Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-31-000-2007-00226-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Cesantias: sanción moratoria
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-31-000-2007-00226-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-31-000-2007-00226-01
Consejero ponente: César Palomino Cortés
28 de marzo de 2019
CESANTIAS - Sanción moratoria / SANCION MORATORIA - Un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías / INDEXACION DE LAS SUMAS PAGAS - Procedente. Pérdida del valor adquisitivo / PRESCRIPCION TRIENAL - No operó
Las pretensiones de la demanda están dirigidas a obtener el pago de la indexación de las sumas reconocidas en la Resolución 090 de 2006 y de la sanción moratoria presuntamente causada por el retardo de la ESE Hospital Universitario de Cartagena en Liquidación en la cancelación del reajuste de las cesantías, resultado del incremento salarial del año 2000, dispuesto con fundamento en la sentencia C-1433 de 2000 de la Corte Constitucional. La Sala destaca que lo discutido por la actora es el reconocimiento y pago de la sanción moratoria solicitada sobre el retardo en el pago del reajuste de sus cesantías, como resultado de lo dispuesto en la sentencia C-1433 de 2000 en lo concerniente al incremento salarial del año 2000, sin embargo, tal como se explicó anteriormente, este hecho no conlleva a que se cause la sanción moratoria regulada en la Ley 244 de 1995. Se establece que las sumas cuyo pago recibió la demandante el 14 de marzo de 2008, realmente se causaron desde el año 2000, tiempo durante el cual perdieron su valor adquisitivo, por lo tanto, sí procede ordenar la indexación; ajuste que se dispondrá no hasta el momento que se pagaron, sino hasta la ejecutoria de esta sentencia, pues el valor que reciba la demandante, como consecuencia de este pronunciamiento, también ha perdido su poder adquisitivo, debiéndose restablecer su valor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, como lo solicitó la demanda. Aunque el término de prescripción trienal empezó a correr desde el 1 de marzo de 2000, día siguiente al 29 de febrero de 2000 -fecha de terminación de la relación laboral-, se interrumpió por un término igual con la reclamación del 17 de septiembre de 2002 y se suspendió hasta el 19 de julio de 2006 (fecha de la Resolución 090); por consiguiente, al presentarse la demanda el 28 de marzo de 2007, no pasaron más de tres años.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCION "B"
Consejero ponente: CESAR PALOMINO CORTES
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 13001-23-31-000-2007-00226-01(3455-14)
Actor: BERTHA ACUÑA MARTINEZ
Demandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARTAGENA ESE EN LIQUIDACION
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - DECRETO 01 DE 1984. TEMA: SANCIÓN MORATORIA POR RETARDO EN PAGO DE REAJUSTE DE CESANTÍAS DEFINITIVAS. INDEXACIÓN DE DIFERENCIAS SALARIALES Y PRESTACIONALES.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 15 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1 Pretensiones
La señora Bertha Acuña Martínez, mediante apoderado, acudió a la jurisdicción en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio del 30 de noviembre de 2006, proferido por el Agente Liquidador de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Cartagena en Liquidación, que le negó el pago de la sanción moratoria de la Ley 244 de 1995 y la indexación monetaria.
A título de restablecimiento del derecho la parte demandante pidió que se condene a la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Cartagena en Liquidación, y al Departamento de Bolívar (en virtud del Convenio de Concurrencia 001 de 2005), a reconocer y pagar la sanción moratoria, desde la fecha de la terminación de la relación laboral, “como consecuencia de no efectuar la reliquidación de la cesantía definitiva y demás prestaciones laborales, en virtud de la sentencia C-1433 del 23 de octubre de 2000, proferida por la honorable Corte Constitucional, que declaró inexequible el artículo 2, Ley 257 de 2000, que ordenó el incremento salarial del 9.23% para los empleados públicos”.
Igualmente, solicitó que se ordene el pago de la indexación sobre los valores reconocidos en la Resolución 090 del 19 de julio de 2006, desde la fecha de retiro del servicio hasta que se cancelen.
Requirió que las entidades demandadas paguen las sumas adeudadas en los términos previstos en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, debidamente actualizadas con el índice de precios al consumidor.
Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes:
La señora Bertha Acuña Martínez laboró con el Hospital Universitario de Cartagena desde el 27 de agosto de 1979 hasta el 29 de febrero de 2000, en el cargo de auxiliar de enfermería.
Explicó que la entidad demandada no le reconoció el incremento salarial del 9.23% de los empleados públicos, ni reliquidó sus cesantías y demás prestaciones sociales, desconociendo lo dispuesto por la sentencia C-1433 de 2000 de la Corte Constitucional y la orden del Ministerio de Salud contenida en el oficio del 5 de agosto de 2001.
Manifestó que solicitó el reconocimiento y pago del incremento salarial, de las cesantías reliquidadas, de las indemnizaciones y las demás prestaciones, acorde con lo ordenado en el fallo antes referido.
Relató que luego de realizar múltiples reclamaciones, el Hospital, mediante Resolución 090 del 19 de julio de 2006, ordenó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, pero no reconoció la sanción moratoria y la indexación. Por ello, mediante escrito del 24 de julio de 2006, solicitó el pago de tales conceptos, pero el Hospital se negó a reconocerlos, mediante el oficio del 30 de noviembre de 2006.
Afirmó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento de Bolívar, el Distrito Turístico de Cartagena y el Hospital Universitario de Cartagena firmaron el Contrato de Concurrencia 001 de 2005.
1.2 Normas violadas y concepto de violación
En la demanda se citan como vulnerados los artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 38, 50, 300, 334 y 366 de la Constitución Política; 3, 6, 9, 43, 48, 77 y 82 del Código Contencioso Administrativo; la Ley 244 de 1995; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Políticos y Culturales.
