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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2007-00503-01

Fecha
21 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2007-00503-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMASE la sentencia proferida el ocho (8) de junio de dos mil quince (2015) por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Una vez en firme esta providencia, DEVOLVER al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-31-000-2007-00503-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

21 de noviembre de 2022

Expediente: 13001-23-31-000-2007-00503-01 (55386)
Demandantes: Unión Temporal Comfamiliares en Salud

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 13001-23-31-000-2007-00503-01 (55386)
Demandante: Unión Temporal Comfamiliares en Salud
Demandados: Municipio de Magangué
Referencia: Controversias Contractuales

Tema: Caducidad de la acción de controversias contractuales (CCA).
Subtema 1: Contratos de administración de recursos del régimen subsidiado en salud o de
aseguramiento. Subtema 2: Adecuación de la acción en el Código Contencioso Administrativo,

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de
la sentencia proferida el ocho (8) de junio de dos mil quince (2015) por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, que declaró la caducidad de la acción y denegó las
pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

En virtud de un contrato de administración de recursos del régimen subsidiado en
salud celebrado entre las partes de este proceso, el municipio de Magangué expidió
resoluciones que declararon el incumplimiento contractual e impusieron multas a la
unión temporal contratista. Esta última, inconforme con estas decisiones, impugnó
su legalidad a través de la acción de simple nulidad.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

2.1.1. En ejercicio de la acción de simple nulidad, incoada el ocho (8) de agosto
de dos mil siete (2007), la Caja de Compensación Familiar de Cartagena
(COMFAMILIAR), como parte de la Unión Temporal Comfamiliares en Salud (en
adelante, la Unión Temporal), demandó al municipio de Magangué (Bolívar) con
la pretensión de que se deplare la nulidad de las resoluciones 0166 y 0167 del 29
de marzo de 2004, así como de la resolución 529 del 3 de junio de 2004, con las
que el municipio declaró e. incumplimiento del contrato para la administración de
recursos del régimen subsidiado núm. 0054 del 1 de abril de 2003 y le impuso multas
a la Unión Temporal'.

2.1.2. La demandante sostiene que la controversia no versa sobre un conflicto
contractual, sino que pretende impugnar la juridicidad en abstracto de los actos
demandados, por considerarlos contrarios a la Constitución Política de Colombia y
a la ley.

2.1.3. La demandante asegura, en el marco de su exposición del concepto de
violación de las normas jurídicas que señaló como violadas, que los actos

1 F. 1-11, c. 1.

Expediente: 13001-23-31-000-2007-00503-01 (55386)
Demandantes: Unión Temporal Cornfamiliares en Salud

impugnados fueron proferidos sin competencia constitucional, legal o contractual
para ello, en la medida que las decisiones en ellos adoptadas le estaban reservadas
al juez del contrato.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

2.2.1. El veintiuno (21) de agosto de dos mil siete (2007), el Tribunal admitió la
demanda y dispuso su traslado a la entidad demandada2.

2.2.2. Una vez notificado el auto admisorio3, el Municipio no emitió pronunciamiento
alguno.

2.2.3. Posteriormente, el Tribunal abrió la etapa para presentar alegatos de
conclusión. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio4.

2.3. La sentencia recurrida

Mediante sentencias del 8 de mayo de 2015, el Tribunal declaró caducada la acción
en el asunto y denegó las pretensiones de la demanda.

2.3.1. El fundamento de la decisión mayoritaria estribó en que la acción incoada no
era de simple nulidad sino de controversias contractuales, en vista de que los actos
acusados fueron expedidos en el marco de un contrato estatal. Hecha esa
corrección, el a quo indicó que la decisión de la entidad sobre los recursos de
reposición interpuestos, que se produjo con la Resolución 529 del 3 de junio de
2004, fue notificada el 7 de julio de 2004. A partir del día siguiente a esta fecha,
encontró que el término de caducidad venció el 8 de julio de 2006, fecha anterior al
de la presentación de la demanda, produciéndose así la caducidad de la acción.

