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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2009-90225-01

Presentación de la solicitud de conciliación prejudicial: después de haber incoado la demanda

Fecha
24 de mayo de 2018
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2009-90225-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO.- REVOCASE la sentencia de 15 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, y en su lugar DECLÁRASE la nulidad de la Resolución núm. 0001564 de 29 de Agosto de 2008, proferida por la Jefe de la División de Fiscalización de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, por medio de la cual ordenó decomisar a favor de la nación la mercancía aprehendida mediante Acta de Aprehensión núm. 0057 COMEX de 4 de Marzo de 2008; y de la Resolución núm. 000272 de 5 de Diciembre de 2008, proferida por el Jefe de la División de Gestión Jurídica Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, por medio del cual se decidió confirmar la resolución anterior, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO.- CONDÉNASE a la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales a pagar, a favor de la sociedad Díaz Fuerte Inversiones y Transporte S. en C., la suma de $40.565.440.oo por concepto de daño emergente, suma que deberá ser indexada para la fecha de su real entrega, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO.- RECONOCER personería al abogado Mauricio Alexander Dávila Valenzuela, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 7.176.796 y tarjeta profesional número 144.875, para actuar en calidad de apoderado de la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales – DIAN en los términos y para los efectos del poder conferido a folio 111 del cuaderno principal de segunda instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 13001-23-31-000-2009-90225-01

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

24 de mayo de 2018

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACION PREJUDICIAL - Después de haber incoado la demanda / REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL - La constancia de haberlo agotado se puede presentar antes del auto de admisión de la demanda / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

Esta Sección se ha pronunciado sobre la imposibilidad de rechazar una demanda cuando se acredita el requisito de procedibilidad, de la conciliación extrajudicial así se hubiera presentado luego de la presentación de la demanda, […] En el presente proceso la parte demandante, allegó al expediente, mucho antes de que se admitiera la demanda, el Acta de Conciliación núm. 313 suscrita por el Procurador 51 Judicial Administrativo delegado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el apoderado de la parte convocante, sociedad Díaz Fuerte Inversiones y Transporte S. en C. y el apoderado de la DIAN, por lo que fue subsanado el requisito de procedibilidad por la falta de agotamiento de la conciliación administrativa, en consecuencia, no le era posible al a quo, rechazar la demanda e impedir el acceso al administración de justicia a la parte demandante cuando ya había acreditado el requisito de procedibilidad, cumpliendo con el mandato superior de la prevalencia del derecho sustancial frente al materia.

NOTA DE RELATORÍA: Ver auto Consejo de Estado, Sección Primera, de 28 de septiembre de 2017, Radicación 25000-23-41-000-2013-02534-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL – Solicitud de continuación de viaje / SOLICITUD DE CONTINUACIÓN DE VIAJE – Descripción genérica de la mercancía / SOLICITUD DE CONTINUACIÓN DE VIAJE Y DOCUMENTOS SOPORTES – Cuando se presenta una inconformidad entre ellos la DIAN debe notificar al operador de transporte y permitirle subsanar el error / DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES DIAN – Omisión de valorar facturas presentadas para probar la legal introducción de la mercancía / DERECHO AL DEBIDO PROCESO – Vulneración por la DIAN

[E]n los actos acusados la DIAN realiza una interpretación sesgada de las normas aduaneras, cuando admite, por un lado, que de conformidad con el artículo 389 del Decreto 2685 de 1999 los aspectos no regulados para las operaciones de transporte multimodal y de cabotaje, les serán aplicables las disposiciones establecidas para el régimen de tránsito aduanero; y por el otro, aplica en forma parcial el artículo 363 de dicho régimen, pasando directamente al reconocimiento y a la inspección de la mercancía sin que de manera previa hubiese procedido a notificar al declarante para que subsanara los errores detectados por la administración aduanera. En este caso, la DIAN omitió cumplir con el deber legal de garantizar a los interesados el derecho de subsanar los errores advertidos en la documentación presentada, como en este caso ocurrió al “presentar la factura equivocada”; por lo que debió permitir presentar una nueva solicitud Continuación de Viaje, en atención a que claramente y a primera vista observó que, la descripción de la mercancía en dicha solicitud y en el documento de transporte se hizo de manera genérica. […]Nuevamente la Sala advierte que, según lo preceptuado en el artículo 363 del Decreto 2685 de 1999, una vez entregada la solicitud de “continuación de viaje”, la DIAN tenía la obligación de realizar la revisión documental, para establecer si existía conformidad entre la documentación entregada (factura, manifiesto de carga y documento de transporte) y la información consignada en la solicitud de continuación. Ahora bien, según quedó expuesto, se determinó que en concepto de la DIAN no existió dicha conformidad, por consiguiente, la DIAN debió proceder a notificar al declarante para que presentara una nueva solicitud de “continuación de viaje”, subsanando los errores detectados por la autoridad aduanera; obligación de DIAN que no era facultativa sino obligatoria. Para la Sala, a pesar de no haber sido notificada la inconformidad advertida por la DIAN entre la declaración o “Solicitud de Continuación de Viaje” y los documentos soporte, la parte demandante, tras verificar la aprehensión de la mercancía, presentó los documentos (facturas) que, en su concepto, soportaban la operación, cuyas copias obran a folios 43 a 57 del cuaderno principal. Lo anterior, con el fin de subsanar el error en que incurrió el operador de transporte al haber presentado una factura equivocada para efectos de la autorización solicitada. De conformidad con el análisis de acervo probatorio y de la lectura de los propios actos acusados, la Sala evidencia que estas facturas no fueron tenidas en cuenta por la administración en ningún momento, para establecer la legal introducción de la mercancía al territorio nacional en el régimen de tránsito aduanero.

ENTREGA DE LA MERCANCÍA – Debe efectuarse cuando se desvirtúe la causal de aprehensión

[L]a Sala encuentra que le asiste razón a la parte demandante al afirmar en la demanda, que la Administración debió aplicar el artículo 506 del Estatuto Aduanero, por el que se ordena devolver la mercancía en cualquier estado del proceso cuando se desvirtúe la causal de aprehensión, lo cual pretendió hacer la sociedad demandante al haber aportado las facturas que, según ella, correspondían a la mercancía objeto de continuación de viaje, situación que debió ser analizada por la DIAN.

EXCESO DE PESO DE LA MERCANCIA - Procedencia del decomiso solo del exceso de la carga / DECOMISO DE MERCANCÍA – Improcedencia frente a la totalidad de la mercancía cuando se determina que hay carga en exceso respecto de la amparada en el documento de transporte / DECOMISO DE MERCANCÍA – Improcedencia al determinarse que no existió carga en exceso

[L]a DIAN decidió decomisar la totalidad de la mercancía, cuando del acta de reconocimiento de la mercancía lo único que se extrae es que se hacen salvedades respecto de las referencias (RVL-SWFSP con 30 Unidades, KCA-IP300V, DVD HD87 con 7 unidades TS-A 1682 con 24 unidades, TSA 6992 con 24 unidades KWAX800 con 200 Unidades TP005GV con 60 unidades) sin siquiera tener claro en qué consisten esas salvedades, es decir, si se trata de exceso de carga, entendido ese exceso como el sobrante de una cosa con respecto a otra. De cualquier manera la norma exige que sea precisamente “el exceso” el que sea aprehendido para finalmente resolver sobre la situación jurídica de esa mercancía encontrada “en exceso”. En efecto, no existe fundamento para que la DIAN hubiera aprehendido la totalidad de la mercancía basándose en la causal establecida en el numeral 3.1. del Decreto 2685 de 1999, porque, como se explicó, no hay prueba de que hubiese existido un exceso. Sin embargo, la Sala observa que, en los actos acusados se hacer ver una situación diferente, pasando del exceso en la carga, a una mercancía supuestamente diferente, generada en el hecho de haber presentado la factura equivocada, y de ahí se llega a la conclusión de que la totalidad de la mercancía no coincide con la declarada en el documento de solicitud de Continuación de Viaje; por lo tanto, para la DIAN, toda la mercancía es “mercancía en exceso” […] De lo anterior, la Sala concluye que no existió carga en exceso porque como la misma administración lo establece, la factura no correspondía a la operación solicitada, en consecuencia, no puede ser comparada la mercancía descrita e individualizada en la factura núm.1057924 de 31 de enero de 2008, entregada equivocadamente por el operador de trasporte, con la mercancía introducida al contenedor SMLU784362-1 y, afirmar que hay exceso, porque de ninguna manera puede aseverarse que exista alguna mercancía del contenedor que coincida con la descrita en una factura que no corresponde a la operación.

DECOMISO Y APREHENSIÓN DE MERCANCÍA - Las causales son taxativas / CAUSAL DE APREHENSIÓN Y DECOMISO – Improcedencia de aplicar la tipificada para una conducta concreta y definida, a otra totalmente distinta / INTERPRETACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN – No es válida la efectuada respecto de las normas del Estatuto Aduanero en el concepto 01 de 2005 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[L]a medida cautelar de aprehensión se generó por presentar a la autoridad aduanera un documento (factura) que presuntamente no correspondía con la operación solicitada, situación que no perfecciona la causal de aprehensión y decomiso endilgada por la administración tanto en el “Acta de Hechos” de 25 de febrero de 2008, como en el “Acta de Aprehensión 0057 COMEX” de marzo 4 de 2008, es decir la causal de aprehensión y decomiso prevista en el artículo en el numeral 3.1. del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, para el régimen de tránsito aduanero, según la cual: “[…] cuando en diligencia de reconocimiento o inspección, se encuentre carga en exceso respecto de la amparada en el documento de transporte […]”. […]Con base en el Concepto Unificado de la DIAN 001 de 2005, la DIAN concluye que “con la factura aportada por parte de Logística Total S.A. en el momento de solicitar la Continuación de Viaje no era posible identificar el valor correcto de la mercancía, ya que con posterioridad el importador aportó una factura diferente con valores distintos” y aplica la causal 3.1. prevista en el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 (exceso de carga), para decomisar la mercancía; no obstante, la situación encontrada por la DIAN respecto de la inconformidad en la documentación se encuentra expresamente prevista en las causales previstas en el artículo 361 del Decreto 2685 de 1999 para NO ACEPTAR la declaración de tránsito aduanero, en este caso, la “Continuación de Viaje” para transporte multimodal. […] Esta Sección, en anterior pronunciamiento ha puesto de presente que: “[…] las causales de decomiso y aprehensión de mercancías son taxativas, por lo que éstas no se pueden extender ni aplicar analógicamente en otras situaciones […]”. Ello es así, porque la competencia para determinar las conductas que son objeto de aprehensión es exclusiva del Gobierno Nacional en desarrollo de las normas generales que expida el Congreso de la República, de conformidad con lo previsto por los artículos 150 numeral 19 literal c) y 189 numeral 25 de la Constitución Política. Por lo anterior, la interpretación de las normas del Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999) hecha por la DIAN en su Concepto 01 de 2005, sobre las normas aplicables al presente caso, carece de un carácter decisorio, es decir, no es válida, por cuanto, según lo tiene claramente definida la jurisprudencia, no es dable aplicar analógicamente una causal de aprehensión y decomiso tipificada para una conducta concreta y definida, a otra situación totalmente distinta, esto por cuanto la única obligatoriedad que aquí se revela es la de las normas contenidas en el Decreto 2685 de 1999 expedido por el Gobierno Nacional, configurando el vicio de falsa motivación de los actos administrativos por cuanto no existe correspondencia entre lo que se aduce en ellos y la realidad jurídica.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 353 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 359 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 361 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 362 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 363 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 374 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 506 / DECRETO 2685 DE 1999 – ARTÍCULO 536

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 13001-23-31-000-2009-90225-01

Actor: SOCIEDAD DIAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S. EN C.

Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Referencia: Se resuelve recurso de apelación contra la sentencia de 15 diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, “Sala de Decisión No. 3”

Referencia: Decomiso de Mercancía

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 15 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, “Sala de Decisión No. 3”, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda presentada por la sociedad DÍAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S. EN C., en adelante, la parte demandante, contra la entidad demandada, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante DIAN.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) consideraciones, y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

ANTECEDENTES
La demanda
La parte demandante, por medio de apoderado especial, presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, contra la DIAN, con el fin de que se reconozcan las siguientes: 1.1. Pretensiones
“[…] PRIMERA. Que es NULA la Resolución No. 0001564 del 29 de Agosto de 2008, emanada dentro del Proceso Administrativo de Definición de Situación Jurídica AO 2008 2008 50123 proferida por la Jefe de la División de fiscalización de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, por medio de la cual se ordenó DECOMISAR A FAVOR DE LA NACIÓN MERCANCÍA APREHENDIDA MEDIANTE ACTA DE APREHENSIÓN No. 0057 COMEX de 4 de Marzo de 2008, avaluada según DIIAM No. 390680273 en NOVECIENTOS SIETE MILLONES TREINTA UN MIL VEINTIDÓS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($907.031.022.27), por la causal consagrada en el numeral 3.1. del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, que dispuso: ARTÍCULO PRIMERO. Decomisar a favor de la Nación, mercancía a nombre de la Compañía DÍAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C, identificada con NIT No. 830.047.869-7, en calidad de importador, a LOGÍSTICA TOTAL S.A., identificada con NIT No. 830.108.355-6, en calidad de Operador de Transporte Multimodal, por la causal establecida en el numeral 3.1 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 “cuando en la diligencia de reconocimiento o inspección, se encuentre carga en exceso respecto de la amparada en el documento de transporte”, lo anterior en concordancia con el Concepto 001 de 2005, que señala “…aprehenderá los sobrantes de conformidad con lo previsto en el numeral 3.1. del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, anulará la aceptación de la declaración de tránsito y elaborará planilla de envío asignando un depósito habilitados(sic) para que la mercancía amparada sea sometida a la aplicación de otro régimen, b) Cuando la declaración de tránsito aduanero no se encuentre debidamente diligenciada y soportada en la información contenida en los documentos que a continuación se señalan: conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según corresponda, factura comercial o pro forma que permita identificar el género, la cantidad y el valor de las mercancías que serán sometidas al régimen de tránsito”,(sic) La mercancía según DIIAM No. 3906802763 del 26 de Febrero de 2008 avaluada en OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($831.575.749) y en su ARTÍCULO SEGUNDO. Decomisar a favor de la Nación la mercancía a nombre de la Compañía DÍAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S EN C identificada con NIT No. 830.047.869-7, en calidad de importador, a LOGÍSTICA TOTAL S.A., identificado con NIT No.

830.108.355-6, en calidad de Operador de Transporte Multimodal, por la causal establecida en el numeral 3.1 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, “ cuando en la diligencia de reconocimiento o inspección, se encuentre carga en exceso respecto de la amparada en el documento de transporte”, lo anterior en concordancia con el Concepto 0001 de 2005, que señala “...aprehenderá los sobrantes de conformidad con lo previsto en el numeral 3.1 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, anulará la aceptación de la declaración de tránsito y elaborará planilla de envío asignando un depósito habilitado para que la mercancía amparada sea sometida a la aplicación de otro régimen, b) Cuando la declaración de tránsito aduanero no se encuentre debidamente diligenciada y soportada en la información contenida en los documentos que a continuación se señalan: conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según corresponda, factura comercial o pro forma que permita identificar el género, la cantidad y el valor de las mercancías que serán sometidas al régimen de tránsito” la mercancía relacionada en los ítems 7- 13-14-15-16-17-18-19-23-28-36-39-40-53-67 y 73, también se considera mercancía NO PRESENTADA a la Autoridad Aduanera, mercancía que según DIIAM No. 3906802763 del 26 de Febrero de 2008, se encuentra avaluada en SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($75.455.272.76). SEGUNDA. Que es NULA la Resolución No. 000272 del 5 de Diciembre de 2008, proferida por el Jefe de la División de Gestión Jurídica Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, por medio del cual se decidió: “CONFIRMAR la Resolución No. 001564 de fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil ocho (2008), por medio del cual se decomisa a favor de la Nación la mercancía descrita en el Acta de Aprehensión No. 0057 Comex de fecha cuatro (4) de marzo de dos mil ocho (2008). TERCERA. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, declarar a la NACIÓN -UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, a pagar a DIAZ FUERTE INVERSIONES TRANSPORTE S en C, la suma que pericialmente se determine por concepto de daños y perjuicios como son: El valor de la mercancía que según el Documento de Ingreso Inventario y Avalúo de la Mercancía No. 3906802763 del 26 de Febrero de 2008 en NOVECIENTOS SIETE MILLONES TREINTA UN MIL VEINTIDÓS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($907.031.022.27) y demás perjuicios como son: LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE, debidamente indexados a la fecha en que se haga efectivo el pago de la Sentencia con fundamento en la variación porcentual del índice de Precios al Consumidor, como lo dispone el artículo 178 del C.C.A. CUARTA. La entidad demandada le dará cumplimiento a la Sentencia, dentro del término señalado para el efecto por el Artículo 176 del C.C.A […]”. Presupuestos fácticos
La parte demandante indicó, como fundamento de sus pretensiones, los hechos que se extractan a continuación:
“ […]
En fecha 23 de Febrero de 2008, arribaron al Territorio Aduanero Nacional por el Puerto Marítimo de Cartagena unas mercancías amparadas en el Manifiesto de Carga 062008100000993 de la Empresa SEABORARD MARINE LTDA, que en la ciudad de Cartagena se encontraba representada por SEABOARD DE COLOMBIA SA., mercancía que en su totalidad estaban amparadas por el documento de Transporte (B/L) SMLU CAR 005A08025 siguiéndose para el efecto y de manera puntual los términos y condiciones del Artículo 96 del Decreto 2685 de 1999, por lo cual la empresa transportadora previo a iniciar el descargue entregó a la autoridad aduanera de esa Jurisdicción los documentos de viaje, en la Zona Primaria y bajo control aduanero.

Las mercancías anteriores venían despachadas por el sistema de “TRANSPORTE MULTIMODAL INTERNACIONAL que de acuerdo con el Artículo 1 del Decreto 2685 de 1999 consiste en: “el traslado de mercancías por dos o más modos de transportes diferentes, en virtud de un único contrato de transporte multimodal, desde un lugar situado en un país en que el operador de transporte multimodal toma la mercancía bajo su custodia hasta otro lugar designado para su entrega”. Dado que venían consignadas desde el lugar de su remisión, en el Puerto de Colón Panamá a nombre del Contratante y Operador del sistema de Transporte Multimodal "OTM LOGISTICA TOTAL S.A.”, con destino final en la ciudad de Bogotá, para el Depósito Aduanero "REPREMUNDO 2”, que igualmente es zona primaria aduanera, para finalmente quedar bajo la jurisdicción de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá, hasta tanto se adelantarán los trámites pertinentes de nacionalización y su consecuente liberación mediante la nacionalización de las mercancías, para dejarse en estado de libre disposición en el resto del territorio nacional.

La empresa OTM LOGISTICA TOTAL S.A., presentó ante la Administración Especial de Aduanas de Cartagena la correspondiente solicitud de CONTINUACIÓN DE VIAJE, según lo establecido en el artículo 337 de la Resolución 4240 de 2000 de la DIAN y los artículos 331 y subsiguientes del Decreto 2685 de 1999, la cual fue autorizada con No. de Aceptación 0608003478 de fecha 25 de Febrero de 2008.

Según Acta de Hechos que obra a folio 53 a 54 suscrita por el Jefe de Carga de la DIAN de Cartagena, se expresó que: “...en fecha 25 de Febrero de 2008, se presentaron en el Grupo de Transito Aduanero, dos solicitudes de Continuaciones de Viajes actuando como declarante los señores LOGÍSTICA TOTAL OTM, como importador los Señores DÍAZ FUERTE INVERSIONES Y TRASNPORTE S en C, las cuales fueron aceptadas con números 06080003477 y 060800003478 del 25 de Febrero de 2008 obteniendo estas continuaciones de viajes reconocimiento externo. Por orden estricta del administrador Especial de Aduanas de Cartagena Capitán de Navío Humberto Angulo Montero, se realizó inspección física a las mercancías declaradas en los contenedores de las Continuaciones de Viajes localizadas en el Terminal Marítimo Muelles El Bosque S.A.”.

En fecha 4 de Marzo de 2008, la División de Fiscalización de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena dispuso mediante ACTA DE APREHENSIÓN No. 0057 COMEX, aprehender mercancía por la causal 3.1 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 que dispone: “Cuando la diligencia de reconocimiento o inspección se encuentre carga en exceso”, respecto de lo declarado en el documento de continuación de viaje, apoyando su decisión en el concepto unificado No. 001 de 2005 de la Oficina Jurídica de la DIAN.

La División de Fiscalización de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, pretermitió NOTIFICAR el acta de aprehensión No. 0057 COMEX del 4 de Marzo de 2008 en forma personal a los interesados DÍAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C, aspecto que se dio en abierta oposición al artículo 563 del Decreto 2685 de 1999, que establece: “el acta de aprehensión, reconocimiento y avalúo se notificarán personalmente al finalizar la diligencia al interesado o responsable de las obligaciones aduaneras”.

En fecha 3 de Abril de 2008 la apoderada de la empresa DÍAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C, procedió a presentar objeción al acta de aprehensión No. 0056 Comex del 4 de Marzo de 2008 […]

En fecha 17 de Abril de 2008, mediante Auto No. 0000520 la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, dispuso practicar unas pruebas consistentes en:

" 1. Oficiar al Operador de Transporte Multimodal Logística Total S.A., para que nos envíe copia auténtica de la solicitud de servicio en la cual se informó el número de factura entregada al operador de la Continuación de Viaje con No. de Aceptación 0608003478 y mencionar quien les entregó la mencionada factura”.

En fecha 14 de Mayo de 2008 mediante Requerimiento Especial Aduanero No. 00181 la División de Fiscalización de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, dispuso requerir a LOGÍSTICA TOTAL S.A., para que remitiera copia auténtica de la solicitud de servicio en la cual se informó el número de factura entregada al operador como soporte de la Continuación de Viaje con No. de aceptación No. 0608003478 y señalar el nombre e identificación de quien les facilitó la mencionada factura.

En fecha 28 de Mayo de 2008, el Representante de LOGÍSTICA TOTAL S.A., da respuesta al REQUERIMIENTO ORDINARIO No. 00181 del 14 de Mayo de 2008.

En fecha 30 de Julio de 2008, por parte del apoderado especial de la empresa DIAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C, se solicitó la entrega de la mercancía aprehendida en el acta No. 057 COMEX del 4 de Marzo de 2008 en fundamento del artículo 506 del Decreto 2685 de 1999 […]

En fecha 29 de Agosto de 2008 mediante Resolución No. 001564 el Jefe de la División de Fiscalización de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena dispuso definir la situación jurídica de una mercancía aprehendida en el acta de aprehensión No. 0057 COMEX de fecha 4 de marzo de 2008, teniendo como fundamento de la decisión:

“(...) la descripción de las mercancías en el Documento de Transporte esta realizada de manera genérica lo que no permite identificarlas plenamente, además de esto existe mercancía que no se encuentra relacionada en el Documento de Transporte No. SMLUCAR 005A08025, además la medida cautelar se generó por presentar a la autoridad aduanera un documento (Factura) que presuntamente no correspondía con la operación solicitada por parte del Operador de Transporte Multimodal Logística Total S.A., situación que se encuentra enmarcada en el concepto 001 del 5 de Diciembre de 2005”.

En fecha 18 de Septiembre de 2008, el apoderado de la Sociedad DIAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C, interpuso RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, contra el contenido de la Resolución No. 001564 del 29 de Agosto de 2008, indicando que el acto administrativo se encuentra falsamente motivado por Violación al debido proceso por indebida notificación de un acto administrativo, indebida aplicación del artículo 563 y 564 del Decreto 2685 de 1999.

