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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-31-000-2009-00522-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2009-00522-01

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2009-00522-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 27 de febrero de 2014, proferida por la Sala de Descongestión número Cuatro del Tribunal Administrativo de Bolívar, que denegó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, INHIBIRSE de proferir decisión de fondo respecto de los actos acusados, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada ésta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 13001-23-31-000-2009-00522-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 13001-23-31-000-2009-00522-01
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: SOCIEDAD BRISAS DEL MAR LTDA.

TESIS: SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA, POR CUANTO LA FALTA
DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA CONDUCE A UN FALLO
INHIBITORIO Y NO DENEGATORIO DE LAS PRETENSIONES DE LA
DEMANDA. EN ESTE CASO NO SE PROBÓ LA LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR ACTIVA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el

apoderado de la sociedad BRISAS DEL MAR LTDA., contra la

sentencia de 27 de febrero de 2014, proferida por la Sala de

Descongestión núm. 4 del Tribunal Administrativo de Bolívar, por la cual

se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por

activa y se denegaron las súplicas de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1. La sociedad BRISAS DEL MAR LTDA., por medio de apoderado

judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, presentó demanda ante el

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Actora: SOCIEDAD BRISAS DEL MAR LTDA

Tribunal Administrativo de Bolívar, tendiente a obtener las siguientes

declaraciones y condenas:

“[…] PRIMERA: Se declare la nulidad de las resoluciones No. 000202 de
28 de noviembre de 2008 y la No. 000415 de 06 de marzo de 2009,
proferidas por la División de Gestión Jurídica Aduanera de la Dirección
Seccional de Aduanas de Cartagena, respectivamente, por cuanto se
profirieron violando normas legales, situación que implica que los actos
administrativos demandados sean ilegales y por tanto no tengan
validez.

SEGUNDA: Como consecuencia de las declaraciones anteriores se
restablezca en su derecho a la compañía SOUTH AMERICAN
NAVEGATION S.A., (sic) quien actúa a través de su representante
legal, sociedad BRISAS DEL MAR LTDA., y se ordene la entrega de la
motonave MEGATON, la cual fue decomisada por las resoluciones
recurridas.

TERCERA: Una vez sean declaradas nulas las resoluciones demandadas
se ordene la terminación y archivo del proceso administrativo de
decomiso expediente No.DM2008 2008 51105.

CUARTA: Solicito respetuosamente se condene en costas del proceso a
la Unidad Administrativa Especial U.A.E., Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales –DIAN […]”.

I.2. La actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los siguientes

hechos:

1º. Que en el año 1999 SOUTH AMERICAN NAVIGATION S.A., que

opera a través de la compañía PACIFIC LOGISTIC INC, en el Estado

de California, adquirió la motonave objeto de decomiso.

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2º. Posteriormente, PACIFIC LOGISTIC INC. a nombre de SOUTH

AMERICAN NAVIGATION S.A., celebró contrato de arrendamiento de

la motonave Megatón, con la compañía Guatemalteca MARES S.A.,

durante los meses de junio y julio de 2002, período durante el cual

comisionó a PACIFIC SALVAGE AND TOWING CORP, para contratar

el servicio de reparación y mantenimiento de la mencionada motonave,

con la sociedad COCTEMAR.

3º. Que la Agencia marítima MUNDINAVES LTDA., en calidad de

agente marítimo de la motonave en el territorio colombiano, dio aviso a

la Capitanía de Puerto de Cartagena, de que la misma llegaría en lastre,

es decir, sin carga al astillero COCTEMAR para efecto de realizar las

reparaciones. De este hecho se dejó constancia en el acta de visita de

26 de diciembre de 2002 (fecha en que atracó la motonave), expedida

por la Capitanía de Puerto de Cartagena.

4º. Agregó que a fin de continuar con las reparaciones la motonave fue

trasladada, posteriormente, a otro astillero, para lo cual se dio aviso de

llegada de la misma a las instalaciones de AREDA MARINE FUELL el

1o. de septiembre.

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5º. Que el 23 de agosto de 2008 se llevó a cabo una inspección por

parte de funcionarios de la Dirección de Fiscalización Aduanera, en las

instalaciones de AREDA MARINE FUELL; y que al verificarse el

incumplimiento de las obligaciones aduaneras se procedió a la

inmovilización de la motonave, como consta en el acta de inspección

núm. 3812.

6º. Indicó que con Acta FISCA núm. 0209 de 28 de agosto de 2008, se

procedió a la aprehensión de la motonave con fundamento en las

causales previstas en los numerales 1.1 y 1.6 del artículo 506 del

Decreto 2685 de 1999.

7º. Que mediante la Resolución núm. 000202 de 28 de noviembre de

2008 se ordenó el decomiso de la motonave, decisión contra la cual se

interpuso el recurso de reconsideración, el cual fue desatado,

desfavorablemente a través de la Resolución núm. 00415 de 6 de

marzo de 2009.

I.3. En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de los

artículos 1º, 13, 28, 83, de la Constitución Política; y 232, 232, numeral

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1, 502, numeral 1.1. y 1.6 del Decreto 2685 de 1999, por indebida

aplicación.

Como concepto de violación manifestó, lo siguiente:

Que en el caso sub lite, a su juicio, la demandada aplicó indebidamente

el régimen de importación de mercancías, toda vez que si bien una

motonave puede ser clasificada en el arancel de aduanas, transportada

y ser sujeta a un régimen aduanero, no puede pretenderse que a una

embarcación como la decomisada, que ingrese al país con el

cumplimiento de todos los requisitos y con el único propósito de ser

reparada, se le equipare a cualquier objeto mueble que pueda

ocultarse, ignorando el concepto de embarcaciones y el conjunto de

normas especiales que las regula.

Que, por tal razón, no es viable aplicar las causales de aprehensión de

mercancías y, en consecuencia, no puede exigírsele la presentación de

documentos de viaje y mucho menos la declaración de importación de

la motonave aprehendida.