2.3.2. La decisión contó con un salvamento de voto. Según la posición disidente, no
está demostrado que el demandante contara con legitimación activa para promover
el proceso. En ese sentido, estima que debió declararse:

"[...] probada la ineptitud sustantiva de la demanda, comoquiera que los actos
administrativos demandados no se ubican en la categoría de actos generales
o abstractos, sino que por el contrario se muestran como actos
administrativos definitivos, particulares y concretos en cuanto definieron de
manera específica e individual la situación jurídica particular de la contratista
I. .1.

En ese orden de ideas, los actos demandados sdlo podían ser controvertidos
por los particulares afectados con los mismos, no por cualquier ciudadano,
como se ha pretendido en este asunto [.1".

2.4. El recurso de apelación

El treinta (30) de junio de dos mil quince (2015), el extremo demandante formuló
recurso de apelacións contra la decisión de primera instancia. La parte actora insiste
en que la acción de simple nulidad que incoó, era la pertinente para dar cauce a sus
pretensiones. A su juicio, no procedía para el efecto el ejercicio de la acción

2 F. 112, c. 1.
F. 128, reverso c. 1
4 F. 136, C.1.
5 F. 193-199, c. ppal.
6 F. 201-207, C. ppal.

2

Expediente: 13001-23-31-000-2007-00503-01 (55386)
Demandantes: Unión Temporal Cornfamiliares en Salud

contractual, porque el Municipio se arrogó competencias que no le correspondían,
respecto de un contrato del que no fue parte. Asegura entonces que el Municipio:

"[...] estaba apropiándose de atribuciones que no tenía al interior la [sic]
Constitución, la Ley, por cuanto el contrato suscrito no era con el ente
territorial sino con ESE HOSPITAL SAN PABLO de MAGANGUÉ [...]".

Agregó que, en consecuencia, esta vía procesal no "puede regirse por los
estamentos temporales que informan la acción contractual, sino el de simple
nulidad, pues el transcurso del tiempo no sanea los actos arbitrarios e ilegales que
se ocasionen en ejercicio de una función pública así si [sic] fuese dentro de un
contrato [...]".

2.5. Trámite relevante de segunda instancia

2.5.1. Mediante auto del siete (7) de octubre de dos mil quince (2015), esta
Corporación admitió el recurso de apelación7.

2.5.2. Posteriormente, la misma instancia abrió la etapa para alegar de conclusión
en segundo grados. En esta ocasión, únicamente la parte actora formuló sus
argumentos de cierres. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron
silencio.

III. PROBLEMAS JURÍDICOS

En vista de lo anteriormente expuesto, la Sala resolverá estos interrogantes:

3.1. ¿La jurisdicción contencioso-administrativa es competente para decidir
sobre la validez de actos que declararon el incumplimiento contractual e
impusieron multas en un contrato de administración de recursos del régimen
subsidiado en salud?

3.2. ¿Cuál es la acción procedente para enjuiciar las resoluciones con las
que el municipio contratante, en un negocio jurídico para la administración de
recursos del régimen subsidiado de seguridad social, declaró el
incumplimiento contractual e impuso multas a la unión temporal contratista?

3.3. ¿Operó la caducidad en el sub judice, contada desde el momento en el
que la demandada tuvo conocimiento la resolución con la que fue resuelto el
recurso de reposición contra las resoluciones en las que se había declarado
el incumplimiento del contrato y fueron impuestas multas contractuales?

En función del sentido de la respuesta a los anteriores problemas, la Sala se
ocupará, eventualmente, del estudio de la legalidad de las decisiones impugnadas,
en los términos propuestos por la demanda.

