Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2008-00549-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Cosa juzgada
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2008-00549-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 13001-23-31-000-2008-00549-02
Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero
4 de junio de 2019
COSA JUZGADA / IDENTIDAD DE PARTES / CONCEPTO DE IDENTIDAD DE PARTES / IDENTIDAD DE CAUSA / CONCEPTO DE IDENTIDAD DE CAUSA / IDENTIDAD DE OBJETO / CONCEPTO DE IDENTIDAD DE OBJETO / OCUPACIÓN DE HECHO DE INMUEBLE
[L]a regla general que procede de la codificación procesal civil establece que “la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes” -artículo 332 del CPC y 303 del CGP-. (…) Se advierte fácilmente de lo anterior, que sí existe identidad de partes (…) Acerca de la identidad de causa, entendida como las razones y hechos que motivan o dan lugar a la formulación de las pretensiones que aparecen en el contenido de la demanda, se tiene [que], en los dos procesos existe identidad (…) Acerca de la identidad de objeto, es decir, respecto a lo que se persigue a través de la demanda formulada en cada uno de los procesos, lo cual no solo puede encontrarse en lo expresado en las pretensiones de la demanda, sino en otras partes de su contenido, se observa (…), que en ambos procesos, independientemente del fundamento jurídico, ya fuere a título de reivindicación ficta o de reparación administrativa, se persigue el pago del valor del inmueble respecto del área ocupada por el Distrito de Cartagena con ocasión de las obras adelantadas por este en el corredor vial de carga. (…) [R]ealmente se trata de un tema ya debatido en proceso anterior, tal como lo aceptan los mismos demandantes (…) en lo referente a la configuración de cosa juzgada derivada de la ocupación permanente.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVL - ARTÍCULO 332 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 303
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / OCUPACIÓN DE HECHO DE INMUEBLE / OBRA PÚBLICA / OCUPACIÓN TEMPORAL DE BIEN INMUEBLE / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
En cuanto al plazo para incoar la acción de reparación directa, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, estableció un término de dos años contados a partir del día siguiente de la ocurrencia de la acción u omisión u omisión administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena. (…) Adicionalmente, debe precisar que en el conteo del dicho término, el juez también debe tener en cuenta el momento en que el demandante tuvo o debió tener conocimiento del daño si este se produjo en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. (…) De conformidad con lo preceptuado en la norma señalada, se tiene que si bien la caducidad guarda una estrecha relación con el principio de seguridad jurídica, el cómputo del plazo debe analizarse en cada caso en particular a partir de los hechos que son presentados con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia, razón por la cual, no necesariamente el cómputo de dos años debe efectuarse a partir de la realización pura y simple del hecho causante del daño, sino que resulta necesario, dependiendo del caso, que ese hecho haya sido conocido por el afectado. (…) [L]a Sala Plena de Sección Tercera del Consejo de Estado (…) unificó la forma en que se debían contabilizar los dos (2) años establecidos en la ley para el ejercicio de la acción de reparación directa, al distinguir dos supuestos de ocupación en los que operaba el fenómeno de caducidad de manera diferente. Estos supuestos y la forma de contabilizar el término de caducidad en cada uno de ellos fueron los siguientes: (i) Cuando la ocupación ocurre con ocasión de la realización de una obra pública con vocación de permanencia: En este evento el término de caducidad debe calcularse desde que la obra finalizó, o desde que el actor conoció la finalización de la obra sin haberla podido conocer en un momento anterior. (ii) Cuando la ocupación ocurre “por cualquier otra causa”: En este evento el término de caducidad empieza a correr desde que ocurre el hecho dañoso, que se entiende consumado cuando cesa la ocupación del inmueble, siempre que la misma sea temporal, o, en casos especiales, se computa desde cuando el afectado ha tenido conocimiento de la ocupación del bien en forma posterior a la cesación de la misma.
NOTA DE RELATORÍA: En relación con el conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa incoada por daños derivados de una ocupación de hecho, ver sentencia de la Sala Plena de Sección Tercera del Consejo de Estado, del 9 de febrero de 2011, Exp. 38271, MP. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136
CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / ACTUACIÓN TEMERARIA EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. (…) [P]rocede la condena en costas en esta instancia, en la medida en que pese a que la sentencia de primera instancia fue clara en advertir que acerca de la ocupación ya había existido un debate judicial previo, aun así, la parte accionante persistió en su conducta de solicitar la indemnización de perjuicios en el recurso de apelación, con ocasión de la ocupación del inmueble. De suerte que la parte vencida también será condenada en costas en la segunda instancia. (…) [E]n lo que concierne a las agencias en derecho, corresponde tasarlas (…) conforme a la clase de proceso, el rango de tarifas máximas y mínimas allí establecidas, la calidad, duración y la gestión realizada por la parte a quien le fueron favorables las resultas del proceso.
FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO
Bogotá, cuatro (4) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 13001-23-31-000-2008-00549-02(42719)
Actor: INVERSIONES LA ESMERALDA CURIEL FUENMAYOR CIA S EN C Y OTROS
Demandado: DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: Cosa juzgada, elementos para su configuración, procede parcialmente. Caducidad de la acción de reparación directa, procede parcialmente.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 16 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de la cual se declaró probada la excepción de cosa juzgada.
SÍNTESIS DEL CASO
Las sociedades demandantes son propietarias de un predio ubicado en inmediaciones del kilómetro 7, vía a la hacienda Mainero Trucco, en la que el Distrito de Cartagena procedió a la adecuación de denominado corredor de carga en el año 1999. Dichas obras provocaron, aparte de la ocupación permanente y temporal de algunas zonas de ese inmueble, otros daños en la parte no ocupada del predio, tales como inundaciones que produjeron la afectación de materias primas almacenadas en bodegas y afectación de la estructura de algunas edificaciones allí existentes.
I ANTECEDENTES
I. Lo que se demanda
1. Mediante escrito presentado el 17 de octubre de 2008 ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, las sociedades Inversiones La Esmeralda Curiel Fuenmayor Cia S en C, Inversiones Andy Cia S en C, Inversiones Karimaya Cia S en C, Inversiones Pumarosa Cia S en C y el señor Henry Curiel Fuenmayor (fl. 6 y 7 c.1), presentaron demanda de reparación directa en contra del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena por razón de la ocupación de un predio de su propiedad. En consecuencia, solicitaron:
PRIMERO: Que el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA es administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes, señor HENRY CURIEL FUENMAYOR y las sociedades anteriormente mencionadas, como consecuencia de la ocupación temporal y permanente del lote A, sector Cospique dentro de la antigua hacienda Mainero Turcco – Zona MAMONAL, situada en la comprensión municipal de Cartagena, Departamento de Bolívar, que tiene como referencia catastral 1-03-577-010-00 y matrícula #060-40850, que de ella hizo el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA, desde julio de 1999, hasta la fecha y siguen ocupando y no han resarcido el valor del predio ocupado, además condene al pago de los perjuicios materiales y morales ocasionados a sus poderdantes, en las circunstancias que se narran en este libelo.
SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene al DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA, como reparación del daño ocasionado, a pagar al actor, o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material, CATORCE MIL MILLONES DE PESOS y morales, los cuales se estiman como mínimo en la suma de $1.500.000.000 (mil quinientos millones de pesos).
TERCERO: La conducta respectiva será actualizada conforme lo dispone el artículo 178 del C.C.A., reajustándola en su valor, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor del periodo comprendido entre la ocupación temporal hasta la fecha de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.
CUARTO: La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, acatando el término establecido en el artículo 176 del C.C.A.
QUINTO: Si no se efectúa el pago oportunamente, la entidad condenada liquidará los intereses comerciales y moratorios hasta que le de cabal cumplimiento a la providencia que le puso fin al proceso, conforme lo prevé el artículo 177 del C.C.A.