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Reiteró que quedó demostrado a lo largo de la vía gubernativa, que la

motonave ingresó al territorio nacional con vocación transitoria; y que

una vez reparada su destino era inmediatamente salir del mismo,

ingreso transitorio autorizado por la autoridad marítima, que no ostenta

obligaciones aduaneras, pues no existe vocación de importación,

exportación, compra ni venta.

Adujo que con la expedición de los actos acusados se le violó el derecho

a la igualdad, pues son innumerables los ingresos de motonaves al

territorio aduanero nacional, con el cumplimiento de los mismos

procedimientos que realizó la motonave Megatón, y hasta la fecha son

muy pocos los casos en los que la DIAN ha adelantado procesos de

decomiso de motonaves que ingresaron en las mismas circunstancias

que la motonave en cuestión.

Agregó que la entidad demandada a través de los actos acusados

también le vulneró los principios de la buena fe y confianza legítima,

pues es evidente que se adelantaron todos los trámites que en el medio

marítimo realizan los buques que ingresan a Colombia a efectuar

mantenimiento y reparaciones, para lo cual contrataron a un agente

marítimo, esto es, MUNDINAVES LTDA., que dio aviso del arribo de la

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motonave a la Capitanía de Puerto y dejó constancia de ello ante esta

autoridad con el acta de visita de 26 de diciembre de 2002.

Indicó, además, que la Capitanía de Puerto hace parte de la Armada

Nacional y el astillero COCTEMAR tiene como uno de sus socios

oficiales a la Armada Nacional; por lo tanto, cómo podía esperar el

armador de la motonave Megatón que estas autoridades estatales

estuvieran patrocinando el delito de contrabando, además con la

aquiescencia del Director de la Dirección Seccional de Aduanas de

Cartagena que también es un capitán de fragata de la Armada Nacional,

y de la DIAN, que siempre estuvo informada de la legal introducción de

la motonave al territorio nacional.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-,

mediante apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda y

propuso las excepciones de “Falta de Agotamiento de la vía

gubernativa” y de “Falta de legitimación en la causa por activa”.

Para oponerse a las pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:

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Que es errada la interpretación que hace la actora de los artículos 1º,

232, 231, numeral 1, 502, numerales 1.1. y 1.6 del Decreto 2685 de

1999, los cuales considera violados, por indebida aplicación, por lo

siguiente:

Que la Motonave Megatón sí puede considerarse como una mercancía,

por cuanto como tal se entiende todo bien clasificable en el arancel de

aduanas, susceptible de ser transportado y, por ende, sujeto a régimen

aduanero.

Que, conforme al artículo 92 del Decreto 2685 de 1999, el medio de

transporte con matrícula extranjera que arribe a territorio aduanero

nacional con el cumplimiento de los requisitos, así como el material

propio para el cargue, descargue, manipulación y protección de las

mercancías que se transportan en el mismo, se entenderá importado

temporalmente por el tiempo de transporte sin la exigencia de garantía

o documentación alguna, pero con la obligación de reexportación.

Informó que cuando la aeronave introducida al territorio aduanero

nacional no trae la calidad de medio de transporte, por encuadrarse

dentro de alguno de los supuestos fácticos que la sitúan dentro de la

definición de mercancía, se debe dar aplicación a la normativa

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aduanera establecida para la importación de mercancías al territorio

aduanero nacional, de acuerdo con la modalidad que le sea aplicable.

Agregó que, conforme se explica en los Conceptos 037 de 10 de julio

de 2006 y 0126 de 2007, cuando un medio de transporte llega al país

bajo las circunstancias del inciso 1º del artículo 92 del Decreto 2685 de

1999, se entenderán importados temporalmente por el término normal

de las operaciones de cargue, descargue o mantenimiento, y no

requerirán de ningún trámite adicional. De igual forma, si el medio de

transporte llega para cualquiera otra circunstancia diferente a la

anterior, debe aplicarse la modalidad de importación que corresponde.

Que, en este orden de ideas, en modo alguno la DIAN pretende que

respecto de la motonave en cuestión “deba probar la intención de ser

comercializada, nacionalizada, o para ser dejada en el país”, pues esta

no es la exigencia de la norma aduanera.

Anotó que se encuentra demostrado en el caso bajo examen, que la

motonave decomisada estaba siendo sometida a reparaciones que

implicaban una importación temporal para el perfeccionamiento activo,

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por lo que era obligación de quien hizo el ingreso a territorio aduanero

realizar la labor de importación temporal requerida.

Sostuvo que no se presenta la violación del derecho a la igualdad

alegada por la actora, dado que, por una parte, toda mercancía que

ingrese al territorio aduanero debe estar amparada por una declaración

de régimen aduanero de tránsito aduanero, para los cuales la ley ha

establecido las correspondientes declaraciones de importación y de

tránsito aduanero, cuyo incumplimiento es causal inmediata de

aprehensión y posterior decomiso; y, por la otra, la DIAN ha aplicado

la normatividad aduanera, sin tener en cuenta la calidad ni las

condiciones de las personas sobre las que recae la obligación aduanera,

pues, su actuación fue dirigida contra la mercancía que fue encontrada

en situación de ilegalidad en el país.

Por último, en relación con la vulneración de los principios de buena fe

y confianza legítima alegada por la demandante, estimó que en ningún

momento la DIAN ha creado situaciones que impliquen tolerancia ante

actuaciones como la del caso sub examine, ni ha efectuado cambios

sorpresivos en el modus operandi del ingreso de motonaves al

territorio nacional; y que si bien el control es aleatorio y periódico,

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debido a los muchos frentes que el organismo tiene que fiscalizar para

efectos de combatir el contrabando, ello no constituye una

permisividad reiterada que haga presumir que la conducta de ingresar

ilegalmente mercancía al país, es una práctica consentida en nuestro

territorio.