Según Resolución No. 000272 del 5 de Diciembre de 2008 el Jefe de la División de Gestión de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena dispuso RESOLVER EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, confirmando en su integridad la Resolución No. 001564 del 29 de agosto de 2008 […]

La decisión anterior fue notificada por correo certificado el día 11 de Diciembre de 2008, según recepción de la guía de crédito No. 1006661909 de Servientrega […]”. (Destacado del texto original)

Normas violadas

En criterio de la parte demandante, las resoluciones demandadas vulneraron los artículos 29 de la Constitución Política; 3, 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo y 371 y siguientes del Decreto 2685 de 28 de diciembre de 1999. 1.4. Concepto de la violación
La parte demandante desarrolló el concepto de la violación, así: 1.4.1. En cuanto la Constitución Política, las normas de rango legal y reglamentario
1.4.1.1. Violación al debido proceso – ausencia de notificación personal del acta de aprehensión a Díaz Fuerte Inversiones y Transporte S. en C.
“[…] La vulneración al debido proceso se perfecciona durante el trámite del proceso administrativo aduanero AO 2008 2008 50123, desde su inicio cuando al momento de realizar el acta de aprehensión 057COMEX del 4 de Marzo de 2008, se omitió notificar personalmente a la sociedad DIAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C, que en su condición de importador tenía el deber de conocer de manera oportuna la medida precautelar a la que la Administración Especial de Aduanas de Cartagena había sometido la mercancía descrita en el acta de aprehensión citada. La vulneración del debido proceso se sustenta en que la Administración Especial de Aduanas de Cartagena omitió NOTIFICAR el Acta de Aprehensión No. 057 COMEX del 4 de Marzo de 2008 en forma personal a mi representada DIAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C, según lo establece el Artículo 563 del Decreto 2685 de 1999, que en su parágrafo tercero establece:
"El acta de aprehensión, reconocimiento, avalúo y decomiso directo, se notificarán personalmente al finalizar la diligencia al interesado o responsable de las obligaciones aduaneras...”
O como lo dispone el artículo 564 ibídem en el sentido de que:
“La notificación personal se practicará por la Administración Aduanera en el domicilio del interesado o en la sede de la Administración de Aduanas respectiva, cuando el notificado se presente voluntariamente a notificarse o porque haya mediado citación para el efecto, en cuyo caso se deberá dejar constancia en el expediente. La citación deberá enviarse dentro de los cinco días siguientes a la expedición del acto”. Procedimientos que no se realizaron y por tanto se afectaron los intereses de mi representada, pues a la misma no se le notificó, bajo el argumento que el Acta de Aprehensión fue notificada por Estado a la Empresa DIAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C y se omitió vincular al proceso administrativo aduanero a la sociedad OTM LOGISTICA TOTAL S.A., quien igualmente debió ser vinculada en razón al artículo 3º del Decreto 2685 de 1999, pues ésta es titular de responsabilidad aduanera, más cuando las circunstancias que originaron la aprehensión se dieron cuando el OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL -OTM LOGISTICA TOTAL S.A., tenía bajo su responsabilidad y custodia la mercancía, lo que significa que tanto el OTM y la empresa DIAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C, debían ser NOTIFICADAS PERSONALMENTE, y la NOTIFICACIÓN POR ESTADO de una de ellas no suplía la notificación personal de ambas, pues es a ésta a quien le asiste el interés jurídico sobre la mercancía, pretermisión que afectó el DEBIDO PROCESO y conocer de manera oportuna la medida precautelar que afectaba su mercancía.
[…]
En conclusión se tiene que los actos administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad, en virtud a que se vulneró el DERECHO DE DEFENSA y DEBIDO PROCESO, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, dado que se OMITIÓ NOTIFICAR PERSONALMENTE el ACTA DE APREHENSIÓN No. 00057 COMEX del 4 de Marzo de 2008, a DÍAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C, en su condición de importadora, según las previsiones del artículo 563 y 564 del Decreto 2685 de 1999 […]”. 1.4.1.2.

Violación artículo 84 del Código Contencioso Administrativo - falsa motivación
“[…] La falsa motivación de los actos demandados se reseña en tópicos tan puntuales que se analizan a partir de la causal de aprehensión invocada, como es el numeral 3.1 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 que dispone:
“3.1. del Decreto 2685 de 1999 que dispone cuando exista carga en exceso”
Teniendo como sustento además el concepto unificado No. 001 de 2005, emitido por la Oficina Jurídica de la DIAN. Sobre dicho fundamento legal frente a los hechos acaecidos, se tiene que indicar que no procedía la aprehensión de la mercancías, pues la inconformidad presentada por el Inspector comisionado sobre el valor de la mercancía sería una causal de NO ACEPTACIÓN del trámite de CONTINUACIÓN DE VIAJE, con destino a Bogotá D.C., de acuerdo con el literal b) del artículo 361 del Decreto 2685 de 1999 que para esa clase de inconsistencias señala que sólo constituye causal de no aceptación del tránsito, lo que entonces daba pie y derecho a la sociedad DÍAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C a presentar las correspondientes DECLARACIONES DE IMPORTACIÓN ante la Administración Especial de Aduanas de Cartagena o en su defecto, la posibilidad de que la Empresa Transportadora pudiera subsanar el error en el que incurrió, con la presentación de una NUEVA SOLICITUD DE CONTINUACIÓN DE VIAJES, ya soportada documentalmente con las facturas cambiarías de compraventa originales, de las que disponía la sociedad importadora como propietaria de las mismas. Así mismo al haber procedido a la aprehensión de la mercancía por un presunto “exceso”, que se dice en las actas de aprehensión fue detectado, como consecuencia de la inspección física de las mercancías, por parte de las autoridades aduaneras de Cartagena, según la causal consignada en el ACTA No. 057COMEX del 4 de marzo de 2008, se tenía entonces la medida de aprehensión limitar al “exceso determinado frente a lo consignado en los documentos de transporte, y una vez confrontada la cantidad de la mercancía inventariada, con las que correspondían al documento de transporte y sus(sic) lista de empaque, así como el peso, el volumen y demás aspectos fundamentales que permitían la plena identificación e individualización de las mercancías, pero sin haberse realizado este procedimiento y ninguna clase de cotejo para la determinación del EXCESO invocado como causal de la medida adoptada, SE APREHENDIÓ LA TOTALIDAD DE LAS MERCANCÍAS QUE ESTABAN AL INTERIOR DE LA RESPECTIVA UNIDAD DE CARGA, lo que convierte en ilegal e infundada la aprehensión dado que la causal invocada por la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, en si no corresponde con la causal invocada y menos aún está contemplada esta clase de actuación para cuando la mercancía se le ha presentado a la Aduana con el lleno de los requisitos y formalidades legales.

De manera pues, que ha esta sociedad transportadora aparte de que no se la vinculó a los procesos administrativos anteriormente señalados, tampoco se le permitió SUBSANAR o CORREGIR LA DECLARACIÓN DE CONTINUACION DE VIAJE, ante la inconsistencia que pudo presentarse por parte de la misma y del que dio cuenta el Inspector Aduanero de la División de Comercio Exterior de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, en el que fue completamente ajena la sociedad importadora que represento, pues de haberse garantizado estos derechos fundamentales que les fueron conculcados a una y. otra sociedad, no solamente que se habría podido presentar una nueva solicitud de continuación de viaje, sino que, de no ser procedente esta petición, en el sentir de la Administración Aduanera de Cartagena, entonces a la Sociedad Importadora, se le tenía que permitir nacionalizar su mercancía en el lugar del arribo de la misma al territorio aduanero nacional, es decir en la misma Aduana de Cartagena, o en su defecto después de haberse realizado el inventario minucioso de las mercancías arribadas al país, para su confrontación con las declaradas en los documentos de transporte, permitirle a la sociedad DIAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S EN C, quien fungía como importadora de las mismas, que igualmente pudiera nacionalizar, por vía del rescate mediante su LEGALIZACIÓN, las mercancías que resultaren en exceso, de conformidad con el Artículo 228 del Decreto 2685 de 1999, y según lo argüido en el acta de aprehensión, procedimiento que en realidad no se llevó a cabo, toda vez que el inventario se hizo SI, pero no para confrontarlo con la documentación de viaje, sino PARA APREHENDER LA MERCANCÍA EN SU TOTALIDAD, siendo por consiguiente esta UNA FALSA LA MOTIVACIÓN que se dio por parte de la Administración para la realización de esta medida cautelar y el consecuente DECOMISO ADMINISTRATIVO a favor de la Nación. -DIAN- decisión que fue confirmada por la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CARTAGENA, mediante Resolución No. 000272 del 5 de Diciembre de 2008. Así mismo se tiene que la decisión de aprehensión y posterior decomiso de la mercancía citada, se encuentra falsamente motivada, en virtud a que la OPERACIÓN DE TRANSITO MULTIMODAL INTERNACIONAL -OTM- que se venía desarrollando por parte de la Sociedad OTM LOGISTICA TOTAL S.A., estaba acorde y ajustada a la normatividad como se observará: La continuación de viaje, fue aceptada por la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, a través de la División de Comercio Exterior, a la empresa transportadora internacional consiste en la autorización que se expide por parte de la autoridad aduanera, del traslado de mercancías extranjeras por dos o más modos de transporte diferentes, en virtud de un único contrato de transporte multimodal, con suspensión de tributos aduaneros, y que esta continuación de viaje sólo se autoriza para operaciones de transporte multimodal internacional, cuando la mercancía se encuentra consignada a una jurisdicción aduanera diferente de la aduana de partida, que para nuestro caso era dable, por cuanto, la mercancía se encontraba consignada en el documento y contrato de transporte a la JURISDICCIÓN ADUANERA DE BOGOTA, (depósito Aduanero REPREMUNDO 2), siendo la aduana de partida de la operación de tránsito terrestre la Administración Especial de Aduanas de Cartagena. De acuerdo con lo anterior entonces el “DOCUMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL es la prueba...que acredita que el operador ha tomado las mercancías bajo su custodia y se ha comprometido a entregarlas de conformidad con las cláusulas de ese contrato” en este caso en la ciudad de Bogotá, y al Depósito Aduanero "REPREMUNDO 2" para el que venía consignada, ya que así lo dispone el Concepto unificado 001 de 2005 de la Oficina Jurídica de la DIAN.

Ahora bien, (sic) conformidad con el artículo 371 del Decreto 2685 de 1999, para movilizar mercancías de procedencia extranjera con suspensión de tributos aduaneros por el territorio aduanero nacional, al amparo de un documento de transporte multimodal, se requiere que el operador de transporte multimodal se encuentre debidamente inscrito en el registro de operadores de transporte multimodal a cargo del Ministerio de Transporte, garantizando sus Responsabilidades, según el Artículo 372 ibídem […]
En concordancia con el concepto Unificado de la Oficina Jurídica de la DIAN basado en la reglamentación existente y por las previsiones que se hallan consagradas en el Decreto 2685 de 1999, especialmente de sus artículos 371 a 374 y 337 pudiera surgir para la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, LA CAUSAL DE APREHENSIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA MERCANCÍA IMPORTADA POR LA SOCIEDAD DÍAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C, que represento, si no se ha dado ninguna infracción al régimen aduanero y mucho menos al Código Penal, en materia de delitos contra la Administración Pública para causarle el GRAVE E IRREMEDIABLE PERJUICIO DE LA PERDIDA DE SU MERCANCÍA A FAVOR DE LA NACIÓN Y CONCRETAMENTE DE LA DIAN, como lo rezan los actos administrativos, ya que en el evento de que se hubiera comprobado la inconsistencia aducida por el Inspector Aduanero de la División de Comercio Exterior, esta tan sólo habría podido generarle alguna sanción a la Compañía Transportadora OTM LOGÍSTICA TOTAL S.A., conforme a lo establecido por el Artículo 482 del Estatuto Aduanero - Decreto 2685 de 1999, que fue modificado por el Artículo 38 del Decreto 1232 de 2001, consistente en una multa de 30 SMLM, y nunca jamás en las medidas que se tomaron de APREHENSIÓN Y DECOMISO DE LA MERCANCÍAS, de mi representada como erróneamente se hizo, afectado la legalidad de los actos administrativos demandados, pues las causales de aprehensión establecidas en el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, que para el caso concreto según fundamentación de los actos administrativos demandados, es la 3.1., carga en exceso, no se perfeccionaba, dado que, la presunta inconsistencia no generaba causal de aprehensión, pues paradójicamente se dispuso como causal “ carga en exceso”, cuando no existe constancia del trámite del formato de diligencia de INVENTARIO Y CRUCE DE MERCANCÍAS, que determine que se determinó carga en exceso, una vez realizada la inspección física de la mercancía, por ende si no existe soporte que así lo acredite dentro del proceso, mal puede determinarse dicha causal, más aún cuando el sustento que se plasma en los actos administrativos demandados, es la presunta inconsistencia respecto de la información contenida en la factura comercial con lo inspeccionado, aspecto que bajo ninguna circunstancia perfecciona la causal de aprehensión, sino aplicación del régimen sancionatorio al Operador de Transporte Multimodal -OTM-, y por ende no puede por analogía aplicar como en efecto se hizo causal de aprehensión, pues lo único que jurídicamente era viable, era no aceptar la CONTINUACIÓN DE VIAJE, y conceder a la Sociedad DIAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C, el término para CAMBIO DE MODALIDAD de IMPORTACIÓN.
[…]
Con el concepto de violación y la causal de NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS, como son:

VIOLACIÓN DEL DERECHO DE AUDIENCIA Y DE DEFENSA, que se patenta con la AUSENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL ACTA DE APREHENSIÓN 0057COMEX del 3 de Marzo de 2008 y LA FALSA MOTIVACIÓN, que se estructuró en relación a la inviabilidad de la Aprehensión, pues lo mínimo que podía realizar la Aduana de Cartagena era NO ACEPTAR LA CONTINUACIÓN DE VIAJE, según las normas ya citadas del Decreto 2685 de 1998, falsa motivación que se sustenta al PROCEDER A TENER COMO CAUSAL DE APREHENSIÓN y posterior DECOMISO la consignada en el numeral 3.1 del Artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 “carga en exceso”, cuando se determinó según lo establecido en la normatividad aduanera que la inconsistencia en la FACTURA COMERCIAL, no daba lugar a la APREHENSIÓN, sino a la NO ACEPTACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE VIAJE, aspectos que son totalmente diferentes y no puede por vía analógica aplicar dicha causal, es decir: -Si se presenta inconsistencia en un documento soporte, consecuencialmente procede la aprehensión-, pues lo que debió ocurrir es conceder el término establecido en el artículo 113 del Decreto 2685 de 1999 para subsanar la falta con la presentación de un nuevo formulario de viaje, tal como lo dispone el artículo 338 de la Resolución 4240 de 2000, en concordancia con el Concepto Unificado 0001 de 2005 Título III, son argumentos más que valederos para determinar que a título de Restablecimiento del Derecho debe LA NACIÓN -UAE DIAN-, reparar el daño causado, daño que se cuantifica en pérdidas económicas, en razón al desarrollo del objeto social de la sociedad INTCOMEX COLOMBIA LTDA, pues además de privarla de la mercancía que tenía como único fin comercializarla debió asumir erogaciones que no estaba supeditada a soportar, como se acredita en el acápite de perjuicios […]”. (Destacado del texto original)
2. Contestación de la demanda
2.1. La DIAN, por intermedio de apoderada especial, presentó el 5 de octubre de 2009 escrito mediante el cual se solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, al considerar que los actos administrativos demandados se encuentran debidamente motivados y por ende, es evidente que la actuación de la Administración se encuentra ajustada a derecho, con base en los siguientes argumentos: 2.1.1. “Sobre la supuesta indebida notificación del acta de aprehensión”
“[…] Para dar respuesta a este cargo es necesario tener en cuenta que el artículo 563 del decreto 2685 de 1999, es claro al autorizar la notificación por estado del acta de aprehensión cuando no sea posible su notificación personal al interesado en el acto mismo de la aprehensión. Nótese como la oportunidad que tiene la Administración para intentar la notificación personal del Acta de Aprehensión es al finalizar la diligencia de aprehensión, y en esto hacemos especial énfasis, pues parece entender el accionante que la norma coloca en cabeza del funcionario aprehensor la obligación de notificar personalmente el Acta de Aprehensión, en cualquier oportunidad, aun después de terminada la diligencia y que ante su imposibilidad, es que debe proceder a notificarla por estado, lo que a todas luces desborda el sentido de la norma.

Como sustento de lo anteriormente expuesto encontramos que la doctrina jurídica de la entidad aplicable al caso, ha establecido que ésta especialidad en la forma de notificación del acta de aprehensión obedece a la necesidad de imprimirle celeridad a la actuación administrativa aunada a las especiales circunstancias que rodean la práctica de esta medida cautelar, lo que por supuesto no implica violación de derecho o principio constitucional o legal alguno como lo pretende el recurrente […]
[…] es inaceptable la tesis del accionante en el sentido de que al haberse notificado por estado el Acta de Aprehensión 0057 Comex de fecha , cuatro (04) de marzo de dos mil ocho (2008) vicia la resolución impugnada de falsa motivación, en primer lugar porque este procedimiento según se viere esta conforme a la normatividad vigente y en segundo lugar porque de forma alguna se ha conculcado el derecho a la defensa del usuario aduanero, pilar del derecho fundamental al debido proceso pues en todo momento la Administración ha dado al interesado la oportunidad de presentar sus motivos de inconformidad; así como de hacer valer las pruebas que considere tener a su favor […]”. 2.1.2. “Sobre la supuesta falsa motivación por la inexistencia de la causal de aprehensión”
“[…] Por otra parte, afirma el accionante que la resolución impugnada también se encuentra viciada de falsa motivación, ya que no existe concordancia entre los argumentos utilizados por la Administración y la decisión tomada, afirmación que escapa a la verdad pues desde el acta de aprehensión existe absoluta claridad acerca de que la causal de aprehensión aplicada es la establecida en el numeral 3.1 del artículo 502 del decreto 2685 de 1999, en concordancia con el Concepto unificado 001 de diciembre cinco (05) de dos mil cinco (2005), pues estimó la División de Fiscalización que es procedente la aplicación de dicha causal cuando en casos como el nuestro a la Administración no le es posible identificar el valor correcto de la mercancía, debido a que la factura aportada por el Operador de Transporte Multimodal al solicitar la Continuación de Viaje, es diferente a la presentada con posterioridad por el importador, ya que esta presenta valores distintos, como adelante se verá […]”. 2.1.3. “Sobre la supuesta falsa motivación porque la causal de aprehensión invocada no debió aplicarse”
“[…] Afirma el accionante que en el presente caso no es posible la aplicación del numeral 3.1 del artículo 502 del decreto 2685 de 1999, pues la mercancía encartada se encuentra íntegramente identificada, tanto en la continuación de viaje como en los documentos de transporte que la soportan, además de que no existe constancia de que se inventarió la mercancía para establecer que había carga en exceso. La anterior afirmación escapa a la verdad pues al revisarse tanto el Documento de Transporte como el Documento de Continuación de Viaje nos encontramos- una descripción genérica de la mercancía, nótese como en la Continuación de Viaje se relacionan 1197 PCS, no se establece peso, no aparecen marcas, series ni similares, es decir si se comparan estos con la mercancía encartada no es posible establecer que sea la misma, de ahí la importancia de que los documentos con los que se intenta soportar la operación (tales como la factura), sean claros en estos aspectos lo que en este caso no ocurre, es más la descripción en el Documento de Transporte es tan genérica que no abarca toda la mercancía encartada. El artículo 389 del decreto 2685 de 1999, consagra que los aspectos no regulados para las operaciones de transporte multimodal y de cabotaje, les serán aplicables las disposiciones establecidas para el tránsito aduanero, por lo que al ser la factura comercial documento soporte para la solicitud en la Declaración de Continuación de Viaje, por disposición expresa del artículo 389 lo es también la Operación de Transporte Multimodal.

La inconsistencia presentada por la factura no se trata de un simple error sin efectos como lo pretende el accionante, sino por el contrario se trata de uno, que no le permite a la Administración establecer el valor de las mercancías y los elementos que la singularizan, circunstancia a la que, le es aplicable la causal de aprehensión prevista en el numeral 3.1 del artículo 502 del decreto 2685 de 1999, tal como lo interpreta el concepto 001 de 2005. Decantado el tema de la descripción de la mercancía así como de la factura comercial como documento soporte en la Operación de Transporte Multimodal, es menester detenernos en el problema jurídico central, el cual gira en torno a dos aspectos: el primero (i)establecer si efectivamente la circunstancia acaecida es la establecida en el literal b) del artículo 361 del decreto 2685 de 1999 y en segundo lugar si (ii)es posible la aplicación de la causal de aprehensión consagrada en el numeral 3.1 del artículo 502 del mismo decreto. El literal b) del artículo 361 es del siguiente tenor:
"Cuando la declaración de tránsito aduanero no se encuentre debidamente diligenciada y soportada en la información contenida en los documentos que a continuación se señalan: conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según corresponda, factura comercial o proforma que permita identificar el género, la cantidad y el valor de las mercancías que serán sometidas al régimen de transito”. En el presente caso, tenemos que la Factura No. 1057924 de enero treinta y uno (31) de dos mil ocho (2008) expedida por Motta Internacional S.A., a nombre de Díaz Fuerte Inversiones y Transporte Multimodal S. en C. (folio 62), inicialmente presentada por la Compañía Logística Total S.A., al momento de presentar la solicitud de Continuación de Viaje presenta valores distintos a los que se encuentran en la facturas presentadas por la Compañía Díaz Fuerte Inversiones S en C en su condición de consignatario, lo que no le permite a la Administración establecer el valor correcto de la mercancía, situación esta que encaja perfectamente en la prevista en el literal b) del artículo 361 del decreto 2685 de 1999, antes trascrito. Aunado a lo anterior tenemos que la factura presentada por la OTM al momento de solicitar la Continuación de Viaje, no solo presenta inconsistencias en cuanto al valor sino que una vez comparada la mercancía allí descrita con la aprehendida, encontramos que la mercancía relacionada en los ítems 42 a 76 del Acta de Aprehensión No. 0057 Comex de marzo cuatro (04) de dos mil ocho (2008) (folios 4 al 22) no se encuentra en dicha factura, en cuanto a los demás ítem, en algunos las cantidades decomisadas no corresponden con las establecidas en la factura, lo que hace presumir que dicha factura no ampara la operación de comercio. Ahora bien, teniendo claro que la situación acaecida se adecúa perfectamente a la prevista en el literal b) del artículo 361 del decreto 2685 de 1999, y como quiera que el accionante afirma que no es posible en el caso subjudice la aplicación de la causal de aprehensión establecida en el numeral 3.1 del artículo 502 del decreto 2685 de 1999, pues, no lo prevé así, es pertinente detenerse en el estudio del alcance del concepto 001 de diciembre de 2005 de cara a lo previsto en el numeral 3.1 del artículo 502 del decreto 2685 de 1999, a efectos de establecer si procede o no su aplicación.

