Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2009-00522-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2009-00522-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 13001-23-31-000-2009-00522-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 13001-23-31-000-2009-00522-01
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: SOCIEDAD BRISAS DEL MAR LTDA.
TESIS: SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA, POR CUANTO LA FALTA
DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA CONDUCE A UN FALLO
INHIBITORIO Y NO DENEGATORIO DE LAS PRETENSIONES DE LA
DEMANDA. EN ESTE CASO NO SE PROBÓ LA LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR ACTIVA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el
apoderado de la sociedad BRISAS DEL MAR LTDA., contra la
sentencia de 27 de febrero de 2014, proferida por la Sala de
Descongestión núm. 4 del Tribunal Administrativo de Bolívar, por la cual
se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa y se denegaron las súplicas de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
I.1. La sociedad BRISAS DEL MAR LTDA., por medio de apoderado
judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, presentó demanda ante el
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Actora: SOCIEDAD BRISAS DEL MAR LTDA
Tribunal Administrativo de Bolívar, tendiente a obtener las siguientes
declaraciones y condenas:
“[…] PRIMERA: Se declare la nulidad de las resoluciones No. 000202 de
28 de noviembre de 2008 y la No. 000415 de 06 de marzo de 2009,
proferidas por la División de Gestión Jurídica Aduanera de la Dirección
Seccional de Aduanas de Cartagena, respectivamente, por cuanto se
profirieron violando normas legales, situación que implica que los actos
administrativos demandados sean ilegales y por tanto no tengan
validez.
SEGUNDA: Como consecuencia de las declaraciones anteriores se
restablezca en su derecho a la compañía SOUTH AMERICAN
NAVEGATION S.A., (sic) quien actúa a través de su representante
legal, sociedad BRISAS DEL MAR LTDA., y se ordene la entrega de la
motonave MEGATON, la cual fue decomisada por las resoluciones
recurridas.
TERCERA: Una vez sean declaradas nulas las resoluciones demandadas
se ordene la terminación y archivo del proceso administrativo de
decomiso expediente No.DM2008 2008 51105.
CUARTA: Solicito respetuosamente se condene en costas del proceso a
la Unidad Administrativa Especial U.A.E., Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales –DIAN […]”.
I.2. La actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los siguientes
hechos:
1º. Que en el año 1999 SOUTH AMERICAN NAVIGATION S.A., que
opera a través de la compañía PACIFIC LOGISTIC INC, en el Estado
de California, adquirió la motonave objeto de decomiso.
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2º. Posteriormente, PACIFIC LOGISTIC INC. a nombre de SOUTH
AMERICAN NAVIGATION S.A., celebró contrato de arrendamiento de
la motonave Megatón, con la compañía Guatemalteca MARES S.A.,
durante los meses de junio y julio de 2002, período durante el cual
comisionó a PACIFIC SALVAGE AND TOWING CORP, para contratar
el servicio de reparación y mantenimiento de la mencionada motonave,
con la sociedad COCTEMAR.
3º. Que la Agencia marítima MUNDINAVES LTDA., en calidad de
agente marítimo de la motonave en el territorio colombiano, dio aviso a
la Capitanía de Puerto de Cartagena, de que la misma llegaría en lastre,
es decir, sin carga al astillero COCTEMAR para efecto de realizar las
reparaciones. De este hecho se dejó constancia en el acta de visita de
26 de diciembre de 2002 (fecha en que atracó la motonave), expedida
por la Capitanía de Puerto de Cartagena.
4º. Agregó que a fin de continuar con las reparaciones la motonave fue
trasladada, posteriormente, a otro astillero, para lo cual se dio aviso de
llegada de la misma a las instalaciones de AREDA MARINE FUELL el
1o. de septiembre.
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5º. Que el 23 de agosto de 2008 se llevó a cabo una inspección por
parte de funcionarios de la Dirección de Fiscalización Aduanera, en las
instalaciones de AREDA MARINE FUELL; y que al verificarse el
incumplimiento de las obligaciones aduaneras se procedió a la
inmovilización de la motonave, como consta en el acta de inspección
núm. 3812.
6º. Indicó que con Acta FISCA núm. 0209 de 28 de agosto de 2008, se
procedió a la aprehensión de la motonave con fundamento en las
causales previstas en los numerales 1.1 y 1.6 del artículo 506 del
Decreto 2685 de 1999.
7º. Que mediante la Resolución núm. 000202 de 28 de noviembre de
2008 se ordenó el decomiso de la motonave, decisión contra la cual se
interpuso el recurso de reconsideración, el cual fue desatado,
desfavorablemente a través de la Resolución núm. 00415 de 6 de
marzo de 2009.
I.3. En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de los
artículos 1º, 13, 28, 83, de la Constitución Política; y 232, 232, numeral
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1, 502, numeral 1.1. y 1.6 del Decreto 2685 de 1999, por indebida
aplicación.
Como concepto de violación manifestó, lo siguiente:
Que en el caso sub lite, a su juicio, la demandada aplicó indebidamente
el régimen de importación de mercancías, toda vez que si bien una
motonave puede ser clasificada en el arancel de aduanas, transportada
y ser sujeta a un régimen aduanero, no puede pretenderse que a una
embarcación como la decomisada, que ingrese al país con el
cumplimiento de todos los requisitos y con el único propósito de ser
reparada, se le equipare a cualquier objeto mueble que pueda
ocultarse, ignorando el concepto de embarcaciones y el conjunto de
normas especiales que las regula.
Que, por tal razón, no es viable aplicar las causales de aprehensión de
mercancías y, en consecuencia, no puede exigírsele la presentación de
documentos de viaje y mucho menos la declaración de importación de
la motonave aprehendida.
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Reiteró que quedó demostrado a lo largo de la vía gubernativa, que la
motonave ingresó al territorio nacional con vocación transitoria; y que
una vez reparada su destino era inmediatamente salir del mismo,
ingreso transitorio autorizado por la autoridad marítima, que no ostenta
obligaciones aduaneras, pues no existe vocación de importación,
exportación, compra ni venta.