Los hechos en que se fundaron las pretensiones de la demanda se resumen así:
2.1. En el año 1999, con ocasión de la adecuación del corredor de carga de Cartagena, sin mediar permiso ni contrato alguno, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena ocupó con maquinaria y materiales el inmueble de los demandantes, ubicado en la zona de Mamonal, kilómetro 7 vía a la antigua hacienda Mainero Trucco.
2.2. En desarrollo de la obra, el demandado construyó unos canales de desagüe en terrenos de los accionantes, los cuales ocupan un área aproximada de 1 hectárea y 1.000 metros cuadrados.
2.3. Debido a la construcción del corredor de carga de Cartagena, el lote de los demandantes quedó con una cota de hundimiento “con nivel de la carretera de 4 metros”, el cual fue rellenado por los accionantes, pero que dejó inservible el área de bodegas en un extensión de 1 hectárea y media, la cual ha sido producto de inundaciones y ha obligado al pago de indemnizaciones a los arrendatarios de las mismas.
2.4. Los demandantes han invertido más de $2.000.000.000 en la adecuación del predio para ponerlo al nivel de la carretera
2.5. Adicionalmente se aseveró en la demanda:
Los canales artificiales creados para desagüe del proyecto corredor de Carga de Cartagena, afectan íntegramente las bodegas y a (sic) expropiado a mis poderdantes de 1 hectárea 1000 metros de tierra, los cuales en la zona tiene un valor de $5.500.000.000 (cuatro mil (sic) quinientos millones de pesos).
Como consecuencia de esta expropiación y perjuicio, uno de los socios propietarios, el señor Eduard Curiel Fuenmayor, sufrió problemas cardiacos, ya que se pagaron dineros como sanción a una promesa de compraventa realizada con el señor Lino Iguarán, anexo certificados médicos.
En esta demanda se debe resarcir los daños materiales consistente (sic) en el pago de las tierras afectadas con los canales de aguas fluviales artificiales, creados por el Distrito, también el pago del relleno utilizado por mis poderdantes, de igual forma debe pagarse el valor del relleno y las bodegas que al momento de rellenar hay que hacerla de nuevo.
II. Trámite procesal
3. Surtida la notificación del auto admisorio de la demanda, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena contestó la demanda, en los siguientes términos:
3.1. Manifestó que existe cosa juzgada, por cuanto entre las mismas partes se tramitó un proceso civil ordinario de reivindicación que versó sobre el predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria n.º 060-40850, el cual culminó con sentencia condenatoria del 4 de julio de 2006, proferida por el Juzgado 4º Civil del Circuito de Cartagena, confirmada en segunda instancia el 3 de septiembre de 2007 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena. A través de dichas decisiones, se condenó al Distrito de Cartagena al pago de la suma de $7.416.413.650 a favor de los aquí demandantes.
3.2. Dijo que lo anterior excluía cualquier otra reclamación de resarcimiento por los mismos hechos, de suerte que la nueva demanda vulnera el principio del non bis in ídem y da cuenta de un acto de temeridad y mala fe en los términos del artículo 74 del Código de Procedimiento Civil.
3.3. Igualmente, aseveró que operó el fenómeno de la caducidad de la acción, pues el hecho de la ocupación tuvo lugar en el año 1999, en tanto la demanda se radicó el 27 de octubre de 2008 (fl. 182 a 187, c.1).
4.- Vencido el periodo probatorio, el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante auto del 7 de septiembre de 2010 (fl. 354, c.1), corrió traslado a las partes por el término de diez días para que presentaran alegatos de conclusión y al agente del Ministerio Público para que rindiera concepto. Dentro del referido término guradon silencio.
5. Surtido el trámite de rigor, el 16 de noviembre de 2011 el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió sentencia de primer grado, en la que declaró probada la excepción de cosa juzgada en lo atinente a la presunta ocupación del inmueble por parte del Distrito de Cartagena y denegó las demás pretensiones de la demanda, referente a los daños derivados de la construcción de los canales de desagüe y la inundación del predio, por las siguientes razones:
5.1. Destacó que dentro del expediente reposa copia auténtica del proceso n.º 2006-0471-01, conocido en primera instancia por el Juzgado 4º Civil del Circuito de Cartagena y en segunda instancia por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, corporación que dictó sentencia el 3 de septiembre de 2007.
5.2. Luego del respectivo cotejo, encontró que entre el referido proceso ordinario civil y el presente existía identidad de partes, pues en ambos aparecía como demandado el Distrito de Cartagena, y como accionantes las sociedades que aquí intervienen.
5.2. Sobre la identidad de causa, halló que en ambos procesos las reclamaciones se originaron a partir de la ocupación realizada por el Distrito de Cartagena en el año 1999 sobre el bien de propiedad de los demandantes, con ocasión de la adecuación de la obra del corredor de carga de Cartagena.
5.3. Destacó que en la demanda civil, los accionantes adujeron que el 9 de noviembre de 1999 suscribieron un contrato con la Concesión Vial de Cartagena S.A. para la venta de 2.8 hectáreas de carretera, pero que además de construirse la carretera, terminó ocupándose un área de 5 hectáreas con 5379 m2, relativa a la zona verde de ese proyecto. Dijo que en la demanda contenciosa administrativa los hechos narrados eran idénticos y solo diferían en cuanto a que el lote quedó con una cota de inundación, debido al nivel superior de la carretera en virtud de unos canales fluviales construidos por el Distrito.
5.4. Acerca de la identidad de objeto, manifestó que existía coincidencia entre las pretensiones de las demandas de ambos procesos, pues en estos se solicitó la indemnización con fundamento en la ocupación que llevó a cabo el Distrito de Cartagena sobre el predio de propiedad de los demandantes.
5.5. Así, después de estudiar el contenido de la sentencia del 3 de septiembre de 2007, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, encontró probada la excepción de cosa juzgada y se inhibió para resolver de fondo el asunto, específicamente en relación las pretensiones y hechos atinentes a la ocupación.
5.6. No obstante lo anterior, sobre los demás hechos y pretensiones aducidos en la demanda, el Tribunal Administrativo de Bolívar expresó:
Ahora bien, en el acápite de los hechos de la acción de reparación directa que aquí se estudia, se manifiesta que: “el demandado hizo unos canales de desagüe en la propiedad de mi poderdante y ocupan permanentemente una hectárea y 1000 metros, que no se han pagado a mis poderdantes y que no sirven actualmente, y afecta al lote en mención”.
“De la construcción del corredor de Carga de Cartagena, el lote de propiedad de mis poderdantes quedó con una cota de hundimiento con nivel de la carretera de 4 metros, el cual ha sido rellenado por mis poderdantes y dejó inservible un áreas de bodegas (…)” y si bien en el acápite de pretensiones solo se menciona lo referente a la solicitud de indemnización derivada de la presunta ocupación de un lote por parte del Distrito de Cartagena, la Sala analizará la demanda en su conjunto con el propósito de establecer si están acreditados los elementos de la responsabilidad extracontractual del estado, derivados de los hechos transcritos.
Revisado el expediente se observa que la parte demandante no demostró la propiedad respecto a la porción de terreno sobre la cual alega se presenta la inundación, ya que en el líbelo introductor no consignó los linderos, cabidas y medidas que son imprescindibles para identificar si dicho predio coincide con el identificado en la matrícula inmobiliaria n.º 060-40850 que milita a folios 144-145 que fue impresa el 22 de octubre de 2008, y en la cual no se encuentra inscrita la sentencia de reivindicación ficta en la cual se le concedió al Distrito de Cartagena derechos de propiedad en cuanto a la porción de terrenos que ocupó por razón de la construcción del Acceso Rápido a la Variante de Cartagena, y que hacían parte del globo de terreno identificado con la mencionada matrícula inmobiliaria.