7 F. 214, C. ppal.
8 F. 216, C. ppal.
9 F. 218-220, c. ppal.

3

Expediente: 13001-23-31-000-2007-00503-01 (55386)
Demandantes: Unión Temporal Cornfamiliares en Salud

IV. HECHOS PROBADOS, RELEVANTES PARA LA SOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS PLANTEADOS:"

4.1. La Unión Temporal fue autorizada para la administración de recursos del
régimen subsidiado de salud, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución" 0592
del 27 de marzo de 2001, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.

4.2. El primero (1°) de abril de dos mil tres (2003), el Municipio y la Unión
Temporal suscribieron el contrato12 para la administración de recursos del
régimen subsidiado de seguridad social en salud núm. 0054 (rad.
1343OUT0020054), el cual tenía como objeto:

"[...] la administración de los recursos del régimen subsidiado en salud y el
aseguramiento de los beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social
en Salud al Régimen Subsidiado, identificados mediante listado anexo y que
libremente hayan seleccionado a esta ARS, con el fin de garantizar a los
mismos, la prestación de los servicios de salud contemplados en el Plan
Obligatorio de Salud Subsidiado vigente al momento de la prestación de
servicios y de conformidad con la Ley 100 de 1993, sus Decretos
Reglamentarios, los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud, las determinaciones que adopte el Ministerio de la Protección Social y
la Superintendencia Nacional de Salud y demás normas que lo adicionen,
modifiquen o complementen".

El precio inicial del contrato fue de $794.079.667,201131 y se estipuló que el plazo de
ejecución se extendía desde el 1° de abril de 2003 hasta el 30 de septiembre del
mismo año. Adicionalmente, según la cláusula vigésima cuarta, la liquidación del
contrato se realizaría de acuerdo con establecido en la Ley 80 de 1993 y el artículo
50 del Decreto 050 de 2003.

4.3. El Municipio profirió las siguientes decisiones:

4.3.1. Resolución" núm. 0166 del 29 de marzo de 2004, mediante la cual
—aludiendo a las "facultades legales" conferidas por "la Ley 80 de 1993, Ley
100 de /993, Ley 715 de 2001, Decreto 1280 de,2002, y demás normas que
reglamentan la Contratación Estatal para el Sector Salud"— resolvió:

"Artículo 1. Declarar el Grave Incumplimiento del Contrato para la
Administración de Recursos del Régimen Subsidiado No. 0054 de 1 de Abril
de 2003, celebrado con la empresa COMFAMILIARES EN SALUD UT
por no haber cumplido con las Obligaciones del Contratista del Contrato
señalado en la Cláusula Quinta del mismo.

Artículo 2. Como consecuencia de la declaratoria de Grave Incumplimiento,
la Alcaldía Municipal de Magangué, Bolívar, hace. efectiva la Cláusula Décima
Primera. Multas. Del contrato para la Administración de Recursos del
Régimen Subsidiado No. 0054 de 1 de Abril de 2003, por la suma de Un mil

1° Los documentos aportados en copia simple serán valorados conforme lo señalado por la jurisprudencia
unificada de la Corporación. Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 28 de agosto
de 2013. Exp. 25022.
11 F. 14-17, c. 1.
12 F. 18-19, c. 1.
13 Si bien, este precio y el referido en el articulo 2 de la Resolución 166 de 2006 (aptado. 4.3.1) son distintos,
esta referencia al precio es textual y, con material probatorio obrante en el expedite, no queda clara la razón de
esta discrepancia. De cualquier forma, esto no incide en la declaración de la caducidad de la acción.
14 F. 21-22, c. 1.