Propuso las excepciones que denominó: (i) “Falta de Agotamiento de la

Vía Gubernativa” y (ii) “Falta de Legitimación por Activa”. La primera de

ellas la hizo consistir en el hecho de que la demandante incumplió lo

dispuesto en el artículo 135 del CCA., que tiene por objeto que en el

procedimiento administrativo la administración pueda revisar el acto

administrativo que haya expedido y lo confronte con el ordenamiento

jurídico y, de ser pertinente, proceda a corregirlo, modificarlo o revocarlo;

y (ii) “Falta de Legitimación por Activa”, toda vez que no se encuentra

probada dentro del proceso la legitimación de la Agencia Marítima

BRISAS DEL MAR para actuar en representación del propietario de la

motonave en cuestión.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 27 de febrero de 2014, la Sala de Descongestión

núm. 4 del Tribunal Administrativo de Bolívar, declaró probada la

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excepción de falta de legitimación en la causa por activa propuesta por la

demandada y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

Respecto de la excepción de falta de legitimación en la causa por activa,

consideró que la jurisprudencia del máximo órgano de la Jurisdicción de lo

Contencioso Administrativo, ha establecido una clara diferencia entre la

“Legitimación de hecho en la causa” y “Legitimación material en la

causa”, siendo la primera aquella relación o nexo existente entre las

partes procesales originada en la presentación de la demanda y la

notificación del auto admisorio de la misma al accionado. Mientras que la

segunda, se refiere a la participación real y efectiva de los sujetos

procesales en los hechos que dieron origen a la controversia.

Que así lo consideró la Sección Primera del Consejo de Estado, en

sentencia de 12 de noviembre de 2009 (Expediente núm. 1997-13681-

01), la cual, además, coligió que teniendo en cuenta que la legitimación

en la causa, activa y pasiva es una condición anterior y necesaria, entre

otras, para dictar sentencia, no es una excepción de fondo en los

procesos ordinarios.

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Sostuvo que, en aplicación de lo anterior, resulta procedente analizar el

material probatorio en el caso de autos, a fin de determinar si la actora

reúne los requisitos necesarios para que se predique de ella la

legitimación en la causa material por activa.

Agregó que de los documentos que reposan en el expediente se pudo

verificar que la demanda fue presentada por la Agencia Marítima BRISAS

DEL MAR LTDA., en representación de la Compañía SOUTH AMERIAN

NAVIGATION S.A., que, según la demandante, es la propietaria de la

Motonave Megatón, objeto de decomiso por parte de la DIAN a través de

los actos administrativos acusados.

Que la propiedad se predica de quien ostenta el derecho real de dominio

sobre el mueble objeto de registro, como es el caso de las

embarcaciones. Dicha propiedad se prueba, en Colombia, con la

respectiva matrícula, según lo dispuesto en el artículo 1347 del C. de Co.;

y en tratándose de la propiedad de embarcaciones extranjeras, a voces

del artículo 1442 ibidem, la misma debe probarse por los medios que

establezca la legislación del correspondiente país y los documentos serán

autenticados conforme a la Ley colombiana.

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Resaltó que, en ese orden de ideas, revisadas las pruebas obrantes en el

expediente sobre la propiedad de la nave, obra la certificación de la

Capitanía de Puerto de Cartagena que refrenda que de acuerdo con la

patente de navegación temporal expedida en Panamá, SOUTH

AMERICAN NAVIGATION funge como propietaria de la misma.

Asimismo, se encuentra la factura comercial suscrita por estos últimos en

las que adquieren la propiedad de la motonave, sin que medien pruebas

adicionales que puedan dar fe sobre si existe una matrícula de la nave y

quién figura como propietario de esta.

Adujo que, como según los hechos de la demanda, la sociedad BRISAS

DEL MAR LTDA. se presenta como el agente marítimo del propietario

antes mencionado, es necesario acudir a lo dispuesto en los artículos

1489 y 1491 del C. de Co. los cuales, respectivamente, definen al agente

marítimo como la persona que representa en tierra al armador para todos

los efectos relacionados con la nave y se relacionan los documentos que

este necesita para registrarse ante la autoridad marítima nacional, para

determinar si existe o no una relación contractual entre aquellos que

satisfaga lo dispuesto para ello en dicho código.

Concluyó que revisado el caudal probatorio que obra en el expediente, se

estableció que no fue allegado contrato alguno suscrito entre la

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demandante BRISAS DEL MAR LTDA. y SOUTH AMERICAN

NAVIGATION que corrobore la existencia del agenciamiento marítimo

que aduce la demandante y que confirme lo dicho por la Capitanía del

Puerto. Tampoco se encuentra la inscripción de BRISAS DEL MAR ante

la autoridad marítima nacional, existiendo solo el registro de existencia

y representación legal de dicha sociedad.

Que en ese orden de ideas y comoquiera que ni el que funge como

propietario ni el que aduce ser su agente marítimo demostraron tal

calidad, se deduce que no están legitimados en la causa por activa para

reclamar la nulidad de los actos administrativos acusados, por lo que

resultaba imperioso denegar las pretensiones de la demanda.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La demandante manifestó no compartir la sentencia recurrida, en

síntesis, por lo siguiente:

Que el a quo en el fallo recurrido solo hace alusión a una de las dos

excepciones previas planteadas por la demandada, esto es, la

“legitimación en la causa por activa”, que fue la base para el fallo

impugnado, sin tener en cuenta aspectos de fondo que fueron

discutidos en el transcurso del proceso.

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Indicó que la mencionada excepción debió someterse a debate y

decidirse mediante auto, mas no en la sentencia como erróneamente lo

hizo el Tribunal de instancia, dejando sin aplicación las normas

procesales que son de carácter público y de obligatorio cumplimiento.

Que, a su juicio, la sentencia recurrida debe ser considerada como una

decisión inhibitoria la cual no es aceptada dentro del esquema de

administración de justicia en nuestro ordenamiento jurídico. Que, en

efecto, la Corte Constitucional en sentencia C.666 de 1996 consideró

que aunque la inhibición es posible en casos extremos, en los cuales se

establezca con seguridad que el juez no tiene otra alternativa, no debe

ser la forma corriente de culminar los procesos judiciales, pues la

misma ha de corresponder a una excepción fundada en motivos ciertos

que puedan ser corroborados en los que se funde objetiva y plenamente

la negativa de la resolución sustancial, pues de lo contrario constituye

una forma de obstruir, por voluntad del administrador de justicia, el

acceso de las personas a ella.