En el concepto de la violación la parte accionante sostuvo que la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Cartagena en Liquidación en el acto administrativo demandado desconoce su derecho como trabajadora al pago oportuno de sus prestaciones sociales.
Adujo que el Hospital al negarse a pagar la sanción moratoria y la indexación incumple lo ordenado por la Ley 244 de 1995, que prevé un término de 15 días hábiles para que el empleador expida la resolución de reconocimiento de las cesantías y 45 días para cancelarlas.
Precisó que a la fecha de la presentación de la demanda aún no ha recibido el pago de las diferencias de las cesantías y otras prestaciones sociales, reconocidas en las Resoluciones 060 y 090 de 2006.
Aseveró que las sumas adeudadas por concepto de cesantías definitivas, primas, vacaciones e indemnizaciones deben indexarse, como quiera que la entidad accionada estaba obligada a pagarlas tiempo atrás, y por ello se ha visto afectada por la pérdida de su valor adquisitivo.
Precisó que las dificultades económicas de la entidad, y el proceso de liquidación forzosa al que fue sometida, no justifican el desconocimiento de sus derechos adquiridos.
3. Contestación de la demanda
3.1 El Departamento de Bolívar se opuso a las pretensiones de la demanda.
Adujo que no existió ningún vínculo laboral entre la demandante y dicha entidad territorial, puesto que la actora laboró con la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Cartagena, entidad descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.
Que en virtud de la obligación adquirida en el Acta de Compromiso del 3 de abril de 2006, el Departamento ordenó, mediante la Resolución 1741 de 2007, el pago de las obligaciones reconocidas por el liquidador en la Resolución 090 de 2006.
Señaló que el Convenio de Concurrencia 001 de 2005 y el Acta de Compromiso del 3 de abril de 2006 fueron acuerdos bilaterales, cuyo objeto fue culminar el proceso liquidatorio de la ESE Hospital Universitario de Cartagena, para crear una nueva entidad. Por estos motivos, el Departamento de Bolívar asumió el pago de las acreencias reconocidas insolutas.
Indicó que en el proceso de liquidación la demandante presentó una reclamación administrativa para obtener la reliquidación de su indemnización y de todas las prestaciones sociales, con base en el incremento salarial fijado para el año 2000, la cual fue respondida a través de las Resoluciones 090 y 096 del 27 de julio de 2006.
Expresó que es improcedente ordenar el pago de intereses de mora a cargo de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Cartagena, toda vez que “la liquidación ordenada por la Superintendencia Nacional [de Salud] genera una situación nueva y completamente irresistible para la entidad, configurando una fuerza mayor, razón por la cual, el Alto Tribunal no ha reconocido el pago de intereses moratorios con posterioridad a la orden de liquidación”.
Propuso las excepciones que denominó: falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción e inexistencia de la relación laboral.
3.2 La Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Cartagena en Liquidación se opuso a las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que la Corte Constitucional, en la sentencia C-1433 de 2000, declaró la inexequibilidad parcial del artículo 2 de la Ley 547 de 2000, por considerar que violaba la Carta Política al no decretar ningún aumento salarial para algunos trabajadores del Estado en el año 2000. Por lo tanto, en cumplimiento de esa orden, mediante la Resolución 090 del 19 de julio de 2006 reconoció a la demandante el incremento salarial para el año 2000. Posteriormente, la Gobernación de Bolívar, en la Resolución 1741 del 26 de diciembre de 2007, pagó a la demandante el valor reconocido por la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Cartagena en Liquidación.
Afirmó que el Decreto 2211 de 2004, que reguló el procedimiento de liquidación forzosa, no autorizó el pago de intereses de mora, sanción moratoria o indexación.
Narró que la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Cartagena fue sometida por la Superintendencia Nacional de Salud a un proceso de intervención administrativa y, luego, a la toma de posesión para su liquidación definitiva.
Explicó que se emplazó, mediante una publicación en los periódicos El Tiempo y El Universal, a todas las personas que se consideraran con derecho a formular reclamaciones contra la citada ESE, y que se pudo establecer que la demandante efectuó dicho trámite dentro de los plazos previstos para el efecto.
Anotó que el Liquidador dispuso el pago de los créditos laborales reconocidos a cargo de la masa de liquidación en la medida de las posibilidades económicas y siguiendo las reglas del Código Civil.
Advirtió que en los procesos liquidatorios forzosos solo es procedente el pago de la compensación por pérdida del poder adquisitivo, más no de la sanción moratoria.
Propuso la excepción de pago ya que la ESE, a través de la Resolución 090 de 2006, reconoció a la demandante el incremento salarial ordenado por la Corte Constitucional. Valor que fue pagado por el Departamento de Bolívar, según lo ordenado por la Resolución 1741 de 2007.
En el mismo sentido, expuso que las prestaciones sociales definitivas fueron recibidas por la actora el 26 de febrero de 2000, en el monto de $20.513.104, y por concepto de indemnización el valor de $25.731.857.
Adicionalmente, propuso las excepciones que denominó: compensación, falta de derecho para pedir, cobro de lo no debido, falta de legitimación en la causa por pasiva por la inexistencia jurídica de la ESE, prescripción e improcedencia del reconocimiento de intereses.
3.3 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones de la demanda.
Precisó que dicho Ministerio en la Resolución 3367 de 2004 reconoció al Hospital Universitario de Cartagena la calidad de beneficiario del pasivo prestacional del sector salud y estableció los porcentajes de concurrencia por concepto de cesantías.
