Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2008-00361-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Mercado cambiario: operaciones que deben canalizarse
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2008-00361-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 13001-23-31-000-2008-00361-01
Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
14 de junio de 2018
MERCADO CAMBIARIO - Operaciones que deben canalizarse / VIOLACIÓN AL RÉGIMEN CAMBIARIO – Eventos / PRESUNCIÓN IURIS TANTUM – Admite prueba en contrario / INFRACCIÓN AL RÉGIMEN CAMBIARIO - Por introducir mercancía al territorio nacional sin declararla ante las autoridades aduaneras. Motonave. Embarcación
[E]l arribo de la embarcación en mención al territorio aduanero Colombiano merecía ser considerado una importación que, como tal, a su vez, daba lugar, en principio, a la existencia de una obligación cambiaria, consistente en “canalizar” en los términos establecidos por el Banco de la República, el flujo de divisas correspondiente a esa operación aduanera, salvo que la parte accionante probara lo contrario, lo cual no ocurrió. Es por ello que, comoquiera que no existe reporte del cumplimiento de esa “canalización” y que la empresa actora no desvirtuó la existencia de la obligación cambiaria, no sorprende que la DIAN impusiera una sanción a la persona jurídica a la que identificó como “introductora” de la mercancía, luego de una lógica intelección que se reforzó en la presunción devenida del hecho de que el ingreso de la embarcación se dio por sitio no autorizado por la autoridad aduanera y sin mediar la condigna declaración de importación, con lo cual se materializó la presunción de violación de régimen cambiario contenida en el artículo 72 de la Ley 488 de 1998, en armonía con lo normado en el artículo 1.e del Decreto 1074 de 1999. […] Así las cosas, estaba plenamente justificada la consecuencia aplicada por la autoridad aduanera en vista de tal incumplimiento. Recuérdese que la infracción del artículo 1.e del Decreto 1074 de 1999 se da “Por no canalizar a través del mercado cambiario el valor de las operaciones obligatoriamente canalizadas definidas en el Régimen Cambiario y cuya vigilancia y control sea de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”, lo cual se apareja de “… una multa del doscientos por ciento (200%) del monto dejado de canalizar”, en este caso la importación del “Kristen”, que es lo presumido de las normas cambiarias, no siendo dable tampoco para este ad quem presumir un monto distinto, habida cuenta que ello no fue objeto de rogación en este proceso.
FUENTE FORMAL: LEY 383 DE 1997 – ARTÍCULO 6 / LEY 488 DE 1998 – ARTÍCULO 72 / DECRETO LEY 1092 DE 1996 – ARTÍCULO 2 / DECRETO LEY 1092 DE 1996 – ARTÍCULO 3 / RESOLUCIÓN EXTERNA 8 DE 5 DE MAYO DE 2000 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA – ARTÍCULO 1 / RESOLUCIÓN EXTERNA 8 DE 5 DE MAYO DE 2000 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA – ARTÍCULO 4 / RESOLUCIÓN EXTERNA 8 DE 5 DE MAYO DE 2000 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA – ARTÍCULO 6 / RESOLUCIÓN EXTERNA 8 DE 5 DE MAYO DE 2000 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA – ARTÍCULO 7 / RESOLUCIÓN EXTERNA 8 DE 5 DE MAYO DE 2000 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA – ARTÍCULO 10 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 176 / CÓDIGO CIVIL – 66 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 87 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 116 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 163 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 232-1 / DECRETO 1074 DE 1999 – ARTÍCULO 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00361-01
Actor: SOCIEDAD AREDA MARINE FUEL C.I. S.A
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho (art. 85 CCA). Sentencia de segunda instancia. Sanción por incumplimiento de obligaciones cambiarias.
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 29 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Subsección de Descongestión, que denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
1.1. LA DEMANDA
La empresa SOCIEDAD AREDA MARINE FUEL C.I. S.A., por conducto de apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), a efectos de obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“PRIMERA. Se declare la nulidad de las resoluciones Nos. 0509 de marzo 18 de 2008 y 1359 de agosto 21 de 2007, expedidas por la División Jurídica Aduanera y la División de Liquidación Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena respectivamente, por cuanto se profirieron violando flagrantemente el régimen constitucional y legal colombiano, por ello los citados actos administrativos están viciados de nulidad.
SEGUNDA. Como consecuencia de la declaración anterior se restablezca en su derecho a la Sociedad AREDA MARINI UEL C.I S.A., identificada con Nit 806.002.165-1, exonerándola de hacer el pago de la sanción impuesta por la demandada y se proceda en forma inmediata al archivo del expediente sancionatorio cambiario.
TERCERA. Solicito se condene en costas del proceso a la Unidad Administrativa Especial U. A. E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.
PETICIÓN ESPECIAL. Se ordene suspender el proceso administrativo de cobro coactivo de la Sanción Cambiaria proferida por la demandada, que se adelanta por la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, contra mi representada, mientras se desarrolla y finaliza este proceso, toda vez que el pago de esta monumental e ilegal sanción tendría efectos económicos catastróficos para AREDA MARINE FUEL C.I. S.A., el cual la condenaría irremediablemente a su desaparición.”.
1.2. HECHOS
El libelista los narró, en síntesis, así:
1.2.1. La compañía panameña TRIDON INVENSMENTS LTDA, propietaria del buque “Kristen”, contrató con la empresa colombiana COTECMAR S.A. la reparación y mantenimiento de la nave.
1.2.2. COTECMAR S.A. celebró contrato con el agente marítimo de Cartagena MUNDINAVES LTDA para que este último se encargara de los trámites de legalización e ingreso de la embarcación a Colombia, en donde estaría de manera transitoria, mientras se cumplía con los arreglos pactados.
1.2.3. AREDA MARINE FUEL C.I. S.A. –en adelante AREDA– es aliado comercial de TRIDON INVENSMENTS LTDA, y en dicha operación actuó como su “agente oficioso”, encargado de la supervisión de los trabajos de reparación.
1.2.4. MUNDINAVES LTDA ingresó directamente la nave a las instalaciones de COTECMAR S.A. “… atendiendo los procesos de ingreso para reparación de naves extranjeras a territorio nacional y habida consideración de los vacíos normativos existentes…”.
1.2.5. La DIAN por medio de las resoluciones No. 955 y 1784 de 2005 decide su decomiso, arguyendo que no fue presentada ni declarada ante la autoridad aduanera y que se encontraba en una zona secundaria del territorio sin un régimen aduanero que la amparara.
1.2.6. Lo anterior dio lugar a la apertura del expediente administrativo sancionatorio No. DM 2004200450860, de la División de Control Cambiario de la entidad, “… en contra de MUNDINAVES LTDA…” y AREDA, con sustento en el artículo 72 de la Ley 488 de 1998, “:.. por no canalizar a través del mercado cambiario el valor correspondiente a las mercancías decomisadas…”.
1.2.7. Luego de desestimar los argumentos y pruebas de las sociedades investigadas, la DIAN profirió la Resolución No. 1359 del 21 de agosto de 2007, por medio de la cual impuso una sanción a la empresa accionante equivalente al 200% del valor de la embarcación, que avaluó en $3.393.609.000 m/cte; decisión que fue confirmada por medio de la Resolución No. 509 del 18 de marzo de 2008.
1.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
1.3.1. El apoderado de la empresa demandante invocó como violadas las siguientes normas:
Constitución Política, artículo 29.
Ley 383 de 1997, artículo 6.
Código Civil (CC) artículos 66 y 749.
Código de Procedimiento Civil (CPC), artículo 187.
Código de Comercio (CCo), artículos 1427, 1439 y ss.
Decreto 1074, artículo 1.e.
Resolución 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, artículos 7, 8 y 86.
Memorando 310 del 12 de mayo de 2005 del Director de Aduanas.
Concepto 071 del 29 de mayo de 2002 de la Oficina Jurídica de la DIAN.