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Expediente: 13001-23-31-000-2007-00503-01 (55386)
Demandantes: Unión Temporal Cornfamiliares en Salud

(sic) quinientos ochenta y ocho millones ciento cincuenta y nueve mil
trescientos treinta y cuatro pesos con cuarenta centavos moneda corriente
($1.588.159.334,40). Por lo cual impone a la empresa COMFAMILIARES EN
SALUD UT, una multa por valor de Cuarenta y siete millones seiscientos
cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta pesos con tres centavos moneda
corriente ($47.644.780,03), cuantía esta que deberá ser cancelada dentro de
los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. [...]"1s

4.3.2. Resolución16 núm. 0167 del 29 de marzo de 2004, en la que,
fundamentada en las mismas normas indicadas en la decisión anterior, el
Municipio determinó:

"Artículo 1. Declarar el Grave Incumplimiento del Contrato para la
Administración de Recursos del Régimen Subsidiado No. 0054 de 1 de Abril
de 2003, celebrado con la empresa COMFAMILIARES EN SALUD UT [...] y
representada por [...]; por no haber cumplido con las Obligaciones del
Contratista del Contrato señalado en la Cláusula Segunda del mismo.

Artículo 2. Como consecuencia de la declaratoria de Grave Incumplimiento,
la Alcaldía Municipal de Magangué, Bolívar, hace efectiva la Cláusula Décima
Primera. Multas. Del contrato para la Administración de Recursos del
Régimen Subsidiado No. 0054 de 1 de Abril de 2003, por la suma de Un mil
[sic] quinientos ochenta y ocho millones ciento cincuenta y nueve mil
trescientos treinta y cuatro pesos con cuarenta centavos moneda corriente
($1.588.159.334,40). Por lo cual impone a la empresa COMFAMILIARES EN
SALUD UT, una multa por valor de Cuarenta y siete millones seiscientos
cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta pesos con tres centavos moneda
corriente ($47.644.780,03), cuantía esta que deberá ser cancelada dentro de
los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. [...]"".

4.3.3. Resolución" núm. 0529 del 3 de junio de 2004, que rechazó el
recurso de reposición interpuesto por la UT, en contra de la Resolución 0167
de 2004, porque su presentación fue extemporánea.

4.3.4. La Resolución núm. 0529, citada en el numeral anterior, fue notificada
personalmente al apoderado de la Unión Temporal, conforme al acta de la
diligencia de notificación19.

V. PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO

5.1. Competencia

5.1.1. De acuerdo con las normas procesales vigentes al momento de la
presentación de la demanda, es decir, las del Código Contencioso Administrativo
(Decreto Ley 01 de 1984, "CCA"), con las reformas introducidas para entonces, en
particular, la de la Ley 1107 del 27 de diciembre de 2006, esta Colegiatura es

15 Esta es una transcripción literal, los errores, erratas, énfasis y mayúsculas forman parte del texto
original.
16 F. 24-25, c. 1.
17 Esta es una transcripción literal, los errores, erratas, énfasis y mayúsculas forman parte del texto
19 F. 26-27, c. 1.
19 F. 27, c. 1.

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Expediente: 13001-23-31-000-2007-00503-01 (55386)
Demandantes: Unión Temporal Cornfamiliares en Salud

competente para decidir, el presente asunto2° en segunda instancia21, toda vez que
una de las partes de la controversia es una entidad territoria122.

No obstante, es necesario hacer dos precisiones:

5.1.2. El contrato núm. 0054 de 2003 contiene cláusula compromisoria23. Sin
embargo, como la tesis jurisprudencial que regía en la época de presentación de la
demanda aceptaba la renuncia tácita al pacto arbitral y la demanda es anterior a la
providencia de unificación que rectificó dicho criterio", la Sala estima que esta
Jurisdicción debe dirimir el asunto por prevalencia del acceso a la administración de
justicia25.

5.1.3. Este caso difiere de otros en los que esta Jurisdicción se ha declarado
incompetente para conocer de controversias relativas al sector salud, en particular
cuando se reclaman prestaciones cuya fuente sea legal, como ocurre con los
recobros al Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA)2.6. En efecto, en este asunto
se presenta una controversia que, se anticipa, se deriva (de una relación contractual
de administración de recursos del régimen subsidiado, como la que en múltiples
oportunidades ha sido decidida por esta Corporación27. En consecuencia, la Sala es
competente para conocer del asunto28.