Que el 7 de octubre de 2005 se celebró el Contrato de Concurrencia 001 entre la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento de Bolívar, el Distrito de Cartagena y el Hospital Universitario de Cartagena en Liquidación, en el que se establecieron los mecanismos de pago para la financiación del pasivo prestacional por concepto de cesantías causadas al 31 de diciembre de 1993 de los servidores y ex servidores del Hospital Universitario de Cartagena, reconocidos como beneficiarios mediante la Resolución 3367 del 22 de diciembre de 2004.
Advirtió que el Ministerio no está legitimado en la causa por pasiva, como quiera que no hace parte de la relación jurídica material de la demandante con la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Cartagena.
Igualmente, señaló que se configura la excepción de pago, porque al cumplir el compromiso adquirido en virtud del convenio de concurrencia giró a la ESE $6.687.052.0398, por concepto de pasivo de cesantías con corte a 31 de diciembre de 2009.
Destacó que, según lo afirmado en los hechos once y doce de la demanda, la ESE Hospital Universitario de Cartagena pagó las prestaciones sociales que le adeudaba a la demandante.
Advirtió que no es viable la aplicación de la sanción moratoria regulada en la Ley 244 de 1995, toda vez que el Hospital fue sometido a una liquidación forzosa, lo que justifica su retardo en el pago de las obligaciones.
Precisó que, como la relación legal y reglamentaria de la actora finalizó en el año 2000, y ella solicitó la reliquidación de sus prestaciones en el mes de septiembre del año 2002 y demandó en el año 2007, transcurrieron más de tres años desde la reclamación, en consecuencia, operó la prescripción de los derechos pretendidos.
4. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 15 de mayo de 2014: (i) declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; (ii) declaró probada la excepción de pago propuesta por la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Cartagena en Liquidación; y (iii) negó las demás pretensiones.
Consideró que el Departamento de Bolívar sí está legitimado en la causa por pasiva, ya que firmó el Acta de Compromiso del 3 de abril de 2006, donde consta que asumió el pago de algunas acreencias reconocidas en el proceso liquidatorio.
Explicó que en el acto demandado, oficio del 30 de noviembre de 2006 de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Cartagena en Liquidación, se anunció que, en desarrollo del Decreto 2418 de 1999 (derogado por el Decreto 2211 de 2014), el Agente Liquidador se había pronunciado sobre las reclamaciones laborales de la actora dentro del proceso liquidatorio, a través de las Resoluciones 53 y 057 de 2003.
Además, que, mediante la Resolución 36 del 30 de marzo de 2004, el Agente Liquidador resolvió los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones referidas en el párrafo anterior, indicando que la sanción moratoria de la Ley 244 de 1995 no se aplica en el proceso liquidatorio, ya que dentro de éste existen normas especiales que regulan el reconocimiento y pago de acreencias laborales.
Señaló que el Agente Liquidador de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Cartagena, a través de la Resolución 90 del 19 de julio de 2006, pagó el incremento salarial para el año 2000, teniendo en cuenta la sentencia C-1433 del 23 de octubre de 2000 de la Corte Constitucional, y dispuso la reliquidación de las prestaciones sociales definitivas. Aclaró que el citado pago solo fue efectivo al expedirse la Resolución 1741 de 2007, en la que el Departamento de Bolívar dispuso la cancelación de los créditos reconocidos dentro del proceso liquidatorio.
Indicó que en la Resolución 1741 de 2007 se ordenó el pago de los valores reconocidos en las Resoluciones 90 y 96 de 2006 con los recursos del Departamento de Bolívar, correspondiéndole a la demandante el monto de $2.783.701, como consta en el comprobante de egreso 01154 del 14 de marzo de 2008.
Advirtió que la actora solicitó, el 24 de julio de 2006, el pago de la sanción moratoria de la Ley 244 de 1995, porque presuntamente no se reliquidaron sus cesantías y demás prestaciones sociales, petición que fue negada en el Oficio del 30 de noviembre de 2006.
Sin embargo, el Tribunal estimó que no procedía la aplicación de la Ley 244 de 1995, porque el proceso liquidatorio se rige por la Ley 633 de 1993, modificada por el artículo 25 de la Ley 510 de 1990 y los artículos 26 y 42 del Decreto 211 de 2004. Que en ese orden, el Agente Liquidador de la ESE Hospital Universitario de Cartagena en liquidación convocó a una asamblea de acreedores con participación de representantes del Ministerio de la Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Gobernación del Departamento de Bolívar, los miembros de ANTOC y los ex trabajadores, donde “se pudo establecer que los votos favorables representaron más del 51% de las acreencias reconocidas”. Igualmente, se determinó el pasivo contingente y se establecieron las directrices para el procedimiento de eventuales pagos de sentencias condenatorias ejecutoriadas.
En consecuencia, el a quo consideró que “[…] no habiendo lugar a reconocer tal sanción, la excepción de pago propuesta por la ESE Hospital Universitario de Cartagena en liquidación, prospera toda vez que, dicha entidad reconoció a la actora la acreencia reconocida mediante la Resolución No. 090 de julio 19 de 2006, por concepto de incremento salarial ordenado por la H. Corte Constitucional, al igual que el pago recibido por ésta por concepto de liquidación de prestaciones sociales definitivas e indemnización”.
5. El recurso de apelación
La parte actora solicita que se revoque la sentencia de primera instancia. Advirtió que lo pedido en la demanda es (i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria causada por “el no pago oportuno del reajuste de la cesantía y demás prestaciones laborales ordenado por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-1433 del 23 de octubre de 2000” y, (ii) la indexación.