1.3.2. En su concepto, los actos administrativos acusados se encuentran viciados de ilegalidad por incurrir en lo siguiente:
AREDA no fue quien introdujo la embarcación al país, pues su labor se contrajo a representar a la compañía TRIDON INVENSMENTS LTDA, probada propietaria del buque “Kristen” (con arreglo a las invocadas normas del CCo), sumado a que quien condujo materialmente la nave fue MUNDINAVES LTDA, contratada, a su vez, por CARIBEAN MARINE FUEL INC., que no es la misma actora; aspectos que no valoró la DIAN (arts. 187 y 193 CPC), y que, antes, ensombreció con el deficiente manejo probatorio que dio al asunto.
No existió ningún negocio internacional (compra-venta) de aquellos que generan la obligación cambiaria, ni para AREDA ni para ninguna otra empresa. Luego, no habría divisas que canalizar, y por ende, queda sin piso la presunción cambiaria que orientó la sanción impuesta.
Solo las importaciones ordinarias están sujetas a la obligación cambiaria, y en este caso, comoquiera que la nave solo permanecería de forma temporal en Colombia, debía dársele, cuando menos, el tratamiento aduanero especial de “importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital”. Incluso permaneció en el país con el permiso de la Capitanía del puerto de Cartagena y exhibiendo la bandera de Panamá.
La DIAN no cumplió con la debida identificación de la persona que introdujo la mercancía al territorio nacional (en contravía del Memorando 310 de 2005 y el Concepto 071 de 2002), lo cual resultaba indispensable para aplicar la presunción del artículo 6 de la Ley 383 de 1997 (modificado por el artículo 72 de la Ley 488 de 1998), que quedó desvirtuada.
1.4. TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
1.4.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar, en auto adiado 1º de septiembre de 2008 admitió la demanda, y dispuso las notificaciones y demás trámites de rigor, de acuerdo con los artículos 150 y 207 del CCA.
1.4.2. Mediante autos de 18 de marzo de 2010 y 15 de marzo de 2012, se denegaron algunas pruebas y se decretaron otras, que incluyen requerimientos a todas las personas jurídicas mencionadas en los hechos de la demanda y la traducción por un auxiliar de la justicia de los documentos obrantes a folios 133-137 y 356 del cuaderno de pruebas 2.
1.4.3. La Sala de Descongestión del mismo colegiado, a través de auto de 24 de noviembre de 2011 avocó el conocimiento del proceso.
1.5. CONTESTACIÓN
La DIAN, a través de apoderada, se opuso a las pretensiones de la demanda, exponiendo los siguientes argumentos:
1.5.1. El cumplimiento de unos trámites ante la Capitanía de Puerto no eximía a la empresa accionante de cumplir con las normas aduaneras y cambiarias.
1.5.2. No existe vacío normativo en torno a la forma de ingreso de mercancía al país, y advirtió que el decomiso se dio por su falta de presentación ante la autoridad aduanera, así como por la ausencia de documentos de legalización como la declaración cambiaria o los permisos respectivos, entre otros.
1.5.3. No se probó que el ingreso de la embarcación al país fuera temporal, lo cual, en todo caso, no exime del pago de tributos aduaneros –aunque sean diferidos– ni hace que desaparezca la presunción que sirvió de sustento a la sanción.
1.5.4. Lo que interesó al trámite administrativo en cuestión no fue quién era propietario de la embarcación, sino quien la introdujo al territorio patrio, existiendo, en este caso, pruebas suficientes en sede administrativa de que lo hizo AREDA MARINE FUEL C.I. S.A.
1.5.5. La responsabilidad en materia cambiaria es objetiva, por tanto, la prueba de la violación de tal régimen no requiere que la administración repare en aspectos subjetivos (culpabilidad).
1.5.6. En materia comercial no existe la figura de “agencia oficiosa”, pero, suponiendo que se trate de un “lapsus linguae” de la sociedad demandante, en su objeto social no está representar empresas nacionales o extranjeras en el ramo de la reparación de motonaves o en cualquier otro; como sí lo está la importación de mercancías.
1.6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN PRIMERA INSTANCIA
1.6.1. La parte demandante insistió en los motivos de hecho y de derecho plasmados en el libelo genitor del presente trámite contencioso.
1.6.2. La parte demandada realizó un estudio de las pruebas recaudadas en lo corrido del proceso, para concluir que “… no logran crear convicción sobre los hechos que se pretendían probar…” y en cambio, en el expediente hay elementos suficientes para demostrar que la empresa accionante era responsable de la obligación cambiaria, por introducir la embarcación al país sin el lleno de los requisitos legales. Por lo demás, reiteró los argumentos esgrimidos en su escrito de contestación a la demanda.
1.6.3. El Ministerio Público no rindió concepto dentro de esta etapa procesal.
1.7. SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Bolívar, Subsección de Descongestión, a través de fallo de 29 de mayo de 2014, denegó las pretensiones de la demanda. Para arribar a dicha resolutiva presentó los siguientes razonamientos:
1.7.1. En materia comercial no existe la “agencia oficiosa”, por lo que ha de entenderse que la demandante se refiere a la “agencia comercial” (art. 1317 CCo).
1.7.2. Del certificado de existencia y representación legal de dicha empresa no se extrae que su objeto sea representar o agenciar empresas en el ramo de la reparación de motonaves.
1.7.3. El presunto ingreso temporal de la embarcación no justificaba el incumplimiento de las normas aduaneras y cambiarias, especialmente en cuanto a las declaraciones dejadas de presentar y al arribo por lugar autorizado; situaciones que dieron cabida a la presunción de infracción contenida en el artículo 72 de la Ley 488 de 1998, que le imponía demostrar “… cómo se realizó el reembolso de divisas para pago de la compra de mercancía extranjera…”.
1.7.4. Carece de importancia para estos efectos quién sea el propietario de la mercancía, pues la obligación de canalizar las divisas está en cabeza de aquel que la introduce al país, aunque ello eventualmente pudiera encuadrarse en el régimen de “importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital” (art. 163 D. 2685/99).
1.7.5. En el plenario obran pruebas suficientes para demostrar que el responsable de introducir la embarcación “Kristen” a Colombia fue la sociedad actora AREDA MARINE FUEL C.I. S.A. y, de ahí la viabilidad de endilgarle la actuación sancionada.
1.7.6. Por lo anterior, no se logró desvirtuar la presunción de legalidad que envuelve a los actos administrativos enjuiciados.
1.8. RECURSO DE APELACIÓN
La parte accionante pidió que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones incorporadas en el escrito iniciático.
1.8.1. En defensa de ello explicó que yerra el a quo al sustentar la legalidad de la enjuiciada sanción en la presunción del artículo 72 de la Ley 488 de 1998, como si se tratara de un tema aduanero, y no en los ingredientes del tipo cambiario contenido en el artículo 1.e del Decreto 1074 de 1999, en cuyo caso lo que importaba era la existencia de giros al exterior.
1.8.2. Insistió en que, a la luz del referido decreto, para que haya lugar a sanción deben concurrir tres elementos: (i) introducción de mercancía al territorio nacional; (ii) un sujeto introductor, pero responsable directo de la obligación de pago; y (iii) un negocio internacional que genere la obligación de pago al exterior.
1.8.3. En tal sentido, reprodujo varias razones de la demanda que se contraen a demostrar la inexistencia de los dos últimos supuestos.
En torno a la inexistencia de un negocio internacional que generara la obligación cambiaria de pago, señaló que se trató de un ingreso temporal a Colombia, con todos los permisos del caso, para reparaciones de un barco, que no fue vendido ni arrendado y cuya propiedad la tiene una empresa panameña –recuérdese que la sanción fue impuesta por el doble del valor del barco–, de la cual la sociedad actora es una aliada comercial que vela por sus intereses.
Destacó, con base en esto último, que una cosa es ser el sujeto de una infracción cambiaria y otra es la situación de un gestor, mandatario o “… agente oficioso así el término haya sido el menos indicado…”
1.8.4. Puso de presente que el propio Tribunal de primera instancia, en fallo de 30 de junio de 2011, declaró la nulidad de las resoluciones de decomiso que precedieron el trámite sancionatorio, reconociendo a la aquí demandante como simple mandataria del armador o propietario de la nave y que su actuar estuvo gobernado por la confianza legítima, ya que lo mismo ocurrió con alrededor de 300 barcos, pues la DIAN, en todo momento, estuvo enterada de la actividad de la embarcación (reparación), que arribó y permaneció en territorio aduanero nacional con permisos de la DIMAR.