Estimó que debe revocarse el fallo objeto de apelación, por no existir la

decisión instaurada desde que se fijó el presente litigio, amén de que se

incurrió por parte del Tribunal en un error al no otorgar el valor

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probatorio a la certificación emanada de la máxima autoridad marítima

nacional, la cual da fe de la existencia del armador y agente marítimo

del barco objeto del presente proceso.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el recurso de

apelación y enfatizó en que la excepción de falta de legitimación en la

causa debió debatirse y resolverse mediante auto, lo que habría

permitido agotar los medios de impugnación correspondientes, mas no

a través de la sentencia en la cual no se estudiaron los fundamentos

jurídicos de fondo y se desconocieran las normas procesales que así lo

ordenan.

Por ello, solicitó revocar la providencia de 27 de febrero de 2014, por

haber sido proferida en contravía del ordenamiento jurídico.

IV.2. La DIAN argumentó que el juez no incurrió en errores ni vicios de

procedimiento al proferir la providencia cuestionada. Al respecto,

resaltó que el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo

faculta a la autoridad judicial para resolver, en la sentencia, las

excepciones propuestas en la contestación de la demanda.

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En consecuencia, solicitó confirmar el fallo impugnado y,

subsidiariamente, ratificar la legalidad de la actuación administrativa.

IV.3. El agente del Ministerio Público, en la oportunidad procesal

pertinente, guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las

resoluciones núms. 000202 de 28 de noviembre de 2008 y

000415 de 6 de marzo de 2009, expedidas por el jefe de la División de

Fiscalización Aduanera y por el jefe de la División de Gestión Jurídica de la

Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena.

En la primera, se ordenó el decomiso, a favor de la Nación, de la

mercancía Motonave Megatón; y en la segunda, se resolvió el recurso de

reconsideración interpuesto contra la primera resolución citada, en el

sentido de confirmarla en todas sus partes.

Los mencionados actos, son del siguiente tenor:

“[…]RESOLUCIÓN NUMERO (000202) 28 nov 2008
POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINE LA SITUACION
JURÍDICA DE UNA MERCANCIA APREHENDIDA.

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“[…]” EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN
ADUANERA.

En uso de las facultades legales y en especial las conferidas por el
Decreto 2685/99, Resolución 4240 de 2000, en el numeral 4 del
artículo 6º de la Resolución 08046 del 21 de Julio de 2006, literal
b del artículo 7º de la Resolución ídem, y el numeral 9º del
Artículo 55 de la Resolución 01618 de 22 de febrero de 2006, y
demás normas concordantes complementarias y el Artículo 12 de
la Resolución 007 del 04 de noviembre de 2008 (…)

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

(…)

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Decomisar a favor de la Nación la
mercancía a nombre de la empresa PACIFIC SALVAGE &
TOWING CORPO. En calidad de PROPIETARIO, al señor JEWAN
SINGH identificado con pasaporte No. 112180005, en calidad
de PROPIETARIO, a MUNDINAVES LTDA, identificado con Nit
800.087.189-9, en calidad de interesado, a COCTEMAR,
identificado con Nit 806.008.873-3, en calidad de interesado, a
AREDA MARINE FUEL C.I.S.A., identificado con Nit.
802.002.165-1, en calidad de tenedor de la mercancía, bajo el
cargo de mercancía NO PRESENTADA Y NO DECLRADA de que
trata el artículo 232 del Decreto 2685 de 1999 literal “b)
Carezca de documento físico de transporte”; y la estipulada en
el artículo 232-1 literal “a) Cuando no se encuentre amparada
por una declaración de importación”, del mismo Decreto 2685
de 1999; en concordancia con las causales de aprehensión y
decomiso del artículo 502 del mismo Decreto, numerales “1.1.
Cuando se oculte o no se presente a la autoridad aduanera
mercancías que han arribado al territorio nacional” y”1.6.
Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una
Planilla de Envío, Factura de nacionalización o Declaración de
Importación, o no corresponda con la descripción declarada…”.
La mercancía según DIIAM No. 72481100000 con fecha de
ingreso a depósito 01 de septiembre de 2008, actuando como
depósito AREDA MARINE FUELL C.I.S.A y corresponde a:

DESCRIPCION ESTADO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD DE MEDIA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MERCANCIA

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Actora: SOCIEDAD BRISAS DEL MAR LTDA

R UND 1 1.705.797.900 1.705.797.900
MOTONAVE TIPO REMOLCADOR
DE ALTURA, NOMBRE VICKING,
CASCO DE ACERO NAVAL.
MODELO 1976, MANGA
12.19 MTS, ESLORA 55.72
MTS, MATRICULA 324-19PEDT
-4 CONSTRUIDO POR BURTOS
SHIP
YARD. 2 CUBIERTAS, 1 MASTÍL 2
CHIMENEAS, 2 PROPULSORAS
(MÁQUINAS DE 18 CILINDROS
C/U), PESO BRUTO 891 TON,
PESO NETO 267 TON

VALOR TOTAL 1.705.797.900

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el presente acto al señor
JEWAN SINGH identificado con pasaporte No. 112180005, en
calidad de PROPIETARIO a través de su apoderado abogado
LEONARDO BERRIO CHAMORRO, a la siguiente dirección (…)
en la ciudad de Cartagena/Bolívar, a MUNDINAVES LTDA,
identificado con Nit. 806008.189-9 en calidad de Agente
marítimo, a la siguiente dirección (..), a COCTEMAR,
identificado con Nit. 806.008.873-3, en calidad de interesado,
a la siguiente dirección (…), a AREDA MARINE FUEL CI.SA.,
identificado con Nit. 806.002.165-1, en calidad de tenedor de
la mercancía, a la siguiente dirección (…).

ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto a la empresa
PACIFIC SALVAGE & TOWING CORP., en calidad de
PROPIETARIO, con dirección indeterminada, a ROMAN
ROBAYNA PERDOMO, en calidad de interesado, con dirección
indeterminada, A PACIFIC LOGISTICS INC, en calidad de
interesado, con dirección indeterminada, de conformidad con
el último inciso del artículo 562 del Decreto 2685 de 1999.