Adujo que con la expedición de los actos acusados se le violó el derecho
a la igualdad, pues son innumerables los ingresos de motonaves al
territorio aduanero nacional, con el cumplimiento de los mismos
procedimientos que realizó la motonave Megatón, y hasta la fecha son
muy pocos los casos en los que la DIAN ha adelantado procesos de
decomiso de motonaves que ingresaron en las mismas circunstancias
que la motonave en cuestión.
Agregó que la entidad demandada a través de los actos acusados
también le vulneró los principios de la buena fe y confianza legítima,
pues es evidente que se adelantaron todos los trámites que en el medio
marítimo realizan los buques que ingresan a Colombia a efectuar
mantenimiento y reparaciones, para lo cual contrataron a un agente
marítimo, esto es, MUNDINAVES LTDA., que dio aviso del arribo de la
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motonave a la Capitanía de Puerto y dejó constancia de ello ante esta
autoridad con el acta de visita de 26 de diciembre de 2002.
Indicó, además, que la Capitanía de Puerto hace parte de la Armada
Nacional y el astillero COCTEMAR tiene como uno de sus socios
oficiales a la Armada Nacional; por lo tanto, cómo podía esperar el
armador de la motonave Megatón que estas autoridades estatales
estuvieran patrocinando el delito de contrabando, además con la
aquiescencia del Director de la Dirección Seccional de Aduanas de
Cartagena que también es un capitán de fragata de la Armada Nacional,
y de la DIAN, que siempre estuvo informada de la legal introducción de
la motonave al territorio nacional.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-,
mediante apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda y
propuso las excepciones de “Falta de Agotamiento de la vía
gubernativa” y de “Falta de legitimación en la causa por activa”.
Para oponerse a las pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:
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Que es errada la interpretación que hace la actora de los artículos 1º,
232, 231, numeral 1, 502, numerales 1.1. y 1.6 del Decreto 2685 de
1999, los cuales considera violados, por indebida aplicación, por lo
siguiente:
Que la Motonave Megatón sí puede considerarse como una mercancía,
por cuanto como tal se entiende todo bien clasificable en el arancel de
aduanas, susceptible de ser transportado y, por ende, sujeto a régimen
aduanero.
Que, conforme al artículo 92 del Decreto 2685 de 1999, el medio de
transporte con matrícula extranjera que arribe a territorio aduanero
nacional con el cumplimiento de los requisitos, así como el material
propio para el cargue, descargue, manipulación y protección de las
mercancías que se transportan en el mismo, se entenderá importado
temporalmente por el tiempo de transporte sin la exigencia de garantía
o documentación alguna, pero con la obligación de reexportación.
Informó que cuando la aeronave introducida al territorio aduanero
nacional no trae la calidad de medio de transporte, por encuadrarse
dentro de alguno de los supuestos fácticos que la sitúan dentro de la
definición de mercancía, se debe dar aplicación a la normativa
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aduanera establecida para la importación de mercancías al territorio
aduanero nacional, de acuerdo con la modalidad que le sea aplicable.
Agregó que, conforme se explica en los Conceptos 037 de 10 de julio
de 2006 y 0126 de 2007, cuando un medio de transporte llega al país
bajo las circunstancias del inciso 1º del artículo 92 del Decreto 2685 de
1999, se entenderán importados temporalmente por el término normal
de las operaciones de cargue, descargue o mantenimiento, y no
requerirán de ningún trámite adicional. De igual forma, si el medio de
transporte llega para cualquiera otra circunstancia diferente a la
anterior, debe aplicarse la modalidad de importación que corresponde.
Que, en este orden de ideas, en modo alguno la DIAN pretende que
respecto de la motonave en cuestión “deba probar la intención de ser
comercializada, nacionalizada, o para ser dejada en el país”, pues esta
no es la exigencia de la norma aduanera.
Anotó que se encuentra demostrado en el caso bajo examen, que la
motonave decomisada estaba siendo sometida a reparaciones que
implicaban una importación temporal para el perfeccionamiento activo,
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por lo que era obligación de quien hizo el ingreso a territorio aduanero
realizar la labor de importación temporal requerida.
Sostuvo que no se presenta la violación del derecho a la igualdad
alegada por la actora, dado que, por una parte, toda mercancía que
ingrese al territorio aduanero debe estar amparada por una declaración
de régimen aduanero de tránsito aduanero, para los cuales la ley ha
establecido las correspondientes declaraciones de importación y de
tránsito aduanero, cuyo incumplimiento es causal inmediata de
aprehensión y posterior decomiso; y, por la otra, la DIAN ha aplicado
la normatividad aduanera, sin tener en cuenta la calidad ni las
condiciones de las personas sobre las que recae la obligación aduanera,
pues, su actuación fue dirigida contra la mercancía que fue encontrada
en situación de ilegalidad en el país.
Por último, en relación con la vulneración de los principios de buena fe
y confianza legítima alegada por la demandante, estimó que en ningún
momento la DIAN ha creado situaciones que impliquen tolerancia ante
actuaciones como la del caso sub examine, ni ha efectuado cambios
sorpresivos en el modus operandi del ingreso de motonaves al
territorio nacional; y que si bien el control es aleatorio y periódico,
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debido a los muchos frentes que el organismo tiene que fiscalizar para
efectos de combatir el contrabando, ello no constituye una
permisividad reiterada que haga presumir que la conducta de ingresar
ilegalmente mercancía al país, es una práctica consentida en nuestro
territorio.