1.9. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA
1.9.1. La parte demandante ratificó los principales planteamientos de la demanda y el escrito de apelación.
1.9.2. La parte demandada señaló que el fallo dictado por el a quo debe ser confirmado. Para defender su postura, por un lado, presentó argumentos similares a los que empleó dentro del curso de la primera instancia y, por el otro, ratificó la tesis del fallo apelado.
Aunque también añadió que, contrario a lo referido en la apelación, el problema jurídico abordado fue el correcto, pues la presunción de violación del régimen cambiario de que trata el artículo 72 de la Ley 488 de 1998 es perfectamente aplicable al sub lite, y son sus supuestos los que dan lugar a la sanción; cosa distinta es que de la tipificación del artículo 1.e del Decreto 1074 de 1999, surja el como multa el 200% del monto dejado de canalizar, por ende, no hacía falta la concurrencia de sus elementos para justificar los actos enjuiciados.
E igualmente destacó que el pronunciamiento emitido por el Tribunal el 30 de junio de 2011 –invocado como referente en el escrito de alzada–, no puede ser tenido en cuenta pues refiere a la controversia suscitada en torno a la definición de la situación jurídica de la embarcación, bajo el régimen aduanero; lo cual difiere del tema cambiario ventilado en el asunto de la referencia.
1.9.3. La vista fiscal no efectuó pronunciamiento alguno.
II. CONSIDERACIONES
2.1. COMPETENCIA
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación, de conformidad con lo establecido por el artículo 129 del CCA, en concordancia con el Acuerdo de Descongestión No. 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta Corporación.
2.2. PROBLEMA JURÍDICO
Corresponde a la Sala, de cara a los planteamientos esbozados en el escrito de apelación, determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, para lo cual resulta necesario establecer:
Si erró el a quo en el planteamiento del problema jurídico por examinar la legalidad de la sanción impuesta a la empresa accionante a la luz de los supuestos del artículo 72 de la Ley 488 de 1998, en lugar del artículo 1.e del Decreto 1074 de 1999.
Si se desvirtuó la existencia de (i) un sujeto introductor, pero responsable de la obligación de pago, así como de (ii) un negocio internacional que generara la obligación de pago al exterior a cargo de la sociedad actora, como presupuestos de la configuración del tipo consagrado en el artículo 1.e del Decreto 1074 de 1999.
Previo a lo anterior, la Sala efectuará algunas precisiones en relación con el “régimen cambiario”; por resultar necesarias para la solución de los problemas jurídicos enunciados.
2.3. DEL RÉGIMEN CAMBIARIO. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
La Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República “por la cual se compendia el régimen de cambios internacionales”, en el artículo 1º dispone que “los residentes y no residentes que efectúen en Colombia una operación de cambio, deberán presentar una declaración de cambio en los términos y condiciones que disponga el Banco de la República”. (Negrilla fuera de texto)
El mercado cambiario, en los términos del artículo 6 ib. "está constituido por la totalidad de las divisas que deben canalizarse obligatoriamente por conducto de los intermediarios autorizados para el efecto o a través del mecanismo de compensación”.
De conformidad con los artículos 7 y 10 (inciso 1º) de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, la importación de bienes corresponde a una de las operaciones de cambio que deben canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario. El tenor de estas normas es el siguiente:
RESOLUCIÓN EXTERNA 8 de 2000
“Artículo 7º. OPERACIONES. Las siguientes operaciones de cambio deberán canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario:
1. Importación y exportación de bienes.
(…)
Parágrafo. El Banco de la República mediante reglamentación de carácter general podrá establecer excepciones a la canalización de estas operaciones.”
“Artículo 10º. CANALIZACIÓN. Los residentes deberán canalizar a través del mercado cambiario los pagos para cancelar el valor de sus importaciones. Las importaciones podrán estar financiadas por los intermediarios del mercado cambiario, el proveedor de la mercancía y otros no residentes.”
En el mismo sentido, el artículo 4º ibídem dispone que “quien incumpla cualquier obligación establecida en el régimen cambiario, en especial la de presentar correctamente la declaración de cambio por las operaciones de cambio que realice, se hará acreedor a las sanciones previstas en las normas legales pertinentes, sin perjuicio de las sanciones tributarias, aduaneras y penales aplicables”.
En efecto, el Decreto 1092 de 1996, modificado por el Decreto 1074 de 1999, vigente para la época en que ocurrieron los hechos materia de debate, reguló el régimen sancionatorio aplicable a las infracciones al régimen cambiario, cuya vigilancia y control le corresponde a la DIAN (artículo 5º ibídem).
Según el artículo 2º del Decreto 1092 de 1996, la infracción cambiaria “es una contravención administrativa de las disposiciones constitutivas del régimen de cambios, vigentes al momento de la transgresión, a la cual corresponde una sanción cuyas finalidades son el cumplimiento de tales disposiciones y la protección del orden público económico”.
El artículo 3º ibídem consagró, entre otras, las infracciones administrativas por violación al régimen de cambios. Se destaca la prevista en el literal e) que dispone textualmente:
“ARTICULO 3o. SANCION. <Decreto derogado por el artículo 43 del Decreto 2245 de 2011> <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 1074 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> Las personas naturales o jurídicas y entidades que infrinjan el Régimen Cambiario en operaciones cuya vigilancia y control sea de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, serán sancionadas con la imposición de multa que se liquidará de la siguiente forma:
Operaciones canalizables a través del mercado cambiario.
e) Por no canalizar a través del mercado cambiario el valor de las operaciones obligatoriamente canalizadas definidas en el Régimen Cambiario y cuya vigilancia y control sea de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se impondrá una multa del doscientos por ciento (200%) del monto dejado de canalizar; (negrilla fuera de texto)”
No canalizar a través del mercado cambiario el valor de las importaciones, constituye una infracción al régimen de cambios, sancionable con multa.
Ahora bien, el 72 de la Ley 488 de 1998 “por la cual se expiden normas en materia Tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las Entidades Territoriales”, fundamento de los actos acusados, contiene una presunción de violación al régimen cambiario en la introducción de mercancías al territorio nacional, a saber:
LEY 488 DE 1998
“Artículo 72. Control cambiario en la introducción de mercancías.
El artículo 6o. de la Ley 383 de 1997 quedará así:
"Artículo 6. Se presume que existe violación al régimen cambiario cuando se introduzca mercancía al territorio nacional por lugar no habilitado, o sin declararla ante las autoridades aduaneras. En estos eventos el término de prescripción de la acción sancionatoria se contará a partir de la notificación del acto administrativo de decomiso.
La sanción cambiaria se aplicará sobre el monto que corresponda al avalúo de la mercancía, establecido por la DIAN en el proceso de definición de la situación jurídica.
Igualmente se presume que existe violación al régimen cambiario cuando el valor declarado de las mercancías sea inferior al valor de las mismas en aduanas. En estos eventos, el término de prescripción de la acción sancionatoria se contará a partir de la notificación del acto administrativo de liquidación oficial de revisión de valor.
La sanción cambiaria se aplicará sobre el monto de la diferencia entre el valor declarado y el valor en aduana de la mercancía establecido por la DIAN en la liquidación oficial de revisión de valor". (Negrilla fuera de texto)
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-099 de 2003, al estudiar la constitucionalidad del artículo 6º de la Ley 383 de 1997, modificado por el artículo 72 de la Ley 488 de 1998, en relación con el sujeto activo de la infracción descrita consideró que este será la persona natural o jurídica destinataria del régimen cambiario que "introduzca mercancía al territorio nacional por lugar no habilitado", o que "introduzca mercancía al territorio nacional sin declararla ante las autoridades aduaneras" o que "declare las mercancías por un valor inferior al valor de las mismas en aduanas”. Sobre el particular, dijo la Corte:
“El artículo 6º de la Ley 383 de 1997, modificado por el artículo 72 de la Ley 488 de 1998, establece tres eventos en que se presume existe violación al régimen cambiario, esto es: 1) cuando se introduzca mercancía al territorio nacional por lugar no habilitado; 2) cuando se introduzca mercancía al territorio nacional sin declararla ante las autoridades aduaneras, y 3) cuando el valor declarado de las mercancías sea inferior al valor de las mismas en aduanas.
