Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2010-00338-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2010-00338-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 13001-23-31-000-2010-00338-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
20 de enero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 130012331000 2010 00338 01
Demandante: GUSTAVO MARTÍNEZ PUELLO
Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL
Tema: Negociación directa de predios de acuerdo a la Ley 160 / Violación al
principio de confianza legítima / Legitimación en la causa por pasiva del
Incoder
Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural ─en adelante Incoder─, en contra de la sentencia n.° 105 / 2014 de
8 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Subsección
Especial de Descongestión, Sala de Decisión n.° 005.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La demanda
1. El señor Gustavo Martínez Puello, actuando por intermedio de apoderado judicial
y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, acudió a la jurisdicción
contencioso-administrativa para elevar las siguientes pretensiones1:
«[…] PRIMERO: Declarar nulo el acto administrativo de fecha (11) once del abril
del año 2008, mediante el cual se dio respuesta a la petición de fecha 30 de
noviembre del año 2007, radicada bajo el número 23071105531, consistente en
que se impulsara la solicitud de oferta de adquisición del inmueble rural
denominado “Finca El Roble”, por concluir que en virtud de la promulgación del
nuevo Estatuto de Desarrollo Rural y en especial lo dispuesto en el artículo 71
de la ley 1152 de 2007, el INCORA hoy INCODER, no es entidad facultada para
adquirir directamente predios de propiedad privada y que por lo tanto no es
viable tramitar ni impulsar la solicitud de oferta de adquisición del inmueble rural
denominado “Finca El Roble” ubicado jurisdicción del Municipio de San Juan
Nepomuceno, e identificado con la matrícula inmobiliaria N° 060-0006976.
SEGUNDO: Declarar nulo el acto administrativo de fecha 30 de diciembre del
año 2009, expedido por el INCORA hoy INCODER, mediante el cual desató el
recurso de reposición, confirmando el contenido del acto administrativo 11 de
abril de 2008, no concediendo la apelación y por imponer que para poder
adquirir el predio de propiedad de mi representado esté debía cumplir con la
1 Folio 6-18, C 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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condición enunciada en el aparte final inciso 2 del numeral 20 art 12 del ley 160
de 1994 “Esto que el predio hubiese sido invadidos o ocupados (sic) de
hechos un año antes de la vigencia de la presente ley”. Cuando tal norma
que fue declarada inexequible por la H. Corte Constitucional mediante
sentencia C-673 de 1999.
TERCERO: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título
de restablecimiento del derecho se ordene al INCORA hoy INCODER,
formalizar la oferta de compra del bien inmueble denominado el Roble ubicado
en la vereda botijuela jurisdicción del municipio de San Juan Nepomuceno,
Departamento de bolívar (sic); adquirido de conformidad con las escritura[s]
públicas N° 117 del 7 de julio de 1964 de la Notaría Única de San Juan
Nepomuceno, y la escritura 122 del 27 de julio de 1964 otorgada ante la misma
Notaría, debidamente registrada en la Oficina de Instrumento[s] Público[s] de El
Carmen de Bolívar, bajo el folio de matrícula inmobiliaria N° 060-0006976, el
cuan (sic) cuenta con una extensión de (197), hectárea, (sic) en una suma no
inferior a los setecientos ochenta y ocho millones de pesos ($788.000.000)
M/CTE, suma que resulta de multiplicar el número de hectárea del predio 197
por un valor de estimado en cuatro millones de pesos ($4.000.000) o en su
defecto el señalado por un perito avaluador, se protocolice el título traslaticio de
dominio en una de las Notarías del Círculo respectivo y se registre en la oficina
de Registro (sic) de Instrumentos Públicos de El Carmen de bolívar (sic).
CUARTO: Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término de
establecido en el artículo 176 del CCA.
QUINTO: Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará los
intereses comerciales y moratorios como lo ordena el artículo 177 del C.C.A.
SEXTO: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto
en el artículo 178 del C.C.A., aplicando los ajustes de valor (indexación) […]»
I.1.1.- Los hechos
2. La parte actora refirió los hechos que sustentan las pretensiones de su demanda,
los cuales se sintetizan de la siguiente forma:
3. Indicó que es propietario de predio rural denominado «El Roble» ubicado en la
vereda de botijuela, jurisdicción del municipio de San Juan de Nepomuceno,
departamento de Bolívar, de acuerdo con las Escrituras Públicas n.° 117 de 7 de
julio y 122 de 27 de julio de 1964, ambas otorgadas en la Notaría Única de San Juan
de Nepomuceno y registradas en el folio de matrícula inmobiliaria n.° 060-0006976
de la Oficina de Instrumentos Públicos de El Carmen de Bolívar, inmueble que
explotó económicamente ─a través de la ganadería─ hasta 1974.
4. Señaló que el 12 de febrero de ese año ─1974─ el predio mencionado fue invadido,
lo cual motivó la interposición de las acciones legales correspondientes, y afirmó
que, posteriormente, con mediación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
─en adelante Incora─, que luego sería el Incoder, decidió no continuar con esa
acciones ─que denominó de desalojo─ y permitir que los ocupantes continuaran en el
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inmueble mientras se tramitaba una oferta de compra, estableciéndose, según éste,
un comodato entre el actor y dichas personas ─los ocupantes─.
5. Manifestó que el Incora ─luego Incoder─, por razones no imputables al actor, no
formalizó la oferta de compra del predio y, por el contrario, mediante la Resolución
n.° 4738 de 5 de octubre de 1987, afectó el inmueble denominado «El Roble» al
programa de extinción del derecho de dominio argumentando su falta de explotación
económica.
6. Anotó que el Incora ─luego Incoder─ profirió la Resolución n.° 100 de 16 de enero
de 1990 mediante la cual:
«[…] [d]eclara extinguido a favor de la Nación el derecho de dominio de derecho
privado sobre la totalidad del predio denominado el “Roble” (…) seguidamente
expide la resolución N° 000009 de la misma fecha por la Junta Directiva la cual
aprueba con el voto favorable e indelegable del señor Ministro de Agricultura la
resolución N° 00100 proferida el día 16 de enero de 1990, con la resolución N°
00280 de fecha 9 de febrero del año 1993 el Gerente general (sic), resuelve no
reponer el recurso de reposición interpuesto contra la resolución N° 00100 (sic)
proferida el día 16 de enero de 1990, con la resolución 040 de fecha 9 [de]
febrero de 1990 emanada de la Junta Directiva, declaró y aprobó a favor de la
Nación, la extinción del derecho de dominio privado y demás derechos reales
accesorio[s] del predio en mención […]»
7. Adujoque acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y esta
Corporación, mediante sentencia de 25 de enero de 2001 proferida dentro del
expediente n.° 9.672, declaró la nulidad de las precitadas resoluciones, destacando
que:
«[…] [e]l H. Consejo [de] Estado fue enfático en señalar que en el caso concreto
tanto el señor Gustavo Martínez Puello, como los terceros campesinos
invasores asentando (sic) en su predio tenían la confianza legítima en INCORA,
(sic) para la adquisición del inmueble denominado el Roble, cimentada en la
legitimidad de sus actuaciones iniciales que observaron de dicho instituto (sic).
