pretensiones de

la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1- El señor ALBERTO RAFAEL BARBOSA SENIOR, actuando por

conducto de apoderado, interpuso demanda en ejercicio de la acción

de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85

1 En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 13001 23 31 000 2007 00218 01
Actor: Alberto Rafael Barbosa Senior

del Código Contencioso Administrativo -CCA 2 , contra la

CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA3, con la finalidad de

discutir la legalidad de los siguientes actos administrativos:

➢ Auto de 16 de junio de 2006, expedido por la DIRECCIÓN

TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y ACCIONES

JUDICIALES DE LA CONTRALORÍA, dentro del proceso

núm. 026 de 2005, mediante el cual el actor fue declarado

responsable fiscalmente en primera instancia, por daño

patrimonial producido al erario, por la suma de $845.971.750,

en su condición de alcalde mayor del Distrito de Cartagena.

➢ Auto de 22 de septiembre de 2006, mediante el cual fue

resuelto de forma desfavorable el recurso de reposición

interpuesto contra el auto de 16 de junio de 2006.

➢ Auto de 8 de noviembre de 2006, expedido por el Contralor

Distrital de Cartagena, mediante el cual fue resuelto de forma

desfavorable el recurso de apelación interpuesto contra la

decisión primigenia.

Además de la nulidad de los actos administrativos referidos, como

restablecimiento del derecho, el actor elevó las siguientes

pretensiones:

2 En adelante CCA.
3 En adelante la Contraloría.

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3

Número único de radicación: 13001 23 31 000 2007 00218 01
Actor: Alberto Rafael Barbosa Senior

“[…]CUARTA: Se revoque, invalide o deje sin efectos jurídicos
la sanción interpuesta a mi apadrinado por supuesto daño
patrimonial al erario, consistente en la suma de ochocientos
cuarenta y cinco millones novecientos setenta y un mil
setecientos cincuenta pesos ($845.971.750.oo), por haber
recibido en dación en pago mediante suscripción de la Escritura
Pública No. 3002 del 30 de agosto de 2004 otorgada por la
Notaría Tercera de Cartagena, el predio “Villa Soledad” lote “Y”
o “Flor del Campo” de parte de la sociedad Alfredo del Campo y
Cia.

QUINTA: se declare a mi poderdante, Doctor Alberto Barbosa
Senior, exonerado, de cualquier tipo de responsabilidad fiscal
por el asunto objeto de investigación por parte de la Contraloría
Distrital, dentro del proceso No. 026 del año 2005, por falta de
configuración de los elementos constitutivos de responsabilidad
fiscal, tal y como quedará demostrado dentro de este proceso.

SEXTA: Ordenar a la Contraloría Distrital, la cesación del
proceso coactivo adelantado por la susodicha dirección de aquel
ente investigador, y de contera, la revocatoria de todo lo actuado
por carencia de título ejecutivo en virtud de la nulidad declarada
por la benemérita justicia contenciosa administrativa.

SÉPTIMA: Se ordene la exclusión de mi apadrinado, Doctor
Alberto Barbosa Senior, del Boletín de Responsables Fiscales que
para el efecto lleva la Contraloría General de la República.

OCTAVA: Que se condene a la Contraloría Distrital de Cartagena
de Indias, al pago de la indemnización por perjuicios morales
causados a mi poderdante, Doctor Alberto Barbosa Senior,
según las reglas de los artículos 178 y 179 del Código
Contencioso Administrativo.

NOVENA: Que se condene en costas y gastos del proceso a la
entidad demandada […]”.

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, señaló los siguientes:

Aseguró que el 18 de marzo del año 2004 cuando ejercía el cargo de

alcalde mayor del DISTRITO DE CARTAGENA, la sociedad

ALFREDO DEL CAMPO Y CIA s. en c., que adeudaba por concepto

de impuesto predial la suma de $672.709.204, ofreció en dación en

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Actor: Alberto Rafael Barbosa Senior

pago, un bien inmueble de 15 hectáreas que hacía parte de un

terreno denominado “Villa Soledad” o lote “Y”.

Expuso que, de conformidad con el Estatuto Tributario Distrital

vigente para la época, el estudio de viabilidad de la propuesta

efectuada por la sociedad referida debía ser elaborado por el

COMITÉ EVALUADOR DE LAS OFERTAS DE DACIÓN EN PAGO,

compuesto por los jefes de la Oficina de Desarrollo Urbano, la

Oficina de Atención y Prevención de Desastres, la Oficina

Asesora Jurídica, el secretario general, la secretaria de

hacienda y el secretario de infraestructura.

Afirmó que el 9 de julio de 2004, el aludido comité concluyó que era

necesario recibir el predio para implementar un programa de

reubicación de familias cuyas viviendas estaban en zonas de alto

riesgo, por lo que emitió concepto favorable respecto de la oferta,

fijando como valor del metro cuadrado la suma de $10.000.

Anotó que, mediante Resolución núm. 30609 de 22 de julio de 2004,

la SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL autorizó la dación en

pago y estableció que el bien sería recibido por el valor de

$1.500.000.000, de los cuales $672.709.204 estaban destinados a

cubrir las deudas tributarias vencidas de la sociedad oferente y el

saldo para el pago de otras obligaciones de la misma naturaleza, en

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Actor: Alberto Rafael Barbosa Senior

la forma que esta lo indicara.

Precisó que el 30 de agosto de 2004, mediante la Escritura Pública

núm.3002, otorgada por la Notaría Tercera de Cartagena, protocolizó

la tradición del inmueble a favor del ente territorial, a título de dación

en pago conforme con la Resolución núm. 30609 de 22 de julio de

esa anualidad.

Manifestó que el 20 de abril de 2005, con ocasión de unas denuncias

ciudadanas en relación con el asunto aludido, la CONTRALORÍA

inició una indagación preliminar, para determinar si había lugar a

iniciar un proceso de responsabilidad fiscal por detrimento

patrimonial.

Señaló que el 16 de junio de 2005, fue notificado del auto de 23 de

mayo de 2005, mediante el cual la CONTRALORÍA dio apertura al

proceso de responsabilidad fiscal en su contra, en calidad de alcalde

mayor del referido ente territorial.

Agregó que, además, la actuación fue iniciada contra MARÍA

EUGENIA GARCÍA MONTES, jefe de la oficina asesora jurídica,

HERNANDO SIERRA PORTO, secretario general, MARIEMMA

FLORES AGAMMEZ, secretaria de hacienda y CARMEN ROSA

CASTELLAR GARCÍA, directora de presupuesto distrital.

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Actor: Alberto Rafael Barbosa Senior

Expuso que dentro del proceso referido fue decretada como prueba,

entre otras, un informe de avalúo del predio en cuestión a cargo del

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI -IGAC 4 , que

estimó como valor comercial del inmueble la suma de $654.028.250,

de lo cual se corrió traslado a las partes.

Anotó que MARÍA EUGENIA GARCÍA MONTES y HERNANDO

SIERRA PORTO formularon solicitudes de aclaración contra el

avalúo referido, sin que estas ni el dictamen inicial le hayan sido

notificados de forma personal.

Manifestó que, dentro del proceso de responsabilidad fiscal, formuló

una recusación por enemistad contra el señor DUMEK JOSÉ

TURBAY PAZ, Director Técnico de Responsabilidad Fiscal de la

Contraloría, a quien aseguró haber declarado insubsistente cuando

este era director de DISTRISEGURIDAD CARTAGENA.

Añadió que el 29 de junio de 2005, la CONTRALORÍA negó la

recusación formulada, argumentando que en el fuero interno del

funcionario investigador no existían sentimientos de animadversión

en su contra.

4 En adelante IGAC.

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Actor: Alberto Rafael Barbosa Senior

Dijo que el 14 de febrero de 2006, fue emitido el auto de imputación

en su contra, de CARMEN ROSA CASTELLAR GARCÍA, directora de

presupuesto distrital, y de MARIEMMA FLOREZ AGAMEZ,

secretaria de hacienda.

Resaltó que, mediante acto administrativo de 16 de junio de 2006,

fue declarado responsable fiscal por el mayor valor por el que fue

recibido el inmueble ofrecido en dación en pago, teniendo en cuenta

el avalúo elaborado por el IGAC.

Aclaró que la responsabilidad en el presunto detrimento patrimonial

le fue endilgada, por un lado, en razón a que era el nominador de los

funcionarios implicados y, por el otro, dado que fue quien suscribió

la escritura pública en la que fue protocolizada la tradición del

inmueble ofrecido en dación en pago, sin tener en cuenta que dicho

acto apenas constituyó la ejecución de una decisión que había sido

adoptada por la SECRETARÍA DE HACIENDA.

Añadió que CARMEN ROSA CASTELLAR GARCÍA y MARIEMMA

FLOREZ AGAMEZ fueron exoneradas de responsabilidad, pese a que

fueron quienes en realidad intervinieron como instancia dentro del

procedimiento de dación en pago, dado que la primera en su

condición de secretaria de hacienda (E) expidió la Resolución núm.

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30609 de 22 de julio de 2004, mediante la cual fue autorizado el

negocio, mientras que la segunda en su calidad de titular del mismo

cargo expidió las resoluciones núms. 97687 de 20 de diciembre de

2004 y 0557 de 15 de marzo de 2005, a través de las cuales fue

aceptado el pago en especie de obligaciones tributarias en favor de

terceros, por solicitud de la sociedad oferente.

I.3- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN.

Como disposiciones desconocidas el actor invocó los artículos 29 de

la Constitución Política, 9, 11 y 12 del Decreto 1420 de 24 de julio

de 19985, 364 del Estatuto Tributario Distrital de Cartagena vigente

para el año 2004, 81 de la Ley 190 de 19956, 48 y 56 del CCA.

Para tal efecto, formuló lo siguientes cargos de nulidad:

I.3.1 Desconocimiento de las normas superiores en que debía

fundarse la actuación

Explicó que la actuación censurada desconoce el artículo 29 de la

Constitución Política, en la medida que no tiene en cuenta que, en su

calidad de alcalde mayor, carecía de legitimidad en la causa por

pasiva, dado que no estaba llamado a responder dentro del proceso

5 “Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, el artículo 27 del
Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de
1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”.

6 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se
fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa”.

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de responsabilidad fiscal, porque la actuación que fue investigada no

provino de su parte.

Apuntó que, conforme con el artículo 364 del Estatuto Tributario

Distrital vigente a 2004, en su calidad de alcalde no tenía

competencia para intervenir como instancia en el procedimiento de

dación en pago.

Arguyó que solo podían ser sancionados los funcionarios que tuvieron

la competencia para autorizar la dación en pago investigada, no el

superior jerárquico de aquellos, más aún cuando este último no era

una instancia dentro del procedimiento reprochado.

Alegó que la actuación cuestionada fue adelantada desconociendo su

derecho a la presunción de inocencia, porque la entidad demandada

asumió desde el principio su participación y culpabilidad, por el hecho

de ser el nominador de la secretaria de hacienda y de los demás

funcionarios implicados.

Aseveró que le fue desconocido el derecho de defensa porque no le

fueron notificados de forma personal los autos de apertura del

proceso y de traslado del dictamen pericial elaborado por el IGAC,

así como tampoco le fueron dados a conocer los resultados de las

objeciones presentadas contra esta prueba.

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I.3.2 Falsa motivación

Advirtió que conforme con el parágrafo 2 del artículo 14 del Decreto

1420 de 1998, los avalúos deben ser elaborados 30 días hábiles

después de presentada la solicitud respectiva, mientras que el

dictamen rendido por el IGAC fue presentado al día 31.

Cuestionó el referido dictamen, por los aspectos que fueron

considerados para sus conclusiones, esto es, porque, a su juicio, no

fue valorado el precio del metro cuadrado de los terrenos colindantes

y porque no se tuvo en cuenta que el inmueble estaba ubicado en

una zona de expansión urbana.

Destacó que la CONTRALORÍA no debió darle valor probatorio al

referido informe técnico por las objeciones sustanciales que le fueron

formuladas, además porque, a su juicio, dicha entidad no valoró un

avalúo que fue elaborado por la LONJA INMOBILIARIA DE

CARTAGENA, en el que fue determinado un valor superior al fijado

por el IGAC, desconociendo que esta también era competente para

tal efecto, conforme con el Decreto 1420 de 1998.

Arguyó que el supuesto detrimento patrimonial no devino de la

suscripción de la escritura pública sino de los actos administrativos

que la precedieron, los cuales fueron expedidos por la SECRETARÍA

DE HACIENDA DISTRITAL, razón por la cual no se le podía atribuir

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responsabilidad porque su actuar estuvo soportado en la presunción

de legalidad de las decisiones administrativas referidas.

Mencionó que no están constituidos los elementos para atribuirle

responsabilidad fiscal, por un lado, porque no fueron valoradas las

pruebas que desvirtúan el presunto daño patrimonial y, por el otro,

en razón a que en su calidad de alcalde no tenía injerencia en el

asunto por ser competencia exclusiva de la SECRETARÍA DE

HACIENDA DISTRITAL.

I.3.3 Desviación de Poder

Alegó que, en su sentir, la decisión acusada fue adoptada con la

finalidad de perjudicarle a título personal, porque en relación con

años anteriores habían sido aprobadas daciones de pago sobre

predios similares al de la controversia, incluso con precios por metro

cuadrado superiores al que le fue reprochado.

Advirtió que si bien no fue instancia administrativa dentro del trámite

de aprobación de la dación en pago, la finalidad que siempre convocó

al comité y a la secretaría de hacienda para aprobar la adquisición

del bien fue la de alcanzar una meta básica para cumplir con el POT

en lo relativo a los proyectos de vivienda de interés social.

Señaló que, dichas circunstancias, denotan la desviación de poder

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que afecta la actuación, porque llevan a advertir la animadversión

del Director Técnico de Responsabilidad Fiscal de la

Contraloría, a quien afirma haber declarado insubsistente cuando

este funcionario fungía como director de DISTRISEGURIDAD

CARTAGENA.

Concluyó que, si la CONTRALORÍA hubiese querido actuar de forma

objetiva debía haber apartado del trámite al señor DUMEK TURBAY

PAZ, cuando fue recusado por la enemistad que le profesa.

I.4 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.4.1. EL DISTRITO DE CARTAGENA, a través de apoderado,

contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de esta.

Sostuvo que al actor le fue endilgada culpa grave en su condición de

gestor fiscal, por celebrar un acto consensual con desconocimiento

de los principios de eficacia, eficiencia, economía y transparencia, no

observar las advertencias sobre las condiciones del predio, y haber

aceptado el uso de fórmulas de negociación no permisibles para con

el particular interesado.

Advirtió que, a su juicio, no hay vulneración al derecho al debido

proceso del actor, porque de las pruebas allegadas al expediente se

evidencia que contó con defensa técnica, aportó pruebas, contradijo

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los cargos e interpuso los recursos procedentes.

Destacó que si bien el actor no intervino en los actos de la

SECRETARÍA DE HACIENDA no podía desconocer las actuaciones

de sus subalternos y declararse ajeno a las consecuencias, además

porque el hecho que constituyó el daño patrimonial fue concluido con

la suscripción de la respectiva escritura pública.

Propuso la excepción de legalidad del acto administrativo e

inexistencia de la obligación por parte del ente territorial, porque, a

su juicio, la actuación censurada está ajustada a derecho.