2° El artículo 1° de la Ley 1107 de 2006 modificó el artículo 82 del CCA en estos términos: "Artículo 82. Objeto
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida
para lunar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las
sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen
funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales
administrativos y los juzgados administrativos de conforrnidad con la Constitución y la ley. // Esta jurisdicción
podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos politicol o de Gobierno. //La jurisdicción de
lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente
por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo
Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional".
(Subraya la Sala). 21 CCA — Artículo 129 (subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998): "El Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio
de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un
efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión."
22 Constitución Política de Colombia — Articulo 286, inciso primero: "ARTICULO 286. Son entidades territoriales
los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas." (Se subraya). 23 VIGÉSIMA QUINTA. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Para efectos de dirimir las diferencias que puedan
surgir en relación con el desarrollo, ejecución, terminación y liquidación delpresente contrato de aseguramiento,
las partes acuerdan someter la decisión a Jurisdicción arbitral, de acuerdo con lo establecido en el articulo 70
de la Ley 80 de 1993."
24 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena. Providencia del 18 de abril de
2013. Rad. 85001-23-31-000-1998-00135-01(17859)
25 Ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de junio de 2019. Rad. 66001-23-31-000-2003-00588-02(44009). 26 Sobre este tema, ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera,
Subsección C. Auto de ponente del 31 de julio de 2019. Rad. 25000-23-26-000-2011-01031-01 (50369)
27 Entre muchas otras sentencias, ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Tercera, Subsección C. Sentencias del 29 de julio de 2019. Rad. 88001-23-31-000-2005-00471-01 (43974), y
del 27 de abril de 2021. Rad. 41001-23-31-000-2005-00705-01 (50901)
28 De acuerdo con la jurisprudencia del órgano judicial, por entonces competente, para dirimir conflictos de
jurisdicción, sostuvo a este respecto: "La Sala advierte entonces que los recobros son una especie de litigio
propio del sistema actual de seguridad social en salud. Que se da entre un administrador del sistema de salud
y el Estado, como garante último de los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social, en razón de
la atención a los usuarios del mismo sistema. Adicionalmente. debe entenderse que los recobros no son casos
ni de responsabilidad médica. ni Minios basados en contratos todo lo cual implica la inclusión del proceso
judicial de recobros por prestaciones NO POS dentro de los supuestos del articulo 2.4 del CPT que le asignan
competencia al juez laboral y de la seguridad social.

De esta forma se garantiza la interpretación del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en estrecha concordancia con la cláusula general y residual que,
se insiste, distingue a la jurisdicción ordinaria en sus diferentes especialidades temáticas" CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Sentencia deli de junio de 2014, radicación
número 110010102000201302787-00. Subrayas y negrillas añadidas.

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Expediente: 13001-2341-000-2007-00503-01 (55386)
Demandantes: Unión Temporal Cornfamiliares en Salud

5.2. Acción procedente y presentación oportuna de la demanda

5.2.1. El sistema contencioso-administrativo colombiano está compuesto por
acciones para el control judicial de la legalidad de los actos y hechos de las
entidades públicas o particulares que desempeñan funciones públicas. Tales
acciones se segmentan en función de la actividad o expresión de voluntad que se
pretenda enjuiciar, sin que los usuarios de la administración de justicia puedan
emplearlas de forma discrecional y arbitraria, en cuanto su procedencia depende
objetivamente de la causa petendi de la reclamación, siendo su debida escogencia
un presupuesto procesal, que a su vez determina la presentación de la demanda en
debida forma29.

En razón a ello, los operadores judiciales contencioso-administrativos tienen el
deber de encauzar los procesos que llegan a su conocimiento, a través de la vía
adjetiva adecuada al asunto concreto, que permita el juzgamiento sobre el fondo de
la controversia, verificando, en todo caso, si la concurrencia de los presupuestos
procesales da lugar a la configuración de la relación jurídico-procesal.