Tales como: continuas visitas e informes con destino al propietario de ese bien
(alineación de zona y estudio de título) ver sentencia (…) Es claro, según la
interpretación hecha a la parte motiva del fallo del Honorable Consejo de
Estado, que INCORA hoy INCODER, deben atender las justas peticiones tanto
del propietario del predio como de los campesinos asentados en el mismo, en
el sentido de proceder a la adquisición del inmueble; ya que indudablemente
fue bajo ese convencimiento que mi representado aceptó la permanencia de los
campesinos y no seguir con el desalojo viéndose de esa manera menoscabada
su derecho de propiedad (sic) […]»
8. Hizo referencia a que, una vez cobró ejecutoria la decisión judicial de 25 de enero
de 2001, inició ante el Incora ─luego Incoder─ los trámites necesarios para que fuera
adquirido el predio de su propiedad ─«El Roble»─ y añadió que celebró un acuerdo
de conciliación con el Incora ─luego Incoder─, el día 26 de noviembre de 2002; trámite
seguido ante el Procurador 22 Delegado ante el Tribunal Administrativo de Bolívar
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y mediante el cual la entidad demandada se comprometió a adquirir el predio por el
70% del valor estimado, esto es, $413.000.000; no obstante, dicho acuerdo fue
improbado por el Tribunal Administrativo de Bolívar por cuanto el hoy actor no había
iniciado el trámite de la oferta encaminado a obtener la compra del predio.
9. Resaltó que el 29 de noviembre de 2004 presentó oferta formal de compra del
citado inmueble, con fundamento en el parágrafo del artículo 54 de la Ley 135 de
1961 y en el artículo 12 numeral 20 inciso 1° de la Ley 160 de 1994, pero no tuvo
respuesta alguna, motivo por el cual el día 14 de mayo de 2007 presentó un derecho
de petición para que le fuera informado el estado de la negociación y las razones
por las cuales no se habían adelantado las actuaciones administrativas tendientes
al perfeccionamiento de la oferta de compra, respecto de la cual tampoco obtuvo
respuesta.
10. Indicó que, en razón a ello, acudió ante la jurisdicción ordinaria en acción de
tutela que fue desatada por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cartagena,
despacho judicial que, mediante decisión de 5 de octubre de 2007, ordenó que se
le diera respuesta a la petición formulada.
11. Indicó que el Incoder, a través del Oficio n.° 001761 de 18 de octubre de 2007
─el documento no se aportó al expediente─, manifestó lo siguiente:
«[…] [e]fectivamente se había presentado oferta de compra de un predio
denominado el Roble, ubicado en el Municipio de San Juan de Nepomuceno,
se hizo estudio de título dándose en primera instancia viabilidad ha dicho
procedimiento de oferta de compra, pero posteriormente al hacer un estudio
pormenorizado de la documentación el Instituto, aprecio (sic) en el Certificado
de libertad y tradición N° 060-0006976 una falsa tradición, lo cual imposibilitaba
cualquier trámite interno del mismo y por ende la compra de dicho inmueble
[…]»
12. Refirió que, en atención al Oficio n.° 001761 de 18 de octubre de 2007 ─el
documento no se aportó al expediente─, aportó el certificado de tradición y libertad
actualizado del precitado predio, superando así la objeción formulada por la
autoridad administrativa; sin embargo, Incoder no efectuó manifestación alguna,
obligándolo a acudir nuevamente a la administración de justicia en acción de
amparo constitucional, el cual fue concedido mediante providencia de 26 de marzo
de 2008, emanada del Tribunal Administrativo de Bolívar ─Sala Civil Familia─,
mediante la cual revocó la proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito el 13 de
febrero de 2008.
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Demandante: GUSTAVO MARTÍNEZ PUELLO
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13. Destacó que el Incoder, el día 11 de abril de 2008, «en respuesta a la petición
de fecha 30 de noviembre del 2007, radicada bajo el número 23071105531 2»,
informó que:
«[…] [a]l estudiar el caso concluyó que en virtud de la promulgación del nuevo
estatuto del desarrollo rural ley 1152 del 25 de julio de 2007, el Instituto
(INCODER) no es entidad facultada para adquirir directamente predios de
propiedad privada, y según las voces del artículo 21 del mismo decreto dispone
que el Instituto, otorgara (sic) subsidio directo a los campesinos a través de
concurso mediante convocatoria pública, y que esta se llevó a cabo el día 3 de
enero del presente año y se cerró el 26 de marzo del año en curso […]»
14. Explicó que, una vez expedido el citado acto administrativo, no se le dio la
oportunidad de ejercer su derecho de defensa puesto que la notificación de dicha
decisión no indicó los recursos que legalmente procedían, la autoridad ante la cual
se debían interponer y los plazos para ejercer tal facultad, adicionando que, con
fecha 10 de diciembre de 2009 y haciendo uso de la figura de la notificación por
conducta concluyente, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación,
en contra de la citada decisión de 11 de abril de 2008.
15. Manifestó que el Incoder confirmó la decisión inicialmente adoptada, luego de
afirmar lo siguiente:
«[…] “Que con la declaratoria de inexequibilidad de la ley 1152 de 2007, vigente
para la época de la respuesta de fecha 11 de abril de 2008, empezó a regir la
nuevamente (sic) la ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios” (…) Que el
numeral 20 del artículo 12 de la ley 160 de 1994 dispone “son funciones del
Instituto Colombiano de Reforma Agraria: 20 Autorizar (sic) en casos especiales
que reglamentara la Junta Directiva, la iniciación de los procedimientos de
adquisición de predios rurales invadido, ocupados de hecho o cuya posesión
estuviere perturbada por medios de violencia o cuando habiendo obtenido el
propietario sentencia judicial favorable y definitiva no pudiere ejecutarse la
medida de lanzamiento o desalojo de los invasores u ocupante, o si persistiere
la perturbaciones a la propiedad en cualquier forma (sic)” Y resalta “que Los
predios invadidos o ocupados de hechos (sic) o cuya propiedad este
perturbada un año antes de la vigencia de la presente ley, podrán ser
adquiridos por el INCORA siempre y cuando sean a apto (sic) para la
reforma agraria y que de acuerdo con los hecho mencionados (sic) en el
recurso el predio antes descrito fue invadido el día 12 de febrero del año 1973
y que para el INCORA pudiese adquirir el predio debía cumplir con la condición
enunciada en el aparte final del numeral 20 art. 12 de lay (sic) 160 de 1994.
“Esto que el predio hubiese sido invadidos o ocupados de hechos un año
antes de la vigencia de la presente ley”. […]»
16. Sostuvo que con la expedición del citado administrativo que resolvió el recurso
de reposición y negó el de apelación, quedó agotada la vía gubernativa; luego de lo
cual acudió al trámite de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad
2 Fol. 47, C 1. Petición suscrita por la apodera general del demandante, señora María Alejandra Romero
Martínez, con fecha de 29 de noviembre de 2007 y fecha de radicación de 30 de noviembre de 2007.