En otras palabras, la parte actora no cumplió con la carga de demostrar que la porción de terreno sobre la cual alega que se encuentra inundada y que por ello ha tenido que rellenar, es de su propiedad, por lo que la Sala no puede tener certeza si el dictamen realizado por el perito Marcelo Peña Pomares se llevó a cabo sobre un lote que le pertenece a los demandantes o si es de otra persona, ya que se reitera, en el líbelo introductor aquel no fue identificado con los linderos, cabidas y medidas.
5.7. Finalmente, el tribunal condenó en costas a la parte demandante, pues con sustento en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, consideró que su comportamiento fue temerario, pues a sabiendas de que la jurisdicción ordinaria ya le había concedido una indemnización de $7.416.413.650 más los interese legales a título de reivindicación ficta, aun así optó por presentar una nueva demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa por los mismos hechos (fl. 370 a 396, c.8).
6. El 11 de enero de 2011, la parte demandante interpuso y sustentó oportunamente recurso de apelación contra la anterior decisión, a fin de que se revocara la sentencia de primera instancia y en su lugar se accediera a las pretensiones de la demanda, por cuanto:
6.1. Dijo que si bien existió otro proceso entre las partes, no lo era menos que los hechos que le sirvieron de causa no fueron los mismos, pues el que cursó en el Juzgado 4º Civil del Circuito de Cartagena versó sobre la reivindicación ficta de unos bienes inmuebles que eran distintos de aquel por el que aquí se demanda.
6.2. Para explicar lo anterior, manifestó que el predio original contaba con una extensión total de 19 hectáreas y 7.823 m2, de las cuales solo se vendieron 2,7 al Distrito de Cartagena para la construcción de la carretera que de Mamonal conducía a dicha ciudad. No obstante, dijo que el Distrito, de manera arbitraria, subdividió dicho lote en 5 partes, de las cuales 4 fueron utilizados como zonas verdes y separadores por los cuales dicha entidad se vio obligada a pagar.
6.3. Aclaró que el motivo de la presente demanda no era la ocupación del inmueble con ocasión de la construcción de la referida carretera y de las zonas verdes, pues al momento de la demanda estas ya habían sido entregadas y el valor de los lotes ocupados ya se habían pagado a los accionantes, mismos que pasaron a ser de propiedad del ente público, por virtud de la referida sentencia del Juzgado 4º Civil del Circuito de Cartagena, dentro del proceso ordinario de reivindicación ficta.
6.4. Señaló también que la demanda que dio origen al proceso civil, exigía el pago de 4 hectáreas y 8.847 m2, correspondientes a terrenos con matrículas inmobiliarias y referencias catastrales diferentes, en tanto que el predio sobre el cual versa el presente litigio es de 11 hectáreas 1278 m2.
6.5. Insistió en que en el presente proceso el motivo de debate era la ocupación por parte del Distrito de Cartagena, y que solo se refiere a que con posterioridad al año 2007 se estacionaron unas máquinas en el lote de la referencia.
6.6. Dijo que la demanda también trata de una ocupación hecha por la construcción de unos canales y boxcoulvert que se encuentran a lo largo de 1 hectárea y 1000 m2, sobre lo cual hubo una experticia clara y concisa, pero que fue ignorada por los magistrados en la primera instancia.
6.7. Precisó que el tribunal incurrió en contradicción, pues de una parte aseveró que el predio sobre el que versó el litigio civil es el mismo por el que aquí se demanda; pero de otra mostró duda de si el predio que se inundaba era de propiedad de los accionantes, siendo que este fue plenamente identificado.
6.8. Para mayor claridad, adujo que el lote madre que era de propiedad de los actores se identificada con la matrícula inmobiliaria n.º 060-40850, que fue dividido por el Distrito de Cartagena en 6 partes, así; (i) al lote correspondiente a la carretera se le asignó el folio n.º 06-220334; (ii) cuatro lotes fueron utilizados de manera arbitraria por el ente territorial, por lo cual fue demandado y obligado a la correspondiente indemnización, estos predios se identificaron con las matrículas inmobiliaria n.º 060-220335, 060-220336, 060-22037 y 060-220338; y (iii) el quinto lote se refiere al área de terreno restante que quedó después de la división y que conservó el folio de matrícula inmobiliaria n.º 060-40850.
6.9. Sostuvo que no era cierto que hubiera identidad de causa petendi, ya que el monto de las pretensiones en uno y otro proceso aludían a un monto diferente.
6.10. Dijo que la causa también era distinta, pues en este nuevo proceso no figuraba como demandada la Concesión Vial de Cartagena e igualmente como parte demandante no se enuncian los señores Said Díaz Mardini y Osmi Curiel Choles.
6.11. Finalmente aseveró que no fueron valorados dos testimonios que aclaraban los hechos, esto es, el de los señores Lascario Santamaría López y el de Aldrín Orozco Gómez y que se dejó de lado el dictamen pericial rendido por el perito Marcelo Peña Pomares (fl. 370 a 418, c.8).
7. El 28 de octubre de 2011 el Tribunal Administrativo de Bolívar concedió la impugnación en el efecto suspensivo (fl. 462 y 463, c.8), y esta fue admitida por el Consejo de Estado el 16 de diciembre de 2011 (fl. 467, c.8).
8. En consecuencia, el 20 de marzo de 2013 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia (fl. 474, c.8), término dentro del cual la parte demandante presentó escrito en donde reiteró lo expuesto en el recurso de apelación (fl. 1 a 176, c.3), el Distrito de Cartagena de Indias y el Ministerio Público guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
Jurisdicción y competencia
9. Por ser la demandada entidad estatal, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.
10. El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación, en razón del recurso incoado por la parte actora, en un proceso con vocación de segunda instancia según la Ley 446 de 1998, dado que la cuantía de la demanda, fijada por la sumatoria de la totalidad de las pretensiones, supera la exigida por la norma para tal efecto.
11. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, está acreditada por las sociedades demandantes, Inversiones La Esmeralda Curiel Fuenmayor Cia S en C, Inversiones Andy Cia S en C, Inversiones Karimaya Cia S en C e Inversiones Pumarosa Cia S en C, las cuales aparecen como propietarias proindiviso del bien inmueble denominado “Lote A Sector Cospique dentro de la antigua hacienda Mainero Trucco”, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria n.º 060-40850 de la Oficia de Instrumentos Públicos de Cartagena, sobre el cual predica se produjo el daño alegado en la demanda.
11.1. Respecto del señor Henry Curiel Fuenmayor, se tiene que si bien no figura como copropietario del bien en cuestión, sí aparece como uno de los socios de Inversiones La Esmeralda Curiel Fuenmayor & Cia S en C, y en tal condición alega que sufrió afectaciones a su salud por los daños irrogados al predio, daños por los que está legitimado para concurrir como integrante del extremo activo.
12. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se advierte que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, es la entidad a la que se le endilga haber ocupado el predio de los demandantes con maquinarias y material, al igual que las construcción del corredor de carga de Cartagena, con ocasión de la cual los accionantes aluden como causa de la inundación de su predio y demás perjuicios que de este dicen que se derivaron.
II. Problema jurídico
13. Comoquiera que el motivo principal de la apelación consistió en el desacuerdo del impugnante frente a la consideración de la primera instancia que declaró la excepción de cosa juzgada respecto del daño referente a la ocupación, la Sala deberá corroborar si se configuró dicho fenómeno. Aclarado lo anterior, se analizará de oficio si se presenta caducidad de la acción de reparación directa, comoquiera que se advierte que los hechos alegados datan por lo menos desde el año 1999 y la demanda fue presentada en el año 2008.