I.4.2. La CONTRALORÍA expresó que si bien el alcalde no hace

parte del comité que estudia las ofertas de dación en pago, sí es el

superior de los funcionarios que lo integran, por lo cual no podía

permitir que estos expidieran un acto administrativo que ponía en

riesgo el patrimonio del distrito.

Destacó que los actos administrativos acusados fueron expedidos

conforme con las normas aplicables y con respeto a los derechos de

defensa y contradicción del actor.

Explicó que no es argumento válido que el actor invoque el déficit de

vivienda de interés social en el Distrito de Cartagena, porque no fue

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por tal hecho que se le endilgó la responsabilidad fiscal.

Adujo que el hecho de que las administraciones del distrito para los

años 2000 a 2003, hayan recibido en dación de pago predios con

valores superiores al del caso que nos ocupa, no significa que en el

caso investigado el predio haya sido adquirido en el justo precio, pues

en todo caso no fue desvirtuado el avalúo presentado por IGAC.

II-. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 19 de julio de 2013, denegó las

pretensiones de la demanda.

Para tal efecto, señaló que conforme con el artículo 51 de la Ley 610

de 15 de agosto de 20007, el auto que decrete o rechace las pruebas

en el juicio de responsabilidad fiscal, debe notificarse por estado a

las partes y no de forma personal como lo reclama el actor.

Agregó que, como prueba de oficio, decretó que al proceso se

allegara una copia del Estatuto Tributario Distrital vigente para el año

2004, no obstante, fue allegado el Acuerdo núm.041 de 2006.

Precisó que, en ese orden de ideas, no podía verificar si, conforme

7 “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de

competencia de las contralorías.”

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con la norma vigente para la fecha de los hechos, el actor en su

calidad de alcalde era o no instancia dentro del procedimiento de

dación en pago que dio lugar a la controversia.

Advirtió que era evidente que el actor no atendió en debida forma las

reglas que informan el principio de la carga de la prueba contenido

en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil 8 , dado que,

habiéndose decretado dicha prueba de forma oficiosa, no estuvo

atento a que esta fuese aportada de forma correcta al proceso.

Agregó que al no contar con la norma local que regulaba el

procedimiento de dación en pago para el año 2004, no podía

corroborar si los actos administrativos acusados habían sido

expedidos desconociendo los principios de presunción de inocencia y

de buena fe del actor, y en particular, si su actuación como alcalde

se limitada a ejecutar los actos administrativos expedidos por la

SECRETARÍA DE HACIENDA.

Precisó que los reproches del actor contra el dictamen pericial

rendido por el IGAC debieron ser formulados dentro del proceso de

responsabilidad fiscal, en donde guardó silencio frente a ese aspecto,

y en todo caso, tampoco aportó ninguna prueba que soportara sus

8 En adelante CPC

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cuestionamientos.

Advirtió que si bien el actor no participó en el procedimiento

administrativo que determinó la aceptación del inmueble ofrecido en

dación de pago, la responsabilidad fiscal le fue atribuida por tres

causas: i) por la adquisición del predio por un valor superior al del

mercado, ii) porque la ejecución del proyecto de vivienda de interés

social que en este sería desarrollado resultaba injustificadamente

onerosa, por cuanto el bien no era idóneo para tal efecto y su

adecuación sería costosa, y iii) porque el saldo que fue reconocido

sobre el valor del inmueble, una vez cubierta la obligación tributaria

de la sociedad ALFREDO DEL CAMPO Y CIA S. en C., fue abonado

a obligaciones de la misma naturaleza a cargo de terceros, lo que

disminuyó la liquidez presupuestal del distrito.

Encontró que conforme con el Oficio núm. SHG 421-2004 de 25 de

junio de 2004, suscrito por la SECRETARÍA DE HACIENDA, a la

sociedad ALFREDO DEL CAMPO CIA s. en c. le fue informado que

su oferta de dación en pago sería aceptada de acuerdo al avalúo

catastral, en un valor de $5.881 metro cuadrado para un total de

$882.150.000, pero finalmente el inmueble fue recibido por el valor

de $1.500.000.000, conforme con la Escritura Pública núm. 3002 de

30 de agosto de 2004.

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Estimó que el hecho de que el actor haya suscrito la escritura

mediante la cual se protocolizó la tradición de inmueble a modo de

dación en pago y a título oneroso, le hace responsable por el

detrimento patrimonial, sin que tal situación pueda atribuirse a sus

subalternos, puesto que dicho acto devino de su voluntad e intención

de perfeccionar el negocio jurídico.

Explicó que, si el actor no hubiese suscrito la Escritura Pública núm.

3002 de 30 de agosto de 2004, el negocio de dación en pago no

habría sido perfeccionado por un precio diferente al del avalúo

catastral como lo había determinado el comité evaluador, ni se habría

aceptado que los saldos a favor de la sociedad implicada fueran

abonados a obligaciones tributarias de terceros.

En relación con el cargo de desviación de poder, señaló que el actor

no demostró la animadversión sobre la cual estructura sus alegatos,

tampoco aportó prueba sobre la fecha en que declaró insubsistente

al Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones

Judiciales de Contraloría, cuando este fungía como director de

DISTRISEGURIDAD CARTAGENA.

Agregó que, en todo caso, no fue demostrado que dicha circunstancia

haya determinado el proceder del Contralor Distrital de Cartagena

para decidir el proceso fiscal, puesto que este funcionario fue quien

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resolvió el recurso de apelación contra las decisiones que profirió el

Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones

Judiciales de la entidad.

III-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El actor apeló la sentencia proferida en primera instancia indicando

que el a quo no hizo un estudio juicioso de las pretensiones, hechos,

concepto de violación y pruebas allegadas al proceso.

Afirmó que el Tribunal desconoció las pruebas obrantes en el

plenario, en razón a que el cargo de falsa motivación fue propuesto

para ilustrar que la entidad demandada había dado pleno valor al

informe técnico elaborado por el IGAC, conllevando la inobservancia

del avalúo realizado por la LONJA INMOBILIARIA DE

CARTAGENA.

Sostuvo que dentro del proceso, luego de haber sido decretado como

prueba por el a quo, fue rendido un dictamen pericial de avalúo sobre

el valor comercial del inmueble objeto de la discusión para la fecha

de los hechos.

Comentó que el a quo no valoró el referido dictamen, pese a que

permitía probar que el bien objeto de la controversia fue adquirido

por el valor que correspondía, además que la finalidad para la cual

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fue recibido fue ejecutada.

Destacó que la omisión del Tribunal en la valoración de la prueba

implicó que no fuera advertida la carencia del daño atribuido en los

actos administrativos acusados, por lo que no podía haber sido

declarado responsable fiscal.

Sostuvo que el Tribunal decretó como prueba de oficio a cargo de la

entidad demandada, allegar copia del Estatuto Tributario Distrital

vigente para el 2004, con la finalidad de verificar las competencias

del alcalde en los procesos de dación de pago.

Reclamó que como la norma referida no fue allegada al proceso, el

Tribunal concluyó que carecía de los elementos de juicio para

determinar si el alcalde tenía o no competencia en el procedimiento

aludido.

Agregó que lo anterior constituyó un desconocimiento de su derecho

al debido proceso, porque el a quo omitió su deber de hacer llegar al

proceso una prueba que había sido decretada, a partir de la cual se

habría advertido que sus actuaciones fueron adelantadas dentro del

marco de sus competencias.

Concluyó que la entidad demandada no probó la existencia del daño

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patrimonial, ni el dolo o culpa en su actuar, sino que se limitó a

atribuirle responsabilidad fiscal por el hecho de haber firmado la

escritura con la que fue protocolizada la tradición del bien,

desconociendo que no podía haber sido sancionado bajo un régimen

de responsabilidad objetiva.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El actor, además de reiterar los argumentos plasmados en la

demanda y en el recurso de apelación, señaló que mediante

providencia de 14 de junio de 2011, la Fiscalía Seccional Tres de

Cartagena decretó la preclusión de la investigación penal que fue

iniciada, entre otros, en su contra por los mismos hechos que dieron

lugar a los actos administrativos cuestionados, al encontrar que las

actuaciones no constituyeron delito alguno, por lo que, a su juicio,

no era procedente la atribución de responsabilidad fiscal a su cargo.

La parte demandada no presentó alegatos de conclusión y el agente

del Ministerio Público no rindió concepto.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El objeto del presente proceso recae sobre la legalidad de los autos

de 16 de junio, 22 de septiembre y 8 de noviembre de 2006,

mediante los cuales la Contraloría declaró responsable fiscal al

actor, por detrimento patrimonial establecido en $845.971.750.oo,

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con ocasión al procedimiento mediante el cual fue recibido en dación

de pago de acreencias tributarias en favor del Distrito de Cartagena

un predio de la sociedad Alfredo del Campo y Cía. s. en c.

Los referidos actos administrativos disponen:

➢ Auto de 16 de junio de 2006

“[...] CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y
ACCIONES JUDICIALES
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 026 DEL 2005
FALLO DEL PROCESO.

Cartagena, 12 de junio de 2006.

El suscrito Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones
Judiciales, en uso de sus funciones y con las siguientes
consideraciones:

[…]

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Fallar con responsabilidad fiscal,
conforme al artículo 53 de la Ley 610 del 2000 contra ALBERTO
RAFAEL EDUARDO BARBOSA SENIOR, c.c. 73.082.460 en su
condición Alcalde Mayor del Distrito de Cartagena a la fecha del
negocio jurídico de recibo en dación en pago, mediante la
escritura pública No.3002 del 30 de agosto de 2004 otorgada
ante la Notaría Tercera de Cartagena, del predio “Villa Soledad,
lote “Y” o “Flor del Campo” de parte de la sociedad Alfredo del
Campo y Cía., por el daño patrimonial producido al erario con
ocasión del mismo, por la suma de $845.971.750 =(ochocientos
cuarenta y cinco millones, novecientos setenta y un mil,
setecientos cincuenta mil pesos), según se expuso en la parte
motiva de esta providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Fallar sin responsabilidad fiscal,
conforme al artículo 54 de la ley 610 del 2000 a favor de:

CARMEN ROSA CASTELLAR GARCIA, en su condición de
Secretaria de Hacienda encargada, c.c. 33.144.094 quien
expidió la resolución N O 30609 de 22 de julio de 2004
autorizando el recibo de la dación en pago del predio "Villa
Soledad, Lote Y" o "Flor del Campo" de parte de la sociedad

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Alfredo del Campo y Cia.

MARIEMMA FLOREZ AGAMEZ, c.c 33.152.303, en su condición
de Secretaria de Hacienda, quien expidió las resoluciones
N O 97687 de 20 de Diciembre de 2004 y 0657 de 15 de Marzo
de 2005 aceptando el pago en especie a favor de terceros
ofrecido por la sociedad Alfredo del Campo y Cia.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente fallo
en la forma y términos establecidos en los artículos 44 y 45 del
Código Contencioso Administrativo a ALBERTO RAFAEL
BARBOZA SENIOR, c.c.73.082.460, CARMEN ROSA CASTELLAR
GARCIA, c.c. 33.144.094 y MARIEMMA FLOREZ AGAMEZ, c.c
33.152.303.

ARTICULO CUARTO: En firme y ejecutoriada la presente
providencia, a través de secretaría común súrtanse los
siguientes traslados y comunicaciones:

• Remitir copia auténtica del fallo a la Unidad de
Jurisdicción Coactiva de la Contraloría Distrital de Cartagena, de
conformidad con el Artículo 58 de la ley 610 de 2000.

• Solicitar a la Contraloría General de la República incluir en
el Boletín de Responsables Fiscales a las personas a quienes se
les falló con Responsabilidad Fiscal.

• Remitir copia íntegra del presente proveído a la
Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el
numeral 57 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Igualmente a
la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena para lo de su conocimiento.

• Remitir copia íntegra del presente proveído al
representante legal del Distrito de Cartagena, para lo de su
competencia.

ARTICULO QUINTO: Ordenar la apertura de Indagación
Preliminar para evaluar los negocios jurídicos de adquisición de
inmuebles celebrados entre el Distrito de Cartagena y la
Sociedad Alfredo del Campo y cía s. en c., mediante Dación en
Pago, según las Escrituras Públicas 2618 de 12 de septiembre
de 2000 y 4605 de 6 de Noviembre de 2003 suscritas ante la
Notaría Tercera de Cartagena.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia proceden
los recursos de Reposición ante el Director Técnico de
Responsabilidad Fiscal; y Acciones Judiciales de la Contraloría
Distrital de Cartagena y de Apelación ante el Contralor Distrital
de Cartagena dentro de los Cinco 5 días hábiles siguientes a su
notificación en debida forma [...]”

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➢ Auto de 22 de septiembre de 2006

“[...] CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA.
DIRECCION TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y
ACCIONES JUDICIALES
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 026 DEL 2005.
AUTO QUE RESUELVE RECURSO.

Cartagena, 22 de septiembre do 2006.

La suscrita Directora Técnica do Responsabilidad Fiscal y
Acciones Judiciales, en uso de sus funciones, procede a resolver
el recurso de Reposición y, en subsidio de Apelación interpuesto
por la defensa del sujeto procesal ALBERTO RAFAEL BARBOSA
SENIOR contra el Fallo con Responsabilidad Fiscal de 16 de Junio
de 2006, para tal efecto se tendrán como fundamento los
siguientes considerandos:

[…]

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Negar, por lo expuesto en la parte
considerativa, el recurso de reposición interpuesto el 9 de Agosto
de 2006 por la defensa del sujeto procesal Alberto Rafael
Barbosa Senior contra el Fallo con Responsabilidad Fiscal
expedido por esta Dirección Técnica el 16 de Junio de 2006.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder, por lo expuesto en la parte
considerativa, el recurso de Apelación interpuesto, en subsidio,
el 11 de Julio de 2006 por la defensa del sujeto procesal Alberto
Rafael Barbosa Senior contra el Fallo con Responsabilidad Fiscal
expedido por esta Dirección Técnica el 16 de Junio de 2006.

ARTICULO TERCERO: Señalar la concesión del recurso de
apelación en el efecto SUSPENSIVO a tenor del artículo 55 del
Código Contencioso Administrativo, suspendiendo la
competencia del inferior desde la ejecutoria del presente auto
que la concede hasta que se notifique el de obedecimiento a lo
resuelto por el superior.

ARTICULO CUARTO: Enviar el expediente al superior para que
de trámite al recurso de apelación concedido […]”
➢ Auto de 8 de noviembre de 2006

“[…] AUTO No. 097

(8 de noviembre 2006)

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Actor: Alberto Rafael Barbosa Senior

El Contralor Distrital de Cartagena en uso de sus facultades
constitucionales consagradas en los artículos 272, legales
establecidas en la Ley 136 de 1994 núm. 4; Decr. 01-1984 art.
1; Ley 610 de 200, art. 57; dentro del expediente que se
identifica a continuación:

RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar en todas sus partes el auto de fecha 16
de junio de 2006 proferido por el Director Técnico de
Responsabilidad Fiscal dentro del expediente 026-05.

SEGUNDO: Remítase el expediente a la dependencia de origen
para la continuación del trámite respectivo.

TERCERO: Contra la presente decisión no procede ningún
recurso […]”.

Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto contra la

sentencia apelada, corresponde a la Sala determinar, si en realidad

el a quo no valoró las pruebas aducidas por el actor y, en particular,

si con base en ello hay lugar a declarar la nulidad de los actos

administrativos demandados, al desvirtuarse la configuración de los

elementos de la responsabilidad fiscal.

Para resolver el problema jurídico la Sala analizará el marco jurídico

de la responsabilidad fiscal, efectuará el análisis de las pruebas

obrantes en el plenario y abordará el estudio del caso concreto.

De la responsabilidad fiscal

El proceso de responsabilidad fiscal está consagrado en la

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Constitución Política en el numeral 5º del artículo 2689 y en el artículo

272 10 , en los que se establece que el Contralor General de la

República y los contralores de las entidades territoriales, tienen

competencia para “[…] establecer la responsabilidad que se derive

de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del

caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los

alcances deducidos de la misma […]”.

Por medio de la Ley 610 de 15 de agosto de 200011 fue regulado el

trámite de los procesos de responsabilidad fiscal, estableciéndose

que el objeto de la misma radica en el resarcimiento de los daños

ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta

9 Artículo 268. El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones:

[…] 5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias
que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva, para lo cual tendrá prelación.
[…]”

10 Artículo 272. <Artículo modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 4 de 2019. El nuevo texto es
el siguiente:> La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya
contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloría General de la República.
La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine
respecto de contralorías municipales.
La ley regulará las competencias concurrentes entre contralorías y la prevalencia de la Contraloría
General de la República.
Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas
contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal, y garantizar
su sostenibilidad fiscal.
La Auditoría General de la República realizará la certificación anual de las contralorías territoriales a
partir de indicadores de gestión, la cual será el insumo para que la Contraloría General de la República
intervenga administrativamente las contralorías territoriales y asuma competencias cuando se evidencie
falta de objetividad y eficiencia.
Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción,
las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 en lo que sea pertinente,
según los principios de coordinación, concurrencia, y subsidiariedad. El control ejercido por la
Contraloría General de la República será preferente en los términos que defina la ley.
[…]”
11 “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las
contralorías”.

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dolosa o gravemente culposa de quien realiza gestión fiscal.

Al respecto, la mencionada norma establece lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 3°: Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley,
se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas,
jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las
personas de derecho privado que manejen o administren recursos o
fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición,
planeación, conservación, administración, custodia, explotación,
enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de
los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de
sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con
sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia,
equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y
valoración de los costos ambientales.”

“ARTICULO 4o. OBJETO DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL. La
responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños
ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta
dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago
de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido
por la respectiva entidad estatal.

Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se
tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la
función administrativa y de la gestión fiscal.

PARAGRAFO 1o. La responsabilidad fiscal es autónoma e
independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de
responsabilidad.

[…]

Artículo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La
responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos:
• Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza
gestión fiscal.
• Un daño patrimonial al Estado.
• Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.”

Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se
entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio
público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio,
detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una
gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados

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por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los
sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la
persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o
culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al
patrimonio público […]”12.

Por su parte, el artículo 53 ídem prevé:

“[…] ARTÍCULO 53. FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL. El
funcionario competente proferirá fallo con responsabilidad fiscal al
presunto responsable fiscal cuando en el proceso obre prueba que
conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público
y de su cuantificación, de la individualización y actuación cuando
menos con culpa del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre
el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como
consecuencia se establezca la obligación de pagar una suma líquida
de dinero a cargo del responsable […]”13.

La Corte Constitucional mediante la sentencia SU-620 de 13 de

noviembre de 1996, con ponencia del magistrado Antonio Barrera

Carbonell, señaló que “[…] el proceso de responsabilidad fiscal

conduce a obtener una declaración jurídica, en la cual se precisa con

certeza que un determinado servidor o particular debe cargar con las

consecuencias que se derivan por sus actuaciones irregulares en la

gestión fiscal que ha realizado y que está obligado a reparar el daño

causado al erario público por su conducta dolosa o culposa … Para la

estimación del daño debe acudirse a las reglas generales aplicables

12 El texto subrayado fue declarado inexequible mediante Sentencia C-340 de 2007, Magistrado
ponente doctor Rodrigo Escobar Gil.
13
La sentencia de la Corte Constitucional C-619 de 8 de agosto de 2002, declaró inexequible el
parágrafo 2° del artículo 4° y la expresión “leve” del artículo 53, pero no por considerar que la culpa
sea ajena a la responsabilidad fiscal, sino por exigirla en la modalidad de la culpa leve; en este sentido
la Corte Constitucional consideró que “el criterio normativo de imputación no podía ser mayor al
establecido por la Constitución Política en el inciso 2° de su artículo 90 para el caso de la responsabilidad
patrimonial de los agentes frente al Estado”, por conducta dolosa o gravemente culposa.

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en materia de responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que

han de valorarse, debe considerarse que aquel ha de ser cierto,

especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. …

En efecto, en la investigación se va a establecer la certeza de los

hechos investigados, la incidencia de éstos en la gestión fiscal y a

qué personas en concreto se les puede imputar la responsabilidad

por las irregularidades cometidas […]”.

Así las cosas, la Sala precisa que la responsabilidad fiscal, de

conformidad con el artículo 4° de la Ley 610, no tiene carácter

sancionatorio, ni penal; tiene una finalidad meramente

resarcitoria y, por lo tanto, es independiente y autónoma, distinta

de la responsabilidad penal o disciplinaria que pueda corresponder

por la misma conducta, por lo que cada proceso conlleva

consecuencias diferentes.

Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación y reiterar lo

expuesto por esta Sección en sentencia de 6 de junio de 2013

(Expediente núm. 2002-00374, Consejero ponente doctor Marco

Antonio Velilla Moreno), en la cual expresó:

“[…] En relación con la tercera glosa que se formula a la sentencia
recurrida, consistente en que no asiste razón al Tribunal en sostener
que por el hecho de no haberse imputado responsabilidad a los
actores en el proceso penal debió haberse suspendido la
continuación del proceso de responsabilidad fiscal que se
adelanta contra ellos, la Sala hace notar al a quo que la
responsabilidad fiscal no tiene un carácter sancionatorio, ni penal ni
administrativo, sino esencialmente de naturaleza resarcitoria, pues
busca que el funcionario repare el daño causado al erario público por
su conducta dolosa o culposa, por lo cual el proceso que se adelante

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por parte de la jurisdicción penal sobre los mismos hechos y su
resultado no afecta ni incide en el proceso de responsabilidad fiscal”.

Por otra parte, la ley consagró dos etapas del proceso, la primera es

la de investigación y la segunda, la de juicio a través del cual se

busca definir y establecer la responsabilidad de las personas cuya

gestión fiscal haya sido considerada como susceptible de análisis.

Antes de abrirse formalmente el proceso, en caso de ausencia de

certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño

patrimonial, la entidad afectada o los presuntos responsables, es

posible ordenar indagación preliminar por el término de seis (6)

meses, al cabo de los cuales procederá el archivo de las diligencias o

la apertura del proceso de responsabilidad fiscal14.

Culminada la etapa de indagación preliminar o establecida la

existencia del daño patrimonial al Estado, e indicios serios sobre los

posibles autores de este, se ordenará, a través de auto, la apertura

del proceso de responsabilidad fiscal15.

Posteriormente, se adelantarán las diligencias que el órgano de

control considere necesarias, mediante auto debidamente motivado,

vencido el cual se archivará el proceso o se dictará auto de

imputación de responsabilidad fiscal16.

14 Artículo 39 ibídem.
15 Artículo 40 ibídem.
16 Artículos 46 y 47.

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Lo anterior indica que sólo cuando esté demostrado objetivamente el

daño o detrimento al patrimonio económico del Estado y existan

testimonios que ofrezcan serios motivos de credibilidad, indicios

graves, documentos, peritación o cualquier medio probatorio que

comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados, se proferirá

auto de imputación de responsabilidad fiscal17.

Notificado el auto de imputación18 y vencido el término de traslado19,

se dictará el auto que decrete las pruebas solicitadas, o las que de

oficio se estimen conducentes y pertinentes, término que no podrá

ser superior a treinta (30) días20.

Culminada esta etapa, el funcionario competente proferirá decisión

de fondo, providencia que se notificará en la forma y términos que

establece el CCA, o CPACA, según corresponda, y contra ella

proceden los recursos allí señalados21.

En caso de que el fallo sea con responsabilidad fiscal, y contra él se

interpongan los recursos de ley, el funcionario de segunda instancia

deberá decidir dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes;

igualmente, podrá decretar de oficio la práctica de las pruebas que

17 Artículo 48 ibídem.
18 Artículo 49 ibídem.
19 Artículo 50 ibídem.
20 Artículo 51 ibídem.
21 Artículo 55 ibídem.

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considere necesarias para decidir la apelación.

Una vez hecho el recuento de la estructura del proceso, la Sala

considera necesario poner de presente que las etapas del proceso de

responsabilidad fiscal se encuentran reguladas en normas de orden

público y, por ende, de obligatorio cumplimiento, so pena de

impactar en el núcleo esencial del derecho al debido proceso.

Por lo tanto, quien se encuentre sometido a una investigación fiscal

tiene derecho al ejercicio de todas las garantías inherentes al debido

proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política.

Análisis de las pruebas

De los elementos de juicio obrantes en el expediente, la Sala observa

de manera relevante lo siguiente:

• El 18 de marzo de 200422 la sociedad ALFREDO DEL CAMPO Y

CIA s. en c. ofreció al Distrito de Cartagena en dación de pago un

lote terreno de 15½ hectáreas, identificado con matrícula

inmobiliaria núm.060-168113 y referencia catastral núm. 00-01-

0001-0458-000, el cual hacía parte de un predio de mayor extensión

denominado “Villa Soledad” o lote “Y”, ubicado en la parte posterior

22 Cfr. Folio 98, C5 de pruebas.

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de la urbanización India Catalina, tomando la carretera la cordialidad.

La dación en pago fue ofrecida con la finalidad de saldar las deudas

de la referida sociedad, en relación con el impuesto predial unificado

de unos predios de su propiedad.

Para tal efecto, a la solicitud fue anexado, entre otros, un avalúo

comercial elaborado por el ingeniero civil Héctor Jiménez Vanegas,

perito evaluador con registro C-09-148 adscrito a Lonjanap y

Corpolonjas.

En el referido avalúo se fijó como valor comercial del predio la suma

de $2.400.000, por valor de metro cuadrado de $16.000.

• El 21 de abril de 2004 23 , a través de oficio dirigido a la

SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL DE CARTAGENA, el

Fondo de Vivienda de interés Social y Reforma Urbana Distrital -

CORVIVIENDA 24 resolvió una consulta sobre la oferta referida

indicando lo siguiente:

“[…] CORVIVIENDA tiene proyectado desarrollar programas de
vivienda de interés social mediante la consecución de subsidios
ante el Gobierno Nacional, para lo cual se requieren predios que
permitan soportar este proyecto y CORVIVIENDA no cuenta en
estos momentos con inmuebles que cumplan esta función social.

23 Cfr. Folio 32, C6 de pruebas.
24 En adelante CORVIVIENDA.

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Actor: Alberto Rafael Barbosa Senior

Por lo anterior consideramos que este predio podría ser utilizado
para esta finalidad, dándole aplicación al mandato constitucional
de brindarle a las familias más necesitadas una vivienda digna
[…]”.

• El 4 de mayo de 2004, el COMITÉ LOCAL PARA LA PREVENCIÓN

Y ATENCIÓN DE DESASTRES rindió concepto favorable a la

SECRETARÍA DE HACIENDA DE CARTAGENA sobre la pertinencia

de adquirir el bien ofrecido en los siguientes términos:

“[…] 1. Es un predio muy bien ubicado, toda vez la cercanía a la
ciudad de Cartagena, el cual colinda con la Urbanización India
Catalina [...]
2. El terreno presenta fácil acceso peatonal y vehicular, no
presenta problemas ni de erosión, diapirismo, ni volcanismo y
no se presentan inundaciones en las áreas ofrecidas […]

Por lo anteriormente expuesto, considero que recibir el bien
ofrecido en dación en pago es necesario para la Administración
Distrital y así implementar un programa de reubicación de
familias ubicadas en zonas de alto riesgo […]”.

• El 25 de junio de 2004 25 la SECRETARÍA DE HACIENDA DE

CARTAGENA dirigió una comunicación a la sociedad ALFREDO DEL

CAMPO Y CÍA s. en c., informándole que el COMITÉ EVALUADOR

DE LAS OFERTAS DE DACIÓN EN PAGO26 estaba interesado en su

propuesta, no obstante, estimaba que el precio ofrecido era muy alto,

por lo que sugería como justo precio para llevar acabo el negocio el

establecido en el avalúo catastral. Esto en los siguientes términos:

“[…] El día 23 de junio de 2004, se reunió el Comité Evaluador
de las Ofertas de Dación en Pago presentadas al Distrito con el
objeto de extinguir obligaciones tributarias. Durante esta

25 Cfr. Folios 729, C3 de pruebas.
26 En el expediente no obra copia del acta relacionada con la reunión previa del comité.

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reunión se expuso y discutió la oferta de dación en pago
presentada por ustedes para la cancelación del impuesto predial
unificado, sanciones e intereses de varios inmuebles de su
propiedad y de terceros.

El comité se mostró interesado en su propuesta, pero consideró
que el precio al que se ofrece el predio objeto del negocio, es
muy alto para la finalidad que Corvivienda, Infraestructura, el
Comité Local de Prevención y Atención al Desastre y Planeación,
proyectaron en sus informes técnicos rendidos para la
evaluación de la procedencia de la Dación en Pago; pues todas
estas dependencias manifestaron que el predio es ideal para la
construcción de vivienda de interés social por encontrarse en
suelo de expansión urbana.

[...]

El inmueble objeto de la dación en pago tiene quince (15)
hectáreas, el precio ofrecido por ustedes es igual al avalúo
comercial del bien, es decir $2.400.000.000, por lo tanto,

Considera el Comité que el avalúo catastral del bien es el precio
justo para llevar a cabo el negocio que proponen. El avalúo
catastral del bien está en $882.150.000, por lo tanto ustedes
recibirían por metro cuadrado $5.881.

Esperamos pronta respuesta de su parte para darle fin al trámite
administrativo de la Dación en Pago propuesta por ustedes y que
cursa en esta Secretaría […]”.

• El 1o. de julio de 200427 la sociedad ALFREDO DEL CAMPO Y CÍA

s. en c. expresó a la SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL su

interés en la negociación, para lo cual propuso como valor del metro

cuadrado del bien ofertado la suma de $10.000.

• El 9 de julio de 2004, el COMITÉ EVALUADOR DE LAS OFERTAS

DE DACIÓN EN PAGO, integrado por el secretario general del

distrito, la jefe de la oficina jurídica y la secretaria de hacienda

27 Cfr. Folio 70, C7 de pruebas.

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distrital, emitió concepto favorable para la aprobación de la

propuesta referida.

• Mediante Resolución núm. 30609 de 22 de julio de 2004, la

SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL DE CARTAGENA

autorizó la dación en pago, respecto del bien ofrecido por la sociedad

aludida, el cual fue recibido por $1.500.000.000.

