Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2007-00622-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2007-00622-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 13001-23-31-000-2007-00622-03
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
8 de mayo de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Condena
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR HECHOS DE LA NATURALEZA / FALLA EN EL SERVICIO
SÍNTESIS DEL CASO: El 2 de mayo de 2006, el señor José de Jesús Aristizábal Henao se desplazaba en su vehículo por la calle 30 o calle real del barrio Pie de la Popa de Cartagena de Indias, frente a la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda., cuando cayó sobre el automotor un árbol de bonga, que le causó la muerte inmediata.
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - En razón a la cuantía
Esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 132 numeral 6 del C.C.A., subrogados por los artículos 37 y 40 de la Ley 446 de 1998, respectivamente, dado que la cuantía del proceso excede de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda (26 de septiembre de 2007), y la sumatoria de las pretensiones equivale a $1.663’750.000
FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129 / DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132.6 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 37 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 40
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No operó. La demanda se presentó se forma oportuna
La muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao ocurrió el 2 de mayo de 2006, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, numeral 8, del C.C.A. los actores tenían hasta el 3 de mayo de 2008 para interponer la demanda y lo hicieron el 26 de septiembre de 2007, esto es, dentro del término previsto en la ley.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 136.8
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA - Clases / LEGITIMACIÓN DE HECHO - Noción. Definición. Concepto / LEGITIMACIÓN MATERIAL - Noción. Definición. Concepto
La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva. (…) la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.(…) tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - Acreditación / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - Acreditación / APLICACIÓN FUERO DE ATRACCIÓN
Los señores Beatriz Eugenia Gil Macías, Juan Pablo Aristizábal Gil, José David Aristizábal Gil, Martha Eugenia Aristizábal Gil y Diosana Patricia Aristizábal Gil son los demandantes en este asunto, en cuanto promovieron el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho. En cuanto a la legitimación material, su calidad de cónyuge supérstite e hijos de la víctima se encuentra acreditada con los registros civiles de matrimonio y de nacimiento, respectivamente, allegados al proceso .El Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A., el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el señor Rolando Bechara Castilla se encuentran legitimados en la causa por pasiva de hecho, pues de lo narrado en la demanda se concluye que es a dichas entidades y al particular accionado a los que se imputa el daño objeto de la controversia. En relación con la legitimación material de los demandados, se aclara que esta, por determinar el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria-, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita determinar si existió o no una participación efectiva de los accionados en la producción del daño antijurídico alegado por la parte actora. (…) frente al demandado Rolando Bechara Castilla, cabe advertir que esta jurisdicción tiene competencia para vincular y juzgar a los particulares o personas de derecho privado en virtud del fuero de atracción, aun cuando al momento de realizar el análisis probatorio del proceso se llegara a establecer que la entidad pública, también demandada, no es responsable de los hechos y daños que se le atribuyen en el libelo. (…) para que opere el fuero de atracción, es menester que en la demanda se invoquen acciones u omisiones que, razonablemente, conduzcan a pensar que la responsabilidad de las entidades públicas pueda quedar comprometida y que los hechos que dan origen a la demanda sean los mismos, postura que ha sido reiterada por la Sala en pronunciamientos más recientes y que permite condenar a una persona natural.
DAÑO ANTIJURÍDICO - Acreditación
La muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao, ocurrida el 2 de mayo de 2006, se encuentra acreditada con la copia auténtica de su registro civil de defunción, las copias del acta de levantamiento del cadáver, del protocolo de necropsia y de la Resolución del 17 de mayo de 2006, por la cual la Fiscalía Sexta Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Cartagena se inhibió de iniciar investigación penal.
ESPACIO PÚBLICO - Noción. Definición. Concepto / ESPACIO PÚBLICO - Regulación normativa / ELEMENTOS DEL ESPACIO PÚBLICO
Entiéndase por Espacio Público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes. Así, constituyen el Espacio Público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal, como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva; para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan por consiguiente zonas para el uso o el disfrute colectivo” (…) el Decreto 1504 de 1998 “por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial” establece que los antejardines, incluso ubicados en propiedad privada, son elementos constitutivos del espacio público. (…) se concluye que los antejardines de los predios privados hacen parte del espacio público y están sometidos a las normas urbanísticas, además de gozar de protección de rango superior por trascender del uso individual al de la vida urbana. (…) Así las cosas, el antejardín de la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda., donde se encontraba sembrado el árbol de bonga que causó la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao, era un elemento del espacio público cuya protección, manejo, conservación, preservación y recuperación le correspondía a las autoridades públicas, como se desprende del artículo 82 de la Constitución Política, según el cual el Estado tiene a su cargo la obligación constitucional y legal de brindarle efectiva protección a los bienes y áreas que conforman el espacio público y lo ha resaltado esta Corporación . (…) aunque el árbol de bonga se encontraba plantado en un antejardín, este pertenecía al espacio público y las entidades demandadas tenían el deber de su cuidado y de advertir si este representaba peligro, NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, sentencia C-265 del 16 de abril de 2002, M. P: Manuel José Cepeda Espinosa.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 82 / DECRETO 1504 DE 1998 - ARTÍCULO 5
COMPETENCIA AMBIENTAL - Regulación normativa / CREACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA / FUNCIONES DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA POR LA MUERTE DEL OCCISO
Observa la Sala que el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 dispuso lo siguiente: Artículo 13. Competencia ambiental. Los Distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla ejercerán, dentro del perímetro urbano de la cabecera distrital, las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano, en los mismos términos del artículo 66 de la Ley 99 de 1993. Para tal fin, los respectivos Concejos Distritales, a iniciativa del Alcalde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 313 de la Constitución Política crearán un Establecimiento Público, que desempeñará las funciones de autoridad ambiental en el área de su jurisdicción (…)”.el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. fue creado para ejercer las funciones de autoridad ambiental en los términos del artículo 66 de la Ley 99 de 1993, esto es, como una corporación autónoma regional dentro del perímetro urbano de Cartagena de Indias. (…) el Decreto 1504 de 1998 “Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial”, en el artículo 17, inciso 2, dispuso que las autoridades ambientales de las entidades territoriales tendrán a su cargo el manejo de los elementos naturales y las normas técnicas para la conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio público. (…) respecto de árboles como el de bonga, siendo un recurso natural renovable su cuidado y preservación - más aún al hallarse en un área de espacio público (antejardín) -, se encontraba a cargo del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. como autoridad ambiental de la ciudad. (…) el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. como autoridad ambiental para la época de los hechos, sí debió conocer la situación del árbol, aunque no recibiera solicitudes específicas sobre su estado, pues el antejardín en el que estaba sembrado era un elemento del espacio público y como tal requería de su vigilancia, por haber sido encargada de las funciones en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables, en el área urbana de Cartagena de Indias, según lo dispuso el mencionado Acuerdo Distrital 029 de 2002. (…) la Sala considera que el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. es responsable por la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao causada por la caída del árbol de bonga cuyas condiciones no fueron oportuna y debidamente verificadas por esa autoridad ambiental.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 313 / LEY 768 DE 2002 - ARTÍCULO 13 / LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 66 / DECRETO 1504 DE 1998 - ARTÍCULO 17
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENTRE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD OFTALMOLÓGICA DE CARTAGENA, EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA Y EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
La Sala itera que, si bien el antejardín donde se encontraba sembrado el árbol formaba parte del espacio público, dicha área también constituía un elemento arquitectónico, espacial y natural de un inmueble de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacía necesidades de uso público, por ende, además de la autoridad ambiental compromete la responsabilidad del dueño del predio en su cuidado, pues se comprobó que personal del edificio de la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda. intervino en su mantenimiento. (…) el señor Rolando Bechara Castilla también será declarado responsable por la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao. (…) dado que el árbol de bonga se encontraba en un área afectada al espacio público y que se trataba de una especie de gran tamaño que daba sombra a la calle y arrojaba ramas y semillas, como lo expresaron los testigos, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias se encontraba en la obligación de pactar con la empresa de aseo su respectiva poda o tala. (…) el distrito no era ajeno a esta tarea y también pudo advertir el estado de las ramas del árbol de bonga y su posible peligrosidad, de haberse cumplido la labor de poda de un árbol que se encontraba en el espacio público de la ciudad, actividad que hacía parte del servicio público de aseo del cual el Distrito era el usuario.
RECONOCIMIENTO Y TASACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES - Lucro cesante / LUCRO CESANTE - Cálculo. Fórmula / INEXISTENCIA DE SALARIO - Al no comprobarse el valor se calculará este perjuicio con base en el salario mínimo legal vigente para el momento del fallo / NO SE INCREMENTARA EN UN 25 % POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES / SE DESCONTARA UN 25 % POR CONCEPTO DE GASTOS PERSONALES
La Sala procederá a realizar la liquidación del lucro cesante consolidado en favor de la señora Beatriz Eugenia Gil Macías, así: Lucro cesante debido o consolidado (…) Se liquidará con el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos ($408.000). Debido a que el causante no trabajaba de forma dependiente, no se aumentará dicha suma por concepto de prestaciones sociales, pero sí se deducirá un 25%, monto que se presume el señor José de Jesús Aristizábal Henao destinaba para sus gastos personales; así, para la liquidación del lucro cesante, el ingreso base es la suma de $306.000. Se hace necesario aplicar la siguiente fórmula: S = Ra x (1+ i)n - 1 En donde: S = es la indemnización a obtener.Ra = $306.000 N = número de meses trascurridos entre la fecha de la muerte de la víctima (2 de mayo de 2006) y la de la providencia de primera instancia (23 de marzo de 2012) (70). I = Interés puro o técnico: 0.004867
Entonces: S = $306.000 (1+ 0.004867)70 0.004867 S = $25’447.983. Lucro cesante futuro Corresponde al número de meses trascurridos desde el día siguiente a la fecha del fallo de primera instancia hasta la vida probable del señor José de Jesús Aristizábal Henao, quien nació el 19 de enero de 1951 y le restaban 23,46 años de vida, de acuerdo con la Resolución número 0497 de 1997 de la Superintendencia Bancaria, es decir, 281,52 meses, a los que deben restarse los 70 meses del lucro cesante consolidado y que arroja un período de 211,52 meses de lucro cesante futuro. El mismo se liquidará de acuerdo con la siguiente fórmula: S = $306.000 (1+ 0.004867)211,52- 1 0.004867 (1+ 0.004867) 211,52 S = $40’358.422. Total lucro cesante para Beatriz Eugenia Gil Macías: $65’806.405.Esta suma deberá actualizarse a la fecha de esta providencia, así: a) Ca = Ch x índice final (abril de 2019) Índice inicial (marzo de 2012) Ca = $65’806.405 x 102,11 77,32 Ca: $86’904.966. En cuanto al lucro cesante en favor de la demandante Diosana Patricia Aristizábal Gil, hija del señor José de Jesús Aristizábal Henao, en la demanda se alegó su condición de discapacidad mental, para lo cual allegó un certificado del médico siquiatra tratante , según el cual padece de episodio depresivo sicótico y trastorno de la conducta alimentaria. También se escuchó el testimonio del galeno .
RECONOCIMIENTO Y TASACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES - Daño emergente / DAÑO EMERGENTE - Actualización de la condena de primera instancia
A título de daño emergente, se pidieron las sumas de $1’888.000 y $300.000 en favor del señor Juan Pablo Aristizábal Gil, de $5’200.000 para la señora Beatriz Eugenia Gil Macías y de 616 dólares americanos en favor de la señora Martha Eugenia Aristizábal Gil. El a quo reconoció la suma de $1’888.000 en favor del demandante Juan Pablo Aristizábal Gil, por concepto de gastos funerarios de su padre, dado que allegó la factura que pagó por dichos servicios .En cuanto a los gastos por concepto de parqueadero del vehículo en el cual se transportaba el occiso, el a quo no los encontró probados, como tampoco los valores por tiquetes aéreos que pretendían las señoras Beatriz Eugenia Gil Macías y Martha Eugenia Aristizábal Gil. Tampoco se accederá a estas sumas, dado que la parte actora no apeló la decisión de primera instancia. La suma de $1’888.000 reconocida en favor del señor Juan Pablo Aristizábal Gil se actualizará de la siguiente manera: a) Ca = Ch x índice final (abril de 2019) Índice inicial (marzo de 2012) Ca = $1’888.000 x 102,11 77,32 Ca: $2’493.322.
RECONOCIMIENTO Y TASACIÓN DE PERJUICIOS MORALES / APLICACIÓN DE CRITERIOS Y PARÁMETROS DE UNIFICACIÓN / NO SE MODIFICA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala encuentra ajustados los montos reconocidos, de acuerdo con lo señalado en el precedente (…) específicamente en cuanto al reconocimiento de perjuicios morales en casos de muerte, pues los demandantes se encuentran en el primer grado de consanguinidad. Las sumas reconocidas no se actualizarán, dado que están expresadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 26251
INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN - Niega. Carencia probatoria
La señora Beatriz Eugenia Gil Macías solicitó la cantidad de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes. El a quo negó la indemnización por este concepto, pues consideró que la señora Beatriz Eugenia Gil Macías no demostró las alteraciones en su existencia como lo señaló en la demanda. La Sala tampoco accederá al reconocimiento de este perjuicio, dado que no fue objeto de apelación por la parte demandante.
NO PROCEDE CONDENA EN COSTAS / DAÑO CAUSADO POR HECHOS DE LA NATURALEZA / FALLA EN EL SERVICIO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., ocho (08) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 13001-23-31-000-2007-00622-03(46996)
Actor: BEATRIZ EUGENIA GIL MACÍAS Y OTROS
Demandado: DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: FALLA DEL SERVICIO / DAÑOS CAUSADOS POR CAÍDA DE ÁRBOL – caída de árbol de bonga sobre el vehículo de la víctima que causó su muerte inmediata –omisión de parte del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena y del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias frente al mantenimiento y conservación del antejardín en donde se encontraba sembrado, por ser un elemento constitutivo del espacio público – RESPONSABILIDAD COMPARTIDA con el particular propietario del inmueble en donde se encontraba el antejardín.
Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las entidades demandadas contra la sentencia proferida el 23 de marzo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Segunda de Decisión, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos (se trascribe de forma literal):
“PRIMERO: DECLARÁNSE no probadas las excepciones de ausencia de falla o falta del servicio, falta de causa para pedir contra el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena y falta de nexo causal entre la conducta del EPA Cartagena y la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao, propuestas por el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena.
“SEGUNDO: DECLÁRANSE no probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de legitimación en la causa por pasiva, propuestas por el Distrito de Cartagena.
“TERCERO: DENIÉGUENSE las pretensiones de la demanda en lo concerniente al particular Rolando Bechara Castilla y consecuentemente a la aseguradora La Previsora S.A.
“CUARTO: DECLÁRASE administrativa y solidariamente responsables al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena –EPA -, por los daños antijurídicos sufridos por los señores Beatriz Eugenia Gil De Aristizábal, Juan Pablo Aristizábal Gil, José David Aristizábal Gil, Martha Eugenia Aristizábal Gil y Diosana Patricia Aristizábal Gil, con ocasión de la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao y, en consecuencia
“QUINTO: CONDÉNASE solidariamente al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena –EPA -, a pagar a la señora Beatriz Eugenia Gil De Aristizábal por concepto de perjuicios materiales, a título de lucro cesante consolidado, la suma de veintinueve millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos dieciséis pesos con doce centavos ($29`455416,12).
“SEXTO: CONDENÁSE solidariamente al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena –EPA – a pagar a la señora Beatriz Eugenia Gil De Aristizábal, por concepto de perjuicios materiales, a título de lucro cesante futuro, la suma de cuarenta y seis millones setecientos trece mil ochocientos ochenta y cuatro pesos con cero centavos ($46’713.884,00).
“SÉPTIMO: CONDÉNASE solidariamente al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena –EPA – a pagar a Juan Pablo Aristizábal Gil, por concepto de perjuicios materiales a título de daño emergente, la suma de dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento doce pesos con cero centavos ($2’454.112,00).
“OCTAVO: CONDÉNASE solidariamente al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena –EPA –a pagar a los demandantes por concepto de perjuicios inmateriales, a título de daño moral, las siguientes cantidades así:
“- A la señora Beatriz Eugenia Gil De Aristizábal, en su condición de cónyuge de la víctima, una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“- A la señora Martha Eugenia Aristizábal Gil, en su condición de hija de la víctima, una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“- A la señora Diosana Patricia Aristizábal Gil, en su condición de hija de la víctima, una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“- Al señor Juan Pablo Aristizábal Gil, en su condición de hijo de la víctima, una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“- Al señor José David Aristizábal Gil, en su condición de hija de la víctima, una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“NOVENO: DENIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.
“DÉCIMO: A esta sentencia se le dará cumplimiento en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
“DÉCIMO PRIMERO: Si esta sentencia no fuere apelada CONSÚLTESE ante el superior, de conformidad con lo establecido en el inciso 1º del artículo 184 del Código Contencioso Administrativo.
“DÉCIMO SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente”.
I.- SÍNTESIS DEL CASO
El 2 de mayo de 2006, el señor José de Jesús Aristizábal Henao se desplazaba en su vehículo por la calle 30 o calle real del barrio Pie de la Popa de Cartagena de Indias, frente a la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda., cuando cayó sobre el automotor un árbol de bonga, que le causó la muerte inmediata.
II. A N T E C E D E N T E S
1.- La demanda
En escrito presentado el 26 de septiembre de 2007, los señores Beatriz Eugenia Gil Macías, Juan Pablo Aristizábal Gil, José David Aristizábal Gil, Martha Eugenia Aristizábal Gil y Diosana Patricia Aristizábal Gil, por conducto de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. y el señor Rolando Bechara Castilla, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao, en hechos ocurridos el 2 de mayo de 2006, cuando cayó un árbol de bonga sobre el vehículo que conducía.
1.1.- Las pretensiones
Como consecuencia de la declaración anterior, por concepto de perjuicios materiales en las modalidades de lucro cesante consolidado y futuro, solicitaron la cantidad de $1.037’400.00 en favor de la señora Beatriz Eugenia Gil Macías y la suma de $409’500.000 para la señora Diosana Patricia Aristizábal Gil.
Igualmente, a título de daño emergente, se pidieron las sumas de $1’888.000 y $300.000 en favor del señor Juan Pablo Aristizábal Gil, de $5’200.000 para la señora Beatriz Eugenia Gil Macías y de 616 dólares americanos en favor de la señora Martha Eugenia Aristizábal Gil.
Así mismo, como indemnización de los perjuicios morales solicitaron el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes.
Finalmente, por concepto de “daño a la vida de relación” se solicitó la cantidad de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes para la señora Beatriz Eugenia Gil Macías.
1.2.- Los hechos
En la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
El 2 de mayo de 2006, cuando el señor José de Jesús Aristizábal Henao transitaba por el barrio Pie de la Popa, calle Real, a la altura de la Universidad del Sinú, costado oriental de la ciudad de Cartagena de Indias, un árbol de bonga cayó sobre el vehículo que conducía y le causó la muerte de forma inmediata.
El árbol de bonga se encontraba plantado dentro del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 060-120418, de propiedad del señor Rolando Bechara Castilla.
El árbol de bonga se encontraba en mal estado, “seco y carcomido por el comején”, situación desatendida por el propietario del inmueble y por las autoridades distritales, pues no ordenaron su tratamiento o su tala para evitar un accidente, como tampoco dispusieron señales de advertencia y/o peligro para que las personas transitaran por el lugar con precaución.
El mismo día del accidente, la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible Área Fauna, Flora, Reforestaciones y Parques del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A., a solicitud del alcalde encargado, realizó una visita al lugar de los hechos y rindió el siguiente concepto (se trascribe de forma literal):
“…el principal factor que ocasiona la caída de la Bonga es el fuerte daño mecánico causado por la invasión de las plagas como el comején, entre otros, al parecer producido por la realización de podas antiguas sin utilización de cicatrizantes”.
En la misma fecha, el fiscal seccional 33 de la Unidad de Reacción Inmediata de Cartagena de Indias realizó el levantamiento del cadáver del señor José de Jesús Aristizábal Henao y describió sus heridas de la siguiente manera: “el aplastamiento de bóveda craneana región facial lado derecho, herida de 10 cms de diámetro en hemitórax anterior izquierdo y como posible causa accidental: caída de árbol sobre vehículo en marcha conducido por el occiso”.
También, el 2 de mayo de 2006, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó el informe técnico de necropsia, que concluyó como causa de muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao: “trauma craneano severo por elemento contundente”.
El 3 de mayo de 2006, la Fiscalía Sexta Seccional de Cartagena inició la averiguación previa y decidió inhibirse de adelantar investigación penal, dado que la causa de la muerte de la víctima fue accidental.
2.- El trámite de primera instancia
2.1. La admisión de la demanda y su notificación
Mediante auto del 8 de octubre de 2007, el a quo admitió la demanda, decisión de la cual fueron notificados en debida forma el Ministerio Público y los demandados Rolando Bechara Castilla, el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
2.2.- Contestación de la demanda
El Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. contestó la demanda y se opuso a las pretensiones.
Señaló que sí se encontraba obligado al control ambiental en el Distrito, pero no a la poda de árboles ni de césped, salvo sobre las vías públicas, pues los usuarios que requirieran un servicio de este tipo debían contratarlo con el operador de basuras.
Aseguró que el cuidado y poda de árboles que amenazaran ruina era responsabilidad de sus propietarios.
Formuló las excepciones de ausencia de falla o falta del servicio, falta de causa para decidir contra el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. y falta de nexo causal.
El señor Rolando Bechara Castilla presentó escrito en el que señaló que el 16 de enero de 2002 puso en conocimiento del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. la situación del árbol ubicado en la calle 30 # 20-71 de esa ciudad.
Aseguró que de forma verbal solicitó a las autoridades distritales autorización para talar el árbol, pues se trataba de un bien de valor ecológico, pero no recibió permiso ni recomendación alguna.
Indicó que también la gerente de la clínica oftalmológica ubicada en el barrio Pie de la Popa de Cartagena de Indias solicitó al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. que cortara las dos bongas ubicadas frente a sus instalaciones, debido a su edad y a que se avecinaba la temporada invernal.
Asimismo, señaló que una vecina del lugar alertó al jefe de Espacio Público del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias sobre el crecimiento desproporcionado del mencionado árbol y otra lo hizo ante los bomberos de la ciudad.
Sostuvo que el peligro que generaba la bonga era de conocimiento público, dado que, en la edición del 29 de febrero de 1998, el diario El Universal publicó la noticia sobre una persona que fue herida por la caída de la rama del viejo árbol de bonga ubicado en el barrio Pie de la Popa.
Afirmo que el árbol era un bien situado en el espacio público a cargo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, pues resultado de las construcciones en el lote del señor Rolando Bechara Castilla este fue cedido a la ciudad, por disposición de la ley.
El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias también se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que, si bien el árbol de bonga se encontraba fuertemente afectado por un ataque interno de plagas, en su apariencia externa no lo reflejaba.
Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de legitimación en la causa por pasiva.
2.3.- Solicitud de llamamiento en garantía
El 11 de abril de 2008, el demandado Rolando Bechara Castilla presentó escrito mediante el cual llamó en garantía a la Compañía de Seguros La Previsora S.A.
Mediante auto del 19 de mayo de 2008, el a quo aceptó el llamamiento en garantía, el cual fue notificado personalmente a la Previsora S.A..
La Previsora S.A. contestó el llamamiento en garantía y afirmó que no había suscrito contrato de seguro con el señor Rolando Bechara Castilla y por ello no debía asumir obligación alguna a cargo del demandado.
2.4.- La etapa probatoria y de alegatos de conclusión
A través de auto del 7 de mayo de 2009, el a quo decretó las pruebas solicitadas por las partes, salvo algunos testimonios solicitados por el demandado Rolando Bechara Castilla y la inspección judicial solicitada por el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena.
Ambos demandados apelaron el auto de pruebas y, mediante decisión del 25 de noviembre de 2009, esta Corporación adicionó esa providencia y decretó todos los testimonios solicitados por el señor Rolando Bechara Castilla. En cuanto a la inspección judicial, negó el recurso, dado que el a quo no la decretó, pero sí ordenó un dictamen pericial con el mismo propósito.
Vencido el período probatorio, en auto del 31 de mayo de 2011, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para lo de su competencia.
El señor Rolando Bechara Castilla presentó escrito en el cual destacó los testimonios recaudados, según los cuales era un hecho de público conocimiento el estado en el que se encontraba el árbol de bonga y la diligencia del demandado por prevenir un accidente, pero que, a pesar de las solicitudes presentadas ante la autoridad ambiental, esta no tomó las medidas necesarias para evitar el daño causado a los demandantes.
Consideró que, según el dictamen pericial y la prueba documental, la caída del árbol se debió a una poda anti técnica; este se encontraba en el espacio público y el demandado fue diligente en alertar a las autoridades distritales sobre el peligro que representaba el árbol de bonga.
La parte llamada en garantía presentó escrito en el cual insistió en que no existía contrato de seguro entre el señor Rolando Bechara Castilla y La Previsora S.A. Aseguró que las pólizas referidas por el demandado no lo amparaban a él sino a la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda. y por los riesgos profesionales relacionados con la actividad de esa institución de salud.
También la parte demandante alegó de conclusión y señaló que no se trató de una fuerza mayor o caso fortuito, pues, si bien el 2 de mayo de 2006 cayó una lluvia torrencial en la ciudad, la caída de la rama del árbol de bonga se debió a la omisión de la autoridad ambiental por no haberlo podado.
Aseguró que, si bien el árbol de bonga se encontraba sembrado en propiedad privada (Universidad del Sinú – clínica oftalmológica), sus ramas invadían el espacio público, con grave riesgo para las personas que transitaban por el lugar, de manera que también comprometía la responsabilidad del dueño del predio.
Finalmente, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias presentó escrito, en el cual reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
La llamada en garantía y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Segunda de Decisión, en sentencia del 23 de marzo de 2012, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
El a quo encontró probado el daño consistente en la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao, con la copia auténtica de su registro civil de defunción.
Señaló que los habitantes del sector donde se ubicaba el árbol de bonga, así como el demandado Rolando Bechara Castilla, desde el año 2000, elevaron múltiples peticiones ante la autoridad ambiental de Cartagena solicitando la poda de algunos árboles del lugar, primero al Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Cartagena DAMARENA y luego al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, sin que estas entidades hubieran demostrado gestión alguna al respecto.
Consideró que, si bien no se allegó prueba de una solicitud expresa al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. para que podara el árbol de bonga que causó la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao, su mal estado y el peligro que este representaba para la comunidad eran de público conocimiento.
Aseguró que la enfermedad del árbol de bonga era previsible para el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A., por su avanzada edad y por los controles ambientales que debía hacer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo Distrital 029 del 30 de diciembre de 2002.
En cuanto al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias sostuvo que, aunque el ente territorial no tenía competencias en materia ambiental, sí recibió varias solicitudes con destino al DAMARENA y debió remitirlas al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A., de acuerdo con lo señalado en el artículo 33 del C.C.A., además de ejercer sobre este un control de tutela en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 489 de 1998.