No obstante, esta Sección, en múltiples pronunciamientos, ha manifestado que la
adecuación de la acción en vigencia del CCA es procedente. Con anterioridad a la
expedición de la Constitución de 1991, la jurisprudencia administrativa precisó que,
en razón al mandato de interpretar la ley procesal en función de la efectividad de los
derechos reconocidos por la ley sustancial", el juzgador debía interpretar la
demanda, en conjunto con los anexos y poderes, para encauzar la acción a través
del trámite correspondiente, con independencia de la acción que en la demanda se
hubiera enunciados'. Más adelante, esta Sección consideró que «la demanda por
sí sola no es suficiente para definir, con efectos decisorios, la acción propuesta E.. .1
y gracias a la aplicación del principio "iura novit curia", los hechos narrados son los
que, en definitiva, permitirán estimar cual fue la acción propuesta y cuándo es apta
o no una demanda», en razón de lo cual adecuó la acción propuesta32. Para
determinar la acción idónea, deben tomarse en consideración, particularmente, los
hechos enunciados en la demanda relativos a la fuente del daño, además de su
fundamento jurídico33. En otra oportunidad, esta Sección confirmó la decisión del a
quo de encauzar la acción invocada, de nulidad y restablecimiento, a través de la
de controversias contractuales, que era la idónea, para garantizar así el derecho
constitucional de acceso a la administración de justicia ; proceder este que luego
fue reiterado por la Sala35.

En todo caso, esta Sección ha precisado que la adecuación de la acción, en vigencia
del CCA, tiene sus límites. Así, esta Sección consideró que la adecuación de la

29 Ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera — Subsección C.
Sentencias del 31 de mayo de 2019. Rad. 85001-23-31-000-2008-00064-01(44239) y del 26 de mayo de 2021.
Rad. 76001-23-31-000-2009-00847.01 (52484).
3° CPC. Artículo 4°." Al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los
procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial Las dudas que surgen en la
interpretación de las normas del presente Código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios
generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se
respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes".
31 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 23 de marzo de 1990, rad. CE-SEC3-EXP1990-
N5471.
32 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1994, rad. CE-SEC3-EXP1988-
N7507.
33 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 16 de octubre de 2003, rad. núm. 25000-23-26-000-
1994-09777-01(13894).
34 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 1999, rad. CE-SEC3-EXP1999-
N10196.
35 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, auto del 5 de junio de 2003, rad. núm. 08001-23-31-000-2001-
00680-01(24178).

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Expediente: 13001-23-31-000-2007-00503-01 (55386)
Demandantes: Unión Temporal Comfamiliares en Salud

acción era procedente cuando el trámite establecido para la acción invocada y la
idónea fuera el mismo36. Y, en otra oportunidad, la Sala consideró que la adecuación
de la acción no cabía "porque esto implicaría un desgaste inútil para la
Administración de Justicia, dado que la acción procedente ya fue intentada y
fallada"37. Así pues, en situaciones como las anteriores, en las que la adecuación
de la acción conlleve un menoscabo al debido proceso o sería inane, esta resulta
improcedente.

5.2.2. En este caso, el actor intentó la acción de simple nulidad en contra de varias
resoluciones proferidas por el municipio demandado, en las cuales declaró el
incumplimiento contractual e impuso multas a la demandante, en el marco de un
contrato de administración de recursos del régimen subsidiado (también conocido
como contrato de aseguramiento). El demandante calificó estas decisiones como
actos administrativos, aserto que se explica porque la acción de nulidad simple es
la vía judicial procedente para el juzgamiento de la validez de las expresiones de
voluntad de la Administración que ostentan esta naturaleza38.