III Cosa Juzgada
14. Sobre este aspecto, el Tribunal Administrativo de Bolívar afirmó que existía cosa juzgada sobre el daño atinente a la ocupación de hecho que se le endilga en la demanda al Distrito de Cartagena, pues aquello ya había sido materia de debate entre las mismas partes dentro del proceso ordinario civil n.º 2006-2471, conocido en primera instancia por el Juzgado 4º Civil del Circuito de Cartagena y en segunda por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que dictó sentencia favorable a los accionantes el 3 de septiembre de 2007.
14.1. En contrario, la parte demandante asevera que no existe cosa juzgada, comoquiera que los hechos que aquí sirven de causa son diferentes a los debatidos en ese proceso, por cuanto: (i) la afectación que se reclama versa sobre un bien inmueble distinto de aquellos objeto de litis en la demanda civil; (ii) esta demanda no se presenta con ocasión de la construcción del corredor vial de carga, sino por hechos distintos; (iii) la ocupación que en este proceso se alega refiere, de una parte, a que con posterioridad a dicha obra, en el año 2007, se estacionó una maquinaria en un inmueble de su propiedad; y de otra, a la construcción de unos canales y un box coulvert que se encuentran a lo largo de 1 hectárea y 1000 m2.
14.2. Así las cosas, la regla general que procede de la codificación procesal civil establece que “la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes” ─artículo 332 del CPC y 303 del CGP─.
14.3. De este modo, comoquiera que al presente proceso fue aportada copia del expediente n.º 2006-470-01, tramitado ante la jurisdicción civil, esta Sala se valdrá de las piezas procesales que allí reposan para efectos de comparar si entre ese proceso y el que ahora se tramita se presentan las coincidencias a las que las normas procesales aluden.
14.4. Acerca de la identidad jurídica de partes se observa:
Expediente n.º 2006-00470-01
Expediente: 2008-00549-01
Demandantes: Curiel Fuenmayor & Cia S en C, Curiel Ayala & Cia Se en C, Curiel Mendoza & Cia S en C, Curiel Choles & Cia S en C y Henry Curiel Fuenmayor.
Demandados: Distrito de Cartagena y Concesión Vial de Cartagena S.A:
Demandantes: Inversiones La Esmeralda Curiel Fuenmayor Cia S en C (antes Curiel Fuenmayor & Cia S en C), Inversiones Andy Cia S en C (antes Curiel Ayala & Cia S en C), Inversiones Karimaya Cia S en C (antes Curiel Choles & Cia S en C), Inversiones Pumarosa Cia S en C (antes Curiel Mendoza & Cia S en C) y el señor Henry Curiel Fuenmayor
Demandando: Distrito de Cartagena.
14.5. Se advierte fácilmente de lo anterior, que sí existe identidad de partes, pues pese a que: de un lado, la referidas empresas aunque cambiaron de razón social, fueron las mismas que hiceron parte del proceso ordinario; y de otro, que dentro del proceso civil también aparecía como demandado el Concesión Vial de Cartagena; con todo, lo relevante que en ambos procesos participó el Distrito de Cartagena como demandado.
14.6. Acerca de la identidad de causa, entendida como las razones y hechos que motivan o dan lugar a la formulación de las pretensiones que aparecen en el contenido de la demanda, se tiene:
Expediente n.º 2006-00470-01
Expediente: 2008-00549-01
-Los demandantes, presentaron acción reivindicatoria de mayor cuantía y ordinaria de mayor cuantía, en calidad de propietarios de un inmueble de una extensión de 19 hectáreas y 7.823 m2.
-Dentro del proceso el inmueble se identificó bajo el folio de matrícula inmobiliaria n.º 060-0040850 y código catastral n.º 01100577-0010000.
-Se aludió a la celebración de un contrato con la Concesión Vial de Cartagena S.A., para la venta de 2.8 hectáreas de ese terreno, área donde se construiría el corredor de carga de Cartagena.
-No obstante, en la ejecución de las obras se ocupó un área adicional de 5 hectáreas y 5.379 m2 para zonas verdes, consistentes en un “round point”, tres trìangulos y divisores de conexión.
-La referida ocupación tuvo lugar sin que mediara una indemnización previa.
-En el fallo proferido en segunda instancia por la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena el 3 de septiembre de 2007, se encontró demostrado que, efectivamente, el área inicialmente adquirida no bastó para cubrir la totalidad de la obra, pues forzosamente debieron utilizarse zonas aledañas para el adecuado servicio de la carretera que se vieron reflejados en trabajos, tales como: “las islas que sirven para canalizar el tráfico, una glorieta, las bermas, cunetas, alcantarillas, canales y box coulvert como sistema de drenaje. (fl. 161, c.1).
-Los demandantes presenta acción de reparación directa, en calidad de propietarios del inmueble ubicado en el kilómetro 7 de la antigua hacienda Mainero Truco.
-En los hechos de la demanda no se identifica el inmueble, pero en las pretensiones se alude al predio identificado con matrícula inmobiliaria n.º 060-004850 y código catastral n.º 01100-5770010000.
-Se expresó que desde el año 1999, el Distrito de Cartagena ocupó dicha propiedad con materiales y maquinaria de construcción para la adecuación de la obra del Corredor de Carga de Cartagena.
-Igualmente se dijo que el distrito procedió a la construcción de unos canales de desagüe en una extensión de 1 hectárea y 1000 metros cuadrados sin que se hubiere realizado ninguna indemnización sobre el terreno ocupado.
-Como consecuencia de la construcción del corredor de carga y la implementación de los canales de desagüe, el lote de los demandantes quedó con una cota de hundimiento de 4 metros respecto de la carretera, lo que provocó inundaciones y afectó la materia prima almacenada en bodegas que se dan en arrendamiento.
-Comoquiera que el área de las bodegas no se podía utilizar por las constantes inundaciones, los accionantes tuvieron que erogar la suma de $2.000.000.0000, para efectos de nivelar el terreno a la altura de la carretera.
-En virtud de lo anterior, el señor Eduard Curiel Fuenmayor sufrió problemas cardiacos.
14.7. Visto dicho cuadro, en los dos procesos existe identidad en cuanto se alega una presunta ocupación que se atribuye en ambos casos al Distrito de Cartagena, con ocasión de la construcción del corredor de carga y las obras que como consecuencia de la adecuación de esta vía se implementaron sobre el predio identificado bajo matrícula inmobiliaria n.º 060-004850. Afectación que implicó el erigir sobre el terreno toda una serie de estructuras tales como glorietas, bermas, cunetas alcantarillas, canales de desagüe y box coulvert como sistemas de drenaje.
14.8. No obstante, en lo que no guardan identidad los expedientes referidos es en lo atinente a las inundaciones sufridas en la parte del terreno que no fue objeto de ocupación, debido al desnivel en que este quedó respecto de la carretera, que según afirma la parte actora, provocó una serie de perjuicios, tales como: afectaciones a la materia prima almacenada, daño a la estructura de algunas bodegas y los gastos en que incurrieron para nivelar el terreno y evitar futuras inundaciones. Adicionalmente, a los problemas de salud presuntamente padecidos por el señor Eduard Curiel Fuemayor como consecuencia de lo anterior. Aspectos que solo se alegan dentro de este proceso contencioso administrativo de reparación directa (2008-0549) y que no fueron aducidos dentro del ordinario civil, donde el debate se redujo al tema de la ocupación hecha por la administración y se condenó al Distrito de Cartagena al pago de la suma de $7.416.413.650, reconocidos a título de “reivindicación ficta”.