Frente al demandado Rolando Bechara Castilla señaló que este cumplió con su deber ciudadano de informar a la autoridad ambiental competente sobre el riesgo que representaba el árbol de bonga, razón por la cual no podía endilgársele responsabilidad alguna por la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao y lo mismo se predicaba de su llamada en garantía, La Previsora S.A.
El a quo reconoció el lucro cesante en favor de la cónyuge supérstite y negó el solicitado por la demandante Diosana Patricia Aristizábal Gil, pues no demostró su situación de discapacidad y dependencia de su difunto padre. Igualmente, reconoció perjuicios morales para cada uno de los demandantes.
Asimismo, el a quo ordenó el pago del daño emergente por concepto de gastos funerarios en favor de Juan Pablo Aristizábal Gil y negó las demás pretensiones.
III. LOS RECURSOS DE APELACIÓN
3.1.- El Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia, con el fin de que se revocara dicho proveído.
Señaló que no reemplazó al DAMARENA y que fue creado por disposición de la Ley 768 de 2002 para asumir la función ambiental de la Corporación Autónoma Regional en el perímetro urbano.
Aseguró que no tuvo conocimiento de la situación que se presentaba con el árbol de bonga que causó la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao, pues esa entidad no fue destinataria de ninguna de las solicitudes presentadas por la comunidad para la poda o tala de dicho árbol.
Sostuvo que no era previsible la enfermedad del árbol de bonga, como lo señaló el a quo, dado que aquel presentaba una buena apariencia externa y su avanzada edad no provocó su caída, pues existían otros árboles de bonga en la zona con la misma edad que se encontraban en buenas condiciones.
Afirmó que la causa de la caída del árbol de bonga que produjo la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao fue la práctica de podas anti técnicas sobre sus ramas, sin que se utilizaran cicatrizantes, lo cual expuso las áreas cortadas a la acción de insectos y plagas.
Cuestionó que el Tribunal a quo no determinó si el árbol de bonga que causó la muerte de la víctima se encontraba en propiedad privada o en espacio público, pese a que la prueba documental y testimonial demostró que se encontraba sembrado en propiedad privada, razón por la cual el propietario de esta debía responder por los daños causados a los demandantes, pues incurrió en falta de diligencia y cuidado.
Finalmente, allegó copia de la sentencia del 13 de septiembre de 2011, por la cual el Juzgado Primero Administrativo de Cartagena de Indias negó la reparación directa instaurada por la compañía que pagó el seguro por pérdida total del vehículo que conducía el señor José de Jesús Aristizábal Henao, en contra del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. y del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
3.2.- El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias también apeló la decisión de primera instancia, a fin de que esta sea revocada.
Argumentó que, mediante Acuerdo Distrital 029 del 30 de diciembre de 2002, la autoridad ambiental dentro del perímetro urbano de Cartagena de Indias fue delegada en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A., entidad descentralizada por servicios que ya cumplía sus funciones para el momento de los hechos de la demanda y, por tanto, era la encargada de atender la situación que presentaba el árbol de bonga.
1.- El trámite de segunda instancia
Mediante auto del 23 de agosto de 2012, el Tribunal a quo fijó fecha para celebrar la audiencia de conciliación prevista en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, la cual se declaró fallida el 27 de febrero de 2013, misma fecha en que el a quo concedió los recursos de apelación interpuestos por las entidades demandadas.
Por auto del 20 de mayo de 2013, esta Corporación admitió los recursos de apelación interpuestos por las entidades demandadas contra la sentencia de primera instancia.
Mediante auto del 11 de junio de 2013, se negó el decreto de prueba respecto de la copia de la sentencia del 13 de septiembre de 2011, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Cartagena de Indias, allegada por el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. con su escrito de apelación.
2.- Los alegatos de conclusión en segunda instancia
A través de auto del 26 de julio de 2013 se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, si lo consideraba pertinente.
Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.
3.- Ministerio Público
El Procurador Delegado ante esta Corporación presentó concepto, en el cual consideró que la sentencia impugnada debía ser confirmada.
Argumentó que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias debió velar porque el daño no sucediera y comprometió su responsabilidad porque no ordenó ni realizó la tala del árbol de bonga que se encontraba en malas condiciones, como tampoco señalizó para que se transitara con cuidado por el lugar. Reprochó que el Distrito no ejerció el control de tutela que le correspondía sobre la autoridad ambiental.
Agregó que el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. no cumplió su deber de control y vigilancia de las especies arbóreas de la ciudad, más cuando representaban peligro.
IV.- C O N S I D E R A C I O N E S
1.- Competencia
Esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 132 numeral 6 del C.C.A., subrogados por los artículos 37 y 40 de la Ley 446 de 1998, respectivamente, dado que la cuantía del proceso excede de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda (26 de septiembre de 2007), y la sumatoria de las pretensiones equivale a $1.663’750.000.
2.- Oportunidad de la acción
La muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao ocurrió el 2 de mayo de 2006, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, numeral 8, del C.C.A. los actores tenían hasta el 3 de mayo de 2008 para interponer la demanda y lo hicieron el 26 de septiembre de 2007, esto es, dentro del término previsto en la ley.
3.- Legitimación en la causa
La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.
A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.
Así, tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial.
3.1.- Legitimación en la causa de los demandantes
Los señores Beatriz Eugenia Gil Macías, Juan Pablo Aristizábal Gil, José David Aristizábal Gil, Martha Eugenia Aristizábal Gil y Diosana Patricia Aristizábal Gil son los demandantes en este asunto, en cuanto promovieron el proceso de la referencia, de ahí que se encuentre probada su legitimación en la causa de hecho.
En cuanto a la legitimación material, su calidad de cónyuge supérstite e hijos de la víctima se encuentra acreditada con los registros civiles de matrimonio y de nacimiento, respectivamente, allegados al proceso.
3.2.- Legitimación en la causa de los demandados
El Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A., el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el señor Rolando Bechara Castilla se encuentran legitimados en la causa por pasiva de hecho, pues de lo narrado en la demanda se concluye que es a dichas entidades y al particular accionado a los que se imputa el daño objeto de la controversia.
En relación con la legitimación material de los demandados, se aclara que esta, por determinar el sentido de la sentencia -denegatoria o condenatoria-, no se analizará ab initio, sino al adelantar el estudio que permita determinar si existió o no una participación efectiva de los accionados en la producción del daño antijurídico alegado por la parte actora.
Igualmente, frente al demandado Rolando Bechara Castilla, cabe advertir que esta jurisdicción tiene competencia para vincular y juzgar a los particulares o personas de derecho privado en virtud del fuero de atracción, aun cuando al momento de realizar el análisis probatorio del proceso se llegara a establecer que la entidad pública, también demandada, no es responsable de los hechos y daños que se le atribuyen en el libelo.
Se resalta que, para que opere el fuero de atracción, es menester que en la demanda se invoquen acciones u omisiones que, razonablemente, conduzcan a pensar que la responsabilidad de las entidades públicas pueda quedar comprometida y que los hechos que dan origen a la demanda sean los mismos, postura que ha sido reiterada por la Sala en pronunciamientos más recientes y que permite condenar a una persona natural.
4.- El alcance de la apelación
En el caso sub exámine se tiene que el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena edificó la impugnación contra la sentencia de primera instancia sobre los siguientes aspectos: i) el Tribunal a quo no determinó si él árbol de bonga que causó la muerte de la víctima se encontraba en propiedad privada o en espacio público; ii) el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. no reemplazó al DAMARENA; iii) esa entidad no tuvo conocimiento de la situación que se presentaba con el árbol de bonga que causó la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao; iv) no era previsible la enfermedad del árbol de bonga como lo señaló el a quo; v) el propietario del inmueble donde funcionaba la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda. era el responsable del daño causado.
Por su parte, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias impugnó la decisión de primera instancia bajo el argumento de que el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. era la autoridad ambiental competente para atender la situación que presentaba el árbol de bonga.
5.- Los hechos probados
5.1.- El señor José de Jesús Aristizábal Henao, falleció el 2 de mayo de 2006, cuando cayó un árbol de bonga sobre el vehículo que conducía, en la ciudad de Cartagena de Indias
La muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao ocurrida el 2 de mayo de 2006 en la ciudad de Cartagena de Indias, se comprobó con la copia auténtica de su registro civil de defunción.
Igualmente, con el acta de levantamiento del cadáver de la víctima y el protocolo de necropsia, en el cual se concluyó como causa de la muerte: “trauma craneano severo por elemento contundente”.
En dicha acta se describió que el hecho ocurrió en el barrio Pie de la Popa de Cartagena de Indias entre las carreras 20 y 20D y se dejó constancia de que “el occiso se encuentra aprisionado dentro del vehículo marca Chevrolet Samurai color rojo y se observan pedazos de palo y conchas de árbol sobre la cabina que se encuentra aplastada (…)”.
También los funcionarios del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A., en el acta de la inspección que realizaron al lugar del accidente el mismo 2 de mayo de 2006 indicaron que “ante los lamentables hechos por la pérdida de una vida humana” exhortaban a las entidades distritales relacionadas con el espacio público para evitar este tipo de accidentes.
En cuanto a las circunstancias en que ocurrió la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao, en la Resolución del 17 de mayo de 2006, por la cual la Fiscalía Sexta Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Cartagena se inhibió de iniciar investigación penal, se señaló lo siguiente (se trascribe de forma literal):
“Allegado a este despacho el acta de levantamiento No. 182, correspondiente a quien en vida respondía al nombre de José Aristizábal Henao, según hechos ocurridos en el Pie de la Popa, calle 30 o calle Real entre la carrera 20 y la carrera 20D, frente al antiguo cine Miramar, teniendo como causa un hecho accidental, según comenta un señor de nombre Jorge Castillo Morales, quien manifiesta que él vio cuando el palo se venía cayendo y el carro rojo venía pasando y un colectivo y el palo le cae al carro rojo, le cae al señor conductor, quien siguió andando duro y se chocó con el poste que estaba al frente y que no vio los otros vehículos a quienes les cayó el palo.
“(…).
“Asimismo el C.T.I. presenta informe de fecha 08-05-06, en el cual se da respuesta a misión de trabajo otorgada mediante comisión impartida, en la que el conductor de un bus de servicio público de la ruta Pozón-13 de Junio manifiesta que él observa lo sucedido y se percata del hecho cuando un pasajero le hace el pare y escucha un ruido en la parte de atrás y cuando voltea mira que un árbol está cayendo y comienzan a salir chispas de los cables que arrastra el árbol y ve cuando el carro rojo va pasando delante del bus ya golpeado por el árbol que se cayó y entonces el poste de la energía que va cayendo lo golpea y sale disparado al lugar donde quedó finalmente, que luego de quedarse quieto el carro rojo en la parte de adelante del mismo hubo una explosión y se incendió el carro y algunas de las personas que estaban en el lugar lo apagaron, agrega que había demasiadas chispas por el poste de energía que se cayó y los cables en el suelo, él se asustó y lo que hizo fue estacionar el bus cerca de donde quedó el carro con el señor muerto, que era el único lugar seguro para parquear y le dijo a los pasajeros del bus que se bajaran y se fueran caminando porque estaba muy peligroso para seguir el viaje en el vehículo.
“(…) se observa con claridad la existencia de una causa accidental, lo cual se constituye como un hecho atípico que no amerita iniciación de acción penal alguna, quedando como única opción válida inhibirse de abrir formal investigación”(negrillas de la Sala).
Adicionalmente, esa misma Fiscalía certificó que realizó dicha investigación “en la cual fue víctima de una muerte accidental por la caída de un árbol sobre el vehículo en marcha conducido por el señor José de Jesús Aristizábal Henao” en hechos ocurrido el 2 de mayo de 2006, en el barrio Pie de la Popa, en la calle 30 entre carreras 20 y 20D de Cartagena de Indias.
De las pruebas antes referidas se concluye que el señor José de Jesús Aristizábal Henao falleció el 2 de mayo de 2006, cuando transitaba por la calle 30 o calle Real entre la carrera 20 y la carrera 20D en el barrio Pie de la Popa, en la ciudad de Cartagena de Indias, cuando un árbol de bonga cayó sobre el vehículo que conducía el cual siguió su marcha pero chocó con un poste, lo que le causó un trauma craneano severo.
5.2.- El árbol de bonga que causó la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao se encontraba en el antejardín de la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda.
Al respecto los testigos declararon lo siguiente:
La señora Edilma Mercado Chica, empleada administrativa de la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda. declaró lo siguiente (se trascribe de forma literal):
“PREGUNTADO. Diga en qué sitio o lugar se encontraba la bonga que usted dice que es milenaria y si además se encontraba en predios del Dr. Rolando Bechara Castilla. CONTESTÓ. Lo que yo sé es que ella estaba en la vía al lado de la carretera como hay en otros sitios de ese sector, al lado del andén. PREGUNTADO. Aclare al despacho si la misma se encontraba en una jardinera que construyó el Dr. Rolando Bechara. CONTESTÓ. Sí se hizo la jardinera precisamente para proteger la bonga porque estaba en frente de la clínica” (negrillas de la Sala).
A su turno, el señor Carlos Padrón Pérez, médico, quien para la época de los hechos trabajó como director médico de la Clínica Cartagena del Mar, expuso lo siguiente (se trascribe de forma literal):
“PREGUNTADO. Diga al despacho, si lo sabe, de quién es la propiedad del predio donde estaba la bonga sembrada. CONTESTÓ. De la Unidad Oftalmológica de Cartagena. PREGUNTADO. Diga si lo sabe, quién construyó la jardinera donde se encontraba sembrada la bonga que se cayó. CONTESTÓ. Desconozco esa información. PREGUNTADO. Diga al despacho si lo sabe, si el Dr. Rolando Bechara hizo alguna vez poda del árbol que estaba en predio de la Unidad Oftalmológica como usted dice. CONTESTÓ. Le hacían poda pero yo desconozco quién las hacía” (negrillas de la Sala).
