Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2009-00189-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Restricción de ingreso exclusivo de azúcar por la jurisdicción de aduanas de buenaventura
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2009-00189-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 13001-23-31-000-2009-00189-01
Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
26 de julio de 2018
RESTRICCIÓN DE INGRESO EXCLUSIVO DE AZÚCAR POR LA JURISDICCIÓN DE ADUANAS DE BUENAVENTURA / RESTRICCIÓN DE INGRESO EXCLUSIVO DE AZÚCAR POR LA JURISDICCIÓN DE ADUANAS DE BUENAVENTURA – Vigencia / RESTRICCIÓN DE INGRESO EXCLUSIVO DE AZÚCAR POR LA JURISDICCIÓN DE ADUANAS DE BUENAVENTURA – Excepción. Mercancía proveniente de San Andrés, Providencia y Santa Catalina o Leticia / DOCUMENTO DE TRANSPORTE MASTER – Concepto / DOCUMENTO DE TRANSPORTE HIJO – Concepto / EMBARQUE – Concepto / CONOCIMIENTO DE EMBARQUE – Concepto / DOCUMENTO DE TRANSPORTE – Concepto / AGENTE DE CARGA – Concepto / APREHENSIÓN Y DECOMISO DE LA MERCANCÍA – Por haber realizado el ingreso de la mercancía por lugares no habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
[E]l ingreso de los productos comprendidos en la partida 1701 del arancel de aduanas, dentro de la cual se encuentra comprendida la mercancía decomisada a la actora, debían ingresar al territorio nacional por el puerto de Buenaventura; salvo los casos en que proviniera de San Andrés, Providencia y Santa Catalina o Leticia, a los que se debe agregar Venezuela conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Resolución 4240 de 2000, en cuyo caso podrían ingresar por los puentes que comunican a los dos países por las fronteras de San Antonio y Ureña. Asimismo, se encuentra que el incumplimiento a estas disposiciones tiene como consecuencia el decomiso de las mercancías. Finalmente, ha de tenerse en cuenta que esta restricción entró en vigencia entre el 14 de noviembre de 2007 y rigió hasta el 30 de noviembre de 2008.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Quinta (Acuerdo 357 de 2017), Radicación 13001-23-31-000-2009-00192-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
EXPORTACIÓN DE MERCANCÍA – Trámite general para el embarque / TRANSPORTADOR - Obligaciones / EMBARQUE DE LA MERCANCÍA - Prueba / EMBARQUE DE LA MERCANCÍA - Acreditación por transportador marítimo / FECHA DE EMBARQUE DE LA MERCANCÍA – Es diferente de la fecha de inicio de la operación de comercio exterior / FECHA DE EMBARQUE DE LA MERCANCÍA – Se tiene como tal la del momento en que se carga la mercancía en el medio de transporte principal que lleva la misma al país destino / DOCUMENTO DE TRANSPORTE HIJO - No sirve de prueba de cargue de la mercancía / AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL - Concepto / TRANSPORTADOR - No lo es el agente de carga internacional
[N]o es posible otorgarle al documento de transporte hijo expedido por el Agente de Carga Internacional, el alcance propuesto por la apelante, como quiera que, a pesar de que se trata de un documento de transporte lo cual es incuestionable, al no ser expedido por el transportador, que es a quien le corresponde la función de certificar la fecha de embarque de la mercancía, no puede servir de prueba del cargue de la mercancía en el medio de transporte marítimo. Atendiendo a la definición de Agente de Carga Internacional señalada en el artículo 1 del Decreto 2685 de 1999, la Sala considera que le asiste la razón a la DIAN al afirmar en el acto demandado que el Agente de Carga no es un transportador sino que es un auxiliar o un intermediario profesional, ya que se comporta como un mandatario aduanero, quien actuando en representación del importador o cliente, contrata el transporte marítimo de la mercancía y se encarga de gestionar su embarque. En todo caso, la Sala destaca que gestionar el embarque es distinto a llevar a cabo como tal dicha acción, motivo por demás para no acoger el “documento de transporte hijo”, como lo pretende la censora, expedido por el Agente de Carga como prueba de la fecha de embarque de la mercancía.
EMBARQUE DE LA MERCANCÍA - Acreditación por transportador marítimo
[E]l único sujeto dentro de una operación de comercio exterior que puede acreditar la fecha de embarque de una mercancía es el Transportador Marítimo, sin perjuicio de que el conocimiento de embarque de la carga consolidada lo expida el Agente de Carga Internacional.
OPERACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR - Transportador y agente marítimo / TRANSPORTADOR - Obligaciones / AGENTE MARÍTIMO - Obligaciones / AGENTE MARITIMO - Difiere del transportador / TRANSPORTADOR - Difiere del agente marítimo / AGENTE MARITIMO - No responde por sanciones relativas al manifiesto de carga / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 30 de agosto de 2007, Radicación 76001 - 23-31-000-2001-00330-01, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón; 9 de septiembre de 2004, Radicación 76001-23-31-000-2001-0368-01(9063), C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
FECHA DE EMBARQUE DE MERCANCÍA - Es diferente de la fecha de inicio de la operación de comercio exterior
no se puede confundir la fecha de inicio de una operación de comercio exterior con la fecha efectiva de embarque de una mercancía, la que en el sub lite se llevó a cabo el día 2 de mayo de 2008 , época para la cual ya había entrado en vigencia la Resolución nro. 03413 de 17 de abril de 2008, exactamente el día 23 de abril de 2008. Así las cosas, la resolución en cita no alteró la regla de ingreso e importación exclusiva de mercancías clasificadas en la partida nro. 17.01 del Arancel de Aduanas, “azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido”, a través de la Administración Especial de Aduanas de Buenaventura, y habiendo modificado la excepción a la regla general de prohibición de tránsito aduanero de las mismas, permitiéndolo, únicamente, cuando el documento de transporte se encontrara consignado o endosado a las personas jurídicas reconocidas e inscritas como Usuarios Altamente Exportadores, cuya actividad económica corresponda al procesamiento industrial de esas mercancías, le impidió a la actora, en su condición de Usuario Aduanero Permanente, distinta a la exceptuada, invocar la autorización del régimen de tránsito aduanero, de una aduana a otra, para efectos de iniciar su proceso legal de ingreso e importación, a pesar de haberse introducido físicamente por un puerto diferente al de Buenaventura.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 2 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 3 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 59 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 502 / DECRETO 2101 DE 2008 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 1602
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 13001-23-31-000-2009-00189-01
Actor: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS – DINPRO LTDA
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES Y ADUANAS - DIAN
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida el 10 de octubre de 2013 por la Sala de Decisión 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante C.C.A., la DISTRIBUIDORA DE NACIONAL DE PRODUCTOS LTDA – DINPRO LTDA, mediante apoderado judicial, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, formulando las siguientes pretensiones:
“A. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 001288 del 22 de julio de 2008 proferida por la División de Fiscalización de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, mediante la cual se ordena el decomiso de la mercancía aprehendida mediante acta de aprehensión No. 106 COMEX, la cual se describe así:
“AZUCAR CRISTAL COLOR ICUMSA MAX 200 CENIZA MAX 0.08% HUMEDAD MAX 0.08% POLARIZACIÓN MIN 99.7 GRADOS EMPACADO EN SACOS DE POLIETILENO/POLIPROPILENO CANTIDAD 945 TONELADAS SON 83.075 SACOS PESO BRUTO 948.402 PESO NETO 945.000 SEGÚN B/L”. Se señala como estado de la mercancía Bueno.
El reconocimiento y avalúo de la mercancía, según lo consignado en el acta No. 106, fue 945.000 kilogramos, se estimó como precio unitario $569.99, para un total de $538’640.550.
B. Que se declare la nulidad de la Resolución 001974 del 16 de octubre de 2008, proferida por la División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, mediante la cual se resuelve el Recurso de Reconsideración interpuesto por empresa DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS LTDA –DINPRO LTDA- contra la Resolución No. 001288 del 22 de Julio de 2008 proferida por la División de Fiscalización de la referida Administración, confirmando totalmente el decomiso de la mercancía por valor de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO Millones seiscientos cuarenta mil quinientos cincuenta pesos ($538’640.550)
C. Que como consecuencia de las pretensiones anteriores, se restablezca en su derecho a la sociedad DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS LTDA- DINPRO LTDA-con NIT 830.509.036-2, declarando que la misma no cometió infracción aduanera alguna y, que por lo tanto no procede ni la aprehensión ni el decomiso de la mercancía ordenada por la Administración Especial de Aduanas de Cartagena (hoy Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena por lo dispuesto en el decreto 4048 de 2008) en los citados actos.
D. Que como consecuencia, se declare la legal introducción al territorio aduanero nacional de la mercancía amparada con el manifiesto de carga (registro aduanero No. 2782) y los documentos de transporte BL MASTER BR1382800 de corte 02 de mayo de 2008 y documento de trasporte BL HIJO PNGCTG0001 de fecha 15 de abril de 2008 y se ordene la continuación del trámite del proceso de importación de la mercancía, o en el evento en que no se pudiere por la disposición de la mercancía por parte de la aduana, se ordene la devolución del valor real de la mercancía adicionado con los costos de transporte, seguros y conexos que se generaron en la operación de comercio que nos ocupa, como se señala en los siguientes literales.
E. Que se condene al Tesoro Nacional a pagar por el daño emergente y lucro cesante ocasionados desde el momento en que la Administración de Cartagena ordenó la aprehensión de la mercancía; como consecuencia de lo anterior, ordene se cancele a favor de mi representada la suma de $538’640.550, valor asignado a la mercancía por la aduana más la suma de $107’187.195 por concepto de la diferencia entre el valor asignado a la mercancía por la Aduana, y el valor aduanero de la mercancía que de conformidad con el valor FOB de la factura No. SUG-04041-B del 14 de abril de 2008 expedida por proveedor Bachue que se encuentra en el expediente administrativo y con los valores de los fletes, gastos conexos y seguros que se anexaron con el recurso de reconsideración, asciende a la suma de $645.827.745.