ARTICULO CUARTO: Ordenar al Grupo Interno de Trabajo de
Secretaría de esta División, abrir investigación en el Régimen
sancionatorio, contra Mundinaves Ltda identificado con Nit.
800.087.189-9, en calidad de Agente Marítimo o
transportador, por la presunta comisión de la Infracción
Aduanera tipificada en el numeral 1.1.2., Artículo 497 del
Decreto 2685 de 1999, que señala: “Ocultar o sustraer del
control de la autoridad aduanera las mercancías objeto
de introducción al territorio aduanero nacional y las
demás que se encuentren a bordo del medio de
transporte”.
“[…]”

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“[…]RESOLUCIÓN No. 000415 del 06 MAR 2009.

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el
Decreto 4048 de 22 de octubre de 2008, artículo 40, numerales 2
y 2.5 y 46, numeral 3 de la resolución 9 del 4 de noviembre de
2008, artículo 2, numeral 4, los artículos 515 a 518 del Decreto
2856 de 1999 y demás normas concordantes y/o complementarias

CONSIDERANDO:

(…)

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución 000202 de
fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil ocho (2008),
por medio de la cual se decomisa a favor de la nación la
mercancía aprehendida mediante Acta No.0209Fisca de
veintiocho (28) de agosto de dos mil ocho (2008).

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente providencia a
los doctores DORIA RUT BEJARANO PARDO, identificada con
cédula de ciudadanía No. 51.561.138 y T.P. 88.589 del
Consejo Superior de la Judicatura, en su condición de
apoderada especial de MUNDINAVES Ltda., con
Nit.800.087.189-9, en la siguiente dirección: (…); LEONARDO
BERRIO CHAMORRO, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 73.009.694 y T.P. 159.341 del C.S. de la J. en su
condición de apoderado especial de JEWAN SINGH, con
Pasaporte No. 112180005, en la siguiente dirección: (…);
BELKYS MARTÍNEZ PACHECHO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 45.694.493 y T.P. 136.294 del C.S. de la J. en
su condición de apoderada especial de COCTEMAR con Nit.
806008873 en la siguiente dirección: (…), RICARDO
CASTELLAR NAJERA, identificado con cédula de ciudadanía No.
73.125.891 y TP.70.029 del C.S. de la J, apoderado especial
de PACIFIC LOGISTIC INC en la siguiente dirección: (…)
quedando agotada la vía gubernativa. […]”.

Cuestión previa

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Sea lo primero reiterar que, según lo establecido en el artículo 357 del

Código de Procedimiento Civil, aplicable por virtud de lo dispuesto en el

artículo 267 del CCA, el recurso de apelación se entiende interpuesto

en lo desfavorable a la apelante, por lo cual el superior, en principio, no

puede pronunciarse sobre aspectos que no fueron objeto de este.

Como ya se precisó, en la demanda la parte actora solicitó la nulidad de

los actos acusados con fundamento en: (i) la violación de los artículos

1°,232 ,232, numeral 1, y 502 numerales 1.1. y 1.6 del Decreto 2685

de 1999, por indebida aplicación, ya que no podía la DIAN darle el

tratamiento de mercancía a la motonave decomisada, puesto que la

misma ingresó al territorio nacional, con vocación transitoria y con el

único objetivo de ser reparada, por lo que no ostenta obligaciones

aduaneras; (ii) violación del principio a la igualdad, teniendo en cuenta

que muchas motonaves han ingresado al territorio aduanero nacional

en las mismas circunstancias de la decomisada y son muy pocos los

casos en los que la DIAN ha adelantado procesos de decomiso; y (iii)

violación a los principios de la buena fe y confianza legítima, pues se

realizaron todos los trámites que se exigen en Colombia para efectuar

mantenimiento y reparación de embarcaciones, además de que se

mantuvo informada a la DIAN de la introducción de la motonave a

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través de la Capitanía de Puerto que hace parte de la Armada Nacional

y el astillero COCTEMAR, que tiene como uno de sus socios oficiales a

la Armada Nacional.

Por su parte, la Sala de Descongestión núm. 4 del Tribunal Administrativo

de Bolívar, en la sentencia que es objeto del recurso de apelación,

consideró que revisado el acervo probatorio, se estableció que no fue

allegado contrato alguno suscrito entre la demandante BRISAS DEL

MAR LTDA. y SOUTH AMERICAN NAVIGATION (que dice ser la

propietaria de la motonave decomisada), que corrobore la existencia del

agenciamiento marítimo que aduce la actora y que confirme lo dicho por

la Capitanía de Puerto; y que tampoco se encontró la inscripción de

BRISAS DEL MAR ante la autoridad marítima nacional, existiendo solo el

registro de existencia y representación legal de dicha sociedad.

Adujo que como el que funge como propietario ni el que alega ser su

agente marítimo demostraron tal calidad, se deduce que los mismos no

están legitimados en la causa por activa para reclamar la nulidad de los

actos administrativos acusados, resultando imperioso denegar las

pretensiones de la demanda.

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Inconforme con dicha decisión, la actora interpuso recurso de apelación

reiterando los cargos de violación expuestos en la demanda y

argumentando, en síntesis, que: (i) la decisión del a quo de declarar

probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa,

debió haberse adoptado a través de auto y no de sentencia; (ii) tal

decisión constituye un fallo inhibitorio que no es la forma corriente de

culminar los procesos judiciales, pues la misma ha de corresponder a

una excepción fundada en motivos ciertos que puedan ser corroborados

en los que se funde objetiva y plenamente la negativa de la resolución

sustancial; y (iii) el Tribunal incurrió en un error al no otorgar el valor

probatorio a la certificación emanada de la máxima autoridad marítima

nacional, la cual da fe de la existencia del armador y agente marítimo

del barco objeto del presente proceso.

Sobre el particular, la Sala advierte lo siguiente:

No le asiste razón a la recurrente en cuanto estima que la controversia

que aquí se plantea debió ser decidida mediante auto y no por

sentencia, ya que el proceso no se encuentra en la etapa inicial en la

cual el juzgador habría podido acudir al rechazo de la demanda.