El concepto unificado 001 de diciembre cinco (05) de dos mil cinco (2005) establece lo siguiente:
" Prevé el artículo 363 del decreto 2685 de 1999, en consonancia con el artículo 315 de la resolución 4240 de 2000 que si con ocasión de la diligencia de reconocimiento, la aduana detecta carga en exceso, aprehenderá los sobrantes de conformidad con lo previsto en el numeral 3.1 del artículo 502 del decreto 2685 de 1999, anulará la aceptación de la declaración de tránsito y elaborará planilla de envío, asignando un depósito habilitado para que la mercancía amparada sea sometida a la aplicación de otro régimen. Igual procedimiento se aplicará cuando se detecte una de las situaciones previstas en el artículo 361 del decreto 2685 de 1999”. Sea lo primero tener en cuenta que en tratándose del régimen de transporte multimodal la factura comercial como documento soporte (tema que será tratado más adelante) es fundamental pues le permite a la Administración tener certeza acerca de la mercancía que se describe en la Continuación de Viaje corresponde con la operación de comercio exterior, no en vano el artículo 361 del decreto 2685 de 1999, establece en su literal b) como causal de no aceptación del régimen de Continuación de Viaje, el hecho de que dicho documento presente inconsistencias que no le permitan a la Autoridad Aduanera identificar el género, la cantidad y el valor de las mercancías. Ahora bien, cuando al referirse al artículo 361 del decreto 2685 de 1999, el concepto 001 de 2005, que en tratándose del Régimen de Transito Aduanero, viene a tener una función supletiva, pues está llamado a llenar los vacíos que se encuentran en la legislación aduanera respecto de este régimen, establece de manera específica que cuando se presente las situaciones allí previstas se aplicará lo establecido en el numeral 3.1 del artículo 502 del decreto 2685 de 1999, está previendo dos situaciones a saber: 1. La primera, implica que una vez revisada la factura comercial, esta presenta inconsistencias que no le permiten a la Administración establecer el valor de parte de la mercancía, la cual debe entonces considerarse sobrante, pues al no encontrarse en el documento soporte de la Continuación de Viaje, se entiende que no está amparada en esta última, en este caso la Aduana deberá anular la aceptación de la declaración de tránsito, elaborar la planilla de envío, asignar un deposito habilitado para que la mercancía que si está amparada sea sometida a la aplicación de otro régimen y decomisar el sobrante de conformidad con el numeral 3.1 del artículo 502. 2. La segunda circunstancia, que es la que nos interesa en nuestro caso, se presenta cuando al revisar el Documento Soporte la Autoridad Aduanera encuentra que no es posible establecer el precio, el género o el valor de la totalidad de la mercancía, caso en el cual se entiende que esta no se encuentra amparada en la Continuación de Viaje y debe entonces aplicarse frente a toda, la causal de aprehensión prevista en el numeral 3.1 del artículo 502 del decreto 2685 de 1999. En el caso de marras tenemos que la Factura inicialmente presentada por la OTM al solicitar la Continuación de Viaje, no corresponde con la operación de Comercio Exterior, hecho que entre otras cosas se encuentra ampliamente reconocido por el accionante quien presenta otra factura con valores y cantidades diferentes y con la que supuestamente se ampara la misma operación, es esa la razón por la cual se aprehende y decomisa toda la mercancía, pues no se encuentra amparada en el Continuación de Viaje, circunstancia que encaja perfectamente en el numeral 3.1 del artículo 502, cuando prevé que procede el decomiso de la mercancía cuando en la diligencia de reconocimiento o inspección, se encuentre carga en exceso respecto de la amparada en el documento de transporte […]”
2.2. La DIAN, igualmente, propuso excepciones en el escrito de contestación de la demanda de la siguiente forma:
“[…] A.

INEPTA DEMANDA POR NO CUMPLIR CON EL REQUSITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
En el presente caso se considera incumplido con el requisito de procedibilidad, lo cual constituye un escollo infranqueable para acceder a la jurisdicción contenciosa en acción de nulidad y restablecimiento e impidiendo así un pronunciamiento de fondo por parte de la Administración, por las siguientes razones: 1. LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN SE PRESENTÓ ANTE UNA PROCURADURÍA QUE NO PUEDE INTERVENIR EN ESTE PROCESO
La solicitud de conciliación se presentó ante la Procuraduría 51 delegada ante el Tribunal de Cundinamarca, siendo que las Procuradurías que desempeñan sus funciones de intervención ante el juez de conocimiento competente para el caso que nos ocupa, son las Procuradurías 21 y 22 delegadas ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, quien es el competente para improbar o aprobar la conciliación entre DIAZ FUERTE y la DIAN si la hubiese. Lo anterior se sustenta en los artículos 23 y 24 de la Ley 640 de 2001, que establecen que las conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo sólo podrán ser adelantadas ante los Agentes del Ministerio Público asignados a esta jurisdicción y que las actas que contengan conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo se remitirán al Juez o Corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que imparta su aprobación o improbación. 2. LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN SE REALIZÓ CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE PRESENTACIÓN PERSONAL DE LA DEMANDA. Se mencionó en el acápite de HECHOS, que el 7 de Abril de 2009 el apoderado de DIAZ FUERTES Abogado LUIS ALBERTO RUBIANO SANCHEZ presentó personalmente ante la Notaría 14 del Círculo de Bogotá la demanda que ahora se contesta. También se mencionó que se radicó la solicitud de conciliación en la Procuraduría 51, el 13 de Abril de 2009, día en el cual fue recibida la demanda por la Secretaría del Tribunal Administrativo. Siendo que la conciliación extrajudicial en los asuntos contenciosos administrativos, es un mecanismo de solución de conflictos entre particulares y el estado, debe obligatoriamente agotarse por lo menos una audiencia antes de presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. La solicitud de conciliación debió presentarse antes de presentarse demanda y dar la oportunidad de adelantar el proceso conciliatorio, durante mínimo tres meses contados a partir de la presentación de la solicitud. Pero en el presente caso el orden se revirtió, pues primero se interpuso la acción de nulidad y restablecimiento y luego se presentó la solicitud de conciliación, incumpliendo lo establecido en el artículo 37 de la Ley 640 de 2001 y pretermitiendo el término para el proceso conciliatorio, veamos:
"REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN ASUNTOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: Antes de incoar cualquiera de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, las partes individual o conjuntamente, deberán formular solicitud de conciliación extrajudicial, si el asunto de que se trata es conciliable. 3. LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN SE REALIZÓ CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE PRESENTACIÓN PERSONAL DE LA DEMANDA. La demanda que se presentó el 7 de Abril de 2009 en la Notaría 14 de Bogotá, y fue recibida el 13 de Abril en el Tribunal Administrativo de Bolívar; en tanto el Acta 313 de la Procuraduría 51 delegada ante el H. Tribunal de Cundinamarca que da fe de la que la celebración de la audiencia, se realizó el 17 de Junio de 2009. Toda persona que con ocasión de la expedición de un acto administrativo de carácter particular, como este cuya revisión nos ocupa, considere que le han causado un perjuicio debe intentar un acuerdo conciliatorio de las controversias existentes, antes de presentar la demanda para obtener una pretensión económica. El artículo 35 ibidem establece:
"REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD:

En los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito indispensable para acudir a las jurisdicciones... contencioso administrativos..."
4. EL ACTA DE CONCILIACIÓN SE APORTÓ AL PROCESO CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACION DE LA DEMANDA. La presente demanda se presentó el 7 de Abril de 2009 en la Notaría 14 de Bogotá, fue recibida el 13 de Abril en el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Acta 313 del 17 de Junio de 2009, se incorporó al proceso el 15 de Julio de 2009
El artículo 36 de la Ley 640 de 2001 establece:
"RECHAZO DE LA DEMANDA. La ausencia del requisito de procedibilidad de que trata esta Ley dará lugar al rechazo de plano de la demanda"
Resulta claro que en el momento de presentar la demanda no se cumplió con el requisito de procedibilidad de la acción, y por tanto lo que procedía era el rechazo in limine de la misma. No obstante se aclara que la falta del cumplimiento del requisito en el momento de incoar la acción, no puede ser subsanado posteriormente a la presentación de la demanda, allegando copia del Acta, pues el requisito de procedibilidad, al igual que el agotamiento de la vía gubernativa por ejemplo, son hechos que deben probarse en forma oportuna, tal como lo establecen los artículos 174 y 183 del Código de Procedimiento Civil:
"Artículo 174: Toda decisión Judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso"
"Artículo 183: Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deben ...practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello...."
En el presente caso el momento para llevar a cabo el proceso conciliatorio era antes de iniciar proceso contencioso y debió probarse o acreditarse en el momento de presentar la demanda. Ninguna de estas situaciones se cumplió en el presente caso, pues la solicitud de conciliación fue simultánea a la presentación de la demanda, la audiencia se celebró después de presentada la demanda y además se aportó mucho después de incoarla acción. EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD NO SE AGOTÓ CON LA SOLICITUD. El requisito de procedibilidad se entiende cumplido cuando se efectúa la audiencia sin que se logre un acuerdo o cuando vencido el término de tres meses desde que fuera presentada la solicitud y la audiencia no se hubiere celebrado por cualquier causa, tal como lo dispone el párrafo 3o del artículo 35 de la Ley 640 de 2001.
…
El requisito de procedibilidad se entenderá cumplido cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre el acuerdo, o cuando vencido el término previsto en el inciso 1o. del artículo 20 de esta ley la audiencia no se hubiere celebrado por cualquier causa; en este último evento se podrá acudir directamente a la jurisdicción con la sola presentación de la solicitud de conciliación.

No puede entenderse que en el presente caso el requisito se agotó con la solicitud, que se hizo el 13 de Abril ante la Procuraduría 51 delegada ante el Tribunal de Cundinamarca, concomitantemente con el recibo ante el Tribunal Administrativo de la demanda de nulidad y restablecimiento. 6. LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN NO CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS
La Solicitud de conciliación debe contener ente otros aspectos, LA MANIFESTACION BAJO JURAMENTO DE NO HABER PRESENTADO DEMANDA o solicitudes de conciliación sobre los mismos hechos. En el presente caso el 7 de Abril de 2009 el apoderado LUIS ALBERTO RUBIANO SANCHEZ presentó personalmente ante la Notoria 14 del Círculo de Bogotá la demanda que se estudia la cual fue recibida en el H. Tribunal Administrativo de Bolívar el 13 de Abril de 2009; dichas fechas son anteriores y simultáneas al 13 de Abril del mismo años, fecha en la que se radicó solicitud de conciliación ante la Procuraduría 51 delegada ante el Tribunal de Cundinamarca, según deja constancia el procurador en el Acta 313 del 17 de Junio de 2009. Lo anterior se fundamenta en el literal i) del artículo 6o del Decreto 1716 del 14 de Mayo de 2009, que reza: ARTÍCULO 6. PETICIÓN DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. La petición de conciliación extrajudicial podrá presentarse en forma Individual o conjunta por los interesados, ante el agente del Ministerio Público (reparto) correspondiente, y deberá contener los siguientes requisitos:
i) La manifestación, bajo la gravedad del juramento, de no haber presentado demandas o solicitudes de conciliación con base en los mismos hechos; 7. LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN NO CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS
Antes de radicar la solicitud de conciliación ante el agente del Ministerio Público debe radicarse una copia de la misma, en la entidad involucrada en la controversia a efectos de que esté enterada del trámite conciliatorio. En el presente, caso el 7 de Abril de 2009 el apoderado LUIS ALBERTO RUBIANO SANCHEZ presentó ante la Procuraduría la solicitud de conciliación y en la misma fecha presentó ante la DIAN, la copia de dicha solicitud, en cumpliendo lo consignado en el literal k) del artículo 6o del Decreto 1716 del 14 de Mayo de 2009, que reza: ARTÍCULO 6. PETICIÓN DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. La petición de conciliación extrajudicial podrá presentarse en forma Individual o conjunta por los interesados, ante el agente del Ministerio Público (reparto) correspondiente, y deberá contener los siguientes requisitos:
…
k) La copia de la petición de conciliación previamente enviada al convocado, en la que consto que ha sido efectivamente recibida por él representante legal o por quien haga sus veces, en el evento de que sea persona jurídica, y en el caso de que se trate de persona natural, por ella misma o por quien esté facultado para representarla. B. INEPTA DEMANDA POR OCULTAR Y NO RELACIONAR HECHOS. Consideramos incumplido el presupuesto de la demanda contenido en el literal 3o del artículo 139 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el numeral 7° del artículo 95 del Código de Procedimiento Civil. El literal 3o del artículo 139 del Código Contencioso Administrativo reza: Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al Tribunal competente y contendrá:
…
3° Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a la acción. En el presente caso el apoderado de la sociedad actora presenta los hechos acaecidos en forma escueta y omite estratégicamente los hechos relacionados con el fallo de tutela de primera instancia fallada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito, que permitió que casi la totalidad de la mercancía fuera entrega a DIAZ FUERTE, quien aún en la fecha de esta contestación la tiene en su poder, haciendo caso omiso de la solicitud de ponerla a disposición de la DIAN.

Lo anterior no puede considerarse un hecho intrascendente y sin importancia al redactar la demanda, pues de dicho hecho (mercancía encartada por la DIAN) se derivan las pretensiones del accionante como es que a título de restablecimiento se determine pericialmente, "...por concepto de daños y perjuicios como son el valor de la mercancía según documento de ingreso inventario y avaluó de mercancías No. 39.6803763 del 26 de Febrero de 2008 en novecientos siete millones treinta un mil pesos con veintisiete centavos ($907.031022,27) y demás perjuicios como son el lucro cesante y el daño emergente…" (sic)
El apoderado debió aclarar al señor juez que casi la totalidad de la mercancía fue entregada a DIAZ FUERTE, por la División Comercial, en virtud de levantes manuales, para que el señor juez tuviese claridad de la cantidad de mercancía que quedó encartada y así poder tomar una decisión motivada sobre hechos reales. Lo anterior es un acto de deslealtad procesal, configurando la excepción consagrada en el numeral 7o del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, cuando expresa.
"Artículo 97: el demandado dentro del proceso ordinario y en los demás en que expresamente se autorice, dentro del término de traslado de la demanda podrá proponer las siguientes excepciones previas: I. Ineptitud de la demanda por falta de requisitos..."
[…]”.

3. La sentencia de primera instancia
Tribunal Administrativo de Bolívar, “Sala de Decisión No. 3”, mediante sentencia de 15 de diciembre de 2011, decidió declarar no probadas las excepciones propuestas por la DIAN y denegar las pretensiones de la demanda así:
“[…] PRIMERO: Declarar no probada la excepción de inepta demanda propuesta por la parte demandada, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído. SEGUNDO: Denegar las pretensiones de la demanda instaurada por la sociedad DIAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S EN C, contra la NACIÓN - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN. TERCERO: Sin costas […]”. 3.1. Consideraciones del Tribunal
El Tribunal Administrativo de Bolívar, “Sala de Decisión No. 3”, fundamentó su decisión con base en los siguientes argumentos: 3.1.1. En primer lugar, el Tribunal Administrativo de Bolívar, “Sala de Decisión No. 3”, resolvió sobre las excepciones propuestas como sigue: 3.1.1.1. El no agotamiento del requisito de procedibilidad – conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo
“[…] Sea lo primero precisar que, la Ley 640 de 2001, por la cual se modifican normas relativas a la conciliación, en su artículo 23 dispone:
“ARTICULO 23. CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN MATERIA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Las conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo sólo podrán ser adelantadas ante los Agentes del Ministerio Público asignados a esta jurisdicción”. La norma indica que, las conciliaciones prejudiciales serán adelantadas ante los Agentes del Ministerio Público asignados a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin que se fijen reglas sobre competencia de carácter territorial respecto de las Procuradurías. Por su parte, el artículo 24 de la disposición en cita, en cuanto a la aprobación de las conciliaciones, establece:
“ARTICULO 24. APROBACIÓN JUDICIAL DE CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES EN MATERIA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Las actas que contengan conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo se remitirán a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes al de su celebración, al Juez o Corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que imparta su aprobación o improbación. El auto aprobatorio no será consultable". Se observa entonces, que la norma fija criterios de competencia, respecto de los jueces o Corporaciones encargados de estudiar la posibilidad de aprobar o no el acuerdo conciliatorio, pero en ningún momento hace relación a los Agentes del Ministerio Público ante los cuales se celebran las audiencias de conciliación. Así las cosas, contrario a lo afirmado por la parte demandada, el hecho de que la solicitud de conciliación hubiere sido presentada ante una Procuraduría distinta a las delegadas ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, no conlleva a que no pueda ser tenido en cuenta dicho trámite conciliatorio. Ahora bien, en cuanto a la temporalidad de la presentación de la solicitud de conciliación y la celebración de la audiencia, resulta pertinente hacer las siguientes precisiones: El artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, establece que cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial. Ahora bien, en cuanto a la oportunidad para agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación judicial en materia contencioso administrativa, se ha pronunciado el H.

Consejo de Estado en los siguientes términos:
"No obstante lo anterior, y reiterando la posición sostenida por esta Sala de Decisión, el requisito aludido debe entenderse subsanado, en tanto fue acreditada la ocurrencia de la audiencia de conciliación fallida entre las partes en contienda en el juicio ordinario, durante su trámite, como consta en el acta leíble a folio 50 del expediente, según la cual la audiencia se celebró ante la Procuraduría 30 Judicial II para asuntos administrativos, el 22 de mayo de 2009. En otras palabras, como el requisito que echa de menos el Juez de la causa fue subsanado antes de finalizar la actuación judicial, en tanto esta se presentó al despacho incluso durante el término de ejecutoria del auto que rechazó la demanda, según lo reconoce el propio Juez, es posible continuar el proceso por haber fallado el intento conciliatorio. En ese orden de ideas, impedir al demandante acceder al aparato jurisdiccional por la inexistencia de un requisito que actualmente se encuentra acreditado, no cumple con el mandato superior de la prevalencia del derecho sustancial frente al material, que no es otra cosa que la adecuación e interpretación de la norma procesal con miras a la efectividad de los derechos sustanciales de los administrados. Jurisprudencialmente se ha indicado que tal interpretación debe efectuarse 'en el sentido que resulte más favorable al logro y realización del derecho sustancial, consultando en todo caso el verdadero espíritu y finalidad de la ley’". De lo anterior se desprende que, en aras de darle prevalencia al derecho fundamental sobre las formas, aunque el requisito de procedibilidad de la conciliación, no se adelante antes de la presentación de la demanda pero se acredite la realización de dicho trámite en el curso del proceso, se deberá tener por saneado dicho requisito. En el caso objeto de estudio, la demanda fue presentada el 13 de abril de 2009 (folio 323). El apoderado de la parte demandante presentó el acta de la audiencia de conciliación el 15 de julio de 2009, en dicha acta se indica que la audiencia se realizó el 17 de junio de 2009, y que la solicitud de conciliación fue presentada el 13 de abril de 2009. Revisado el expediente, se encuentra que el auto por medio del cual se admitió la demanda, fue proferido el 4 de septiembre de 2009, fecha para la cual ya había sido presentada el acta que da cuenta de la realización de la audiencia de conciliación, habiéndose agotado así el anotado requisito de procedibilidad, razón por la cual no era procedente un rechazo de la demanda. En estos términos, la excepción de inepta demandada por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, propuesta por la entidad demandada, no prospera […]”. 3.1.1.2. Ineptitud sustantiva de la demanda por no relacionar hechos
“[…] En cuanto a la segunda excepción propuesta, que hace referencia a la ineptitud sustantiva de la demanda por ocultar y no relacionar hechos, debe advertir la Sala que, el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, establece que toda demanda debe contener una relación de los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción. Se observa que, la norma hace referencia a los hechos en los cuales el demandante fundamente la acción, de manera que, se entiende que los hechos relacionados en la demanda son los que el actor considera relevantes para la probanza de los derechos que reclama. En ese sentido, el hecho de que el demandante no relacionara hechos que la parte demandada si incluye, no da lugar a una declaración de ineptitud de la demanda, simplemente el Tribunal deberá emitir un pronunciamiento, tomando como punto de partida, tanto los hechos narrados en la demanda como en la contestación, y los que se encuentren probados en el expediente administrativo.

Se concluye entonces que, lo que la entidad demandada ha considerado una omisión en la relación de los hechos, a juicio de esta Sala de Decisión, no da lugar a que la Sala se inhiba de emitir un pronunciamiento de fondo. En consecuencia, la anotada excepción no prospera […]”. 3.1.2. En segundo lugar, el Tribunal Administrativo de Bolívar, “Sala de Decisión No. 3”, resolvió los cargos de violación considerando lo siguiente: 3.1.2.1. “[…] 1. La notificación del acta de aprehensión de la mercancía.
“[…]
El artículo 1 del Decreto 2685 de 1999, define la aprehensión como una medida cautelar, que consiste en retener mercancías respecto de las cuales se configure alguno de los eventos previstos en el artículo 502 del mismo decreto. Por su parte, el artículo 563 del decreto en cita, señala las formas de notificación dentro de un trámite surtido ante la administración aduanera, en los siguientes términos:
"ARTICULO 563. FORMAS DE NOTIFICACIÓN. Los requerimientos especiales aduaneros, los actos administrativos que deciden de fondo la imposición de una sanción, el decomiso de una mercancía, o la formulación de una liquidación oficial y, en general, los actos administrativos que pongan fin a una actuación administrativa, deberán notificarse personalmente o por correo. Los actos que impulsen el trámite de los procesos se notificarán por estado. El acta de aprehensión y el acta de aprehensión, reconocimiento, avalúo y decomiso directo, se notificarán personalmente al finalizar la diligencia al interesado o responsable de las obligaciones aduaneras. Cuando no sea posible la notificación personal, se notificará por estado. Cuando la aprehensión se realice en lugares de exhibición, venta o depósito y no se haya podido notificar personalmente, se fijará copia del acta de aprehensión o de aprehensión, reconocimiento, avalúo y decomiso directo, según corresponda, a la entrada del inmueble y se entenderá notificada por aviso, transcurridos cinco (5) días a partir de la fecha de tal fijación". De la citada disposición, se desprende que existen ciertos actos administrativos respecto de los cuales se exige la notificación personal o por correo, pero para el caso del acta de aprehensión, se indica que la misma será notificada personalmente al interesado o responsable de las obligaciones aduaneras, al finalizar la diligencia. Ello quiere decir que, si en el curso de la diligencia de aprehensión, no fuere posible realizar la anotada notificación personal, procede la notificación por estado. En el caso objeto de estudio, se encuentra que el Acta de Aprehensión 0057 COMEX de 4 de marzo de 2008, se aprehendió la mercancía a cargo del Consignatario DIAZ FUERTE INVERSIONES, con fundamento en la causal establecida en el numeral 3.1 del artículo 502 del Decreto 2589 de 1999, cuando en la diligencia de reconocimiento o inspección se encuentre carga en exceso. En dicha acta, se indica que la mercancía quedaba almacenada en el depósito ALMAGRARIO S.A., sin que se surtiera notificación personal a los interesados, siendo firmada el acta, por un funcionario de la DIAN y por el representante del depósito (folios 6-24 cuaderno de pruebas). El contenido del Acta de Aprehensión No. 0057 COMEX del 4 de marzo de 2008, fue notificado por estado fijado en un lugar visible de la División de Documentación de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, desde el 25 al 27 de marzo de 2008 (folio 99 cuaderno de pruebas). El 3 de abril de 2008, la apoderada de la sociedad DIAZ FUERTE INVERSIONES S.A., presentó objeciones al acta de aprehensión. De acuerdo con lo anterior, encuentra la Sala que, la notificación por estado se encuentra regulada por la normatividad aduanera, cuando en el curso de la diligencia de aprehensión, no sea posible notificar personalmente a los interesados en la mercancía objeto de aprehensión.