Y en todo caso, se ordene que este valor se ajuste en consideración al tiempo transcurrido hasta la sentencia definitiva del proceso contencioso.
F. Que mi representada reciba a título de indemnización por la aprehensión y el decomiso improcedentes efectuados por la Administración Especial de Aduanas de Cartagena (hoy Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena por lo dispuesto en el decreto 4048 de 2008), los valores correspondientes al lucro cesante, al igual que las indexaciones e intereses producto de los mismos.
Por concepto de lucro cesante, para la fecha de presentación de esta demanda, la suma de $172’809.526 que corresponden a los frutos o intereses que la suma de $645’827.745 ha debido producir desde la fecha del acta de la aprehensión ilegal – 21 de mayo de 2008 hasta la fecha de presentación de esta demanda, el 24 de marzo de 2009, liquidados a una tasa trimestral de 32,88% (trimestre abril-junio/08) 32,27% (trimestre julio-septiembre/08), 31,53% (trimestre octubre –diciembre/08) y 30,71% (trimestre enero-marzo/09).
Se ordene que este valor se ajuste en consideración al tiempo transcurrido hasta la sentencia definitiva del proceso contencioso.
G Que se condene en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN.”
1.2. Fundamentos fácticos
En síntesis, el apoderado judicial de la demandante señaló como hechos, los siguientes:
Expresó que, el 17 de mayo de 2008, la motonave CMA CGM PAULISTA VIAJE GB3475 arribó al muelle de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena – SPRC -, según manifiesto de carga No. 062008100002782, luego de que el transportador informara a la Aduana mediante aviso de llegada No. 06200810001528.
Aseguró que en la misma fecha, el agente naviero NAVITRANS LTDA y el agente de carga internacional COCKERIL CARGO LTDA entregaron los documentos de viaje al Grupo de Carga de la División de Servicio al Comercio Exterior de la Administración Aduanera de Cartagena: Manifiesto de carga, Copia del documento de transporte BL MASTER BR1382800 de corte 2 de mayo de 2008 y copia del documento de transporte BL HIJO PNGCTG0001 de fecha 15 de abril de 2008 con registro de paquete consolidado No. 5387062.
Manifestó que la División de Servicio de Comercio Exterior, mediante Auto Aduanero No. 0666 de 21 de mayo de 2008, comisionó a unos funcionarios para practicar diligencia de control y verificación de las obligaciones aduaneras de las mercancías relacionadas en el documento de transporte BL No. PNGCTG0001, realizándose la aprehensión de la misma según consta en el acta N° 106 COMEX.
Informó que en la referida acta, se describió la mercancía aprehendida de la siguiente manera: “AZÚCAR CRISTAL COLOR ICUMSA MAX 200 CENIZA MAX 0.08% HUMEDAD MAX 0.08% POLARIZACIÓN MIN 99.7 GRADOS EMPACADO EN SACOS DE POLIETILENO/POLIPROPILENO CANTIDAD 945 TONELADAS SON 83.075 SACOS PESO BRUTO 948.402 PESO NETO 945.000 SEGÚN B/L”
Indicó que en el mismo documento, se estimó como valor unitario la suma de quinientos sesenta y nueve pesos con noventa y nueve centavos ($569,99), para un total de quinientos treinta y ocho millones seiscientos cuarenta mil quinientos cincuenta pesos ($538’640.550).
Aseveró que el 22 de julio de 2008 la División de Fiscalización Aduanera expidió la Resolución No. 001288, mediante la cual ordenó el decomiso de la mercancía aprehendida.
Sostuvo que el 26 de agosto de 2008 interpuso recurso de reconsideración contra la resolución de decomiso, el cual fue resuelto mediante Resolución No. 001974 de 16 de octubre de 2008, confirmando el decomiso.
Dijo que mediante oficio con radicado 0030/2009 de 19 de febrero de 2009 presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante el Procurador 21 Judicial Administrativo de Bolívar, Cartagena, a cuya audiencia, realizada el 20 de marzo de 20 de marzo del mismo año, concurrieron las partes, declarándose fracasada dada la ausencia de ánimo conciliatorio.
1.3. Normas Violadas
Artículos 2 y 29, 83 y 209 de la Constitución Política.
Artículos 2, 25 y 596 del Código Contencioso Administrativo.
Artículos 2 y 502, numeral 1.2, del Decreto 2685 de 1999
1.4. Concepto de Violación
La parte actora, estimó que los actos demandados incurrieron en las causales de violación que a continuación se exponen:
1.4.1. Violación al debido proceso y principio de contradicción
Manifestó que la administración aduanera vulneró su derecho al debido proceso y especialmente el de contradicción pues la Resolución No. 1288 de 22 de julio de 2008 señaló como causal de decomiso la contenida en el numeral 1.2 sin citar a qué norma legal pertenecía, con lo cual ignoró el requisito de formalidad sustancial en la formación de los actos administrativos, como es la invocación normativa de la conducta imputada.
Señaló que, contrario a las afirmaciones realizadas por la autoridad demandada, dicha omisión sí constituía un yerro trascendental, en la medida que estaba relacionada con la causal de decomiso de la mercancía aprehendida, nada más y nada menos que con el eje central de la discusión jurídica; que esto no guardaba relación con el procedimiento que se llevó a cabo para la expedición del acto, sino con la forma y formalidades que debe contener el mismo.
Expresó que mientras no se conozca la norma en la cual se fundamentó el acto administrativo o la disposición jurídica vulnerada, el administrado no puede ejercer plenamente su derecho a defenderse o a controvertir, suponiendo una incertidumbre que deriva en la violación al debido proceso por desconocimiento al derecho de contradicción.
De acuerdo con lo anterior, la demandante sostuvo que también se violaron los artículos 2 y 59 del C.C.A. como quiera que la DIAN, por un lado, omitió mencionar la norma por medio de la cual se sirvió para proceder al decomiso de la mercancía, y por otro, desconoció los fundamentos de derecho exigidos por la norma en la adopción de decisiones en la vía gubernativa, por lo que concluyó, los actos cuestionados eran nulos teniendo en cuenta que desconocieron un requisito de formalidad sustancial.
1.4.2. Falta de coherencia jurídica entre el acta de aprehensión y la resolución de decomiso.
Advirtió, luego de exponer el contenido del artículo 504 del Decreto 2685 de 1999, regulatorio del proceso para definir la situación jurídica de mercancías, que mientras la aprehensión tuvo como argumento que el embarque de mercancía debía entenderse como la fecha de zarpe o salida del medio de transporte, la resolución que ordenó el decomiso, fundamentó esa misma aprehensión en que el embarque es el hecho de cargar la mercancía en el medio de transporte que sale hacía Colombia. Dicho de otro modo, sostuvo que la administración aduanera cambió, en el acto que ordenó el decomiso, los fundamentos de los que se sirvió para la aprehensión de la mercancía, pues interpretó que el “embarque” implicaba únicamente el cargue en el medio de transporte marítimo mientras que en la aprehensión la mercancía “embarcada” incluía el zarpe o salida del medio de transporte.
Explicó que con ello, la administración aduanera no respetó las formas propias del proceso administrativo al no haber correlación jurídica ni identidad de causa entre el acto de trámite (aprehensión) y aquel que decidió la situación jurídica de la mercancía al darle un alcance jurídico diferente del término “embarque”.
1.4.3. Falsa motivación por indebida aplicación del numeral 1.2 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.
Argumentó que en todo caso si la DIAN tuvo como fundamento jurídico el numeral 1.2 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 como causal de aprehensión de la mercancía, esta disposición había sido aplicada en forma indebida, ya que estableció que esta solo procedía cuando la mercancía ingresara al territorio aduanero por lugares no habilitados, circunstancia que, afirmó, no se presentó en este caso, pues esta ingresó por la Aduana de Cartagena conforme lo demostraban no solo el registro aduanero No. 062008100002782 sino con los documentos de transporte que amparaban la mercancía.
Aseguró que el problema jurídico estaba circunscrito al contenido de la Resolución No. 13212 de 8 de noviembre de 2007, la cual estableció restricciones respecto del lugar de ingreso de las importaciones de azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido; y la Resolución No. 03413 de 17 de abril de 2008, modificatoria de la primera, respecto de la excepción a la restricción del lugar de ingreso, en especial a las consecuencias jurídicas del artículo 2º transitorio de la misma.
Afirmó que la administración aduanera consideró que la mercancía era objeto de aprehensión y decomiso por haber ingresado por el puerto de Cartagena, cuando según esa misma dependencia, las resoluciones antes citadas establecían la obligación de realizar los trámites de importación por la Administración Especial de Aduanas de Buenaventura, tal como lo consagró la precitada Resolución No. 03413 en cuanto a las mercancías de la partida arancelaria 17.01, esto es, la importación de azúcar.
Destacó que en virtud del citado artículo 2° transitorio de la Resolución No. 03413, las mercancías cuyo documento de transporte estuviere consignado o endosado a un Usuario Aduanero Permanente (UAP), y que fueran embarcadas hacía Colombia con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la referida resolución, podían ingresar por los lugares habilitados de cualquiera de las jurisdicciones aduaneras del país, ya que las mismas no estaban sometidas a la restricción administrativa de ingresar únicamente por la Aduana de Buenaventura.