14.9. Acerca de la identidad de objeto, es decir, respecto a lo que se persigue a través de la demanda formulada en cada uno de los procesos, lo cual no solo puede encontrarse en lo expresado en las pretensiones de la demanda, sino en otras partes de su contenido, se observa:
Expediente n.º 2006-00470-01
Expediente: 2008-00549-01
PRIMERO: Que se ordene la reivindicación figurada a favor de mis poderdantes, y en contra de las entidades demandadas, de igual forma, solicito la indemnización de los daños causados.
SEGUNDO: Que se ordene a los demandados sociedad La Concesión Vial de Cartagena S.A. y solidariamente al distrito de Cartagena, al pago de la suma de $5.537.817.00 (…) como equivalente al pago de la franja de terreno ocupada. E indemnizar los daños causados por un valor de $500.000.000 (…) que perdieron mis clientes por el engaño causado por la concesión vial. Dicha suma debe ser cancelada a favor de mis poderdantes. (fl. 14, c pruebas 1),
PRIMERO: Que el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA es administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes (…) como consecuencia de la ocupación temporal y permanente del lote A, sector Cospique dentro de la antigua hacienda Mainero Turco – Zona MAMONAL, situada en la comprensión municipal de Cartagena, Departamento de Bolívar, que tiene como referencia catastral 1-03-577-010-00 y matrícula #060-40850, que de ella hizo el DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA, desde julio de 1999, hasta la fecha y siguen ocupando y no han resarcido el valor del predio ocupado, además condene al pago de los perjuicios materiales y morales ocasionados a sus poderdantes, en las circunstancias que se narran en este libelo.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene al DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA, como reparación del daño ocasionado, a pagar al actor, o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material, CATORCE MIL MILLONES DE PESOS y morales, los cuales se estiman como mínimo en la suma de $1.500.000.000 (…)
En los hechos de la demanda también se expresó: “En esta demanda se deben resarcir los daños materiales consistente en el pago de las tierras afectadas con los canales de aguas fluviales artificiales, creados por el Distrito, también el pago del relleno utilizado por mis poderdantes, de igual forma debe pagarse el valor del relleno y las bodegas que al momento de rellenar hay que hacerla de nuevo.
14.10. Nótese entonces, que en ambos procesos, independientemente del fundamento jurídico, ya fuere a título de reivindicación ficta o de reparación administrativa, se persigue el pago del valor del inmueble respecto del área ocupada por el Distrito de Cartagena con ocasión de las obras adelantadas por este en el corredor vial de carga.
14.11. Sin embargo, se diferencian en que dentro de este proceso (2008-00549), se solicita adicionalmente la indemnización por los daños provocados como consecuencia de la inundaciones sufridas por el predio en la parte no ocupada y que poseen actualmente los accionantes, lo que incluye pérdidas tales como el valor de algunas materias primas, el valor de la obra del relleno realizado en el predio y el de algunas bodegas afectadas que deben reconstruirse.
14.12. Así las cosas, considera esta Sala que le asistió razón al Tribunal Administrativo de Bolívar cuando encontró probada la excepción de cosa juzgada sobre la pretensión relacionada con la “presunta ocupación del Distrito del inmueble de su propiedad”, derivada de las obras que el ente territorial adelantó respecto de la adecuación del corredor de carga de Cartagena, pues es palmario que todo lo relacionado con ese aspecto específico ya fue debatido dentro del proceso civil ordinario n.º 2006-00470.
14.13. De este modo, pese a que en la impugnación las sociedades accionantes aseguran que la decisión del tribunal fue equivocada, lo cierto es que en el mismo escrito concuerdan con lo expresado por dicha autoridad al aseverar lo siguiente:
“No es la ocupación de la referida carretera que, del sector industrial de Mamonal, conduce a la Avenida Pedro de Heredia de Cartagena ni de sus zonas verdes. Véase que a la fecha de impetración de la demanda de reparación directa, ya dicha carretera se encontraba entregada; y que a la sazón el distrito de Cartagena ya había entregado a mis poderdantes el precio del lote correspondiente a la carretera y el de los cuatro lotes utilizados arbitrariamente que, lógicamente, posteriormente pasaron a ser de propiedad del Distrito, por sentencia ejecutoriada (…)”
Por otra parte, debe tener en cuenta el superior, que en la demanda que dio origen al asunto de la referencia, ni en ningún otro aparte del expediente, se dice lo que es motivo de debate es la ocupación del Distrito de Cartagena de predios ajenos, con la construcción de una carretera o vía pública. También, que sí ciertamente la demanda emplea algunos apartes el término ocupación, es para referirse, con meridiana claridad, a unas maquinarias que el Distrito, con posterioridad al año 2007, sin autorización de ninguno de mis poderdantes, estacionó en el lote que es motivo del asunto de la referencia (…)
Igualmente se habla de la ocupación, por unos canales y varios vosculver (sic) que aún están en una hectárea y mil metros del lote que actualmente es de mis poderdantes, plenamente identificado para el beneficio de la carretera al distrito. Sobre esto hubo una experticia clara y concisa, la cual consta en el expediente, pero que fue ignorada completamente (…) (fl. 403, c8)
14.14. Lo anterior, otorga a esta Sala aún mayor sustento para decir que, pese a que en las pretensiones de la demanda de este proceso se hizo referencia a la ocupación del inmueble en cuestión por parte del Distrito de Cartagena, realmente se trata de un tema ya debatido en proceso anterior, tal como lo aceptan los mismos demandantes.
14.15. De este modo, debe precisarse que de la demanda es posible distinguir varios tipos de daños, a saber:
14.15.1. El primero: referente a la ocupación definitiva hecha por el distrito con ocasión de la construcción y adecuación del corredor de carga, lo que sin duda alguna incluye los canales de desagüe y “box coulvert” en una extensión de “una hectárea y mil metros” que fueron construidos en la misma época y que conforme se vio supra ya fueron objeto de debate dentro del proceso civil ordinario. Ello puede inferirse fácilmente del contenido de la sentencia del 3 de septiembre de 2007 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, donde se dijo:
(…)resaltan que las 2.8 hectáreas efectivamente utilizadas para la construcción de la carretera “Corredor del carga”, adquiridas legalmente por la demandada DISTRITO DE CARTAGEA (sic) de mano de los actores (…) no bastaron para cubrir la totalidad de la obra, toda vez que el uso forzado de zonas aledañas para el adecuado servicio de carretera, que se ve reflejado de bulto en trabajos tales como las islas, que sirven para canalizar el tráfico en una intersección; las Berman, conocida como zona de refugio para vehículo averiad, o parqueo momentáneo u ocasional; cunetas, alcantarillas, canales, box coulvert que conforman el sistema de drenaje, y en fin, toda una serie de construcciones de carácter permanente, obstruyen, por la naturaleza de la construcción, cualquier posibilidad de edificar dentro del terreno cercado por la carretera.
14.15.2. El segundo: a un desmedro que no se expuso en el proceso civil ordinario, atinente a una ocupación temporal, presuntamente realizada en el año 2007, consistente en el aparcamiento de maquinaria del Distrito de Cartagena en terreno de los actores.
14.15.3. El tercero: los perjuicios derivados de la inundación del terreno que no fue objeto de ocupación y que conservaron los accionantes para el desarrollo de su objeto social.
14.15.4. El cuarto: los quebrantos de salud sufridos por el señor Eduard Curiel Fuenmayor, que presuntamente fueron consecuencia de todo lo anterior.
14.15.5 En este punto, es importante destacar que en la apelación la parte demandante refirió que del predio identificado bajo la matrícula inmobiliaria n.º 060-40850 se desprendieron cinco lotes a saber: lote “A”, identificado bajo matrícula inmobiliaria n.º 060-220334 ; lote “B”, con matrícula inmobiliaria n.º 060-220335; lote “C”, con el número 060-2203336; el lote “C” con el n.º 060-220337; y el lote “E”, registrado bajo el n.º 060-220338 (fl. 145, c.1).