En torno a la sanción cambiaria aplicable en estos casos, el inciso segundo del artículo demandado dispone, para las dos primeras infracciones, que ella se aplicará sobre el monto que corresponda al avalúo de la mercancía, establecido por la DIAN en el proceso de definición de la situación jurídica; por su parte, para la tercera infracción, el inciso cuarto dispone que la sanción se aplicará sobre el monto de la diferencia entre el valor declarado y el valor en aduana de la mercancía establecido por la DIAN en la liquidación oficial de revisión del valor.
El actor estima que la norma impugnada omite la referencia al sujeto activo de la infracción cambiaria, lo cual lo lleva a formular este interrogante: ¿Si no se determina en el proceso administrativo aduanero el responsable de la introducción de la mercancía, contra quién se inicia el proceso sancionatorio cambiario? Por ello, concluye, el artículo demandado vulnera el artículo 29 de la Constitución, que consagra el principio de tipicidad como uno de los componentes del debido proceso.
Al revisar el contenido del artículo acusado se observa que en éste, en efecto, el legislador no alude, de manera expresa, al sujeto activo de la infracción cambiaria. Sin embargo, el contenido de la norma en cuestión no admite dudas frente a la persona a quien va dirigido el precepto legal por incurrir en las actuaciones allí descritas, dado que a partir de la lectura del artículo 6º de la Ley 383, es claro que el sujeto activo de la infracción será la persona natural o jurídica destinataria del régimen cambiario que "introduzca mercancía al territorio nacional por lugar no habilitado", que "introduzca mercancía al territorio nacional sin declararla ante las autoridades aduaneras" o que "declare las mercancías por un valor inferior al valor de las mismas en aduanas".
Así entonces, comparte plenamente la Corte los argumentos expuestos por el Procurador General de la Nación y que desestiman las acusaciones de inconstitucionalidad formuladas contra esta norma22, puesto que, como se señaló en el acápite anterior, la ausencia de la mención expresa al sujeto activo de la infracción no se traduce automática e indefectiblemente en una omisión del legislador que vulnere el principio de tipicidad. Sólo lo sería en aquellos eventos en que fuera imposible determinar o inferir sin equívocos los elementos del precepto legal y, en el presente caso, la norma acusada permite deducir claramente quién es el destinatario de la infracción al régimen de cambios.” (Énfasis de la Sala).
De acuerdo con las normas reseñadas y la jurisprudencia citada, se presume que existe violación al régimen cambiario en los siguientes casos:
Cuando se introduzca mercancía al territorio nacional por lugar no habilitado o;
Cuando se introduzca mercancía al territorio nacional sin declararla ante las autoridades aduaneras o;
Cuando el valor declarado de las mercancías sea inferior al valor de las mismas en aduanas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 del C.C. y 176 del C.P.C., la presunción es un juicio lógico del legislador o del juez, que consiste en tener como cierto o probable un hecho, partiendo de hechos debidamente probados. Así lo precisó esta Corporación en la sentencia del 14 de agosto de 2013, en la que se afirmó que la presunción contenida en el artículo 72 de la Ley 488 de 1998 es una presunción iuris tantum porque admite prueba en contrario:
“Como se puede apreciar, el artículo 72 de la Ley 488 de 1998 dispone que, entre otros casos, se presume que el importador ha violado el régimen cambiario cuando el valor que declaró por las mercancías importadas resulta ser inferior al valor en aduanas, determinado en la liquidación oficial de revisión de valor. La presunción “es un juicio lógico del legislador o del juez, que consiste en tener como cierto o probable un hecho, partiendo de hechos debidamente probados”1 De conformidad con el artículo 66 del C.C.: “Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias.”
En concordancia con lo anterior, el artículo 176 del C.P.C.2 dispone: “Artículo 176. Las presunciones establecidas por la ley serán procedentes, siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados. El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice. A partir de las normas transcritas, la doctrina ha clasificado las presunciones en iuris et de iure (de derecho y por derecho) e iuris tantum (tan solo de derecho)3. Las presunciones iuris et de iure no admiten prueba en contrario. En cambio las presunciones iuris tantum, sí. La presunción consagrada en el artículo 72 de la Ley 488 de 1998 es una presunción iuris tantum porque admite prueba en contrario.”
Por tratarse de una presunción, la aplicación de la misma no determina obligatoriamente la imposición de la sanción por violación al régimen cambiario, toda vez que solo constituye un indicador para determinar la eventual responsabilidad del presunto infractor, que obviamente admite prueba en contrario dentro del proceso adelantado por responsabilidad cambiaria.
La infracción cambiaria endilgada a la actora en los actos acusados, corresponde al segundo supuesto fáctico descrito en el artículo 72 de la Ley 488 de 1998, por introducir mercancía al territorio nacional sin declararla ante las autoridades aduaneras.
Se entiende que la mercancía no ha sido declarada ante la autoridad aduanera, cuando se presenta alguna de las situaciones descritas en el artículo 232-1 del Decreto 2685 de 1999, cuyo tenor es el siguiente:
“ARTÍCULO 232-1. MERCANCÍA NO DECLARADA A LA AUTORIDAD ADUANERA. Se entenderá que la mercancía no ha sido declarada a la autoridad aduanera cuando: a) No se encuentre amparada por una Declaración de Importación; b) No corresponda con la descripción declarada; c) En la Declaración de Importación se haya incurrido en errores u omisiones en la descripción de la mercancía, o d) La cantidad encontrada sea superior a la señalada en la Declaración de Importación. Sin perjuicio de lo establecido en los numerales 4 y 7 del artículo 128 del presente decreto, siempre que se configure cualquiera de los eventos señalados en el presente artículo, procederá la aprehensión y decomiso de las mercancías. Cuando la cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración, la aprehensión procederá sólo respecto de las mercancías encontradas en exceso.” (Negrilla fuera de texto)
Así las cosas y de conformidad con el artículo 502 (numeral 1.6) del Decreto 2685 de 1999, cuando la mercancía no ha sido declarada ante la autoridad aduanera por no encontrarse amparada por una Declaración de Importación, hay lugar a que la Administración proceda a la correspondiente aprehensión y decomiso de la misma.
De las normas citadas se infiere entonces, que en el evento de determinarse el decomiso de una mercancía como consecuencia de no considerarse declarada ante la autoridad aduanera, por no encontrarse amparada en una Declaración de Importación, habrá lugar a aplicar la presunción descrita en el artículo 72 de la Ley 488 de 1998.
El punto de partida del proceso sancionatorio cambiario cuya finalidad perseguida es establecer el responsable de la violación al régimen de cambios, necesariamente, debe ser la conclusión del proceso aduanero que determine el decomiso de la mercancía por no haber sido declarada ante la autoridad aduanera por no encontrarse amparada en una Declaración de Importación, independientemente de cómo ocurrieron los hechos, del responsable de los mismos y de las sanciones a que haya lugar, pues se reitera que el proceso sancionatorio aduanero es totalmente distinto al proceso sancionatorio cambiario.
En ese orden de ideas, la DIAN debe iniciar la investigación correspondiente, que le permita establecer con certeza la conducta constitutiva de la infracción cambiaria y al infractor cambiario correspondiente, el cual no necesariamente debe coincidir con aquel a quien se le aprehendió y decomisó la mercancía, ni a quien se le haya sancionado en el proceso aduanero, sino que en el proceso cambiario responde quien tenía la obligación cambiaria consistente en canalizar a través del mercado cambiario el valor de la mercancía importada y la incumplió.