Resaltó que no está reclamando la liquidación de la cesantía ni el reajuste de las cesantías, ya que ambas fueron pagadas por la entidad demandada, aunque el reajuste se canceló extemporáneamente. Que, por ello, el a quo no debió declarar la prosperidad de la excepción de pago propuesta por la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Cartagena, porque lo solicitado no es la cancelación de la cesantías ni su reajuste, de ahí que, en su criterio, “la sentencia no es coherente con respecto a este punto (la asunción de la excepción de pago); ya que en la parte considerativa se exponen criterios jurídicos que no tienen correspondencia lógica con la parte resolutiva de la sentencia”.
Tampoco está de acuerdo con que se hubiera considerado que el proceso de liquidación forzosa de la entidad empleadora excluye la aplicación de la sanción moratoria, porque el Decreto 2211 de 2004 no establece dicha excepción; que, por el contrario, de la lectura de los artículos 30, 44 y 46 ídem se puede concluir la viabilidad de los pagos reclamados en la demanda. Que el artículo 30 ídem prevé la posibilidad de pagar la desvalorización monetaria a los titulares de los créditos atendidos por la liquidación, cuando queda un remanente.
En cuanto a la sanción moratoria señaló que, de conformidad con el artículo 46 del Decreto 2211 de 2004, es viable pagarla si existe una sentencia, por ello, la norma en cita prescribe que “el liquidador deberá constituir una reserva razonable con las sumas de dinero o bienes que proporcionalmente corresponderían respecto de obligaciones condicionales o litigiosas cuya reclamación se presentó oportunamente pero fueron rechazadas total o parcialmente”.
6. Alegatos de conclusión
Las partes no presentaron alegatos de conclusión.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del CCA.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si en los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte accionante procede revocar la sentencia de primera instancia que negó sus pretensiones, pues en su criterio no se debió declarar la excepción de pago, toda vez que en la demanda no pidió la cancelación de las cesantías o su reajuste. La recurrente también señaló que en los procesos de liquidación forzosa es viable el pago de la sanción moratoria derivada del retardo en el pago de las cesantías definitivas.
Con el fin de abordar el problema jurídico se tratarán los siguientes aspectos 2.1) Marco normativo y jurisprudencial; 2.2) Hechos probados; y 2.3) Solución al caso concreto.
2.1) Marco legal de la sanción moratoria causada por el retardo en el pago de las cesantías definitivas
Ley 244 del 29 de diciembre de 1995 “por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones” señalaba el procedimiento para la liquidación y pago de las cesantías definitivas de todos los servidores públicos, y en el parágrafo del artículo 2 regula la sanción moratoria causada por el incumplimiento del entidad pública empleadora consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el pago efectivo de las mismas, así:
“Parágrafo.- En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste”.
La referida Ley 244 de 1995 fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, indicando que su objeto es “reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación” (art. 1), igualmente estipuló el término para la expedición de la resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria, en los artículos 4 y 5 que indican:
“Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este”.
2.2) Pruebas relevantes recaudadas en el proceso
Reclamaciones administrativas
• Copia de la petición del apoderado de la demandante, del 17 de septiembre de 2002, ante el Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Cartagena, para que se liquidaran y reconocieran las diferencias salariales y prestacionales, con fundamento en el incremento salarial del año 2000, conforme lo dispuesto por la Corte Constitucional en el sentencia C-1433 del 23 de octubre de 2000, y el pago de la sanción moratoria de la Ley 244 de 1995 y la indexación de las sumas, causada por el incumplimiento en la cancelación de las cesantía definitivas.
• Copia de la petición de la actora del 5 de septiembre de 2003, presentada ante la ESE Hospital Universitario de Cartagena en Liquidación, donde solicita la reliquidación del salario y prestaciones sociales con el incremento salarial del 9.23% dispuesto en la sentencia C-1433 de 2000 de la Corte Constitucional.
• Copia de la reclamación administrativa del 24 de julio de 2006, radicada el 27 de julio de 2006, ante el Agente Liquidador de la ESE Hospital Universitario de Cartagena en Liquidación, en la que solicita que se pronuncie sobre el pago de la indexación de los valores reconocidos en la Resolución 090 del 19 de julio de 2006 y la sanción moratoria.
Del proceso de liquidación forzosa
• Copia del Acta de Reunión del 17 de marzo de 2006, donde el Agente Liquidador de la ESE Hospital Universitario de Cartagena expuso la propuesta de pago de acreencias laborales y otras.
• Copia de la Resolución 055 del 29 de marzo de 2006, del Agente Liquidador de la ESE Hospital Universitario de Cartagena en Liquidación, en la que declara la validez del Acta de Escrutinio de Votos de marzo 17 de 2006, y se aprobó la propuesta de pago.
• Copia de la Resolución 115 del 31 de julio de 2006, dictada por el referido Agente Liquidador, en la que determinó el pasivo contingente de la ESE y fijó las directrices para los pagos.
• Copia de las Resoluciones 135 y 136 del 15 y 16 de agosto de 2006, respectivamente, del Agente Liquidador de la ESE, donde se declara terminada la existencia legal de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Cartagena.
• Copia del Contrato de Concurrencia 001 de 2005, celebrado entre la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento de Bolívar, el Distrito Turístico de Cartagena y el Hospital Universitario de Cartagena, en Liquidación.
Reconocimiento de cesantías y prestaciones sociales
• Copia de la liquidación de prestaciones de la actora, como empleada de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Cartagena en liquidación, donde consta que se desempeñaba como auxiliar de enfermería, que su fecha de ingreso fue el 27 de agosto de 1979 y que el retiro se dio el 28 de febrero de 2000. En este documento se indicó que la demandante estaba cobijada por el régimen de retroactividad.