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Precisamente, como en este caso no se advirtió por el a quo la falta de

legitimación en la causa por activa, al inicio del proceso, sino en la

etapa de dictar sentencia, tal excepción debía resolverse en la

sentencia.

Por lo demás, a pesar de que el Tribunal denegó las pretensiones de la

demanda, lo que en realidad se presenta es un pronunciamiento

inhibitorio pues no resolvió el fondo del asunto.

Ahora, en lo que respecta al argumento relativo a no otorgar valor

probatorio a la certificación emanada de la Capitanía de Puerto, que da

fe de la existencia del armador y agente marítimo del barco objeto del

presente proceso, la Sala procederá a revisar el acervo probatorio que

obra en el expediente, a fin de establecer si la decisión objeto del

recurso de alzada, se encuentra ajustada o no a derecho.

Obra en el expediente:

1. Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad

BRISAS DEL MAR LTDA., cuyo objeto social es agenciar

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embarcaciones de cabotaje menor y mayor de 200 ton. (folios 50 y 51

del cuaderno de copias).

2. Acta de Visita efectuada por la Dirección General Marítima el 24 de

diciembre de 2002 al Buque Gladiador, Bandera Panamá, matrícula

1527, en la cual figura como armador CROSS CARIBBEAN SERVI,

como propietario PACIFIC SALVAGE y como Agente Marítimo,

MUNDINAVES (folio 12 vuelto ibidem).

3. Certificación CP5-AGEMN, de 2 de agosto de 2007, expedida por el

Capitán de Puerto de Cartagena, de la Dirección General Marítima,

según la cual en la base de datos de esa dependencia figura que la

Motonave Megatón (Ex Gladiador), de bandera panameña, arribó al

Puerto de Cartagena el 26 de diciembre del año 2002, al Astillero

COCTEMAR, como consta en el Acta de Visita núm. CP05-2931-1, con

el fin de realizar reparaciones mayores; y que su agencia marítima es

MUNDINAVES LTDA. (folio 91 ibidem).

4. Licencia provisional de Estación de Radio CGPB001/08, de fecha 14

de abril de 2008, expedida por la Autoridad Marítima de la República de

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Panamá, a favor de la Motonave VIKING cuyo propietario es el señor

JEWAN SINGH (folio 13 ibidem).

5. Patente Provisional de Navegación HO-3646 -32419-PEXT-4, de 14

de abril de 2008, otorgada por la Marina Mercante Nacional de la

República de Panamá, a favor de la motonave Viking, cuyo propietario

es el señor JEWAN SINGH (folio 99 ibidem).

6. Recibo de impuestos y tasas anuales 19452, de 14 de abril de 2008,

de la Dirección General de Marina Mercante de Panamá a nombre de la

Motonave Viking, en la que figura como propietario el señor JEWAN

SINGH (folio 115 ibidem).

7. Acta de Aprehensión 2009 FISCA de 28 de agosto de 2008, por la

cual la DIAN ordena el decomiso de la embarcación Motonave Viking,

en la que figura como propietario el señor JEWAN SINGH y como

agente marítimo la sociedad MUNDINAVES LTDA. (folio 29 vuelto

ibidem).

8. Acta de Cumplimiento Acuerdo de Pago de 13 de enero de 2006,

suscrita entre COCTEMAR y el señor Jewan Singh, en representación

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de la Compañía SOUTH AMERICAN NAVIGATION S.A. (folio 174

ibidem).

9. Contrato núm. 65/02 de 24 de diciembre de 2002, para la reparación

de la motonave Gladiador, de propiedad de PACÍFIC SALVAGE &

TOWING CORP. celebrado entre COCTEMAR y MINDINAVES LTDA.

(folio 82 ibidem).

10. Acta de Visita efectuada por la Capitanía de Puerto de Cartagena, el

26 de diciembre de 2002, al Buque Gladiador, el cual registra como

armador a la compañía PACIFIC SALVAGE & TOWING CORP., como

propietario la sociedad CROSS CARIBBEAN, y como Agente Marítimo,

MUNDINAVES LTDA. (folio 83 ibidem).

11. Factura de venta ZFMM- 0453 de diciembre 30 de 2003, expedida

por COCTEMAR a la compañía PACIFIC SALVAGE & TOWING CORP.

por el proyecto a realizar en la Motonave Gladiador de su propiedad

(folio 181 ibidem).

12. Oficio núm. 15200000108 MD-DIMAR-CP05-Naves 810, de 9 de

enero de 2009, suscrito por el Capitán de Puerto de Cartagena, en el

cual manifiesta que “este despacho se permite informar que verificada

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la documentación que reposa en este despacho se encuentra la patente

de navegación No. MMSI 356 243 000 del 07 de julio de 2004 expedida

por la República de Panamá donde se pudo constatar que la motonave

se denomina MEGATÓN bandera de Panamá, registra como propietario

South American Navegation S.A., y acuerdo documento de fecha 06 de

enero de 2009 (sic) firmado por el señor ROBERT E WHIPLE

representante de South American Navegation S.A., en donde manifiesta

el desistimiento del agenciamiento de la agencia marítima mundinaves,

designando como nuevos agentes de la nave a la agencia Marítima

BRISAS DEL MAR.” (folio 189 ibidem).

Resalta la Sala que los actos administrativos que aquí se demandan,

fueron objeto de enjuiciamiento dentro del expediente núm.13001-23-

31-000-2009-00526-01, cuya sentencia de primera instancia fue

emanada del Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró la falta de

legitimación en la causa por activa y denegó las pretensiones de la

demanda.

Dicha sentencia fue objeto del recurso de apelación, resuelto por esta

Sección en sentencia de 1o. de agosto de 2019 (siendo ponente el

doctor Roberto Augusto Serrato Valdés), en la cual se dijo:

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“[…] de la revisión del plenario, la Sala encuentra los siguientes
medios probatorios:

• Oficio 15200900108 MD-DIMAR-CP05-Naves-810 de 09 de enero de
2009, por medio del cual, la Capitanía de Puerto de Cartagena de
Indias informa que la Motonave Megaton registra como propietario
a la Compañía South American Navigation S.A. y como agente
marítimo a la Empresa Brisas del Mar1.