Cabe advertir que pese a contar con un hecho cierto a partir del cual puede iniciarse la investigación cambiaría, es decir, el decomiso de la mercancía; para poderle proferir cargos a una persona por violación al régimen cambiario, deben existir pruebas que comprometan su responsabilidad, pues no puede la Administración imputarle a una persona determinada infracción cambiaria, sin sustentar los fundamentos de hecho y de derecho que motivan dicha responsabilidad.
2.4. CASO CONCRETO
Bajo la égida de los argumentos expresados en el acápite anterior, procede la Sala a acometer el estudio de los argumentos plasmados en el escrito de alzada, no sin antes destacar que el carácter rogado de la jurisdicción contenciosa impone como límite dialéctico a esta instancia el soporte argumental ofrecido por el apelante y la presunción de acierto que recae sobre el pronunciamiento del a quo.
2.4.1. Asegura la empresa recurrente que el Tribunal se equivocó al momento de establecer el objeto de la Litis a destrabar.
Es cierto que el a quo planteó el problema jurídico a resolver de acuerdo con el siguiente interrogante: “¿Constituye infracción cambiaria la introducción temporal de mercancía en el territorio nacional, sin declararla ante las autoridades aduaneras”? Sin embargo, no es cierto que, como lo dice la sociedad apelante, el examen realizado en primera instancia se hubiese detenido únicamente en la presunción del artículo 72 de la Ley 488 de 1998, pues también recabó en los elementos del artículo 1.e del Decreto 1074 de 1999, puestos de manifiesto por la empresa, frente a los cuales se pronunció así:
“Ahora bien descendiendo al presente caso se tiene que la actora manifiesta en sus caraos que la operación realizada por AREDA MARINE FUEL C.I. S.A no cumple con los elementos para configurar la presunción legal que contiene tres (3) elementos: a) decomiso b) el importador o introductor, y c) la existencia de una obligación de pago, pues en su caso sólo se presenta el decomiso, sin tener certeza de la ocurrencia de los otros dos elementos. Que AREDA MARINE FUEL C.I. S.A. no introdujo la mercancía al Territorio Nacional, pues los introductores directos fueron las empresas Mundinaves y Cotecmar, según contrato con Caribbien Marine Fuel y que actuó como agente oficioso en representación del propietario Tridon, en virtud de un acuerdo comercial y que la motonave no se importó al país, pues debió legalmente introducirse bajo el régimen de importación temporal para perfeccionamiento activo no reembolsable, además de que en el régimen de importación temporal no existen obligaciones cambiarias y que la motonave es un bien capital.
(…)
En resumen, los anteriores medios probatorios permiten concluir que efectivamente quien intervino en la introducción al Territorio Nacional de la Motonave Kristen sin el lleno de los requisitos fue la actora sociedad Areda Marine Fuel CJ. S.A., por medio de su representante legal señor Leonardo Garativo García, aunado a que según consta en el certificado de existencia y representación legal de dicha sociedad visible a folios 25 a 27 vta del Cuaderno Principal se tiene que dentro de su objeto social la importación de mercancías es una de sus actividades propias que desarrolla.
No es de recibo lo alegado por la actora el argumento que no es no propietaria de la motonave Kristen porque como se dijo en precedencia para efectos aduaneros quien introdujo la mercancía, independientemente de si es propietario o no, tiene la obligación de canalizar divisas al exterior, a menos que acredite aduaneramente que está exento de dicha obligación, lo cual no aconteció en el presente caso, y en el plenario está acreditado que quien hizo la introducción al Territorio Nacional de la motonave Kristen fue Areda Marine Fuel C.I. S.A.
Por otra parte respecto al argumento de la actora de que la motonave ingresó para ser reparada, ello no quiere significar que pueda evadir las obligaciones que debió asumir como introductora desde el momento en que la motonave Kristen entró al Territorio Nacional sin dar aviso a la autoridad aduanera sobre su arribo a muelle autorizado, o por lugar habilitado, se advierte del expediente administrativo que el astillero Coctemar no se encontraba habilitado por la DIAN como muelle privado o público para la época en que la motonave Kristen arribó a sus instalaciones. Además de que la Capitanía de Puerto de Cartagena no está facultada para habilitar muelles públicos o privados para efectos de cargue y descargue de mercancía extranjera, ni tampoco puede otorgar registro aduanero, previo anuncio de la llegada de una nave a Territorio Nacional, y además de que única autoridad competente para verificar la legalidad de la importación de las mercancías que se introduzcan o circulen en el territorio Nacional es la DIAN”.
(…)
Teniendo en cuenta todo lo anterior la Sala concluye que ciertamente del material probatorio que milita en el plenario está claro que quien hizo la introducción al Territorio Nacional de la motonave Kristen fue la actora sociedad Areda Marine Fuel C.I. S.A., y ante este hecho se presume que llevó a cabo la operación de comercio exterior que generó a su cargo obligaciones del Régimen Cambiario que incumplió, sin que puede alegar como se estableció en precedencia que fue un simple agente oficioso y la que la motonave no es de su propiedad, y de conformidad con la normatividad aduanera aplicable al caso sub lite a la DIAN no le corresponde establecer cuál fue la transacción realizada entre la actora Sociedad Areda Marine Fuel CI. S.A. y TRIDON para poder imponer la sanción cambiaria, siendo que el bien jurídico que protege el derecho cambiario es el orden público económico”.
Lo anterior es suficiente para poner en evidencia que los reparos de la empresa demandante fueron debidamente agotados por el Tribunal Administrativo de Bolívar, pues dicho colegiado explicó los motivos por los que se le consideró introductor de la embarcación decomisada y por ese mismo hecho, obligado a canalizar divisas por la operación aduanera derivada de ello.
2.4.2. Por otro lado, en el escrito de alzada se sostiene que el artículo 72 de la Ley 488 de 1998 establece una presunción, pero no el tipo cambiario, pues este último se encuentra, para el caso de marras, en el artículo 1.e del Decreto 1074 de 1999, norma última que, en su tenor literal expresa:
“ARTÍCULO 1o. <Decreto derogado por el artículo 43 del Decreto 2245 de 2011> El artículo 3o. del Decreto-ley 1092 de 1996 quedará así:
"Artículo 3o. Sanción. Las personas naturales o jurídicas y entidades que infrinjan el Régimen Cambiario en operaciones cuya vigilancia y control sea de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, serán sancionadas con la imposición de multa que se liquidará de la siguiente forma:
(…)
e) Por no canalizar a través del mercado cambiario el valor de las operaciones obligatoriamente canalizadas definidas en el Régimen Cambiario y cuya vigilancia y control sea de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se impondrá una multa del doscientos por ciento (200%) del monto dejado de canalizar”.
En efecto, la Sala considera que en este punto le asiste razón a la actora, toda vez que, de un lado, la primera de tales disposiciones supone infractor del “régimen cambiario”, entre otros, a la persona que, entre otros casos, introduzca indebidamente una mercancía a Colombia o que no la declare ante la DIAN, pero no explica qué parte de las normas cambiarias se infringe con ello; mientras que, por otro lado, –tal y como se indicó en el acápite anterior del presente proveído– la última de las normas transcritas sí concreta el hecho generador de la sanción cambiaria.
Incluso, fue bajo ese contexto que la administración expidió los actos administrativos censurados, basta ver el argumento de cierre empleado por esta en la Resolución No. 509 del 18 de marzo de 2008 –por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la No. No. 1359 del 21 de agosto de 2007, por medio de la cual impuso una sanción a la empresa accionante equivalente al 200% del valor de la embarcación–, que en lo pertinente ora:
“d) Areda Marine Fuel, actúo como representante, agente oficioso en representación del propietario.
En esta actuación no se acredita por parte de la recurrente la legitimación para actuar bajo esta figura, por tanto el artículo 3o del Decreto 1092 de 1996, modificado por el artículo 1° del Decreto 1074 de 1999, dispone que las personas Naturales o Jurídicas y demás entidades que infrinjan el régimen Cambiario en operaciones cuya vigilancia y Control sea de Competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, seran sancionada con la imposición de una multa liquidada según la infracción o infracciones cometidas.