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ante la Procuraduría General de la Nación, el cual se declaró fallido de acuerdo con
el acta de 3 de junio de 2010 y la certificación expedida por dicha entidad.
I.1.2.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación
I.1.2.1.- Las normas violadas
17. La parte demandante consideró que el Incoder, con ocasión de la expedición de
los actos acusados, trasgredió «1. El artículo 58, 83 de la Constitución Nacional (…)
3. (sic) El artículo 178 de la ley 1152 de 2007 (…) 4. En el inciso 5 del parágrafo del
artículo 54 de la Ley 135 de 1961, modificados por la ley 30 de 1988 y el numeral
20 del inciso 1° de la ley 160 de 1994 (…) 5. El artículo 45 de la Ley 270 de 1996».
I.1.2.2.- El concepto de la violación
18. La parte actora, al momento de desarrollar el concepto de violación de las normas
enunciadas, señaló lo siguiente:
«[…] [C]on la expedición del acto administrativo de fecha 11 de abril del año
2008, se violó el artículo 58 de la Constitución Nacional, pues el INCODER,
pretende regular situaciones ocurrida (sic) antes de de (sic) la vigencia de la a
ley (sic) 1152 de 2007, cuando la fórmula general que emana del artículo 58 de
la Constitución, es la irretroactividad de la ley, pues ella garantiza que se
respeten los derechos legítimamente adquiridos bajo la ley anterior, olvida el
INCODER que la misma Carta fundamental en el mencionado artículo, autoriza
expresamente la retroactividad de las leyes penales benignas al reo, o de
aquellas que comprometen el interés público (…) Las normas superiores que
se refieren explícitamente a los efectos del tránsito de legislación, son los
artículos 58 y 29 de la Constitución Política (…) Con fundamento en las normas
constitucionales transcritas, puede afirmarse que en relación con los efectos de
la ley en el tiempo la regla general es la irretroactividad, entendida como el
fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y actos que se
produzcan a partir de su vigencia (…) El artículo 178 de la ley 1152 del 2007,
contempla que la misma rige a partir de su publicación, al entrar [a] regir (sic) a
partir del 25 de julio de 2007, fecha de su publicación, así las cosa (sic), es
inconcebible que el INCODER, pretenda regular situaciones ocurrida (sic) bajo
la vigencia de una ley anterior, pues es regla general que la ley nueva rige todos
los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia, al concluir que en
virtud de la promulgación del nuevo Estatuto de Desarrollo Rural y en especial
lo dispuesto en el artículo 71 [d]e la ley 1152 de 2007, el INCORA hoy
INCODER, no es entidad facultada para adquirir directamente predios de
propiedad privada, se apartó de de (sic) las circunstancias de hecho y de
derecho planteadas en el derecho de petición presentado [el] día 29 de
noviembre de 2004, fundamentado en el artículo 54 de la ley 135 de 1961 y art.
12, inc. 1° de la ley 160 de 1994, pues es claro según la interpretación de estas
normas que el INCODER si es entidad facultada para adquirir por negociación
directa predios de propiedad privada que se encuentren invadido[s], sin exigir
que la “invasión u ocupados de hechos (sic) producido un año antes de la
vigencia de la presente ley” (art. 12, inc 1° de la ley 160 de 1994) (…) Por lo
tanto no cabe la menor duda que el acto acusado es ilegal por ser violatorio de
una norma jurídica como lo es el art 58 y el artículo aquí mencionado (…) Se
transgredió el artículo 83 de la Constitución Nacional (…) el INCODER, al
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Radicación: 130012331000 2010 00338 01
Demandante: GUSTAVO MARTÍNEZ PUELLO
Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL
expedir los actos cuestionados actuó de mala fe Primero (sic) porque
desconoció las circunstancias de hecho y de derecho planteadas en el derecho
de petición presentado [el] día 29 de noviembre de 2004, fundamentado en el
artículo 54 de la ley 135 de 1961 y art. 12, inc. 1° de la ley 10 de 1994,
desconoció el derecho de peticiones (sic) de fecha 14 de mayo de 2007, no le
importó en el oficio N° 001761 de fecha 18 de Octubre del año 2007, al
manifestar en primera instancia que era viable dicho procedimiento de oferta de
compra, pero que al, apreciar (sic) en el Certificado de libertad y tradición N°
060-0006976 una falsa tradición, se imposibilitaba cualquier trámite
interno del mismo y por ende la compra de dicho inmueble. Le fue
indiferente el escrito de fecha día 30 de noviembre del año 2007 el cual era
subsanar defecto que adolecía el certificado de libertad y tradición y por ello
comedidamente le solicité impulsar la actuación administrativa para la
adquisición del predio en comento (...) En cuanta (sic) al acto administrativo que
desató el recurso de reposición y en subsidio apelación de fecha 30 de
diciembre del año 2009, se[a] lo primero manifestar: (…) La Honorable Corte
Constitucional, mediante Sentencia C-673 de 1999 (…) declaró inexequible los
requisito o condición establecidos (sic) en el inciso segundo del numeral 20 del
art. 12 [de] la ley 160/94 (…) Al INCODER exigir los requisitos o condición
establecidos en el inciso segundo del numeral 20 del art. 12 [de] la ley 160/ 94
“Esto que el predio de mi representado hubiese sido invadidos o ocupados de
hecho (sic) un año antes de la vigencia de la presente ley, desconoció lo
establecido en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, el cual preceptúa que es
regla general que las sentencias de inexequibilidad sólo producen efectos hacia
el futuro a menos que la propia Corte resuelva darle efectos retroactivos, siendo
así, las cosas no cabe la menor dudad (sic) que el acto aquí atacado está
viciado de nulidad, pues, se una decisión (sic)abiertamente ilegal, sin ningún
piso jurídico […]»
I.2.- La contestación de la demanda por parte del Incoder
19. El Incoder, a través de apoderado judicial y dentro de la oportunidad procesal
respectiva, contestó la demanda3 oponiéndose a las pretensiones formuladas por
estimar que no le asiste el derecho reclamado.
20. El mismo apoderado judicial propuso las excepciones de i) falta de legitimación
en la causa por pasiva e improcedencia de la acción en contra del Incoder, y la de
ii) ineptitud sustantiva de la demanda por inexistencia de normas violadas y
concepto de la violación respecto de la respuesta al derecho de petición presentado
por el demandante y del recurso formulado por este mismo4.
21. Fundamentó la primera excepción en que el Incoder no es la entidad a la que ha
debido demandar, manifestando que el Gobierno nacional expidió, de un lado, los
Decretos n.° 1290, 1291, 1292 y 1293 de 21 de mayo de 2003, mediante los cuales
3 Folio 147-159, C 1.
4 El apoderado judicial del Incoder, mediante memorial que se encuentra del folio 154 al 159, presentó escrito
de excepciones previas, las cuales corresponden a las propuestas en la contestación de la demanda, por lo que
no se hará referencia a tal escrito por haber quedado expuestas estas excepciones en la síntesis de la
contestación de la demanda.