Expresó que se debía precisar claramente, cuándo se entienden “embarcadas” las mercancías hacia Colombia con el fin de establecer si la restricción consagrada en la Resolución No. 13212 de 8 de noviembre de 2007, modificada por la Resolución No. 03413 de 17 de abril de 2008, aplicaba o no para las mercancías que introdujo al país el 17 de mayo del mismo año, respecto de las cuales se había obtenido el levante respectivo y se encontraban debidamente declaradas y nacionalizadas al momento de la aprehensión y el decomiso.
Manifestó que el proceso de importación de mercancías supone un proceso complejo, que comprende varias etapas, y cuya operación implica que la mercancía se transporte en diferentes medios y trayectos, en el cual se destacan los Agentes de Carga Internacional, por lo que sostuvo, en el contexto del comercio exterior que el embarque de la mercancía no comprende el zarpe del medio de transporte, ni es exclusivamente el cargue en el medio de transporte que se realiza en el último trayecto hasta el país importador.
Reiteró que en la resolución que ordenó el decomiso, se consideró que el embarque de la mercancía se presenta en la fecha de su cargue en el medio de transporte marítimo, en el cual se realiza el último tramo de todo el trayecto, y que el único documento que determina dicha fecha es el denominado de transporte “master”, expedido por el transportador marítimo. En esa medida, como la fecha de expedición de dicho documento es de 2 de mayo de 2008, la autoridad aduanera sostuvo que el embarque se realizó en esa misma data, y como para esa época la pluricitada Resolución No. 03413 de 17 de abril de 2008 se encontraba vigente, aplicaba la restricción respecto del ingreso al territorio aduanero nacional únicamente por Buenaventura.
Expresó que esa interpretación desconoció la existencia misma del documento denominado “hijo” y su entidad jurídica, al sostener que la fecha de embarque era la correspondiente a aquella en que se expidió el documento de transporte “master” contrariando procesos adelantados por la misma accionada, en los que ha ordenado el decomiso de mercancía por la omisión en la presentación de los documentos de transporte hijo.
Concluyó que si la carga arribó al puerto marítimo de Brasil el 18 de abril de 2008, la operación de transporte inició con anterioridad, es decir, el día 15 del mismo mes, dado que se expidió el documento de transporte hijo PNGCTG0001 y cuyo contenido acreditó la recepción de la mercancía por parte del transportador inicial, demostrando que la misma se había embarcado hacía Colombia desde el instante que inició la operación de transporte, por lo que a su juicio, la restricción contemplada en la Resolución 03413 de 23 de abril de 2008, acto en el que la autoridad demandada fundamentó su decisión, no podía ser aplicada en su caso, puesto que la operación de comercio exterior ya había iniciado y se encontraba en curso.
1.4.4. Defraudación del principio de confianza legítima y violación de los artículos 83 y 209 de la Constitución Política.
Indicó que mediante Resolución No. 001272, la División Jurídica señaló que las normas aplicadas por la administración estaban revestidas de la presunción de legalidad y eran de obligatorio cumplimiento hasta tanto fueran declaradas inexequibles y no podían ser desconocidas so pretexto de aplicar principios generales del derecho.
Sostuvo que dentro de las situaciones objetivas en las cuales el Estado defrauda expectativas legítimas de los administrados y por tanto el principio de confianza legítima se halla la de los cambios intempestivos de las regulaciones vigentes y la modificación de las condiciones establecidas para el ejercicio de determinados derechos, así como la prohibición o regulación de actividades que no estaban sujetas a restricción.
Aseguró que cuando se expiden normas restrictivas de carácter excepcional, como la de ordenar el ingreso de mercancías por una determinada jurisdicción aduanera, esta no se aplica para la operaciones de comercio exterior en curso pues el legislador aduanero previó una norma transitoria como la consagrada en el artículo 2º transitorio de la Resolución No 03413 de 23 de abril de 2008.
Consideró que la entidad accionada interpretó de forma incorrecta dicha normativa al sostener que el embarque de la mercancía corresponde al cargue de la misma en el medio de transporte marítimo, y la fecha de embarque es la misma del documento de transporte marítimo y no la del documento hijo, vulnerando el derecho del administrado, pues confió en que las operaciones de comercio exterior que habían iniciado a la fecha de vigencia de la norma restrictiva, no serían regidas por ésta dado el carácter transitorio de la misma.
1.4.5. Violación del artículo 2º del Decreto 2685 de 1999, principio de justicia y eficacia.
Reclamó que las actuaciones llevadas a cabo por la Administración Aduanera de Cartagena como es la aprehensión y decomiso de una mercancía sin sustento legal, violaron el artículo 2º del Decreto 2685 de 1999, relacionado particularmente con los principios de justicia y eficacia, dentro de los cuales debe enmarcarse la actividad de los funcionarios que cumplen funciones de esta índole.
1.4.6. Enriquecimiento sin justa causa por parte de la administración.
Expresó que cuando una mercancía es decomisada, el derecho de propiedad que se tenía sobre esta pasa a manos del Estado; sin embargo, si dicho decomiso se realizó con violación de las normas constitucionales y legales, como en el caso sub júdice y en un enriquecimiento sin causa por parte de la administración, entendido como el incremento del patrimonio estatal sin que existía fundamento jurídico que lo respalde.
2. Trámite de primera instancia
2.1. Mediante auto de 5 de agosto de 2009, el Tribunal Administrativo de Bolívar, admitió la demanda y ordenó notificar al Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y al representante del Ministerio Público.
2.2. Contestación
2.2.1. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
Indicó que los actos acusados no incurren en violación al debido proceso, por omitir en su parte resolutiva la indicación de la norma infringida, esto es, el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, lo anterior por cuanto en las consideraciones quedó perfectamente establecido que la causal de decomiso era la contenida en el numeral 1.2 del artículo 502 del mencionado decreto. Agregó que ese hecho no tiene la virtualidad de ser entendido como constitutivo de nulidad, respecto de los aspectos sustanciales de los actos, por cuanto se evidencia que se incurrió en error al no incluir en la parte resolutiva de los actos la mención del artículo 502.
Aseguró que de conformidad con el parágrafo del artículo 41 del Decreto 2865 de 1999 la DIAN podrá, por razones de control, prohibir o restringir el ingreso o salida de determinadas mercancías por los lugares habilitados. Precisamente, en desarrollo de esa facultad expidió la Resolución N° 13212 del 8 de noviembre de 2007 que en su artículo 1° estableció que el ingreso e importación de azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, clasificables por la partida 1701 del arancel de aduanas, deben ingresar e importarse exclusivamente por la jurisdicción de la Administración de Aduanas de Buenaventura.
Advirtió que, como consecuencia de lo anterior, la habilitación otorgada a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, como muelle de arribo de mercancía, está sujeta a que no se trate de azúcar, pues no está habilitada para su ingreso. Lo anterior, indefectiblemente implica que el ingreso de la mercancía objeto de estudio se realizó por un lugar no habilitado, razón por la que procedía su decomiso de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.2 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, por desconocimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 13212 de 2007, antes mencionada.
Señaló que la sociedad COCKERILL CARGO no posee código como trasportador marítimo así que no actúa civil, comercial ni aduaneramente como tal en la operación de comercio.
Sostuvo que el conocimiento de embarque hijo es una clase de documento de transporte, en el modo marítimo, emitido por el agente de carga y siendo que el agente de carga no es el transportador marítimo, no puede considerarse que la fecha de emisión del documento de transporte “hijo” es la fecha de cargue de la mercancía que sale desde el exterior con destino hacia Colombia.
Afirmó que a la luz del artículo 278 del Decreto 2685 de 1999, a efectos de importación de mercancías, la fecha de embarque corresponde a la de cargue en el medio de transporte. Agregando que quien puede embarcarla para su exportación es el transportador, por lo tanto la fecha de conocimiento de embarque master, expedido por el trasportador, es la única que puede tomarse como fecha de embarque de la mercancía en el medio de transporte.
Enfatizó que en el tramo recorrido por la mercancía por vía terrestre no puede considerarse como la exportación de la misma, pues el agente de carga es el usuario de aduana y actúa en el modo de transportador marítimo. En esa medida, el conocimiento de embarque “hijo” no puede advertirse en forma anterior a la expedición del “master”, ultimo que fuera expedido el 2 de mayo de 2008 con número BR1382800.
Precisó que la mercancía objeto de estudio nunca obtuvieron levante, tampoco fue nacionalizada, como lo afirma la parte actora, toda vez que fue aprehendida en su proceso de presentación o llegada a puerto y, no en el proceso de declaración.
Finalizó proponiendo la excepción de ineptitud por falta de presentación del poder, toda vez que no se hizo presentación personal al mismo, sino que la firma fue autenticada ante el Notario 21 del circuito de Cali, diligencia diferente a la exigida por la ritualidad procesal.
2.3. Alegatos de conclusión
Surtida la etapa probatoria, a la cual se dio apertura con auto de 15 de julio de 2010, se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.
2.3.1. La parte actora reiteró, en líneas generales, los argumentos expuestos en su escrito de demanda.
2.3.2. La parte demandada se ratificó en que los actos acusados se encuentran ajustados a derecho, por las razones expuestas en su escrito de contestación de demanda.
2.3.3. El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad.
III. LA SENTENCIA APELADA
La Sala de Decisión N° 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar denegó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas de conformidad con las siguientes consideraciones:
Precisó que la excepción propuesta por la entidad demandada no comporta el carácter de una excepción de fondo, pues no ataca las pretensiones ni los argumentos en los que se sustenta la demanda, sino que se limita a cuestionar aspectos puramente procesales, que tampoco tiene la virtualidad de afectar con nulidad el proceso por cuanto, de conformidad con el artículo 140 del CCA, con el transcurso del proceso quedó saneada toda vez que contra el auto admisorio de la demanda no se interpuso recurso alguno.