El mismo acto ordenó imputar al valor de recibo del bien, la suma

adeudada por concepto de impuesto predial unificado de los predios

allí relacionados, en total de $622.093.226.20.

Respecto de los $877.906.773.80 restantes como saldo, previó que

“[…] podrán ser utilizados para el pago de otras obligaciones

tributarias, en la forma como lo indique el oferente […]”, en los

siguientes términos:

“[…] ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.

Secretaría de Hacienda

Resolución no. 30609 22 de julio 2004
Por medio de la cual se resuelve la solicitud de dación en pago
presentada por la sociedad ALFREDO DEL CAMPO Y CIA

La suscrita Secretaria de Hacienda Distrital (E), en uso de sus
facultades legales y reglamentarias y en especial las conferidas
en el artículo 364 del Acuerdo No.30 de 2001 y

CONSIDERANDO

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Que la señora Soledad del campo flores, actuando en su calidad
de representante legal de la sociedad Alfredo del campo Cia S
en C, conforme con el certificado de existencia y representación
que anexa, mediante escrito radicado el 18 de marzo del año en
curso manifiesta […]

[…]

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Autorizar, mediante la dación en pago del
inmueble de propiedad de la sociedad ALFREDO DEL CAMPO &
CIA S en C., consistente en un lote de terreno de 15 Hectáreas
que hacen parte de un lote de mayor extensión denominado Lote
Y; y cuyos linderos y medidas son los siguientes: Por el Frente
con Lote Y2 en una extensión de 25 Mts, con el Lote B6 en una
extensión de 150 mts en este mismo lindero doblando a la
derecha con el mismo Lote B6 en una extensión de 200 mts,
doblando nuevamente a la derecha con este Lote b6 en una
extensión de 150 mts; en ese mismo lindero con Lote B5 en una
extensión de 75 mts con Lote de la urbanizadora Gabón en una
extensión de 399.16 mts en ese mismo lindero doblando a la
izquierda con el Lote Y4 de propiedad de la Sociedad PROMESA
Ltda, en una extensión de 415.56 mts y en este mismo lindero
doblando por la derecha con el mismo Lote Y4 en una extensión
de 210.46 mts. Por la derecha entrando en línea quebrada con
terrenos de propiedad del señor Miguel Navas Meisel en una
extensión de 798 mts. Por la izquierda entrando con lote de
propiedad de la Cia Agropecuaria Ganadera del Sur en una
extensión de 521 Mts. Por el Fondo con el Lote denominado Lote
Z de propiedad de la Sociedad ALFREDO DEL CAMPO & CIA S en
C. en una extensión de 540 mts este Lote tiene una extensión
superficiaria de 23Hectareas 2.660 mts, el cual se encuentra
referenciado catastralmente con el No. 00-01-0001-0458-000 y
el número de matrícula inmobiliaria No. 060-168113, el pago de
las obligaciones que por concepto de impuesto predial,
sanciones e intereses registran los predios identificados con las
referencias catastrales ue se detallan a continuación:

[…]

ARTÍCULO SEGUNDO .- Recibir el inmueble que se ofrece en
dación en pago por la suma de mil quinientos millones de pesos
($1500.000.000.oo) el cual corresponde con el valor acordado
de mutuo acuerdo con la oferente y aceptado por el Comité de
daciones en pago, según consta en el acta No.5 de fecha 9 de
julio de año en curso, suma que se imputará a lo adeudado por
concepto de impuesto predial de los predios relacionados en el
artículo primero de este documento que corresponde a la suma
de: SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL
D0SCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON 20/100
($622.093.226.20), quedando en consecuencia un saldo a favor
del contribuyente, por valor de: OCHOCIENTOS SETENTA Y

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SIETE MILLONES N0VECIENTOS SEIS MIL.SETECIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS CON 80/100 ($877.906.773,80), los
cuales podrán ser utilizados para el pago de otras obligaciones
tributarias, en la forma como lo indique la oferente.

ARTICULO TERCERO.- La escritura pública a través de la cual se
transfiere la propiedad del inmueble ofrecido en dación en pago,
debe ser protocolizada y registrada dentro de los tres (3) meses
siguientes a la notificación de la presente resolución y los gastos
de notariado y registro que se generen correrán por cuenta del
contribuyente.

PARÁGRAFO.- El incumplimiento de cualquiera de las
condiciones que dieron lugar a esta autorización, deja sin efecto
la presente decisión y se entiende que las obligaciones que por
concepto de impuesto predial unificado que se pretendían
cancelar a través de la dación en pago, seguirán liquidadas con
los intereses por mora correspondientes, sin modificación
alguna.

ARTICULO CUARTO.- Notifíquese personalmente la presente
decisión al interesado o a su apoderado.

ARTICULO QUINTO.- Contra la presente Resolución procede el
recurso de reconsideración, el cual deberá interponerse dentro
del término de dos (2) meses siguientes a su notificación, ante
la Secretaría de Hacienda Distrital; a menos que el peticionario
renuncie voluntariamente a dicho término.

ARTICULO SEXTO.- Una vez ejecutoriado el presente acto
administrativo, debe darse traslado a las Divisiones de
Impuestos, a contabilidad y a Apoyo logístico para su
conocimiento, la cual será aplicada una vez el contribuyente
aporte la Escritura Pública por medio de la cual se protocoliza la
dación pago, debidamente registrada ante la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos […]”.

• El 30 de agosto de 2004, en calidad de alcalde mayor del Distrito

de Cartagena, ante la Notaría Tercera de esa ciudad, el actor

suscribió la Escritura Pública núm. 3002, a través de la cual

protocolizó el negocio jurídico aludido, en los términos de la

Resolución núm. 30609 de 22 de julio de 2004.

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• El 20 de abril de 2005 la CONTRALORÍA abrió 28 indagación

preliminar por la aceptación de la oferta de dación en pago del

impuesto predial unificado por parte del Distrito de Cartagena en

relación con el predio en el cual la administración distrital proyectaba

la ejecución del proyecto de construcción de viviendas de interés

social, denominado “Flor del Campo”.

• El 7 de abril de 2005 el Contralor Distrital formuló un cuestionario

a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL

DIQUE -CAR sobre las condiciones del predio y del proyecto de

vivienda que en este sería ejecutado.

El referido cuestionario fue resuelto el 26 de abril de 2005 por la CAR

en los siguientes términos29:

“[…] 1- ¿La zona donde se construirá el proyecto es catalogado
como zona de alto riesgo […]?

R/ El proyecto Flor del Campo tal como quedó establecido en el
estudio entregado a CARDIQUE, se encuentra localizado en una
zona de alta inundabilidad dentro de la cuenca de La Ciénaga de
La Virgen, puesto que se encuentra sobre él tránsito de las
escorrentías superficiales hacia el colector común, que en este
caso sería la Ciénaga de la Virgen. Del mismo modo se puede
informar que no se tiene un estudio integral del comportamiento
hidrológico e hidráulico de los sectores ubicados fuera del
proyecto.

2- ¿Debido a que la construcción de un muro perimetral, que

28 Cfr. Folios 14 a 16, C1 de pruebas.
29 Cfr. Folios 61 a 63, C1 de pruebas.

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serviría de barrera de inundación a la ciudadela Flor del Campo
y que podría provocar el desplazamiento laminar de la masa de
agua hacia las zonas destinadas para uso agrícola, presenta el
proyecto un plan o programa de mitigación, información y de
solución a las posibles inundaciones que pueden afectar el uso
del suelo?

R/ El estudio se limitó solo al área de influencia que afecta el
proyecto como tal, y no estableció medidas de mitigación hacia
las zonas destinadas para uso agrícola, tal es el que no se
incluyeron dentro de la información entregada a CARDIQUE, los
caudales desplazados hacia las zonas destinadas para tal uso,
desconociendo la capacidad de campo que permitiría planificar
en ese sentido.

3- ¿El estudio presentado cuenta con el diseño de estructuras de
descoles en la zona de descarga del canal principal, y qué
medidas adopta el estudio para evitar que los sedimentos
arrastrados colmaten la Ciénaga de la Virgen?

R/ El estudio no contempló las estructuras de descole, ni
tampoco estableció medidas para el manejo de sedimentos, y
cada uno de estos impactos, de igual forma, no presenta
programas de mantenimiento al sistema de canales diseñados,
sin embargo en el acta de concertación se estableció que el canal
principal debería contemplar estructuras de descoles en el punto
de descarga en la Ciénaga y se solicitó el programa de
mantenimiento de cada una de las estructuras.
[…]”.

• El 23 de mayo de 200530, la CONTRALORÍA ordenó la apertura del

proceso de responsabilidad fiscal contra el actor y otros funcionarios

de la administración distrital de Cartagena.

_ La Contraloría estimó que la adquisición del predio en dación en

pago era lesiva para el erario porque era inadecuado para los fines

del negocio y porque el saldo a favor de la sociedad oferente había

sido destinado al pago de obligaciones tributarias en favor de

30 Cfr. Folios 127 a 130, C1 de pruebas.

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terceros, y sobre estos hechos fue calculado el detrimento

patrimonial en los siguientes términos:

“[…] El 22 de Julio de 2.004 se emitió la Resolución 30609 por la
que se autorizó la dación en pago del inmueble aludido para
solventar las obligaciones por i.p.u., sanciones e intereses de 44
inmuebles, recibiendo el inmueble ofrecido por la suma de
$1.500.000.000, imputando dicho valor al del impuesto predial
unificado adeudado por la oferente por $622.093.226,20 y
reconociéndole el saldo de $877.906.773,80 para el pago de
"otras obligaciones tributarias, en la forma como lo indique la
oferente".

[...]

El hecho examinado se revela lesivo para el erario por la
ocurrencia de un daño consistente en el valor contable
reconocido por el Distrito de Cartagena en la transacción de una
obligación a su favor frente a un bien aceptado en dación en pago
que, aparentemente, no satisface la ecuación bilateral y
sinalagmática ya que se trata de un inmueble (lote de terreno)
actualmente inadecuado para los fines con los que se justificó su
recibo (construcción de viviendas de interés social para reubicar
a los habitantes de las zonas de alto riesgo de la ciudad de
Cartagena) por configurar una zona inundable y cuya
composición geológica conllevaría riesgo a las estructuras que allí
se erigieran con ese fin, sugiriéndose una desproporción del
costo-beneficio evidente, para la entidad receptora. Se
reproduce el efecto del daño cuando se observa que a cargo del
saldo reconocido por el Distrito a la oferente, resultante de la
diferencia entre el valor del impuesto adeudado y el del predio
recibido como pago en especie, se ha efectuado y aceptado el
pago de i.p.u. de otros contribuyentes, contra expresa
prohibición legal, dado que el pago por otro debe solventarse en
efectivo, lo que priva al Distrito de contar con la correspondiente
liquidez. Todo ello aparejado con la falta de reflejo de dichas
transacciones en el presupuesto del ente territorial.

[…]

DETERMINACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL Y ESTIMACIÓN DE
SU CUANTÍA

Se estima en más de $877.906.773,80 (ochocientos setenta y
siete millones novecientos seis mil setecientos setenta y tres
pesos, con ochenta centavos) = producto del mayor valor
reconocido por el Distrito de Cartagena a favor de la sociedad “Al
fredo del Campo Cía, s en c”, más la indexación monetaria que
corre […]”.

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• El 15 de junio de 200531 la Contraloría decretó como prueba la

realización de un informe técnico […] consistente en el avalúo del

predio de referencia catastral 00-01-0001-0458-000, denominado

“Flor del Campo” […]”.

Para tal efecto, fue designado el IGAC, como entidad encargada de

realizar el informe técnico de avalúo referido.

• El 23 de junio de 200532 el actor recusó a quien ejercía el cargo de

Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones

Judiciales de la Contraloría, lo que motivó la suspensión del

proceso del 24 de junio hasta el 17 de agosto de 2005, cuando fue

comunicada la decisión del Contralor, en el sentido de negar la

recusación formulada por el actor.

• El 24 de agosto de 200533 la SOCIEDAD ALFREDO DEL CAMPO

Y CIA s. en c. allegó a la CONTRALORÍA escrituras, avalúos,

promesas de venta y otros documentos relacionados con predios

colindantes al inmueble objeto de la dación en pago, con la finalidad

de que fueran tenidos en cuenta como referencia del avaluó que se

efectuaría a este último, dentro del proceso de responsabilidad fiscal.

31 Cfr. Folio 161, C1 de pruebas.
32 Cfr. 193 a 208, C1 de pruebas.
33 Cfr. Folios 1 a 81, C4 de pruebas.

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• El 30 de agosto de 200534 la SOCIEDAD ALFREDO DEL CAMPO

Y CIA s. en c. allegó a la CONTRALORÍA un estudio realizado en el

año 2002 por la CORPORACIÓN LONJA INMOBILIARIA DE

CARTAGENA denominado “Cálculo del efecto plusvalía para las

zonas de expansión urbana, expansión industrial y la isla de Baru, de

conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial

POT”. Este documento fue aportado con la finalidad de demostrar

que para el año 2002 el terreno del cual hacía parte el predio tenía

un valor comercial de $9.000 metro cuadrado.

Conforme con el referido documento, el estudio se realizó en

desarrollo de un contrato de prestación de servicios suscrito entre la

Lonja Inmobiliaria de Cartagena y el Distrito, para la elaboración del

cálculo del efecto plusvalía de los predios allí evaluados.

• El 25 de octubre de 200535, el IGAC presentó el “Informe de Avalúo

Comercial Suburbano Predio Flor del Campo- Cartagena (Bolívar)”,

solicitado por la CONTRALORÍA, en el cual el IGAC concluyó que el

predio objeto del avalúo para ese año tenía un costo comercial de

$654.028.250, en proporción de $4.250 metro cuadrado.

Algunos apartes del informe señalan:

“[…] 3. DOCUMENTOS SUMINISTRADOS:

• Copia de la Escritura Pública No. 3002 de 30 de agosto de

34 Cfr. Folios 82 a 132, C4 de pruebas.
35 Cfr. Folios 140 a 158, C4 Cuaderno de Pruebas.

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2004.

• Certificado de Tradición y Libertad de Matricula Inmobiliaria
No.060211955.

• Fotocopia Ficha catastral predio de mayor extensión: Villa
Soledad.

• Información catastral, Registros 1 y 2 de Villa Soledad.

• Copia de la plancha cartográfica 23111-D de la localización
general del sector en donde se ubica el inmueble objeto de
avalúo.

• Fotocopia del plano de la clasificación del suelo, sector oriental
de la Ciénaga de La Virgen.

• Copias de las planchas cartográficas 23111-D de las Zonas
Homogéneas Físicas y Geoeconómicas.

• Copia de la poligonal del lote de terreno en donde se proyecta
construir la urbanización Flor del Campo y entregado en dación
de pago al Distrito de Cartagena.

• Decreto 1193 de 22 de octubre de 2004, por medio del cual se
fija el procedimiento para incorporar áreas incluidas en Suelo de
Expansión Urbana en Suelo Urbano del Distrito de Cartagena de
Indias.