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Radicación: 130012331000 2010 00338 01
Demandante: GUSTAVO MARTÍNEZ PUELLO
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ordenó la liquidación del «DRI, el INAT, el INCORA y el INPA, respectivamente» y,
de otro, el Decreto n.° 1300 de 21 de mayo de 20035 por el cual creó el Incoder.
22. Resaltó que el artículo 26 del Decreto n.° 1292 de 20036, relativo a los procesos
judiciales, indicó que una vez culminada la liquidación del Incora, sería el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural la entidad que asumiría la totalidad de los
procesos judiciales y reclamaciones en que fuere parte dicha entidad, al igual que
las obligaciones derivadas de estos, norma modificada posteriormente por el
Decreto n.° 4915 de 26 de diciembre de 2007.
23. Explicó que ambas normas ─el Decreto n.° 1292 de 2003 y el Decreto n.° 4915 de 2007─
establecieron una precisa competencia durante y después del trámite de la
liquidación del Incora, estimando que el citado ministerio ─el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural─ resultaba ser la entidad que debía asumir los procesos,
reclamaciones y obligaciones derivadas de la actuación del Incora, la cual, indicó,
posiblemente habría adelantado algunas actuaciones tendientes a la compra del
inmueble denominado «El Roble», motivo por el cual «[s]olicita la parte demandante
se ordene al INCODER la formalización de la compra de dicho predio».
24. Argumentó, entonces, que si el Incora fue objeto de supresión y liquidación, los
procesos y demás reclamaciones que se dieron por sus distintas actividades
deberían ser asumidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por lo
que el Incoder no está legitimado en la causa pues no es la entidad que asumió
«[l]a responsabilidad y competencia para representar judicialmente al Incora»,
añadiendo, luego de citar los artículos 1°, 12 numeral 9° y 31 de la Ley 160 de 19947
y el artículo 25 del decreto n.° 2666 de 1994, que:
«[…] [e]l inmueble fue invadido desde el año de 1973, el artículo 2 del Decreto
2665 de 1994 establece que procederá la extinción del derecho del dominio por
no ejercerse la posesión en un predio rural por más de 3 años continuos y para
la entrada en vigencia de la ley 160 de 1994 ya estaba más que cumplido el
término para que procediera la extinción del derecho sobre el inmueble
denominado El Roble, por lo que no es factible pretender que el INCODER se
aísle del cumplimiento de la Ley y sus decretos reglamentarios para satisfacer
los intereses particulares del aquí demandante, además que no se detenta (sic)
que el propietario del inmueble tenga interés de recuperar el predio por lo que
a la fecha no ha dado inicio a las acciones policivas y/o civiles pertinentes […]»
25. Solicitó, como consecuencia de la prosperidad de la segunda excepción, que se
profiriera fallo inhibitorio, aduciendo que el actor dirigió sus argumentos,
5 por el cual se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se determina su estructura.
6 por el cual se suprime el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora y se ordena su liquidación.
7 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un
subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan
otras disposiciones.
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Radicación: 130012331000 2010 00338 01
Demandante: GUSTAVO MARTÍNEZ PUELLO
Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL
exclusivamente, a pedir que el Incoder comprara el inmueble denominado «El
Roble», desconociendo lo previsto el artículo 137 numeral 4° del CCA, y citando
normas que, en su concepto, se encuentran derogadas, tales como la Ley 1152 de
2007, la cual fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia
C-175 de 2009, e insistiendo en que tanto la respuesta al derecho de petición, así
como el acto administrativo por el cual desató el recurso de reposición frente este
no tienen vicio alguno, garantizándose «[t]odos los derechos constitucionales y
administrativos que le asistían al peticionario».
I.3.- Sentencia de primera instancia
26. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Subsección Especial de Descongestión,
Sala de Decisión n.° 005, mediante la sentencia n.° 105 / 2014 de 8 de mayo de
20148, resolvió lo siguiente:
«[…] [F]ALLA (…) PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de
excepción (sic) de falta de legitimidad en la causa por pasiva e ineptitud
sustantiva de la demandada por inexistencia de “normas violadas y concepto
de la violación” respecto de las respuestas dadas al derecho de petición y a su
recurso de reposición, propuestas por el INCODER.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo de fecha 11 de abril
de 2008 expedido por INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL
que le negó al señor GUSTAVO MARTÍNEZ PUELLO la formalización de oferta
de compra del predio de su propiedad denominado El Roble; y, del acto
administrativo de fecha 30 de diciembre de 2009, que resolvió el recurso de
reposición interpuesto por el actor confirmado en todas sus partes al acto
administrativo de fecha 11 de abril de 2008.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho se impondrá CONDENA
EN ABSTRACTO en contra del INCODER, con el fin de formalizar la compra
del bien inmueble denominado El Roble ubicado en la vereda Botijuela
jurisdicción del municipio de San Juan Nepomuceno, Departamento de Bolívar;
adquirido de conformidad con las escrituras públicas N° 117 del 7 de julio de
1964 de la Notaría Única de San Juan Nepomuceno, y la escritura 122 del 27
de Julio de 1964 otorgada ante la misma Notaría, al que le corresponde el folio
de matrícula inmobiliaria No. 060-0006976 de la Oficina de Instrumentos
Públicos de El Carmen de Bolívar, cuyo precio se liquidará por vía incidental,
de acuerdo con los siguientes parámetros:
1. En la oportunidad legal, la parte actora deberá promover el incidente de
que trata el art. 172 del C.C.A., el cual tendrá por objeto la realización del
avalúo comercial del bien inmueble denominado El Roble, tantas veces
citado en esta providencia, avalúo para cuya práctica se deberán observar
fielmente la (sic) disposiciones señaladas en la Resolución 2569 del 12
de septiembre de 1995, que modificó el Decreto 2666 de 1994 y el Decreto
1139 de 1995.
2. Es necesario advertir a la entidad pública demandada, INCODER,
acerca del deber que le asiste de participar activamente en la
determinación del valor comercial del bien inmueble objeto de esta acción,
en la forma como lo dispone la Resolución 2695 de 1995, para lo cual, en
8 Folio 370-401, C 2.
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el trámite incidental se dará estricta aplicación a las previsiones del art. 14
de la Ley 1285 de 2009, modificatoria del art. 60 de la Ley 270 de 1996.
3. Una vez determinado el valor del predio, en la providencia que ponga
fin al trámite incidental se tendrá por formalizada la compra del citado
inmueble y se ordenará al INCODER pagar dicha suma, debidamente
indexada, en los términos de los arts. 176 a 178 del C.C.A.
4. Esta sentencia y la providencia que se integre a ella por vía incidental,
servirán como título traslaticio de dominio y, el plazo para que se efectúe
el pago de la condena que aquí se impone, comenzará a correr a partir de
la fecha en que las mismas se registren en el folio de matrícula
inmobiliaria, actuación que correrá por cuenta del demandante.
CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.
QUINTO: Si esta providencia no fuere apelada, una vez en firme, ARCHÍVESE
el expediente previas las anotaciones de ley en los libros y sistemas de
radicación […]»
27. El Tribunal a quo se refirió inicialmente a las excepciones de falta de legitimidad
en la causa por pasiva e ineptitud sustantiva de la demanda por inexistencia de
normas violadas y concepto de la violación. Argumentó frente a la primera que los
actos administrativos cuya nulidad se solicita fueron expedidos por el Incoder, lo
que indica que dicha entidad tiene la legitimación para defender su legalidad.
28. Añadió que, si bien los hechos que sustentan la demanda ocurrieron antes de la
creación de la entidad demandada ─en el 2003─ y no obstante que las peticiones
formuladas se presentaron mientras estaba en trámite el proceso de liquidación del
Incora, no podía perderse de vista que la finalidad de tal proceso, según los
principios que los gobiernan, es evitar que la entidad intervenida continúe
desarrollando su objeto y al ser el pedimento del actor desarrollo de este, no tenía
competencia para tramitarla, por lo que la respectiva solicitud debía ser presentada,
como en efecto ocurrió, ante la entidad pública que por mandato legal asumió las
obligaciones del Incora, esto es, el Incoder.
29. Estimó, frente a la segunda excepción, que la misma no tenía vocación de
prosperidad en la medida en que «[…] de la simple lectura de la demanda,
confrontada de cara a los actos acusados, se encuentra plena coherencia y
concordancia entre lo afirmado por aquello y los cargos de nulidad y normas
acusadas de violación, según afirma el actor […]»
30. Abordó el caso concreto aludiendo, inicialmente, a las sentencias proferidas por
esta jurisdicción relacionadas con el trámite solicitado por el demandante.
31. En tal sentido, se refirió a la sentencia de 25 de enero de 2001, expediente n.º
9672, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la cual se decidió
la acción de revisión presentada por el hoy actor en contra del Incora, entidad
pública que, además de incumplir el compromiso de adquirir el predio denominado
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«El Roble», invadido desde 1973, incluyó tal inmueble dentro del programa de
extinción de dominio privado para, finalmente, extinguir tal derecho mediante la
Resolución n.º 00280 de 9 de febrero de 1993.
32. Esta Corporación decidió dejar sin efecto el mencionado acto administrativo,
luego de efectuar las siguientes consideraciones:
«[…] [e]ncontró probado dentro del proceso que, efectivamente el INCORA, hoy
INCODER, se había hecho (sic) el compromiso con el actor y con los
campesinos que invadieron su predio, a que adquiría el predio denominado El
Roble. Así lo determinó, puesto que del material probatorio recabado, además
del compromiso adquirido por dicha entidad, evidenció que aquella realizó
estudios sobre el predio, así como constantes visitas acompañados de peritos
agrónomos, quienes dieron visto bueno de la compra del bien, que por el
contrario no fue ejecutada por dicha entidad, sino que de forma arbitraria,
procedió a extinguir el dominio sobre el bien inmueble denominado El Roble (…)
Dicha situación generó el reproche de la Corporación de cierre de la jurisdicción,
puesto que el INCORA, con su actuar, vulneró el principio de confianza legítima
que se había establecido en el señor GUSTAVO MARTÍNEZ PUELLO y los
campesinos que habitaban su predio (…) En lo sustancial, la el (sic) H. Consejo
de Estado señaló: (…) Lo anterior constituye una vulneración al principio de la
confianza legítima que soporta las relaciones entre el administrado y la
Administración en aplicación del principio constitucional de la buena fe, pues el
depositar una razonable confianza en el proceder estatal, representado
verbalmente en charlas y por escritos en conceptos o informes del INCORA no
puede generar consecuencias jurídicas desfavorables para el administrado (…)
Y continuó diciendo: (…) En el caso concreto, tanto el señor Martínez como los
terceros campesinos asentados en su predio, con su consentimiento, tenía una
confianza legítima en el INCORA para la adquisición del inmueble “El Roble”
cimentada en la legitimidad de las actuaciones iniciales que observaron en
dicho instituto; esas conductas fueron proseguidas por éste y se expresaron en:
(…) Continuas visitas e informes, con destino al propietario de ese bien
(alindación de zonas y estudio de) (…) reiteradas charlas e informes para los
terceros asentados en el predio, no basadas en meras suposiciones o hipótesis,
como el INCORA pretende ahora darlo a entender (…) En consecuencia que
fuera de lo dicho sobre la contraprueba de la decisión de declaración extinción
de dominio, ésta además inequitativa pues castigó la confianza legítima en las
autoridades, por parte del propietario y de los terceros referidos, pues les
trasladó a estos dos sujetos, negativamente, las consecuencias de creer en la
buena fe de la Autoridad y en el fondo, en primer término, hizo nugatorio para
el propietario el derecho de acción contra las personas que se habían
inicialmente asentado con violencia sobre su propiedad inmueble, para
tolerarlos y dejarlos en comodato y, en segundo término, a los terceros
asentados para obtener la tierra en el futuro (…) Por las razones expuestas, la
Sala procederá a: anular el trámite de extinción de dominio llevado a cabo por
el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) sobre el predio “El Roble”
de propiedad del señor Gustavo Martínez Puello y a ordenar al Registrador la
inscripción de este fallo, para los efectos pertinentes […]»
33. Resaltó que lo decidido por esta Corporación motivó que el actor solicitara al
Incora la formalización de la compra sobre el predio «El Roble» y fue así como, a
través del trámite de conciliación seguido ante la Procuraduría General de la
Nación, el Incora aceptó la adquisición del predio, lo cual generó que el Tribunal
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Administrativo de Bolívar profiriera el auto de 3 de febrero de 2004, mediante el cual
se improbó el acuerdo conciliatorio, bajo el argumento consistente en que se debió
adelantar el trámite administrativo ante aquella entidad pública para llevar a cabo
tal adquisición, razón por la que el actor, desde el 29 de noviembre de 2004, inició
ante el Incoder dicho trámite, el cual fue resuelto en forma desfavorable para el
actor.
34. Analizó el cargo por violación de la Ley 160, haciendo referencia a las
actuaciones desplegadas por el Incoder, para lo cual acudió al fallo de esta
Corporación mencionado líneas atrás. Manifestó que el Incora, desde el año 1973,
cuando se produjo la invasión del predio «El Roble» de propiedad del actor, se había
comprometido ─con el actor y con los campesinos ocupantes─ a iniciar el proceso de
negociación directa para la adquisición del inmueble, para lo cual se efectuaron
visitas y estudios sobre este, que son muestra inequívoca de la intención de la
entidad pública en aquel sentido ─la adquisición del predio─.
35. Destacó que, no obstante ello, el Incora, en el año 1987, extinguió el dominio
que le correspondía al actor sobre el citado inmueble, tal decisión fue dejada sin
efectos por esta Corporación al resolver una acción de revisión al constatar que el
Incora arraigó en el actor y los campesinos la confianza en que se iniciaría el
proceso para la adquisición del precitado inmueble ─predio «El Roble»─.