Propuso las excepciones que denominó: (i) “Falta de Agotamiento de la
Vía Gubernativa” y (ii) “Falta de Legitimación por Activa”. La primera de
ellas la hizo consistir en el hecho de que la demandante incumplió lo
dispuesto en el artículo 135 del CCA., que tiene por objeto que en el
procedimiento administrativo la administración pueda revisar el acto
administrativo que haya expedido y lo confronte con el ordenamiento
jurídico y, de ser pertinente, proceda a corregirlo, modificarlo o revocarlo;
y (ii) “Falta de Legitimación por Activa”, toda vez que no se encuentra
probada dentro del proceso la legitimación de la Agencia Marítima
BRISAS DEL MAR para actuar en representación del propietario de la
motonave en cuestión.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 27 de febrero de 2014, la Sala de Descongestión
núm. 4 del Tribunal Administrativo de Bolívar, declaró probada la
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excepción de falta de legitimación en la causa por activa propuesta por la
demandada y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
Respecto de la excepción de falta de legitimación en la causa por activa,
consideró que la jurisprudencia del máximo órgano de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, ha establecido una clara diferencia entre la
“Legitimación de hecho en la causa” y “Legitimación material en la
causa”, siendo la primera aquella relación o nexo existente entre las
partes procesales originada en la presentación de la demanda y la
notificación del auto admisorio de la misma al accionado. Mientras que la
segunda, se refiere a la participación real y efectiva de los sujetos
procesales en los hechos que dieron origen a la controversia.
Que así lo consideró la Sección Primera del Consejo de Estado, en
sentencia de 12 de noviembre de 2009 (Expediente núm. 1997-13681-
01), la cual, además, coligió que teniendo en cuenta que la legitimación
en la causa, activa y pasiva es una condición anterior y necesaria, entre
otras, para dictar sentencia, no es una excepción de fondo en los
procesos ordinarios.
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Sostuvo que, en aplicación de lo anterior, resulta procedente analizar el
material probatorio en el caso de autos, a fin de determinar si la actora
reúne los requisitos necesarios para que se predique de ella la
legitimación en la causa material por activa.
Agregó que de los documentos que reposan en el expediente se pudo
verificar que la demanda fue presentada por la Agencia Marítima BRISAS
DEL MAR LTDA., en representación de la Compañía SOUTH AMERIAN
NAVIGATION S.A., que, según la demandante, es la propietaria de la
Motonave Megatón, objeto de decomiso por parte de la DIAN a través de
los actos administrativos acusados.
Que la propiedad se predica de quien ostenta el derecho real de dominio
sobre el mueble objeto de registro, como es el caso de las
embarcaciones. Dicha propiedad se prueba, en Colombia, con la
respectiva matrícula, según lo dispuesto en el artículo 1347 del C. de Co.;
y en tratándose de la propiedad de embarcaciones extranjeras, a voces
del artículo 1442 ibidem, la misma debe probarse por los medios que
establezca la legislación del correspondiente país y los documentos serán
autenticados conforme a la Ley colombiana.
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Resaltó que, en ese orden de ideas, revisadas las pruebas obrantes en el
expediente sobre la propiedad de la nave, obra la certificación de la
Capitanía de Puerto de Cartagena que refrenda que de acuerdo con la
patente de navegación temporal expedida en Panamá, SOUTH
AMERICAN NAVIGATION funge como propietaria de la misma.
Asimismo, se encuentra la factura comercial suscrita por estos últimos en
las que adquieren la propiedad de la motonave, sin que medien pruebas
adicionales que puedan dar fe sobre si existe una matrícula de la nave y
quién figura como propietario de esta.
Adujo que, como según los hechos de la demanda, la sociedad BRISAS
DEL MAR LTDA. se presenta como el agente marítimo del propietario
antes mencionado, es necesario acudir a lo dispuesto en los artículos
1489 y 1491 del C. de Co. los cuales, respectivamente, definen al agente
marítimo como la persona que representa en tierra al armador para todos
los efectos relacionados con la nave y se relacionan los documentos que
este necesita para registrarse ante la autoridad marítima nacional, para
determinar si existe o no una relación contractual entre aquellos que
satisfaga lo dispuesto para ello en dicho código.
Concluyó que revisado el caudal probatorio que obra en el expediente, se
estableció que no fue allegado contrato alguno suscrito entre la
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demandante BRISAS DEL MAR LTDA. y SOUTH AMERICAN
NAVIGATION que corrobore la existencia del agenciamiento marítimo
que aduce la demandante y que confirme lo dicho por la Capitanía del
Puerto. Tampoco se encuentra la inscripción de BRISAS DEL MAR ante
la autoridad marítima nacional, existiendo solo el registro de existencia
y representación legal de dicha sociedad.
Que en ese orden de ideas y comoquiera que ni el que funge como
propietario ni el que aduce ser su agente marítimo demostraron tal
calidad, se deduce que no están legitimados en la causa por activa para
reclamar la nulidad de los actos administrativos acusados, por lo que
resultaba imperioso denegar las pretensiones de la demanda.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La demandante manifestó no compartir la sentencia recurrida, en
síntesis, por lo siguiente:
Que el a quo en el fallo recurrido solo hace alusión a una de las dos
excepciones previas planteadas por la demandada, esto es, la
“legitimación en la causa por activa”, que fue la base para el fallo
impugnado, sin tener en cuenta aspectos de fondo que fueron
discutidos en el transcurso del proceso.
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Indicó que la mencionada excepción debió someterse a debate y
decidirse mediante auto, mas no en la sentencia como erróneamente lo
hizo el Tribunal de instancia, dejando sin aplicación las normas
procesales que son de carácter público y de obligatorio cumplimiento.
Que, a su juicio, la sentencia recurrida debe ser considerada como una
decisión inhibitoria la cual no es aceptada dentro del esquema de
administración de justicia en nuestro ordenamiento jurídico. Que, en
efecto, la Corte Constitucional en sentencia C.666 de 1996 consideró
que aunque la inhibición es posible en casos extremos, en los cuales se
establezca con seguridad que el juez no tiene otra alternativa, no debe
ser la forma corriente de culminar los procesos judiciales, pues la
misma ha de corresponder a una excepción fundada en motivos ciertos
que puedan ser corroborados en los que se funde objetiva y plenamente
la negativa de la resolución sustancial, pues de lo contrario constituye
una forma de obstruir, por voluntad del administrador de justicia, el
acceso de las personas a ella.