• Acta de visita adelantada por la Capitanía de Puerto de Cartagena de
Indias el día 24 de diciembre de 2002 al Buque Gladiador, el cual,
registra como armador a la Compañía Cross Caribbean Service,
como propietario a la Sociedad Pacific Salvage y como agente
marítimo a la Empresa Mundinaves Ltda2.

• Licencia Provisional de Estación de Radio CGPB001/08 de 14 de abril de
2008, expedida por la Autoridad Marítima de la República de Panamá a
favor de la Motonave Viking, en la que figura como propietario de la
embarcación el señor Jewan Singh3.

• Patente Provisional de Navegación HO-3646 – 32419- PEXT-4 de 14 de
abril de 2008, expedida por la Marina Mercante Nacional de la
República de Panamá, a favor de la Motonave Viking, en la que figura
como propietario de la embarcación el señor Jewan Singh4.

• Recibo de Impuestos y Tasas Anuales 19452 de 14 de abril de 2008,
emanado de la Dirección General de Marina Mercante de Panamá a
nombre de la Motonave Viking, en la que se señala como propietario
de ésta al señor Jewan Singh5.

• Acta de Aprehensión 0209 FISCA de 28 de agosto de 2008, levantada
por la DIAN, mediante la cual, se ordena el decomiso de la Motonave
Viking, en la que se establece como propietario al señor Jewan
Singh y como agente marítimo a la Sociedad Mundinaves Ltda.6

11
Folio 47 del cuaderno Nº 1 del expediente.

2
Folio 12 del cuaderno de pruebas.

3
Folio 13 del cuaderno de pruebas.

4
Folio 14 del cuaderno de pruebas.

5
Folio 15 del cuaderno de pruebas.

6
Folio 29 del cuaderno de pruebas.

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• Acta de Cumplimiento Acuerdo de Pago de 13 de enero de 2006,
suscrita entre Cotecmar y el señor Jewan Singh, quien obra en
representación de la Compañía South American Navigation S.A.
7

• Patente Provisional de Navegación HO-3014 - D1527-1789-PEXT de 6
de diciembre de 2002, expedida por Dirección General de Marina
Mercante de la República de Panamá, a favor de la Motonave
Gladiador, cuyo nombre anterior era Megaton, ostentando la calidad de
propietario la sociedad Pacific Salvage & Towing Corp.8

• Contrato 65/02 de 24 de diciembre de 2002, suscrito entre Cotecmar y
Mundinaves Ltda., para el mantenimiento de la Motonave Gladiador
de propiedad de la empresa Pacific Salvage & Towing Corp.9

• Acta de visita adelantada por la Capitanía de Puerto de Cartagena de
Indias el día 26 de diciembre de 2002 al Buque Gladiador, el cual,
registra como armador a la compañía Pacific Salvage & Towing
Corp., como propietario a la sociedad Cross Caribbean y como
agente marítimo a la Empresa Mundinaves Ltda.10

• Factura de Venta ZFMM-0453 de 30 de diciembre de 2003, expedida por
Cotecmar a la Compañía Pacific Salvage & Towing Corp., por el
proyecto a realizar en la Motonave Gladiador de su propiedad11.

De lo anterior se tiene que la parte actora no logró acreditar lo
afirmado con el recurso de alzada, esto es, su calidad de armador de la
motonave decomisada, de allí que sea válido afirmar que incumplió
con su carga probatoria, por lo menos en lo que respecta a la relación
sustancial que hace procedente su reclamación y que, en ultimas,
tendría la virtualidad de permitirle alzarse con las pretensiones de la
demanda.

Cabe resaltar que el artículo 1473 del Código de Comercio define el
armador como la “persona natural o jurídica que, sea o no propietaria
de la nave, la apareja, pertrecha y expide a su propio nombre y por su
cuenta y riesgo, percibe las utilidades que produce y soporta todas las
responsabilidades que la afectan”.

7
Folio 74 del cuaderno de pruebas.

8
Folio 78 del cuaderno de pruebas.

9
Folio 82 del cuaderno de pruebas.

10
Folio 83 del cuaderno de pruebas.

11
Folios 181 a 184 del cuaderno de pruebas.

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Por su parte, el artículo 1474 ibídem dispone la obligación de informar
la calidad de armador cuando asuma la explotación de la nave, en el
sentido de que “quien asuma la explotación de una nave debe hacer
declaración de armador en la capitanía del puerto de matrícula de la
misma. Esta declaración puede hacerse por el propietario de la nave, si
el armador no la hiciere”.

Como se observa, el armador es el propietario de la nave o la persona
natural o jurídica que asume esa posición, situación que debe
declararse ante la autoridad marítima correspondiente, circunstancias
que no se acreditaron en el sub lite y que permiten concluir la falta de
legitimación en la causa por activa.

La Sala recuerda que la exigencia de la legitimación en la causa alude
a la aptitud que debe reunir la persona – natural o jurídica – para
acudir al proceso con el fin de demandar un acto o en contra de quien
se dirige la demanda para oponerse jurídicamente a las pretensiones
que el actor esgrime.

No basta con acudir al proceso como actor o ser sujeto pasivo de
demanda para concurrir legítimamente a un juicio, dado que es
imperioso estar debidamente legitimado para ello, situación que no se
presenta en el caso de autos.

Ahora bien y por otra parte, la Sala encuentra que la sociedad actora
señaló que la propietaria de la motonave decomisada es la sociedad
Sotuh American Navigation S.A., quien le encargó adelantar las
gestiones para recuperarla12; sin embargo, en el plenario tampoco se
pudo constatar dicha afirmación.