En ese sentido, al no estar presentes en la diligencia de aprehensión el propietario de la mercancía y/o los responsables de la obligación aduanera, y al no ser posible la realización de la notificación personal al final de la diligencia, procedía entonces la notificación por estado, tal como la llevó a cabo la Administración de Aduanas. Por tanto, el hecho de que no se hubiere realizado la notificación personal al interesado, del acta de aprehensión, no configura una violación al debido proceso, pues utilizando la otra opción de notificación que contempla la ley, se puso en conocimiento del interesado la medida cautelar, y como consecuencia de ello, pudo ejercer su derecho de defensa presentando las correspondientes objeciones al acta de aprehensión, dentro del término señalado para ello. En conclusión, el cargo relacionado con la indebida notificación del acta de aprehensión de la mercancía, no prospera […]”
3.1.2.2. Procedencia del decomiso de la mercancía por la causal establecida en el numeral 3.1 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999
“[…] Mediante formato de Continuación de Viaje con número de aceptación 0608003478 de 25 de febrero de 2008 (folio 59 cuaderno de pruebas), se autoriza la Operación respaldada en el documento de Transporte Multimodal No. 6578 de 23 de febrero de 2008 y manifiesto de carga No. 062008100000993 de la misma fecha, en la que figura como Operador de Transporte Multimodal LOGÍSITCA TOTAL S.A., en el que se indica que contiene 1197 bultos de aparatos para la reproducción de imagen y el sonido, papel y disket equipos de sonido, televisores, sistema de bocinas, teatro en casa, radio grabadoras, DVD, sistema musicales, equipos para autos, rasuradoras, para un peso total de 11.170 kilogramos. Así mismo, en la observaciones del Operador de Transporte Multimodal se indica: B/L SMLUCAR005A08025, FACTURA: 1057924. En la factura No. 1057924, que es la que se encuentra relacionada en el Formato de Continuación de Viaje, se describe la mercancía de la siguiente manera:

REFERENCIA
DESCRIPCION UNIDAD

CANTIDADPRECIO UND

TOTALHC-6120UXREPRODUCTOR DE DVDCU106,0060,00DVD-1080P7REPRODUCTOR DE DVDCU136,0078,00DVD-HD870REPRODUCTOR DE DVDCU75,0035,00KX-FT937LA-BFAXCU2012,00 240,00LH-T3602SEREPRODUCTOR DE DVDCU1011,00 110,00HT-502SH-A2REPRODUCTOR DE DVDCU523,0060,00RTLCD-108TVTELEVISORCU3023,00 690,00DVP-3I60K/55REPRODUCTOR DE DVDCU306,00180,00DEH-3050UBREPRODUCTOR DE CDCU3046,00 1.824.00DEH-2050REPRODUCTOR DE CDCU1025,00510,00TS-A1682PARLANTESCU243,00 72,00TS-A6982PARLANTESCU243,00 72,00KW-AX800REPRODUCTOR DE CDCU205,00 100,00KD-ADV7380REPRODUCTOR DE CDCU205,00 100,00KS-BTA200REPRODUCTOR DE CDCU105,00 100,00RDVLCDTELEVISORCU612,00 72,00TP-605GURADIO GRABADORACU609,00 540,00HTZ-161DVDREPRODUCTOR DE DVDCU155,00 50,00DPC-7209ND-ATREPRODUCTOR DE DVDCU905,00 450,00CDX-GT470REPRODUCTOR DE CDCU 1807,001.260,00LNS-1951WXTELEVISORCU2012,00 240,00mr-MP4nftiiRFPRODI1CTOR DF CDCU 11216,001.792,00CMT-GS10SISTEMA MUSICACU 2513,00325,00CMT-BX3RSISTEMA DE MUSICACU 1012,00120,00KDL26S300TELEVISORCU 414,0056,00LN32R71TELEVISORCU 6013,00780,00RVL-S-WFSPCU 3023,00690,00CDX-GT270REPRODUCTOR DE CDCU 1006,00600,00CDX- GT650REPRODUCTOR DE CDCU 86,0048,00CFD-G770RADIO GRABADORACU105,0050,00CFDRS60RADIO GRABADORACU3012,00360,00CFD-S03RADIO GRABADORACU3011,00330,00CFDS35RADIO GRABADORACU2012,00240,00KDL-32S3000TELEVISORCU523,00115,00MHC-EC77SISTEMA DE MUSICACU1021,00210,0019PFL4322TELEVISORCU524,00120,00DD-X7039REPRODUCTOR DE CDCU16,006,00DD-X8039REPRODUCTOR DE CDCU18,008,00KCA-IP300VCU201,0020,00KDC-MP5033REPRODUCTOR DE CDCU2044,00816,00KDC-X492REPRODUCTOR DE CDCU606,00350,00KFC-P707 REPRODUCTOR DE CDCU235,00115,00VALOR TOTAL U.S 13.979,00
De acuerdo con lo consignado en el acta de hechos, visible a folio 55 del cuaderno de pruebas, por orden estricta del Administrador Especial de Aduanas de Cartagena, se realizó inspección física a la mercancía, siendo encontrada mercancía que no se encontraba relacionada en la factura presentada por el Operador de Transporte Multimodal, tal como se consignó en el Acta de Aprehensión No. 0057 COMEX de 4 de marzo de 2008 (folios 6-24 cuaderno de pruebas). Mediante escrito presentado el 5 de marzo de 2004 (folio 40), la apoderada de la sociedad DIAZ FUERTE INVERSIONES, entregó las copias de la(sic) facturas que amparaban las mercancías, entre dichas facturas, no se encuentra la No. 1057924 que fue la que se relacionó en el Formato de Continuación de Viaje. Por medio de la Resolución No. 001564 de 29 de agosto de 2008 (folios 221 - 242), proferida por el Jefe de la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, se resolvió la situación jurídica de la mercancía de propiedad de DIAZ FUERTE INVERSIONES S.A., ordenando el decomiso de la misma a favor de la Nación, por la causal establecida en el numeral 3.1 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, por considerar que la mercancía se encontraba en una situación irregular, al no ser posible identificar en la factura presentada para solicitar la Continuación de Viaje, el valor correcto de la mercancía, y porque había una parte de la misma que se consideró como no presentada a la autoridad aduanera, por no encontrarse relacionada en el Documento de Transporte No. SMLUCAR 005A08025 de 23 de febrero de 2008. Contra la mencionada resolución, la sociedad DIAZ FUERTE INVERSIONES, interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto mediante Resolución No.

000272 de 5 de diciembre de 2008 (folios 280 - 288), proferida por el Jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, confirmando la resolución que ordenó el decomiso de la mercancía, exponiendo entre otros argumentos, que revisado el Documento Soporte, la autoridad aduanera encuentra que no es posible establecer el precio, el género o el valor de la totalidad de la mercancía, caso en el cual se entiende que la misma no se encuentra amparada en la Continuación de Viaje, y debe entonces aplicarse la causal de aprehensión prevista en el numeral 3.1 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999. Visto lo anterior, encuentra la Sala que, el Operador de Transporte Multimodal al momento de realizar la solicitud, debió consignar en el formato correspondiente, toda la información sobre la mercancía, y la misma debe coincidir con la información relacionada en los documentos que le servían de fundamento, como el conocimiento de embarque y la factura comercial. En el caso objeto de estudio, el Operador de Transporte Multimodal LOGÍSTICA TOTAL S.A., en el Formato de Continuación de Viaje, indicó que la mercancía se encontraba amparada en el B/L SMLUCAR005A08025 y en la factura No. 1057924, que fueron los documentos que acompañó a la solicitud. Al momento en que la autoridad aduanera, realizó la inspección física, en cumplimiento de su función de fiscalización, encontró que la mercancía objeto de la Operación de Transporte Multimodal, era superior en cantidad a la relacionada en los documentos que sirvieron de soporte, por tal motivo se configuraba la causal de aprehensión y decomiso establecida en el numeral 3.1 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999. Lo anterior indica que, contrario a lo afirmado por la parte demandante en este caso sí procedía el decomiso de la mercancía, pues se encontró una carga superior a la consignada en la Continuación de Viaje y en la factura que presentó el Operador de Transporte Multimodal. Ahora bien, una vez tuvo conocimiento la sociedad propietaria de la mercancía, de la aprehensión de la misma, remitió a la Administración de Aduanas de Cartagena, varias facturas que según lo afirmado, amparaban la mercancía aprehendida, entre las facturas no figura la que fue aportada por el Operador de Transporte Multimodal. Dicha circunstancia, no permite a la autoridad aduanera tener certeza de que la mercancía encontrada, corresponda con la realmente encargada en la Operación de Transporte Multimodal, motivo por el cual es procedente el decomiso en este caso, por haberse encontrado un exceso de carga, respecto del relacionado en la Continuación de Viaje y los documentos que le sirvieron de soporte a la misma. Así las cosas, no encuentra la Sala que con la expedición de los actos administrativos demandados, hubiera incurrido la entidad demandada en falsa motivación, toda vez que, las razones que sirvieron de fundamento al decomiso de la mercancía, coinciden con la situación táctica que se ha encontrado acreditada con los documentos que conforman el expediente administrativo. En ese sentido, se denegarán las pretensiones de la demanda […]”.

3.2. Costas

El Tribunal Administrativo de Bolívar, “Sala de Decisión No. 3”, manifestó que:

“[…] Por último no habrá condena en costas, de conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998, por no observarse temeridad en la conducta de la demandante […]”.

4. El recurso de apelación presentado por la parte demandante
La parte demandante, por medio su apoderado, presentó, mediante escrito de 31 de enero de 2012, recurso de apelación contra la sentencia de 15 de diciembre de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, “Sala de Decisión No. 3”, sustentando el mismo con base en los siguientes argumentos:
“[…] el Concepto Unificado No. 001 de 2005, emitido por la Oficina Jurídica de la DIAN, ha considerado, que frente aspectos relacionados con la inconformidad respecto del valor de la mercancía en una Operación de Transito Multimodal, sería una causal de NO ACEPTACIÓN del trámite de CONTINUACIÓN DE VIAJE, con destino a Bogotá D.C., de acuerdo con el literal b) del artículo 361 del Decreto 2685 de 1999 que para esa clase de inconsistencias señala que sólo constituye causal de no aceptación del tránsito, lo que entonces daba pie y derecho a la sociedad DÍAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C a presentar las correspondientes DECLARACIONES DE IMPORTACIÓN ante la Administración Especial de Aduanas de Cartagena o en su defecto, la posibilidad de que la Empresa Transportadora pudiera subsanar el error en el que incurrió, con la presentación de una NUEVA SOLICITUD DE CONTINUACIÓN DE VIAJE, ya soportada documentalmente con las facturas cambiarías de compraventa originales, de las que disponía la sociedad importadora como propietaria de las mismas. Así mismo al haber procedido a la aprehensión de la mercancía por un presunto "exceso", que se dice en las actas de aprehensión fue detectado, como consecuencia de la inspección física de las mercancías, por parte de las autoridades aduaneras de Cartagena, según la causal consignada en el ACTA No. 057 COMEX del 4 de marzo de 2008, se tenía entonces la medida de aprehensión limitar al "exceso” determinado frente a lo consignado en los documentos de transporte, y una vez confrontada la cantidad de la mercancía inventariada, con las que correspondían al documento de transporte y sus lista de empaque, así como el peso, el volumen y demás aspectos fundamentales que permitían la plena identificación e individualización de las mercancías, pero sin haberse realizado este procedimiento y ninguna clase de cotejo para la determinación del EXCESO invocado como causal de la medida adoptada, SE APREHENDIÓ LA TOTALIDAD DE LAS MERCANCÍAS QUE ESTABAN AL INTERIOR DE LA RESPECTIVA UNIDAD DE CARGA, lo que convierte en ilegal e infundada la aprehensión dando que la causal invocada por la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, en si no corresponde con la causal invocada y menos aún está contemplada esta clase de actuación para cuando la mercancía se le ha presentado a la Aduana con el lleno de los requisitos y formalidades legales.

De manera pues, que ha(sic) esta sociedad transportadora aparte de que no se la vinculó a los procesos administrativos anteriormente señalados, tampoco se le permitió SUBSANAR o CORREGIR LA DECLARACIÓN DE CONTINUACION DE VIAJE, ante la inconsistencia que pudo presentarse por parte de la misma y del que dio cuenta el Inspector Aduanero de la División de Comercio Exterior de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, en el que fue completamente ajena la sociedad importadora que represento, pues de haberse garantizado estos derechos fundamentales que les fueron conculcados a una y otra sociedad, no solamente que se habría podido presentar una nueva solicitud de continuación de viaje, sino que, de no ser procedente esta petición, en el sentir de la Administración Aduanera de Cartagena, entonces a la Sociedad Importadora, se le tenía que permitir nacionalizar su mercancía en el lugar del arribo de la misma al territorio aduanero nacional, es decir en la misma Aduana de Cartagena, o en su defecto después de haberse realizado el inventario minucioso de las mercancías arribadas al país, para su confrontación con las declaradas en los documentos de transporte, permitirle a la sociedad DIAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S EN C, quien fungía como importadora de las mismas, que igualmente pudiera nacionalizar, por vía del rescate mediante su LEGALIZACIÓN, las mercancías que resultaren en exceso, de conformidad con el Artículo 228 del Decreto 2685 de 1999, y según lo argüido en el acta de aprehensión, procedimiento que en realidad no se llevó a cabo, toda vez que el inventario se hizo SI, pero no para confrontarlo con la documentación de viaje, sino PARA APREHENDER LA MERCANCÍA EN SU TOTALIDAD, siendo por consiguiente aspectos que, desconoció el Tribunal Administrativo de Bolívar al momento de emitir decisión de primera instancia. De otra parte, el Honorable Tribunal Administrativo de Bolívar considera que, los actos administrativos demandados están ajustados al Ordenamiento Legal, bajo el parámetro centrado en que la Entidad demandada, actuó conforme las amplias facultades de fiscalización, desconociendo que, según la naturaleza de la Operación de Comercio Exterior que originó toda la controversia Jurídica se dio al amparo de un Contrato de Transporte Multimodal, por ello si bien existen facultades de Fiscalización se debe entender que los controles aduaneros ejercidos en Zona Primaria Aduanera para el Régimen de Tránsito Aduanero (Continuación de Viaje) en(sic) limita al reconocimiento externo de la carga para verificar la cantidad, peso y número de bultos y, por ello, la causal de aprehensión y posterior decomiso, esto fue, la 3.1. del Artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, dispone de forma expresa:
"3.1.

Cuando en la diligencia de reconocimiento o inspección, se encuentre carga en exceso respecto a la amparada en el documento de transporte"
Disposición que es muy precisa, en definir el exceso, debe ser respecto al DOCUMENTO DE TRANSPORTE, que en esta eventualidad era el B/L SMLUCAR 005AQ8025 es decir que en la inspección, debió verificarse la cantidad de bultos y pesos descrita en el DOCUMENTO DE TRANSPORTE enunciado y la inspeccionada, aspecto que no se hizo, ya que si se observa el fundamento de la aprehensión y posterior decomiso, se centra en que la carga NO CORRESPONDE CON LA FACTURA APORTADA, lo que implica, que la situación fáctica no corresponde con el fundamento jurídico, ya que, la causal de aprehensión 3.1. del Artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 en su tenor literal hace alusión únicamente a la carga sobrante que no está amparada en el Documento de Transporte. […]
De otra parte, vale la pena indicar que, no le asiste razón al Tribunal Administrativo de Bolívar, al considerar que el hecho centrado en que el OTM hubiera aportado una factura que no correspondía daba lugar a la aprehensión y posterior decomiso de la misma, con fundamento en la causal 3.1 del Artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, ya que, como se ha sustentado, el control en Zona Primaria Aduanera, debía realizarse conforme lo establecido en el Documento de Transporte, presentado por el Operador de Transporte Multimodal. Ya que exigir la factura y verificar si corresponde o no, es un control, que se realiza en un proceso de importación, aunado a lo anterior, vale indicar que el control adelantado en Zona Primaria, realizado por la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, con ocasión del Tránsito Aduanero (Continuación de Viaje), no autoriza a la Autoridad Aduanera de Cartagena, para realizar verificaciones respecto al valor en aduana de la mercancía que aún no había sido sometida a Régimen de Importación, ya que ese tópico guarda relación con el control que se efectúa en desarrollo del proceso de importación previo al levante de la misma, o bien, con ocasión del control posterior en un proceso de Revisión de Valor para la formulación de Liquidaciones Oficiales de Revisión de Valor, en virtud de las amplias facultades de control y Fiscalización aduanera. Así las cosas, es evidente indicar que no le asiste razón al Tribunal Administrativo de Bolívar, al concluir que los actos administrativos demandados, no adolecen de falsa motivación, bajo el sustento que se encontró una carga superior a la consignada en la continuación de viaje y en la factura que presentó el Operador de Transporte Multimodal, ya que el exceso de que trata la causal 3.1. del Artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, se centra en, un exceso respecto de la mercancía consignada en el DOCUMENTO DE TRANSPORTE, y no respecto de la Factura, lo que implica que no se entiende si se trataba de sobrantes de mercancías que no estaban amparados en el documento de transporte o porque las facturas presentaban inconsistencias respecto de los valores o descripción de la mercancía, ya que de ser la segunda opción, la misma no se adecúa a lo establecido en la causal de aprehensión, por cuanto los sobrantes deben ser detectados conforme el documento de transporte, y no sobre lo consignado en la factura y su descripción. El criterio anterior, igualmente es plasmado por el entonces Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera de la UAE DIAN, según oficio 1161 del 13 de Abril de 2009, que milita a folios 76 a 77 del Expediente CU 2008-2009-00360 seguido contra la sociedad DIAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C., y que aporto en copia auténtica al presente recurso para que sea considerado como medio de prueba al momento de desatar el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de Primera Instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del proceso de la referencia.

En cuanto al siguiente cargo, consistente en la vulneración del debido proceso a la sociedad DIAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C., por ausencia de Notificación Personal de Acta de Aprehensión No. 0057 COMEX del 4 de Marzo de 2008, me permito manifestar que no le asiste razón al Tribunal Administrativo de Bolívar, al manifestar que dicho aspecto no perfecciona un desconocimiento del Artículo 29 de la Constitución Nacional, en tanto que, la notificación personal de que trata el artículo 563 del Decreto 2685 de 1999, se realiza a las personas que se encuentren al finalizar la diligencia de aprehensión, consideración que desconoce aspectos tan puntuales como son: Que se perfeccionó la vulneración del debido proceso ya que, la Administración Especial de Aduanas de Cartagena omitió NOTIFICAR el Acta de Aprehensión No. 057 COMEX del 4 de Marzo de 2008 en forma personal a mi representada DIAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C, según lo establece el Artículo 563 del Decreto 2685 de 1999, que en su parágrafo tercero establece:
"El acta de aprehensión, reconocimiento, avalúo y decomiso directo, se notificarán personalmente al finalizar la diligencia al interesado o responsable de las obligaciones aduaneras..."
O como lo dispone el artículo 564 ibídem en el sentido de que:
"La notificación personal se practicará por la Administración Aduanera en el domicilio del interesado o en la sede de la Administración de Aduanas respectiva, cuando el notificado se presente voluntariamente a notificarse o porque haya mediado citación para el efecto, en cuyo caso se deberá dejar constancia en el expediente. La citación deberá enviarse dentro de los cinco días siguientes a la expedición del acto". Procedimientos que no se realizaron y por lo tanto se afectaron los intereses de mi representada pues la misma no se le notificó, bajo el argumento que el Acta de Aprehensión fue notificada por Estado a la Empresa DIAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C y se omitió vincular al proceso administrativo aduanero a la sociedad OTM LOGISTICA TOTAL S.A, quien igualmente debió ser vinculada en razón al artículo 3o del Decreto 2685 de 1999, pues ésta es titular de responsabilidad aduanera, más cuando las circunstancias que originaron la aprehensión se dieron cuando el OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL -OTM LOGISTICA TOTAL S.A., tenía bajo su responsabilidad y custodia la mercancía, lo que significa que tanto el OTM y la empresa DIAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C, debían ser NOTIFICADAS PERSONALMENTE, y la NOTIFICACIÓN POR ESTADO de una de ellas no suplía la notificación personal de ambas, pues es a ésta a quien le asiste el interés jurídico sobre la mercancía, pretermisión que afectó el DEBIDO PROCESO y conocer de manera oportuna la medida precautelar que afectaba su mercancía. Es así que al haber eludido la NOTIFICACIÓN PERSONAL, a la sociedad DIAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C, según las previsiones del artículo 563 y 564 del Decreto 2685 de 1999, no se le garantizó el derecho de debido proceso de rango constitucional, por lo cual al haberse omitido dicho trámite procesal, cuando el domicilio de la sociedad importadora está radicado en Bogotá se patenta aún más la vulneración del artículo 29 superior, pues el artículo 563 y 564 señala:
"La notificación personal se practicará por la Administración Aduanera en el domicilio del interesado, o mediante citación que deberá enviarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto”.

Debe entenderse para todos los efectos jurídicos "interesado" el responsable de las obligaciones aduaneras, que para este caso, no sólo era la empresa transportadora o el Operador de Transito Multimodal, sino la Sociedad Importadora -DÍAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C-, que a la luz del artículo 3o del Decreto 2685 de 1999, que reza: " De conformidad con las normas correspondientes, serán responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario o poseedor o tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de las obligaciones que se deriven de su intervención, el transportador, el agente de carga internacional, el depositario, intermediario y declarante”. En consecuencia a ello se tiene que el acta de aprehensión tenía que notificarse personalmente, en especial a la más interesada, que era la importadora y propietaria de la mercancía aprehendida Sociedad DÍAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C, tal como lo establece los artículos 563 y 564 del Decreto 2685 de 1999 y, no como se hizo por ESTADO, esto es, sin intentar primero la notificación personal habida cuenta que la dirección de mi representada se encontraba en los documentos que soportes(sic) de la operación aduanera.
[…]
Así las cosas no puede suplirse la NOTIFICACIÓN PERSONAL que debió realizarse al importador, por la notificación personal a la representante de la OTM Logística Total S.A., bajo el argumento que se reseña en la Resolución que Resuelve el Recurso de Reconsideración centrado en que: "se realizó la notificación personal al representante de la OTM Logística Total S.A., quien en ese momento se encuentra responsable de la mercancía según consta en la continuación de viaje No. 0608003478 del 25 de Febrero de 2008, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 504 del Decreto 2685 de 1999", pues es claro que quien tiene el interés jurídico respecto de la mercancía es la Sociedad DIAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTE S en C, y por ende es a ésta a quién debió notificársele el Acta de Aprehensión de manera personal […]” (Destacado del texto original)

5. Trámite en segunda instancia del recurso de apelación
El Despacho sustanciador de la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 24 de abril de 2012, admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia de 15 de diciembre de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, “Sala de Decisión No. 3”.

El Despacho sustanciador, mediante auto de 1 de diciembre de 2014, ordenó “[…] Por Secretaria, córrase traslado a las partes y al Procurador Delegado ante esta Corporación, por el término de diez (10) días, para que presenten sus alegatos de conclusión […]”.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia y concepto del Ministerio Público

6.1. Alegatos de conclusión de la parte demandante

La parte demandante, mediante escrito de 15 de diciembre de 2014, presentó sus alegatos de conclusión básicamente indicando los mismos argumentos esgrimidos en el recurso de apelación.

6.2. Alegatos de conclusión de la DIAN

La DIAN, mediante escrito de 15 de enero de 2015, presentó los alegatos de conclusión, igualmente, basando sus argumentos de la misma forma que lo hizo en la contestación a la demanda e insistiendo, sobre la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad – conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativa.

La DIAN, mediante escrito de 22 de febrero de 2018, allegó al expediente poder especial al abogado Mauricio Alexander Dávila Valenzuela, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 7.176.796 y tarjeta profesional 144.875 “[…] con el fin de representar a la NACIÓN U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, en el proceso de la referencia […]”.

6.3. Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, del presente asunto, en los términos del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el numeral 3 del artículo 132 ibídem; y, el artículo 13 del Acuerdo 58 de 15 de septiembre de 1999, modificado por el Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003 expedidos por la Sala Plena de esta Corporación.
La Sala procederá a examinar las argumentaciones expuestas por la parte demandante en el recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia de 15 de diciembre de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, “Sala de Decisión No. 3”, mediante la cual se denegó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, (hoy artículo 328 del Código General del Proceso), aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso, pues los mismos, en el caso de apelante único, definen el marco de la decisión que ha de adoptarse en esta instancia.
La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) requisitos de procedibilidad del recurso de apelación interpuesto y la verificación de ausencia de causales de nulidades procesales; iii) el problema jurídico; iv) marco normativo aplicable; v) el análisis del problema jurídico y la resolución de los cargos formulados en el recurso de apelación; iv) reconocimiento de personería a los nuevos apoderados de las partes; y vi) conclusiones.

2.2. Verificación de ausencia de causales de nulidades procesales

Visto el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por expresa remisión del artículo 165 del Código Contencioso Administrativo, la Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se  procede a decidir el caso sub lite.