• Decreto 1372 de 30 de Diciembre de 2004, por el cual se
delimita la Primera Unidad de Planificación en Suelo de
Expansión Urbana, se incorpora un área incluida en suelo de
expansión urbana al suelo urbano del Distrito y se adopta el Plan
Parcial de Desarrollo de Vivienda de Interés Social denominado
"Ciudadela Flor del Campo".

• Certificación expedida por el secretario de Planeación Distrital
Juan Correa Reyes, a los 15 días del mes de febrero de 2005, a
solicitud de la Gerente de Corvivienda.

• Resolución 0998 por medio de la cual se declara Concertado
el Plan Parcial del proyecto urbanístico Flor del Campo.

-Contraloría Distrital de Cartagena. Dirección Técnica de
Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales. l. P. 05-2005.
Declaración Jurada del Ingeniero Calculista Jorge Rocha
Rodríguez.

• Resolución No. 0042 de 11 de Marzo de 2005, Curaduría 2
Urbana: "Por la cual se concede Licencia de Urbanismo y
Construcción a la ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE
INDIAS. D. T y C. para el proyecto FLOR DEL CAMPO".

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• Corporación Cartagena Visible: RECURSO DE REPOSICION
Contra la Resolución No. 0042 de 11 de marzo de 2005.
• Proyecto Urbanístico "Flor del Campo": Instrumentos de
Gestión,
Costos de Urbanismo, Costos de las Viviendas, Valor del Lote,
Costos Obras de Expansión, Refuerzo y Adecuación, costos de
Construcción del Canal.
[…]

10. CONSIDERACIONES GENERALES

Además de las características propias del inmueble del actual
avalúo, para la definición del valor se tuvieron en cuenta los
siguientes aspectos:

• La reglamentación específica y la destinación económica en
particular.
• Los valores del mercado inmobiliario en el sector y en el
municipio a la fecha en que se le entregó el lote en Dación de
Pago.
• La investigación económica directa realizada, el análisis de
valores de predios similares y los antecedentes de avalúos.
• La ubicación de la zona y la localización específica del inmueble
motivo del actual estudio.
• El área del terreno y sus condiciones particulares.
• El artículo 92 del POT.
• “El Proyecto Urbanístico “Flor del Campo”, costos de
urbanismo, costos de las viviendas, costos de adecuación,
refuerzo, expansión y canal.
[…]

11.3 VALORES ADOPTADOS

Valor adoptado para terreno: $ 4.259 M2

12 RESULTADO DEL AVALÚO.
ITEM AREA M2 VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
Terreno 153,889.00 4.250.00 $.654.028.250.0
0

TOTAL $654.028.250.00

[...]”.

Durante el traslado del informe otros sujetos procesales

investigados, distintos al actor, formularon solicitudes de aclaración

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frente al hecho de no tener en cuenta el avalúo elaborado por la

LONJA INMOBILIARIA DE CARTAGENA para el cálculo del efecto

plusvalía, poniendo de presente que dicho estudio había sido

integrado al Plan de Ordenamiento del Distrito.

Además, cuestionaron que se omitiera ponderar los precios por los

cuales habían sido vendidos otros predios en la misma zona del

inmueble objeto del avalúo y que se afirmara que el inmueble no

estaba localizado en zona urbana.

El 28 de diciembre de 2005 el IGAC aclaró el informe, para lo cual

afirmó que sí tuvo en cuenta los documentos contentivos del cálculo

del efecto plusvalía elaborado por la LONJA INMOBILIARIA DE

CARTAGENA y que el bien objeto del avalúo tenía condiciones

distintas a los traídos a colación como referentes para el avalúo.

Lo anterior en los siguientes términos:

“[…] Le manifiesto que el estudio denominado “ Cálculo del
Efecto plusvalía para las Zonas de Expansión Urbana, Expansión
Industrial y la Isla de Barú” elaborado por la Corporación Lonja
Inmobiliaria de Cartagena, aportado por la representante legal
de la sociedad Alfredo del Campo Cía S.A en comandita (sic), sí
se tuvo en cuenta como material de soporte para la realización
del avalúo y en su momento fue estudiado y analizado por el
suscrito, no obstante no haber sido relacionado en el informe de
avalúo presentado a la Contraloría Distrital de Cartagena.

Debe entenderse que el avalúo administrativo practicado por mí,
al predio en donde se tiene proyectado construir la ciudadela
“Flor del Campo”, es un avalúo puntual y especifico teniendo en
cuenta las características propias de este y el sector donde se
ubica.

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[…]

Para la asignación del valor comercial de un predio, no solo se
tiene en cuenta las condiciones del mercado inmobiliario en la
fecha en que se practica el avalúo, sino también las
características propias del inmueble: ubicación, forma
geométrica, tamaño, frentes a vías, acceso a servicios públicos,
grado de desarrollo urbanístico del predio, de la zona, del
vecindario o entorno, la norma de uso y clasificación del mismo,
la condición jurídica y en general la normatividad dada al predio,
factor básico a considerar; así como, los costos de adecuación
del terreno, de implementación de infraestructura urbana y de
redes de servicios públicos.

Por las razones anteriores, los predios a que se hace referencia
(Banco Unión) en donde se obtuvo como resultado de la dación
de pago valores de $11.458,95 Y $15.279,74; no son
comparables; y por demás constituyen situaciones coyunturales
que no se ajustan en todos los casos, a los valores del mercado
inmobiliario.

Igualmente, no es comparable el predio de Álcalis de Colombia,
por su ubicación que posee frentes sobre la carretera de la
Cordialidad y sobre la vía pública del barrio El Pozón, a diferencia
del lote “Flor del Campo” que se localiza a 800 metros
aproximadamente de la carretera antes mencionada; por
tamaño (37.657,62 M2 versus 153.889,00 M2); por el acceso
directo a servicios públicos por lindar con el barrio El Pozón en
donde existe infraestructura urbanística […]”.

• El 14 de febrero de 2006 36 , la CONTRALORÍA imputó

responsabilidad fiscal, entre otros, al actor en su calidad de alcalde

mayor del Distrito de Cartagena, en las modalidades “in-eligendio”

(culpa en la elección de sus subalternos), “in-vigilando” (culpa en la

vigilancia), así como por haber intervenido en el negocio al suscribir

la Escritura Pública núm.3002 de 30 de agosto de 2004, en la que

fue protocolizada la tradición del predio recibido en dación de pago a

la sociedad ALFREDO CAMPO Y CIA S. en C.

36 Cfr. Folios 1 a 16, C5 de pruebas.

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Actor: Alberto Rafael Barbosa Senior

-La CONTRALORÍA señaló que el valor del daño patrimonial

imputado resultaba de “[…] la sustracción, del valor reconocido por

el Distrito de Cartagena como precio del negocio, el valor arrojado

por el informe cuya validez probatoria no ha sido contradicha, en

conclusión: $1.500.000.000 - $654.028.250 = $845.971.750,oo

[…]” .

• Mediante Auto de 16 de junio de 2006, la CONTRALORÍA profirió

en primera instancia el fallo del proceso fiscal, en el que declaró

responsable al actor por la suma $845.971.750,oo que obtuvo al

restar el valor determinado por el IGAC del precio por el cual fue

recibido el bien objeto de controversia.

Para tal efecto, el ente de control reprochó que el saldo a favor del

oferente haya sido abonado a deudas tributarias de terceros, además

de aducir que conforme con las pruebas recaudadas adecuar el bien

para ejecutar el proyecto para el cual fue adquirido resultaba costoso.

Resaltó que la Resolución núm. 30609 de 22 de julio de 2004 no

tenía por si sola la fuerza para perfeccionar la dación en pago, sino

que fue con la suscripción de la escritura pública por parte del actor

que fue materializada la actuación.

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Actor: Alberto Rafael Barbosa Senior

Precisó que el avalúo presentado por la sociedad oferente con la

oferta de dación no fue tenido en cuenta por la administración

distrital, por no haber sido realizado ni refrendado por una lonja de

propiedad raíz local, sino por un ingeniero inscrito en el Registro

Nacional de Avaluadores de LONJANAP y COPOLONJAS cuyo domicilio

era la ciudad de Bogotá.

Por otro lado, calificó el proceder del actor dentro de la culpa grave

por haber celebrado un acto consensual que desconoce la eficacia, la

eficiencia, la economía y la transparencia, por cuanto desatendió las

condiciones del predio y aceptó fórmulas de negociación no

permisibles para con el particular interesado.

Lo anterior, así como lo relacionado con el vínculo causal, en los

siguientes términos:

[…] MOTIVACIÓN JURÍDICO FISCAL

En el caso de la tradición del inmueble efectuada por la sociedad
Alfredo del Campo S. en C. al Distrito de Cartagena, se tiene
como TITULO atributivo de dominio, la escritura pública No.
3002 de 30 de agosto de 2004, otorgada ante la Notaría Tercera
de Cartagena, (por la cual se acepta a título de Dación en Pago
del derecho de dominio y posesión sobre el inmueble descrito en
la misma), suscrita por el señor Alcalde, doctor Alberto Rafael
Eduardo Barbosa Senior, persona que perfeccionó como parte
contratante, la adquisición del citado inmueble para el Distrito
de Cartagena.

[…]

En Consecuencia, no le asiste razón al señor Alberto Rafael
Eduardo Barbosa Senior, Alcalde para el momento de los hechos,
cuando señala que con fundamento en el artículo 364 del
Estatuto Tributario Distrital es el Secretario de Hacienda quien
efectúo y a aprobó la Dación, pues si bien es cierto que dicha

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Actor: Alberto Rafael Barbosa Senior

norma señala la autorización mediante resolución para la
cancelación de los impuestos por parte del Secretario de
Hacienda, previo concepto favorable de un comité integrado
además del Secretario de Hacienda, por los Secretarios de
servicios administrativos y asuntos jurídicos, este acto resulta
un mero trámite dentro del procedimiento efectuado para la
tradición de un bien inmueble.

[…]

LA CONFIGURACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL

[…]

Queda claramente establecido que a partir del compromiso
adquirido por el Distrito de Cartagena, en la Escritura Pública
No.3002 del 30 de agosto de 2004, otorgada ante la Notaría
Tercera de Cartagena, por la cual se acepta a título de Dación
en Pago el Derecho de Dominio y Posesión sobre el inmueble
descrito en la misma, se empieza el proceso desviado de imputar
los saldos en exceso, favorables al contribuyente, a obligaciones
tributarias de terceros que se detallan en dicha escritura y en
resoluciones posteriores que se genera en cumplimiento de
obligaciones contraídas en el contrato notarial.

En cuanto al valor económico y contable reconocido por el
Distrito de Cartagena en la transacción de una obligación a su
favor frente a un bien aceptado en Dación en Pago, no aparece
satisfecha la ecuación bilateral y sinalagmática ya que se trata
de un inmueble (lote terreno) actualmente inadecuado para los
fines con los que se justificó su recibo (construcción de viviendas
de interés social para reubicar a los habitantes de las zonas de
alto riesgo de la ciudad de Cartagena) por configurar una zona
inundable y cuya composición geológica conllevaría riesgo a las
estructuras que allí se erigieran con ese fin, sugiriéndose una
desproporción costo- beneficio evidente, para la entidad
receptora.

[…]

El avalúo en el que se funda la defensa del negocio por los
gestores fiscales comprometidos fue de la autoría del ingeniero
civil Héctor Jiménez Vanegas […]

[…]
De aquí se desprende que la Administración Distrital, para la
negociación del predio referido en este proceso, no acudió a las
lonjas locales de Cartagena ni al IGAC, sino que se basó en un
avalúo aportado por un particular, realizado sin las previsiones
legales, por lo que patenta lo inadmisible del mismo como
sustento de la Dación en Pago o como prueba concluyente
dentro del trámite presente.

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[…]

Por ello el Despacho debe insistir en la fórmula diferencial de
estimar el daño producido al erario comparando el valor del
precio o valor reconocido por el Distrito de Cartagena con el del
avalúo rendido dentro del proceso por el IGAC, esto es $
1.500.000.000=menos $645.028.250=, valor superior de todas
maneras fijado anteriormente para efectos catastrales para el
predio en cuestión, lo cual arroja una cifra resultante de
$845.971.750 […]

LA CONFIGURACIÓN DE LA CULPA:

En ese contexto aparece reflejado un proceder con
características de culpa grave del gestor fiscal por excelencia del
Distrito de Cartagena para la época del asunto, el Alcalde Mayor,
en el estudio al celebrar un acto consensual con desconocimiento
de la eficacia, eficiencia, economía y trasparencia, patente al
desconocer reiteradamente las advertencias sobre las
condiciones del predio, amén del evidente y aceptando uso de
fórmulas de negociación no permisibles para con el particular
interesado, lo que indica una omisión consistente y meditada de
la legalidad en aras de culminar el negocio, a caballo del uso de
varias figuras jurídicas de prohibida acomodación legal.

[…]

EL VÍNCULO CAUSAL ENTRE EL DAÑO Y LA CONDUCTA

Para evaluar el elemento de la causalidad se acude a las teorías
más conocidas como son la de la causalidad adecuada y de la
equivalencia de las condiciones. En la primera el juez debe
preguntarse cuál fue la causa sin la cual no se hubiera producido
el daño, en la segunda si bastaba con que una de las condiciones
hubiese faltado para que el daño no se produzca, lo que lleva a
una cadena indefinida de condiciones y de responsables.

Tomando lo consecuente de ambas apreciaciones, y dado que su
aplicación se encuentra limitada o condicionada por el ámbito de
la responsabilidad fiscal y de la calidad de gestores fiscales que
deben tener aquellos cuya conducta y resultados se estudia,
debe concluirse que el hecho evidente de la celebración del
negocio contenido en la Escritura Pública 3002 de 30 de Agosto
de 2004 ante la Notaría Tercera de Cartagena, mediante la cual
la Sociedad Alfredo del Campo S. en C. se transfiere a título de
Dación en Pago el inmueble identificado con referencia catastral
00-01-0001-0458-000, folio de matrícula inmobiliaria 060-
168113, por valor de $1.500.000.000=, es sin duda el elemento
central que provocó el daño patrimonial al Distrito de Cartagena,
pivote en el que se enlazaron las actuaciones anteriores que
arrojan duda profesional y las consecuencias derivadas de
aceptar una prestación en especie y asumir una obligación para
con un particular. Si desde la otra orilla de la teoría enunciada,

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hubiese faltado ese instrumento, no se habría producido el daño
que se irroga a la Administración de la época, puesto que los
actos y conceptos preparatorios no hubiesen pasado de ser una
gestación frustrada, como sucede en veces con diversas
actuaciones administrativas, incluso con trámites de Daciones
en Pago, licitaciones, concursos para provisión de cargos, entre
otras.

Y llega el momento de la conclusión final, al encontrar que con
la actuación como jerarca máximo de la Administración Distrital
y signatario del documento definitivo en cuestión, en la
confluencia de ambas circunstancias personales del Alcalde
Mayor de la época se configura el vínculo necesario entre el daño
y la conducta de dicho gestor fiscal, pues aparece en pruebas
como tuvo manejo y conocimiento del negocio objeto de la
investigación, comprometiendo conscientemente su voluntad.

Tal conjunción de elementos queda rota, en cambio, para las
otras particulares inicialmente imputadas, pues su actuación
aparece ser lateral, necesaria pero no suficiente, se repite, para
la causación del detrimento patrimonial en los términos en que
se dio en el asunto presente, sin perjuicio de que por
considerarse exentas del elemento calificador de la culpa grave
no el análisis de su actuación en la órbita de la causa […]”.