Al respecto, ésta Sala en reciente jurisprudencia señaló “que el
principio “onus probandi”13 persigue que las partes asuman en el
proceso un rol activo, es decir, sin limitarse a la diligencia del juez
como conductor del proceso o a las deficiencias probatorias de la
contraparte. No obstante, si bien la carga procesal exige una conducta
de la parte involucrada, ésta conserva, en todo caso, la facultad de

12
Sobre el particular, la Sala no entiende como la parte actora señala de una parte que es el armador de la
nave y, por otra, que fue la sociedad Sotuh American Navigation S.A. quien le encargó adelantar las
gestiones para recuperarla, argumentos que resultan contradictorios.

13
Con esta expresión se quiere indicar la actividad correspondiente a cada una de las partes en la tarea de
hacer conocidos del juez los hechos en que se basan sus afirmaciones de la demanda o de la defensa.
Señalando que son tres las reglas que informan la carga de la prueba, a que no escapa ninguna legislación
antigua ni moderna, a saber: “[…] a) Onus probandi incumbit actori, o sea que al demandante le incumbe el
deber de probar los hechos en que funda su acción. Reux, in excipiendo, fit actor, o sea que el demandado, cuando
excepciona o se defiende, se convierte en demandante para el efecto de tener que probar a su turno los hechos en que
funda su defensa; y b) Actore non probante, reus absolvitur, es decir, que el demandado ha de ser absuelto de los cargos
o acción del demandante, si éste no logró en el proceso probar los hechos constitutivos de su demanda […]”.

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ejercerla o no, sin que pueda el Juez u otra persona coaccionar su
ejercicio. Lo anterior, por cuanto, la omisión en el cumplimiento
de la carga procesal que le corresponde a la parte actora trae
consigo eventuales consecuencias desfavorables, como lo es, el
no acreditar los hechos en que sustenta su demanda y, en
virtud de ello, obtener un fallo desfavorable”14.

Así las cosas, de la lectura del material probatorio se tiene que la parte
actora no acreditó su condición de armador de la motonave
decomisada, por lo que carecía de legitimación para incoar la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual en el caso
concreto no queda alternativa distinta a la inhibición del estudio de
fondo.

Sobre el particular, la Sala recuerda que aunque la jurisprudencia
constitucional15 ha sostenido que las decisiones inhibitorias deben ser
la última opción de la autoridad judicial, resulta claro que, al
configurarse la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa le compete al juez contencioso administrativo, declarar su
acreditación y, por ende, inhibirse para fallar el fondo del asunto16.

Por lo anterior y si bien es cierto que el juez de instancia negó las
pretensiones de la demanda, también lo es que la Sala estima
necesario modificar la decisión en tanto que el a quo debió haberse
declarado inhibido para proferir decisión de fondo en el proceso de la
referencia, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
este proveído.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por la Sala de Decisión
Primera del Tribunal Administrativo de Bolívar de fecha 27 de junio de

14
Sentencia del 19 de noviembre de 2018. M.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. Rad.: 2006-00257-00.
Actor: Smithkline Beecham Plc.

15
Sentencias de la Corte Constitucional C-258 de 2008 y C- 666 de 1996.

16 CONSEJO DE ESTADO, SECCION PRIMERA, Consejero ponente: JUAN ALBERTO POLO

FIGUEROA, sentencia de 19 de agosto de 1999 / Sentencia de 4 de abril de 2002, Consejera
ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO,

Radicación número: 54001-23-31-000-2001-03298-01(7303)

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Actora: SOCIEDAD BRISAS DEL MAR LTDA

2013 y, en su lugar, INHIBIRSE de proferir decisión de fondo respecto
de la nulidad de las Resoluciones 000202 de noviembre 28 de 2008 y
000415 de 6 marzo de 2009, expedidas por la División de Gestión de
Fiscalización y la División de Gestión Jurídica Aduanera de la Dirección
Seccional de Aduanas de Cartagena respectivamente, por las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído […]”.

Como puede observarse, en el proceso que dio origen a la sentencia

transcrita, no se probó por parte de la allí demandante, PACÍFIC

LOGISTICS INC, la condición de armador de la nave que corresponde

al mismo objeto de este proceso, por lo que concluyó la falta de

legitimación en la causa por activa.

Ahora, si bien es cierto que en el caso bajo examen obra a folio 189 del

cuaderno de copias del expediente el Oficio núm. 15200000108 de 9 de

enero de 2009, suscrito por el Capitán de Puerto de Cartagena, que da

cuenta de que en ese despacho se encontró la patente de navegación

núm. MMSI 356243000 de 7 de julio de 2004, expedida por la República

de Panamá que registra a la Compañía South American Navegation

S.A., propietaria de la motonave megatón y que ante el desistimiento

de la agencia marítima Mundinaves Ltda. se designó como nuevo

agente a la agencia marítima Brisas del Mar, no lo es menos que no

obra dentro del plenario el contrato de agenciamiento marítimo suscrito

entre quién figura como dueño de la motonave, esto es, South

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Actora: SOCIEDAD BRISAS DEL MAR LTDA

American Navigation S.A. y la actora, amén de que como lo afirmó el a

quo, tampoco aparece la inscripción como agente marítimo ante la

autoridad marítima nacional.

Así pues, no existe legitimación en la causa por activa, razón por la cual

habrá de modificarse la sentencia apelada para disponer, en su lugar,

que la Sección se inhibe de hacer pronunciamiento de fondo.

Así lo dispuso esta Sala en la precitada sentencia de 1o. de agosto de

2019, la cual enfatizó en que la consecuencia de configurarse tal falta

de legitimación es la inhibición y no la denegatoria de las pretensiones

de la demanda, como también ocurrió en este caso.

Por último, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de

conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia con los

artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del

artículo 168 del CCA, y atendiendo la conducta asumida por las partes,

no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal, por lo

que se abstendrá de condenar en costas.

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Número único de radicación: 13001-23-31-000-2009-00522--01
Actora: SOCIEDAD BRISAS DEL MAR LTDA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 27 de febrero de 2014,

proferida por la Sala de Descongestión número Cuatro del Tribunal

Administrativo de Bolívar, que denegó las pretensiones de la demanda

y, en su lugar, INHIBIRSE de proferir decisión de fondo respecto de

los actos acusados, por las razones expuestas en la parte motiva de

esta providencia.

SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez

ejecutoriada ésta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de junio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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