Si bien es cierto la Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en atención a que la DIAN en sus alegatos de conclusión insiste sobre la falta del requisito de procedibilidad de la acción, referente a la ausencia de la conciliación extrajudicial de que trata Ley 640 de 5 de enero de 2001, la Sala considera necesario aclarar este punto previo a analizar el fondo del asunto. La Sala encuentra establecido dentro del expediente lo siguiente:

En el presente caso, la sociedad demandante presentó, ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos aquí demandados el día 13 de abril de 2009.

Por escrito recibido el 25 de julio de 2009, el apoderado de la sociedad demandante, allegó al expediente el “ACTA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL No. 313” de 17 de junio de 2009, suscrita por el Procurador 51 Judicial Administrativo delegado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; en dicha acta se indica: “[…] Esta Procuraduría en atención a lo manifestado por los apoderados de las partes y ante la imposibilidad de conciliar, declara cerrada la presente diligencia y se da por terminada la eta conciliatoria. Se deja constancia que la solicitud fue presentada el 13 de abril de 2009[…]”.

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante auto de 4 septiembre de 2009 admitió la demanda.
De lo anterior se puede determinar que la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el mismo día en que se ejerció la acción nulidad y restablecimiento del derecho; además, coincide con el último día anterior al vencimiento del término legal de cuatro meses previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, para presentar la demanda.

Esta Sección se ha pronunciado sobre la imposibilidad de rechazar una demanda cuando se acredita el requisito de procedibilidad, de la conciliación extrajudicial así se hubiera presentado luego de la presentación de la demanda, así lo consideró:
“[…] Una vez revisado al acervo probatorio obrante en el expediente, la Sala advierte que el auto de 13 de febrero de 2014, por medio del cual la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda, al considerar que la misma no fue subsanada en debida forma, habrá de revocarse, comoquiera que al momento de expedirse dicha providencia, dentro del expediente ya obraba la constancia de agotamiento del trámite extrajudicial de que trata el artículo 161 del CPACA.
[…]

En el presente caso, el requisito de procedibilidad se agotó acorde con las previsiones del ordenamiento jurídico, pues se adelantó el trámite ante la Procuraduría 131 Judicial II para Asuntos Administrativos, este resultó fallido y en esos términos se expidió la respectiva constancia. Sin embargo, es un hecho cierto que la citada constancia no se allegó con la presentación de la demanda; pero sí se anexó la constancia de radicación de la solicitud de agotamiento del trámite conciliatorio, dado que a la fecha de radicación de la misma, aún no se contaba con dicha constancia, por cuanto aún no se había celebrado la audiencia de conciliación extrajudicial.

Así las cosas, le asiste la razón al recurrente al indicar que con el rechazo de la demanda, se le impidió el acceso a la administración de justicia, apoyando su posición con jurisprudencia de esta Corporación, básicamente en las providencias de 28 de enero de 2010 (M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, exp. 2009-01244-00) y 1 de noviembre de 2012 (M.P. Gerardo Arenas Monsalve, exp. 2010-00443-01), las cuales son del siguiente tenor:

“-. Consejo de Estado. Sentencia de veintiocho (28) de enero de dos mil diez (2010), Radicación No. 11001 03 15 000 2009 01244 00 M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

(…) Así las cosas, el requisito fue subsanado antes de finalizar la actuación judicial, por lo que es posible continuar el proceso por haber fallido el intento conciliatorio. […] impedir al demandante acceder al aparato jurisdiccional por la inexistencia de un requisito que actualmente se encuentra acreditado, no cumple con el mandato superior de la prevalencia del derecho sustancial frente al material (…)

-. Consejo de Estado. Sentencia del 01 de noviembre de 2012, expediente No. 23001-23-31-000-2010-00443-01, C.P. Gerardo Arenas Monsalve

(…) es posible establecer que previo a la interposición de la demanda se presentó solicitud de conciliación extrajudicial, diligencia que se llevó a cabo con posterioridad a la presentación de la misma y, que en el trámite del recurso de apelación del auto que rechazó la demanda, fue aportada la copia del acta y la constancia de la conciliación extrajudicial, lo cual no impide que se tenga como acreditado el requisito de procedibilidad de la acción previsto en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 […] En efecto, el rechazo de la demanda por haberse acreditado el requisito de la conciliación extrajudicial con posterioridad a la presentación de la demanda, pero con anterioridad a resolver sobre la admisión de la demanda, no sólo supone una vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia, sino también del mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial frente al formal toda vez que, sólo en el momento en que se encuentra ejecutoriada dicha providencia, se entiende integrado plenamente el contradictorio que ha planteado la parte accionante
(…)”.

Nótese que al igual que en los supuestos fácticos que dieron lugar a los citados pronunciamientos, dentro del expediente al momento de proferir el auto objeto de recurso, ya se encontraba la constancia que acreditaba el agotamiento, en debida forma, del requisito de procedibilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala revocará el auto de 13 de febrero de 2014, por medio del cual la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda instaurada por la parte actora y, en su lugar, se ordenará a dicho despacho judicial que provea sobre la admisión de la misma, previo estudio de los requisitos que la Ley exige para el efecto, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia […]”.

En el presente proceso la parte demandante, allegó al expediente, mucho antes de que se admitiera la demanda, el Acta de Conciliación núm. 313 suscrita por el Procurador 51 Judicial Administrativo delegado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el apoderado de la parte convocante, sociedad Díaz Fuerte Inversiones y Transporte S. en C. y el apoderado de la DIAN, por lo que fue subsanado el requisito de procedibilidad por la falta de agotamiento de la conciliación administrativa, en consecuencia, no le era posible al a quo, rechazar la demanda e impedir el acceso al administración de justicia a la parte demandante cuando ya había acreditado el requisito de procedibilidad, cumpliendo con el mandato superior de la prevalencia del derecho sustancial frente al materia.

2.3. Los actos administrativos demandados

Se procederá a transcribir los apartes más relevantes de las resoluciones objeto de la presente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, sin perjuicio de la transcripción que de los mismos se haga al analizar cada uno de los cargos presentados, así: 2.3.1. La Resolución núm. 0001564 del 29 de agosto de 2008, proferida por la Jefe de la División de Fiscalización de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, por medio de la cual se ordenó decomisar a favor de la nación la mercancía aprehendida mediante Acta núm. 0057 COMEX de 4 de marzo de 2008.
“[…]
“RESUMEN DE LA SITUACIÓN FÁCTICA
El día 25 de febrero de 2008 se acepta por parte del Grupo de Carga de la División de Servicio al Comercio de esta Administración, Continuación de Viaje de la mercancía amparada por el Documento de Transporte Multimodal No. 6578, asignándole No. 0608003478, la mencionada Continuación de Viaje se aceptó teniendo en cuenta la factura No. 1057924, tal y como se encuentra consignado en la casilla No. 21 de la copia de la continuación de viaje que reposa a folio 57. El mismo día por instrucciones de las directivas de la Administración se procedió a realizar inventario físico de la mercancía amparada por el documento de transporte multimodal No. 6578 y el Documento de Transporte No. SMLUCAR005A08025. El 05 de Marzo de 2008, la Dra. Blanca Aydee Quintero actuando en calidad de Apoderada de la empresa DIAZ FUERTE INVERSIONES Y TRANSPORTES S.EN C., radica escrito con el No. 009878, mediante el cual adjunta como documentos soportes de la Continuación de viaje facturas diferentes a las presentadas como documentos soportes de la Continuación de Viaje facturas diferentes a las presentadas por el Operador de Transporte Multimodal al Grupo de Carga de esta Administración al momento de solicitar la aceptación de la mencionada continuación de viaje. Así las cosas los funcionarios de la División de Servicio al Comercio Exterior de esta Administración procedieron a realizar aprehensión de la mercancía mediante Acta No. 57 Comex del 04 de marzo de 2008, por la causal tipificada en el numeral 3.1 del Artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, lo anterior en concordancia en el Concepto 001 de 2005. […]”
“[…] CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
“[…] la DIAN no tenía por qué solicitar los documentos al Importador para autorizar el Régimen, ya que los mismos deben ser aportados por el Intermediario que haya escogido el dueño de la mercancía, consideramos que establecer quién y porqué aportaron determinada factura al momento de solicitar la continuación de viaje en nada afecta la situación jurídica de la mercancía aprehendida, ya que con el mencionado argumento no se refuta la situación que generó la aprehensión. Se indica también por parte de la abogada que no se encontró mercancía en exceso, y mucho menos no amparada en los documentos de transporte o B/LS, por ende la mercancía se encuentra debidamente relacionada en los documentos de transporte. Respecto a este punto es preciso indicar que la mencionada situación que no es del todo cierta primero porque la descripción de las mercancías en el Documento de Transporte está realizada de manera genérica lo que no permite identificarlas plenamente, además de esto existe mercancía que no se encuentra relacionada en el Documento de Transporte No. SMLUCAR 005A08025, además la medida cautelar se generó por presentar a la autoridad aduanera un documento (Factura) que presuntamente no correspondía con la operación solicitada por parte del Operador de Transporte Multimodal Logística Total S.A. situación que se encuentra enmarcada en el Concepto 001 del 05 de Diciembre de 2005…
“[…]
De lo anterior se puede concluir que con la factura aportada por parte de Logística Total S.A. en el momento de solicitar la Continuación de Viaje no era posible identificar el valor correcto de la mercancía, ya que con posterioridad el importador aportó una factura diferente con valores distintos.

La abogada señala como motivo de inconformidad que las mercancías sí venían relacionadas en el Documento de Transporte, situación que no es del todo cierta primero porque la descripción de las mercancías en el Documento de Transporte está realizada de manera muy genérica lo que no permite identificarlas plenamente, además de esto existe mercancía que no se encuentra relacionada en el Documento de Transporte No. SMLUCAR 005A08025, tal y como se explica más adelante. Otro de los motivos de inconformidad es que a Díaz Fuerte Inversiones y Transportes S. en C. nunca se le solicitaron los documentos que demostraran la propiedad y adquisición lícita de la mercancía. Considera este Despacho que en el momento de la solicitud de la Continuación de Viaje la Administración no requería hacerlo, y luego los mismos fueron aportados por la Apoderada del Interesado así que en aplicación del principio de celeridad la DIAN no solicita a los interesados documentos o Información con la que ya cuenta. La abogada plantea tres interrogantes que consideramos necesario explicar nuestra posición uno por uno:
"¿Cómo es posible que se le comunique la aprehensión de su mercancía sin previo estudio de la situación supuesta encontrada?"- Tal y como lo expresan las definiciones del Artículo primero del Decreto 2685 de 1999, la aprehensión es una medida cautelar, mediante la cual la DIAN, retiene una mercancía mientras determina el correcto cumplimiento de las obligaciones aduaneras, es tanto así, que notificada la aprehensión le otorga un término a los interesados para que presenten las razones por las cuales no están de acuerdo con la medida cautelar desarrollada por la autoridad aduanera. En la mencionada objeción a la aprehensión el interesado debe aportar los documentos que presuntamente desvirtúan la situación irregular que género la aprehensión. Por lo que el momento adecuado para valorar la documentación aportada por los interesados es en el proceso de situación jurídica donde el funcionario encargado de la investigación cuenta con el tiempo y con las herramientas para decretar y realizar las pruebas que se consideren confirman o desvirtúan la situación que generó la aprehensión.

Así las cosas este Despacho no está de acuerdo con el señalamiento de la abogada al indicar que la Administración no estudió los documentos aportados, ya que los mismos se tuvieron en cuenta al momento de decretar pruebas y practicarlas, tal y como lo autoriza la Legislación Aduanera.
¿Cómo puede el Estado apropiarse de los bienes ajenos de una manera tan olímpica? "El Estado no se ha apropiado de ninguna manera de los bienes de Díaz Fuerte Inversiones y Transporte S. en C, y menos de una manera olímpica, ya que como se explicó anteriormente la aprehensión es una medida cautelar orientada al estudio de los supuestos que generaron la aprehensión, sin decir en ningún momento que con la aplicación de la mencionada medida, los bienes pasan a poder del Estado, es tanto así que la misma Legislación Aduanera establece en su artículo 506 que la mercancía se debe entregar a su dueño en el momento en que se determine que cumplió con las obligaciones aduaneras.
"¿La administración aprehende la mercancía sin ninguna notificación previa, violando todos los derechos de defensa?”.- en ningún momento se viola el derecho de Defensa al Interesado ya que la Legislación Aduanera exige la notificación del acta de aprehensión y en caso de no estar de acuerdo con la medida le otorga 10 días hábiles al interesado para presentar los argumentos mediante los cuales, considera se desvirtúa la situación que generó la aprehensión; así las cosas en la presente investigación todos los términos han sido respetados por este Despacho ya que el Acta de Aprehensión fue notificada por Estado el día 27 de Marzo de 2008, tal y como figura a folio 97, y se esperó hasta el día 10 de Abril para que los interesados radicaran su Documento de Objeción, el cual fue radicado el 03 de abril de la misma fecha y se ha tenido en cuenta para las pruebas en el presente Acto. Se indica por la abogada que la valoración de las mercancías de propiedad de su poderdante es estruendosamente alta, que no es posible que una entidad que supuestamente debe saber de valoración aduanera, valore mercancías sin tener en cuenta las normas que para tal fin define el GATT. Respecto a este Punto se le informa a la Abogada que la Resolución No. 2201 de 2005, adoptó la base de precios para fijar el avalúo e ingreso a depósito de mercancías aprehendidas y abandonadas a favor de la Nación; la mencionada Resolución fue publicada en el Diario Oficial el día 06 de Abril de 2005, como herramienta oficial para la fijación del avalúo e ingreso a depósito de las mercancías aprehendidas y abandonadas a favor de la Nación, y fue el sustento para el avalúo de las mercancías realizadas por la Administración. Respecto al Argumento referido a que el Acta de Aprehensión se notificó por Estado, sin tener en cuenta la dirección otorgada a la Administración para las notificaciones, le informamos que el Artículo 563 del Decreto 2685 de 1999, establece que la mencionada Acta se debe notificar personalmente al momento de finalizar la diligencia, en caso que el interesado no esté presente al finalizar la diligencia se debe notificar por Estado, tal y como ocurrió en la presente investigación. Es tan claro que se notificó correctamente el Acta de Aprehensión No.0057 Comex del 04 de Marzo de 2008 al interesado que se radicó en esta Administración Documento de Objeción a la aprehensión cumpliendo los términos previstos por la Legislación Aduanera. Indica la abogada que todas las consideraciones del despacho carecen de firmeza jurídica puesto que a su poderdante no se le dio la oportunidad de presentar los documentos que demostraban la legal y licita adquisición de la mercancía y por supuesto su legal llegada al Territorio Aduanero Nacional.

Este Despacho considera que ninguna de sus decisiones ha carecido de fundamento jurídico ya que todo el proceso se ha desarrollado teniendo en cuenta las orientaciones estipuladas en el Decreto 2685 de 1999 y en los conceptos emitidos por la División de Doctrina de la Oficina Jurídica de la DIAN. Aunado a lo anterior durante el desarrollo de la presente Resolución se ha estado haciendo énfasis en que cuando se tramita la Continuación de Viaje es obligación de la persona que la solicita tener todos los documentos que amparen cualquier proceso ante la Aduana, y aunque en el presente caso el Importador indica que el Operador de Transporte Multimodal presentó una factura que no correspondía con la operación solicitada, también es cierto, que fue el importador por voluntad propia quien autorizó a Logística Total S.A. a representarlo ante la Autoridad Aduanera; también resulta extraño para este Despacho que no se hubiera generado duda alguna por parte del importador, al saber que su mercancía está ingresando al Territorio Aduanero Nacional sin que a él se le hubieran solicitado los respectivos documentos para la mencionada operación. Se indica por parte de la abogada que cuando se trata de imponer una sanción, la causa del acto, debe estar plenamente justificada jurídica y lógicamente. Y, mucho más que esto, la causa del motivo de la sanción, debe estar definida previamente en la norma legal, y su aplicación no puede fundarse en conceptos o hechos indeterminados o supuestos. A lo anterior es preciso señalar que las decisiones de la Administración no se han fundamentado en supuestos, ya que existe un hecho claramente establecido consistente en que la Continuación de Viaje obtuvo aceptación por parte del Grupo de Registro de Documentos de viaje de la División de Servicio al Comercio Exterior, mediante la presentación de una factura con precios ostensiblemente bajos y que de acuerdo con escrito radicado con el No, 009878 del 05 de Marzo-de 2008, suscrito por la Dra. Blanca Aydee Quintero Vélez, no correspondía con la operación de comercio exterior solicitada y aceptada, situación que en ningún momento es indeterminada ya que este Despacho cuenta con la certeza que existió. Resueltas las objeciones planteadas por la Apoderada en sus Documentos de Objeción a la aprehensión este Despacho procederá a pronunciarse sobre algunos puntos que complementan y aclaran la decisión tomada. Teniendo claro que existió un hecho irregular por parte del interesado o por su Intermediario para obtener la aceptación de la Continuación de Viaje, es procedente dar aplicación a lo establecido en el Concepto 001 de 2005, el cual indica que cuando se detecte que la Declaración de Tránsito o la Continuación de Viaje no está debidamente soportada en la información contenida en la factura (valor), se deba dar aplicación a lo establecido en el numeral 3.1 del Artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, citado anteriormente. Aunado a lo anterior es preciso indicar que la mercancía objeto de la presente investigación se encuentra inmersa en la situación irregular, al no ser posible identificar en la factura presentada para solicitar la Continuación de Viaje el valor correcto de la mercancía, además hay una parte de la mercancía que este Despacho considera no fue presentada a la autoridad aduanera, pues no se encuentra relacionada en el Documento de Transporte No.

SMLUCAR 005A03025 del 23 de Febrero de 2008…”
“Consideramos pertinente aclarar que cuando este Despacho señala que la mercancía relacionada anteriormente no fue presentada a la Autoridad Aduanera no nos referimos a que exista una nueva causal de aprehensión, ya que para el Tránsito Aduanero solo le son aplicables las que el Artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 contiene, en este punto nos referimos a que la mercancía, además de estar inmersa en la situación consagrada en el numeral 3.1 del Artículo 502 del Decreto ibídem, en concordancia con el Concepto 001 de 2005, también se encuentra en la situación de no haber sido presentada a la autoridad aduanera de manera correcta relacionándola en el respectivo Documento de Transporte. Por lo anterior, este Despacho decomisa las mercancías aprehendidas de conformidad con el Numeral 3.1 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 […]”.

2.3.2. La Resolución núm. 000272 del 5 de diciembre de 2008, proferida por el Jefe de la División de Gestión Jurídica Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, por medio del cual se decidió confirmar la resolución anterior.
“[…] el recurrente plantea que la Resolución impugnada debe ser revocada toda vez que se encuentra viciada de falsa motivación, no es procedente la aplicación de la causal invocada por la Autoridad Aduanera y la factura aportada de forma unilateral no tiene, los efectos pretendidos por la Administración. A continuación se permite el Despacho analizar los motivos de inconformidad del recurrente: DE LA FALSA MOTIVACIÓN
Plantea el recurrente que en el caso sub judice la Administración incurre en falsa motivación ya que el acta de aprehensión no fue notificada de manera correcta, pues sin intentarse su notificación personal se procedió a la notificación por estado. La teoría del Acto Administrativo ha determinado que la motivación de un acto implica que la manifestación de la voluntad de la Administración tiene una causa que la justifica, y ella debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable. Para dar respuesta a este motivo de inconformidad es necesario tener en cuenta que el artículo 563 del decreto 2685 de 1999, es claro al autorizar la notificación por estado del acta de aprehensión cuando no sea posible su notificación personal al interesado en el acto mismo de la aprehensión. Nótese como la oportunidad que tiene la Administración para intentar la notificación personal del Acta de Aprehensión es al finalizar la diligencia de aprehensión, y en esto hacemos especial énfasis, pues parece entender el recurrente que la norma radica en cabeza del funcionario aprehensor la obligación de notificar personalmente el Acta de Aprehensión, en cualquier oportunidad, aun después de terminada la diligencia y que ante su imposibilidad, es que debe proceder a notificarla por estado, lo que a todas luces desborda el sentido de la norma.
“[…]
“Por otra parte, afirma el recurrente que la resolución impugnada también se encuentra viciada de falsa motivación, ya que no existe concordancia entre los argumentos utilizados por la Administración y la decisión tomada, afirmación que escapa a la verdad pues desde el acta de aprehensión existe absoluta claridad acerca de que la causal de aprehensión aplicada es la establecida en el numeral 3.1 del artículo 502 del decreto 2685 de 1999, en concordancia con el Concepto unificado 001 de diciembre cinco (05) de dos mil cinco (2005), pues estimó la División de Fiscalización que es procedente la aplicación de dicha causal cuando en casos como el nuestro a la Administración no le es posible identificar el valor correcto de la mercancía, debido a que la factura aportada por el Operador de Transporte Multimodal al solicitar la Continuación de Viaje, es diferente a la presentada con posterioridad por el importador, ya que esta presenta valores distintos, como adelante se verá. Ahora bien, en relación con el interrogante del impugnante sobre la posibilidad de aplicar en este caso el numeral 3.1 del artículo 502 de 1999, este aspecto será tratado al resolverse el cargo siguiente. DE LA INEXISTENCIA DE LA CAUSAL PARA APREHENDER Y DECOMISAR LA MERCANCÍA. Afirma el impugnante que en el presente caso no es posible la aplicación del numeral 3.1 del artículo 502 del decreto 2685 de 1999, pues la mercancía encartada se encuentra íntegramente identificada, especialmente en lo atinente a la descripción, cantidad y peso, tanto en la continuación de viaje como en los documentos de transporte que la soportan.

La anterior afirmación escapa a la verdad pues al revisarse tanto el Documento de Transporte como el Documento de Continuación de Viaje nos encontramos una descripción genérica de la mercancía, nótese como en la Continuación de Viaje se relacionan 1197 PCS, no se establece peso, no parecen marcas, series ni similares, es decir que si se comparan estos con la mercancía encartada no es posible establecer que sea la misma de ahí la importancia de que los documentos con los que se intenta soportar la operación, sean claros en estos aspectos lo que en este caso no ocurre, es más la descripción en el Documento de Transporte es tan genérica que no abarca toda la mercancía encartada como a bien tiene afirmarlo la División de Gestión Fiscalización Aduanera en la Resolución impugnada. En relación con la aseveración de que ni el decreto 2685 de 1999 ni la resolución 4240 de 2000 establecen para el trámite de autorización de OTM la factura comercial como soporte obligatorio de la operación, por lo que las inconsistencias que en ella se presenten o su omisión no debe tener efectos, debe observar el recurrente que el artículo 389 del decreto 2685 de 1999, consagra que los aspectos no regulados para las operaciones de transporte multimodal y de cabotaje les serán aplicables las disposiciones establecidas para el tránsito aduanero, por lo que al ser la factura comercial documento soporte para la solicitud en la Declaración de Continuación de Viaje, por disposición expresa del artículo 389 lo es también para la Operación de Transporte Multimodal. En relación con las inconsistencias presentadas por la OTM, no se trata de un simple error sin efectos como lo pretende el recurrente, sino por el contrario de uno, que no le permite a la Administración establecer el valor de las mercancías, circunstancia a la que, le es aplicable la causal de aprehensión prevista en el numeral 3.1 del artículo 502 del decreto 2685 de 1999, tal como lo interpreta el concepto 001 de 2005. Decantado el tema de la descripción de la mercancía así como de la factura comercial como documento soporte en la Operación de Transporte Multimodal, es menester detenernos en el problema jurídico central, el cual gira en torno a dos aspectos, el primero establecer si efectivamente la circunstancia acaecida es la establecida en el literal b) del artículo 361 del decreto 2685 de 1999 y en segundo lugar si es posible la aplicación de la causal de aprehensión consagrada en el numeral 3.1 del artículo 502 del mismo decreto. El literal b) del artículo 361 es del siguiente tenor: "Cuando la declaración de tránsito aduanero no se encuentre debidamente diligenciada y soportada en la información contenida en los documentos que a continuación se señalan: conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según corresponda, factura comercial o proforma que permita identificar el género, la cantidad y el valor de las mercancías que serán sometidas al régimen de tránsito". En nuestro caso, tenemos que la Factura No. 1057924 de enero treinta y uno (31) de dos mil ocho (2008) expedida por Motta Internacional S.A., a nombre de Díaz Fuerte Inversiones y Transporte Multimodal S. en C. (folio 62), inicialmente presentada por la Compañía Logística Total S.A., al momento de presentar la solicitud de Continuación de Viaje presenta valores distintos a los que se encuentran en la factura No. 1058171 (folio 139) presentada por la Compañía Díaz Fuerte Inversiones S. en C. en su condición de importador, lo que no le permite a la Administración establecer el valor correcto de la mercancía, situación ésta que encaja perfectamente en la prevista en el literal b) del artículo 361 del decreto 2685 de 1999; antes trascrito.