• Mediante autos de 22 de septiembre de 2006 y 8 de noviembre de

2006, la anterior decisión fue confirmada.

• Mediante auto de 16 de noviembre de 201037, el a quo abrió la

etapa probatoria y decretó como pruebas los testimonios de María

Eugenia García38, Hernando Sierra Porto39, Dumerk Turbay Paz40 y

José Ponneffzes41.

De igual forma, fue decretado el interrogatorio de parte al actor y se

37 Cfr. Folios 198, C principal.

38 Jefe de la Oficina Jurídica del Distrito de Cartagena para la época de los hechos.
39 Secretario General del del Distrito de Cartagena para la época de los hechos.
40 Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales de la Contraloría.
41 Sustanciador del proceso de responsabilidad fiscal.

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dispuso la práctica de una prueba pericial de avalúo sobre el predio

objeto de controversia, a cargo de un auxiliar de la justicia.

Los testimonios de María Eugenia García, Hernando Sierra Porto y

Dumerk Turbay Paz no fueron practicados por inasistencia de estos.

Por su parte, el señor José Ignacio Ponnefz Sierra42, sustanciador del

proceso de responsabilidad fiscal en primera instancia, fue

cuestionado sobre el trámite de este, así como sobre las razones de

la entidad en la adopción de las diferentes decisiones sustanciales,

sin que la Sala advierta que haya lugar a hacer mayor precisión al

respecto, en razón a que su versión corresponde con la posición de

la CONTRALORÍA consignada en las pruebas ya analizadas.

El interrogatorio de parte que debía ser resuelto por el actor, fue

desistido por la entidad demandada que lo había solicitado43.

Para la práctica de la prueba pericial del avalúo, el a quo designó al

perito Rafael Enrique Álvarez Osorio, de la lista oficial de auxiliares

de la justicia.

El dictamen fue presentado el 22 de marzo de 2011 determinando

como valor comercial del inmueble para el año 2004, la suma de $

42 Cfr. Folio 264, C principal.
43 Cfr. Folio 305, C principal.

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1.706.862.139, en proporción de $11.092 M2, en los siguientes

términos:

“[…] AVALÚO

1) Dirección del inmueble o globo de terreno: ubicado en la
carretera de la Cordialidad, antes denominado Finca Villa
Soledad, lote Y que se desprende de un globo de mayor
extensión, de propiedad de la firma ALFREDO DEL CAMPO & CIA
S. EN C., hoy se levanta allí la Urbanización de Interés Social
denominada Flor del Campo, proyecto de vivienda adelantado
por el Distrito de Cartagena con la intervención de la entidad
denominada CORVIVIENDA, cuyo objeto es el mejoramiento de
la calidad de vida de las personas de escasos recursos
económicos que se encontraban ubicadas en zonas de alto riesgo
en el Distrito de Cartagena de Indias, tales como en la falda de
la Popa, a orillas de la pista del aeropuerto Rafael Núñez, en el
barrio Siete de Agosto, San Francisco, La María, Isla del León, y
en otros […]

LINDEROS Y MEDIDAS DEL INMUEBLE CITADO

El bien raíz en cuestión de identidad conocida se encuentra
determinado por sus linderos, medidas y generalidades
siguientes: tomados de la escritura pública No. 3002 del 30 de
agosto del 2004, procedente de la Notaría Tercera de Cartagena
debidamente registrada en los folios de matrícula inmobiliaria
antes citados […].

[…]

MEMORIA DESCRIPTIVA Y DETALLES DE LA
CONSTRUCCIÓN

En el inmueble objeto del dictamen encontramos las siguientes
construcciones a saber:

Se trata de un Conjunto de viviendas de interés social construido
en ladrillo rojo con bloques de cemento, pisos en baldosa
cerámica Italia, otros en plantilla, urbanización ésta conocida
como Flor del Campo, solución de vivienda adelantado por la
Alcaldía Distrital a través de la entidad denominada
CORVVIIENDA, puerta principal fachada en paredes de bloc,
pintadas en vinilo, puertas y ventanas, en aluminio
arquitectónico, paredes pintadas con vinilo, algunas, consta de
terraza, sala comedor, dos alcobas con sitios para closets, baños
con todos sus servicios sanitarios, anexos y dependientes,
cocineta, sin incluir las áreas comunes tales como terrazas de
entrada y salida, y demás.

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

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El sector donde se encuentra localizado el inmueble en
referencia es de naturaleza eminentemente residencial, de
interés social con pocos sitios de comercio, solamente cuenta
con tiendas, puesto de salud cercano, colegios y otros,
urbanización ésta situada en una zona de expansión urbana
proyectada mediante estudios realizados por anteriores
administraciones, con todos los requisitos exigidos para este tipo
de proyectos de vivienda, tales como manejo ambiental, estudio
de suelos, y otros.

VÍAS DE ACCESO

Al inmueble se accede por la única vía o carrera de La Cordialidad
que Circunda y permite la entrada a todo el barrio, de allí hacia
el Municipio de Santa Rosa, y el corregimiento de Bayunca del
Distrito de Cartagena, al regresar encontramos los barrios El
Pozón, Villas de la Candelaria, Villa Estrella, La terminal de
transporte y sitios donde se van a adelantar grandes proyectos
como la Ciudadela del Bicentenario, Otros grandes proyectos de
interés social centros comerciales […]”
[…]

METODO UTILIZADO: Para determinar el justiprecio del
inmueble se utilizaron varios métodos, primero se utilizó el
método de reposición apoyado en las tablas técnicas de FITTO Y
CORVINNI, Revista C0NSTRUDATA, Índices de precios al
consumidor, Normas Técnicas de Corpolonjas de Colombia y Red
Inmobiliaria de Colombia E.U., estudios valorativos de diferentes
ejercicios a nivel regional, de varios colegas, peritos,
avaluadores expertos, lo mismo que estudio matemático
financiero realizado por Economista Financista tomando el valor
actual y llevándolo a valor histórico para encontrar con las
tablas, Índice de precios al consumidor y tablas de la
Superintendencia Financiera de Colombia, el justiprecio de los
inmuebles.

De igual forma aplicando normado por el artículo 516 inciso
tercero del Decreto 1562 de 2002, y la ley 794 de 2003 que
modificó el C. de P. C., el que indica que para los inmuebles el
valor comercial se determina incrementando al avalúo catastral
el cincuenta (50%) por ciento del valor de este.

El método comparativo del mercado apoyado en una profunda
investigación acerca de transacciones anteriores y recientes
efectuadas en el sector para inmuebles con características en
cuanto a ubicación estratégica y área. Así mismo se tuvo en
cuenta su potencial para desarrollarse; su entorno inmediato y
su grado de comercialización, para lo cual se consultó a las más
importantes inmobiliarias de la ciudad, agrupadas y a nuestra
base de datos referente a avalúos practicados en la zona para el
año 2004 y vigencia actual.

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El método de renta, teniendo en cuenta la demanda en el
mercado para este tipo de inmuebles, donde se ha reducido
ostensiblemente el lapso de tiempo que permanecen
desocupados. El rango de rentabilidad aplicado a su valor
comercial. Para estos inmuebles se ha tenido en cuenta la
ubicación estratégica, estado de conservación, sus espacios
interiores, aprovechamiento de los mismos, facilidad de acceso
[…]
[…]
AVALÚO COMERCIAL GENERAL

El valor del metro cuadrado estimado actualmente oscila en una
cantidad de $18.000 valor metro cuadrado comercial, resultado
este obtenido de la investigación de mercado y precios
establecido tanto por los propietarios circundantes como por los
miembros de las lonjas inmobiliarias de Cartagena, y no por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, puesto que no es la
entidad apropiada para estimar valores con fines catastrales; por
ello se requiere aplicar la ley que nos enseña el artículo 516
inciso tercero reformado por el Decreto 1562 de 2002,
tratándose de bienes inmuebles, el valor sería el del avalúo
catastral del predio incrementado en un 50 % m teniendo como
parámetro el avalúo catastral y lo especificado en el código de
procedimiento civil para estos menesteres, y ante la carencia del
avalúo catastral histórico se procedió con la metodología
primeramente mencionada, para poder determinar el avalúo
comercial del mismo, aplicando 16rrnuIat matemáticas y
financieras e índices de precios al consumidor teniendo en
cuenta las siguientes fórmulas:

Valor presente z valor histórico X IPC final / IPC inicie!
Área de lote X valor metro cuadrado
15 hectáreas + 3.889 MZ x 318.000 = 32.770.002.000 valor
actual del lote en el año 2011, lo cual se traduce en la cantidad
de DOSMIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES DOS MIL
PESOS ($2,770.002.000).

Con este ejercicio he podido determinar el valor real del
inmueble o sea lote de terreno que actualmente en el año 2011
vale, entendiendo que ninguna persona va a realizar transacción
por menos de los valores estimados, toda vez que dicho
inmueble no es mirado como lote rural sino urbano por los
proyectos realizados y por desarrollar en un futuro no muy
lejano, lo mismo que el valor histórico o más bien lo que costaba
el mismo inmueble con las características citadas en el año 2004,
todo ello tendiente a brindar a la honorable corporación que me
designó toda la información precisa, detallada, producto de un
estudio realizado por el suscrito abogado perito evaluador de
inmuebles, un ingeniero civil y un economista financista, todos
auxiliares de la justicia con más de 20 años de experiencia en
estos casos.

Procedemos a determinar el valor histórico del lote con el firme

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propósito do calcular realmente cuánto pudo haber costado el
mismo inmueble de la cabida 15 hectáreas + 3.889 metros
cuadrados en la vigencia del año 2004, ya que como se trata de
un valor histórico lo cual se dificulta para determinar el
justiprecio de esa época, puesto que no existe entidad alguna
que pueda facilitar esos guarismos, ni el mismo Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, toda vez que la matrícula de loto y
lao referencias catastrales fueron cerradas y abiertas otras
nuevas, por lo cual procedemos a utilizar la metodología de la
aplicación de los IPC. Tomando la fórmula de actualización la
cual Consisto en: valor presente IPC final / IPC inicial x Valor
Histórico.

Lo que en el momento nos interesa es obtener el valor histórico,
lo cual es la variable que no conocemos, al despejar la formula
obtendríamos el valor histórico = IPC inicial / IPC final x valor
presente

Valor presente = #2’770.002.000
IPC inicial=79.52
IPC final= 129.05
Valor histórico ¿?
Reemplazando:

Valor histórico= 79.52/ 129.05 x 2.770.002.000
Valor histórico=0.616195273 x
$2.770.002.000=$1.706.862.139
Valor metro cuadrado= $1.706.862.139 /153.889 M2=11.092
Este sería el valor del metro cuadrado en la época del año 2004
$11.092 y la sumatoria de la operación pudo haber sido en $
1.706.862.139

MIL SETECIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS
[…]”.

• El Tribunal dio traslado a las partes del dictamen entre el 4 y 8 de

abril de 2011, sin que se presentaran solicitudes de aclaración,

complementación u objeción alguna.

• Mediante providencia de 30 de marzo de 2012 el Tribunal decretó

como pruebas, oficiar a la parte demandada para que allegara copia

del expediente de responsabilidad fiscal dentro del cual fueron

expedidos los actos administrativos demandados, así como del

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Estatuto Tributario Distrital de Cartagena vigente para el año 2004,

no obstante, este último no fue allegado.

• En el trámite de la segunda instancia, el actor allegó copia del

Acuerdo núm. 30 de 31 de diciembre de 2001, expedido por el

Concejo Distrital de Cartagena, “Por el cual se adopta el Estatuto

Tributario y se dictan otras disposiciones”.

-El demandante presentó una copia del auto de 14 de junio de 2011,

mediante el cual, la Fiscalía Seccional Tercera de Cartagena decretó

la preclusión de una investigación seguida en su contra por los delitos

de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de

contratos, en relación con los hechos que dieron origen a los actos

administrativos cuestionados.

Los documentos referidos fueron decretados como prueba por el

Despacho Sustanciador, mediante auto de 11 de diciembre de 2015.

Caso concreto

La CONTRALORÍA ha encontrado la existencia del daño patrimonial

a partir de la diferencia que existió entre el valor por el cual fue

recibido el inmueble y el valor establecido por el IGAC.

Observa la Sala que en el mismo acápite la demandada reprocha el

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hecho de que parte del saldo a favor de la sociedad oferente se

hubiese abonado a obligaciones tributarias de terceros y que el

terreno aludido no era idóneo para el fin que había sido recibido,

circunstancias que finalmente no se concretaron en el

establecimiento del daño.

En efecto, en la estimación del detrimento atribuido al actor la única

situación que determinó el cálculo de la suma a resarcir fue el mayor

valor pagado por la adquisición del bien, determinado éste tomando

como referente el valor que arrojó el avalúo del IGAC.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el inmueble fue recibido en la

dación en pago con la finalidad de extinguir las obligaciones

tributarias del oferente en relación con el impuesto predial unificado,

dicho negocio jurídico debía atender al procedimiento establecido

para tal efecto.

Al respecto, el artículo 364 del Estatuto Tributario Distrital de

Cartagena (Acuerdo núm. 30 de 31 de diciembre de 2001, expedido

por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, “Por el cual se adopta

el Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones”),44 vigente para

el año 2004 señalaba lo siguiente:

44 Dicho Acuerdo fue allegado en el trámite de la segunda instancia por el apoderado de la parte

demandante, conforme consta a folios 20 a 152 del Anexo núm. 1, razón por la cual mediante auto de
11 de diciembre de 2015, el Despacho lo tuvo como prueba (folios 33 a 35 del C. Apelaciones).

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“[…] Artículo 364. Dación en pago. Cuando el Secretario de
Hacienda lo considere conveniente podrá autorizar mediante
resolución la cancelación del impuesto, las sanciones y los
intereses mediante la dación en pago de bienes muebles o
inmuebles que a su juicio, previa evaluación, satisfaga la
obligación.

Una vez se evalúe la procedencia de la dación, para autorizarla,
deberá obtenerse de forma previa, concepto favorable de un
comité integrado además del Secretario de Hacienda, por los
Secretarios de servicios Administrativos y asuntos jurídicos […]”

Del contenido de la norma en cita, la Sala advierte que para el año

2004, la autorización para recibir un bien como dación en pago de

deudas tributarias debía ser otorgada por la Secretaría de Hacienda,

previo concepto favorable del comité allí aludido, como se encuentra

probado que ocurrió en el presente caso.

Por otro lado, dentro del expediente no está probado que dicha

norma haya sido reglamentada, por lo que no hay precisión sobre los

criterios con base en los cuales las autoridades distritales debían

determinar el valor del bien ofrecido para el pago de las obligaciones

tributarias.

En el presente caso el comité de evaluación de daciones en pagos del

ente territorial determinó procedente recibir el predio objeto de

controversia por un valor de $10.000 m2, por un total de

$1.500.000.000, suma a la que arribó como conclusión de un proceso

de negociación con la sociedad oferente.