También, el señor Reynaldo Morillo Geles, quien ha trabajado como celador en la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda. desde el 2 de agosto de 1991, señaló lo siguiente (se trascribe de forma literal):
“PREGUNTADO. Tiene usted conocimiento de quién era la propiedad del predio donde se encontraba la bonga que ocasionó el accidente. CONTESTÓ. Yo a la bonga la veía como si fuera un lindero, porque estaba en una jardinera en frente de la Olímpica con la Oftalmológica” (negrillas de la Sala).
Por último, la señora Dioselina Conrado David, quien trabajó como directora administrativa y financiera de la Clínica Cartagena del Mar para la época de los hechos, declaró lo siguiente (se trascribe de forma literal):
“Sé que en horas muy temprana del dos de mayo hubo un accidente en el cual hubo un fallecido, el accidente fue ocasionado inicialmente por la caída de unas ramas de un árbol de bonga ubicado en la calle Real del barrio Pie de la Popa frente a las instalaciones de la Clínica Oftalmológica de Cartagena (…).la bonga se encontraba ubicada al frente de la entrada principal de la Clínica Oftalmológica de Cartagena la cual es propietaria de todo ese terreno, el doctor Bechara no es el propietario. (…) Aclaro que la Clínica Cartagena del Mar no es la propietaria del predio, como lo mencioné anteriormente, ese predio es de la Unidad Oftalmológica de Cartagena y toda la labor de jardinería y cuidado del árbol y todo lo que estaba alrededor en cuanto a ornamentación lo realizaba la Unidad Oftalmológica de Cartagena (…) PREGUNTADO. Después de que el árbol fue cortado díganos para qué se utiliza el espacio que el mismo dejó. CONTESTADO. Sigue como jardín o antejardín de la Unidad Oftalmológica de Cartagena y se sembraron árboles de menor tamaño” (negrillas de la Sala).
Por su parte, en el acta de inspección realizada por funcionarios del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A., - prueba decretada a solicitud de dicho demandado y de la parte actora – se lee: “ASUNTO: caída de una bonga centenaria ubicada en la zona de la jardinera de la Clínica Cartagena del Mar”, que, como se verá más adelante, funciona en el mismo edificio de la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda – Universidad del Sinú.
Además, en la solicitud elevada el 15 de enero de 2002, el hoy demandado, Rolando Bechara Castilla, en calidad de Rector de la Corporación Universitaria del Sinú, le pidió al entonces director del Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Cartagena DAMARENA que le recomendara medidas para atender la situación que se presentaba con el árbol de bonga, dado que representaba un peligro para los transeúntes y para los pacientes que ingresaban a la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda.
En dicha comunicación indicó que “en el edificio de la clínica oftalmológica ubicada en el Pie de la Popa, calle 30 No. 20-71, se encuentra sembrado un árbol de bonga”, con lo que reconoció que el árbol estaba plantado en esa propiedad.
Ello se confirma con la copia del certificado de tradición inmobiliaria número 060-120418 impreso el 24 de enero de 2007, en el que se anota en la dirección del inmueble: “Edif. Clínica oftalmológica de Cartagena, P.H. 2 nivel, 2 piso, barrio Pie de la Popa” y con la copia auténtica de la escritura pública número 3159 del 22 de julio de 1992, según los cuales el predio en donde funciona dicha clínica es de propiedad del señor Rolando Bechara Castilla.
Al hecho número dos de la demanda, en el que la parte actora señaló que el árbol de bonga que causó la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao “se encontraba plantado en el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 060-120418 (…) de propiedad del señor Rolando Bechara Castilla”, el mismo demandado en su escrito de contestación indicó que este hecho era parcialmente cierto y que debía probarse.
Asimismo, a solicitud del demandado Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. el a quo decretó prueba pericial para que un perito ingeniero agrónomo determinara, entre otros aspectos, el lugar en donde se encontraba sembrado el árbol de bonga, si en espacio público o en propiedad privada del señor Rolando Bechara Castilla o de otro particular.
Para el momento de practicar el dictamen el perito encontró que el árbol de bonga ya no existía pero allegó 3 fotografías del sitio en donde estuvo plantado el árbol y señaló: “hoy día funciona la jardinera localizada en la entrada principal de la Universidad del Sinú en la calle Real del Pie de la Popa”.
En dichas fotografías se observa la entrada al edificio que, según el perito, es la Universidad del Sinú, en el que aparece un antejardín en donde están sembradas una palma y otras plantas más pequeñas.
Se concluye entonces que dos de los cuatro testigos, el certificado de tradición inmobiliaria y la prueba pericial coinciden en que el árbol de bonga se encontraba sembrado en el antejardín de la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda.
Se trata del mismo árbol que causó el accidente del señor José de Jesús Aristizábal Henao, pues así lo corroboraron la testigo Dioselina Conrado David y el acta de inspección que realizaron funcionarios del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A.
De hecho, el demandado Rolando Bechara Castilla también señaló en su escrito de contestación lo siguiente:
“HECHO DÉCIMO TERCERO. El doctor señor Rolando Bechara Castilla adelantó todas las diligencias necesarias ante el DAMARENA (hoy E.P.A) con el fin de procurar de este establecimiento público la toma de todas las medidas necesarias para intervenir el árbol de bonga que causó la muerte al señor ARISTIZÁBAL (…)”.
Adicionalmente, ese accionado no negó su condición de propietario cuando contestó la demanda, sino que la condicionó a que se probara y así se hizo con el certificado de tradición del bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 060-120418, en donde funciona la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda.
5.3.- El árbol de bonga que causó el accidente sufrido por el señor José de Jesús Aristizábal Henao tenía daño interno debido a la poda anti técnica y a la acción de las plagas, aunque externamente se veía en buenas condiciones
Sobre el estado en que se encontraba el árbol de bonga que causó la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao, en el informe técnico de visita al lugar de los hechos, elaborado el 2 de mayo de 2006, por funcionarios de la Subdirección Técnica de Desarrollo Sostenible Área Fauna, Flora, Reforestación y Parques del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. – documento allegado por la parte demandante y por ese demandado, el cual fue decretado como prueba por el a quo – se señaló lo siguiente (se trascribe de forma literal):
“ASUNTO: caída de una Bonga centenaria ubicada en la zona de la Jardinera de la clínica Cartagena del Mar.
“ANTECEDENTES: No existen antecedentes en ninguna dependencia del EPA relacionados con solicitudes de podas y/o talas hechas por la Administración de los propietarios del árbol en cuestión.
“VISITA DE INSPECCIÓN. El 2 de mayo de 2006, a petición del alcalde Mayor (E) de la ciudad (…) y otros secretarios de despacho y la comunidad se realizó una visita institucional de inspección a la calle 30, calle Real del Pie de la Popa, que corresponde al frente de la fachada de la clínica Cartagena del Mar – Universidad del Sinú, sitio frente al cual se encuentra una Jardinera donde está plantada una bonga centenaria de la especie Ceiba Bonga (ceiba pentandra), la cual se derrumbó en el día de hoy. (…) Se realizó una inspección minuciosa de las circunstancias que rodearon los hechos que dieron al traste con la caída de la bonga y se pudo comprobar que:
“1. La bonga presenta un agrietamiento profundo en las zonas internas del tallo y de las ramas causada por un ataque masivo de plagas como el comején, entre otras.
“2. El estado fitosanitario del árbol está fuertemente afectado por el masivo ataque interno de las plagas mencionadas, aunque en su apariencia externa esto no se reflejaba.
“(…).
“5. Al precipitarse las ramas del árbol ocasionaron daños en las redes eléctricas, telefónicas, vehículos que estaban estacionados y a una persona que iba en un vehículo.
“CONCEPTO TÉCNICO: de conformidad con lo observado en la visita de inspección ocular se emite el siguiente concepto técnico:
“1. El principal factor que ocasiona la caída de la bonga es el fuerte daño mecánico causado por la invasión de las plagas como el comején, entre otros, al parecer producido por la realización de podas antiguas sin utilización de cicatrizante.
“2. El socavamiento y la perforación que ocasionaron las plagasen la parte interna del árbol debilitaron la estructura del árbol ocasionando una fractura debido a la incapacidad del fuste para soportar el peso de las ramas.
“3. Es recomendable que las entidades particulares y/o personas bajo cuya responsabilidad se encuentra un árbol, realicen una revisión periódica con el fin de que hagan las labores de mantenimiento preventivo.
“4. Se realizaron revisiones minuciosas y detenidas de los árboles situados en el sector recomendando la tala de una bonga similar que presenta ataques de plagas (…).
“5. Ante los lamentables hechos que ocasionaron la pérdida de una vida humana el Establecimiento Público Ambiental debe exhortar a las entidades relacionadas con el espacio público, la secretaría de infraestructura y Distriseguridad, entre otras, a unir esfuerzos para realizar un plan de acción preventivo que permita mitigar los daños que pudieran ocasionar las fuertes lluvias y brisas del invierno que se avecina en el arbolado urbano” (negrillas de la Sala).
Al respecto, el a quo también escuchó varios testimonios, entre ellos el del ingeniero agrícola Efraín Consuegra Solórzano, funcionario del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A., y quien suscribió el acta de inspección al árbol realizada el día del accidente sufrido por la víctima.
Este testigo manifestó que no era competencia del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. realizar las podas o talas de los árboles de la ciudad, pero sí las autorizaba; sin embargo, afirmó que no conoció de solicitudes que hubieran sido presentadas a esa entidad con ese propósito. Sobre el procedimiento dado a este tipo de peticiones señaló (se trascribe de forma literal):
“El procedimiento es el siguiente: el o los solicitantes radican la solicitud respectiva ya sea de poda o de tala según el parecer de los quejosos, el EPA verifica el certificado de libertad y tradición del sitio donde se encuentra el árbol, ya que puede estar en espacio público o zona privada y luego de haberse incoado la solicitud en la sección jurídica del EPA, se envía a la subdirección técnica de desarrollo sostenible en donde se realiza el siguiente procedimiento: se nombra una comisión técnica que inspeccione el árbol de la solicitud y de acuerdo con esta visita ocular se realiza un concepto técnico en el cual se establece si es viable la solicitud de poda o de tala o de reubicación según el caso. Este concepto técnico se envía nuevamente a jurídica del EPA y ellos expiden una resolución de autorización o negación de viabilidad de la solicitud hecha. PREGUNTADO. En qué parte se encontraba sembrado el árbol según la pesquisa que realizaron el día de los hechos. CONTESTÓ. El árbol estaba situado en la jardinera de la clínica Cartagena del Mar – Universidad del Sinú, en zona privada, tal como se escribió en el acta de inspección en su momento” (negrillas de la Sala).
Por su parte, el testigo Rodrigo Rafael Sánchez Tapia, también funcionario del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A., reiteró lo declarado por su compañero Efraín Consuegra Solórzano e insistió en que, desde el 18 de septiembre de 2003 que trabajaba en esa entidad, no conoció de solicitudes de poda o tala del árbol a que se referían los hechos de la demanda.
Para la Sala, si bien los señores Efraín Consuegra Solórzano y Rodrigo Rafael Sánchez Tapia pueden considerarse como testigos sospechosos, en los términos del artículo 217 del C.P.C., por su condición de funcionarios de la entidad demandada, Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A., en este caso su credibilidad no se ve afectada por ese vínculo, dado que, de forma espontánea y desprevenida hicieron referencia a lo que conocieron sobre los hechos de la demanda y no demuestran ninguna tendencia a evadir u ocultar información o modificar los hechos narrados; adicionalmente, sus testimonios coinciden con lo señalado en el acta de inspección que suscribieron el día de los hechos, junto con otros funcionarios de la misma entidad, documento que fue decretado como prueba por el a quo y que fue allegado tanto por la parte demandante como por esa demandada.
Por su parte, la señora Edilma Mercado Chica, empleada administrativa de la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda. declaró lo siguiente (se trascribe de forma literal):
“Comencé a trabajar desde 1992 con relación directa con los porteros que dependían directamente de la Dirección que era mi jefe y en 1996 los celadores reportan preocupación sobre las ramas de la bonga que caían en las noches cuando había mucha brisa, de ahí se manda una carta a la entidad que le correspondía y de la entidad Damarena visitaron e inspeccionaron el árbol y este estaba frondoso y verde y no presentaba externamente ningún peligro y estaba normal. Posteriormente, en 1998 cayó una rama en la madrugada y sí hubo un percance con un paciente que esperaba turno, en esa oportunidad nuevamente se reportó y asistieron de Damarena y podaron algunas ramas. Posteriormente, en el 2002, sin incidente con alguna persona y en esa oportunidad la universidad del Sinú también reportó al Dr. Vergara Navarro y también hicieron una poda de las ramas secas pero el árbol seguía verde y botaba una semillita y los porteros siempre estaban barriendo estas semillitas y esto demuestra que el árbol estaba verde y normal externamente. Había preocupación general en el sector porque había varias bongas y como en la ciudad siempre hay lluvias con vendavales varias vecinas se reunieron con la Clínica y la Universidad y pidieron revisión de las bongas. Eso es lo que sé que ha venido pasando con las bongas. (…) el Dr. Vergara era el director del Damarena en el año 2002, a quien la Universidad le envió la carta (…) PREGUNTADO. Diga al despacho cuál era el estado externo que presentaba le árbol cuando se cayó. CONTESTÓ. Externamente estaba normal, fuerte, verde, caían las semillitas del árbol que decía estaba floreciendo, por consiguiente parecía un árbol normal externamente estaba con sus ramas verdes y botando semillas” (negrillas de la Sala).