Aunado a lo anterior tenemos que la factura presentada por la OTM al momento de solicitar la Continuación de Viaje, no solo presenta inconsistencias en cuanto al valor sino que una vez comparada la mercancía allí descrita con la aprehendida, encontramos que la mercancía relacionada en los items 42 a 76 del Acta de Aprehensión No. 0057Comex de marzo cuatro (04) de dos mil ocho (2008) (folios 4 al 22) no se encuentra en dicha factura, en cuanto a los demás ítem, en algunos las cantidades decomisadas no corresponden con las establecidas en la factura, lo que hace presumir que dicha factura no ampara la operación de comercio.
“[…]
Sea lo primero tener en cuenta que en tratándose del régimen de transporte multimodal la factura comercial como documento soporte (tema que será tratado más adelante) es fundamental pues le permite a la Administración tener certeza acerca de la mercancía que se describe en la Continuación de Viaje corresponde con la operación de comercio exterior, no en vano el artículo 361 del decreto 2685 de 1999, establece en su literal b) como causal de no aceptación del régimen de Continuación de Viaje, el hecho de que dicho documento presente inconsistencias que no le permitan a la Autoridad Aduanera identificar, el género, la cantidad y el valor de las mercancías. Ahora bien, cuando al referirse al artículo 361 del decreto 2685 de 1999, el concepto 001 de 2005, que en tratándose del Régimen de Transito Aduanero, viene a tener una función supletiva, pues está llamado a llenar los vacíos que se encuentran en la legislación aduanera respecto de este régimen, establece de manera específica que cuando se presenten las situaciones allí previstas se aplicará lo establecido en el numeral 3.1 del artículo 502 del decreto 2685 de 1999 está previendo dos situaciones a saber: La primera, implica que una vez revisada la factura comercial, esta presenta inconsistencias que no le permiten a la Administración establecer el valor de parte de la mercancía, la cual debe entonces considerarse sobrante, pues al no encontrarse en el documento soporte de la Continuación de Viaje, se entiende que no está amparada en esta última, en este caso la Aduana deberá anular la aceptación de la declaración de tránsito, elaborar la planilla de envío, asignar un depósito habilitado para que la mercancía que sí está amparada sea sometida a la aplicación de otro régimen y decomisar el sobrante de conformidad con el numeral 3.1 del artículo 502. La segunda circunstancia, que es la que nos interesa en nuestro caso, se presenta cuando al revisar el Documento Soporte la Autoridad Aduanera encuentra que no es posible establecer el precio, el género o el valor de la totalidad de la mercancía, caso en el cual se entiende que esta no se encuentra amparada en la Continuación de Viaje y debe entonces aplicarse frente a toda, la causal de aprehensión prevista en el numeral 3.1 del artículo 502 del decreto 2685 de 1999. En el caso de marras tenemos que la Factura inicialmente presentada por la OTM al solicitar la Continuación de Viaje, no corresponde con la operación de Comercio Exterior, por lo antes expuesto, hecho que entre otras cosas se encuentra ampliamente reconocido por el importador quien presenta otra factura con valores y cantidades diferentes (folio 19) y con la que supuestamente se ampara la misma operación, es esa la razón por la cual se aprehende y decomisa toda la mercancía, pues no se encuentra amparada en el Continuación de Viaje, circunstancia que encaja perfectamente en el numeral 3.1 del artículo 502, cuando prevé que procede el decomiso de la mercancía cuando en la diligencia de reconocimiento o inspección, se encuentre carga en exceso respecto de la amparada en el documento de transporte […]”.

2.4. Marco de la apelación
La tesis central de la decisión de primera instancia
El juez de primera instancia, en el presente caso, decidió negar las pretensiones de la demanda basándose en el hecho de que la DIAN fundamentó las resoluciones de decomiso de la mercancía encartada, en que el operador de Transporte Multimodal, sociedad Logística Total S.A., en el formato de “Continuación de Viaje”, indicó que la mercancía se encontraba amparada en el Conocimiento de Embarque “B/L” SMKUCAR005A08025 y en la factura núm. 1057924, por lo que, al momento de realizar la inspección física en cumplimiento de su función de fiscalización, encontró que la mercancía objeto de la Operación de Transporte Multimodal, era superior en cantidad a la relacionada en los documentos que sirvieron de soporte, por tal motivo se configuró la causal de aprehensión y decomiso establecida en el numeral 3.1. del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999. 2.4.2. Argumentos centrales del recurso de apelación
En primer término, la apelante, respecto de los aspectos relacionados con la inconformidad en el valor de la mercancía en una Operación de Tránsito Multimodal, indica que de acuerdo con el literal b) del artículo 361 del Decreto 2685 de 1999, esta clase de inconsistencias constituyen causal de “no aceptación” del tránsito; en consecuencia, daba derecho a la sociedad demandante a i) subsanar el error en el que hubiere incurrido, con la presentación de una nueva solicitud de “continuación de viaje”, en este caso, soportada documentalmente con las facturas cambiarias de compraventa originales de que disponía la sociedad importadora como propietaria de la mercancía; o ii) a presentar la correspondiente declaración de importación ante la Administración Especial de Aduanas de Cartagena. En segundo término, indica que al haber procedido a la aprehensión de la mercancía por un presunto "exceso", tenía entonces la Administración que limitar la medida de aprehensión al "exceso” determinado frente a lo consignado en los “documentos de transporte”; pero, aun sin haberse realizado ninguna clase de cotejo para la determinación del exceso invocado como causal de la medida adoptada, se aprehendió la totalidad de la mercancía lo que convierte en ilegal e infundada la aprehensión; adicionalmente, tampoco se le permitió a la sociedad demandante que igualmente pudiera nacionalizar, por vía del rescate mediante su legalización las mercancías que resultaren en exceso, de conformidad con el artículo 228 del Decreto 2685 de 1999. En tercer término, indica la apelante que el Tribunal tampoco tuvo en cuenta que la Operación de Comercio Exterior se dio al amparo de un contrato de transporte multimodal, y para el régimen de tránsito aduanero con autorización de “continuación de viaje” las facultades de fiscalización se limitan al reconocimiento externo de la carga para verificar la cantidad, peso y número de bultos y, por ello, la causal de aprehensión "3.1. Cuando en la diligencia de reconocimiento o inspección, se encuentre carga en exceso respecto a la amparada en el documento de transporte" debe ser respecto al documento de transporte, que en esta eventualidad era el “B/L” SMLUCAR 005A08025 o “conocimiento de embarque”, que trae una descripción genérica de las mercancías, de su peso y cantidad, conforme lo dispone el Decreto 2685 de 1999, por lo que, en la inspección, debió verificarse la cantidad de bultos y peso descritos en el documento de transporte enunciado respecto de la inspeccionada; procedimiento que no se hizo, ya que si se observa, el fundamento del decomiso, se centra en que la carga no corresponde con la factura aportada, lo que implica, que la situación fáctica no corresponde con el fundamento jurídico, debido a que la causal de aprehensión 3.1. del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, en su tenor literal, hace alusión únicamente a la carga sobrante que no está amparada en el documento de transporte.

Finalmente insiste la apelante en la vulneración del derecho al debido proceso de la parte demandante, por ausencia de notificación personal del “Acta de Aprehensión” núm. 0057 COMEX del 4 de Marzo de 2008. 2.5. El problema Jurídico
De acuerdo con los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación por el apoderado de la parte demandante, corresponderá a la Sala establecer si los actos acusados fueron expedidos de conformidad con la legislación aduanera; por lo anterior, en primer término, deberá determinar la debida o indebida notificación del acta de aprehensión de la mercancía a la sociedad demandante; en segundo término, deberá establecer si a la operación de comercio exterior iniciada en la modalidad de transporte multimodal con destino final la aduana de Bogotá, le es aplicable la normativa del régimen de tránsito aduanero y, en caso afirmativo, analizar la debida aplicación de dicho régimen respecto del caso en concreto; especialmente, si la causal de aprehensión y decomiso aplicada a la mercancía encartada se aviene a la situación fáctica encontrada por la Administración Aduanera de Cartagena.

Para resolver lo anterior, desarrollará los siguientes puntos: i) notificación del acta de aprehensión, a) marco normativo y b) análisis del caso en concreto; ii) debida aplicación de las normas que regulan el transporte multimodal y el régimen del tránsito aduanero, a) marco normativo, b) las pruebas relacionadas con los hechos y análisis de las mismas y c) análisis del caso concreto.

Notificación del acta de aprehensión
2.6.1. Marco Normativo
La apelante reitera su argumento de nulidad de los actos acusados en la indebida notificación del acta de aprehensión de la mercancía.
El artículo 536 de Decreto 2685 del 1999 prevé:
“[…] El acta de aprehensión y el acta de aprehensión, reconocimiento, avalúo y decomiso directo, se notificarán personalmente al finalizar la diligencia al interesado o responsable de las obligaciones aduaneras. Cuando no sea posible la notificación personal, se notificará por estado” […].
2.6.2. Caso concreto
El acta de aprehensión 0057 COMEX de 4 de marzo de 2008 fue firmada por el funcionario de la DIAN y el representante del depósito, sin que aparezca firma del “Declarante /Transportador/ Consignatario/ Depositario/ Poseedor; dado que no se encontraba ninguno de los responsables de la obligación aduanera a fin de ser notificados personalmente al finalizar la diligencia, como lo establece la norma, por lo que se realizó la notificación por estado fijado el 25 de marzo de 2008 y desfijado el 27 de marzo de 2008, por lo tanto, no se configuró la alegada violación al debido proceso.
En cuanto a la no vinculación del operador de transporte multimodal a la vía gubernativa ha de indicarse que los actos administrativos no calificaron la conducta de los responsables aduaneros ni impusieron sanciones, sólo se definió la situación legal de la mercancía decomisada.
Debida aplicación de las normas que regulan el transporte multimodal y el régimen del tránsito aduanero
2.7.1 El marco normativo - análisis
Como se extrae de los actos acusados y del expediente administrativo, la operación de comercio exterior que realizó la sociedad demandante fue de “transporte multimodal”, que es definida por el artículo 1.º del Decreto 2685 de 1999 como “[…] el traslado de mercancías por dos o más modos de transporte diferentes, en virtud de un único contrato de transporte multimodal, desde un lugar situado en un país en que el operador de transporte multimodal toma la mercancía bajo su custodia hasta otro lugar designado para su entrega […]”.
El mismo decreto desarrolla en el Título VIII el “Régimen de tránsito aduanero, transporte multimodal, cabotaje y transbordo”, y específicamente el Capítulo II, establece las regulaciones sobre el régimen de transporte multimodal, entre ellas, la prevista en el artículo 374 que se refiere a la autorización de continuación de viaje por el territorio aduanero nacional al amparo de un contrato de transporte multimodal, así:
“[…]
CAPÍTULO II.
[…]
TRANSPORTE MULTIMODAL
[…]
ARTÍCULO 374. AUTORIZACIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE VIAJE. Para la autorización de la Continuación de Viaje por el territorio aduanero nacional al amparo de un contrato de transporte multimodal, o cualquier documento que haga sus veces, deberá presentarse copia del documento de transporte en el que se especifique el destino final de las mercancías […]”.

Igualmente en el Capítulo V, se establece:
“[…] CAPÍTULO V. OTRAS DISPOSICIONES
ARTÍCULO 389. ASPECTOS NO REGULADOS. A los aspectos aduaneros no regulados para las operaciones de transporte multimodal y de cabotaje, les serán aplicables las disposiciones establecidas en este Decreto para el tránsito aduanero, en cuanto no les sean contrarias […]”. Por lo tanto, para la autorización de la “continuación de viaje” por el territorio aduanero nacional en la modalidad de transporte multimodal, deberá presentarse copia del documento de transporte en el que se especifique el destino final de las mercancías; y, la aplicación en los aspectos aduaneros no regulados para la operación de transporte multimodal serán los regulados para el régimen de tránsito aduanero, en cuanto no les sean contrarias. El documento de transporte Multimodal, de conformidad con el artículo 1.º del Decreto 2685 de 1999, “[…] es el documento prueba de un contrato de transporte multimodal que acredita que el operador ha tomado las mercancías bajo su custodia y se ha comprometido a entregarlas de conformidad con las cláusulas de ese contrato […]”. Por lo anterior, al caso que ocupa a la Sala habrán de aplicarse las normas del régimen de tránsito aduanero, en cuanto no le sean contrarias. Uno de los aspectos específicamente regulados para las operaciones de transporte multimodal es que para “[…] la Continuación de Viaje por el territorio aduanero nacional al amparo de un contrato de transporte multimodal, o cualquier documento que haga sus veces, deberá presentarse copia del documento de transporte en el que se especifique el destino final de las mercancías […]”. La Administración de Aduanas aplicó el régimen de tránsito aduanero el cual es definido por el artículo 353 del Decreto 2685 de 1999 como la “[…] modalidad que permite el transporte terrestre de mercancías nacionales o de procedencia extranjera, bajo control aduanero, de una Aduana a otra situadas en el territorio aduanero nacional […]”. La oportunidad para presentar la solicitud de la modalidad de tránsito aduanero se encuentra prevista en el artículo 359 ibídem, el cual establece que “[…] de conformidad con lo previsto en el artículo 113 del presente decreto, una vez sea descargada la mercancía y sin haberla ingresado a depósito, deberá solicitarse y autorizarse la modalidad de tránsito aduanero, cuando proceda […]”. Ahora bien, por una parte, el artículo 361 del Decreto 2685 de 1999, determina las causales para la no aceptación de la declaración de tránsito aduanero, entre ellas, la indicada en el literal b) que establece la no aceptación “[…] Cuando la Declaración de Tránsito Aduanero no se encuentre debidamente diligenciada y soportada en la información contenida en los documentos que a continuación se señalan: conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según corresponda, factura comercial o proforma que permita identificar el género, la cantidad y el valor de las mercancías que serán sometidas al régimen de tránsito [...]”. Por otra parte el artículo 362 ibídem, establece que será aceptada la declaración de tránsito aduanero, cuando se presente a la “Aduana de Partida” a través del sistema informático aduanero y se entenderá aceptada cuando dicho sistema, previa verificación de la información allí contenida, asigne el número y fecha correspondiente y autorice al declarante la impresión de la Declaración; e indica que: “[…] cuando la información contenida en la declaración no coincida con el conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según corresponda, factura comercial, el sistema informático aduanero indicará al declarante los errores encontrados para las correcciones respectivas […]”. El artículo 363 del Decreto 2685 de 1999 prevé un “reconocimiento” de la carga, cuyo trámite, es el siguiente:
“[…] ARTICULO 363. RECONOCIMIENTO.

El declarante deberá entregar la Declaración de Tránsito Aduanero a la autoridad aduanera, acompañada de los documentos establecidos en el literal b) del artículo 361 del presente Decreto. Si existe conformidad entre la documentación entregada y la información consignada en la Declaración, el funcionario competente dejará constancia del hecho en el sistema informático aduanero y en la respectiva Declaración. De no existir conformidad se procederá a notificar al declarante para que adjunte el documento requerido o presente una nueva declaración subsanando los errores detectados por la autoridad aduanera. Efectuada la revisión documental, la Aduana podrá ordenar el reconocimiento externo de la carga que será sometida al régimen de tránsito aduanero, cuando haya lugar a ello. Si con ocasión de la diligencia de reconocimiento, la Aduana detecta carga en exceso, aprehenderá los sobrantes, anulará la aceptación de la Declaración de Tránsito y dispondrá el envío de la mercancía amparada a un depósito habilitado para que sea sometida a la aplicación de otro régimen. Cuando se detecten faltantes o defectos, el inspector dejará constancia del hecho en el sistema informático y en la Declaración de Tránsito Aduanero, la cual se entenderá modificada y procederá el tránsito para la cantidad verificada en la diligencia de reconocimiento. Igual procedimiento se aplicará cuando se detecte una de las situaciones previstas en el artículo 361o. del presente Decreto […]” (Destacado de Sala)
2.7.2. Las pruebas relacionadas con los hechos y análisis de las mismas
2.7.2.1. De conformidad con los hechos narrados en la demanda, el 23 de febrero de 2008, arribaron al Puerto de Cartagena unas mercancías amparadas en el Manifiesto de Carga núm. 062008100000993 de la empresa Seaboard Marine LTDA, las cuales venían despachadas por el sistema de Transporte Multimodal Internacional, desde el Puerto de Colón (Panamá) a nombre del Operador de Transporte Multimodal, sociedad OTM Logística Total S.A., con destino final en la ciudad de Bogotá.
-El Operador de Transporte Multimodal, sociedad OTM Logística Total S.A., presenta solicitud de continuación de viaje, en dicho documento se observa: i) número de aceptación 0608003478 de 25 de febrero de 2008; ii) Aduana de Partida: Cartagena; iii) Aduana de Destino: Bogotá; iv) Documento de Transporte Multimodal núm. 6578 de febrero 23 de 2008; v) Manifiesto de Carga núm. 062008100000993 de febrero 23 de 2008; vi) Nombre del Operador de Transporte Multimodal: Logística Total S.A.; vii) modos de transporte utilizados 1- Marítimo y 2- Terrestre; viii) tipo de mercancía: “[…] 1197 BULTOS/ APARATOS PARA REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y EL SONIDO, PAPEL Y DISKET EQUIPOS DE SONIDO TELEVISORES, SISTEMA DE BOCINAS, TEATRO EN CASA, RADIO GRABADORAS, DVD, SISTEMA MUSICALES EQUIPOS PARA AUTOS, RASURADORAS/ “MERCANCIA EMPACADA POR EL CARGADOR” …/VALOR FOB: 13.979.00[…]”; y, ix) finalmente las “[…] observaciones del operador de transporte multimodal o del transportador subcontratado […]” fueron: “[…] BL: SMLUCAR005A08025 FACTURA: 1057924 […]”. 2.7.2.2. Aparece en el plenario, copia de la FACTURA 1057924 de 31 de enero de 2008, en dos hojas, expedida por la compañía Motta Internacional S.A. 2.7.2.3. La sociedad OTM Logística Total S.A., presentó ante la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, la solicitud de “continuación de viaje” anexando soportes de la operación. Los actos acusados enlistan los documentos que fueron presentados para obtener dicha autorización, así:
“[…] 1. Continuación de Viaje con No. de Aceptación 0608003478
Fecha: 25 de febrero de 2008
Número de documento de Transporte Multimodal: 6578
Fecha 23 de Febrero de 2008
Manifiesto de Carga No. 06008100000993
Fecha: 23 de febrero de 2008
Operador de Transporte Multimodal: Logística Total S.A. Unidad de Carga: SMLU784362-1
Bultos: 1197
No. de Documento de Transporte: SMLUCAR005A08025
Factura Presentada para la Continuación de Viaje, según casilla 22: 1057924.

Folio 57 y 58 […]”. (Destacado de la Sala)
2.7.2.4. Luego de la presentación de la solicitud de “continuación de viaje”, por orden escrita del Administrador Especial de Aduanas de Cartagena, se llevó a cabo la inspección física de la mercancía, la cual posteriormente fue aprehendida, esto según el “Acta de Hechos” de dicha inspección. Los documentos soporte tanto de la inspección de la mercancía como de su aprehensión, igualmente, se encuentran relacionados en los actos acusados de la siguiente forma:
“[…] 2. Acta de Hechos
Fecha: 25 de Febrero de 2998. Suscrita por: Jefe de Grupo Registro de Documentos de Viaje de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena. Asunto: Hechos de Aprehensión de la mercancía amparada por el Documento de Transporte No. SMLUCAR005A08025 del 23 de febrero de 2008. Folio 53.

3. Acta de Aprehensión No. 0057 COMEX. Fecha: 04 de Marzo de 2008. Causal: No. 3.1 del Artículo 205 del Decreto 2685 de 1999, en concordancia con el Concepto 001 del 05 de Diciembre de 2005. Señala: “Prevé el artículo 363 del Decreto 2685 de 1999, en consonancia con el artículo 315 de la Resolución 4240 de 2000 que si con ocasión de la diligencia de reconocimiento, la aduana detecta carga en exceso, aprehenderá los sobrantes de conformidad con lo previsto en el numeral 3.1 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, anulará la aceptación de la declaración de tránsito y elaborará planilla de envío, asignando un depósito habilitado para que la mercancía amparada sea sometida a la aplicación de otro régimen.
[…]
b) Cuando la Declaración de Tránsito Aduanero no se encuentre debidamente diligenciada y soportada en la información contenida en los documentos que a continuación se señalan: conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según corresponda, factura comercial o proforma que permita identificar el género, la cantidad y el valor de las mercancías que serán sometidas al régimen de tránsito […]”. 2.7.2.5. Por tener importancia dentro del proceso, se transcribe el “Acta de Hechos” relacionada con la inspección física de la mercancía advirtiendo que la transcripción es literal:
“[…] ACTA DE HECHOS
En Cartagena, a los 25 días del mes de Febrero de 2008, se presentaron en el grupo de Tránsito Aduanero, dos solicitudes de Continuaciones de Viajes actuando como declarante los señores LOGISTICA TOTAL OTM, como importador los señores DIAZFUERTES INVERSIONES Y TRANSPORTES S EN C; los cuales fueron aceptadas con números 0680003477 y 0608003478 del 25 de febrero de 2008 obteniendo estas continuaciones de viajes reconocimiento externo. Por orden estricta del administrador Especial de Aduanas de Cartagena Capitán de Navío Humberto Angulo Montero, se realizó inspección física a las mercancías declaradas en los contenedores de las Continuaciones de Viajes localizadas en el Terminal Marítimo Muelles El Bosque S.A. Mercancías que se encuentran en los contenedores SMLU784362-1 y SMLU784008-9, luego de notificar el Auto Comisorio No. 0006068-0145 de fecha 10 de marzo de 2008, en el puerto se prosiguió hacer la apertura de los contenedores las cuales se encuentran con los siguientes sellos así: SMLU 784362-1 sello 006974,001246, G989137, SMLU784008-9 sellos 006936 G991848. Durante la apertura se presentó el señor Javier Zabala Ortíz, identificado con CC No. 9.294.862 quien trabaja y es el representante de la empresa Logística Total identificado con NIT No. 830.108.355-6 en Cartagena quien aportó los siguientes documentos Autorización de retiro de la carga No. 0478988 de Muelles el Bosque, Continuación de Viajes No 06080003477 del 25 de febrero de 2008 (2 folios), Documento de Transportes Multimodal DTM 6581 de 25 ded febrero de 2008, Factura Comercial No 157933 del 18 de febrero de 2008 de Motta Internacional SA las cual consta de (2 folios), Aviso de llegada (1 folio), Remesa del Transporte S/N de fecha 26 de febrero de 2008 de transporte Rápido Humaeda, Bl No SMLUCAR010A08025 de 23 de febrero de 2008, Autorización de retiro de carga No 0478987, Continuación de Viaje No. 0608003478 de 25 de febrero de 2008 (2 folios) Documento de Transporte Multimodal DTM 6578 de 2 de febrero de 2008, Factura Comercial 1057954 de 31 de enero de 2008 de Motta Internacional SA las cual consta de (2 hojas), Aviso de llegada (1 folio), Remesa de transporte S/N de fecha 26 de febrero de 2008 de transporte Rápido Humaeda, BI No. SMLUCAR005A08025 de 23 de febrero de 2008. El dia de hoy se realizó la apertura al contenedor SMLU784362-1 y se empezó a inventariar e inspeccionar la mercancía del BL SMLUCAR010A08025 se realizó separación de bultos, para esta separación de bultos se tomó factura No.1057933 de 18 de febrero de 2008 con base en esta factura se realizó la separación, las cantidades, las referencias que están descrita en esta factura.