El artículo 4º [3] ibídem, establece que quien incumpla cualquier obligación contenida en el régimen de Cambios, se hará acreedor a las sanciones previstas en el Decreto: 1092 de 1996, modificado por el Decreto 1074 de 1999 y demás disposiciones concordantes, sin perjuicio de las sanciones Tributarias, Aduaneras y penales que le sean aplicables.
El artículo 1, literal E) del Decreto 1074/99, modificatorio del artículo 3), del Decreto Ley 1092 de 1996, establece que las personas Naturales o Jurídicas y entidades que infrinjan el régimen Cambiario en operaciones cuya vigilancia y control corresponda a la Dirección de Impuestos y aduanas, serán sancionadas con la imposición de una multa del 200% del monto dejado de canalizar.” (Énfasis de la Sala).
Ahora, el hecho de que la presunción de contrabando y el tipo cambiario estén contenidos en normas diferentes no significa que deban entenderse de manera aislada. Lo que ocurre, por lo menos en cuanto al asunto de la referencia concierne, es que frente a la infracción de las normas que obligan a la canalización de divisas a través del mecanismo previsto por el Banco de la República, la carga de la prueba se inclina hacia la autoridad aduanera o hacia el usuario aduanero, dependiendo de las circunstancias que rodeen el caso, de tal suerte que, si la infracción se acompaña, v. gr., de la introducción de mercancía al país por lugar no autorizado o sin ser declarada ante la DIAN, será el introductor de la misma el llamado a demostrar el cumplimiento de las disposiciones cambiarias; al tiempo que, en ausencia de los supuestos de que trata el artículo 72 de la Ley 488 de 1998, será la administración quien deba poner de relieve los elementos de juicio que permitan concluir que se presentó tal infracción.
2.4.3. Dentro de ese panorama fue que se profirieron los actos administrativos enjuiciados, y así lo concreta el recurso de apelación que convoca a este ad quem, en tanto se contrae a la demostración de los supuestos que, a juicio del libelista, permiten desvirtuar la presunción en comento, a partir de dos premisas ancladas a su lectura del artículo 1.e del Decreto 1074 de 1999: (i) no fue el sujeto introductor del barco que debía responder por alguna obligación cambiaria; (ii) no existió de ningún negocio internacional que impusiera la canalización de divisas.
Al respecto, conviene recordar que de acuerdo con el precepto ibídem, se castigó a AREDA MARINE FUEL C.I. S.A. “Por no canalizar a través del mercado cambiario el valor de las operaciones obligatoriamente canalizadas definidas en el Régimen Cambiario y cuya vigilancia y control sea de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.
Dicho de otro modo, la DIAN le censuró el no haber “canalizado” una obligación “canalizable”, como, a la luz de los artículos 7 y 10 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República” lo era la importación de una mercancía, en este caso, la embarcación “Kristen”.
Sobre el particular, es menester recordar que el artículo 87 del Decreto 2685 de 1999 –vigente al momento de los hechos sancionados– establece el nacimiento de la obligación aduanera en la importación, así:
“Artículo 87. Obligación aduanera en la importación. La obligación aduanera nace por la introducción de la mercancía de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional.
La obligación aduanera comprende la presentación de la Declaración de Importación, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar, así como la obligación de obtener y conservar los documentos que soportan la operación, presentarlos cuando los requieran las autoridades aduaneras, atender las solicitudes de información y pruebas y en general, cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas correspondientes” (Negrillas de la Sala).
Es así que introducir una “mercancía” al país conlleva al deber de atender las normas que gobiernan la importación, operación que puede darse en cualquiera de las diferentes modalidades que consagra el artículo 116 de la normativa ejusdem –incluso la temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital–.
Cabe decir que esta última modalidad de importación se encuentra definida en el artículo 163 del Decreto 2685 de 1999, así:
“ARTICULO 163. IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DE BIENES DE CAPITAL. <Artículo derogado por el artículo 676 del Decreto 390 de 2016, una vez cumplido lo dispuesto por los artículos 674 y 675> <Artículo modificado por el artículo 16 del Decreto 1232 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Es la modalidad que permite la importación temporal de bienes de capital, así como de sus partes y repuestos, con suspensión de tributos aduaneros, destinados a ser reexportados, después de haber sido sometidos a reparación o acondicionamiento, en un plazo no superior a seis (6) meses y con base en la cual su disposición queda restringida. En casos debidamente justificados, la autoridad aduanera podrá autorizar plazos superiores a los previstos en este artículo, hasta por un término igual al otorgado inicialmente.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales determinará la mercancía que podrá ser objeto de esta modalidad de importación” (Negrillas de la Sala).
Y como bien lo explicó el juzgador de primera instancia, cuando la embarcación Kristen fue aprehendida, ya contaba, por mucho, con más de los 6 meses que permite la norma en el territorio nacional, excediendo el plazo que –aun de haberse legalizado aduanera y cambiariamente su introducción al país, lo cual, se insiste, no ocurrió– permitiría avenirse a esta modalidad. Téngase en cuenta que el 16 de noviembre de 2003 se realizó la maniobra de atraque de la motonave y que aun el 17 de noviembre de 2004 todavía se encontraba en el país, pues en esa fecha se realizó la aprehensión de la misma en las instalaciones de la Zona Franca Industrial de Cartagena, mediante Acta de Aprehensión N° 251 FISC. De hecho, nunca salió de Colombia, porque tal diligencia culminó con el decomiso de la “mercancía”.
A este punto, no sobra recordar el tenor literal de los artículos 7 y 8 de la RESOLUCIÓN EXTERNA 8 de 2000, que en lo pertinente oran:
“Artículo 7º. OPERACIONES. Las siguientes operaciones de cambio deberán canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario:
1. Importación y exportación de bienes.
(…)
Parágrafo. El Banco de la República mediante reglamentación de carácter general podrá establecer excepciones a la canalización de estas operaciones.”
“Artículo 10º. CANALIZACIÓN. Los residentes deberán canalizar a través del mercado cambiario los pagos para cancelar el valor de sus importaciones. Las importaciones podrán estar financiadas por los intermediarios del mercado cambiario, el proveedor de la mercancía y otros no residentes.”
Es así que, para el surgimiento de la operación cambiaria, dicha normativa no distingue entre modalidades de importación, razón por la cual, para lo que al sub judice concierne, daba igual si la importación era definitiva o en alguna modalidad temporal como la de perfeccionamiento activo de bienes de capital.
Ahora, como bien lo explicó esta corporación en sentencia de 26 de marzo de 2015, “…de conformidad con el artículo 1° del Decreto 2685 de 1999, por MEDIO DE TRANSPORTE se entiende ‘cualquier nave, aeronave, vagón de ferrocarril o vehículo de transporte por carretera, incluidos los remolques o semirremolques cuando están incorporados a un tractor o a otro vehículo, que movilizan mercancías’, y por MERCANCÍA, ‘todo bien clasificable en el arancel de aduanas, susceptible de ser transportado y sujeto a régimen aduanero’…”.
Conviene destacar que en el citado pronunciamiento la Sección Primera del Consejo de Estado revocó el fallo del Tribunal que había declarado la nulidad de los mismos actos de decomiso que dieron lugar al procedimiento cambiario que interesa al asunto de la referencia, para, en su lugar, denegar el pedido anulatorio. Ello resulta importante en la medida en que uno de los argumentos de la apelación se centra en la confianza legítima que sirvió de fundamento al fallo de primera instancia dentro del proceso radicado con el No. 2006-00026-01 y en el hecho de que la nulidad del decomiso trascendería al procedimiento cambiario. Empero, al revocarse la decisión de dicho a quo, tal reproche se queda sin piso jurídico.