A su turno, el señor Carlos Padrón Pérez, quien para la época de los hechos trabajó como director médico de la Clínica Cartagena del Mar, expuso lo siguiente (se trascribe de forma literal):
“Yo trabajé con la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda. Desde septiembre de 1997 y luego en marzo de 2003 fui director médico de la Clínica Cartagena del Mar hasta agosto de 2007. En la calle 30 o calle Real del Pie de la Popa había unas bongas que cumplían su ciclo con los meses del año. En una ocasión, en la Clínica atendíamos usuarios de Cajanal y una mañana temprano se cayó una rama y lesionó a un señor, tengo entendido que la Clínica reportó el estado de las bongas. El día del accidente como director médico de la clínica me tocó manejar todo el plan de contingencia eso es lo que tengo conocimiento. (…) PREGUNTADO. Sírvase decir al despacho si en el tiempo que usted trabajó en la Clínica la bonga que se cayó fue podada, en caso afirmativo por quién o quiénes. CONTESTÓ. Las veces que se cayeron las ramas por el invierno venían y le hacían mantenimiento pero eran terceros, no eran trabajadores de la Clínica, debían ser de algún ente encargado de la ciudad. PREGUNTADO. Diga al despacho cómo era el estado externo del árbol en la época que se cayó. CONTESTÓ. Aparentemente se veía bien. (…)” (negrillas de la Sala).
También, el señor Reynaldo Morillo Geles, quien había trabajado como celador en la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda. desde el 2 de agosto de 1991, señaló que no se encontraba de turno el 2 de mayo de 2006 y por eso no conoció los hechos a que se refería la demanda, pero respecto del árbol de bonga involucrado en el accidente que sufrió el señor José de Jesús Aristizábal Henao señaló (se trascribe de forma literal):
“Antes del accidente había una rama que estaba muy gruesa y muy larga sobre la carretera, entonces se le hizo ver a la asistente de la clínica, entonces un sábado que estaba de turno me dijeron que iba a ir un personal del Damarena a cortar la rama esa, pero no recuerdo la fecha exacta. No paso más nada, todos los días había que barrerle el poco de hoja que botaba la bonga. PREGUNTADO. Sírvase decir al despacho si desde el tiempo que usted ha estado trabajando ¿cuántas podas se le hicieron a la bonga? CONTESTÓ. Solamente vi la rama que cortó el Damarena, de ahí no he visto nada más. PREGUNTADO. Diga al despacho si sabe si el Dr. Rolando Bechara, la Unidad Oftalmológica u otro particular haya podado la bonga que causó el accidente. CONTESTÓ. En mi turno no hubo nadie que podara la bonga. PREGUNTADO. Diga al despacho ¿cuál era el estado externo que presentaba el árbol que se cayó? CONTESTÓ. Yo lo veía normal, botaba sus flores que le tocaban, botaba sus hojas todos los meses, yo lo veía normal (negrillas de la Sala).
Igualmente, la señora Dioselina Conrado David, quien trabajó como directora administrativa y financiera de la Clínica Cartagena del Mar para la época de los hechos declaró lo siguiente (se trascribe de forma literal):
“PREGUNTADO. Diga al despacho cuál era el estado externo que presentaba el árbol cuando se cayó. CONTESTÓ. Era un árbol grande, grandísimo, frondoso, que generaba buena sombra en la zona, de hecho las ramas que cayeron el día del accidente generaron el cierre de la vía por la cantidad de hojas y ramas que cayeron en la calle. (…) (negrillas de la Sala).
Además, en el dictamen realizado por perito agrónomo, que también tenía como objeto que se estableciera la causa de la caída del árbol, si era perceptible su deterioro interno y cuáles fueron las razones de su enfermedad, el auxiliar de la justicia concluyó lo siguiente (se trascribe de forma literal):
“1.- Que el día de la inspección ocular en el sitio en donde estuvo plantada la bonga, no existía ni raíces, ni tronco ni ramas.
“2.- El conocimiento de lo ocurrido no fue observado por el perito, pero la información la obtuvo mediante las publicaciones aparecidas en los medios informativos de la ciudad, tales como el periódico el Universal de fecha 20 de febrero de 1998, trascripción realizada por Caracol Radio el 3 de mayo de 2006.
“3.- El árbol fue conocido por el suscrito desde mucho antes de su caída como lo dije anteriormente, por mis andanzas desde niño en el barrio del Amador.
“4.- Por mis conocimientos científicos en materia de fitopatología, entomología, biología, botánica, microbiología (micología), fisiología vegetal, entre otros, adquiridos en mi formación profesional como requisito previo del pensum académico para obtener el título de ingeniero agrónomo, esto en concordancia con uno de los conceptos emitidos por el ingeniero agrónomo Rodrigo Rafael Sánchez Tapia en su declaración jurada del 9 de julio de 2009 ante el tribunal Administrativo de Bolívar, puedo concluir que la caída del árbol se debió a la práctica de poda anti técnica sobre las ramas del árbol.
“5.- Las podas referidas fueron ocurridas por lo menos veinte años atrás aproximadamente en forma periódica, pero no sé exactamente quien las pudo autorizar.
“6.- La acción de los insectos y de los agentes patógenos pudo ocurrir aproximadamente por el mismo período de las podas, en que las áreas cortadas quedaron expuestas al medio ambiente.
“7.- Las fotografías anexas al presente informe muestran de forma patética el tipo de daño causado por la práctica anti técnica de la poda y su resultado final, como es la caída del árbol” (negrillas de la Sala).
El demandado Rolando Bechara Castilla solicitó aclaración del dictamen, para que el perito indicara el tiempo de vida de un árbol de bonga, si los insectos atacaban no importara el estado en que se encontrara la especie y si el ataque de la plaga disminuía el estado sanitario del árbol.
El perito aclaró que la vida de un árbol de ceiba de bonga podía extenderse hasta por sesenta años, aproximadamente. Señaló que los insectos atacan las especies en cualquier estado, pero el grado de infestación aumentaba si tenían áreas descubiertas. Advirtió que el ataque de insectos disminuía el estado sanitario de cualquier planta, pero en el caso de la bonga de ceiba esta conservaba su verdor, debido a que el resto del follaje seguía procesando el fenómeno de la fotosíntesis.
Igualmente, a solicitud del demandado Rolando Bechara Castilla, el a quo decretó como prueba que el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. rindiera un informe juramentado sobre los hechos de la demanda, a lo que esa entidad respondió que, de acuerdo con el Decreto 1791 de 1996, no era la competente para talar o podar árboles, sino para autorizar tales actividades; que no autorizó la poda del árbol de bonga que causó la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao y que, según la inspección realizada el día de los hechos, el árbol tenía una buena apariencia externa y no reflejaba el daño interno causado por las plagas.
Se concluye entonces que el 2 de mayo de 2006, luego de que ocurriera el accidente en el que perdió la vida el señor José de Jesús Aristizábal Henao, funcionarios del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. realizaron una inspección al árbol de bonga ubicado en “la zona de la jardinera de la Clínica Cartagena del Mar” y concluyeron que la bonga presentaba un agrietamiento profundo en las zonas internas del tallo y de las ramas, causado por un ataque masivo de plagas como el comején, aunque en su apariencia externa no se reflejaba el daño.
Los testigos coincidieron en que había una preocupación general por los árboles de bonga ubicados en la calle Real del barrio Pie de la Popa y que, tanto la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda. como la Universidad del Sinú reportaron al DAMARENA el estado de la bonga, al que se le hicieron una o dos podas entre el 2002 y el 2006, aunque no saben quién las hizo.
Los declarantes también coincidieron en que la apariencia del árbol era buena, que era muy grande y daba sombra al sector.
Para octubre de 2009, cuando el perito agrónomo realizó una inspección al lugar de los hechos, el árbol de bonga de la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda. no existía y encontró que en el antejardín del edificio habían sembrado otros árboles más pequeños, ello también lo corroboró la testigo Dioselina Conrado David.
El perito concluyó que la caída del árbol el día del accidente sufrido por el señor José de Jesús Aristizábal Henao, se debió a la poda anti técnica del mismo y a la acción de las plagas.
5.4.- La comunidad y el propietario del predio en donde se encontraba plantado el árbol de bonga habían solicitado que este fuera intervenido
La comunidad había elevado varias peticiones al Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Cartagena DAMARENA, a los bomberos de la ciudad y al jefe del Espacio Público del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para que podaran o talaran los árboles de bonga ubicados en el barrio Pie de la Popa.
Así se desprende de las comunicaciones del 29 de junio de 2000, el 23 de mayo de 2002, el 5 de junio de 2002 y el 26 de marzo de 2003, en las cuales la administradora del conjunto residencial Villa Mercedes, ubicado en la calle 30 # 20-145 del barrio Pie de la Popa de Cartagena, le informó al director del DAMARENA que el árbol de bonga sembrado a las afueras de su edificio se encontraba desprendiendo sus ramas y que representaba peligro para las personas que transitaban por el lugar, al igual que la bonga ubicada en la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda. que, en junio de 2000, al soltar una rama, esta cayó sobre un transeúnte que se encontraba parado en la acera .
El 15 de enero de 2002, el señor Rolando Bechara Castilla, en calidad de rector de la Corporación Universitaria del Sinú, solicitó al director del entonces Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Cartagena – DAMARENA – la recomendación de medidas para atender la situación que se presentaba con el árbol de bonga, en los siguientes términos (se trascribe de forma literal):
“En el edificio de la clínica oftalmológica ubicada en el Pie de la Popa, calle 30 No. 20-71, se encuentra sembrado un árbol de ceiba que en el mes pasado luego de un aguacero una de sus ramas cayó al suelo, afortunadamente no ocasionó ninguna lesión a los transeúntes.
“A la fecha observamos que el árbol presenta una grieta en su tronco, lo que representa un peligro para las personas que transitan por esta calle, tales como los estudiantes de la Corporación Universitaria del Sinú y los pacientes que ingresan a consulta en la clínica y unidad oftalmológica de Cartagena.
“Agradecemos las medidas que pueda recomendar para resolver esta situación” (negrillas de la Sala).
El 27 de abril de 2006, la administradora del conjunto residencial La Miramar también elevó una solicitud, esta vez al jefe del Espacio Público del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias en los siguientes términos (se trascribe de forma literal):
“Como administradora del conjunto residencial La Miramar donde la ubicación es en el barrio Pie de la Popa calle 30, se encuentra un árbol que es patrimonio de la humanidad pero necesitamos de parte de ustedes o del ente encargado una inspección, ya que el crecimiento desproporcionado del mismo tiene involucrada una luminaria pública y las ramas se encuentran invadiendo todo el cableado de dicho poste. Por tanto, se necesita el corte necesario de todas sus ramas para evitar accidentes posteriores (un corto circuito), puesto que ya comenzó la época invernal. Esta es una avenida muy transitable, pues se involucra toda la esquina de la universidad Libre y el paso de los estudiantes de las diversas universidades y colegios que se encuentran en el sector.
“Con mayor exactitud el árbol se encuentra ubicado en el predio del antiguo teatro Miramar en el Pie de la Popa”.
De lo anterior se concluye que en la Calle real o calle 30 con carrera 20, en el barrio Pie de la Popa de Cartagena de Indias, se encontraban sembrados dos árboles de bonga, uno frente al conjunto residencial Villa Mercedes (calle 30 # 20-145) y el otro en el antejardín de la entrada de la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda. (calle 30 No. 20-71).
Como se indicó con las pruebas señaladas en los acápites precedentes, el árbol que se cayó y que causó la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao, era el ubicado en el antejardín de la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda.
Entre el 2000 y el 2003, la administradora del conjunto residencial Villa Mercedes solicitó al Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Cartagena DAMARENA, al jefe de Espacio Público del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, e incluso a los bomberos de la ciudad, su colaboración para podar o talar el árbol de bonga que estaba sembrado frente a esa copropiedad.
Sin embargo, no es este el árbol de bonga al que se refieren los hechos de la demanda, sino al ubicado en la misma Calle Real del barrio Pie de la Popa, en el antejardín de la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda., donde también funciona la Clínica Cartagena del Mar, las cuales tienen convenio con la Universidad del Sinú para las prácticas de sus estudiantes, predio de propiedad del demandado Rolando Bechara Castilla.
El mismo Bechara Castilla, aproximadamente cuatro años antes del accidente del señor José de Jesús Aristizábal Henao, le había solicitado al director del DAMARENA las recomendaciones pertinentes para atender la situación del árbol de bonga sembrado “en el edificio de la clínica oftalmológica ubicada en el Pie de la Popa, calle 30 No. 20-71”, dado que presentaba grietas en su tronco y se le desprendían las ramas, lo que representaba un peligro para los transeúntes.
Incluso, poco antes de la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao, el 27 de abril de 2006, la administradora de otro conjunto residencial, ubicado en la mencionada calle Real o calle 30 del barrio Pie de la Popa, también le informó al jefe del Espacio Público del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias el crecimiento desproporcionado del árbol de bonga del antejardín de la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda. y le solicitó una inspección.
6.- El daño
La muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao, ocurrida el 2 de mayo de 2006, se encuentra acreditada con la copia auténtica de su registro civil de defunción, las copias del acta de levantamiento del cadáver, del protocolo de necropsia y de la Resolución del 17 de mayo de 2006, por la cual la Fiscalía Sexta Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Cartagena se inhibió de iniciar investigación penal.
7.- La imputación
El a quo consideró que el daño resultaba imputable al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A., dado que el mal estado del árbol de bonga y el peligro que este representaba para la comunidad eran de público conocimiento.