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Actor: Alberto Rafael Barbosa Senior

Ahora bien, el daño patrimonial que fue atribuido al actor fue

calculado teniendo en cuenta la diferencia resultante entre el valor

por el cual fue recibido el inmueble y el avalúo que presentó el IGAC

dentro del proceso de responsabilidad fiscal, en el cual dicha

autoridad determinó como precio del bien la suma de $ 654.028.250,

en razón de $450 m2.

Para desvirtuar el informe técnico rendido por el IGAC, el actor puso

de presente el contenido del documento denominado “[…] Cálculo del

Efecto plusvalía para las zonas de expansión urbana, expansión

industrial y la isla de Baru […]” elaborado por la LONJA

INMOBILIARIA DE CARTAGENA, de acuerdo con el cual el predio

de mayor extensión del cual hacía parte el inmueble objeto de

controversia, al año 2002, tenía un valor de $9.000 45 metro

cuadrado.

El referido documento fue realizado como consecuencia del contrato

de prestación de servicios núm. 2-115996, de 27 de noviembre de

2001, suscrito entre la Alcaldía de Cartagena y la lonja referida, con

la finalidad de calcular el efecto plusvalía, conforme con los artículos

76 a 80 de la Ley 388 de 18 de julio de 199846, que señalan:

45 Cfr. Folio 204 C 4 de pruebas.

46 “Por la cual se modifican la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”

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Actor: Alberto Rafael Barbosa Senior

“[…] Artículo 76. Efecto plusvalía resultado del cambio de uso.
Cuando se autorice el cambio de uso a uno más rentable, el
efecto plusvalía se estimará de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

1. Se establecerá el precio comercial de los terrenos en
cada una de las zonas o subzonas beneficiarias, con
características geoeconómicas homogéneas, antes de la
acción urbanística generadora de la plusvalía.

[…]

Artículo 77. Efecto plusvalía resultado del mayor
aprovechamiento del suelo. Cuando se autorice un mayor
aprovechamiento del suelo, el efecto plusvalía se estimará de
acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Se determinará el precio comercial por metro cuadrado de los
inmuebles en cada una de las zonas o subzonas beneficiarias,
con características geoeconómicas homogéneas, antes de la
acción urbanística generadora de la plusvalía. En lo sucesivo este
precio servirá como precio de referencia por metro cuadrado.

[…]

Artículo 80. Procedimiento de cálculo del efecto plusvalía.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que
haga sus veces o los peritos técnicos debidamente
inscritos en las Lonjas o instituciones análogas,
establecerán los precios comerciales por metro cuadrado
de los inmuebles, teniendo en cuenta su situación
anterior a la acción o acciones urbanísticas; y
determinarán el correspondiente precio de referencia
tomando como base de cálculo los parámetros
establecidos en los artículos 75, 76 y 77 de esta ley. […]”

Conforme con las normas en cita, el efecto plusvalía debe

determinarse por el IGAC o por las Lonjas inmobiliarias, a través de

un procedimiento en el cual se establece el valor comercial actual de

los inmuebles.

La elaboración de los avalúos comerciales sobre inmuebles, tanto

para el cálculo del efecto plusvalía, como para otros eventos se surte

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bajo la reglamentación establecida en el Decreto 1420 de 1998, que

en sus artículos 1 y 3 prevé:

“[…] Artículo 1°. Las disposiciones contenidas en el presente
decreto tienen por objeto señalar las normas, procedimientos,
parámetros y criterios para la elaboración de los avalúos por los
cuales se determinará el valor comercial de los bienes
inmuebles, para la ejecución de los siguientes eventos, entre
otros:

1. Adquisición de inmuebles por enajenación forzosa.

2. Adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria.

3. Adquisición de inmuebles a través del proceso de expropiación
por vía judicial.

4. Adquisición de inmuebles a través del proceso de expropiación
por vía administrativa.

5. Determinación del efecto de plusvalía.

6. Determinación del monto de la compensación en tratamientos
de conservación.

7. Pago de la participación en plusvalía por transferencia de una
porción del predio objeto de la misma.

8. Determinación de la compensación por afectación por obra
pública en los términos que señala el artículo 37 de la Ley 9ª de
1989.

[…]

Artículo 3°. La determinación del valor comercial de los
inmuebles la harán, a través de un avalúo, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que haga sus veces o las
personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y
autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar donde se
ubiquen los bienes objeto de la valoración [...]”.

En ese orden de ideas, los avalúos que soportan el cálculo de

plusvalía elaborado por la LONJA INMOBILIARIA DE CARTAGENA

constituyen pruebas que tienen la aptitud legal para demostrar el

valor comercial del bien en discusión.

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Por lo anterior, el hecho de que la LONJA INMOBILIARIA DE

CARTAGENA haya afirmado, en el cálculo del efecto plusvalía que

elaboró en 2002, que el predio en cuestión para esa anualidad tenía

un valor comercial por metro cuadrado de $9000.oo constituye un

elemento de juicio que conduce a poner en duda el contenido del

informe técnico elaborado por el IGAC.

Al respecto, la Sala advierte que, en los actos acusados, el ente de

control no zanjó la divergencia entre los dos elementos de juicio

aludidos, pese a que la discusión le fue formulada en los memoriales

a través de los cuales le fueron presentadas las solicitudes de

aclaración del informe rendido por el IGAC, así como en el escrito

por medio del cual le fue allegado el documento que contiene el

cálculo del efecto de plusvalía referido.

Ahora bien, conforme con el dictamen pericial decretado y practicado

en el trámite del presente proceso, el valor del metro cuadrado del

inmueble en discusión a 2004 era de $11.092.oo, para un total de

$1.706.862.139.oo, prueba que no solo sirve para resolver la duda

surgida de la divergencia entre los dos elementos de juicio aludidos,

sino que además resulta pertinente, conducente y útil para probar el

hecho sobre el cual recae, en particular, teniendo en cuenta que,

pese a que sobre la misma se corrió el traslado respectivo, no fue

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objetada por la parte pasiva de la acción.

En ese orden de ideas, en la medida que el aludido dictamen pericial

determinó que el predio que fue ofertado en dación de pago al

DISTRITO DE CARTAGENA en 2004, tenía un valor de

$1.706.862.139.oo, mientras que el ente territorial lo recibió por

$1.500.000.000.oo, para la Sala es clara la inexistencia del daño

patrimonial.

Al respecto, es del caso reiterar que si bien es cierto que la entidad

demandada reprochó, además de la diferencia que existió entre el

valor por el cual fue recibido el inmueble y el valor establecido por el

IGAC, el hecho de que parte del saldo a favor de la sociedad oferente

se hubiese abonado a obligaciones tributarias de terceros y que el

terreno aludido no era idóneo para el fin que había sido recibido,

también es cierto que estas circunstancias finalmente no se

concretaron en el establecimiento del daño, por cuanto en la

estimación del detrimento atribuido al actor la única situación que

determinó el cálculo de la suma a resarcir fue el mayor valor pagado

por la adquisición del bien, determinado éste tomando como

referente el valor que arrojó el avalúo del IGAC, conforme se muestra

a continuación:

“[…]

EL VÍNCULO CAUSAL ENTRE EL DAÑO Y LA CONDUCTA

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Para evaluar el elemento de la causalidad se acude a las teorías
más conocidas como son la de la causalidad adecuada y de la
equivalencia de las condiciones. En la primera el juez debe
preguntarse cuál fue la causa sin la cual no se hubiera producido
el daño, en la segunda si bastaba con que una de las condiciones
hubiese faltado para que el daño no se produzca, lo que lleva a
una cadena indefinida de condiciones y de responsables.

Tomando lo consecuente de ambas apreciaciones, y dado que su
aplicación se encuentra limitada o condicionada por el ámbito de
la responsabilidad fiscal y de la calidad de gestores fiscales que
deben tener aquellos cuya conducta y resultados se estudia,
debe concluirse que el hecho evidente de la celebración
del negocio contenido en la Escritura Pública 3002 de 30
de Agosto de 2004 ante la Notaría Tercera de Cartagena,
mediante la cual la Sociedad Alfredo del Campo S. en C.
se transfiere a título de Dación en Pago el inmueble
identificado con referencia catastral 00-01-0001-0458-
000, folio de matrícula inmobiliaria 060-168113, por valor
de $1.500.000.000=, es sin duda el elemento central que
provocó el daño patrimonial al Distrito de Cartagena,
pivote en el que se enlazaron las actuaciones anteriores que
arrojan duda profesional y las consecuencias derivadas de
aceptar una prestación en especie y asumir una obligación para
con un particular. Si desde la otra orilla de la teoría enunciada,
hubiese faltado ese instrumento, no se habría producido el daño
que se irroga a la Administración de la época, puesto que los
actos y conceptos preparatorios no hubiesen pasado de ser una
gestación frustrada, como sucede en veces con diversas
actuaciones administrativas, incluso con trámites de Daciones
en Pago, licitaciones, concursos para provisión de cargos, entre
otras.

Y llega el momento de la conclusión final, al encontrar que con
la actuación como jerarca máximo de la Administración Distrital
y signatario del documento definitivo en cuestión, en la
confluencia de ambas circunstancias personales del Alcalde
Mayor de la época se configura el vínculo necesario entre el daño
y la conducta de dicho gestor fiscal, pues aparece en pruebas
como tuvo manejo y conocimiento del negocio objeto de la
investigación, comprometiendo conscientemente su voluntad.
[…]” (Destacado fuera de texto).

No obstante ello, no puede perderse de vista que con el referido

dictamen de 22 de marzo de 2011 se demostró que el inmueble

cuestionado sí era idóneo para el fin que fue recibido, esto es, para

la construcción de viviendas de interés social para reubicar a los

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habitantes de las zonas de alto riesgo de la ciudad de Cartagena,

toda vez que con esa prueba se determinó que en dicho predio se

encuentra construido un conjunto de viviendas de interés social y

está situado en una zona de expansión urbana, de la siguiente

manera:

“[…]

MEMORIA DESCRIPTIVA Y DETALLES DE LA
CONSTRUCCIÓN

En el inmueble objeto del dictamen encontramos las siguientes
construcciones a saber:

Se trata de un Conjunto de viviendas de interés social
construido en ladrillo rojo con bloques de cemento, pisos en
baldosa cerámica Italia, otros en plantilla, urbanización ésta
conocida como Flor del Campo, solución de vivienda
adelantado por la Alcaldía Distrital a través de la entidad
denominada CORVIVIENDA, puerta principal fachada en
paredes de bloc, pintadas en vinilo, puertas y ventanas, en
aluminio arquitectónico, paredes pintadas con vinilo, algunas,
consta de terraza, sala comedor, dos alcobas con sitios para
closets, baños con todos sus servicios sanitarios, anexos y
dependientes, cocineta, sin incluir las áreas comunes tales como
terrazas de entrada y salida, y demás.

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

El sector donde se encuentra localizado el inmueble en
referencia es de naturaleza eminentemente residencial,
de interés social con pocos sitios de comercio, solamente
cuenta con tiendas, puesto de salud cercano, colegios y otros,
urbanización ésta situada en una zona de expansión
urbana proyectada mediante estudios realizados por
anteriores administraciones, con todos los requisitos
exigidos para este tipo de proyectos de vivienda, tales
como manejo ambiental, estudio de suelos, y otros.

[…]

Para estos inmuebles se ha tenido en cuenta la ubicación
estratégica, estado de conservación, sus espacios interiores,
aprovechamiento de los mismos, facilidad de acceso […]”
(Destacado fuera de texto).

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Además, de que el artículo 36447 del Estatuto Tributario Distrital de

Cartagena, vigente para el año 2004, que establece la dación en

pago, en cuanto a la autorización para recibir un bien como dación

en pago en deudas tributarias no precisó los criterios con base en las

cuales las autoridades distritales debían determinar el valor el bien

ofrecido para el pago de las obligaciones; solamente señaló que se

requería un concepto previo favorable del comité, requisito que fue

cumplido a cabalidad, como se demostró anteriormente.

Aunado a lo anterior, se destaca que, en efecto, el a quo omitió

valorar el dictamen pericial, pues como fue indicado, ni siquiera hizo

mención alguna a esta prueba en la sentencia recurrida.

Por consiguiente, la Sala encuentra que no había lugar a endilgar

responsabilidad fiscal al actor, dado que no está probada la existencia

del daño patrimonial, el cual conforme al ordenamiento jurídico debe

arrojar certeza absoluta, lo que no ocurre en el caso sub examine.

Así entonces, al desvirtuarse la existencia del daño patrimonial en los

47 “[…] Artículo 364. Dación en pago. Cuando el Secretario de Hacienda lo considere conveniente
podrá autorizar mediante resolución la cancelación del impuesto, las sanciones y los intereses mediante
la dación en pago de bienes muebles o inmuebles que a su juicio, previa evaluación, satisfaga la
obligación.
Una vez se evalúe la procedencia de la dación, para autorizarla, deberá obtenerse de forma previa,
concepto favorable de un comité integrado además del Secretario de Hacienda, por los Secretarios de
servicios Administrativos y asuntos jurídicos […]”

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términos que fue calculado por la CONTRALORÍA, la Sala se releva

de efectuar el análisis sobre los demás elementos de la

responsabilidad fiscal que le fue endilgada al accionante48.

Corolario de lo anterior, la Sala revocará la sentencia apelada y, en

su lugar, declarará la nulidad del Auto de 16 de junio de 2006

acusado, pero únicamente en lo que concierne al actor de forma

directa, dado que la citada decisión administrativa primigenia

también tuvo por objeto decidir sobre la responsabilidad fiscal de

otros funcionarios.

Asimismo, se declarará la nulidad de los actos administrativos de

22 de septiembre y 8 de noviembre de 2006 demandados, a

través de los cuales, respectivamente, fueron resueltos los recursos

de reposición y apelación interpuestos (solamente) por el actor

contra la decisión primigenia referida.

Como restablecimiento del derecho debe entenderse que el actor

no está obligado al reconocimiento y pago de suma alguna al tesoro

público, en virtud del proceso de responsabilidad fiscal 026 de 2005

en el que fueron expedidos los actos administrativos anulados y, en

48 En igual sentido, mediante sentencia 30 de septiembre de 2021 (Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de
radicación 08001-23-31-000-2012-00219-01) se consideró:
“[…] En este contexto, no se probó el daño, como primer elemento sobre el cual se sustenta la
responsabilidad fiscal, de ahí que resulta innecesario el análisis de los demás elementos. […]”
(Destacado fuera de texto).

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consecuencia, se ordenará a la CONTRALORÍA que cese los

procesos de cobro coactivo que hayan sido iniciados en virtud de

estos en contra del aquí demandante, y, así mismo, excluya su

nombre del Boletín de Responsables Fiscales, lo cual deberá

cumplirse en los términos del artículo 176 del Código Contencioso

Administrativo.

Por otro lado, en relación con los perjuicios morales que reclama el

actor, la Sala advierte que este se limitó a reclamarlos de forma

genérica en las pretensiones de la demanda, sin explicar las

condiciones en que estos se produjeron y, mucho menos, sin aportar

las pruebas que demostraran la existencia de aquellos, por lo que se

hace imperioso negar dicha súplica.