36. Anotó que, producto de esta decisión judicial, el Incora y el hoy actor acordaron,
en audiencia de conciliación, que la primera adquiriría el predio mencionado por el
70% de su valor, pero tal acuerdo fue improbado por esta jurisdicción, por cuanto
no se había iniciado ante la autoridad administrativa ─el Incora─ el procedimiento
de compra de acuerdo con lo establecido en la ley, razón por la que el hoy actor
decidió, el 29 de noviembre de 2004, «[p]resentar oferta formal de compra voluntaria
del inmueble (fl. 50-53), de donde se generaron los diferentes pronunciamientos de
la administración que ahora son objeto de control judicial».
37. Indicó que la autoridad administrativa, frente a la solicitud de 2004, dio
respuesta a través del Oficio n.° 001761 de 18 de octubre de 2007, ante el apremio
judicial, en donde señaló que «(…) se hizo un estudio de títulos dándose en primera
instancia una viabilidad a dicho procedimiento de oferta de compra, pero
posteriormente al hacer el estudio pormenorizado de la documentación presentada
se apreció que en el certificado de tradición No 062-0006.976 (sic) expedido por la
Oficina de Instrumentos Públicos del Carmen de Bolívar, aparece una falsa tradición
sobre dicho inmueble lo cual imposibilita cualquier trámite interno del mismo y por
ende la compra de dicho inmueble», respuesta frente a la cual el hoy actor, el 30 de
noviembre de 2004, presentó escrito en el que aportó el certificado de tradición y
libertad del predio «El Roble», solicitando la continuación del trámite de adquisición
del inmueble al haberse subsanado la irregularidad anotada.
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38. Manifestó que el Incoder, previo requerimiento judicial y a través del Oficio de
11 de abril de 2008, no atendió la solicitud presentada por el demandante, luego de
considerar que: «[d]ebido a la entrada en vigencia del nuevo Estatuto de Desarrollo
Rural, LEY 1152 DE 2007, el INCODER había perdido la competencia para la
adquisición de ese tipo de predio, razón por la cual no había lugar a acceder [a] su
pedimento», decisión frente a la cual interpuso los recursos de reposición y, en
subsidio, el de apelación, en el cual pidió la aplicación de la ley vigente al momento
de solicitar la compra del inmueble, esto es, la Ley 160, toda vez que la Ley 1152
de 20079 entró a regir el 25 de julio de 2007, esto es, 3 años después de presentada
la indicada solicitud.
39. Observó que el Incoder, a través de acto administrativo de 30 de diciembre de
2009, resolvió mantener la decisión impugnada tras considerar que:
«[…] [c]on la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1152 de 2007, entró a
regir la Ley anterior que regulaba el asunto, esto es, la Ley 160 de 1994, al
amparo de la cual, según el INCORA, no le era dable a dicha entidad formalizar
la compra del bien, puesto que el artículo 12 numeral 20 inciso 2° ibídem,
disponía que para que ello procediera se hacía necesario que la ocupación del
inmueble se hubiere presentado un año antes de la entrada en vigencia de dicha
ley, mientras que la ocupación del bien del actor se produjo en el año 1973;
argumento este que, en consideración de la Sala, genera de bulto la
nulidad de los actos administrativos acusados (…) Ello es así, puesto que
el acto definitivo que puso fin a la actuación en sede administrativa el día 30 de
diciembre de 2009, se fundamentó exclusivamente en la prohibición que
establecía el artículo 12 numeral 20 inciso 2° de la Ley 160 de 1994, sin
embargo tal como se dijo en acápite precedente, precisamente el aparte
normativo invocado por la entidad demandada, fue declarado inexequible por la
H. Corte Constitucional a través de sentencia C – 673 de 1999, esto es que,
dicha entidad dio aplicación a un[a] norma que había sido retirada del
ordenamiento jurídico diez (10) años atrás a su decisión (…) De tal manera que,
del análisis efectuado a las actuaciones adelantadas por la administración en
respuesta al pedimento del señor Martínez Puello, se puede observar con
meridiana claridad que se produjo la violación de la Ley 160 de 1994, como
quiera que, en nada importaba que la ocupación del inmueble del actor se
hubiere presentado con más de un año de anterioridad a su entrada en vigencia,
como quiera que, ello (sic) vulneraba el artículo 13 superior, referente al derecho
a la igualdad, conforme a lo dicho por la H. Corte Constitucional (…) En ese
orden, la Sala considera reprochable la decisión así adoptada por el INCODER,
pues resulta evidente que adoleció del estudio requerido para dar solución a lo
solicitado por el actor, de lo cual da cuenta el error que se acaba de advertir
sobre la aplicación de la Ley 160 de 1994, situación está que conlleva sin lugar
a equívocos a esta Corporación a declarar la nulidad de los actos
administrativos acusados (…) Sin perjuicio de lo anterior, para abundar en
razones, la Sala considera en el sub lite la configuración del cargo de nulidad
aducido por el actor, como de violación al artículo 83 de la Constitución Política
puesto que, tal como se narró, de las situaciones padecidas por el actor, desde
el año 1973, se observa que en principio el INCORA, y posteriormente, el
INCODER, se han negado de forma injustificable (sic) a adquirir el predio
9 Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
Incoder, y se dictan otras disposiciones.
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denominado el Roble, cuando en lo que atañe al INCORA, alcanzó a iniciar
gestiones para adquirir el predio; y, respecto del INCODER, la sumatoria de
situaciones acontecidas a saber, de i) negativa a contestar sin orden judicial, ii)
contestar admitiendo el inicio del trámite, pero solicitado (sic) certificado de
libertad y tradición, y, iii) finalmente, fundamentar su decisión en norma retirada
del ordenamiento jurídico; constituyen claras muestras de la violación del
principio de la buena fe […]»
40. Sostuvo que, ante la prosperidad de la pretensión asociada a la declaratoria de
nulidad de los actos acusados, era dable reconocer lo deprecado por el actor, quien
depreca, esencialmente, la formalización de la adquisición del predio «El Roble» y
el reconocimiento y pago su precio.
41. Para el efecto, entonces, explicó que en vista que el acto administrativo que
determinó la expropiación del predio «El Roble» fue declarado nulo por esta
jurisdicción, nos encontraríamos en el escenario de la adquisición del predio por
medio de negociación directa y, en ese sentido, siguiendo para el efecto los artículos
31 literal c) y 32 de la Ley 160, advirtió que «[e]l mismo ya se surtió en gran medida
por parte de la entidad y del actor, haciendo falta únicamente lo referente a la
práctica del dictamen para determinar el valor del predio (…) pues como se verá
más adelante, la prueba practicada dentro del proceso adolece de los requisitos de
ley para ser valorado».