Indicó que, de conformidad con la normativa aplicable, el ingreso al territorio nacional de azúcar se encontraba restringido al Puerto de Buenaventura entre el 14 de noviembre de 2007 y se mantuvo hasta el 30 de noviembre de 2008, por lo que cualquier persona que quisiera introducir mercancía clasificada en la respectiva partida arancelaria debía hacerlo por el puerto en mención, salvo que proviniera de Venezuela o la que ingresara por los puertos de San Andrés y Providencia o Leticia.
Señaló que la fecha de embarque, a la luz de lo señalado en el artículo 278 del Decreto 2685 de 1999 y del artículo 241 de la Resolución 4240 de 2000, corresponde a aquella en la que la mercancía sale del puerto de origen con destino a otro país, es decir, cuando definitivamente deja el territorio aduanero de una nación para ser transportada y finalmente entregada a su propietario en otro país.
Sostuvo que para el asunto sub exámine el documento que contiene esa fecha es el del conocimiento de embarque, por tratarse de productos trasladados hacia Colombia en un medio de transporte marítimo.
Aseguró que la situación descrita encuadra en la causal de aprehensión de que trata el numeral 1.2 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, en tanto la mercancía objeto de estudio ingresó al territorio nacional por un lugar no habilitado para el efecto, esto es, por el puerto de Cartagena de Indias cuando debía hacerlo por el de Buenaventura.
Señaló, después de analizar el material probatorio que obra en el expediente, que el conocimiento de embarque tiene como fecha de emisión el día 2 de mayo de 2008, de allí que deba predicarse que esa es la fecha de embarque de la mercancía importada por la sociedad demandante; afirmación que encuentra respaldo en lo señalado en el artículo 1614 del Código de Comercio.
Concluyó que en ese orden de ideas la mercancía decomisada se encontraba sometida a la restricción aduanera referente al ingreso exclusivo de ese tipo de mercancías por el puerto de Buenaventura.
Agregó que no resulta de recibo la afirmación de la parte actora consistente en la vulneración de su derecho de defensa por no haber indicado en la parte resolutiva de los actos atacados que el numeral 1.2 de la norma infringida es la del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, toda vez que en la parte considerativa se hace tal referencia.
Dijo que no había lugar a condenar en costas por cuanto no había observado, en el curso del proceso, actitudes temerarias ni abuso de los derechos procesales, que hicieran procedentes dicha sanción.
IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a la totalidad de pretensiones de la demanda de conformidad con los siguientes argumentos:
Indicó que para resolver el asunto de la referencia no debe acudirse al contenido del artículo 278 del Decreto 2685 de 1999 ni el del parágrafo 2 del artículo 241 de la Resolución 4240 de 2000, por tratarse de normas que pertenecen al régimen de exportación; precisando que el sustento normativo de la decisión censurada debió atender lo dispuesto en las Resoluciones 13212 de 2007 y 3413 de 2008.
Sostuvo que si bien para que exista una importación en Colombia debe haber una salida de mercancía de otro país, no por ello deben aplicarse normas de exportación, comoquiera que en Colombia la operación que se está analizando es una importación procedente de Brasil.
Señaló que el Tribunal no hizo análisis sobre la argumentación presentada respecto de la entidad de los documentos expedidos por el agente de carga internacional, como documentos de transporte que son.
Insistió en que la problemática se genera respecto del alcance del término “documento de transporte expedido por el trasportador”, pues ese documento es el que da la fecha de embarque; por lo que no puede simplemente limitarse a señalar que el documento que contiene la fecha exacta del embarque de la mercancía objeto de discusión, viene a ser el “conocimiento de embarque” sin desvirtuar argumentativamente lo expuesto en la demanda y en los alegatos de conclusión respecto delos documentos de transporte hijos.
Aseguró que en el sub exámine el documento de trasporte lo constituye el conocimiento de embarque hijo que fue emitido el 15 de abril de 2008, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución 03413 de 17 de abril de 2008; en su sentir, demuestra la introducción de la mercancía a territorio nacional en debida forma y evidencia la razón por la que se debe acceder a las pretensiones de la demanda.
Afirmó que la restricción de ingreso de azúcar al territorio nacional, por el puerto de Buenaventura, contrario a lo señalado por el Tribunal en la providencia censurada no rigió de manera absoluta entre el 14 de noviembre de 2007 y el 30 de noviembre de 2008, pues allí se advierte como excepción la consistente en el endoso de las mercancías a usuarios permanentes, aspecto regulado en la Resolución 03413 de 2008, que entró en vigencia el 23 de abril de 2008, esto es, con posterioridad a la declaración de importación hija.
Sostuvo que la falta de mención del artículo 502 en la parte resolutiva de los actos censurados se constituye como violatorio de su derecho al debido proceso, específicamente al de defensa, contario a lo señalado en el fallo de primera instancia. Asimismo, dijo que el juzgador de primera instancia no se pronunció sobre la falta de coherencia entre el acta de aprehensión y la resolución de decomiso, pues cada una entendió como embarque y computó ese término a partir de momentos diferentes.
Agregó que la decisión objeto de recurso no hizo pronunciamiento respecto de los cargos de defraudación a la confianza legítima y enriquecimiento sin justa causa a que se refiere el escrito de demanda.
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA
5.1.- La parte actora, reiteró los argumentos expuestos en el proceso, haciendo especial énfasis en el recurso de apelación contra la sentencia.
5.2.- La parte demandada presentó escrito de alegatos de conclusión solicitando confirmar la sentencia proferida en primera instancia, para ello acudió a las consideraciones de la decisión censurada y a los argumentos contenidos en los escritos que presentó a lo largo del trámite del asunto de la referencia destacando que en su sentir la decisión de primera instancia absolvió la totalidad de los cargos de la demanda.
VI. CONCEPTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad.
VII. CONSIDERACIONES
7.1. Competencia.
El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia por los Tribunales Administrativos de Distrito Judicial, de conformidad con el artículo 129 numeral 1º del CCA y, en cumplimiento al Acuerdo Nº 357 de 5 de diciembre de 2017 celebrado entre las Secciones Quinta y Primera ante la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sección Quinta de la Corporación es competente para proferir la decisión de segunda instancia en el proceso de la referencia, en tanto ha sido remitido dentro del acuerdo de descongestión por la Sección Primera.
7.2. Problema jurídico
Observa la Sala que el problema jurídico gira en torno a dilucidar si era procedente denegar las pretensiones de la demanda; en caso afirmativo se confirmará la sentencia apelada, y en caso negativo se procederá a revocar la sentencia impugnada para realizar el pronunciamiento que corresponda en derecho.
Para solucionar el problema jurídico, la Sala procederá a analizar los argumentos del escrito de apelación, de cara a la decisión del a quo que se decantó por encontrar ajustados a derecho los actos administrativos mediante los cuales la DIAN decomisó la mercancía introducida por al demandante por el puerto de Cartagena de Indias D.T., pese a que mediante Resoluciones 13212 de 8 de noviembre de 2012 y 03413 de 17 de abril de 2008 se restringió el ingreso de mercancías clasificadas en la partida 1701 del arancel de aduanas al puerto de Buenaventura.
Al efecto, se abordarán los siguientes derroteros: I) los actos acusados; II) Normativa aplicable a la restricción de importación de mercancías clasificadas en la partida 1701 del arancel de aduanas; y III) el caso concreto.
7.2.1. Los actos demandados
7.2.1.1. Resolución N° 001288 de 22 de julio de 2008.
“POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE UNA MERCANCÍA APREHENDIDA
EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADUANERA (A)
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 2685 de 1999, Resolución 4240 de 2000, en el numeral 4° del artículo 6° de la Resolución N° 08046 del 21 de julio de 2006, literal b) del artículo 7° de la resolución ídem, y el numeral 9° del artículo 55 de la Resolución 01618 del 22 de febrero de 2006, y demás normas concordantes y/o complementarias y, (…)
CONSIDERANDO (…)
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Decomisar a favor de la Nación la mercancía a nombre de la COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS LTDA., identificada con el Nit.: 830.509.036-2, en calidad de Importador, a COCKERILL CARGO LTDA., identificada con Nit.: 806.008.749-8 en calidad de Agente de carga Internacional, MARITRANS S.A., identificada con Nit.: 860.031.615-2, en calidad de Transportador, por la causal establecida en el numeral 1.2. “Cuando el ingreso de mercancías se realice por lugares no habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”. La Mercancía según DIIAM Nº 4548110004 del 20 de Mayo de 2008, actuando como depósito Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, corresponde a:
ITEM 1.
AZUCAR CRISTAL COLOR ICUMSA MAX 200 CENIZA MAX 0.08% HUMEDAD MAX 0.08% POLARIZACIÓN MIN 99.7 GRADOS EMPACADO EN SACOS DE POLIETILENO / POLIPROPILENO CANTIDAD 945 TONELADAS SON 83.075 SACOS PESO BRUTO 948.402 PESO NETO 945.000 SEGÚN B/L”.
ESTADO B.
UNIDAD DE MEDIDA KILOGRAMO.
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 945.000.
VALOR UNITARIO. 569,99.
VALOR TOTAL $538’640.550.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto a la Compañía DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS LTDA., identificada con el Nit.: 830.509.036-2, en calidad de Importador, a través de su apoderada Dra. Doria Ruth Vejarano (…) a COCKERILL CARGO LTDA., identificada con Nit.: 806.008.749-8 en calidad de Agente de carga Internacional (…), a MARITRANS S.A., identificada con Nit.: 860.031.615-2, en calidad de Transportador (…) de conformidad con lo establecido en el artículo 567 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el Decreto 143 del 23 de enero de 2006.