También declaró la responsabilidad del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias por no ejercer el control de tutela sobre la autoridad ambiental como establecimiento adscrito y no trasladar las solicitudes que recibió al antiguo DAMARENA para que las atendiera oportunamente.
En cuanto al demandado Rolando Bechara Castilla, señaló que este cumplió con su deber ciudadano de informar a la autoridad ambiental competente sobre el riesgo que representaba el árbol de bonga, razón por la cual fue exonerado, así como su llamada en garantía, La Previsora S.A.
7.1.- La apelación del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A.:
El Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. cuestionó lo decidido por el a quo respecto de la imputación del daño, con base en los siguientes argumentos:
El Tribunal a quo no determinó si el árbol de bonga que causó la muerte de la víctima se encontraba en propiedad privada o en espacio público
Le asiste razón al apelante, pues el a quo señaló las obligaciones que consideró incumplidas por parte de las entidades públicas accionadas respecto de los hechos de la demanda, pero no determinó en qué lugar se encontraba ubicado el árbol de bonga que causó la muerte de la víctima ni qué relación tenía con el señor Rolando Bechara Castilla.
En el proceso se comprobó que el árbol de bonga que cayó sobre el vehículo del señor José de Jesús Aristizábal Henao y que le causó la muerte se encontraba sembrado en el antejardín de la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda., mismo edificio en donde funcionaba la Clínica Cartagena del Mar y hacían prácticas los estudiantes de la Universidad del Sinú.
No obstante, la Sala considera que debe precisarse si el antejardín ubicado en la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda. pertenece al espacio público o privado, a fin de determinar si las entidades públicas demandadas son responsables de la producción del daño y qué responsabilidad le cabe al particular.
Al respecto, la Ley 9 de 1989 “por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 5 prevé lo siguiente:
“Artículo 5. Entiéndase por Espacio Público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.
“Así, constituyen el Espacio Público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal, como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva; para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan por consiguiente zonas para el uso o el disfrute colectivo” (negrillas de la Sala).
En concordancia, el Decreto 1504 de 1998 “por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial” establece que los antejardines, incluso ubicados en propiedad privada, son elementos constitutivos del espacio público.
“Artículo 5. El espacio público está conformado por el conjunto de los siguientes elementos constitutivos y complementarios:
“I. Elementos constitutivos:
“(…).
“2. Elementos constitutivos artificiales o construidos:
“(...)”.
“d) Son también elementos constitutivos del espacio público las áreas y elementos arquitectónicos espaciales y naturales de propiedad privada que por su localización y condiciones ambientales y paisajísticas, sean incorporadas como tales en los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen, tales como cubiertas, fachadas, paramentos, pórticos, antejardines, cerramientos;
“e) De igual forma se considera parte integral del perfil vial, y por ende del espacio público, los antejardines de propiedad privada” (negrillas de la Sala).
De lo anterior se concluye que los antejardines de los predios privados hacen parte del espacio público y están sometidos a las normas urbanísticas, además de gozar de protección de rango superior por trascender del uso individual al de la vida urbana, como lo ha señalado la Corte Constitucional:
“El concepto de espacio público hace relación no sólo a los bienes de uso público, sino a aquellos bienes de propiedad privada que trascienden lo individual y son necesarios para la vida urbana. Los antejardines, las zonas de protección ambiental, los escenarios privados a los cuales accede el público (como los teatros), caen bajo ese concepto que permite un manejo urbano en el que el elemento público y colectivo prevalece sobre el particular.
“Dada su enorme importancia para la calidad de vida, en especial en los centros urbanos, se ha considerado elevarlo a rango constitucional.
“A partir de la Constitución de 1991 el concepto de espacio público adquiere, pues, protección constitucional. Varios artículos de la Carta Política aluden específicamente a esta materia, no sólo para señalar que los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables (artículo 63 C.P.) sino al especificar los referidos deberes de protección y conservación que se predican del Estado respecto del espacio público en los términos del artículo 82 Superior (...).
“(…).
“Como puede apreciarse el constituyente amplía conceptualmente la idea de espacio público tradicionalmente referida en la legislación civil (artículos 674 y 678 C.C.), teniendo en cuenta que no se limita a los bienes de uso público (calles, plazas, puentes, caminos, ríos y lagos) señalados en dicha legislación, sino que se extiende a todos aquellos bienes inmuebles públicos, y a algunos elementos específicos de los inmuebles de propiedad de los particulares, que al ser afectados al interés general en virtud de la Constitución o la Ley, o por sus características arquitectónicas naturales, están destinados a la utilización colectiva. Así, lo que caracteriza a los bienes que integran el espacio público es su afectación al interés general y su destinación al uso por todos los miembros de la comunidad” (negrillas de la Sala).
También esta Corporación ha señalado que “los antejardines privados forman parte del perfil vial y por ende del espacio público”.
Así las cosas, el antejardín de la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda., donde se encontraba sembrado el árbol de bonga que causó la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao, era un elemento del espacio público cuya protección, manejo, conservación, preservación y recuperación le correspondía a las autoridades públicas, como se desprende del artículo 82 de la Constitución Política, según el cual el Estado tiene a su cargo la obligación constitucional y legal de brindarle efectiva protección a los bienes y áreas que conforman el espacio público y lo ha resaltado esta Corporación.
De ahí que, aunque el árbol de bonga se encontraba plantado en un antejardín, este pertenecía al espacio público y las entidades demandadas tenían el deber de su cuidado y de advertir si este representaba peligro, como pasa a explicarse.
El Establecimiento Público Ambiental de Cartagena no reemplazó al DAMARENA
Al respecto, observa la Sala que el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 dispuso lo siguiente:
“Artículo 13. Competencia ambiental. Los Distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla ejercerán, dentro del perímetro urbano de la cabecera distrital, las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano, en los mismos términos del artículo 66 de la Ley 99 de 1993.
“Para tal fin, los respectivos Concejos Distritales, a iniciativa del Alcalde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 313 de la Constitución Política crearán un Establecimiento Público, que desempeñará las funciones de autoridad ambiental en el área de su jurisdicción (…)”.
Es así como, mediante Acuerdo Distrital 029 publicado en la gaceta distrital del 30 de diciembre de 2002 - prueba allegada en copia auténtica por la parte demandante y decretada por el a quo -, el Concejo Distrital de Cartagena de Indias creó el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. con el objeto de (se trascribe de forma literal):
“ejercer las funciones de autoridad ambiental en los términos del artículo 66 de la Ley 99 de 1993, dentro del perímetro urbano de la cabecera del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y las funciones del Alcalde Mayor en materia ambiental dentro del área de la jurisdicción del Distrito”.
Además, entre sus múltiples funciones señaladas en el artículo 3, literal b) numeral 27 y parágrafo del literal c) de dicho acto administrativo se encuentran (se trascribe de forma literal):
“b) En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 768 de 2002:
“27. Dirigir, coordinar y controlar la gestión ambiental del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, según las normas nacionales y locales y de acuerdo con los principios de armonía regional, graduación normativa y rigor subsidiario”.
“(…).
“c) Otras funciones:
“(…).
“Parágrafo. El Alcalde Mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias delega en el Establecimiento Público Ambiental E.P.A. de Cartagena, las demás funciones que le atribuya la ley en materia de medio ambiente y recursos naturales y en la prevención y atención de desastres”.
Finalmente, el artículo 18 del mismo Acuerdo señaló lo siguiente (se trascribe de forma literal):
“Artículo 187. Este acuerdo se expide de conformidad con lo establecido en los artículos 49, 71 y numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política, las Leyes 99 de 1993, 136 de 1994, 715 de 2001 y 768 de 2002, rige partir de su sanción y publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, especialmente las funciones asignadas al Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Cartagena (Damarena)” (negrillas de la Sala).
De ahí que, contrario a lo señalado por la apelante, para el 2 de mayo de 2006, cuando falleció el señor José de Jesús Aristizábal Henao, el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. era la autoridad ambiental de la ciudad que reemplazó en sus funciones al Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Cartagena DAMARENA.
El Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. no tuvo conocimiento de la situación que se presentaba con el árbol de bonga que causó la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao
Se demostró que el 15 de enero de 2002, el señor Rolando Bechara Castilla solicitó al Director del DAMARENA – entidad a la cual reemplazó el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. - las recomendaciones necesarias para el manejo del árbol de bonga que se encontraba agrietado y, según los testigos trabajadores del lugar, esa entidad acudió en alguna ocasión a cortar las ramas del árbol.
Además, siendo de público conocimiento la existencia del árbol de bonga como elemento del espacio público, por encontrarse sembrado en un antejardín que daba sombra a la calle, tanto así que su caída causó la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao, quien pasaba por el lugar en su vehículo, pese a que no se demostró que ante el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. se hubiera solicitado la inspección o la autorización para la poda o tala del árbol de bonga después del 15 de enero de 2002, dicha entidad como autoridad ambiental debió vigilar el estado del antejardín por encontrarse en espacio público, con lo cual habría advertido su peligrosidad.
Aunque no se encuentra dentro de las tareas específicas del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. la tala o poda de árboles de los antejardines, sí se encuentra obligada al manejo de los elementos naturales (plantas) sembrados en dichas áreas, como se desprende de las funciones señaladas a esa entidad en el artículo 8 del Acuerdo 001 del 13 de noviembre de 2003 del Consejo Directivo de esa entidad – allegado por la parte demandante y decretado como prueba por el a quo – entre ellas las siguientes (se trascribe de forma literal):
“Artículo 8. Funciones. Son funciones del Establecimiento las siguientes:
“a) En cumplimiento de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 99 de 1993:
“(…).
“6.- Colaborar con las corporaciones autónomas regionales en la elaboración de los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables.
“7.- Ejercer, en todo el territorio de su jurisdicción, con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades del sistema nacional ambiental SINA, con sujeción a la ley, las funciones de control y vigilancia del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.
“8. Coordinar y dirigir con la asesoría de las corporaciones autónomas regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del Distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables (…)”.
“(…).
“b) En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 768 de 2002:
“(…).
“11. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a los usos del agua, del suelo, del aire y los demás recursos naturales renovables (…)”.
Cabe recordar que el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. fue creado para ejercer las funciones de autoridad ambiental en los términos del artículo 66 de la Ley 99 de 1993, esto es, como una corporación autónoma regional dentro del perímetro urbano de Cartagena de Indias.
Además, el Decreto 1504 de 1998 “Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial”, en el artículo 17, inciso 2, dispuso que las autoridades ambientales de las entidades territoriales tendrán a su cargo el manejo de los elementos naturales y las normas técnicas para la conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio público.
Es así que, respecto de árboles como el de bonga, siendo un recurso natural renovable su cuidado y preservación - más aún al hallarse en un área de espacio público (antejardín) -, se encontraba a cargo del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. como autoridad ambiental de la ciudad.
De ahí que el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. como autoridad ambiental para la época de los hechos, sí debió conocer la situación del árbol, aunque no recibiera solicitudes específicas sobre su estado, pues el antejardín en el que estaba sembrado era un elemento del espacio público y como tal requería de su vigilancia, por haber sido encargada de las funciones en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables, en el área urbana de Cartagena de Indias, según lo dispuso el mencionado Acuerdo Distrital 029 de 2002.
Por tales motivos, la Sala considera que el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. es responsable por la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao causada por la caída del árbol de bonga cuyas condiciones no fueron oportuna y debidamente verificadas por esa autoridad ambiental.
No era previsible la enfermedad del árbol de bonga como lo señaló el a quo
No le asiste razón a la parte apelante en este punto, pues tanto los testigos como el perito coincidieron en que se trataba de un árbol antiguo y conocido de la calle Real del barrio Pie de la Popa el cual “daba buena sombra en la zona”, de modo que se trataba de un bien para el disfrute público que, aunque en su apariencia externa no reflejaba su daño interno, por ser un elemento del espacio público y tratarse de una especie arbórea, su manejo, conservación, preservación y recuperación, se encontraba a cargo de la autoridad ambiental, que para la época de los hechos era el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A., según se dispuso en el Acuerdo Distrital 029 de 2002.
De haber realizado la inspección correspondiente al árbol de bonga, el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. como autoridad ambiental de la ciudad pudo advertir la enfermedad del árbol, su deterioro o el peligro de que se cayera.
De modo que la apariencia externa del árbol no puede justificar la falta de precaución y de manejo por parte de la autoridad ambiental de un elemento natural sembrado en el antejardín de la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda., esto es, en un área considerada por la ley como espacio público.
el propietario del inmueble donde funcionaba la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda. era el responsable del daño causado
Como se indicó en precedencia, en el proceso se comprobó que el árbol de bonga que cayó sobre el vehículo del señor José de Jesús Aristizábal Henao y que le causó la muerte se encontraba sembrado en el antejardín de la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda., mismo edificio en donde funciona la Clínica Cartagena del Mar y hacen prácticas los estudiantes de la Universidad del Sinú.
No obstante, el antejardín de la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda., como elemento del espacio público no solo era para el goce de quienes frecuentaban el edificio sino también para todos los transeúntes de la calle Real del barrio Pie de la Popa.
El Código Civil no prevé la consideración de los antejardines como elementos del espacio público, pues esta calificación, como antes se anotó, se consagró en leyes posteriores, solo se refiere en general a los bienes de uso público y sobre los límites a las construcciones.
La misma codificación previó la existencia de árboles medianeros (servidumbre), esto es, aquellos que servían de límite o separación entre edificaciones y que si un árbol extendía sus ramas o penetraba sus raíces sobre suelo ajeno, el dueño del suelo podía exigir que se cortara la parte excedente de las ramas o cortar las raíces.
No obstante, dichas normas preveían posibles conflictos frente al derecho de dominio, esto es, entre propietarios privados y como ya se advirtió, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9 de 1989 y el Decreto 1504 de 1998, vigentes para la época de los hechos, el antejardín de la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda. en el cual se encontraba sembrado el árbol de bonga que causó la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao, es un elemento del espacio público.