Sin embargo, el régimen jurídico de este tipo de contratos es de derecho privado,
como lo ha advertido la jurisprudencia39 razón por la cual las manifestaciones
realizadas en el marco de la relación contractual en salud son también actos
unilaterales de derecho privado. Con ello, se ratifica lo afirmado por el a quo, aunque
por motivos diferentes: Comoquiera que estas decisiones unilaterales no ostentan
la naturaleza de actos administrativos, sobre ellas no procede el control judicial por
vía de la acción de simple nulidad. La acción procedente para dar cauce a la
controversia que develan los hechos, es la de controversias contractuales,
desarrollada por el artículo 87 del CCA49, comoquiera que, la accionante
controvierte la validez de los actos del Municipio, de acuerdo con lo convenido y con
el régimen sustancial del negocio.

Por tanto, como la acción invocada y la resultante del proceso de adecuación siguen
un mismo trámite, que es el ordinario41, y no hay evidencia alguna de que esta última
hubiere sido ejercida por la parte actora, el problema jurídico planteado será
analizado bajo la cuerda de la acción de controversias contractuales, que es el
medio de control judicial procedente.

5.2.3. Pues bien, el plazo para el ejercicio oportuno de la acción de controversias
contractuales se encuentra establecido en el artículo 136.10 del CCA. Para su
conteo, en el caso objeto de estudio, vendría necesario tomar en consideración que,
en el contrato (aptdo. 4.2) se estipuló que el Municipio y la Unión Temporal tenían
el deber de liquidarlo, para lo cual, adoptaron los plazos previstos en el Estatuto

36 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 16 de agosto de 2000, rad. núm. 23001-23-31-000-
1995-07161-01(13148) S.
37 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, auto del 28 de julio de 2010, rad. núm. 27001-23-31-000-2009-
00259-01(38442).
38 Ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera — Subsección C.
Sentencia del 21 de marzo de 2012. Rad. 11001-03-26-000-2010-00060-00(39477)
36 Ver: Sentencias del 29 de julio de 2019 y del 27 de abril de 2021, antes citadas (supra. cit. núm. 24)
4° En efecto, con Auto de 11 de mayo de 2020 de la Subsección C, (exp. 58562)16, indicó que las pretensiones
relativas a determinar la invalidez de los actos que se rigen por el derecho privado deben encauzarse por el
medio de control de reparación directa
41 CCA. Artículo 206. Modificado por el artículo 45 del Decreto 2304 de 1989. "Los procesos relativos a nulidad
de actos administrativos y cartas de naturaleza, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, a
controversias sobre contratos administrativos y privados con cláusulas de caducidad y a nulidad de laudos
arbitrales proferidos en conflictos originados en los contratos mencionados, se tramitarán por el procedimiento
ordinario. Este procedimiento también debe observarse para adelantar y decidir todos los litigios para los cuales
la ley no señale un trámite especiar.

Expediente: 13001-23-31-000-200741050341 (55386)
Demandantes: Unión Temporal Cornfamiliares en Salud

General de Contratación de la Administración Pública42. Empero, las decisiones
cuya ilegalidad protesta la parte accionante tuvieron lugar con posterioridad al
vencimiento del plazo contractualmente dispuesto para la liquidación de la relación
negocial, puesto que fueron adoptadas con posterioridad al treinta (30) de
septiembre de dos mil tres (2003).

5.2.4.1. Por esta razón, la regla para computar el término de dos años con el que
contaba la demandante para el ejercicio de la acción contractual era la general
establecida en el encabezado del precepto mencionado: dos (2) años contados a
partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que
sirvan de fundamento. Esos motivos residen, en este caso, en las decisiones del
Municipio, que han dado lugar a la reclamación judicial.

5.2.4.2. Aplicando estas premisas al asunto bajo examen, la Sala encuentra que el
Tribunal acertó en el cómputo de la caducidad de la acción contractual en este caso
(aptdo. 2.3.1), ya que, a falta de prueba de un hito diferente y posterior, el momento
para iniciar el conteo es aquel en el que la demandante tuvo conocimiento de las
decisiones del Municipio que suscitaron la demanda, que en el sub judice coincide
con la fecha en que fueron notificadas personalmente (aptdo. 4.3.4).