En efecto, en la demanda, el actor solicitó el pago de indemnización

por perjuicios morales, sin aducir las razones específicas por las que

se causaron, como se observa a continuación:

“[…] OCTAVA: Que se condene a LA CONTRALORÍA
DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, al pago de
indemnización por perjuicios morales causados a mi
poderdante, Doctor ALBERTO BARBOSA SENIOR, según
las reglas de los artículos 178 y 179 del Código Contencioso
Administrativo. […]”

Además, no obran pruebas en el proceso demostrativas de la

ocurrencia de los perjuicios deprecados, dado que no se practicaron

ni se allegaron elementos probatorios con el propósito de acreditar

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la afectación emocional o un trastorno emocional significativo,

supuestamente afrontado por el actor, susceptible de ser reparado,

como consecuencia del fallo con responsabilidad proferido en su

contra, razón por la cual la Sala concluye que no hay mérito

probatorio para acceder a su reconocimiento.

Sobre este aspecto, cabe resaltar que en sentencia de 29 de abril de

201549, esta Sala señaló:

“Frente a la condena de estos perjuicios, la Sección Primera del
Consejo de Estado, ha precisado, entre otras, en sentencia de
19 de noviembre de 2009 (Expediente núm. 1998-90773-01,
Actores: Héctor Sánchez Pérez y Julia Cristina Cruz Gómez,
Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), lo
siguiente:

“En cuanto a la condena por perjuicios morales y el argumento de los
apelantes según el cual, aquéllos se infieren de la simple declaratoria
de nulidad de los Decretos 137 y 151 de 1998, la Sala reitera que el
perjuicio moral derivado de la pérdida de bienes o de imposición
de sanciones, debe demostrarse mediante cualquier medio de
prueba, ya que el juez sólo habrá de reconocerlos cuando exista
convicción y certeza de que quién los reclama, efectivamente
ha padecido un trastorno emocional significativo, susceptible
de ser reparado.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)

[…]

En este orden de ideas, la Sala concluye que el actor no
demostró los perjuicios reclamados, lo que conduce a denegar
la pretensión de restablecimiento del derecho, fundamentado en
la existencia de tales perjuicios […]”.

49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 29 de abril de 2015, CP María Elizabeth García González, expediente
número único de radicación: 25000-23-24-000-2005-01346-01.

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En el mismo sentido, la Sección Tercera de esta Corporación, en

sentencia de 18 de marzo de 200450, precisó que para reconocer

perjuicios morales se debe demostrar haber padecido realmente

un trastorno emocional significativo y que no basta con asignar

calificativos a los hechos; sino que es necesario demostrar, en el

proceso, su existencia, a través de cualquier medio de prueba.

Así, discurrió la Sección Tercera:

“[…] A propósito de los daños morales, la doctrina ha
considerado que éstos son “esos dolores, padecimientos,
etc., que pueden presentarse solamente como secuela de los
daños infligidos a la persona. Que no son entonces daños
propiamente dichos, y que por otra parte, constituyen un
sacrificio de intereses puramente morales, que justifican una
extensión del resarcimiento, esta vez con función
principalmente satisfactoria”51.

No obstante, la Sala ha adoptado un criterio más amplio,
para considerar que hay lugar a indemnizar todo
perjuicio moral, sin importar su origen, como el
derivado de la pérdida de bienes materiales o el
causado con el incumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato, siempre que, como sucede en
relación con cualquier clase de perjuicios, aquéllos
sean demostrados en el proceso52.

Así, aunque en una primera etapa, la Sala fue renuente a
reconocer indemnización de perjuicios de carácter moral,
derivados de la actividad contractual, por cuanto consideró
que “estos sólo se configuran cuando se presenta la violación
de alguno de los derechos de la personalidad del sujeto”53,
en etapas posteriores ha considerado que hay lugar a
reconocer la indemnización del daño moral derivado de
la imposición de una sanción contractual, cuando se
tenga la convicción y la certeza de que la víctima lo
padeció; certeza y convicción que debe suministrar

50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de
marzo de 2004., C.P. Ricardo Hoyos Duque, núm. único de radicación 01552-01 (14589).
51
RENATO SCOGNAMIGLIO. El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. trad. de
Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962. pág. 46.
52
Sentencia del 24 de septiembre de 1987, Exp. 4039.
53
Sentencia del 25 de julio de 1985, Exp. 2963.

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quien los reclama, con elementos de prueba que no
dejen duda de que debe accederse a una condena por
ese concepto54.
[…]
En el caso concreto, considera la Sala, que al margen de que
las conductas señaladas por el demandante y acreditadas en
el proceso sean o no constitutivas de falla del servicio, no
hay lugar a condenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares por los perjuicios morales y materiales
reclamados por el actor, porque ni éstos ni la relación
causal entre tales hechos y el daño aducido fueron
demostrados.
[….]

No se demostró que tales hechos le hubieran causado
un grave sufrimiento, susceptible de reparación, de la
naturaleza de aquel que se padece por la pérdida de
un ser querido o el agravio que se infiere al cuerpo o a
los sentimientos o a los derechos fundamentales de las
personas con una lesión o una injuria.

El demandante no acreditó haber padecido realmente
trastorno emocional significativo con tales hechos. Si
bien el sufrimiento moral se padece interiormente, son sus
manifestaciones externas las que permiten su afirmación.
Por lo tanto, no basta con asignar calificativos a los
hechos; es necesario demostrar su existencia, a través
de cualquier medio de prueba.
[…]

En consecuencia, no hay lugar a declarar la responsabilidad
del Estado en el caso concreto porque el demandante no
acreditó el elemento daño, condición ineludible para que se
ordene su reparación. […]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, en sentencia de 20 de febrero de 202055, la Sección

Tercera no reconoció la pretensión reparatoria frente a unos

perjuicios morales al considerar que los mismos no fueron probados,

por cuanto no obraba medio de acreditación respecto de

padecimiento psicológico alguno; y reiteró la jurisprudencia de esa

54
Sentencias del 13 de octubre de 1994, Exp. 9.206 y 28 de noviembre de 2002, exp. 14.040.
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
de 20 de febrero de 2020, C.P. María Adriana Marín, núm. único de radicación 54001-23-31-000-2009-
00071-01 (47623).

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Sección que señaló que en tratándose de perjuicios morales ese dolor

o tristeza debe tener envergadura suficiente como para justificar su

reparación y que, en todo caso, debe ser demostrado, pues no se

presume. Al respecto, señaló:

“[…] Finalmente, en punto de los perjuicios morales
pretendidos derivados de la falla en el servicio
constatada –permitir la declaratoria de la prescripción de la
acción sancionatoria-, la Sala concluye que los mismos
tampoco se encuentran probados, en razón a que no
obra testimonio ni ningún otro medio de acreditación56
que permita confirmar que la señora Rosa Julia
Hernández se sintió afligida o acongojada por las
resultas del proceso penal surtido en contra del
ciudadano Cornejo Jaimes.

Así mismo, la Subsección desestima el argumento planteado
por la recurrente consistente en el supuesto sufrimiento que
aquejó a la demandante producto del despojo “(…) de manera
fraudulenta del único bien inmueble que le quedaría en su
vida y que fuere dejado por su pariente q.e.p.d. señora María
Antonia Hernández García, psicológicamente la ha afectado
(…)”, por cuanto no es cierto que la casa objeto de disputa
fuera la única propiedad que le dejara su tía hoy fallecida.

Como pudo constatarse por medio del auto de 10 de agosto
de 2000, dictado en el marco del proceso de sucesión
intestada cuya causante fue la referida María Antonia
Hernández, el inventario de bienes que conformaba la masa
sucesoral fue aprobado con un activo constituido por un lote
avaluado para la época en $1.614.000. Por consiguiente, es
claro que la afirmación efectuada por la demandante no era
cierta lo cual, aunado a la falta de prueba respecto de
padecimiento psicológico alguno, impone la negativa
de la pretensión reparatoria objeto de estudio. […]”
(Destacado fuera de texto).

56
En este sentido de vieja data ha razonado la Sección Tercera de esta Corporación: “Es cierto que
dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los morales, entendiendo por estos
el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona a quien sufre el daño, pero también aquí
tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas
ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente como para justificarse su reparación
y que en todo caso debe ser demostrado, pues no se presume”. Consejo de Estado, Sección
Tercera, sentencia del 5 de octubre de 1989, exp. 5320.

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Número único de radicación: 13001 23 31 000 2007 00218 01
Actor: Alberto Rafael Barbosa Senior

Y en sentencia de ese mes y año57, la Sección Tercera también

denegó el reconocimiento de los perjuicios morales deprecados en la

demanda, al estimar que la parte demandante no honró la carga que

le asistía de aportar los medios de convicción requeridos para

demostrar la existencia y magnitud de esta clase de perjuicios.

57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
de 28 de febrero de 2020, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, núm. único de radicación número:
73001-23-31-000-2011-00454-01(48050). En esta oportunidad, dicha Sección adujo:

“[…] El daño moral subjetivo puede ser definido como la alteración negativa que el hecho dañoso
causa en las emociones (para generar, por ejemplo, miedo o ira), en los sentimientos (dando lugar,
entre otros, a enfado, odio, tristeza, congoja, indignación o impaciencia) y en los estados de ánimo de
una persona (como podría ser la desazón, o el estado de intranquilidad)57.

La Sección Tercera de esta Corporación sintetizó el concepto de “perjuicio moral” en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 (exp. 26251), como aquel que “se encuentra
compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja,
desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño
antijurídico, individual o colectivo”57.

4.2.1.2.- La parte accionante solicitó en la demanda que se condenara a la parte demandada al pago
de los perjuicios morales, discriminados de la siguiente manera: cincuenta (50) salarios mínimos legales
mensuales vigentes (SMLMV) a favor de Delio Méndez Bocanegra y de Luz Marina Tapiero Lozano; y
veinte (20) SMLMV a favor de cada uno de sus hijos57.

4.2.1.3.- Respecto de los parientes más cercanos a la víctima, esta Corporación, en atención
a las reglas de la experiencia, ha inferido el perjuicio moral cuando el actor pretenda la
indemnización de daños que provengan de la muerte de una persona o como consecuencia
de la causación de lesiones personales57. En este asunto, quien demanda tiene la carga de
acreditar la existencia de esta clase de perjuicio inmaterial, en razón a que los hechos no
encajan en las hipótesis que prestan supuesto a dicha presunción.
[…]
Visto lo anterior, la Sala encuentra que el dictamen pericial no brinda certeza suficiente para establecer
los elementos objetivos que den cuenta de la existencia y magnitud de los perjuicios morales
reclamados en la demanda, como lo exige la jurisprudencia.

4.2.1.9.- Los testimonios practicados en este proceso tampoco prestan mérito, para efectos del
reconocimiento de perjuicios inmateriales, en la medida que, como lo nota el Ministerio Público, los
declarantes únicamente mencionaron de manera escueta que los demandantes “sufrieron mucho” por
el embargo57.

4.2.1.10.- Por tanto, la Subsección confirmará la decisión de primera instancia de negar el
reconocimiento de los perjuicios morales deprecados en la demanda, ya que la parte
demandante no honró la carga que le asistía de aportar los medios de convicción requeridos
para demostrar la existencia y magnitud de esta clase de perjuicios. […]” (Destacado fuera de
texto).

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Posteriormente, en sentencia de 26 de julio de 202158, la misma

Sección señaló que los perjuicios morales deben ser suficientemente

probados para ser considerados, así:

“[…] De otra parte, los perjuicios morales no fueron
especificados en la demanda. Los accionantes
simplemente refirieron que la revocatoria del acto de
adjudicación les causó agravio en su reputación y aflicción.
Sin embargo, no señalaron, ni mucho menos probaron,
la forma en que su reputación se vio perjudicada ni la
aflicción que sufrieron. El perjuicio moral en el caso del
incumplimiento de una obligación patrimonial es
absolutamente excepcional y debe ser argumentado y
probado suficientemente para que pueda ser
considerado. […]” (Destacado fuera de texto).

Cabe señalar que la Sección Segunda también es del mismo

criterio. En efecto, en sentencia de 24 de julio de 2020 59 ,

puntualizó sobre la necesidad de que quien pretende el

reconocimiento de perjuicios morales, causados como consecuencia

de la expedición ilegal de un acto demandado, acredite la ocurrencia

de los mismos y que convenza plenamente al juez de la existencia

de un padecimiento causado con ocasión de la sanción, salvo en

aquellos casos que se presumen los perjuicios. Para ello, argumentó

que:

“[…] La parte actora en la demanda solicitó a título de
restablecimiento del derecho el reconocimiento y pago de
los perjuicios morales, equivalentes a la suma de

58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, C.P.
Martín Bermúdez Muñoz, núm. único de radicación 41001-23-33-000-2013-00217-02 (64237).
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 24 de julio de 2020, C.P. César Palomino Cortés, núm. único de radicación 11001-03-
25-000-2010-00050-00(0403-10).

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CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
($40.800.000), por el dolor, aflicción, estigma y la perdida
de las posibilidades económicas y desprestigio profesional,
causados como consecuencia de la expedición ilegal
del acto demandado.

Sobre este aspecto se ha pronunciado la Sección Segunda
del Consejo de Estado, al señalar: “La jurisprudencia de
esta corporación, ha señalado la necesidad de que
quien pretende el reconocimiento de esta clase de
perjuicios acredite la ocurrencia de los mismos, salvo
en aquellos casos en que se presumen. Se ha indicado
que para que proceda el reconocimiento de la indemnización
por concepto de perjuicios morales en los procesos
disciplinarios, es necesario convencer plenamente al
juez de la existencia de un padecimiento causado con
ocasión de la sanción y la publicidad que se hizo de la
misma, de tal manera que este, dentro de su discrecionalidad
judicial, determine la magnitud del dolor padecido y con
fundamento en él, la indemnización a reconocer.”60

Al no haberse probado su causación por la parte
accionante los perjuicios morales no se dispondrá
reconocimiento alguno. […]”.

Por último, es preciso advertir que no se condenará en costas a la

parte demandada, con fundamento en que no se evidenció

temeridad, ni mala fe en su actuación procesal, pues lo cierto es que

dicha condena solo procede cuando la parte vencida ha actuado de

manera temeraria o abusiva, en virtud de lo establecido en el artículo

171 del CCA, en concordancia con los artículos 392 y 393 del C de

PC, aplicables al caso por la remisión del artículo 168 del CCA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

60
Sentencia del 14 de septiembre de 2017, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Consejero ponente
William Hernández Gómez, radicado 11001-03-25-000-2011-00512-00 (2001-11).

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justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada y, en su lugar,

DECLARAR LA NULIDAD del artículo primero del acto

administrativo de 16 de junio de 2006, mediante el cual la

CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA decidió en primera

instancia el proceso de responsabilidad fiscal núm. 026 de 2005,

únicamente en lo que concierne al señor ALBERTO RAFAEL

BARBOSA SENIOR.

Asimismo, DECLARAR LA NULIDAD de los actos administrativos de

22 de septiembre y 8 de noviembre de 2006, a través de los cuales

fueron resueltos los recursos de reposición y apelación interpuestos

por el actor contra la decisión primigenia referida, conforme con lo

expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la

CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA que cese los

procesos de cobro coactivo que hayan sido iniciados contra el actor

en virtud de los actos administrativos anulados y excluya su nombre

del Boletín de Responsables Fiscales, lo cual deberá cumplirse en los

términos del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

TERCERO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

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Actor: Alberto Rafael Barbosa Senior

CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el

expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de septiembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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