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR al Grupo de Secretaría de la División de Fiscalización Aduanera que una vez se encuentre ejecutoriada la presente Resolución aperturar investigación en el régimen sancionatorio a MARITRANS S.A., identificada con Nit.: 860.031.615-2, en calidad de trasportador de las mercancías amparadas por el Manifiesto de Carga N° 062008100002782 del 17 de mayo de 2008, por la conducta contemplada en el artículo 497 del Decreto 2685 de 199, Numeral 1.1.1. que dice: ”arribar por los lugares que no se encuentren habilitados para el ingreso de mercancías por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, salvo que se configure el arribo forzoso legítimo a que se refiere el artículo 1541 del Código de Comercio”.
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR al Grupo de Secretaría de División de Fiscalización Aduanera que una vez se encuentre ejecutoriada la presente Resolución se debe aperturar investigación en el régimen sancionatorio contra COCKERILL CARGO LTDA., identificada con Nit.: 860.008.749-8, en calidad de Agente de Carga Internacional de las mercancías amparadas por el manifiesto de Carga N° 062008100002782 del 17 de mayo de 2008, por la conducta contemplada en el artículo 495 de Decreto 2685 de 1999, numeral 1.3., que dice: “haber, bajo cualquier circunstancia, uso indebido del sistema informático aduanero”.
ARTÍCULO QUINTO: contra la presente resolución procede el recurso de reconsideración ante la División Jurídica de esta Administración, dentro de los 15 días siguientes a su notificación de conformidad con lo establecido en el artículo 515 de Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 50 del Decreto 1232 de 2 de junio de 2001.
ARTÍCULO SEXTO: Compulsar copia de esta resolución una vez ejecutoriada a la División de Comercialización, al depósito de la Sociedad Portuaria Regional Cartagena, a la División de Control Cambiario para que investigue si se incurrió en alguna infracción al régimen de cambios y al a Unidad Penal para lo de su competencia”
7.2.1.2. La Resolución N° 001974 de 16 de octubre de 2008 no se transcribe por cuanto al resolver el recurso de reconsideración contra el acto administrativo arriba transcrito se confirmó en su integridad.
7.2.2. Normativa aplicable a la restricción de importación de mercancías clasificadas en la partida 1701 del arancel de aduanas.
7.2.2.1. Resolución N°13212 de 8 de noviembre de 2007.
EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, en ejercicio de las facultades legales conferidas en el literal i) del artículo 19 del Decreto 1071 de 1999, y en el Decreto 2685 de 1999, y sus modificaciones,
CONSIDERANDO (…)
RESUELVE:
ART. 1º—Ingreso e importación de azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. Salvo lo previsto en el inciso quinto del artículo 39 de la Resolución 4240 de 2000, las mercancías clasificables por la partida 1701 del arancel de aduanas, deberán ingresarse e importarse exclusivamente por la jurisdicción de la Administración Especial de Aduanas de Buenaventura.
Para estas mercancías no procederá la autorización del régimen de tránsito aduanero.
ART. 2º— Excepciones. Lo previsto en el artículo anterior no se aplicará a las importaciones que se realicen en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ni para las mercancías que arriben al país por la jurisdicción de la Administración Delegada de Aduanas de Leticia.
Así mismo, lo establecido en el inciso segundo del artículo 1º de la presente resolución, no se aplicará a los bienes que ingresen al país para ser sometidos a la modalidad trasbordo; a las mercancías cuyo documento de transporte se encuentre consignado o sea endosado a las personas jurídicas reconocidas e inscritas como usuarios aduaneros permanentes o usuarios altamente exportadores; ni a las mercancías que se encuentren consignadas a usuarios industriales de bienes de las zonas francas, cuya actividad económica corresponda al procesamiento industrial de dichas mercancías.
ART. 3º—El incumplimiento de lo establecido en el inciso primero del artículo 1º de la presente resolución dará lugar a la aprehensión de la mercancía de conformidad con lo establecido en el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.
ART. 4º—Transitorio. Lo previsto en la presente resolución será aplicable para aquellas mercancías que sean embarcadas hacia Colombia a partir de la fecha de su entrada en vigencia.
ART. 5º—Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y hasta el 31 de mayo de 2008, previa su publicación, y deroga las normas que le sean contrarias”.
7.2.2.2. Resolución N° 03413 de 17 de abril de 2008.
EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, en ejercicio de las facultades legales conferidas en el literal i) del artículo 19 del Decreto 1071 de 1999, y en el Decreto 2685 de 1999, y sus modificaciones.
RESUELVE:
Artículo 1°. Modifíquese el inciso 2 del artículo 2° de la Resolución 13212 de 2007, el cual queda así:
“Así mismo, lo establecido en el inciso segundo del artículo 1° de la citada resolución, no se aplicará a los bienes que ingresen al país cuyo documento de transporte se encuentre consignado o sea endosado a las personas jurídicas reconocidas e inscritas como Usuarios Altamente Exportadores, cuya actividad económica corresponda al procesamiento industrial de dichas mercancías.”
Artículo 2°. Transitorio. Lo previsto en la presente resolución será aplicable para aquellas mercancías que sean embarcadas hacia Colombia a partir de la fecha de su entrada en vigencia.
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación hasta el 30 de noviembre de 2008 y deroga el artículo 5° de la Resolución 13212 de 2007”.
De la anterior lectura se advierte que el ingreso de los productos comprendidos en la partida 1701 del arancel de aduanas, dentro de la cual se encuentra comprendida la mercancía decomisada a la actora, debían ingresar al territorio nacional por el puerto de Buenaventura; salvo los casos en que proviniera de San Andrés, Providencia y Santa Catalina o Leticia, a los que se debe agregar Venezuela conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Resolución 4240 de 2000, en cuyo caso podrían ingresar por los puentes que comunican a los dos países por las fronteras de San Antonio y Ureña.
Asimismo, se encuentra que el incumplimiento a estas disposiciones tiene como consecuencia el decomiso de las mercancías. Finalmente, ha de tenerse en cuenta que esta restricción entró en vigencia entre el 14 de noviembre de 2007 y rigió hasta el 30 de noviembre de 2008.
Así las cosas, la Sala procederá a analizar el caso concreto, continuando con el esquema trazado líneas atrás.
7.2.3. El caso concreto.
El asunto de la referencia se contrae a dilucidar si el decomiso de la mercancía propiedad de la actora era procedente, por incumplimiento a lo dispuesto a la dispuesto en las Resoluciones números 13212 de 2007 y 03413 de 2008 expedidas por la DIAN, se encuentra ajustado a derecho o no. Lo anterior, a la luz de los argumentos del recurso de alzada, así:
7.2.3.1. De la violación a los derechos al debido proceso y a la defensa de la parte actora.
Para el efecto, se advierte que dicho análisis debe realizarse junto con el contenido de los artículos 2, 3 y 59 del CCA, relativos a los principios generales y orientadores de la actuación administrativa, y al contenido de las decisiones de la vía gubernativa, señalados como desconocidos por los actos acusados.
Señala la parte actora que en la parte resolutiva de los actos administrativos censurados se indicó que como consecuencia de la inobservancia a las Resoluciones números 13212 de 2007 y 03413 de 2008, se procedía a decomisar las mercancías objeto de estudio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.2 del Decreto 2685 de 1999, sin que se señalara el artículo en el que se fundaba tal decisión.
A juicio del actor, la omisión de mencionar la expresión “artículo 502” en la parte resolutiva de los actos censurados se traduce una omisión sustancial que debe tener como consecuencia la declaratoria de nulidad de los actos acusados; sin embargo, el Tribunal a quo concluyó que esta omisión no tenía tal virtualidad.
Al efecto, la Sala advierte que comparte la decisión adoptada por el juzgador de primera instancia, toda vez que de la lectura del acto administrativo contentivo de la decisión de decomisar la mercancía se evidencia en la parte considerativa el análisis del contenido del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, puntualmente el numeral 1.2; en forma adicional, se observa que la parte resolutiva de los actos objeto de estudio trascribió el contenido del mencionado artículo así: “Decomisar a favor de la Nación (…) por la causal establecida el numeral 1.2 cuando el ingreso de las mercancías se realice por lugares no habilitados por la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales”.
Aunado a lo anterior se constató que la parte interesada no solicitó aclaración ni corrección del acto conforme lo dispone y permite el Decreto 2685 de 1999, pero más allá de ello, lo cierto es que desde la aprehensión de la mercancía, cuya acta reposa en el cuaderno de antecedentes administrativos, se puso en conocimiento de la actora que la causal de proposición del decomiso era la introducción por lugares no autorizado a que hacer referencia el numeral 1.2 del artículo 502 en mención. Por contera, la Sala no encuentra de recibo dicho argumento.
Ahora bien, otro aspecto fue planteado como violatorio del debido proceso, se hace referencia a que la censora señala que el concepto de embarque fue tratado en forma disímil en el acta de aprehensión y en la resolución de decomiso, situación que debe conllevar necesariamente la declaratoria de nulidad de los actos acusados, por desconocimiento al debido proceso.
Al respecto, es menester precisar que los actos demandados son la Resoluciones números 1288 de 22 de julio de 2008 y 1974 de 16 de octubre de 2008, mediante las cuales se decomisó la mercancía objeto de estudio y se confirmó tal decisión al resolver el recurso de reconsideración, respectivamente.
La Sala encuentra que dichos actos se decantaron por señalar que el embarque de la mercancía tuvo lugar el 1 de mayo de 2008, fecha en que se realizó el embarque – carga de la mercancía objeto de estudio y no como lo señaló la hoy demandante el 18 de abril de 2008, cuando se expidió el documento “hijo”, respecto del cual la Aduana de Brasil no había autorizado ninguna operación de exportación y mucho menos un embarque de mercancía.