Estimó que debe revocarse el fallo objeto de apelación, por no existir la
decisión instaurada desde que se fijó el presente litigio, amén de que se
incurrió por parte del Tribunal en un error al no otorgar el valor
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probatorio a la certificación emanada de la máxima autoridad marítima
nacional, la cual da fe de la existencia del armador y agente marítimo
del barco objeto del presente proceso.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación y enfatizó en que la excepción de falta de legitimación en la
causa debió debatirse y resolverse mediante auto, lo que habría
permitido agotar los medios de impugnación correspondientes, mas no
a través de la sentencia en la cual no se estudiaron los fundamentos
jurídicos de fondo y se desconocieran las normas procesales que así lo
ordenan.
Por ello, solicitó revocar la providencia de 27 de febrero de 2014, por
haber sido proferida en contravía del ordenamiento jurídico.
IV.2. La DIAN argumentó que el juez no incurrió en errores ni vicios de
procedimiento al proferir la providencia cuestionada. Al respecto,
resaltó que el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo
faculta a la autoridad judicial para resolver, en la sentencia, las
excepciones propuestas en la contestación de la demanda.
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En consecuencia, solicitó confirmar el fallo impugnado y,
subsidiariamente, ratificar la legalidad de la actuación administrativa.
IV.3. El agente del Ministerio Público, en la oportunidad procesal
pertinente, guardó silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las
resoluciones núms. 000202 de 28 de noviembre de 2008 y
000415 de 6 de marzo de 2009, expedidas por el jefe de la División de
Fiscalización Aduanera y por el jefe de la División de Gestión Jurídica de la
Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena.
En la primera, se ordenó el decomiso, a favor de la Nación, de la
mercancía Motonave Megatón; y en la segunda, se resolvió el recurso de
reconsideración interpuesto contra la primera resolución citada, en el
sentido de confirmarla en todas sus partes.
Los mencionados actos, son del siguiente tenor:
“[…]RESOLUCIÓN NUMERO (000202) 28 nov 2008
POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINE LA SITUACION
JURÍDICA DE UNA MERCANCIA APREHENDIDA.
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“[…]” EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN
ADUANERA.
En uso de las facultades legales y en especial las conferidas por el
Decreto 2685/99, Resolución 4240 de 2000, en el numeral 4 del
artículo 6º de la Resolución 08046 del 21 de Julio de 2006, literal
b del artículo 7º de la Resolución ídem, y el numeral 9º del
Artículo 55 de la Resolución 01618 de 22 de febrero de 2006, y
demás normas concordantes complementarias y el Artículo 12 de
la Resolución 007 del 04 de noviembre de 2008 (…)
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
(…)
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Decomisar a favor de la Nación la
mercancía a nombre de la empresa PACIFIC SALVAGE &
TOWING CORPO. En calidad de PROPIETARIO, al señor JEWAN
SINGH identificado con pasaporte No. 112180005, en calidad
de PROPIETARIO, a MUNDINAVES LTDA, identificado con Nit
800.087.189-9, en calidad de interesado, a COCTEMAR,
identificado con Nit 806.008.873-3, en calidad de interesado, a
AREDA MARINE FUEL C.I.S.A., identificado con Nit.
802.002.165-1, en calidad de tenedor de la mercancía, bajo el
cargo de mercancía NO PRESENTADA Y NO DECLRADA de que
trata el artículo 232 del Decreto 2685 de 1999 literal “b)
Carezca de documento físico de transporte”; y la estipulada en
el artículo 232-1 literal “a) Cuando no se encuentre amparada
por una declaración de importación”, del mismo Decreto 2685
de 1999; en concordancia con las causales de aprehensión y
decomiso del artículo 502 del mismo Decreto, numerales “1.1.
Cuando se oculte o no se presente a la autoridad aduanera
mercancías que han arribado al territorio nacional” y”1.6.
Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una
Planilla de Envío, Factura de nacionalización o Declaración de
Importación, o no corresponda con la descripción declarada…”.
La mercancía según DIIAM No. 72481100000 con fecha de
ingreso a depósito 01 de septiembre de 2008, actuando como
depósito AREDA MARINE FUELL C.I.S.A y corresponde a:
DESCRIPCION ESTADO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD DE MEDIA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MERCANCIA
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R UND 1 1.705.797.900 1.705.797.900
MOTONAVE TIPO REMOLCADOR
DE ALTURA, NOMBRE VICKING,
CASCO DE ACERO NAVAL.
MODELO 1976, MANGA
12.19 MTS, ESLORA 55.72
MTS, MATRICULA 324-19PEDT
-4 CONSTRUIDO POR BURTOS
SHIP
YARD. 2 CUBIERTAS, 1 MASTÍL 2
CHIMENEAS, 2 PROPULSORAS
(MÁQUINAS DE 18 CILINDROS
C/U), PESO BRUTO 891 TON,
PESO NETO 267 TON
VALOR TOTAL 1.705.797.900
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el presente acto al señor
JEWAN SINGH identificado con pasaporte No. 112180005, en
calidad de PROPIETARIO a través de su apoderado abogado
LEONARDO BERRIO CHAMORRO, a la siguiente dirección (…)
en la ciudad de Cartagena/Bolívar, a MUNDINAVES LTDA,
identificado con Nit. 806008.189-9 en calidad de Agente
marítimo, a la siguiente dirección (..), a COCTEMAR,
identificado con Nit. 806.008.873-3, en calidad de interesado,
a la siguiente dirección (…), a AREDA MARINE FUEL CI.SA.,
identificado con Nit. 806.002.165-1, en calidad de tenedor de
la mercancía, a la siguiente dirección (…).
ARTICULO TERCERO: Notificar el presente acto a la empresa
PACIFIC SALVAGE & TOWING CORP., en calidad de
PROPIETARIO, con dirección indeterminada, a ROMAN
ROBAYNA PERDOMO, en calidad de interesado, con dirección
indeterminada, A PACIFIC LOGISTICS INC, en calidad de
interesado, con dirección indeterminada, de conformidad con
el último inciso del artículo 562 del Decreto 2685 de 1999.