42. Continuó su argumentación resaltando las conclusiones a las que llegó esta
Corporación en la sentencia de 2001 ─en la cual desató la acción de revisión presentada por
el hoy actor─, según las cuales:
«[…] [s]e estableció que el INCORA, hoy INCODER, consideró a los
campesinos que habían habitado su predio en el año 1973, que era personas
aptas para beneficiarse con los programas de reforma agraria; igualmente, se
determinó que la entidad demanda en repetidas ocasiones realizó visitas al
predio en aras de establecer su cabida y su aptitud para actividad agropecuaria,
concluyendo que tenía una cabida de 197 hectáreas y que en un noventa por
ciento (90%) era apto para la agricultura (…) Sobre la aceptación de la oferta
por parte del actor, no queda dudas a esta Corporación de la plena intención de
aquel, que su predio sea adquirido por el INCODER, conforme a la oferta de
compra presentada el día 29 de noviembre de 2004, y que más decir, de las
pretensiones solicitadas en [el] libelo introductorio de la demanda […]»
43. Hizo referencia al avalúo comercial del predio «El Roble» y advirtió que aquel
debió realizarse de acuerdo con la normatividad que al respecto se ha expedido, en
particular, a los Decretos n.° 2666 de 3 de diciembre de 199410 y 1139 de 30 de
junio de 199511 y la Resolución n.° 2965 de 12 de septiembre de 199512 ─mediante la
10 por el cual se reglamenta el Capítulo VI de la Ley 160 de 1994 y se establece el procedimiento para la
adquisición de tierras y mejoras rurales por el Incora.
11 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 160 de 1994, en lo relativo a la elaboración del avalúo comercial
de predios y mejoras que se adquieran para fines de reforma agraria y la intervención de peritos en los
procedimientos administrativos agrarios de competencia del Incora.
12 Por la cual se establece el procedimiento para la práctica, elaboración y rendición de los avalúos comerciales
de predios y mejoras rurales que se adquieran para fines de reforma agraria y se dictan otras disposiciones.
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cual se dio cumplimiento a lo normado en el Decreto n.° 1139 de 1995─ , sosteniendo que el
dictamen pericial que se practicó en el proceso no cumplió con las especificaciones
previstas en las normas mencionadas «[y] sea de paso, incurrió en error grave al no
efectuar la identificación y la medición física del bien objeto de la pericia, los que
resultan parámetros elementales que deben ser observados al momento de efectuar
el avalúo comercial de cualquier bien inmueble», por lo que le restó valor probatorio
y estimó pertinente proferir una condena en abstracto, según los lineamientos del
artículo 172 del CCA, en los siguientes términos:
«[…] [E]n consecuencia, en este caso, se impondrá condena en abstracto en
contra del INCODER, con el fin de formalizar la compra del bien inmueble
denominado El Roble, cuyo precio se liquidará por la vía incidental, de acuerdo
con los siguientes parámetros: (…) 1. En la oportunidad legal, la parte actora
deberá promover el incidente de que trata el art. 172 del C.C.A., el cual tendrá
por objeto la realización del avalúo comercial del bien inmueble denominado El
Roble, tantas veces citado en esta providencia, avalúo para cuya práctica se
deberán observar fielmente las disposiciones señaladas en la Resolución 2569
del 12 de septiembre de 1995, que modificó el Decreto 2666 de 1994 y el
Decreto 1139 de 1995 (…) 2. Es necesario advertir a la entidad pública
demandada, INCODER, acerca del deber que le asiste de participar
activamente en la determinación del valor comercial del bien inmueble objeto
de esta acción, en la forma como lo dispone la Resolución 2695 de 1995, para
lo cual, en el trámite incidental se dará estricta aplicación a las previsiones del
art. 14 de la Ley 1285 de 2009, modificatoria del art. 60 de la Ley 270 de 1996
(…) 3. Una vez determinado el valor del predio, en la providencia que ponga fin
al trámite incidental se ordenará al INCODER pagar dicha suma, debidamente
indexada, en los términos de los arts. 176 a 178 del C.C.A. (…) 4. Esta sentencia
y la providencia que se integre a ella por vía incidental, servirán como título
traslaticio de dominio y, el plazo para que se efectúe el pago de la condena que
aquí se impone, comenzará a correr a partir de la fecha en que las mismas se
registren en el folio de matrícula inmobiliaria, actuación que correrá por cuenta
del demandante […]»
I.4. El recurso de apelación
44. El Incoder, inconforme con la decisión de primera instancia y por intermedio de
su apoderado judicial, presentó recurso de apelación orientado a que se revoque tal
providencia y se abstenga de emitir las declaraciones, condenas e indemnizaciones
contenidas en ella13.
45. Manifestó que la primera instancia, en forma equivocada e imprecisa, hizo unas
consideraciones sin realizar un análisis de la situación y pormenores que puso a su
consideración el Incoder sobre: i) la falta de legitimación en la causa entre las
funciones del Incoder y el Incora; ii) la caducidad de la acción, y iii) la legislación
relativa a la compra de predios u ofertas de compra bajo el esquema de la Ley 160,
sin que en este último aspecto puede predicarse:
13 Folio 404-407, C 2.
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«[…] [u]na acción o una omisión de parte del Incoder, como presupuesto de su
responsabilidad sobre la adquisición del predio rural denominado El Roble,
ubicado en la vereda de Botijuela, jurisdicción del municipio de San Juan de
Nepomuceno, departamento de Bolívar y obviamente porque tanto se analizó y
se precisó los mismos antecedentes, cuando era claro y obvio que sobre el
mismo predio en el año de 1987 se adelantó proceso de extinción por el Incora
que concluyó primero predio (sic) fue objeto de extinción de dominio agrario a
favor de la Nación, mediante la Resolución No. 004738 del 5 de octubre de 1997
del Incora, la cual fue revocada en proceso de revisión tramitado ante el Consejo
de Estado, Sección Tercera, que culminó con sentencia de 25 de enero de 2001
que declaró nulas las resoluciones expedidas por el Incora (no por el Incoder)
(…) 2. Indudablemente, los antecedentes del predio y las actuaciones que entre
el demandante y el INCORA se dieron, no puede[n] ser ajenas a las
consideraciones y al análisis particular por cuanto la situación predial, el
proceso de extinción de dominio, la sentencia expedida por el Consejo de
Estado y los conflictos sobre la ocupación del predio y la negativa de compra
no son fundamentos sólidos contra el Instituto para endilgar una
responsabilidad, con el argumento de no haberse adquirido un bien es un acto
omisivo (sic) y causante de unos daños y perjuicios (…) 3. No obstante, lo
anterior no importó al Tribunal para resolver el problema jurídica que se planteó
porque en su consideración el Instituto estaba obligado a comprar el predio
invadido u ocupado de hecho o cuya posesión estuviere perturbada por lo
dispuesto en la Ley 160 de 1994, artículo 12, numeral 20 que dice: (se cita) (…)
4. De atender la tesis del Tribunal, esto es, presumiendo una obligación y
responsabilidad del Estado de aceptar su oferta y adquirir el bien, sin importar
si el predio presenta invasiones u ocupaciones permanentes o conflictos
sociales o de titularidad, posiblemente estaríamos ante la teoría del Estado
benefactor o ideal, porque siempre existiría la obligación frente a todos los
asociados de satisfacer todas sus necesidades, como la [de] adquirir un
inmueble, sin importar sus antecedentes, y el Estado comprometería su
responsabilidad por no haberlo hecho, como sucede en el presente caso (…) 5.