Dichas mercancías se ingresó en el contenedor SMLU 784362-1 y se le colocó el sello No. 005088 de la DIAN se hacen las siguientes salvedades Referencia RVL-SWFSP con 30 Unidades, KCA-IP300V, DVD HD87 con 7 unidades TS-A 1682 con 24 unidades, TSA 6992 con 24 unidades KWAX800 con 200Unidades TP005GV con 60 unidades esta mercancía fueron contadas y entregadas en el contenedor en la cual se realizó el inventario y entregado al Depósito con convenio Almagrario S.A. la mercancía entregada consta de 625 cajas con 1547 unidades esta mercancía de aprehende según númeral 3.1. de artículo 502 del decreto 2685/99. La mercancía que se ingresó en el contenedor SMLU 784362-1 se deja retenida y en custodia en el puerto Terminal Marítimo Muelles el Bosque. Posteriormente se realizó inspeccion e inventario de la mercancía del contenedor SMLU784008-9 BL No SMLUCAR005A08025 de la continuación de viaje 06080005478 se realizó la separación de bultos para lo cual se tomo la factura No 1057934 del 31 de enero de 2008, se separaron la referencias y cantidades que dicen allí dicha mercancías se ingresó nuevamente al contenedor SMLU784008-9 y se le colocó el sello No 005086 de la Dian se hace las siguientes salvedades Ref. LNS1951 con 30 unidades no fueron encontradas en el inventario se realizó, el resto de esta mercancía encontrada en el contenedor de la cual se realizo inventario fue entregada al depósito en convenio Almagrario SA la mercancía entregada consta de 243 cajas con 464 unidades esta mercancía se aprehende con base en el numeral 3.1 del artículo 502 del decreto 2685/99 la mercancía que se ingresó en el contenedor SMLU 784008-9 se deja retenida y en custodia en el puerto de Terminal Marítimo Muelles el Bosque hasta que se estudie el posible traslado del resto de la mercancía en los contenedores al depósito Almagrario según el BI y la continuación de viaje en el contenedor quedan 411 cajas y se contaron 448 bultos incluyendo las llantas al iniciar la diligencia fueron retirados del contenedor los sellos No. 006936, G991848. La mercancía entregada al Depósito Almagrario SA se traslada en compañía de la Polfa hasta sus instalaciones en Mamonal. Mediante oficio 002998 de 10 de marzo de 2008 de la División de Fiscalización Aduanera donde nos envían Documento Radicado con Número 00987 del 05 de marzo de 2008 suscrito por la señora Blanca Ayde Quintero, quien ejerce como apodera de los señores DIAZ FUERTES INVERSIONES Y TRANSPORTE S EN C donde anexan nuevas facturas comerciales anexamos copia al expediente, por lo tanto se determina el traslado del mercancía que quedó en custodia en Muelles del Bosque para el depósito de Almagrario.

Se firma la presente Acta de Hechos
MARTIN BONILLA MORALES
Jefe Dian Carga […]”.
(Destacados de la Sala)
2.7.2.6. Copia del Acta de Aprehensión núm. 0057 COMEX se encuentra en el plenario a folios 9 a 27 del cuaderno principal, en la que se indica: i) la fecha y ciudad (Marzo 4 de 2008 – Cartagena); ii) el funcionario a cargo (Martín Bonilla Morales); iii) el nombre del consignatario y su dirección (“Díaz Fuerte Inversiones y Transporte”); iv) el número del contenedor (SMLU 784362-1) y, v) el Documento de Transporte SMLU CAR 005A08025 – 2008/02/23, señalando como causal de aprehensión: “[…] Cuando la diligencia de reconocimiento o inspección se encuentre carga en exceso […]”, indicando, igualmente, que el acta de aprehensión se compone de 9 hojas y 7 de hojas de inventario. Sin embargo, según la copia del acta de aprehensión que se encuentra en el expediente, realmente la mercancía se relaciona en 76 ítems en 20 hojas, así mismo se mencionan a lo largo del acta de aprehensión diferentes autos comisorios para la aprehensión, así: i) 000093 de 26 de febrero de 2008; ii) 000002 de enero 2 de 2007 y, iii) 000149 de abril 4 de 2006; finalmente, se totaliza el valor de reconocimiento y avalúo definitivo en la página 19 del acta de aprehensión.
-Para la Sala es importante advertir las inconsistencias en los documentos que hasta aquí se han descrito: El operador de Transporte Multimodal, sociedad Logística Total - OMT, solicita la autorización de “continuación de viaje” en la Aduana de Cartagena con destino final Bogotá y hace una descripción de la mercancía en dicha autorización, indicando en la casilla 6 que el número de documento de transporte multimodal es el 6578, en la casilla 7 el manifiesto de carga 062008100000993, en la casilla 18 señaló como unidad de carga o contenedor la SMLU784362-1 y además en la casilla 21 señala el BL: SMLUCAR005A08025 y la Factura núm 1057924, sin embargo, en el “Acta de Hechos” de 25 de febrero de 2008, donde quedó narrada la inspección física de la mercancía se observa claramente que: (transcripción literal)
“[…] El día de hoy se realizó la apertura al contenedor SMLU784362-1 y se empezó a inventariar e inspeccionar la mercancía del BL SMLUCAR010A08025 se realizó separación de bultos, para esta separación de bultos se tomó factura No.1057933 de 18 de febrero de 2008 con base en esta factura se realizó la separación, las cantidades, las referencias que están descrita en esta factura. Dichas mercancías se ingresó en el contenedor SMLU 784362-1 y se le colocó el sello No. 005088 de la DIAN se hacen las siguientes salvedades […]”. (Destacados de la Sala)
De lo anotado, se observa que la inspección no se hizo con base en la factura indicada en la continuación de viaje y que fuera presentada por el operador de transporte, inspección que determinó la aprehensión 0057 COMEX y, tanto el acta de hechos como el acta de aprehensión fueron elaboradas por el mismo funcionario MARTÍN BONILLA MORALES, en su calidad de “Jefe – DIAN – CARGA”. Igualmente, se observa que en el acta de hechos (inspección de la mercancía) se indica que: (transcripción literal)
“[…] Por orden estricta del administrador Especial de Aduanas de Cartagena Capitán de Navío Humberto Angulo Montero, se realizó inspección física a las mercancías declaradas en los contenedores de las Continuaciones de Viajes localizadas en el Terminal Marítimo Muelles El Bosque S.A. Mercancías que se encuentran en los contenedores SMLU784362-1 y SMLU784008-9, luego de notificar el Auto Comisorio No. 0006068-0145 de fecha 10 de marzo de 2008, en el puerto se prosiguió hacer la apertura de los contenedores […]”. (Destacados de Sala)
Nótese que no obstante la fecha del auto comisorio es de 10 de marzo de 2008, la del acta de aprehensión es de 4 de marzo de 2008. 2.7.2.7.

Finalmente, también obra en el expediente copia del oficio de 5 de marzo de 2008, es decir, entregado al día siguiente de elaborada el acta de aprehensión, suscrita por la apoderada de la sociedad demandante, con el que se hace “ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA MERCANCÌA”, anexando cada uno los siguientes documentos, entre ellos, las facturas que según la sociedad demandante amparan la mercancía objeto de tránsito aduanero:
“[…] B/L No. SMLUCAR005A08025 de fecha Febrero 23 de 2008
B/L No. SMLUCAR010A08025 de fecha Febrero 23 de 2008 y
FACTURA No. 1058171 página 1 y página 2 vendedor Motta Internacional. FACTURA No. 1058172 – página 1 y página 2 vendedor Motta Internacional. FACTURA No. 1058173 vendedor Motta Internacional. FACTURA No. 3121 vendedor Rumba Panamá. FACTURA No. FCO9131 vendedor King Cargo
FACTURA No. 073812 vendedor Vida Panamá
FACTURA No. 073845 vendedor Vida Panamá
FACTURA No. 4332 vendedor Model one
FACTURA No. 2717 vendedor Latina […]”.

Análisis del caso concreto

Derecho de corregir los errores detectados por la autoridad aduanera
La Resolución acusada núm. 001564 de 29 de agosto de 2008, por medio de la cual se decomisa la mercancía, indica que: “[…] la descripción de las mercancías en el Documento de Transporte está realizada de manera genérica lo que no permite identificarlas plenamente, además de esto existe mercancía que no se encuentra relacionada en el Documento de Transporte No. SMLUCAR 005A08025, además la medida cautelar se generó por presentar a la autoridad aduanera un documento (Factura) que presuntamente no correspondía con la operación solicitada por parte del Operador de Transporte Multimodal Logística total S.A. […] De lo anterior se puede concluir que con la factura aportada por parte de Logística Total S.A. en el momento de solicitar la Continuación de Viaje no era posible identificar el valor correcto de la mercancía, ya que con posterioridad el importador aportó un factura diferente con valores distintos […]”
Sin embargo, como ya se pudo establecer del análisis de las pruebas aportadas al proceso, el operador de transporte presentó la factura núm. 1057924 de 31 de enero de 2008 que no fue tenida en cuenta al momento del reconocimiento de la mercancía o la inspección de la mercancía llevada a cabo por la DIAN y que consta en acta de hechos de 25 de febrero de 2008, situación que no puede ignorar esta Sala, por cuanto el punto de debate es precisamente que el documento (factura) presentado por el operador no correspondía con la operación solicitada, pese a ello la DIAN hace un reconocimiento físico con la factura núm. No 1057933 del 18 de febrero de 2008, factura distinta a la que fue presentada junto con la continuación de viaje.
Ahora bien, si en gracia de discusión, se hubiese tratado de una equivocación al digitar el “Acta de Hechos” por parte de la DIAN, se debe indicar lo siguiente:
La DIAN, en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración señaló que: “[…] al revisarse tanto el Documento de Transporte como el Documento de Continuación de Viaje nos encontramos una descripción genérica de la mercancía, nótese como en la Continuación de Viaje se relacionan 1197 PCS, no se establece peso, no aparecen marcas, series ni similares, es decir si se comparan estos con la mercancía encartada no es posible establecer que sea la misma de ahí la importancia de que los documentos con los que se intenta soportar la operación, sean claros en estos aspectos lo que en este caso no ocurre, es más la descripción en el Documento de Transporte es tan genérica que no abarca toda la mercancía encartada como a bien tiene afirmarlo la División de Gestión Fiscalización Aduanera en la Resolución impugnada […]”.

En consecuencia, la DIAN, dejó en evidencia que al momento de recibir la solicitud de continuación de viaje con sus respectivos soportes, en su deber de revisión y cotejo de dichos documentos, se percató de las inconsistencias mencionadas, al indicar que ni en el documento de transporte ni en la solicitud de “continuación de viaje” se determinan el peso, las marcas y las series y, que por lo tanto la descripción de la mercancía es genérica.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 363 del Decreto 2685 de 1999, aplicado en este caso por la DIAN, el operador de transporte multimodal presentó la solicitud de “continuación de viaje”, acompañada de los documentos establecidos en el literal b) del artículo 361 ibídem, en este caso: el Manifiesto de Carga núm. 06208100000993 de 23 de febrero de 2008, el “Documento Andino de Transporte Multimodal” núm. 6578 de 23 de Febrero de 2008 y la factura núm. 1057924; y, al no haber existido conformidad, como lo afirmó la DIAN, entre la documentación entregada y la información consignada en la “continuación de viaje”, porque era evidente que la mercancía estaba descrita de manera genérica, la DIAN debió proceder a notificar al declarante para que, según lo establecido en el artículo 363 ya mencionado, presentara “[…] una nueva declaración subsanando los errores detectados por la autoridad aduanera […]”. La Sala advierte que la DIAN no hizo el requerimiento anteriormente descrito al operador de transporte multimodal antes de proceder a la inspección o reconocimiento de la mercancía; pues, se repite, de la simple revisión y confrontación de la documentación la DIAN detectó las mencionadas inconsistencias y errores.

La Sala considera que en los actos acusados la DIAN realiza una interpretación sesgada de las normas aduaneras, cuando admite, por un lado, que de conformidad con el artículo 389 del Decreto 2685 de 1999 los aspectos no regulados para las operaciones de transporte multimodal y de cabotaje, les serán aplicables las disposiciones establecidas para el régimen de tránsito aduanero; y por el otro, aplica en forma parcial el artículo 363 de dicho régimen, pasando directamente al reconocimiento y a la inspección de la mercancía sin que de manera previa hubiese procedido a notificar al declarante para que subsanara los errores detectados por la administración aduanera.

En este caso, la DIAN omitió cumplir con el deber legal de garantizar a los interesados el derecho de subsanar los errores advertidos en la documentación presentada, como en este caso ocurrió al “presentar la factura equivocada”; por lo que debió permitir presentar una nueva solicitud Continuación de Viaje, en atención a que claramente y a primera vista observó que, la descripción de la mercancía en dicha solicitud y en el documento de transporte se hizo de manera genérica.

Asimismo, es pertinente analizar la siguiente consideración de la administración aduanera en los actos acusados: “[…] Otro de los motivos de inconformidad es que a Díaz Fuerte Inversiones y Transportes S. en C. nunca se le solicitaron los documentos que demostraran la propiedad y adquisición licita de la mercancía. Considera este Despacho que en el momento de la solicitud de la Continuación de Viaje la Administración no requería hacerlo, y luego los mismos fueron aportados por la Apoderada del Interesado así que en aplicación del principio de celeridad la DIAN no solicita a los interesados documentos o Información con la que ya cuenta […]”.

Nuevamente la Sala advierte que, según lo preceptuado en el artículo 363 del Decreto 2685 de 1999, una vez entregada la solicitud de “continuación de viaje”, la DIAN tenía la obligación de realizar la revisión documental, para establecer si existía conformidad entre la documentación entregada (factura, manifiesto de carga y documento de transporte) y la información consignada en la solicitud de continuación. Ahora bien, según quedó expuesto, se determinó que en concepto de la DIAN no existió dicha conformidad, por consiguiente, la DIAN debió proceder a notificar al declarante para que presentara una nueva solicitud de “continuación de viaje”, subsanando los errores detectados por la autoridad aduanera; obligación de DIAN que no era facultativa sino obligatoria.

Para la Sala, a pesar de no haber sido notificada la inconformidad advertida por la DIAN entre la declaración o “Solicitud de Continuación de Viaje” y los documentos soporte, la parte demandante, tras verificar la aprehensión de la mercancía, presentó los documentos (facturas) que, en su concepto, soportaban la operación, cuyas copias obran a folios 43 a 57 del cuaderno principal. Lo anterior, con el fin de subsanar el error en que incurrió el operador de transporte al haber presentado una factura equivocada para efectos de la autorización solicitada.

De conformidad con el análisis de acervo probatorio y de la lectura de los propios actos acusados, la Sala evidencia que estas facturas no fueron tenidas en cuenta por la administración en ningún momento, para establecer la legal introducción de la mercancía al territorio nacional en el régimen de tránsito aduanero.

De otra parte, la Sala encuentra que le asiste razón a la parte demandante al afirmar en la demanda, que la Administración debió aplicar el artículo 506 del Estatuto Aduanero, por el que se ordena devolver la mercancía en cualquier estado del proceso cuando se desvirtúe la causal de aprehensión, lo cual pretendió hacer la sociedad demandante al haber aportado las facturas que, según ella, correspondían a la mercancía objeto de continuación de viaje, situación que debió ser analizada por la DIAN.

El mencionado artículo prevé:
“[…] ARTICULO 506. ENTREGA DE LA MERCANCÍA. En cualquier estado del proceso, cuando la autoridad aduanera establezca la legal introducción y permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional o cuando se desvirtúe la causal que generó la aprehensión, el funcionario competente ordenará, mediante acto motivado que decida de fondo, la entrega de la misma y procederá a su devolución […]”.
Lo anotado permite concluir que la DIAN incurrió en una violación al debido proceso i) al omitir notificar al declarante para subsanar los errores detectados por la autoridad aduanera y, ii) al no analizar las facturas entregadas por la parte demandante para demostrar la legal introducción y permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional.

Causal de decomisó o causal de “No aceptación”
En el presente caso, el argumento de la DIAN para la aprehensión y decomiso de la mercancía, basado en la ausencia de factura que permita establecer el valor aduanero de la mercancía objeto de tránsito aduanero, no puede constituirse en una causal para dicho decomiso toda vez que la Administración invocó la causal prevista en el numeral 3.1. (carga en exceso) establecida en el artículo 502 de Decreto 2685 de 1999, que en nada se refiere a los cuestionamientos por aquella indicados en relación con las facturas.

En efecto, para endilgar la causal descrita en el numeral 3.1., se requiere que se identifique la carga en exceso, es decir, que en principio se cuente con la certeza de que a la carga le corresponde una factura que al ser comparada físicamente con la mercancía, se encuentre que existe mercancía que sí está identificada plenamente en la factura, con marca, serial, cantidad, descripción, referencia etc., para poder aseverar que lo que no se encuentra en dicha factura es un exceso. Sin embargo, el acta de reconocimiento, en este caso, indicó literalmente:
“[…]
“El dia de hoy se realizó la apertura al contenedor SMLU784362-1 y se empezó a inventariar e inspeccionar la mercancía del BL SMLUCAR010A08025 se realizó separación de bultos, para esta separación de bultos se tomó factura No.1057933 de 18 de febrero de 2008 con base en esta factura se realizó la separación, las cantidades, las referencias que están descrita en esta factura. Dichas mercancías se ingresó en el contenedor SMLU 784362-1 y se le colocó el sello No. 005088 de la DIAN se hacen las siguientes salvedades Referencia RVL-SWFSP con 30 Unidades, KCA-IP300V, DVD HD87 con 7 unidades TS-A 1682 con 24 unidades, TSA 6992 con 24 unidades KWAX800 con 200Unidades TP005GV con 60 unidades esta mercancía fueron contadas y entregadas en el contenedor en la cual se realizó el inventario y entregado al Depósito con convenio Almagrario S.A. la mercancía entregada consta de 625 cajas con 1547 unidades esta mercancía de aprehende según númeral 3.1. de artículo 502 del decreto 2685/99. La mercancía que se ingresó en el contenedor SMLU 784362-1 se deja retenida y en custodia en el puerto Terminal Marítimo Muelles el Bosque […]” (Destacado de la Sala)
El anterior, es el único documento prueba de la comparación física de la mercancía con una factura que, se repite, no es la factura entregada por el operador de transporte, porque, mientras en el acta de reconocimiento de la mercancía de 25 de febrero de 2008, se indica que se tomó para la comparación de la mercancía del contenedor SMLU784362-1 la factura núm. 1957933 de 18 de febrero de 2008, la factura entregada por el operador de transporte y que fue señalada en la solicitud de “continuación de viaje”, es la núm. 1057924.

Si en gracia de discusión, se admitiera que la DIAN se hubiese equivocado al realizar el reconocimiento físico de la mercancía y hubiera incluido en el acta un número erróneo de la factura, debe destacarse que la norma (artículo 363 del Decreto 2685 de 1999) indica, que si con ocasión de la diligencia de reconocimiento, la DIAN detecta carga en exceso, aprehenderá los sobrantes, anulará la aceptación de la Declaración de Tránsito y dispondrá el envío de la mercancía amparada a un depósito habilitado para que sea sometida a la aplicación de otro régimen.

Pese a los concluyentes términos de la causal de aprehensión y decomiso señalada para el régimen de tránsito aduanero en el numeral 3.1. del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, a cuyo tenor esta procede “[…] Cuando en la diligencia de reconocimiento o inspección, se encuentre carga en exceso respecto de la amparada en el documento de transporte […]”, la DIAN decidió decomisar la totalidad de la mercancía, cuando del acta de reconocimiento de la mercancía lo único que se extrae es que se hacen salvedades respecto de las referencias (RVL-SWFSP con 30 Unidades, KCA-IP300V, DVD HD87 con 7 unidades TS-A 1682 con 24 unidades, TSA 6992 con 24 unidades KWAX800 con 200 Unidades TP005GV con 60 unidades) sin siquiera tener claro en qué consisten esas salvedades, es decir, si se trata de exceso de carga, entendido ese exceso como el sobrante de una cosa con respecto a otra.

De cualquier manera la norma exige que sea precisamente “el exceso” el que sea aprehendido para finalmente resolver sobre la situación jurídica de esa mercancía encontrada “en exceso”.
En efecto, no existe fundamento para que la DIAN hubiera aprehendido la totalidad de la mercancía basándose en la causal establecida en el numeral 3.1. del Decreto 2685 de 1999, porque, como se explicó, no hay prueba de que hubiese existido un exceso. Sin embargo, la Sala observa que, en los actos acusados se hacer ver una situación diferente, pasando del exceso en la carga, a una mercancía supuestamente diferente, generada en el hecho de haber presentado la factura equivocada, y de ahí se llega a la conclusión de que la totalidad de la mercancía no coincide con la declarada en el documento de solicitud de Continuación de Viaje; por lo tanto, para la DIAN, toda la mercancía es “mercancía en exceso” así lo indica en los actos acusados:

“[…] Se indica también por parte de la abogada que no se encontró mercancía en exceso, y mucho menos no amparada en los documentes de transporte o B/LS, por ende la mercancía se encuentra debidamente relacionada en los documentos de transporte.
Respecto a este punto es preciso indicar que la mencionada situación que no es del todo cierta primero porque la descripción de las mercancías en el Documento de Transporte está realizada de manera genérica lo que no permite identificarlas plenamente, además de esto existe mercancía que no se encuentra relacionada en el Documento de Transporte No. SMLUCAR 005A08025, además la medida cautelar se generó por presentar a la autoridad aduanera un documento (Factura) que presuntamente no correspondía con la operación solicitada por parte del Operador de Transporte Multimodal Logística Total S.A. […]
De lo anterior se puede concluir que con la factura aportada por parte de Logística Total S.A. en el momento de solicitar la Continuación de Viaje no era posible identificar el valor correcto de la mercancía, ya que con posterioridad el importador aportó una factura diferente con valores distintos.
La abogada señala como motivo de inconformidad que las mercancías si venían relacionadas en el Documento de Transporte, situación que no es del todo cierta primero porque la descripción de las mercancías en el Documento de Transporte está realizada de manera muy genérica lo que no permite identificarlas plenamente, además de esto existe mercancía que no se encuentra relacionada en el Documento de Transporte No. SMLUCAR 005A08025, tal y como se explica más adelante.
Otro de los motivos de inconformidad es que a Díaz Fuerte Inversiones y Transportes S. en C. nunca se le solicitaron los documentos que demostraran la propiedad y adquisición licita de la mercancía. Considera este Despacho que en el momento de la solicitud de la Continuación de Viaje la Administración no requería hacerlo, y luego los mismos fueron aportados por la Apoderada del Interesado así que en aplicación del principio de celeridad la DIAN no solicita a los interesados documentos o Información con la que ya cuenta […]”. (Destacado de la Sala)
De lo anterior, la Sala concluye que no existió carga en exceso porque como la misma administración lo establece, la factura no correspondía a la operación solicitada, en consecuencia, no puede ser comparada la mercancía descrita e individualizada en la factura núm.1057924 de 31 de enero de 2008, entregada equivocadamente por el operador de trasporte, con la mercancía introducida al contenedor SMLU784362-1 y, afirmar que hay exceso, porque de ninguna manera puede aseverarse que exista alguna mercancía del contenedor que coincida con la descrita en una factura que no corresponde a la operación.