14.15.6. De este modo, lo apelantes alegan que todos aquellos lotes pasaron a ser propiedad del Distrito de Cartagena luego del proceso de reivindicación ficta que cursó en el Juzgado 4º Civil de Circuito de Cartagena y que en manos de estos quedó el área restante, no ocupada, del predio identificado con el n.º 060-40850. Sin embargo, tal afirmación no es cierta, en la medida que tales folios de matrícula inmobiliaria en realidad corresponden a sendas servidumbres de energía eléctrica impuestas al predio de los accionantes, mediante escritura pública n.º 1560 del 26 de junio de 2004, sin que nada tenga que ver con lo debatido en este proceso.
14.16. Así las cosas, esta Sala confirmará la decisión impugnada en lo referente a la configuración de cosa juzgada derivada de la ocupación permanente que se le endilga al Distrito de Cartagena con ocasión de todo lo relacionado con la construcción y adecuación del corredor de carga, conforme a lo descrito en el acápite donde se refirió al primer daño identificado en el cuerpo de la demanda (v. parr. 14.15.1.)
14.17. De este modo la Sala proseguirá con el estudio de los restantes presupuestos procesales y elementos de responsabilidad, de ser el caso, referentes a los otros tres daños previamente identificados, esto es, a la ocupación temporal por el estacionamiento de maquinaria, los derivados de la inundación del inmueble de los actores correspondiente al área que estos conservaron después de su ocupación y a los quebrantos de salud padecidos por el señor Curiel Fuenmayor.
IV. Caducidad
15. A fin de garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador estableció la figura de la caducidad como aquel fenómeno que opera cuando determinadas acciones judiciales no se ejercen dentro de un término específico, por lo cual la parte interesada debe impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley, pues de no hacerlo pierde la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.
15.1. En cuanto al plazo para incoar la acción de reparación directa, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, estableció un término de dos años contados a partir del día siguiente de la ocurrencia de la acción u omisión u omisión administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena.
15.2. Adicionalmente, debe precisar que en el conteo del dicho término, el juez también debe tener en cuenta el momento en que el demandante tuvo o debió tener conocimiento del daño si este se produjo en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
15.3. De conformidad con lo preceptuado en la norma señalada, se tiene que si bien la caducidad guarda una estrecha relación con el principio de seguridad jurídica, el cómputo del plazo debe analizarse en cada caso en particular a partir de los hechos que son presentados con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia, razón por la cual, no necesariamente el cómputo de dos años debe efectuarse a partir de la realización pura y simple del hecho causante del daño, sino que resulta necesario, dependiendo del caso, que ese hecho haya sido conocido por el afectado.
15.4. En este orden de ideas, conforme a lo enunciado en los párrafos anteriores (v. párr. 14.17). para efectos de estudiar la caducidad, primero analizará si esta se presenta sobre los daños derivados de la inundación del predio, posteriormente a la presunta ocupación temporal de este con maquinaria y demás equipos de construcción, y finalmente a los quebrantos de salud sufridos por el señor Eduard Curiel Fuenmayor.
16. Acerca de lo relacionado con los efectos de la inundación, esto es, los provocados por el nivel más bajo en que quedaron los terrenos no ocupados por la adecuación del corredor de carga, que incluye lo reclamado por las afectaciones a materia prima almacenada, el relleno y nivelación del predio, y la afectación a la estructura de algunas bodegas, la Sala destaca los siguientes elementos de prueba:
16.1. El 31 de marzo de 2000, el gerente general de Industrias Katory S.A., le informó al señor Franklin Curiel Fuenmayor, entre otras cosas, que a esa fecha se estaban ejecutando obras que circundaban las instalaciones de la fábrica que podrían generar perjuicios a futuro, con ocasión del relleno efectuado en los alrededores, de suerte que era probable que en época de lluvias las instalaciones sufrieran inundaciones, pues igualmente los desagües habían sido obstruidos, lo que daría lugar al represamiento de aguas (fl. 311 y 312, c.1). La anterior información fue reiterada en oficio del 13 de julio del 2000 (fl. 313, c.1).
16.2. El 19 de noviembre de 2001, el director técnico, el administrador y el auxiliar de laboratorio de control de calidad de Industrias Katori S.A suscribieron el “Acta de Destrucción n.º 230001-01”, donde se hizo constar:
Siendo las horas de la mañana del día 19 de noviembre de 2001, al inicio del turno, se me informó por parte de la celaduría que en la noche anterior se precipitó un fuerte aguacero en toda la ciudad de Cartagena, así como en la ciudad industrial de Mamonal y este inundó toda la parte trasera de la planta, en especial, las áreas de bodega de aserrín, producción, empaque, y el taller de mantenimiento y fue solo hasta las horas de la madrugada cuando el agua comenzó a descender (…)
Se constató junto a la presencia del Sr. Fabio González, que además de haberse inundado todas estas áreas, se vieron comprometidos en ella materias primas y equipos (…)
En visita realizada por el gerente de la empresa, se constató que la inundación provino del taponamiento del canal de desagüe que continúa por el vox-culvert aledaño a la empresa (…) (fl. 67 y 68, c.1).
16.3. El 23 de noviembre de 2001, el Gerente General de Industrias Katori, señor José Vicente Botia Murillo, le informó al señor Franklin Curiel, en calidad de propietario del inmueble ubicado en el kilómetro 7 de la vía a Mamonal, que el día lunes de esa semana (18 de noviembre), el predio se vio afectado por una inundación provocada por las lluvias que se presentaron durante los dos días anteriores, situación cuya causa atribuyó a las obras realizadas con ocasión del corredor de carga. Igualmente aludió a la afectación de alguna materia prima que tasó en $11.266.956 (fl. 65 y 66, c.1):
En forma histórica, durante 10 años de permanencia en estos terrenos, la empresa nunca había sufrido estragos de esta naturaleza, siempre se limitaban a pequeños sectores inundados, que jamás pasaron a mayores, ya que había una buena canalización de las aguas pluviales y no pluviales del sector.
Cuando se iniciaron las obras del corredor de carga y se hicieron los trabajos en frente y a los alrededores de la empresa, fuimos unos de los pocos que lanzamos alarmas y comunicados, cundo vimos que poco a poco nos fueron encerrando y convirtiendo en un especie de olla, Además de eso hicieron taponamientos de caños, que en nuestra experiencia eran vitales para el normal desenvolvimiento de la empresa en épocas de lluvia. Tanto fue así que un motivo principal para esta inundación se debió a un taponamiento, en especial a la salida del vox (sic) coulvert que se encuentra ubicado en la parte trasera de la empresa y que como recordará fue caminado por nosotros dos el día miércoles de esta misma semana.