Para brindar mayores luces al asunto objeto de estudio se considera necesario traer a colación las definiciones de documentos de transporte “master” e “hijo”, introducidas al ordenamiento jurídico colombiano por el Decreto 2101 de 13 de junio de 2008:
“Documento de transporte hijo. Corresponde al documento de transporte que expide un agente de carga internacional en desarrollo de su actividad, es prueba de la existencia del contrato de transporte y acredita la recepción de la mercancía objeto de tal contrato por parte del transportador.
Documento de transporte directo. Corresponde al documento de transporte que ex-pide un transportador en desarrollo de su actividad; es prueba de la existencia del contrato de transporte y acredita la recepción de la mercancía objeto de tal contrato por parte del transportador. Cuando el documento de transporte expedido por el transportador corresponda a carga consolidada se denominará máster”.
Advierte la Sala que la regulación de estas figuras entró a regir con posterioridad a los hechos que originaron la demanda de la referencia, razón por la que no deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar el pronunciamiento de fondo, pese a que no modifican el concepto de embarque al que el proyecto hará alusión en los párrafos subsiguientes.
En ese orden de ideas, la Sala comparte la postura adoptada por el Tribunal a quo relativa a la no vulneración al derecho al debido proceso de la parte actora, puntualmente en lo atinente a su derecho de defensa.
7.2.3.2. En cuanto a la condición de usuario permanente, invocada por el demandante, como causa eficiente de excepción en el presente asunto.
La parte actora señala que, contrario a lo afirmado por la entidad demandada y por el fallo de primera instancia, debía entenderse que en el sub exámine podía ingresarse la mercancía por el puerto de Cartagena sin que procediera el decomiso de la misma, en tanto la situación concreta se encuentra dentro de la excepción contenida en las plurimencionadas resoluciones, relativa a su condición de Usuario Permanente Aduanero, pues al momento de realizar el embarque le era permitido realizar dicha operación.
Para resolver este aspecto se considera necesario acudir a los conceptos de embarque, conocimiento de embarque, documento de transporte y agente de carga, señalados en el Decreto 2685 de 1999, norma vigente al momento de expedición de los acusados:
EMBARQUE
Es la operación de cargue en el medio de transporte de la mercancía que va a ser exportada, previa autorización de la autoridad aduanera. Se tratará de un embarque único cuando la totalidad de las mercancías que se encuentran amparadas en el documento señalado en el literal a) del artículo 268 del presente Decreto, salen del territorio aduanero nacional con un sólo documento de transporte […]” (Negrillas por fuera de texto).
CONOCIMIENTO DE EMBARQUE
Es el documento que el transportador marítimo expide como certificación de que ha tomado a su cargo la mercancía para entregarla, contra la presentación del mismo en el punto de destino, a quien figure como consignatario de ésta o a quien la haya adquirido por endoso total o parcial, como constancia del flete convenido y como representativo del contrato de fletamento en ciertos casos. Los conocimientos de embarque de la carga consolidada los expide el agente de carga internacional.
DOCUMENTO DE TRANSPORTE
Es un término genérico que comprende el documento marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario que el transportador respectivo o el agente de carga internacional, entrega como certificación del contrato de transporte y recibo de la mercancía que será entregada al consignatario en el lugar de destino y puede ser objeto de endoso.
AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL
Persona jurídica inscrita ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para actuar exclusivamente en el modo de transporte marítimo, y cuyo objeto social incluye, entre otras, las siguientes actividades: coordinar y organizar embarques, consolidar carga de exportación o desconsolidar carga de importación y emitir o recibir del exterior los documentos de transporte propios de su actividad.
De la anterior lectura se advierte que el Decreto 2685 de 1999 no hizo mención a las figuras de los documentos de transporte master y documento de transporte hijo, pues estas figuras fueron reglamentadas con la expedición del Decreto 2101 de 13 de junio de 2008, esto es, con posterioridad a los hechos que originaron la demanda de la referencia y a la expedición del acto que se demanda.
Así las cosas, para determinar la fecha del embarque de la mercancía en el presente asunto se debe acudir al contenido del Decreto 2685 de 1999, norma que entiende el embarque como la operación de cargue en el medio de transporte de la mercancía que va a ser exportada, previa autorización de la autoridad aduanera, a su turno los conocimientos de embarque de las mercancías, en general, son expedidos por el transportador marítimo, pero cuando se trata de mercancía consolidada –es decir la que se transporta en containers-, los expide el Agente de Carga Internacional.
En reciente jurisprudencia la Sección Quinta de la corporación señaló que: la definición de qué se entiende por transportador y del contrato de transporte en general, no se encuentra consignada en una disposición en particular del Estatuto Aduanero, Decreto 2685 de 1999, por lo que se requiere recurrir a la legislación mercantil, como en efecto lo hizo la DIAN en los actos administrativos demandados, así:
“[…] ARTÍCULO 981. CONTRATO DE TRANSPORTE. El transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y entregar éstas al destinatario.
El contrato de transporte se perfecciona por el solo acuerdo de las partes y se prueba conforme a las reglas legales.
En el evento en que el contrato o alguna de sus cláusulas sea ineficaz y se hayan ejecutado prestaciones, se podrá solicitar la intervención del juez a fin de que impida que una parte se enriquezca a expensas de la otra […]”.
“[…] ARTÍCULO 1601. CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE RECIBIMIENTO PARA EMBARQUE. El transportador que haya recibido una cosa para ser cargada a bordo, expedirá al remitente un documento que contendrá:
1) La indicación del lugar y fecha de recibo, con la especificación ‘recibido para embarque’;
2) El puerto y fecha de cargue, el nombre del buque y el lugar de destino;
3) El nombre del destinatario y su domicilio;
4) El valor del flete;
5) Las marcas principales que identifiquen la cosa, o las cajas o embalajes que la contengan. En caso de que no esté embalada, la mención de si tales marcas aparecen impresas o puestas claramente en cualquier otra forma sobre dicha cosa;
6) El número de bultos o piezas, la cantidad o el peso, según el caso, y
7) El estado y condición aparente de la cosa, o de la caja o embalaje que la contengan […]”.
“[…] ARTÍCULO 1602. ANOTACIÓN EN EL DOCUMENTO DE RECIBIMIENTO DE EMBARQUE - EMBARCADO. Una vez embarcadas las cosas, el transportador pondrá en el documento recibido para embarque, la anotación embarcado, salvo que haya entregado al remitente el documento señalado en el artículo 1640 […]” (Negrillas por fuera de texto).
“[…] ARTÍCULO 1604. PRESUNCIÓN DE LA FECHA DE RECIBO DE LA EMISIÓN DE DOCUMENTO. Si en el documento de que trata el artículo 1601 no aparece acreditada la fecha de recibo de las cosas entregadas para su embarque, se presumirá fecha de recibo la de emisión del documento […]”.
“[…] ARTÍCULO 1641. <PRESUNCIÓN DE LA FECHA DE RECIBO>. Si en el conocimiento no aparece indicada la fecha de recibo de las mercaderías, se presumirá como tal la de su embarque.
Si en el conocimiento no aparece indicada la fecha de cargue, se presumirá que ésta es la de emisión del documento […]”.
En aquella oportunidad la Sala destacó el contenido del artículo 1602 del Código de Comercio, al señalar que es el transportador a quien le corresponde hacer la anotación de que las mercancías ya fueron embarcadas, al tener la función de poner la anotación de “embarcado”.
En el presente caso actuó, por un lado, la firma COCKERILL CARGO LTDA., como Agente de Carga Internacional, quien expidió el 18 de abril de 2008, el documento de transporte hijo PNGCTG0001 y por otra parte, la firma MARITRANS, como transportador marítimo, quien expidió el documento de transporte máster BL MASTER BR1382800 de 2 de mayo de 2008.
Valga recordar que en párrafos precedentes la Sala señaló que las figuras de documentos de transporte “master” e “hijo” no podía ser tenidas para resolver el asunto de la referencia, pues su regulación fue posterior a los hechos objeto de estudio; con lo cual se tiene por válida la afirmación atinente a señalar que el documento que puede acreditar el embarque-carga de la mercancía en el sub júdice es el documento expedido por el transportador marítimo MARITRANS que tiene como fecha de expedición el 2 de mayo de 2008.
Así las cosas, a juicio de la Sala, contrario a los intereses alegados por la apelante, no se puede extender el término “embarque” desde cuando se inició el transporte dentro de la operación de comercio exterior de la mercancía importada por la accionante -como lo pregonó su apoderada a lo largo del debate procesal-, motivo por el cual, al momento del arribo de la mercancía procedente de Brasil, la DIAN de Cartagena debía observar el legal ingreso e importación de la mercancía al territorio nacional aduanero.
En efecto, esta ha sido la postura pacíficamente sostenida por la Sección Primera de esta Corporación, la que en otras ocasiones, en las que se judicializaron actos administrativos derivados de operaciones de decomiso de las mismas mercancías restringidas –azúcar, tal como en el sub judice-, ingresadas por Cartagena de Indias, D.T. y C. desde Brasil, el mismo día y en el mismo medio de transporte, estableció lo siguiente:
“[…] De tal suerte que no es posible acoger la postura interpretativa de la apelante, quien pretende que por el hecho de que se hubiera iniciado la operación de comercio exterior el día 16 de abril de 2008 cuando lo certificó el Agente de Carga Internacional, esta misma fecha se tome como la fecha en que fue embarcada la mercancía decomisada con el fin que se le aplique la excepción a la restricción en comento al no haber entrado a regir la Resolución 03413 de 2008.