• Copia de la Resolución 090 del 19 de julio de 2006, expedida por el Agente Liquidador de la ESE, en la que ordenó el pago de un crédito a favor de varios ex trabajadores, entre ellos, la demandante. En este acto administrativo se señaló que, según los archivos del Hospital, la liquidación de prestaciones sociales definitivas de los trabajadores desvinculados en el año 2000 se realizaron con base en el salario del año 1999, ya que la ley de presupuestos y rentas de la vigencia del año 2000 solo previó el aumento salarial para los servidores públicos que devengaran menos de dos salarios mínimos.
Que teniendo en cuenta que la Corte Constitucional en la sentencia C-1433 del 23 de octubre de 2000 declaró la inexequibilidad del aparte del artículo 2 de la Ley 547 de 2000, por no decretar el aumento salarial para todos los trabajadores del Estado, dicha Resolución dispuso:
“Reconocer a los ex trabajadores representados por el abogado EVARISTO PAUTT, el incremento del 9.23% decretado por la Corte Constitucional en sentencia C-1433 de octubre 23 de 2000 y con fundamento en ello, disponer la reliquidación de las prestaciones sociales definitivas”.
• Copia de la Resolución 1741 del 26 de diciembre de 2007, expedida por el Gobernador del Departamento de Bolívar, por la cual se ordena el pago de los créditos reconocidos dentro del proceso liquidatorio de Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Cartagena, incluido el de la actora, en los siguientes términos:
“Que de acuerdo al acta de compromiso de fecha 3 de abril de 2006, el Departamento de Bolívar se comprometió a asumir las competencias para adelantar las gestiones pertinentes encaminadas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el ente territorial, de conformidad y con sujeción al acta de compromiso suscrita para viabilizar la culminación del proceso liquidatorio de la entidad hospitalaria.
(…)
Que revisada la documentación enviada se estableció que por medio de las resoluciones 090 de julio 19 de 2006 y 096 de julio 27 de 2006, fue adicionada la Resolución 053 de diciembre 16 de 2003, en virtud de la cual se habían reconocido los créditos de naturaleza laboral dentro del proceso liquidatorio de la entidad hospitalaria, fundamentándose el Agente Liquidador en lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencia C-1433 de octubre 23 de 2000.
(…)
ARTÍCULO PRIMERO: Dar cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones 090 de julio 19 de 2006 y 096 de julio 27 de 2006, expedidas por la E.S.E. Hospital Universitario de Cartagena en Liquidación, y en consecuencia, ordenar pagar la suma de $227.001.671.00. de acuerdo a la siguiente relación de acreedores beneficiarios:
NRO
NOMBRE
CÉDULA
VALOR A PAGAR
Ex empleados públicos
2
ACUÑA MARTÍNEZ BERTHA
45424104
2.783.701
(…)”.
• Copia del comprobante de pago a la actora del 14 de marzo de 2008, aportado por el Departamento de Bolívar, por el valor de $2.783.701.
Acto administrativo demandado
• Copia del Oficio del 30 de noviembre de 2006, firmado por el Asesor Jurídico de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Cartagena en liquidación, que negó a la actora el pago de la sanción moratoria y de la indexación.
2.3) Solución al caso concreto
En la demanda se solicita la nulidad del Oficio del 30 de noviembre de 2006, firmado por el Asesor Jurídico del Hospital Universitario de Cartagena en Liquidación, que negó la petición de la actora del 24 de julio de 2006 del pago de la sanción moratoria y de la indexación de los valores reconocidos en la Resolución 090 del 19 de julio de 2006.
El Tribunal Administrativo de Bolívar declaró probada la excepción de pago y negó las pretensiones de la demanda.
La parte actora pide que se revoque la sentencia de primera instancia, porque sí tiene derecho al pago de la sanción moratoria, como quiera que en la demanda no se reclamó el reajuste de las cesantías definitivas, sino la sanción moratoria por el retardo en la cancelación de dicho reajuste y la indexación de las sumas reconocidas en la Resolución 090 del 19 de julio de 2006. A su juicio, las normas que regulan el proceso de liquidación forzosa de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Cartagena en Liquidación no impiden que se cause el pago de la sanción moratoria por el incumplimiento en el pago de las cesantías definitivas.
Pues bien, la Sala observa que la Corte Constitucional en la sentencia C-1433 de 2000 dispuso que el Presidente de la República y el Congreso de la República, dentro de la órbita de sus competencias, debían cumplir con su deber de establecer el aumento salarial del año 2000 para todos los servidores públicos.
De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, la Sala advierte que el 17 de septiembre de 2002, el 5 de septiembre de 2003 y el 27 de julio de 2006 la actora solicitó el pago de las diferencias salariales y prestacionales con fundamento en la sentencia C-1433 de 2000, y de la sanción moratoria de la Ley 244 de 1995.
También se acreditó que, mediante la Resolución 090 del 19 de julio de 2006, el Agente Liquidador de la ESE Hospital Universitario de Cartagena en Liquidación reconoció a la actora el incremento salarial de 9.23% para el año 2000 y la reliquidación de todas las prestaciones sociales. Sin embargo, solo con la expedición de la Resolución 1741 del 26 de diciembre de 2007, del Departamento de Bolívar (quien en virtud del acta de compromiso de 2006 asumió el pago de las acreencias laborales del Hospital) se realizó el pago de $2.783.701, por dichos conceptos.
Igualmente, en el expediente consta que la actora laboró en el cargo de Auxiliar de Enfermería, en la ESE Hospital Universitario de Cartagena, del 27 de agosto de 1979 hasta el 29 de febrero de 2000.