La inundación de la empresa fue inminente, tanto así que hemos reducido la producción a solo dos días en esta semana, haciendo necesaria la ubicación del personal en remover todo el aserrín que se encontraba clasificado en bodega con el afán de rescatar el máximo arerrín, formulados y molienda posible (…)
16.4. También reposa el testimonio rendido el 26 de noviembre de 2009 por el señor Aldrin Orozco Gómez, quien sobre los hechos de la demanda relató (fl. 224, c.1):
Ese lote estaba ubicado el nivel de la carretera vieja de mamonal, su entrada estaba al mismo nivel de la carretera, era un lote totalmente plano, y no tenía ninguna dificultad de acceso, ni problemas de inundaciones en épocas de invierno, una vez realizado el proyecto del “corredor de carga” quedó a un nivel inferior de la carretera, aproximadamente a unos cuatro (4) metros y medio con respecto a la actual carretera, y al estar dicha carretera (…) a un nivel tan alto (…) se comenzaron a presentar varios problemas en dicho lote, como inundaciones de más de dos (2) metros del nivel del lote, esto se produjo por dos desagües que hizo el consorcio de la vía hacia el lote, presentando daños a sus tierras y en su infraestructura “bodegas y casas”, también afectando la subestación eléctrica de dichas bodegas, causando así deterioro del inmueble y de todo el predio, esto generó pérdidas incalculables a los dueños y socios de dicho predio, causándoles con ello un sin número de problemas económicos a dichos socios, así como irregularidades que mantuvo el distrito sobre el predio armando con la concesión vial un campamento de más de un hectárea y media por más de cinco años, sin permiso alguno, dicho campamento afectó parte del predio por la cantidad de maquinaria pesada que en ella se guardaban, el predio “bodegas y casas”, presentan daños estructurales causado por la pérdida de dichas bodegas (…) PREGUNTÓ: De conformidad con el párrafo 1º del hecho único de la demanda, el Distrito de Cartagena ocupó supuestamente desde 199 el bien de propiedad de los demandantes, (…) sírvase decir al despacho la fecha aproximada que a usted le consta que ocurrieron los hechos que relató en esta declaración, y si el predio al que usted se está refiriendo es el indicado en el hecho que acaba de contar. CONTESTÓ: En el 2002 tuve la oportunidad de estar en dicho predio, acompañando a uno de los socios y ya se comenzaba a notar las irregularidades causadas por la ocupación del distrito en dicho predio. (Se destaca)
16.5. El 11 de febrero de 2010, se recibió el testimonio del señor Lascario Santamaría, quien dijo haber realizado la obra de relleno para la nivelación del inmueble para evitar inundaciones, sobre la fecha de esa obra relató (fl. 234, c.1): “PREGUNTADO: Sírvase decir al despacho la fecha aproximada de realización de los trabajos que usted acaba de indicar. CONTESTÓ: Hace más o menos cuatro o cinco años”.
16.6. Las pruebas antes relacionadas, llevan consigo a concluir a esta Sala, que en lo relacionado con la inundación del predio el daño fue previsto por los actores desde el año 2000 (v. párr. 16.2) y advertido desde el 19 de noviembre de 2001, luego de que se registrara la primera de las inundaciones y los perjuicios que esta trajo consigo (v. párr. 16.3.), pero si alguna duda hubiere al respecto, especialmente acerca de sus consecuencias, se tiene que fue a más tardar en el año 2002, cuando fue posible percatarse de los efectos de tales inundaciones que según la demanda dieron lugar a la afectación de algunas construcciones existentes dentro del lote y a la obra consistente en el relleno y nivelación del mismo.
16.7. Así las cosas, si se toma la fecha más favorable para los accionantes, esto es, el año 2002, es posible establecer sin dificultad que la presente demanda está caducada respecto de dicho daño, comoquiera que esta no fue presentada sino hasta el 24 de octubre de 2008.
17. De otra parte, atinente a los daños derivados de la presunta ocupación, es necesario aclarar que sobre dicho tema, la Sala Plena de Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 9 de febrero de 2011 unificó la forma en que se debían contabilizar los dos (2) años establecidos en la ley para el ejercicio de la acción de reparación directa, al distinguir dos supuestos de ocupación en los que operaba el fenómeno de caducidad de manera diferente. Estos supuestos y la forma de contabilizar el término de caducidad en cada uno de ellos fueron los siguientes:
17.1. (i) Cuando la ocupación ocurre con ocasión de la realización de una obra pública con vocación de permanencia: En este evento el término de caducidad debe calcularse desde que la obra finalizó, o desde que el actor conoció la finalización de la obra sin haberla podido conocer en un momento anterior.
17.2. (ii) Cuando la ocupación ocurre “por cualquier otra causa”: En este evento el término de caducidad empieza a correr desde que ocurre el hecho dañoso, que se entiende consumado cuando cesa la ocupación del inmueble, siempre que la misma sea temporal, o, en casos especiales, se computa desde cuando el afectado ha tenido conocimiento de la ocupación del bien en forma posterior a la cesación de la misma.
17.3. Para el caso aquí analizado, al tratarse de una ocupación temporal con maquinaria para construcción, es preciso hacer uso del último criterio referido, según el cual el término empieza a correr desde cuando cesó la correspondiente ocupación.
17.4. Ahora, pese a que en la impugnación se dijo que tal ocupación temporal tuvo lugar en el año 2007, se trata de una aseveración que no concuerda con lo manifestado en la demanda, donde se dijo que se dio desde el año 1999, así: “El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, ocupó desde 1999 el bien de mis poderdantes, ubicado en la zona de Mamonal, kilómetro 7 antigua hacienda Mainero Truco, con maquinaria y materiales para la adecuación de la obra del corredor de carga” (fl. 1 c.1).
17.5. Luego, no se trata de una nueva ocupación que se hubiere dado con posterioridad a la obra del corredor vial, sino de la misma que tuvo lugar durante esta, solo que no refiere al terreno donde se hicieron las obras de adecuación de tal vía, sino a aquellas donde se instaló la maquinaria necesaria para su ejecución y que se quiere presentar ante esta instancia como un hecho diferente.
17.6. No existe dentro del expediente prueba que arroje el dato preciso, pero sí aproximado de cuanto duró aquella ocupación temporal con maquinaria, y para ello se cuenta con lo dicho por el testigo Aldrin Orozco Gómez, quien expresó que tal situación perduró por un tiempo aproximado de cinco años. Luego, si las obras se iniciaron en 1999, estas debieron culminar a más tardar en el año 2005, fecha desde la cual transcurrieron más de dos años hasta la presentación de la demanda en el año 2008, lo que lleva consigo a inferir que respecto de este daño igualmente existe caducidad de la acción de reparación directa.
17.8. Tampoco puede dejarse de lado la afirmación según la cual el señor Eduard Curiel Fuenmayor presuntamente sufrió quebrantos de salud por los hechos descritos en la demanda, que acorde con las pruebas aportadas, en especial del resumen de su historia clínica, dicha persona ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Shaio el 28 de julio de 2005 para el reemplazo de una válvula aórtica y mitral por prótesis mecánica (fl. 126, c.1), de manera que si todo lo anterior comulgó como el hecho desencadenante de dicho padecimiento, la fecha de su ocurrencia concuerda con la indicada en el párrafo anterior (2005), lo que igualmente ratifica que la demanda radicada en el 2008 se hizo por fuera de tiempo.
17.9. De otra parte, en el líbelo inicial se asevera que: “la presente demanda está en tiempo de presentar, ya que el 5 de mayo de 2006, se reconoció la escritura de las tierras carreteras del Distrito de Cartagena y con sentencia dictada en el mes de noviembre de 2007, dictada por el Juzgado 4º Civil del Circuito de Cartagena, ratificó la propiedad de la carretera y de toda la estructura que generó un daño a nombre del Distrito de Cartagena, además hay que aclarar que la ocupación es permanente y reiterada, lo que no cesa y sigue afectando a mis demandantes”.
17.10. Sobre tales afirmaciones, la Sala estima que la presentación de esta demanda no dependía ni podía condicionarse a las resultas del proceso ordinario civil donde se alegó la reivindicación ficta, pues independientemente de ello, para cuando ocurrieron los hechos dañosos sobre el inmueble, este ciertamente era de propiedad de los aquí actores, de manera que tal circunstancia no ponía en duda su legitimidad para demandar como titulares del bien afectado; de suerte que tales hechos no pueden servir de excusa para no incoar la acción de reparación directa a tiempo.
17.11. Además, si de lo que se trata es de una ocupación permanente, tal como se asevera en dicha párrafo (v. párr. 17.9), es palmario que sobre tal cuestionamiento ya se hizo un pronunciamiento en este fallo, en el que se concluyó que existe cosa juzgada.