La Sala comparte las motivaciones esgrimidas por la DIAN al ordenar el decomiso de la mercancía de la actora en la Resolución nro. 01290 de 2008, acto administrativo en el que dejó establecidos los siguientes presupuestos para su procedencia:
“[…] Así las cosas y según las normas citadas en los fundamentos del presente Acto, podemos determinar que en el Régimen de Importación se entiende por EMBARQUE: LA OPERACIÓN DE CARGUE EN EL MEDIO DE TRANSPORTE DE LA MERCANCÍA QUE VA A SER EXPORTADA, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD ADUANDERA, sin incluir la fecha de zarpe de la motonave.
(…)
Teniendo clara la definición de embarque, es necesario establecer en qué momento se produce el cargue de la mercancía y quien lo realiza, para así poder determinar cuándo fue el embarque de la mercancía objeto de la presente investigación.
En la página de Internet de PROEXPORT COLOMBIA (www.proexport.gov.co) se encuentra la siguiente definición:
“[…] 1. Cargue al medio de transporte: Hace referencia a la actividad de tomar la carga desde la losa del muelle al barco, al avión o al medio de transporte internacional principal […]”.
De acuerdo a la definición de la página de PROEXPORT COLOMBIA, resulta claro que la operación de cargue se da en el momento en que se sube la mercancía en el medio de transporte principal que lleva la misma al país de destino, para el presente caso sería en el momento en que se subió el azúcar a la motonave CAP. DOMINGO, que es el medio de transporte principal.
Señala la Dra. Doria Ruth Vejarano que la mercancía objeto de la presente investigación se embarcó antes de la entrada en vigencia de la Resolución Nº 03413 del 17 de Abril de 2008, pues la fecha del Documento de Transporte Hijo Nº SSZCTG002 es 16 de Abril de 2008, es decir, que se entiende que la mercancía fue embarcada el 16 de Abril de 2008.
En este punto debemos realizar las distinciones entre el Agente de Carga Internacional y el Transportador para poder determinar quién es el encargado de embarcar (operación de cargue) la mercancía en el barco.
Agente de Carga Internacional: (Decreto 2685 de 1999, Artículo 1) ‘Es la persona jurídica autorizada por la DIAN exclusivamente para el modo de transporte marítimo, cuyo objeto social incluye, entre otras, las siguientes actividades: coordinar y organizar embarques, consolidar carga de exportación o desconsolidar carga de importación y emitir o recibir del exterior los documentos de transporte propios de su actividad’.
Transportador Marítimo: Es quien realiza el traslado de las mercancías vía marítima desde el puerto de embarque hasta el puerto de descargue.
(…)
Es el transportador quien realiza el embarque (operación de cargue) de la mercancía, ya que es él quien posee el medio de transporte (CAP DOMINGO) requerido para poder realizar el traslado de las mercancías de un lugar a otro y por ende es quien posee la información del momento exacto en que una mercancía es introducida a un buque.
Así las cosas, podemos concluir que no es el Agente de Carga Internacional quien realiza la movilización de la carga consolidada, tal y como lo señala el concepto Nº 83 del 14 de septiembre de 2005, la División de Doctrina de la Oficina Jurídica de la DIAN señala:
(…)
De lo anterior se puede concluir que es el transportador quien realiza el cargue de la mercancía al respectivo medio de transporte, y que el agente es quien recibe la mercancía al propietario, teniendo que contratar con un transportador marítimo (en el presente caso Hamburg Sud-Eduardo L. Gerlein), quien se encarga de trasladar la mercancía al puerto de destino, por lo que el único que puede señalar en qué momento se da el cargue-embarque es quien lo realiza, es decir, el transportador marítimo.
Aunado a lo anterior se debe señalar que este Despacho no discute que la mercancía haya sido recepcionada por parte del Agente de Carga Internacional al propietario de la mercancía el 16 de abril de 2008, fecha de emisión del Documento de Transporte Hijo SSZCTG0002, pero esto no indica que la mercancía haya sido cargada al medio de transporte principal en la misma fecha de emisión del BL hijo tal y como lo afirma la apoderada en las objeciones presentadas; ya que se debe tener claro que después de que la mercancía es recepcionada por el Agente de Carga Internacional Internacional, éste se la debe entregar al Transportador para que realice el embarque (operación de cargue) y traslade la mercancía al puerto de destino o descargue. […]” (Negrillas y subrayas de la Sala).
Bajo tales directrices, se tiene que, en el caso concreto, la sociedad MARITRANS S.A., expidió la siguiente certificación:
“[…] Cartagena. 20 de julio de 2008
Nos permitimos dar respuesta a su requerimiento bajo oficio antes mencionado, informando que la motonave CMA CGM PAULISTA Viaje GB347S, zarpó de los puestos de Paranagua y Santos, en las fechas y horas como se indica a continuación:
Santos, Brasil: El 28 de abril de 2008 a las 11:12 horas.
Paranagua, Brasil: El 02 de mayo de 2008 a las 10:00 horas”.
Lo anterior, a la luz de la jurisprudencia de la Corporación, permite evidenciar que la entidad transportadora no tuvo en cuenta el documento de embarque hijo, a efecto de determinar la fecha de embarque de la mercancía objeto de estudio. Por ello, no es posible otorgarle al documento de transporte hijo expedido por el Agente de Carga Internacional, el alcance propuesto por la apelante, como quiera que, a pesar de que se trata de un documento de transporte lo cual es incuestionable, al no ser expedido por el transportador, que es a quien le corresponde la función de certificar la fecha de embarque de la mercancía, no puede servir de prueba del cargue de la mercancía en el medio de transporte marítimo.
Atendiendo a la definición de Agente de Carga Internacional señalada en el artículo 1 del Decreto 2685 de 1999, la Sala considera que le asiste la razón a la DIAN al afirmar en el acto demandado que el Agente de Carga no es un transportador sino que es un auxiliar o un intermediario profesional, ya que se comporta como un mandatario aduanero, quien actuando en representación del importador o cliente, contrata el transporte marítimo de la mercancía y se encarga de gestionar su embarque. En todo caso, la Sala destaca que gestionar el embarque es distinto a llevar a cabo como tal dicha acción, motivo por demás para no acoger el “documento de transporte hijo”, como lo pretende la censora, expedido por el Agente de Carga como prueba de la fecha de embarque de la mercancía.
Por tanto, el único sujeto dentro de una operación de comercio exterior que puede acreditar la fecha de embarque de una mercancía es el Transportador Marítimo, sin perjuicio de que el conocimiento de embarque de la carga consolidada lo expida el Agente de Carga Internacional.
La anterior interpretación pone de presente un tema que ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Sección Primera, como lo es el de la diferencia entre las obligaciones a cargo el transportador y el agente marítimo, al cumplir obligaciones distintas e independientes dentro de las operaciones de comercio exterior.
“[…] Adicionalmente, la Sección Primera en asuntos similares al que se estudia, ha sido reiterativa en señalar que el transportador y el agente marítimo son sujetos de derecho diferentes, con obligaciones independientes; por lo tanto las sanciones previstas para alguno de ellos no son extensibles al otro. Ha dicho la Sala:
“[…] Ahora bien, el recurrente señala que con base en el numeral 3 del artículo 1492 del C. de Co., queda claramente establecida la relación del agente marítimo o naviero con el transportista o armador, añadiendo que en el ordenamiento aduanero no se hace diferenciación entre uno y otro. […] “Artículo 1489. Agente marítimo es la persona que representa en tierra al armador para todos los efectos relacionados con la nave”. Si bien es cierto que el agente marítimo es la persona que representa en tierra al armador para todos los efectos relacionados con la nave (artículo 1489 del C. de Co.), ello en manera alguna puede considerarse como identificación entre uno y otro, así como tampoco con el transportista, pues las normas del C. de Co. señalan las obligaciones que corresponden a cada uno de ellos. El artículo 1492 del C. de Co. al que alude el recurrente, consagra dentro de las obligaciones del agente marítimo, entre otras, la de: “Hacer entrega a las respectivas autoridades aduaneras y a órdenes del destinatario, de las mercancías transportadas por la nave” (numeral 3) y “Responder personal y solidariamente con el capitán de la nave agenciada, por la inejecución de las obligaciones relativas a la entrega o recibo de las mercancías” (numeral 5), obligaciones éstas que no implican que al agente corresponde verificar que lo declarado es lo realmente transportado, pues su obligación tiene que ver con la entrega de las mercancías en las mismas condiciones en que las recibió. Si bien es cierto que en el caso sub examine en el conocimiento de embarque se señaló un número de 1500 piezas y no el realmente transportado (3000), no lo es menos que lo entregado fueron dos contenedores, cuyo peso coincide con el relacionado en el conocimiento de embarque No. 3, esto es, 38.600 kilogramos” (Negrillas de la Sala) […]”.
Asimismo, esta Corporación Judicial, en sentencia del 9 de septiembre de 2004, al desarrollar el tema de las responsabilidades del transportador y del agente marítimo, dejó sentado que este último no responde por sanciones relativas al manifiesto de carga, al considerar lo siguiente:
“[…] Como bien lo afirma la Procuradora Delegada ante esta Corporación, una es la responsabilidad derivada del contrato de transporte a la cual se refieren los preceptos arriba transcritos (Art. 1618 y1619 C.C.) y otra la responsabilidad derivada del manifiesto de carga, esto es, la responsabilidad ante la autoridad aduanera, que es precisamente a la que se contraen los artículos 4º y 5º del Decreto 1105 de 1992, los cuales, se reitera, señalan como sujeto pasivo de las sanciones allí previstas a la empresa transportadora y no al agente marítimo. Finalmente, la Sala considera que la apreciación del apelante en el sentido de que la compañía demandante puede repetir contra el remitente de la mercancía o hacer efectiva la garantía contra el importador es aplicable respecto de la empresa transportadora más no respecto del agente marítimo, pues el artículo 1615 del C. de Co., establece que “El remitente garantiza al transportador la exactitud de las marcas, número, cantidad, calidad, estado y peso de la cosa, en la forma en que dicho remitente los declare al momento de la entrega […]”.