Por otro lado, de acuerdo con los actos acusados, la medida cautelar de aprehensión se generó por presentar a la autoridad aduanera un documento (factura) que presuntamente no correspondía con la operación solicitada, situación que no perfecciona la causal de aprehensión y decomiso endilgada por la administración tanto en el “Acta de Hechos” de 25 de febrero de 2008, como en el “Acta de Aprehensión 0057 COMEX” de marzo 4 de 2008, es decir la causal de aprehensión y decomiso prevista en el artículo en el numeral 3.1. del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, para el régimen de tránsito aduanero, según la cual: “[…] cuando en diligencia de reconocimiento o inspección, se encuentre carga en exceso respecto de la amparada en el documento de transporte […]”.
Sin embargo, la DIAN funda su decisión en la interpretación que de las normas aduaneras da el Concepto Unificado de la DIAN 001 de 5 de diciembre 2005. En dicho concepto se indica:

“[…] CONCEPTO UNIFICADO 001 DE 5 DE DICIEMBRE DE 2005
(Diciembre 5)

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

DEL REGIMEN DE TRANSITO ADUANERO NACIONAL, TRANSPORTE MULTIMODAL, CABOTAJE Y TRANSBORDO

TITULO I
GENERALIDADES

CAPITULO I
DEFINICIONES

En aras de propiciar claridad a partir de los conceptos básicos en materia de tránsito aduanero, transporte multimodal, cabotaje y transbordo, se considera de utilidad para el lector y estudioso de los temas aduaneros, comenzar con algunas nociones y elementos fundamentales contenidos en el Decreto 2685 de 1999, atinentes al tema objeto de análisis, de tal suerte que permitan enmarcarlo y precisarlo adecuadamente.
[…]
TRAMITE ADUANA DE PARTIDA – RECONOCIMIENTO DE LA CARGA

1.10. Reconocimiento externo de la carga
[…]
“[…] DESCRIPTORES: TRÁNSITO ADUANERO
TRAMITE ADUANA DE PARTIDA – RECONOCIMIENTO DE LA CARGA – CARGA EN EXCESO
1.10.3. Carga en exceso
Prevé el artículo 363 del Decreto 2685 de 1999, en consonancia con el artículo 315[] de la Resolución 4240 de 2000 que si con ocasión de la diligencia de reconocimiento, la aduana detecta carga en exceso, aprehenderá los sobrantes de conformidad con lo previsto en el numeral 3.1 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, anulará la aceptación de la declaración de tránsito y elaborará planilla de envío, asignando un depósito habilitado para que la mercancía amparada sea sometida a la aplicación de otro régimen.
Igual procedimiento se aplicará cuando se detecte una de las situaciones previstas en el artículo 361 del Decreto 2685 de 1999, es decir:
“a) Cuando se solicita tránsito aduanero para operación que no se encuentre contemplada en el artículo 354 del presente decreto;
b) Cuando la declaración de tránsito aduanero no se encuentre debidamente diligenciada y soportada en la información contenida en los documentos que a continuación se señalan: conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según corresponda, factura comercial o proforma que permita identificar el género, la cantidad y el valor de las mercancías que serán sometidas al régimen de tránsito;
c) Cuando la modalidad de tránsito esté prohibida o restringida, o
d) Cuando la empresa transportadora que vaya a realizar la operación de tránsito aduanero no se encuentre inscrita ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales […]”

Con base en el Concepto Unificado de la DIAN 001 de 2005, la DIAN concluye que “con la factura aportada por parte de Logística Total S.A. en el momento de solicitar la Continuación de Viaje no era posible identificar el valor correcto de la mercancía, ya que con posterioridad el importador aportó una factura diferente con valores distintos” y aplica la causal 3.1. prevista en el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 (exceso de carga), para decomisar la mercancía; no obstante, la situación encontrada por la DIAN respecto de la inconformidad en la documentación se encuentra expresamente prevista en las causales previstas en el artículo 361 del Decreto 2685 de 1999 para NO ACEPTAR la declaración de tránsito aduanero, en este caso, la “Continuación de Viaje” para transporte multimodal. La referida norma preceptúa:
“[…] ARTÍCULO 361. CAUSALES PARA NO ACEPTAR LA DECLARACIÓN DE TRÁNSITO ADUANERO.
La Aduana validará la consistencia de los datos de la Declaración antes de aceptarla, e informará al declarante las discrepancias advertidas que no permitan la aceptación. No se aceptará la Declaración de Tránsito Aduanero, respecto de la cual se configure alguna de las siguientes situaciones:
a) Cuando se solicita tránsito aduanero para operación que no se encuentre contemplada en el artículo 354o. del presente Decreto.
b) Cuando la Declaración de Tránsito Aduanero no se encuentre debidamente diligenciada y soportada en la información contenida en los documentos que a continuación se señalan: conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea, según corresponda, factura comercial o proforma que permita identificar el género, la cantidad y el valor de las mercancías que serán sometidas al régimen de tránsito.
c) Cuando la modalidad de tránsito esté prohibida o restringida o,
d) Cuando la empresa transportadora que vaya a realizar la operación de tránsito aduanero no se encuentre inscrita ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
PARAGRAFO. Las garantías que deban constituirse con ocasión de la operación de tránsito aduanero, deberán presentarse, si fuere el caso, ante la autoridad aduanera como requisito para obtener la autorización del régimen […]”.
Esta Sección, en anterior pronunciamiento ha puesto de presente que: “[…] las causales de decomiso y aprehensión de mercancías son taxativas, por lo que éstas no se pueden extender ni aplicar analógicamente en otras situaciones […]” . Ello es así, porque la competencia para determinar las conductas que son objeto de aprehensión es exclusiva del Gobierno Nacional en desarrollo de las normas generales que expida el Congreso de la República, de conformidad con lo previsto por los artículos 150 numeral 19 literal c) y 189 numeral 25 de la Constitución Política.
Por lo anterior, la interpretación de las normas del Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999) hecha por la DIAN en su Concepto 01 de 2005, sobre las normas aplicables al presente caso, carece de un carácter decisorio, es decir, no es válida, por cuanto, según lo tiene claramente definida la jurisprudencia, no es dable aplicar analógicamente una causal de aprehensión y decomiso tipificada para una conducta concreta y definida, a otra situación totalmente distinta, esto por cuanto la única obligatoriedad que aquí se revela es la de las normas contenidas en el Decreto 2685 de 1999 expedido por el Gobierno Nacional, configurando el vicio de falsa motivación de los actos administrativos por cuanto no existe correspondencia entre lo que se aduce en ellos y la realidad jurídica.

Por los razonamientos expuestos la Sala concluye, en primer lugar, que la Administración de Aduanas de Cartagena vulneró el derecho al debido proceso de la parte demandante al privarla de la oportunidad establecida en los artículos 362 (inciso segundo) y 363 (inciso segundo) del Decreto 2685 de 1999 para que subsanara las supuestas inconsistencias encontradas por la DIAN en los documentos presentados para la Continuación de Viaje. Además, al omitirse examinar las facturas y demás documentación presentados por la parte demandante a fin de desvirtuar la causal que generó la aprehensión y aplicar analógicamente una causal de aprehensión y decomiso que contiene una conducta concreta y definida, a otra totalmente distinta, existió falsa motivación en los actos administrativos acusados.

Por todo lo anterior, la Sala revocará la decisión del Tribunal Administrativo del Bolívar y declarará de nulidad de los actos acusados.

2.8. Restablecimiento del Derecho

A fin determinar el restablecimiento del derecho, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que la parte demandante solicitó que se condenara a la DIAN a pagar la suma que pericialmente se determine por concepto de daños y perjuicios como son: i) el valor de la mercancía que según el Documento de Ingreso Inventario y Avalúo de la Mercancía núm. 3906802763 del 26 de febrero de 2008 es de $907.031.022.27, y ii) demás perjuicios como el lucro cesante y daño emergente, solicitando que sean indexadas a la fecha en que se haga efectivo el pago de la sentencia con fundamento en la variación porcentual del índice de precios al consumidor, como lo dispone el artículo 178 del C.C.A..

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante auto de 3 de diciembre de 2009, dentro del auto de apertura a pruebas del proceso, decretó una prueba pericial con el fin de determinar el monto de los perjuicios (daño emergente y lucro cesante) sufridos como consecuencia de la aprehensión y decomiso de la mercancía descrita en el Acta de Aprehensión núm. 00057 Comex del 4 de marzo de 2006, auto que fue corregido por providencia de 18 de marzo de 2010, quedando decretada la prueba pericial de la siguiente forma:

“[…] Librar despacho comisorio con los insertos del caso (demanda, contestación y auto de apertura a pruebas), al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se sirva practicar prueba pericial con el fin de inspeccionar los libros de contabilidad, documentos y demás informaciones técnicas y contables que se llevan en la sociedad Díaz Fuertes Inversiones y Transportes S en C, ubicadas en la calle 8 A No. 37A – 13 oficina 302 de Bogotá, en aras de determinar con exactitud y precisión el monto de los perjuicios sufridos, el cálculo del daño emergente y lucro cesante, como consecuencia de la medida cautelar de aprehensión que recayó sobre la mercancía descrita en el Acta de Aprehensión No. 00057 Comex del 4 de marzo de 2008, y que concluyó en el decomisó de la misma a favor de la Nación, según Resolución No. 001564 del 24 de agosto de 2008, conformada mediante Resolución No. 000272 del 5 de diciembre de 2008, actos proferidos por la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena. Todo lo anterior a costa de la parte demandante, quien solicitó dicha prueba. Facúltese para designar un perito contador público de la lista de auxiliares de la justicia, darle posesión y fijarle honorarios provisionales […]”.

El perito designado presentó el dictamenel 22 de noviembre de 2010, teniendo en cuenta el libro diario, libro mayor de balances y libro de inventarios y balances de la sociedad demandante.

Al efecto, se transcribe la parte pertinente del dictamen:

“[…] 1.- DAÑO EMERGENTE
El daño emergente debe calcularse bajo erogaciones efectuadas absolutamente ciertas y nunca hipotéticas o supuestas, se deben incluir gastos o erogaciones adicionales como pagos de Honorarios Profesionales a abogados, médicos
Para el presente caso se toman como gastos los pagos de Honorarios Profesionales a los Abogados así:
Doctor: DARIO RUPERTO PARDO PARRA…….$12.000.000.oo
Doctor: OLBAR ANDRADE RINCON 15.000.000.oo
Doctor: JUAN CARLOS HENAO PELAEZ 5.000.000.oo

TOTAL PAGOS DE HONORARIOS PROFESIONALES $32.000.000.oo”
Según anexos No. 4, 5 y 6

(Cálculos para la actualización)

“TOTAL DAÑO EMERGENTE $40.565.440.oo

B) LUCRO CESANTE: En función del valor de la mercancía descrita en el Acta de Aprehensión No. 00057 COMEX del 4 de marzo de 2008, según el costeo de importación así:

VALOR PESOS ARANCEL FLETES SIA OTROS
$781.695.655 $164.860.000 $3.338.078 $5.586.751 $141.075.172

TOTAL COSTOS$ 1.096.555.655.00

Según comprobantes de contabilidad y costeo de importación de fecha 18 de abril de 2009, Anexo 7.

RESUMEN
DAÑO EMERGENTE $ 40.565.440.oo
LUCRO CESANTE 1.096.555.655.oo
TOTAL PERJICIOS MATERIALES 1.137.121.095.oo
[…]” (Destacados de la Sala).

Sin embargo, de los hechos narrados por la DIAN, la Sala observa que luego de la expedición de la Resolución DIAN núm. 000272 del 5 de diciembre de 2008, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración confirmando el decomiso de la mercancía, la parte demandante consideró que con el decomiso en firme de la mercancía, la DIAN vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, al trabajo, a la igualdad y a la vida digna, motivo por el cual instauró acción de tutela, que fue de conocimiento del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena.

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, mediante sentencia de 27 de enero de 2009, concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados, ordenando a la DIAN, inicialmente, devolver la mercancía para que siguiera su tránsito a la ciudad de Bogotá y, posteriormente, en virtud de aclaración de la sentencia de tutela de 3 de febrero de 2009, ordenó a la DIAN que permitiera su nacionalización en la Administración de Aduanas de Cartagena.

Refiere la DIAN que la anterior decisión fue impugnada y durante el lapso de espera del fallo de segunda instancia, se inició el trámite del incidente de desacato; no obstante, la DIAN ya había dejado sin efecto la aprehensión y el decomiso decretado, además de llevar a cabo las diligencias dirigidas al cumplimiento del fallo de tutela, es decir, permitir la nacionalización según las órdenes del juez, sin descuidar el control de la operación, estableciéndose que había un porcentaje menor de mercancía que no podría obtener el levante porque no coincidía con lo presentado y declarado y por lo tanto se volvió a aprehender. Al “gran resto” de la mercancía se le concedió levante. Indica la DIAN que la mercancía que obtuvo el levante fue avaluada en $895.964.866.27 y la mercancía que quedó aprehendida es del valor de $11.066.156.

El Tribunal Superior Sala Civil Familia, como juez constitucional de segunda instancia, mediante sentencia de 14 de abril de 2009, ordenó la revocatoria del fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, por improcedente, considerando: “[…] Por lo antes expuesto no encuentra la Sala procedente la incursión del juez constitucional para definir este asunto, en reemplazo del juez natural, ya que los requisitos para la viabilidad de la tutela de manera excepcional como mecanismo transitorio, ante la existencia de otro medio de defensa judicial, no ocurrieron en este caso […]”; en consecuencia, los actos de aprehensión y decomiso volvieron a la vida jurídica y la DIAN solicitó a la sociedad demandante poner a disposición la mercancía entregada, dejando sin efectos los levantes otorgados. Dado que a la fecha de la contestación de la presente demanda no se había puesto a disposición de la DIAN tal mercancía, se inició un proceso a fin de imponer la sanción del 200% del valor de la mercancía de conformidad con el artículo 503 del Decreto 2685 de 1999, sanción que se aplica cuando no sea posible aprehender la mercancía. De esta manera quedó bajo el control aduanero un pequeño porcentaje de la mercancía.
Teniendo en cuenta que en cumplimiento de la orden impartida en la sentencia proferida en la acción de tutela en primera instancia, la DIAN inició el respectivo trámite de nacionalización de la mercancía en el régimen de importación ordinaria, por un lado, efectuando el levante y la entrega a la mayoría de la mercancía, valorada en $895.964.866.27, y, por el otro, aprehendiendo el resto de la mercancía en valor muy inferior de $11.066.156, siendo este un proceso administrativo diferente por corresponder a causales de aprehensión allí endilgadas, circunstancias todas estas que no han sido refutadas en el caso sub examine por la parte demandante, razón por la cual la Sala considera que no es posible acceder al restablecimiento del derecho por concepto de lucro cesante.

En cuanto al daño emergente, considera la Sala que se encuentra debidamente justificado dentro del peritaje rendido en primera instancia por lo que se condenará en el presente fallo al pago de la suma de $40.565.440.oo por parte de la DIAN a la parte demandante, suma que deberá ser indexada para la fecha de su real entrega, como lo dispone el artículo 178 Código Contencioso Administrativo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCASE la sentencia de 15 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, y en su lugar DECLÁRASE la nulidad de la Resolución núm. 0001564 de 29 de Agosto de 2008, proferida por la Jefe de la División de Fiscalización de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, por medio de la cual ordenó decomisar a favor de la nación la mercancía aprehendida mediante Acta de Aprehensión núm. 0057 COMEX de 4 de Marzo de 2008; y de la Resolución núm. 000272 de 5 de Diciembre de 2008, proferida por el Jefe de la División de Gestión Jurídica Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, por medio del cual se decidió confirmar la resolución anterior, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO.- CONDÉNASE a la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales a pagar, a favor de la sociedad Díaz Fuerte Inversiones y Transporte S. en C., la suma de $40.565.440.oo por concepto de daño emergente, suma que deberá ser indexada para la fecha de su real entrega, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO.- RECONOCER personería al abogado Mauricio Alexander Dávila Valenzuela, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 7.176.796 y tarjeta profesional número 144.875, para actuar en calidad de apoderado de la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales – DIAN en los términos y para los efectos del poder conferido a folio 111 del cuaderno principal de segunda instancia.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Cfr. Folios 1 y 2 del cuaderno principal del expediente (primera instancia).
Cfr. Folios 297 a 323 del cuaderno principal del expediente (primera instancia).
Decreto 01 de 2 de enero de 1984. “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”
“Por el cual se modifica la legislación Aduanera”
Cfr. Folio 362 del cuaderno principal del expediente (primera instancia).
Cfr. 339 a 361 del cuaderno principal del expediente (primera instancia).

Cfr. Folios 540 a 565 del cuaderno principal del expediente (primera instancia).
“[…]Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A", C. P: Luis Rafael Vergara Quintero, sentencia de tutela de seis (6) de abril de dos mil diez (2010), radicación número: 05001-23-31-000-2010-00002-01 (AC) […]”. Cfr. Folios 567 a 577 del cuaderno del expediente (primera instancia). Cfr. Folio 4 del cuaderno principal de segunda instancia. Cfr. Folio 11 del cuaderno principal de segunda instancia. Cfr. Folios 12 a 23 del cuaderno principal de segunda instancia. Cfr. Folios 24 y 25 del cuaderno principal de segunda instancia. Cfr. Folio 111 del cuaderno principal de segunda instancia.
“[…] Artículo129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. […]”.
“[...] Artículo 132. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
[…]
3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales. […]”.
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]":
“[…] Artículo 1. Distribución de negocios entre las secciones. El artículo 13 del Acuerdo No. 58 de 1999, por el cual se expidió el reglamento del Consejo de Estado, quedará así: Artículo 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera:
[…]
2-. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre asuntos no asignados a otras secciones. […]”. Decreto 1400 de 6 de agosto de 1970, “[…] Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil […]”, en su artículo 357 dispone: “[…] Artículo 357. Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. […]” (Destacado de la Sala).
“[…] Artículo 267. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo […]”.
“[…] ARTÍCULO 140. Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 1. Cuando corresponde a distinta jurisdicción. 2. Cuando el juez carece de competencia. 3. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. 4. Cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde. 5. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida. 6. Cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión. 7. Cuando es indebida la representación de las partes. Tratándose de apoderados judiciales esta causal sólo se configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso. 8.

Cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de aquél o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su corrección o adición. 9. Cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquéllas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de ley. Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta de la que admite la demanda, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que la parte a quien se dejó de notificar haya actuado sin proponerla. Parágrafo. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece. […]”.
“[…] ARTÍCULO 165.Serán causales de nulidad en todos los procesos, las señaladas en los artículos 152 y 153 del Código de Procedimiento Civil, y se propondrán y decidirán como lo previenen los artículos 154 y siguientes de dicho estatuto. […]”.
“Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones”. Cfr. Folio 232 del cuaderno principal del expediente (primera instancia). Cfr. Folio 326 a 328 del cuaderno principal del expediente (primera instancia). Cfr. Folio 329 del cuaderno principal del expediente (primera instancia).
“[…] ARTÍCULO 136. Modificado por el art. 23, Decreto Nacional 2304 de 1989 , Modificado por el art. 44, Ley 446 de 1998 Caducidad de las acciones. 1. La acción de nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto. 2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe […]. La Resolución núm. 000272, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración agotando la vía gubernativa, fue notificada por correo certificado, según recepción de la guía de crédito de Servientrega núm. 100661909 de 11 de diciembre de 2008, por lo que el plazo finalizó el domingo 12 de abril de 2009; siendo este un día festivo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley 4ª de 20 de agosto de 1913, el término se extendió hasta el 13 de abril de 2008. Auto de 28 de septiembre de 2017, núm. único de 25000234100020130253401, Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdéz.

Folios 9 a 27 del Cuaderno Principal
Folio 99 del cuaderno de antecedentes administrativos
(Artículo 1 del Decreto 2685 de 1999) TRANSPORTE MULTIMODAL INTERNACIONAL “[…] Es el traslado de mercancías por dos o más modos de transporte diferentes, en virtud de un único contrato de transporte multimodal, desde un lugar situado en un país en que el operador de transporte multimodal toma la mercancía bajo su custodia hasta otro lugar designado para su entrega […]”.
(Artículo 1 del Decreto 2685 de 1999) DOCUMENTO DE TRANSPORTE “[…] Es un término genérico que comprende el documento marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario que el transportador respectivo o el agente de carga internacional, entrega como certificación del contrato de transporte y recibo de la mercancía que será entregada al consignatario en el lugar de destino y puede ser objeto de endoso”[…].
“[…] DOCUMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL Es el documento prueba de un contrato de transporte multimodal que acredita que el operador ha tomado las mercancías bajo su custodia y se ha comprometido a entregarlas de conformidad con las cláusulas de ese contrato […]”.
(CAPITULO I. TRANSITO ADUANERO ARTICULO 353). “[…] DEFINICIÓN. Es la modalidad que permite el transporte terrestre de mercancías nacionales o de procedencia extranjera, bajo control aduanero, de una Aduana a otra situadas en el territorio aduanero nacional […]”. Folio 68 del cuaderno principal. Folio 61
Documento Andino de Transporte Multimodal Internacional D.A.T.M.I.B 6578 (folio 62 del cuaderno Principal) cuya descripción de bienes es la siguiente “APARATOS PARA REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y EL SONIDO, PAPEL Y DISKET EQUIPOS DE SONIDO TELEVISORES, SISTEMA DE BOCINAS, TEATRO EN CASA, RADIO GRABADORAS, DVD, SISTEMA MUSICALES EQUIPOS PARA AUTOS, RASURADORAS” y con destino final la ciudad de Bogotá. El Manifiesto de Carga No. 062008100000993, con contenido según embarcador “APARATOS PARA REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y EL SONIDO, PAPEL Y DISKET EQUIPOS DE SONIDO TELEVISORES, SISTEMA DE BOCINAS, TEATRO EN CASA, RADIO GRABADORAS, DVD, SISTEMA MUSICALES EQUIPOS PARA AUTOS, RASURADORAS”
Folios 64 y 65 del Cuaderno Principal. Folio 222 del cuaderno principal. Folio 58 del Cuaderno Principal 1
Folio 225 y 226 del cuaderno principal. Folio 58 del cuaderno principal y folio 55 del cuaderno de antecedentes administrativos Expediente DIAN número AO2008200850123
Folio 64 del expediente
Por su parte el artículo 315 de la Resolución 4240 de 2 de junio de 2000, determina expresamente: “[…] Artículo 315º. Inspección aduanera. Si con ocasión de la diligencia de reconocimiento, la Aduana detecta carga en exceso, aprehenderá los sobrantes de conformidad con lo previsto en el numeral 3.1 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, anulará la aceptación de la Declaración de Tránsito y elaborará Planilla de Envío, asignando un depósito habilitado para que la mercancía amparada sea sometida a la aplicación de otro régimen […]”.

Sentencia de 16 de septiembre de 2010, Expediente 1001032400200600195-00 Consejera Ponente: doctora María Claudia Rojas Lasso.
“[…] ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: […]
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: […]
c) Modificar, por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas […]”;
“[…] Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: […] 25. Organizar el Crédito Público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; regular el comercio exterior; y ejercer la intervención en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley […]”.

Folio 89 a 94 del cuaderno de “Despacho Comisorio”
Según la DIAN el levante se hizo el 27 de febrero de 2009. Folio 5 de la contestación de la demanda.
Folio 342 del expediente principal.
Folio 432 del Cuaderno de antecedentes.
Folio 342 del expediente principal.
Expedientes AO2009200900252 y AO200920090023.
“[…] Ajuste de valor. ARTÍCULO 178. La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas sólo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor […].

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