Bajo ese contexto, la DIAN dio al buque “Kristen” la connotación de mercancía, lo cual resulta válido para esta Sala a partir de dos elementos esenciales: el primero, el hecho de haber ingresado sin carga al país, pues así se deriva da la definición de “mercancía” contenida en el artículo 1° del Decreto 2685 de 1999, en armonía con la de “medio de transporte”; y el segundo, porque el propio Consejo de Estado quien, en el referido pronunciamiento de 26 de marzo de 2015, estableció que esa misma embarcación debía ser tratada como “mercancía”, lo cual fue de cardinal importancia para declarar que los actos de decomiso analizados en aquella oportunidad –que precedieron a los actos sancionatorios del sub judice– no se encontraban viciados de ilegalidad.
En ese orden de ideas, el arribo de la embarcación en mención al territorio aduanero Colombiano merecía ser considerado una importación que, como tal, a su vez, daba lugar, en principio, a la existencia de una obligación cambiaria, consistente en “canalizar” en los términos establecidos por el Banco de la República, el flujo de divisas correspondiente a esa operación aduanera, salvo que la parte accionante probara lo contrario, lo cual no ocurrió.
Es por ello que, comoquiera que no existe reporte del cumplimiento de esa “canalización” y que la empresa actora no desvirtuó la existencia de la obligación cambiaria, no sorprende que la DIAN impusiera una sanción a la persona jurídica a la que identificó como “introductora” de la mercancía, luego de una lógica intelección que se reforzó en la presunción devenida del hecho de que el ingreso de la embarcación se dio por sitio no autorizado por la autoridad aduanera y sin mediar la condigna declaración de importación, con lo cual se materializó la presunción de violación de régimen cambiario contenida en el artículo 72 de la Ley 488 de 1998, en armonía con lo normado en el artículo 1.e del Decreto 1074 de 1999.
Sin embargo, tal como se dijo en líneas previas, insiste la parte actora en señalar en sede judicial que no le es atribuible la introducción de la mercancía, así como que tampoco se realizó ningún negocio que diera lugar a pago alguno de divisas.
2.4.4. Entiende la Sala, entonces, que es a partir de estos argumentos que la sociedad apelante pretende desvirtuar la antedicha presunción. No obstante, para esta colegiatura, tal cometido no se logra, por las razones que se pasan a explicar.
El primer aspecto que da cuenta de lo anterior es el hecho de que existen documentos que demuestran que AREDA MARINE FUEL C.I. S.A. sí fue quien introdujo la motonave “Kristen” al territorio aduanero colombiano.
La prueba más contundente de ello la constituye el escrito signado por el representante legal de dicha empresa y radicado ante la DIAN el 31 de marzo de 2005 dentro del trámite del proceso de definición de la situación jurídica de la embarcación –en ese momento aprehendida–, en el cual expresa lo siguiente:
“Leonardo Garavito García, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. (…), en mi condición de Representante Areda Marine Fuel C.I. S.A. en Colombia y actuando en este caso en representación de la Sociedad Tridon Investment Ltd, propietarios y armadores de la motonave Kristen de bandera Panameña, mediante el presente escrito doy respuesta al auto 143 de fecha 15 de marzo de 2005.
Solicitando a la jefe de la división de fiscalización aduanera que reciba como prueba que demuestran [sic] que lo ocurrido con la motonave Kristen, fue un evento de fuerza mayor completamente demostrado, que hizo indispensable su ingreso a las instalaciones del astillero de Cotecmar y posterior traslado a la Zona Franca, puesto que la motonave llegó a Colombia remolcada y no se encontraba en condiciones de viajar por sus propios medios (anexamos copia contrato Intertug), y era necesario llevar a cabo unas reparaciones necesarias para su navegabilidad, por lo que fue nuevamente remolcada al muelle de Zona Franca, para lo cual anexamos copia del contrato de remolque con Intertug y de las facturas de remolque local,
Solicito se tengan como pruebas todos los documentos que reposan en el expediente, en especial los que tienen que ver con la demostración de un hecho de Fuerza Mayor” (Negrillas de la Sala).
Dicho, esto, resulta pertinente señalar que se encuentra acreditado que el señor Leonardo Garavito García es el representante legal de la empresa AREDA MARINE FUEL C.I. S.A., demandante en el asunto de la referencia. Basta ver el poder otorgado al profesional del derecho que gestiona sus intereses en el asunto de la referencia y el certificado de existencia y representación legal que lo acompaña.
Es ese mismo representante legal quien, también actuando en representación de dicha sociedad, suscribe un contrato de remolque con la empresa INTERTUG S.A., pues así lo reconoce y acredita dentro de lo referida actuación administrativa, para trasladar la embarcación “Kristen” desde Kingston (Jamaica) hasta Cartagena (Colombia).
Con el propósito de detallar este aspecto, vale la pena poner de relieve que si bien en dicho contrato figura la expresión “8. Registrader Owners CARIBEAN MARINE FUEL, INC”, que reporta el nombre del “propietario registrado” de la nave a remolcar, no es a partir de esta información, como erradamente lo entiende el a quo, que se deduce la responsabilidad de AREDA, pues, para empezar, quien figura como tal es CARIBEAN y, además, como se explicó en precedencia la obligación cambiaria surge es para el introductor de la mercancía.
Lo que sí determina la participación de la compañía accionante es el espacio en el que se precisa el siguiente dato: “Hirer / place of business AREDA MARINE FUEL C.I. LTDA Kra. 6 No.6-130 Of201 Cartagena”, dispuesto para el lugar del “contratante” o “arrendador”, firmado en tal calidad por el señor “Leonardo Garavito”.
Ahora, si bien dicho documento está en inglés, lo cual le resta mérito probatorio al tenor de lo establecido en el artículo 260 del Decreto 1400 de 1970 –según lo indicó esta Sección en fallo de 26 de abril de 2018–, cabe decir que, además del escrito de 31 de marzo de 2005 del representante legal de AREDA –transcrito en líneas anteriores del presente proveído–, a este lo sucede el escrito en castellano, dirigido por el señor Mauricio Villegas, en su calidad de “Asistente Comercial” de la compañía INTERTUG S.A., al señor “Leonardo Garavito || AREDA”, en el que cotiza y describe las condiciones del remolque del buque en cuestión.
Para la Sala la manifestación a la DIAN transcrita en párrafos precedentes, y los demás documentos que junto con ella aportó la parte actora en sede administrativa resultan suficientemente ilustrativos de que, en efecto, tal y como lo concluyó la autoridad aduanera en los actos administrativos censurados, la sociedad AREDA MARINE FUEL C.I. S.A. dispuso de las acciones materiales y comerciales efectivas para lograr que el barco “Kristen” fuera introducido al territorio aduanero colombiano, lo cual la convirtió en sujeto activo de la obligación cambiaria.
Concluido este aspecto queda por abordar el tema asociado a su participación en un negocio internacional que le impusiera la canalización de divisas.
Pues bien, antes que nada, no sobra advertir que los actos administrativos sancionatorios, objeto del presente trámite contencioso, se encuentran revestidos de una presunción de legalidad –aunada a la presunción de infracción cambiaria que motivó su expedición–, que le corresponde desvirtuar a la parte demandante.
De conformidad con lo explicado en párrafos anteriores, la sola introducción de mercancía al territorio nacional conlleva el nacimiento de la obligación aduanera bajo el régimen de importación y esta última, a su vez, impone la necesidad de que se canalicen por los medios dispuestos por el Banco de la República las divisas que devienen de dicha operación.
Esta es la regla general a la que se subsume el sub judice, razón por la cual, correspondía a la sociedad accionante acreditar que bajo el supuesto de la importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital, en la que dice se encuadra la reparación de la embarcación extranjera, no daba lugar al flujo de divisas cuya regularización echó de menos la DIAN.
Contrario a lo esperado, la defensa de AREDA MARINE FUEL C.I. S.A., en torno a este particular, se contrae a la supuesta inexistencia de una transacción económica como la compra venta o el arrendamiento, lo cual no permite enervar la presunción de legalidad de la sanción, toda vez que, más allá de la operación subyacente, la importación en sí misma de una motonave extranjera supone, por regla general, la existencia de una obligación canalizable, a cargo del introductor –que según se demostró fue la empresa accionante–, independientemente de que para su perfeccionamiento debiera presentarse o no una tradición del dominio, de la posesión o de la tenencia de dicha mercancía.