De lo hasta aquí expuesto, se concluye que no se puede confundir la fecha de inicio de una operación de comercio exterior con la fecha efectiva de embarque de una mercancía, la que en el sub lite se llevó a cabo el día 2 de mayo de 2008, época para la cual ya había entrado en vigencia la Resolución nro. 03413 de 17 de abril de 2008, exactamente el día 23 de abril de 2008.
Así las cosas, la resolución en cita no alteró la regla de ingreso e importación exclusiva de mercancías clasificadas en la partida nro. 17.01 del Arancel de Aduanas, “azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido”, a través de la Administración Especial de Aduanas de Buenaventura, y habiendo modificado la excepción a la regla general de prohibición de tránsito aduanero de las mismas, permitiéndolo, únicamente, cuando el documento de transporte se encontrara consignado o endosado a las personas jurídicas reconocidas e inscritas como Usuarios Altamente Exportadores, cuya actividad económica corresponda al procesamiento industrial de esas mercancías, le impidió a la actora, en su condición de Usuario Aduanero Permanente, distinta a la exceptuada, invocar la autorización del régimen de tránsito aduanero, de una aduana a otra, para efectos de iniciar su proceso legal de ingreso e importación, a pesar de haberse introducido físicamente por un puerto diferente al de Buenaventura.
Finalmente, en cuanto a la presunta violación a los principios de confianza legítima, enriquecimiento sin justa causa por parte del Estado, justicia y eficacia invocados por la actora se considera necesario precisar que no se avizoran por cuanto: I) se demostró que la fecha de embarque ocurrió en vigencia de la Resolución 03413 de 2008, sin que el ingreso a territorio nacional de la mercancía objeto de estudio se encontrara exceptuada de ingresar por el puerto de Buenaventura en forma exclusiva; II) el decomiso atendió a lo dispuesto por las normas de ingreso de mercancías contenidas en la partida 1701 del Arancel de Aduanas, por lo que no puede entenderse que operó un enriquecimiento sin justa causa por parte del Estado, en tanto no puede predicarse esta figura cuando se ha probado la actuación legal y legítima de la autoridad; y III) el desconocimiento a los principios de justicia y eficacia se desestima al haber demostrado que los actos acusados se ajustaron al ordenamiento jurídico.
Así las cosas, demostrado se encuentra en el expediente que la censora, no solo desplegó una operación de importación por un lugar no habilitado para el tipo de mercancía que se pretendía ingresar, lo cual permanecía establecido desde la Resolución N° 13212 de 2007, sino que, muy a pesar de ello, tampoco reunía las calidades y requisitos exigidos por la Administración para obtener la autorización de régimen de tránsito aduanero, cuya nueva condición había sido impuesta, recientemente, por la Resolución N° 03413 de 2008.
En consecuencia, como los argumentos expuestos por el recurrente no tienen la virtualidad de enervar la presunción de acierto de la sentencia de primera instancia, que denegó las pretensiones de la demanda, se impone para la Sección Quinta confirmarla al haber desechado el argumento de alzada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
Primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala de Decisión 001 del Tribunal administrativo de Bolívar de fecha 10 de octubre de 2013.
Segundo.- DEVOLVER el expediente de la referencia al tribunal de origen, una vez quede en ejecutoriada la presente providencia.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
El 24 de marzo de 2009. (Folios. 1 – 39. Cuaderno N. 2 del expediente)
Folios 2 a 4 del cuaderno Nª 1 del expediente.
Folios 158-1162. Cuaderno N. 2 del expediente.
Por el cual se modifica la legislación aduanera.
“ARTÍCULO 2. Los funcionarios tendrán en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley.”
“ARTÍCULO 59. Concluido el término para practicar pruebas, y sin necesidad de auto que así lo declare, deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es del caso.”
La decisión resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes.
“ARTICULO 504. ACTA DE APREHENSIÓN.
El proceso para definir la situación jurídica de mercancías se inicia con el acta de aprehensión.
Establecida la configuración de alguna de las causales de aprehensión y decomiso de mercancías de que trata el artículo 502 del presente Decreto, la autoridad aduanera expedirá un acta con la que se inicia el proceso para definir la situación jurídica de mercancías y que contenga: lugar y fecha de la aprehensión; causal de aprehensión; identificación del medio de transporte en que se moviliza la mercancía, cuando a ello hubiere lugar; identificación y dirección de las personas que intervienen en la diligencia y de las que aparezcan como titulares de derechos o responsables de las mercancías involucradas; descripción de las mercancías en forma tal que se identifiquen plenamente; cantidad, peso cuando se requiera, precio unitario y precio total de la mercancía, las objeciones del interesado durante la diligencia, la relación de las pruebas practicadas por la Administración o aportadas por el interesado durante la diligencia de aprehensión.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el acta de aprehensión es un acto administrativo de trámite y contra él no procede recurso alguno en la vía gubernativa.
Surtida la notificación del Acta de Aprehensión por cualquiera de los medios enunciados en el inciso tercero del artículo 563 del presente Decreto, empezarán a correr los términos para adelantar el proceso de definición de situación jurídica de las mercancías aprehendidas.”
“ARTICULO 502. CAUSALES DE APREHENSIÓN Y DECOMISO DE MERCANCÍAS. Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos: (…) 1.2 Cuando el ingreso de mercancías se realice por lugares no habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, salvo que se configure el arribo forzoso legítimo a que se refiere el artículo 1541 del Código de Comercio.” (…) (Negrillas propias)
"Por la cual se establecen disposiciones transitorias para el ingreso e importación de algunas
mercancías."
“Por la cual se modifica parcialmente y se amplía la vigencia de la Resolución 13212 del 8 de
noviembre de 2007.”
Expresó la parte actora, que expedían documentos de transporte hijo, para diferenciarlos de los documentos de transporte master, que expiden los transportadores marítimos. (Negrillas y subrayas propias)
Folio. 164. Cuaderno N. 1 del expediente.
Auto de 29 de abril de 2013 (folio 290 del cuaderno N° 1 del expediente).
Folios 291 a 302 del cuaderno N° 1 del expediente.
Folios 303 a 328 del cuaderno N° 1 del expediente.
Folios 340 a 351 del cuaderno N° 1 del expediente.
ARTÍCULO 1614. <TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS Y COSAS TRANSPORTADAS SOBRE CUBIERTA>. Lo dispuesto en el artículo 992 no se aplicará a los animales vivos y cosas transportadas sobre cubierta, respecto de los cuales podrá pactarse de modo expreso la exoneración de la responsabilidad del transportador por los daños ocurridos a bordo, no imputables a dolo o culpa grave de aquél o del capitán, o la inversión de la carga de la prueba.
También podrá pactarse, en relación con dichas cosas o animales, la cesión al transportador del seguro contratado por el remitente.
La cláusula "embarcado sobre cubierta a riesgo del remitente", equivaldrá a una estipulación expresa de no responsabilidad, en los términos del inciso anterior.
Folios 354 a 365 del cuaderno N° 1 del expediente.
Folios 9 a 13 de este cuaderno.
Folios 14 a 17 de este cuaderno.
Folios 47 a 63 del cuaderno N° 1 del expediente.
Folios 64 a 81 del cuaderno N° 1 del expediente.
Por la cual se establecen disposiciones transitorias para el ingreso e importación de algunas mercancías.
Por la cual se modifica parcialmente y se amplía la vigencia de la Resolución 13212 del 8 de noviembre de 2007.
Los funcionarios tendrán en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley.
Publicado en el Diario Oficial AÑO CXLIV. N. 47019. 13, JUNIO, 2008. PAG. 109.
ARTICULO 268. DOCUMENTOS SOPORTE DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE. Para efectos aduaneros, el declarante está obligado a conservar por un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la Solicitud de Autorización de Embarque, el original de los siguientes documentos, los cuales deberá poner a disposición de la autoridad aduanera cuando ésta así lo requiera:
a) Documento que acredite la operación que dio lugar a la exportación.
En el argot de la actividad de Comercio Exterior, se entiende por Carga Consolidada.- Agrupamiento de mercancías pertenecientes a varios consignatarios, reunidas para ser transportadas de un puerto, aeropuerto o terminal terrestre con destino a otro puerto, aeropuerto o terminal terrestre, en contenedores o similares, siempre y cuando se encuentre amparadas por un mismo documento de transporte.
Sentencia de 22 de febrero de 2018. M.P.: Alberto Yepes Barreiro. Rad.: 2009 00192 01. Actor: Precooperativa DINPRO.
Folio 10 del cuaderno de antecedentes administrativos.
Definición modificada por el artículo 1 del Decreto 2628 de 2001. El nuevo texto es el siguiente: “[…] Persona jurídica inscrita ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para actuar exclusivamente en el modo de transporte marítimo, y cuyo objeto social incluye, entre otras, las siguientes actividades: coordinar y organizar embarques, consolidar carga de exportación o desconsolidar carga de importación y emitir o recibir del exterior los documentos de transporte propios de su actividad […]”.
Sentencia del 30 de agosto de 2007. Radicado 76001-23-31-000-2001-00330-01. M.P. Martha Sofía Sanz Tobón.
Sentencia del 9 de septiembre de 2004, dictada en el expediente N°2001-0368-01(9063). M.P. Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
Radicado 76001-23-31-000-2001-0368-01 (9063), Consejero ponente Doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
Conocimiento de embarque BR138200 de fecha 2 de mayo de 2008, conforme a certificación expedida por la Transportadora Maritrans S.A., en respuesta al requerimiento ordinario 0048ª07000000232.
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