Según lo anterior, se observa que antes de expedirse la Resolución 090 de 2006, la actora ya había solicitado en el año 2002 y 2003 el pago de la sanción moratoria y de la indexación de las sumas adeudadas por el incremento salarial. Posteriormente, el Gobernador del Departamento de Bolívar, mediante Resolución 1741 del 26 de diciembre de 2007, ordenó el pago a la actora del monto adeudado por el incremento salarial y prestacional, y reconocido en las Resoluciones 90 y 96 de 2006, suma que fue recibida por ella el 14 de marzo de 2008. En este acto administrativo se indicó que no procedían recursos por tratarse de un acto de ejecución.
Ahora bien, la Sala advierte que la referida Resolución 090 de 2006, pese a que ordenó el pago del reajuste salarial y prestacional, no se pronunció sobre la indexación y la sanción moratoria de la Ley 244 de 1995, reclamadas por la actora; lo que llevo a que ésta nuevamente las solicitara mediante escrito radicado el 27 de julio de 2006; petición que fue negada en el Oficio del 30 de noviembre de 2006, acto administrativo demandado en el presente proceso.
En el mencionado oficio la ESE Hospital Universitario de Cartagena en Liquidación negó la sanción moratoria, al considerar que no existe mala fe en el pago de las acreencias cuando la entidad empleadora está intervenida administrativamente, de modo que no se justifica el pago de la penalización. Sostuvo que la sanción y la indexación tienen fines indemnizatorios, por lo que no es procedente el pago simultáneo por los dos conceptos, y agregó que “la indemnización moratoria y reconocimiento de intereses de la Ley 244 de 1995 y el Decreto 1572 de 1998 (sic), y demás normas laborales, no se aplicarán al proceso liquidatorio, al existir norma especial que regula la oportunidad de reconocimiento y pago de acreencias laborales dentro de dicho proceso”.
Ahora bien, en respuesta a los argumentos del recurso de apelación presentado por la actora, la Sala considera que, en efecto, las pretensiones de la demanda están dirigidas a obtener el pago de la indexación de las sumas reconocidas en la Resolución 090 de 2006 y de la sanción moratoria presuntamente causada por el retardo de la ESE Hospital Universitario de Cartagena en Liquidación en la cancelación del reajuste de las cesantías, resultado del incremento salarial del año 2000, dispuesto con fundamento en la sentencia C-1433 de 2000 de la Corte Constitucional.
Sin embargo, el Tribunal declaró la excepción de pago, como si lo reclamado en el proceso fuesen el incremento salarial y las diferencias que resultaron de la reliquidación de las prestaciones sociales de la demandante. Por lo que se concluye que el Tribunal se pronunció sobre aspectos que no eran materia de litigio. Por consiguiente, procede pronunciarse de fondo sobre el pago de la indexación y la sanción moratoria reclamada por la parte demandante.
De la sanción moratoria
En lo que concierne a la sanción moratoria de la Ley 244 de 1995, el legislador no previó, dentro de los supuestos de hecho que la generan, la falta de pago de las diferencias de las cesantías ocasionada por un incremento salarial; y cuando se trata de derecho sancionatorio impera la aplicación del principio de taxatividad y legalidad, de modo que no cabe la interpretación extensiva a supuestos no establecidos en la norma. Criterio jurisprudencial que se reiteró en la sentencia de esta Subsección del 26 de julio de 2018.
En el mismo sentido, en sentencia del 9 de abril de 2014, se consideró que la sanción moratoria por el pago extemporáneo de cesantías prevista en los artículos 1º y 2º de la Ley 244 de 1995 “no consagra la obligación de pagar sanción moratoria por el pago inoportuno de una diferencia de cesantías o de reliquidación de las mismas, sino por el pago inoportuno de las cesantías, bien sea parciales o definitivas”. En dicho proceso se estudió igualmente si el incremento salarial del año 2000, dispuesto en la sentencia C-1433 de 2000, al generar el reajuste de la cesantía, daba lugar al pago de la sanción moratoria, precisando que el pago posterior de dicha diferencia no constituye un hecho que obligue a la imposición de la sanción, así:
“En el caso analizado, la entidad demandada sí reconoció oportunamente las prestaciones y cesantías definitivas del demandante al momento de su desvinculación; sin embargo, con ocasión de la expedición de la sentencia C- 1433 de 2000 y del Decreto 2720 de diciembre 27 de 2000, se causó una diferencia en la liquidación de las mismas, pero el pago inoportuno de esa diferencia no puede considerarse mora en la consignación de tal prestación, que tenga la magnitud de generar la sanción a que alude la norma trascrita” .
Así las cosas, la Sala destaca que lo discutido por la actora es el reconocimiento y pago de la sanción moratoria solicitada sobre el retardo en el pago del reajuste de sus cesantías, como resultado de lo dispuesto en la sentencia C-1433 de 2000 en lo concerniente al incremento salarial del año 2000, sin embargo, tal como se explicó anteriormente, este hecho no conlleva a que se cause la sanción moratoria regulada en la Ley 244 de 1995.
En este orden de ideas, por sustracción de materia, es innecesario abordar si el proceso de liquidación forzosa de la Empresa Social del Estado es un hecho que impide la causación de la sanción moratoria por el retardo en la cancelación de las cesantías parciales o definitivas.
De la indexación
La parte actora solicitó en la demanda el pago de la indexación sobre los valores de las prestaciones reconocidas en la Resolución 090 del 19 de julio de 2006 y, en el recurso de apelación insistió en que no se debió declarar la excepción de pago frente a esta pretensión.
Al respecto, se advierte que la indexación es un mecanismo para compensar el fenómeno inflacionario, pues impide que valores monetarios pierdan su capacidad adquisitiva por el transcurrir del tiempo y, constituye un instrumento de protección para las obligaciones laborales, puesto que el salario y las prestaciones son la base de la subsistencia del empleado.