ARTICULO CUARTO: Ordenar al Grupo Interno de Trabajo de
Secretaría de esta División, abrir investigación en el Régimen
sancionatorio, contra Mundinaves Ltda identificado con Nit.
800.087.189-9, en calidad de Agente Marítimo o
transportador, por la presunta comisión de la Infracción
Aduanera tipificada en el numeral 1.1.2., Artículo 497 del
Decreto 2685 de 1999, que señala: “Ocultar o sustraer del
control de la autoridad aduanera las mercancías objeto
de introducción al territorio aduanero nacional y las
demás que se encuentren a bordo del medio de
transporte”.
“[…]”
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“[…]RESOLUCIÓN No. 000415 del 06 MAR 2009.
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el
Decreto 4048 de 22 de octubre de 2008, artículo 40, numerales 2
y 2.5 y 46, numeral 3 de la resolución 9 del 4 de noviembre de
2008, artículo 2, numeral 4, los artículos 515 a 518 del Decreto
2856 de 1999 y demás normas concordantes y/o complementarias
CONSIDERANDO:
(…)
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución 000202 de
fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil ocho (2008),
por medio de la cual se decomisa a favor de la nación la
mercancía aprehendida mediante Acta No.0209Fisca de
veintiocho (28) de agosto de dos mil ocho (2008).
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente providencia a
los doctores DORIA RUT BEJARANO PARDO, identificada con
cédula de ciudadanía No. 51.561.138 y T.P. 88.589 del
Consejo Superior de la Judicatura, en su condición de
apoderada especial de MUNDINAVES Ltda., con
Nit.800.087.189-9, en la siguiente dirección: (…); LEONARDO
BERRIO CHAMORRO, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 73.009.694 y T.P. 159.341 del C.S. de la J. en su
condición de apoderado especial de JEWAN SINGH, con
Pasaporte No. 112180005, en la siguiente dirección: (…);
BELKYS MARTÍNEZ PACHECHO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 45.694.493 y T.P. 136.294 del C.S. de la J. en
su condición de apoderada especial de COCTEMAR con Nit.
806008873 en la siguiente dirección: (…), RICARDO
CASTELLAR NAJERA, identificado con cédula de ciudadanía No.
73.125.891 y TP.70.029 del C.S. de la J, apoderado especial
de PACIFIC LOGISTIC INC en la siguiente dirección: (…)
quedando agotada la vía gubernativa. […]”.
Cuestión previa
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Sea lo primero reiterar que, según lo establecido en el artículo 357 del
Código de Procedimiento Civil, aplicable por virtud de lo dispuesto en el
artículo 267 del CCA, el recurso de apelación se entiende interpuesto
en lo desfavorable a la apelante, por lo cual el superior, en principio, no
puede pronunciarse sobre aspectos que no fueron objeto de este.
Como ya se precisó, en la demanda la parte actora solicitó la nulidad de
los actos acusados con fundamento en: (i) la violación de los artículos
1°,232 ,232, numeral 1, y 502 numerales 1.1. y 1.6 del Decreto 2685
de 1999, por indebida aplicación, ya que no podía la DIAN darle el
tratamiento de mercancía a la motonave decomisada, puesto que la
misma ingresó al territorio nacional, con vocación transitoria y con el
único objetivo de ser reparada, por lo que no ostenta obligaciones
aduaneras; (ii) violación del principio a la igualdad, teniendo en cuenta
que muchas motonaves han ingresado al territorio aduanero nacional
en las mismas circunstancias de la decomisada y son muy pocos los
casos en los que la DIAN ha adelantado procesos de decomiso; y (iii)
violación a los principios de la buena fe y confianza legítima, pues se
realizaron todos los trámites que se exigen en Colombia para efectuar
mantenimiento y reparación de embarcaciones, además de que se
mantuvo informada a la DIAN de la introducción de la motonave a
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través de la Capitanía de Puerto que hace parte de la Armada Nacional
y el astillero COCTEMAR, que tiene como uno de sus socios oficiales a
la Armada Nacional.
Por su parte, la Sala de Descongestión núm. 4 del Tribunal Administrativo
de Bolívar, en la sentencia que es objeto del recurso de apelación,
consideró que revisado el acervo probatorio, se estableció que no fue
allegado contrato alguno suscrito entre la demandante BRISAS DEL
MAR LTDA. y SOUTH AMERICAN NAVIGATION (que dice ser la
propietaria de la motonave decomisada), que corrobore la existencia del
agenciamiento marítimo que aduce la actora y que confirme lo dicho por
la Capitanía de Puerto; y que tampoco se encontró la inscripción de
BRISAS DEL MAR ante la autoridad marítima nacional, existiendo solo el
registro de existencia y representación legal de dicha sociedad.
Adujo que como el que funge como propietario ni el que alega ser su
agente marítimo demostraron tal calidad, se deduce que los mismos no
están legitimados en la causa por activa para reclamar la nulidad de los
actos administrativos acusados, resultando imperioso denegar las
pretensiones de la demanda.
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Inconforme con dicha decisión, la actora interpuso recurso de apelación
reiterando los cargos de violación expuestos en la demanda y
argumentando, en síntesis, que: (i) la decisión del a quo de declarar
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa,
debió haberse adoptado a través de auto y no de sentencia; (ii) tal
decisión constituye un fallo inhibitorio que no es la forma corriente de
culminar los procesos judiciales, pues la misma ha de corresponder a
una excepción fundada en motivos ciertos que puedan ser corroborados
en los que se funde objetiva y plenamente la negativa de la resolución
sustancial; y (iii) el Tribunal incurrió en un error al no otorgar el valor
probatorio a la certificación emanada de la máxima autoridad marítima
nacional, la cual da fe de la existencia del armador y agente marítimo
del barco objeto del presente proceso.
Sobre el particular, la Sala advierte lo siguiente:
No le asiste razón a la recurrente en cuanto estima que la controversia
que aquí se plantea debió ser decidida mediante auto y no por
sentencia, ya que el proceso no se encuentra en la etapa inicial en la
cual el juzgador habría podido acudir al rechazo de la demanda.