5.2.4.3. Cabe añadir que al actor no le asiste razón cuando afirma, en su recurso,
que el municipio demandado era ajeno a la relación contractual (aptados. 2.4.1 y
2.4.2). Basta la lectura del contrato para advertir que el Municipio sí obró como parte
del contrata". Por tanto, sus manifestaciones de voluntad, en cuanto denotaran
incumplimiento de lo convenido, eran enjuiciables por la acción de controversias
contractuales.

5.2.5. En síntesis, los problemas jurídicos planteados se resuelven así: Si bien esta
Jurisdicción es competente para el juzgamiento del asunto (aptdo. 3.1), la acción
procedente para enjuiciar las expresiones de voluntad del Municipio era la de
controversias contractuales, por tratarse de actos unilaterales de derecho privado
(aptdo. 3.2). Dicho eso, la Sala concuerda con la conclusión del Tribunal que declaró
la caducidad de la acción (aptdo. 3.3), razón por la que no es menester pronunciarse
sobre los presupuestos para la estimación de las pretensiones planteados en el
salvamento de voto de primera instancia (aptdo. 2.3.2). En consecuencia, esta
Colegiatura confirmará el fallo impugnado.

42 Decreto 50 de 2003: "Artículo 50. Liquidación y/o aclaración y pago de saldos de los contratos del Régimen
Subsidiado. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 216 de la Ley 100 de 1993, en los contratos de
administración del régimen subsidiado suscrito entre las entidades territoriales y las Administradoras del
Régimen Subsidiado (ARS) podrá pactarse la cláusula de liquidación unilateral prevista en la Ley 80 de 1993.
// En el evento que no se pacte, todo contrato de administración de régimen subsidiado suscrito entre las
entidades territoriales y las Administradoras del Régimen, ARS deberá ser objeto de aclaración y pago de los
saldos pendientes a su favor o en contra, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. // Si
vencido este término, no se ha efectuado por mutuo acuerdo, la aclaración y pago de los saldos pendientes a
favoro en contra, la entidad territorial procederá a realizarla dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento
de este término."
43 En el recurso, la demandante adujo que "[...] el señor Alcalde (E) del municipio de Magangué— Bolívar, estaba
apropiándose de atribuciones que no tenía al interior [sic] la constitución, la Ley, por cuanto el contrato suscrito
no era con el ente territorial sino con ESE HOSPITAL SAN PABLO DE MAGANGUÉ BóLIVARE [sic], entonces
no podía uno instaurar acción contractual, ni siquiera el [sic] de nulidad y restablecimiento del derecho, por
cuanto la esencia jurídica de las resoluciones no se originaba en un contrato suscrito entre ellos Ud". Sin
embargo, el referido contrato entre el ente territorial y la ESE mencionadas no fue aportado al plenario; y, tanto
en el contrato (aptado. 4.2), como en las resoluciones (aptados. 4.3.1 y 4.3.2) allegados, se observa que la
multa contractual fue impuesta por el incumplimiento del contrato para la administración de recursos del régimen
subsidiado de seguridad social en salud núm. 0054, suscrito el 1° de abril de 2003, entre el municipio de
Magangué y la Unión Temporal Cornfamiliares en Salud.

Expediente: 13001-23-31-000-2007-00503-01 (55386)
Demandantes: Unión Temporal Comfamiliares en Salud

VI. COSTAS

No hay condena en costas, porque de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a su imposición, cuando alguna de las partes
hubiere actuado temerariamente44-45 y, como en este caso no se observa que se
hubiese actuado de esa manera, no se hará condena alguna en ese sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMASE la sentencia proferida el ocho (8) de junio de dos mil
quince (2015) por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas
en esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Una vez en firme esta providencia, DEVOLVER al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase

SSA
Magistrado
Aclaración de voto

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERM5SÁNCREttUQUE
Magistrado Magistrado
Aclaración de voto. Cfr. Rad. 45.215-
15

" CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 1999, rad. núm. 10775.
45 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-043 de 2004.

10

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