18. Así las cosas, esta Sala modificará parcialmente la sentencia del 16 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, pues, de una parte, se mantendrá la decisión del a-quo en cuanto a la declaración de cosa juzgada sobre la pretensión de indemnización por la ocupación permanente del Distrito de Cartagena con ocasión de la obra de adecuación del corredor de carga; y de otra, se declarará de oficio la caducidad respecto de los demás daños alegados en la demanda.
V. Costas
19. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente asunto, la primera instancia condenó en costas a la parte actora, pues consideró que actuó de manera contraria a sus deberes procesales, al presentar una demanda sobre algunos aspectos que ya habían sido debatidos en otro proceso. En contrario, en la impugnación, la parte actora estimó que no actuó con temeridad.
19.1. Así, de manera similar a lo estimado por el tribunal, esta instancia considera que es palmario el ejercicio de una actuación temeraria en la medida en que en este proceso se presentaron iguales pretensiones a las esgrimidas en el proceso civil ordinario de reivindicación ficta y por los mismos hechos, a sabiendas que por tales perjuicios ya se había obtenido una indemnización por orden de un juez civil. Pese a ello, los actores buscaron una nueva declaración de responsabilidad bajo un nuevo proceso, provocando así, un desgaste innecesario de la administración de justicia sobre un debate judicial que ya se había dado acerca de la ocupación del inmueble de los demandantes, de modo que la Sala confirmará la condena en costas impuesta en primera instancia.
19.2. De este modo, igualmente procede la condena en costas en esta instancia, en la medida en que pese a que la sentencia de primera instancia fue clara en advertir que acerca de la ocupación ya había existido un debate judicial previo, aun así, la parte accionante persistió en su conducta de solicitar la indemnización de perjuicios en el recurso de apelación, con ocasión de la ocupación del inmueble. De suerte que la parte vencida también será condenada en costas en la segunda instancia.
19.3. De este modo, en lo que respecta a los gastos procesales causados en esta instancia, estos deberán ser liquidados por Secretaría, y en lo que concierne a las agencias en derecho, corresponde tasadas en esta sentencia, de acuerdo con lo señalado en el Acuerdo n.º PSAA16-10554 del 6 de agosto de 2016, del Consejo Superior de la Judicatura, conforme a la clase de proceso, el rango de tarifas máximas y mínimas allí establecidas, la calidad, duración y la gestión realizada por la parte a quien le fueron favorables las resultas del proceso, eso es, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
19.4. Así, tal acuerdo, en el artículo 5º, en materia de procesos declarativos en general, cuando se trata de la segunda instancia, dispone unos baremos que van desde 1 a 6 smlmv. En consecuencia, debido a que lo expresado por el Distrito de Cartagena fue determinante para percatarse que ya se había tramitado un asunto similar sobre la ocupación del inmueble de los demandantes, y que el presente litigio se ha extendido durante mas 7 años en el trámite de apelación, habida cuenta que la apelación se presentó a finales de 2011, esta Sala considera razonable fijar en 5 smlmv, las agencias en derecho causadas a favor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
19.5. Finalmente, corresponde aclarar, que una vez en firme esta providencia y devuelto el proceso al tribunal de origen, corresponderá a este fijar la agencias y liquidar los gastos del proceso causados en la primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
MODIFICAR la sentencia del 16 de septiembre de 2011, emitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, la cual quedará así:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la parte demandada DISTRITO DE CARTAGENA, y en consecuencia INHIBIRSE para fallar lo atinente a la pretensión de indemnización por la presunta ocupación permanente llevada a cabo por el ente territorial accionado, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR probado, de oficio, la configuración de la excepción de caducidad de la acción de reparación directa, y en consecuencia INHIBIRSE para fallar lo atinente a los demás daños y pretensiones alegados en la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO: Condenar en costas a la parte actora en primera instancia.
CUARTO: En firme esta providencia y devuelto el expediente al tribunal de origen, corresponderá a la primera instancia fijar las agencias en derecho allí causadas e igualmente liquidar los gastos del proceso.
QUINTO: Condenar en costa a la parte actora en segunda instancia. En consecuencia, la parte demandante deberá pagar a favor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, la suma de 5 salarios mínimo mensuales legales vigentes por concepto de agencias en derecho. Los gastos procesales generados en segunda instancia deberán ser tasados por la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑÓZ
Magistrado
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
RAMIRO PAZOS GUERRERO
Presidente de Subsección
La demanda fue admitida por auto del 11 de diciembre de 2008, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar (fl. 172, c.1). La providencia fue notificada personalmente al representante legal de la entidad demandada el 22 de enero de 2009 (fl. 175, c.1).
En vista de que el recurso de apelación se presentó en vigencia del artículo 3º de la Ley 1395 de 2010, esto es, el 29 de septiembre de 2011, para efectos de la determinación de la cuantía se tiene en cuenta “el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda”.
La demanda fue presentada el 28 de octubre de 2008, luego de la entrada en operación de los juzgados administrativos y en vigencia del artículo 40 de la Ley 446 de 1998 que modificó el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, que en su numeral 6º atribuía a los tribunales administrativos el conocimiento en primera instancia de las acciones de reparación directa cuando la cuantía excediera de 500 salarios mínimos. Así, debido a que para la fecha de la presentación de la demanda, año 2008, 500 smlmv correspondían a $230.750.000, y la sumatoria de las pretensiones de la demanda arrojan $13.000.000.000, es claro que la primera instancia debía ser tramitada por el Tribunal Administrativo del Magdalena y la segunda instancia por el Consejo de Estado.
Tal como aparece en la anotación n. º 8 del folio de matrícula inmobiliaria n. º 060-40850, donde se describe que fue adquirido por compra al señor Fabio Giraldo Herrera, a través de la escritura pública n.º 1509del 17 de marzo de 1997 (fl. 144, c.1).
Así aparece en el correspondiente certificado de existencia y representación legal de la sociedad Inversiones La Esmeralda Curiel Fuenmayor, expedido el 30 de septiembre de 2008 por la Cámara de Comercio de Cartagena (fl. 13 a 15, c.1).
Art. 332.- Cosa Juzgada. “La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes (…)”.
Artículo 303. Cosa juzgada. “La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes”.
Según se desprende de la sentencia del 3 de septiembre de 2007, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, el predio en cuestión, ciertamente fue afectado a un fin de utilidad pública “conocida como reivindicación ficta o presunta de que trata del artículo 955 del C.C., dada su aplicación por analogía a casos que, como el presente, resulta imposible su devolución material por la primacía del interés general, que comenzó a regir desde la ocupación del predio, lo que no es óbice para que opere la única forma de resarcimiento (pago del precio del terreno), por lo que se busca impedir que los dueños sucumban en su intento de reclamar los derechos que tienen como propietarios (…) Luego, encuentra la Sala de Decisión, que dentro de la presente actuación existe imposibilidad de restituir la posesión del inmueble al que se refiere la demandada, en razón de la ocupación que del mismo ha ejercido el DISTRITO DE CARTAGENA con la construcción de la carretera mencionada (…)” (fl 163 y 164, c.1).
Así aparece en los correspondiente certificados de tradición y libertad, que reposan a folios 39 a 47 del cuaderno de pruebas n.º 3.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 26 de julio de 2011, Exp. 41037, C.P. Enrique Gil Botero. “La caducidad es la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público.
“Es decir, las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción y, con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan a la organización jurisdiccional del poder público, a efectos de que el respectivo litigio o controversia sea definido con carácter definitivo por un juez de la república con competencia para ello”.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 15 de diciembre de 2011, Exp. 40425, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2011, C.P Danilo Rojas Betancourth, expediente n.º 38271.
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