Esta Corporación en la sentencia del 9 de abril de 2014, en un caso de similares condiciones fácticas, dispuso la indexación de las sumas pagadas a la parte demandante, al considerar que, en aplicación de los criterios de equidad y justicia, se debe ordenar la actualización de los valores pagados a la demandante por el incremento salarial y reajuste de sus prestaciones definitivas, así:
“La actualización o indexación se utiliza con el objeto de traer a valor presente las sumas que, por el transcurso del tiempo, han perdido el poder adquisitivo, ello en aplicación de los principios de equidad y justicia y, en el caso analizado, el derecho a reliquidar las prestaciones del demandante se causó en virtud de lo dispuesto en sentencia C- 1433 de 2000 de la Corte Constitucional y la expedición del Decreto 2720 de diciembre 27 de 2000, por parte del Gobierno Nacional, pero como la reliquidación solo se reconoció hasta el año 2006, mediante la Resolución No. 090 de julio 19, la suma debida por ese concepto perdió su poder adquisitivo y ello amerita ordenar su indexación” .
En efecto, en la parte motiva de la Resolución 090 de 2006, expedida por el Agente Liquidador de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Cartagena en Liquidación, se indicó que, según los archivos del Hospital, la liquidación de prestaciones sociales definitivas de los trabajadores desvinculados en el año 2000 se realizó con base en el salario del año 1999, ya que la ley de presupuestos y rentas de la vigencia del año 2000 solo previó el aumento salarial para los servidores públicos que devengaran menos de dos salarios mínimos.
En consecuencia, en el artículo segundo de dicha Resolución se dispuso que “de conformidad con lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencia C-1433 de octubre 23 de 2000, se reconoce a los ex trabajadores que se relacionan a continuación, un incremento salarial del 9.23% para la vigencia del año 2000” e igualmente se ordenó la reliquidación de las prestaciones definitivas de los ex empleados públicos.
Posteriormente, el Departamento de Bolívar asumió el pago de las acreencias laborales de la ESE Hospital Universitario de Cartagena, como se observa en la Resolución 1741 del 26 de diciembre de 2007, y ordenó que se cancelara a la actora $2.783.701, suma que fue efectivamente entregada el 14 de marzo de 2008, según lo indica el comprobante de pago aportado al proceso.
Así pues, en virtud de los hechos probados, se concluye que el pago de $2.783.701 del 14 de marzo de 2008 corresponde al incremento salarial del año 2000 de la actora y a la diferencia de sus prestaciones sociales definitivas, toda vez que su retiro del servicio fue el 29 de febrero de 2000, y para ese momento el salario de este año no se había incrementado, por lo que las prestaciones se calcularon con la asignación del año 1999.
En este orden de ideas, se establece que las sumas cuyo pago recibió la demandante el 14 de marzo de 2008, realmente se causaron desde el año 2000, tiempo durante el cual perdieron su valor adquisitivo, por lo tanto, sí procede ordenar la indexación; ajuste que se dispondrá no hasta el momento que se pagaron, sino hasta la ejecutoria de esta sentencia, pues el valor que reciba la demandante, como consecuencia de este pronunciamiento, también ha perdido su poder adquisitivo, debiéndose restablecer su valor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, como lo solicitó la demanda.
Por otro lado, se precisa que no operó la prescripción del derecho al pago de la indexación de las diferencias salariales, ya que si bien las reclamaciones administrativas para que fueran canceladas se presentaron el 17 de septiembre de 2002 y el 5 de septiembre de 2003 ante la ESE Hospital Universitario de Cartagena y la demanda se interpuso el 28 de marzo de 2007. Lo cierto es que la entidad accionada guardó silencio y fue solo hasta la Resolución 090 del 19 de julio de 2006 que se dispuso el pago del reajuste salarial y prestacional de la demandante.
Lo anterior, dado que ante el silencio de la entidad, la administrada podía optar por esperar respuesta formal y expresa de la administración, quedando suspendido el término de prescripción, tal como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-792 de 2006, al declarar exequible de forma condicionada el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. En efecto, dijo la Corte:
“La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que si bien el silencio administrativo negativo constituye una garantía para el administrado, al permitirle dar por agotada la vía gubernativa y acudir directamente a la administración de justicia, esa figura no puede asimilarse a la respuesta a la que la Administración está obligada conforme a lo dispuesto en el artículo 23 Superior.
(…)
En la medida en que la reclamación que el administrado presenta a la Administración como presupuesto para agotar la vía gubernativa, no obstante su especial regulación legal, es una expresión del derecho de petición, la figura del silencio administrativo negativo, si bien habilita al administrado para dar por agotada la vía gubernativa y acudir directamente a la jurisdicción, no significa que la Administración pueda sustraerse de su obligación de dar una respuesta a la solicitud que le ha sido presentada. Esto significa que en los eventos de silencio administrativo negativo, el administrado puede optar por acudir a la jurisdicción o por esperar una respuesta efectiva de la Administración, sin que esta última opción, que es un desarrollo del derecho de petición, pueda acarrearle consecuencias adversas, como sería la de que a partir del momento previsto para la operancia del silencio administrativo se contabilice el término de prescripción o de caducidad de la respectiva acción.
(…) Por ello habrá de producirse un fallo de efectos modulados, para disponer que la expresión “o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta” contenida en el artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, tal como fue modificado por la Ley 712 de 2001, es exequible siempre y cuando se entienda que el agotamiento de la vía gubernativa por virtud del silencio administrativo negativo allí previsto, es potestativo del administrado en cuyo beneficio se ha establecido tal figura, pero que si éste opta por esperar una respuesta formal y expresa de la Administración, la suspensión del término de prescripción de la respectiva acción se extenderá por el tiempo que tome ésta en responder”.