Pese a ello, no puede ignorarse que tanto el propietario del edificio donde funcionaba la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda., señor Rolando Bechara Castilla, y el personal de la clínica mostraron interés por el cuidado del árbol de bonga.
De hecho, el vigilante del lugar recogía las ramas y semillas que caían del árbol y la testigo Dioselina Conrado David declaró que toda la labor de jardinería y mantenimiento del árbol la realizaba la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda., de ahí que su conservación es algo en lo que también se involucró el personal de ese edificio, a pesar de que el antejardín era un elemento del espacio público.
Además, como lo determinó el perito agrónomo, la caída de las ramas del árbol se debió a una poda anti técnica, lo cual, además de la autoridad ambiental, también compromete al personal del edificio que se encargaba de su mantenimiento.
Incluso, el 15 de enero de 2002, el señor Rolando Bechara Castilla, propietario del edificio, mostró su preocupación por el estado en que se encontraba el árbol de bonga y el peligro que representaba para la comunidad, según la solicitud que presentó al director del DAMARENA, la cual firmó como rector de la “Corporación Universitaria del Sinú”.
No obstante, solo mostró interés en esa oportunidad, sin que en el proceso se demostraran otras gestiones de su parte para la inspección, poda o tala del árbol que representaba peligro, a fin de evitar el accidente fatal que ocurrió más de cuatro años después, el 2 de mayo de 2006.
Asimismo, como lo ha precisado la Corte Constitucional:
“Como es sabido, atendiendo al sentido y alcance del artículo 58 de la Constitución, la adquisición y ejercicio de la propiedad privada puede ser susceptible de una serie de condicionamientos y cargas impuestos por el Estado, en razón de que la propiedad no se concibe como un derecho absoluto sino relativo, lo cual se deriva del principio constitucional solidarista de que ‘la propiedad es una función social que implica obligaciones’”.
En el sub judice, tanto los transeúntes de la calle real del barrio Pie de la Popa de Cartagena de Indias como los usuarios del edificio de la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda. se beneficiaban de la sombra que brindaba el árbol y el ornato que representaba para la zona.
De hecho, aunque el árbol era un elemento natural sembrado en un área de espacio público (antejardín), para la época de los hechos la ley sí preveía la solicitud a la autoridad ambiental respectiva, en este caso, al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A., para que autorizara la tala o poda del árbol sin distinción de su ubicación – de dominio público o privado -, como lo señalaba el Decreto 1791 de 1996 “por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal”:
“Artículo 55. Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud” (negrillas de la Sala).
El propietario del inmueble donde funcionaba la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda. pudo solicitar la inspección del árbol y verificar si era necesario talarlo o podarlo, decisión que solo tomó luego de la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao, como lo comprobó el perito agrónomo.
La Sala itera que, si bien el antejardín donde se encontraba sembrado el árbol formaba parte del espacio público, dicha área también constituía un elemento arquitectónico, espacial y natural de un inmueble de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacía necesidades de uso público, por ende, además de la autoridad ambiental compromete la responsabilidad del dueño del predio en su cuidado, pues se comprobó que personal del edificio de la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda. intervino en su mantenimiento.
Por tales motivos, el señor Rolando Bechara Castilla también será declarado responsable por la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao.
En cuanto a la llamada en garantía, La Previsora S.A., el demandado Rolando Bechara Castilla fundó dicho llamamiento en las pólizas números 1001188 y 1001011 las cuales tienen vigencia entre el 29 de junio de 2005 y el 29 de junio de 2006 y el 10 de marzo de 2006 y el 10 de marzo de 2007, respectivamente.
Sin embargo, se observa que el tomador y el asegurado en ambos contratos de seguro es la Unidad Oftalmológica de Cartagena Ltda., de la cual el señor Rolando Bechara Castilla es representante legal, según certificado expedido por el director operativo del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena.
En cuanto a los amparos, la póliza número 1001011 cubría los siguientes: incendio multiriesgos de maquinaria y equipo, de muebles y enseres y de mercancía; terremoto que afectara el edificio, maquinaria y equipo, muebles, enseres y mercancía, responsabilidad civil extra contractual por la ocurrencia de dichos riesgos, rotura de maquinaria, otras plantas y equipos y corriente débil que dañara equipos electrónicos de medicina.
La póliza número 1001188 cubría responsabilidad civil extracontractual profesional derivada de la prestación del servicio médico y en ella se advirtió (se trascribe de forma literal):
“Se entiende que la cobertura del seguro comprende la responsabilidad civil extracontractual del asegurado derivada de las actividades desarrolladas por el mismo en el giro normal de sus negocios especificados en la solicitud y en la carátula de la póliza”.
La Sala considera que no puede condenarse a la llamada en garantía, pues los contratos de seguro no fueron suscritos por el señor Rolando Bechara Castilla ni como tomador ni como asegurado; además, entre los amparos a que se refieren las pólizas no se encuentran cubiertos eventos como el sucedido con el árbol de bonga que se encontraba plantado en el antejardín del predio, de propiedad del demandado.
7.2.- La apelación del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
Finalmente, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias impugnó la decisión de primera instancia bajo el argumento de que el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. era la autoridad ambiental competente para atender la situación que presentaba el árbol de bonga.
En efecto, como lo dispuso el parágrafo del literal c) del artículo 3 del Acuerdo Distrital 029 del 30 de diciembre de 2002 antes referido, el alcalde mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias delegó las funciones a él atribuidas en materia ambiental, de recursos naturales y de prevención y atención de desastres en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A.
Sin embargo, se observa que la Ley 632 de 2000, que modificó parcialmente la Ley 142 de 1994, señaló que al servicio público de aseo se le incluirían actividades complementarias de corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, lavado de estas áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento.
A su turno, el Decreto 1713 de 2002 "Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo (...)", en su artículo 11, numeral 3, estableció como componente de ese servicio: “Barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, lavado de estas áreas” (negrillas de la Sala).
Igualmente, el parágrafo 2 del artículo 12 del mismo Decreto determinó que:
“Las actividades de poda de árboles y corte de césped ubicados en vías y áreas públicas y la transferencia, tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos originados por estas actividades, serán pactadas libremente por la persona prestadora de este servicio público de aseo y el Municipio o Distrito, quien es considerado usuario de estas actividades” (negrillas de la Sala).
De ahí que, según la normativa vigente para la época de los hechos, la poda de árboles ubicados en áreas públicas le correspondía al municipio o distrito a través de la respectiva empresa de aseo.
Con fundamento en lo anterior y, dado que el árbol de bonga se encontraba en un área afectada al espacio público y que se trataba de una especie de gran tamaño que daba sombra a la calle y arrojaba ramas y semillas, como lo expresaron los testigos, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias se encontraba en la obligación de pactar con la empresa de aseo su respectiva poda o tala.
Por tanto, el distrito no era ajeno a esta tarea y también pudo advertir el estado de las ramas del árbol de bonga y su posible peligrosidad, de haberse cumplido la labor de poda de un árbol que se encontraba en el espacio público de la ciudad, actividad que hacía parte del servicio público de aseo del cual el Distrito era el usuario.
Como consecuencia, se modificará la sentencia impugnada y se declarará la responsabilidad civil extracontractual en partes iguales de los demandados, por la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao.
8.- La liquidación de los perjuicios reconocidos en primera instancia – objeto del recurso y competencia del juez de segunda instancia
Se observa que la parte demandante no presentó recurso de apelación y las entidades demandadas no apelaron expresamente acerca de la tasación de los perjuicios reconocidos en primera instancia.
La Sala no pierde de vista la sentencia de unificación de la Sala Plena de esta Sección acerca de la competencia del juez de segunda instancia en relación con los aspectos que se entienden comprendidos dentro del marco del recurso, el apelante único y el principio de la non reformatio in pejus.
Si bien la ponente no compartió el alcance de la unificación de la Sala de Sección, razón por la cual aclarará voto, la Sala seguirá el precedente jurisprudencial antes citado y revisará la liquidación de los perjuicios reconocidos por el Tribunal de primera instancia para hacer las modificaciones a que haya lugar, siempre que favorezcan al apelante único.
8.1.- Sobre la indemnización por concepto de lucro cesante
La parte actora solicitó la cantidad de $1.037’400.00 en favor de la señora Beatriz Eugenia Gil Macías y la suma de $409’500.000 para la señora Diosana Patricia Aristizábal Gil, por concepto de perjuicios materiales en las modalidades de lucro cesante consolidado y futuro.
El a quo consideró que la copia de la declaración de renta del año gravable 2005 se refería a actividades inmobiliarias realizadas por el señor José de Jesús Aristizábal Henao, mientras que los demandantes señalaron que este se dedicaba a la ganadería y era comerciante independiente, de lo cual obtenía ingresos por valor de $9’500.000.
Para el a quo esta inconsistencia y la ausencia de otras pruebas sobre las actividades económicas del occiso imponían la aplicación del salario mínimo legal mensual como ingreso base para la liquidación del lucro cesante.
Se observa que también se allegó una certificación suscrita por contadora pública, según la cual, con base en la declaración de renta del año gravable 2005, el señor José de Jesús Aristizábal Henao obtuvo ingresos en cuantía de $9’500.000.
No obstante, ello no significa que en años anteriores ese hubiera sido el promedio de sus ingresos y tal certificación no constituye prueba suficiente de los mismos, pues no se recaudaron otras evidencias sobre la actividad económica de la víctima; además, no se incrementará el salario base de liquidación del lucro cesante, dado que la parte actora no apeló la sentencia de primera instancia.
El a quo procedió a aplicar las fórmulas aceptadas por la jurisprudencia de esta Corporación para la liquidación del lucro cesante consolidado y futuro en favor de la demandante Beatriz Eugenia Gil Macías, con base en el salario mínimo legal mensual vigente al momento de ocurrencia del siniestro, pero lo aumentó con un 25% de prestaciones sociales y, como lo ha señalado esta Sala de Subsección, ello no resultaba acertado, en la medida en que no se acreditó la condición de trabajador dependiente del señor José de Jesús Aristizábal Henao.
Por tal motivo, la Sala procederá a realizar la liquidación del lucro cesante consolidado en favor de la señora Beatriz Eugenia Gil Macías, así:
Lucro cesante debido o consolidado
Se liquidará con el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos ($408.000).
Debido a que el causante no trabajaba de forma dependiente, no se aumentará dicha suma por concepto de prestaciones sociales, pero sí se deducirá un 25%, monto que se presume el señor José de Jesús Aristizábal Henao destinaba para sus gastos personales; así, para la liquidación del lucro cesante, el ingreso base es la suma de $306.000.
Se hace necesario aplicar la siguiente fórmula:
S = Ra x (1+ i)n - 1
i
En donde:
S = es la indemnización a obtener.
Ra = $306.000
N = número de meses trascurridos entre la fecha de la muerte de la víctima (2 de mayo de 2006) y la de la providencia de primera instancia (23 de marzo de 2012) (70).
I = Interés puro o técnico: 0.004867
Entonces:
S = $306.000 (1+ 0.004867)70 - 1
0.004867
S = $25’447.983.
Lucro cesante futuro
Corresponde al número de meses trascurridos desde el día siguiente a la fecha del fallo de primera instancia hasta la vida probable del señor José de Jesús Aristizábal Henao, quien nació el 19 de enero de 1951 y le restaban 23,46 años de vida, de acuerdo con la Resolución número 0497 de 1997 de la Superintendencia Bancaria, es decir, 281,52 meses, a los que deben restarse los 70 meses del lucro cesante consolidado y que arroja un período de 211,52 meses de lucro cesante futuro.
El mismo se liquidará de acuerdo con la siguiente fórmula:
S = $306.000 (1+ 0.004867)211,52- 1
0.004867 (1+ 0.004867) 211,52
S = $40’358.422.
Total lucro cesante para Beatriz Eugenia Gil Macías: $65’806.405.
Esta suma deberá actualizarse a la fecha de esta providencia, así:
a) Ca = Ch x índice final (abril de 2019)
Índice inicial (marzo de 2012)
Ca = $65’806.405 x 102,11
77,32
Ca: $86’904.966.
En cuanto al lucro cesante en favor de la demandante Diosana Patricia Aristizábal Gil, hija del señor José de Jesús Aristizábal Henao, en la demanda se alegó su condición de discapacidad mental, para lo cual allegó un certificado del médico siquiatra tratante, según el cual padece de episodio depresivo sicótico y trastorno de la conducta alimentaria. También se escuchó el testimonio del galeno.
El a quo consideró que estas pruebas no resultaban conducentes, pues no ofrecían certeza de los fundamentos técnicos – científicos (exámenes médicos o similares) tenidos en cuenta por el médico tratante para determinar la incapacidad mental y la prueba testimonial no ilustró sobre el estado actual de la paciente.
La Sala no se pronunciará al respecto, pues la parte actora no apeló la decisión de primera instancia.
8.2.- Sobre la indemnización por concepto de daño emergente
A título de daño emergente, se pidieron las sumas de $1’888.000 y $300.000 en favor del señor Juan Pablo Aristizábal Gil, de $5’200.000 para la señora Beatriz Eugenia Gil Macías y de 616 dólares americanos en favor de la señora Martha Eugenia Aristizábal Gil.
El a quo reconoció la suma de $1’888.000 en favor del demandante Juan Pablo Aristizábal Gil, por concepto de gastos funerarios de su padre, dado que allegó la factura que pagó por dichos servicios.