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Precisamente, como en este caso no se advirtió por el a quo la falta de
legitimación en la causa por activa, al inicio del proceso, sino en la
etapa de dictar sentencia, tal excepción debía resolverse en la
sentencia.
Por lo demás, a pesar de que el Tribunal denegó las pretensiones de la
demanda, lo que en realidad se presenta es un pronunciamiento
inhibitorio pues no resolvió el fondo del asunto.
Ahora, en lo que respecta al argumento relativo a no otorgar valor
probatorio a la certificación emanada de la Capitanía de Puerto, que da
fe de la existencia del armador y agente marítimo del barco objeto del
presente proceso, la Sala procederá a revisar el acervo probatorio que
obra en el expediente, a fin de establecer si la decisión objeto del
recurso de alzada, se encuentra ajustada o no a derecho.
Obra en el expediente:
1. Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad
BRISAS DEL MAR LTDA., cuyo objeto social es agenciar
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embarcaciones de cabotaje menor y mayor de 200 ton. (folios 50 y 51
del cuaderno de copias).
2. Acta de Visita efectuada por la Dirección General Marítima el 24 de
diciembre de 2002 al Buque Gladiador, Bandera Panamá, matrícula
1527, en la cual figura como armador CROSS CARIBBEAN SERVI,
como propietario PACIFIC SALVAGE y como Agente Marítimo,
MUNDINAVES (folio 12 vuelto ibidem).
3. Certificación CP5-AGEMN, de 2 de agosto de 2007, expedida por el
Capitán de Puerto de Cartagena, de la Dirección General Marítima,
según la cual en la base de datos de esa dependencia figura que la
Motonave Megatón (Ex Gladiador), de bandera panameña, arribó al
Puerto de Cartagena el 26 de diciembre del año 2002, al Astillero
COCTEMAR, como consta en el Acta de Visita núm. CP05-2931-1, con
el fin de realizar reparaciones mayores; y que su agencia marítima es
MUNDINAVES LTDA. (folio 91 ibidem).
4. Licencia provisional de Estación de Radio CGPB001/08, de fecha 14
de abril de 2008, expedida por la Autoridad Marítima de la República de
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Panamá, a favor de la Motonave VIKING cuyo propietario es el señor
JEWAN SINGH (folio 13 ibidem).
5. Patente Provisional de Navegación HO-3646 -32419-PEXT-4, de 14
de abril de 2008, otorgada por la Marina Mercante Nacional de la
República de Panamá, a favor de la motonave Viking, cuyo propietario
es el señor JEWAN SINGH (folio 99 ibidem).
6. Recibo de impuestos y tasas anuales 19452, de 14 de abril de 2008,
de la Dirección General de Marina Mercante de Panamá a nombre de la
Motonave Viking, en la que figura como propietario el señor JEWAN
SINGH (folio 115 ibidem).
7. Acta de Aprehensión 2009 FISCA de 28 de agosto de 2008, por la
cual la DIAN ordena el decomiso de la embarcación Motonave Viking,
en la que figura como propietario el señor JEWAN SINGH y como
agente marítimo la sociedad MUNDINAVES LTDA. (folio 29 vuelto
ibidem).
8. Acta de Cumplimiento Acuerdo de Pago de 13 de enero de 2006,
suscrita entre COCTEMAR y el señor Jewan Singh, en representación
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de la Compañía SOUTH AMERICAN NAVIGATION S.A. (folio 174
ibidem).
9. Contrato núm. 65/02 de 24 de diciembre de 2002, para la reparación
de la motonave Gladiador, de propiedad de PACÍFIC SALVAGE &
TOWING CORP. celebrado entre COCTEMAR y MINDINAVES LTDA.
(folio 82 ibidem).
10. Acta de Visita efectuada por la Capitanía de Puerto de Cartagena, el
26 de diciembre de 2002, al Buque Gladiador, el cual registra como
armador a la compañía PACIFIC SALVAGE & TOWING CORP., como
propietario la sociedad CROSS CARIBBEAN, y como Agente Marítimo,
MUNDINAVES LTDA. (folio 83 ibidem).
11. Factura de venta ZFMM- 0453 de diciembre 30 de 2003, expedida
por COCTEMAR a la compañía PACIFIC SALVAGE & TOWING CORP.
por el proyecto a realizar en la Motonave Gladiador de su propiedad
(folio 181 ibidem).
12. Oficio núm. 15200000108 MD-DIMAR-CP05-Naves 810, de 9 de
enero de 2009, suscrito por el Capitán de Puerto de Cartagena, en el
cual manifiesta que “este despacho se permite informar que verificada
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Actora: SOCIEDAD BRISAS DEL MAR LTDA
la documentación que reposa en este despacho se encuentra la patente
de navegación No. MMSI 356 243 000 del 07 de julio de 2004 expedida
por la República de Panamá donde se pudo constatar que la motonave
se denomina MEGATÓN bandera de Panamá, registra como propietario
South American Navegation S.A., y acuerdo documento de fecha 06 de
enero de 2009 (sic) firmado por el señor ROBERT E WHIPLE
representante de South American Navegation S.A., en donde manifiesta
el desistimiento del agenciamiento de la agencia marítima mundinaves,
designando como nuevos agentes de la nave a la agencia Marítima
BRISAS DEL MAR.” (folio 189 ibidem).
Resalta la Sala que los actos administrativos que aquí se demandan,
fueron objeto de enjuiciamiento dentro del expediente núm.13001-23-
31-000-2009-00526-01, cuya sentencia de primera instancia fue
emanada del Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró la falta de
legitimación en la causa por activa y denegó las pretensiones de la
demanda.
Dicha sentencia fue objeto del recurso de apelación, resuelto por esta
Sección en sentencia de 1o. de agosto de 2019 (siendo ponente el
doctor Roberto Augusto Serrato Valdés), en la cual se dijo:
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“[…] de la revisión del plenario, la Sala encuentra los siguientes
medios probatorios:
• Oficio 15200900108 MD-DIMAR-CP05-Naves-810 de 09 de enero de
2009, por medio del cual, la Capitanía de Puerto de Cartagena de
Indias informa que la Motonave Megaton registra como propietario
a la Compañía South American Navigation S.A. y como agente
marítimo a la Empresa Brisas del Mar1.