En ese orden de ideas, no hay evidencia a este punto del proceso que sustente la tesis de que la importación temporal con fines de reparación y posterior exportación de la embarcación se encontrara exenta del cumplimiento de la obligación cambiaria derivada del negocio subyacente a tal transacción.
Así las cosas, estaba plenamente justificada la consecuencia aplicada por la autoridad aduanera en vista de tal incumplimiento. Recuérdese que la infracción del artículo 1.e del Decreto 1074 de 1999 se da “Por no canalizar a través del mercado cambiario el valor de las operaciones obligatoriamente canalizadas definidas en el Régimen Cambiario y cuya vigilancia y control sea de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”, lo cual se apareja de “… una multa del doscientos por ciento (200%) del monto dejado de canalizar”, en este caso la importación del “Kristen”, que es lo presumido de las normas cambiarias, no siendo dable tampoco para este ad quem presumir un monto distinto, habida cuenta que ello no fue objeto de rogación en este proceso.
2.5. CONCLUSIÓN
Bajo la égida de los anteriores argumentos, esta Sala concluye que las censuras abordadas en esta instancia judicial carecen de vocación de prosperidad y, en tal sentido, se impone la confirmación de la sentencia de 29 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Subsección de Descongestión, que denegó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: CONFIRMAR la sentencia de 29 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Subsección de Descongestión, que denegó las pretensiones de la demanda.
Segundo.- DEVOLVER el expediente de la referencia al tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Folios 1-23 del cuaderno 1. El 21 de julio de 2008 (fl. 23 del cuaderno 1). Folio 2 del cuaderno 1. El libelista señaló que su poderdante tiene por objeto la compra y venta de combustibles para el mercado internacional. Folio 6 del cuaderno 1. Folio 6 del cuaderno 1. Que subrogó el artículo 6 de la Ley 383 de 1997, así: “ARTICULO 6o. CONTROL CAMBIARIO EN LA INTRODUCCION DE MERCANCIAS. <Artículo subrogado por el artículo 72 de la Ley 488 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> Se presume que existe violación al régimen cambiario cuando se introduzca mercancía al territorio nacional por lugar no habilitado, o sin declararla ante las autoridades aduaneras. En estos eventos el término de prescripción de la acción sancionatoria se contará a partir de la notificación del acto administrativo de decomiso. || La sanción cambiaria se aplicará sobre el monto que corresponda al avalúo de la mercancía, establecido por la DIAN en el proceso de definición de la situación jurídica. || Igualmente se presume que existe violación al régimen cambiario cuando el valor declarado de las mercancías sea inferior al valor de las mismas en aduanas. En estos eventos, el término de prescripción de la acción sancionatoria se contará a partir de la notificación del acto administrativo de liquidación oficial de revisión de valor. || La sanción cambiaria se aplicará sobre el monto de la diferencia entre el valor declarado y el valor en aduana de la mercancía establecido por la DIAN en la liquidación oficial de revisión de valor”. Folio 6 del cuaderno 1. La parte demandante considera que si la DIAN tenía dudas sobre la propiedad de la embarcación, pudo incluso, vía exhorto, despejarlas con la autoridad panameña. Según lo referenció el libelista. Folio 59 del cuaderno 1. Folios 92-95 del cuaderno 1. Folio 150 del cuaderno 1. Folios 141-142 del cuaderno 1. Folios 23A y 67-81 del cuaderno 1. Sin referenciar norma alguna frente a ese aserto en particular. Folios 185-187 del cuaderno 1. Folios 159-169 del cuaderno 1. Folio 162 del cuaderno 1. Folios 192-199vto del cuaderno 1. Folio 198 del cuaderno 1. Folios 207-214 del cuaderno 1. Folio 212 del cuaderno 1. Proferida dentro del proceso radicado con el No. 13001-33-31-002-2006-00026-00. Conviene precisar que en sentencia de 26 de marzo de 2015 la Sección Primera del Consejo de Estado revocó el referido fallo del Tribunal para, en su lugar, denegar el pedido anulatorio, al encontrar que el cumplimiento de las normas aduaneras procura la protección del orden público económico y que es independiente de los trámites ante la autoridad marítima.
resoluciones No. 955 y 1784 de 2005 de la DIAN que ordenaron el decomiso del “Kristen”. Folios 31-32 del cuaderno 2. Folios 9-13vto del cuaderno 2. En este capítulo se replican el recuento normativo efectuado por la Sección Primera del Consejo de Estado en fallo de 22 de octubre de 2015 (C. P. María Claudia Rojas Lasso, rad. 68001-23-31-000-2004-01725-01, Actor: Farailda Daza Pitre) reiterado por la Sección Quinta en reciente pronunciamiento de 12 de abril de 2018 (C. P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 05001-23-31-000-2004-03664-01, actor: Industrias Metálicas Sudamericanas S.A. – IMSA S.A.). Expediente: 2006-03566, M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
“ARTICULO 502. CAUSALES DE APREHENSIÓN Y DECOMISO DE MERCANCÍAS. Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:
<Numeral 1. modificado por el artículo 48 del Decreto 1232 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:>
1. En el Régimen de Importación:
(…)
1.6. Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una Declaración de Importación, o no corresponda con la descripción declarada, o se encuentre una cantidad superior a la señalada en la Declaración de Importación, o se haya incurrido en errores u omisiones en su descripción, (…)”
Folios 198-199vto del cuaderno 1. Folio 52 del cuaderno 1. RESOLUCIÓN EXTERNA 8 de 2000: || Artículo 7º. OPERACIONES.
Las siguientes operaciones de cambio deberán canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario: || 1. Importación y exportación de bienes. || (…) || Parágrafo. El Banco de la República mediante reglamentación de carácter general podrá establecer excepciones a la canalización de estas operaciones.” || “Artículo 10º. CANALIZACIÓN. Los residentes deberán canalizar a través del mercado cambiario los pagos para cancelar el valor de sus importaciones. Las importaciones podrán estar financiadas por los intermediarios del mercado cambiario, el proveedor de la mercancía y otros no residentes.”
Por el cual se modifica la Legislación Aduanera.
“ARTICULO 116. MODALIDADES DE IMPORTACIÓN. <Artículo derogado por el artículo 676 del Decreto 390 de 2016, una vez cumplido lo dispuesto por los artículos 674 y 675> En el régimen de importación se pueden dar las siguientes modalidades: || a) Importación ordinaria; || b) Importación con franquicia; || c) Reimportación por perfeccionamiento pasivo; || d) Reimportación en el mismo estado; || e) Importación en cumplimiento de garantía; || f) Importación temporal para reexportación en el mismo estado; || g) Importación temporal para perfeccionamiento activo: || - Importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital || - Importación temporal en desarrollo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación; || - Importación temporal para procesamiento industrial; || h) Importación para transformación o ensamble; || i) Importación por tráfico postal y envíos urgentes; || j) Entregas urgentes y, || k) Viajeros. || l) <Literal adicionado por el artículo 11 del Decreto 2557 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> Muestras sin valor comercial”. Sección Primera, C. P. María Elizabeth García González, rad. 2006-00026-01, actor: AREDA MARINE FUEL C.I. LTDA. Sección Primera, C. P. María Elizabeth García González, rad. 2006-00026-01, actor: AREDA MARINE FUEL C.I. LTDA. Folio 24 del cuaderno 1. Folio 26 del cuaderno 1. Folio 326 del cuaderno de pruebas del expediente administrativo de decomiso. C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 76001-23-31-000-2006-03685-01, actor: BELLEZA EXPRESS S.A. Folio 328vto del cuaderno 1 del expediente administrativo de decomiso.
Expediente No. 13001-23-31-000-2008-00361-01
Demandante: SOCIEDAD AREDA MARINE FUEL C.I. S.A.
Nulidad y restablecimiento del derecho
Fallo de segunda instancia
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