En cuanto a los gastos por concepto de parqueadero del vehículo en el cual se transportaba el occiso, el a quo no los encontró probados, como tampoco los valores por tiquetes aéreos que pretendían las señoras Beatriz Eugenia Gil Macías y Martha Eugenia Aristizábal Gil. Tampoco se accederá a estas sumas, dado que la parte actora no apeló la decisión de primera instancia.
La suma de $1’888.000 reconocida en favor del señor Juan Pablo Aristizábal Gil se actualizará de la siguiente manera:
a) Ca = Ch x índice final (abril de 2019)
Índice inicial (marzo de 2012)
Ca = $1’888.000 x 102,11
77,32
Ca: $2’493.322.
8.3.- Sobre la indemnización por concepto de perjuicios morales
La parte demandante solicitó el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los accionantes.
El Tribunal a quo reconoció la cantidad solicitada por cada uno de los actores.
Observa la Sala que al proceso se allegaron las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento y de matrimonio, con los cuales se corrobora que los demandantes son los hijos y la cónyuge supérstite del señor José de Jesús Aristizábal Henao.
La Sala encuentra ajustados los montos reconocidos, de acuerdo con lo señalado en el precedente consignado en los fallos del 28 de agosto de 2014, específicamente en cuanto al reconocimiento de perjuicios morales en casos de muerte, pues los demandantes se encuentran en el primer grado de consanguinidad. Las sumas reconocidas no se actualizarán, dado que están expresadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes.
8.4.- Sobre la indemnización por concepto de “daño a la vida de relación”
Por este concepto, la señora Beatriz Eugenia Gil Macías solicitó la cantidad de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El a quo negó la indemnización por este concepto, pues consideró que la señora Beatriz Eugenia Gil Macías no demostró las alteraciones en su existencia como lo señaló en la demanda.
La Sala tampoco accederá al reconocimiento de este perjuicio, dado que no fue objeto de apelación por la parte demandante.
9.- Decisión sobre costas
Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A :
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Segunda de Decisión, el 23 de marzo de 2012, la cual quedará así:
1. Declarar que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. y el señor Rolando Bechara Castilla son responsables por la muerte del señor José de Jesús Aristizábal Henao.
2. Declarar que La Previsora S.A. no deberá responder por los hechos de la demanda.
3. Condenar al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. y al señor Rolando Bechara Castilla a pagar, en partes iguales, a cada uno de los actores las siguientes sumas por concepto de perjuicios morales:
Para Beatriz Eugenia Gil Macías, en su calidad de cónyuge supérstite de la víctima directa, el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para Juan Pablo Aristizábal Gil, en su calidad de hijo de la víctima directa, el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para José David Aristizábal Gil, en su calidad de hijo de la víctima directa, el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para Martha Eugenia Aristizábal Gil, en su calidad de hija de la víctima directa, el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para Diosana Patricia Aristizábal Gil, en su calidad de hija de la víctima directa, el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4. Condenar al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. y al señor Rolando Bechara Castilla a pagar, en partes iguales, a la señora Beatriz Eugenia Gil Macías, la suma de $86’904.966, por concepto de lucro cesante.
5. Condenar al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena E.P.A. y al señor Rolando Bechara Castilla a pagar, en partes iguales, al señor Juan Pablo Aristizábal Gil, la suma de $2’493.322, por concepto de daño emergente.
6. Negar las demás súplicas de la demanda.
7. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.
8. Para el cumplimiento de esta sentencia, expedir copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
SEGUNDO: Sin lugar a costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Es la fecha del sello de radicación de la demanda en la Oficina Judicial de Cartagena de Indias, folio 19 cuaderno principal.
En la demanda y en el poder suscribe su nombre como “Beatriz Eugenia Gil De Aristizábal” (Fls 1 a 20 cuaderno principal), pero en el registro civil de matrimonio y en los registros civiles de nacimiento de sus hijos aparece su nombre como “Beatriz Eugenia Gil Macías” (Fls. 31 a 35 cuaderno principal).
Se anotan sus nombres como aparecen en sus registros civiles de nacimiento visibles a folios 32 a 35 cuaderno principal.
Ambos actores otorgaron poder para demandar, según consta y se anotan sus nombres como los suscriben en el poder visible a folio 1 cuaderno principal.
Fls. 1 a 19 cuaderno principal.
Fl. 180 cuaderno principal.
Fl. 180 vuelto cuaderno principal.
Fl. 183 cuaderno principal.
Fl. 196 cuaderno principal.
Fl. 197 cuaderno principal.
Fls. 184 a 187 cuaderno principal.
Fls. 200 a 212 cuaderno principal.
Fls. 241 a 245 cuaderno principal.
Fls. 236 y 237 cuaderno principal.
Fls. 256 y 257 cuaderno principal.
Fl. 229 cuaderno principal.
Fls. 264 a 273 cuaderno principal.
Fls. 311 a 314 cuaderno principal.
Fls. 315 a 317 cuaderno principal.
Fls. 39 a 43 cuaderno 1 (Interno 37.348).
Fl. 477 cuaderno principal.
Fls. 479 a 498 cuaderno principal.
Fls. 499 a 502 cuaderno principal.
Fls. 503 a 514 cuaderno principal.
Fls. 515 a 517 cuaderno principal.
Fls. 524 a 588 cuaderno de segunda instancia.
Fls. 595 a 605 cuaderno de segunda instancia.
Fls. 590 a 594 cuaderno de segunda instancia.
Fls. 630 y 631 cuaderno de segunda instancia.
Fls. 666 y 667 cuaderno de segunda instancia.
Fls. 683 a 687 cuaderno de segunda instancia.
Fls. 689 y 690 cuaderno de segunda instancia.
Fl. 692 cuaderno de segunda instancia.
Fls. 694 a 701 cuaderno de segunda instancia.
El valor del salario mínimo legal mensual vigente para el 2007 era de $433.700, por lo que 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalían a $216’850.000.
En concordancia con lo dispuesto en el artículo 20, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil modificado por el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010: “La cuantía se determinará así: (...) 2. Por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda”. Cabe precisar que dicho artículo fue derogado a partir del 1 de enero de 2014, en forma gradual por el artículo 626, literal c), de la Ley 1564 de 2012, en concordancia con el artículo 627, numeral 6) de la misma ley; de modo que para el 4 de junio de 2013 cuando se presentó el recurso de apelación en el sub judice, el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010 era la norma vigente al momento de presentación del recurso y por ello fue admitido mediante auto del 22 de agosto de 2013 (Fls. 351 a 354 cuaderno de segunda instancia).
Fls. 31 a 35 cuaderno principal. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de marzo de 2017, exp. 38.958 y sentencia del 1 de marzo de 2018, exp. 43.269. Fl. 36 cuaderno principal. Fl. 54 a 56 cuaderno principal. Fls. 38 a 40 cuaderno principal. Fls. 48 y 49 cuaderno principal. Se trata de una providencia judicial allegada por la parte demandante y decretada como prueba por el a quo y que tiene valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 264 del Código de Procedimiento Civil. Fls. 70 a 72 cuaderno principal. Esta prueba también fue allegada por la parte demandante a folio 82 del cuaderno principal y decretada como prueba por el a quo. Fls. 342 a 344 cuaderno principal. Fls. 345 y 346 cuaderno principal. Fls. 436 y 437 cuaderno principal. Fls. 438 a 440 cuaderno principal. Fls. 48 a 51 y 193 y 194 cuaderno principal. Fl. 215 cuaderno principal. Fls. 84 a 102 cuaderno principal. Fl. 3 cuaderno principal. Fl. 201 cuaderno principal. Fls. 412 a 414 cuaderno principal. Fls. 407 a 411 cuaderno principal. Fl. 204 cuaderno principal. Fls. 48 a 51, 193 y 194 cuaderno principal. Fls. 335 a 337 cuaderno principal. Fls. 338 a 341 cuaderno principal. Fls. 342 a 344 cuaderno principal. Fls. 345 y 346 cuaderno principal. Fls. 436 y 437 cuaderno principal. Fls. 438 a 440 cuaderno principal. Fls. 402 a 406 cuaderno principal. Fl. 421 cuaderno principal. Fl. 444 cuaderno principal. Fls. 354 y 355 cuaderno principal. Fls. 219, 220, 221 y 222 cuaderno principal. Incluso, se allegó copia de un concepto técnico del DAMARENA, del 28 de mayo de 2002, según el cual el árbol de bonga que se encontraba sembrado en la zona verde del conjunto residencial Villa Mercedes, en la calle 30 # 20-145 del barrio Pie de la Popa, por su avanzada edad, sus ramas se encontraban totalmente secas, en peligro de caerse y apoyadas en las líneas eléctricas, por lo que necesitaba una poda sanitaria y aplicarle cicatrizante (folio 225 cuaderno principal). Fl. 215 cuaderno principal. Fl. 217 cuaderno principal. Así puede leerse en la sección “¿por qué elegirnos? de la página electrónica de la Universidad del Sinú Seccional Cartagena: HYPERLINK "https://www.unisinucartagena.edu.co/index.php/porque-elegir-la-universidad-del-sinu-cartagena" https://www.unisinucartagena.edu.co/index.php/porque-elegir-la-universidad-del-sinu-cartagena
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-265 del 16 de abril de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 13 de julio de 2006, exp. 76001-23-31-000-2004-03575-01(AP), CP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
“Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común el cual prevalece sobre el interés particular. (…)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2004, exp. 25000-23-25-000-2002-02788-01(AP), CP: Germán Rodríguez Villamizar. Mediante esta ley se adoptó el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. Fls. 110 a 119 cuaderno principal. Fls. 120 a 133 cuaderno principal.
“…estos tipos de recursos pueden volver a nacer. Un claro ejemplo son los árboles, los cuales pueden ser talados y crecer nuevamente a partir de semillas o brotes”. (definición encontrada en HYPERLINK "https://energiasolarhoy.com/recursos-renovables-y-no-renovables/" https://energiasolarhoy.com/recursos-renovables-y-no-renovables/).
“Artículo 678. Uso y goce de bienes de uso público.
El uso y goce que para el tránsito, riego, navegación y cualesquiera otros objetos lícitos, corresponden a los particulares en las calles, plazas, puentes y caminos públicos, en ríos y lagos, y generalmente en todos los bienes de la Unión de uso público, estarán sujetos a las disposiciones de este Código y a las demás que sobre la materia contengan las leyes”.
“Artículo 680. Límite de las construcciones privadas. Las columnas, pilastras, gradas, umbrales y cualesquiera otras construcciones que sirvan para la comodidad u ornato de los edificios, o hagan parte de ellos, no podrán ocupar ningún espacio, por pequeño que sea, de la superficie de las calles, plazas, puentes, caminos y demás lugares de propiedad de la Unión.
Los edificios en que se ha tolerado la práctica contraria, estarán sujetos a la disposición de este artículo, si se reconstruyeren”.
“Artículo 917. Árboles medianeros. Los árboles que se encuentran en la cerca medianera, son igualmente medianeros; y lo mismo se extiende a los árboles cuyo tronco está en la línea divisoria de dos heredades, aunque no haya cerramiento intermedio.
Cualquiera de los dos condueños puede exigir que se derriben dichos árboles, probando que de algún modo le dañan; y si por algún accidente se destruyen, no se repondrán sin su consentimiento”.
“Artículo 998. Distancias específicas de depósitos, corrientes y plantaciones. El dueño de una casa tiene derecho para impedir que cerca de sus paredes haya depósitos o corrientes de agua o materias húmedas que puedan dañarla.
Tiene así mismo derecho para impedir que se planten árboles a menos distancia que la de quince decímetros, ni hortalizas o flores a menos distancia que la de cinco decímetros.
Si los árboles fueren de aquellos que extienden a gran distancia sus raíces, podrá el juez ordenar que se planten a la que convenga para que no dañen a los edificios vecinos; el máximum de la distancia señalada por el juez será de cinco metros.
“Artículo 999. Ramas y raíces en predio ajeno. Si un árbol extiende sus ramas sobre suelo ajeno, o penetra en él sus raíces podrá el dueño del suelo exigir que se corte la parte excedente de las ramas, y cortar él mismo las raíces.
Lo cual se extiende aun cuando el árbol esté plantado a la distancia debida.
Los derechos concedidos en este artículo subsistirán contra los árboles, flores u hortalizas plantadas, a menos que la plantación haya precedido a la construcción de las paredes”.
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-189 del 15 de marzo de 2006, MP: Rodrigo Escobar Gil.
Fls. 303 y 304 cuaderno principal.
Fls. 284 a 288 cuaderno principal.
Fl. 283 cuaderno principal.
Fls. 305 a 309 cuaderno principal.
El artículo 1 de la Ley 632 de 2000 modificó el numeral 24 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, el cual quedó así: “Servicio Público de Aseo. Es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos.
Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias de corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, de lavado de estas áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de abril de 2018, exp. 05001-23-31-000-2001-03068-01(46005), CP: Danilo Rojas Betancourth.
Fl. 42 cuaderno principal.
En ese sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de agosto de 2017, expediente 51017; sentencias del 14 de septiembre de 2017, expedientes 25000-23-26-000-2012-00082-01(52957) y 18001-23-31-000-2009-00307-01(52581); sentencia del 13 de noviembre de 2018, exp. 05001-23-31-000-2002-00143-01 acumulado con 05001-23-31-000-2003-03661-01 (44141).
Registro civil de nacimiento del señor señor José de Jesús Aristizábal Henao visible a folio 30 cuaderno principal.
Fl. 41 cuaderno principal.
Fls. 390 a 393 cuaderno principal.
Fl. 174 cuaderno principal.
Fls. 31 a 35 cuaderno principal.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, expediente 26.251, CP: Jaime Orlando Santofimio Gamboa y expediente 32.988 CP: Ramiro Pazos Guerrero (para el primer grado de consanguinidad se reconoce el equivalente a 100 SMLMV).
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