• Acta de visita adelantada por la Capitanía de Puerto de Cartagena de
Indias el día 24 de diciembre de 2002 al Buque Gladiador, el cual,
registra como armador a la Compañía Cross Caribbean Service,
como propietario a la Sociedad Pacific Salvage y como agente
marítimo a la Empresa Mundinaves Ltda2.
• Licencia Provisional de Estación de Radio CGPB001/08 de 14 de abril de
2008, expedida por la Autoridad Marítima de la República de Panamá a
favor de la Motonave Viking, en la que figura como propietario de la
embarcación el señor Jewan Singh3.
• Patente Provisional de Navegación HO-3646 – 32419- PEXT-4 de 14 de
abril de 2008, expedida por la Marina Mercante Nacional de la
República de Panamá, a favor de la Motonave Viking, en la que figura
como propietario de la embarcación el señor Jewan Singh4.
• Recibo de Impuestos y Tasas Anuales 19452 de 14 de abril de 2008,
emanado de la Dirección General de Marina Mercante de Panamá a
nombre de la Motonave Viking, en la que se señala como propietario
de ésta al señor Jewan Singh5.
• Acta de Aprehensión 0209 FISCA de 28 de agosto de 2008, levantada
por la DIAN, mediante la cual, se ordena el decomiso de la Motonave
Viking, en la que se establece como propietario al señor Jewan
Singh y como agente marítimo a la Sociedad Mundinaves Ltda.6
11
Folio 47 del cuaderno Nº 1 del expediente.
2
Folio 12 del cuaderno de pruebas.
3
Folio 13 del cuaderno de pruebas.
4
Folio 14 del cuaderno de pruebas.
5
Folio 15 del cuaderno de pruebas.
6
Folio 29 del cuaderno de pruebas.
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• Acta de Cumplimiento Acuerdo de Pago de 13 de enero de 2006,
suscrita entre Cotecmar y el señor Jewan Singh, quien obra en
representación de la Compañía South American Navigation S.A.
7
• Patente Provisional de Navegación HO-3014 - D1527-1789-PEXT de 6
de diciembre de 2002, expedida por Dirección General de Marina
Mercante de la República de Panamá, a favor de la Motonave
Gladiador, cuyo nombre anterior era Megaton, ostentando la calidad de
propietario la sociedad Pacific Salvage & Towing Corp.8
• Contrato 65/02 de 24 de diciembre de 2002, suscrito entre Cotecmar y
Mundinaves Ltda., para el mantenimiento de la Motonave Gladiador
de propiedad de la empresa Pacific Salvage & Towing Corp.9
• Acta de visita adelantada por la Capitanía de Puerto de Cartagena de
Indias el día 26 de diciembre de 2002 al Buque Gladiador, el cual,
registra como armador a la compañía Pacific Salvage & Towing
Corp., como propietario a la sociedad Cross Caribbean y como
agente marítimo a la Empresa Mundinaves Ltda.10
• Factura de Venta ZFMM-0453 de 30 de diciembre de 2003, expedida por
Cotecmar a la Compañía Pacific Salvage & Towing Corp., por el
proyecto a realizar en la Motonave Gladiador de su propiedad11.
De lo anterior se tiene que la parte actora no logró acreditar lo
afirmado con el recurso de alzada, esto es, su calidad de armador de la
motonave decomisada, de allí que sea válido afirmar que incumplió
con su carga probatoria, por lo menos en lo que respecta a la relación
sustancial que hace procedente su reclamación y que, en ultimas,
tendría la virtualidad de permitirle alzarse con las pretensiones de la
demanda.
Cabe resaltar que el artículo 1473 del Código de Comercio define el
armador como la “persona natural o jurídica que, sea o no propietaria
de la nave, la apareja, pertrecha y expide a su propio nombre y por su
cuenta y riesgo, percibe las utilidades que produce y soporta todas las
responsabilidades que la afectan”.
7
Folio 74 del cuaderno de pruebas.
8
Folio 78 del cuaderno de pruebas.
9
Folio 82 del cuaderno de pruebas.
10
Folio 83 del cuaderno de pruebas.
11
Folios 181 a 184 del cuaderno de pruebas.
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Por su parte, el artículo 1474 ibídem dispone la obligación de informar
la calidad de armador cuando asuma la explotación de la nave, en el
sentido de que “quien asuma la explotación de una nave debe hacer
declaración de armador en la capitanía del puerto de matrícula de la
misma. Esta declaración puede hacerse por el propietario de la nave, si
el armador no la hiciere”.
Como se observa, el armador es el propietario de la nave o la persona
natural o jurídica que asume esa posición, situación que debe
declararse ante la autoridad marítima correspondiente, circunstancias
que no se acreditaron en el sub lite y que permiten concluir la falta de
legitimación en la causa por activa.
La Sala recuerda que la exigencia de la legitimación en la causa alude
a la aptitud que debe reunir la persona – natural o jurídica – para
acudir al proceso con el fin de demandar un acto o en contra de quien
se dirige la demanda para oponerse jurídicamente a las pretensiones
que el actor esgrime.
No basta con acudir al proceso como actor o ser sujeto pasivo de
demanda para concurrir legítimamente a un juicio, dado que es
imperioso estar debidamente legitimado para ello, situación que no se
presenta en el caso de autos.
Ahora bien y por otra parte, la Sala encuentra que la sociedad actora
señaló que la propietaria de la motonave decomisada es la sociedad
Sotuh American Navigation S.A., quien le encargó adelantar las
gestiones para recuperarla12; sin embargo, en el plenario tampoco se
pudo constatar dicha afirmación.