Si bien el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social se aplica a la jurisdicción ordinaria laboral, se destaca que se refiere a las reclamaciones del servidor público contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública.
Igualmente, se advierte que la interpretación de la Corte Constitucional contenida en la sentencia C-792 de 2006, entiende que la reclamación administrativa se enmarca en el ejercicio del derecho fundamental de petición y que el silencio de la entidad no puede acarrearle al administrado la prescripción del derecho reclamado; aspectos que para la Sala tienen plena aplicación en la hermenéutica de las normas contencioso administrativas.
En este orden de ideas, para la Sala en materia contenciosa administrativa el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968 (reglamentado por el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969), que regula la prescripción de los derechos laborales para los empleados públicos, debe leerse en consonancia con lo dispuesto por los incisos 2 del artículo 40 y 3 artículo 60 del Código Contencioso Administrativo que señalan, respectivamente “La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades ni las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos de la vía gubernativa con fundamento en él, contra el acto presunto” y “La ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1o., no exime a la autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver mientras no se haya acudido ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo”.
Por consiguiente, ante el silencio de la administración frente a la solicitud de la accionante para obtener el pago de la indexación, era optativo si demandaba el acto ficto negativo o si esperaba la respuesta a su reclamación, suspendiéndose con ello el término extintivo. Interpretación que en criterio de esta Corporación expresa la garantía del principio de favorabilidad regulado en el artículo 53 de la Carta Política, según el cual, se debe preferir la situación más favorable al trabajador en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho.
Por lo tanto, aunque el término de prescripción trienal empezó a correr desde el 1 de marzo de 2000, día siguiente al 29 de febrero de 2000 -fecha de terminación de la relación laboral-, se interrumpió por un término igual con la reclamación del 17 de septiembre de 2002 y se suspendió hasta el 19 de julio de 2006 (fecha de la Resolución 090); por consiguiente, al presentarse la demanda el 28 de marzo de 2007, no pasaron más de tres años.
Como corolario de lo expuesto, se dispondrá que el Departamento de Bolívar y la ESE Hospital Universitario de Cartagena, o quien haya asumido el pago del pasivo laboral, reconozca y pague la indexación de las sumas consignadas a la demandante, de conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones Nº 090 de 2006 y 1741 de 2007, utilizando para ello la fórmula que se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
III. DECISIÓN
Por consiguiente, la Sala confirmará con reformas la sentencia del 15 de mayo de 2014 del Tribunal Administrativo de Bolívar, para declarar la nulidad parcial del Oficio del 30 de noviembre de 2006 de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Cartagena; y ordenar al Departamento de Bolívar reconocer y pagar a la demandante la indexación de las sumas reconocidas en la Resolución 090 de 2006 y cuyo pago se ejecutó en la Resolución 1741 de 2007.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO.- CONFIRMAR con reformas la sentencia de primera instancia, proferida el 15 de mayo de 2014, por el Tribunal Administrativo de Bolívar de la siguiente manera:
El numeral segundo de la sentencia quedará así:
SEGUNDO.- DECLARAR la nulidad parcial del Oficio expedido el 30 de noviembre del 2006 por la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Cartagena en Liquidación, en cuanto negó el pago de la indexación. Y, ORDENAR al Departamento de Bolívar y a la ESE Hospital Universitario de Cartagena en liquidación reconocer y pagar a la demandante la indexación de las sumas reconocidas mediante Resolución Nº 090 de julio 19 de 2006 y la Resolución Nº 1741 de 2007, desde la fecha de retiro del servicio hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Para tal efecto se deberá utilizar la siguiente fórmula:
R = Rh índice final
Índice inicial
En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por el demandante desde la fecha en que tuvo derecho al reconocimiento de la diferencia de las prestaciones definitivas, cesantías e indemnización, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial vigente para la fecha en que debió hacerse el pago.
SEGUNDO.- CUMPLIR la sentencia en los términos previstos en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.
TERCERO.- DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
La presente decisión fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.
Folios 56 a 67 y 196 a 207
Folios 102-116 y 193-195
Folios 184-189
Folios 285 a 306
Folios 308-310
Folios 52-56
Folios 18-20
Folios 16-17
Folios 68-72
Folios 73-79
Folios 80-101
Folios 131-136
Folios 170-174
Folios 14-15
Folios 117-130
Folio 240
Folios 7-12
M.P. Antonio Barrera Carbonell
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia del 5 de abril de 2018, proceso con radicado 08001-23-33-000-2014-00335-01 (4881-15).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. César Palomino Cortés, sentencia del 26 de julio de 2018, proceso con radicado 08001-23-33-000-2014-00344-01
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sección A, sentencia del 9 de abril de 2014, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, proceso con radicado 13001-23-31-000-2007-00225-01(1483-13)
Folios 14 a 16.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sección A, sentencia del 9 de abril de 2014, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, proceso con radicado 13001-23-31-000-2007-00225-01(1483-13)
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sección A, sentencia del 9 de abril de 2014, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, proceso con radicado 13001-23-31-000-2007-00225-01(1483-13)
La Resolución 090 de 2006 adiciona la Resolución Nº 053 de diciembre 16 de 2003, ordenando el reconocimiento y pago de crédito a favor de varios ex trabajadores (…)”.
Folio 6
“ARTICULO 6o. RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible. Artículo modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0712_2001.html" \l "4" 4o. de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta.
Mientras esté pendiente el agotamiento de la reclamación administrativa se suspende el término de prescripción de la respectiva acción.
Cuando la ley exija la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad, ésta reemplazará la reclamación administrativa de que trata el presente artículo”.
M.P. Rodrigo Escobar Gil
“ARTÍCULO 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual”.
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