Al respecto, ésta Sala en reciente jurisprudencia señaló “que el
principio “onus probandi”13 persigue que las partes asuman en el
proceso un rol activo, es decir, sin limitarse a la diligencia del juez
como conductor del proceso o a las deficiencias probatorias de la
contraparte. No obstante, si bien la carga procesal exige una conducta
de la parte involucrada, ésta conserva, en todo caso, la facultad de
12
Sobre el particular, la Sala no entiende como la parte actora señala de una parte que es el armador de la
nave y, por otra, que fue la sociedad Sotuh American Navigation S.A. quien le encargó adelantar las
gestiones para recuperarla, argumentos que resultan contradictorios.
13
Con esta expresión se quiere indicar la actividad correspondiente a cada una de las partes en la tarea de
hacer conocidos del juez los hechos en que se basan sus afirmaciones de la demanda o de la defensa.
Señalando que son tres las reglas que informan la carga de la prueba, a que no escapa ninguna legislación
antigua ni moderna, a saber: “[…] a) Onus probandi incumbit actori, o sea que al demandante le incumbe el
deber de probar los hechos en que funda su acción. Reux, in excipiendo, fit actor, o sea que el demandado, cuando
excepciona o se defiende, se convierte en demandante para el efecto de tener que probar a su turno los hechos en que
funda su defensa; y b) Actore non probante, reus absolvitur, es decir, que el demandado ha de ser absuelto de los cargos
o acción del demandante, si éste no logró en el proceso probar los hechos constitutivos de su demanda […]”.
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ejercerla o no, sin que pueda el Juez u otra persona coaccionar su
ejercicio. Lo anterior, por cuanto, la omisión en el cumplimiento
de la carga procesal que le corresponde a la parte actora trae
consigo eventuales consecuencias desfavorables, como lo es, el
no acreditar los hechos en que sustenta su demanda y, en
virtud de ello, obtener un fallo desfavorable”14.
Así las cosas, de la lectura del material probatorio se tiene que la parte
actora no acreditó su condición de armador de la motonave
decomisada, por lo que carecía de legitimación para incoar la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual en el caso
concreto no queda alternativa distinta a la inhibición del estudio de
fondo.
Sobre el particular, la Sala recuerda que aunque la jurisprudencia
constitucional15 ha sostenido que las decisiones inhibitorias deben ser
la última opción de la autoridad judicial, resulta claro que, al
configurarse la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa le compete al juez contencioso administrativo, declarar su
acreditación y, por ende, inhibirse para fallar el fondo del asunto16.
Por lo anterior y si bien es cierto que el juez de instancia negó las
pretensiones de la demanda, también lo es que la Sala estima
necesario modificar la decisión en tanto que el a quo debió haberse
declarado inhibido para proferir decisión de fondo en el proceso de la
referencia, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
este proveído.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por la Sala de Decisión
Primera del Tribunal Administrativo de Bolívar de fecha 27 de junio de
14
Sentencia del 19 de noviembre de 2018. M.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. Rad.: 2006-00257-00.
Actor: Smithkline Beecham Plc.
15
Sentencias de la Corte Constitucional C-258 de 2008 y C- 666 de 1996.
16 CONSEJO DE ESTADO, SECCION PRIMERA, Consejero ponente: JUAN ALBERTO POLO
FIGUEROA, sentencia de 19 de agosto de 1999 / Sentencia de 4 de abril de 2002, Consejera
ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO,
Radicación número: 54001-23-31-000-2001-03298-01(7303)
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Actora: SOCIEDAD BRISAS DEL MAR LTDA
2013 y, en su lugar, INHIBIRSE de proferir decisión de fondo respecto
de la nulidad de las Resoluciones 000202 de noviembre 28 de 2008 y
000415 de 6 marzo de 2009, expedidas por la División de Gestión de
Fiscalización y la División de Gestión Jurídica Aduanera de la Dirección
Seccional de Aduanas de Cartagena respectivamente, por las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído […]”.
Como puede observarse, en el proceso que dio origen a la sentencia
transcrita, no se probó por parte de la allí demandante, PACÍFIC
LOGISTICS INC, la condición de armador de la nave que corresponde
al mismo objeto de este proceso, por lo que concluyó la falta de
legitimación en la causa por activa.
Ahora, si bien es cierto que en el caso bajo examen obra a folio 189 del
cuaderno de copias del expediente el Oficio núm. 15200000108 de 9 de
enero de 2009, suscrito por el Capitán de Puerto de Cartagena, que da
cuenta de que en ese despacho se encontró la patente de navegación
núm. MMSI 356243000 de 7 de julio de 2004, expedida por la República
de Panamá que registra a la Compañía South American Navegation
S.A., propietaria de la motonave megatón y que ante el desistimiento
de la agencia marítima Mundinaves Ltda. se designó como nuevo
agente a la agencia marítima Brisas del Mar, no lo es menos que no
obra dentro del plenario el contrato de agenciamiento marítimo suscrito
entre quién figura como dueño de la motonave, esto es, South
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American Navigation S.A. y la actora, amén de que como lo afirmó el a
quo, tampoco aparece la inscripción como agente marítimo ante la
autoridad marítima nacional.
Así pues, no existe legitimación en la causa por activa, razón por la cual
habrá de modificarse la sentencia apelada para disponer, en su lugar,
que la Sección se inhibe de hacer pronunciamiento de fondo.
Así lo dispuso esta Sala en la precitada sentencia de 1o. de agosto de
2019, la cual enfatizó en que la consecuencia de configurarse tal falta
de legitimación es la inhibición y no la denegatoria de las pretensiones
de la demanda, como también ocurrió en este caso.
Por último, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de
conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia con los
artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del
artículo 168 del CCA, y atendiendo la conducta asumida por las partes,
no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal, por lo
que se abstendrá de condenar en costas.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 27 de febrero de 2014,
proferida por la Sala de Descongestión número Cuatro del Tribunal
Administrativo de Bolívar, que denegó las pretensiones de la demanda
y, en su lugar, INHIBIRSE de proferir decisión de fondo respecto de
los actos acusados, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez
ejecutoriada ésta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de junio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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