La presentación de los hechos y las normas jurídicas en que se fundamenta el
Tribunal confunde y amplía las funciones misionales y sociales del INCODER,
queriendo hacer las ver una obligación persé (sic) o mejor referida a todos
aquellos predios privados donde quiera que existan ocupaciones o invasiones
un deber de comprarlos, como es el caso del predio el Roble en cuyos
antecedentes sus invasiones bien desde 12 de febrero de 1973 por un grupo
indeterminado de campesinos. El hecho de ofertar un predio o hacer referencia
a diligencias tendientes [a] adquirir inmuebles o comunicaciones internas del
INCODER, en ningún momento puede generar para la Entidad Pública una
obligación y correlativamente un derecho a favor de los actores. Simplemente
se podría decir que es una mera expectativa, ligada a las necesidades del
Instituto y a los requisitos a cumplir por los predios rurales para su adquisición,
entre otros, que estén debidamente identificados, libres de gravámenes o
limitaciones al dominio o de ocupaciones. Por tal motivo, no haber aceptado la
mencionada oferta no se está incumpliendo con los deberes de la Institución y
se ajusta a las posibilidades que tiene para comprar o no un bien […]»
46. Añadió que el Incoder no puede ser obligado a la adquisición del predio «El
Roble» en tanto que precedieron actuaciones que son imputables al Incora y en las
cuales el Incoder no tuvo participación alguna y, desde tal perspectiva, para los
efectos de la responsabilidad y del reconocimiento de daños y perjuicios, las
entidades no pueden ser vistas bajo la misma óptica a raíz de la liquidación del
Incora.
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47. Hizo alusión al artículo 26 del Decreto n.° 1292 de 2003 para destacar que dicha
normatividad:
«[…] [e]s muy clara al establecer una precisa competencia, durante o posterior
al proceso de liquidación del INCORA. Por consiguiente, no es el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, la entidad que está legitimada para
intervenir dentro del proceso, al existir una competencia prevalente y excluyente
como es la determinada en el Decreto 1292 de 2003, artículo 26, en armonía
directa con el artículo 25, parágrafo del Decreto Ley 254 de 2000, bien sea
dentro dicho período o en el tránsito subsiguiente al Ministerio de agricultura
(sic), quien (sic) deberá asumir los procesos, reclamaciones o las obligaciones
derivadas de la liquidación. No tener en cuenta esta observación es
desconoce[r] el principio las funciones específicas de acuerdo (sic) a sus
competencias y cometidos legales, en virtud de la aplicación del principio de
especialidad y especificidad de los diversos órganos administrativos ya que
cada uno tiene uno cumple un marco regulatorio (sic) o normatividad especial
que le indica unas funciones y competencias propias, procedimientos y trámites
específicos que no se pueden desconocer so pretexto de endilga[r] una
responsabilidad administrativa […]»
I.5. Trámite del recurso de apelación
48. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso en primera instancia, a
través del auto de 12 de junio de 2014 y con sustento en el artículo 70 de la Ley
1395 de 2010, norma que adicionó un cuarto inciso al artículo 43 de la Ley 640 de
2001, fijó el 5 de agosto de 2014, hora 2:30 p.m., para llevar a cabo la audiencia de
conciliación prevista en dicha disposición legal14.
49. La citada audiencia de conciliación15 se llevó a cabo aquel día ─5 de agosto de
2014─, no obstante, la misma fue suspendida para ser continuada el 15 de octubre
de 2014, hora 2:30 p.m. Aquel día ─15 de octubre de 2014─ se continuó con el trámite
de la audiencia suspendida16 la cual culminó con la declaratoria de fallida, por
cuanto no le asistía a la parte demandada ánimo de conciliar la controversia y,
además, se concedió el recurso de apelación interpuesto por el Incoder.
50. El magistrado del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso en
segunda instancia, mediante auto de 28 de septiembre de 201517 admitió el recurso
de apelación y, a través del auto de 31 de marzo de 2016 18, corrió traslado a las
partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para
que, de considerarlo pertinente, rindiera el respectivo concepto.
51. El apoderado judicial del demandante19 haciendo referencia, básicamente, al
contenido de la decisión impugnada, solicitó su confirmación y, a su turno, la
14 Folio 409, C 2.
15 Folio 415-416, C 2.
16 Folio 424-425, C 2.
17 Folio 17, cuaderno Consejo de Estado.
18 Folio 24, cuaderno Consejo de Estado.
19 Folio 25-29, cuaderno Consejo de Estado.
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apoderada judicial del Incoder pidió a esta Corporación la revocatoria de aquella
decisión judicial insistiendo en los argumentos expuestos en el recurso de
apelación20. El agente del Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.
52. El magistrado del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso en
segunda instancia, mediante auto de 22 de marzo de 201721, resolvió lo siguiente:
«[…] Primero: TENER como sucesores procesales del señor Gustavo Martínez
Puello, parte actora en el proceso de la referencia, a los señores María Eugenia
Martínez Arrieta, Rosario Teresa Martínez Arrieta, Gustavo Antonio Martínez Arrieta,
Alberto Guillermo Martínez Arrieta y Guillermo Rafael Martínez Arrieta, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído (…) Segundo:
TENER al doctor José Luis Morante Guzmán, como apoderado judicial de la parte
actora, de acuerdo con el poder visible en folio 30 del expediente […]»
53. El magistrado del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso en
segunda instancia, mediante auto de 2 de abril de 202022, negó la solicitud de
prelación de fallo presentada por el apoderado judicial de la parte demandante.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
54. Esta Sala de Decisión, para desatar los argumentos del recurso de apelación
presentados por la parte demandada, abordará: i) su competencia; ii) los actos
administrativos cuestionados; iii) la caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento ejercida por el demandante; iv) el problema jurídico; v) el caso
concreto; y, vi) las conclusiones.
II.1. La competencia
55. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA23 y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.
II.2. Los actos administrativos acusados
56. Los actos administrativos acusados son i) el oficio n.° 31082100529 de 11 de
abril de 200824 y ii) el oficio n.° 31092104457 de 30 de diciembre de 200925, suscritos
20 Folio 61-63, cuaderno Consejo de Estado.
21 Folio 100-102, cuaderno Consejo de Estado.
22 Folio 251-253, cuaderno Consejo de Estado.
23 «Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión […]».
24 Folio 19-21, C 1.
25 Folio 27-29, C 1.
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por la directora de la territorial de Bolívar del Incoder, María Luisa Brochet
Bayona, cuyo contenido es el siguiente:
57. Texto del Oficio n.° 31082100529 de 11 de abril de 2008:
«[…] REFERENCIA: RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN (…) El Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder es un establecimiento público del
orden nacional que cuenta con personería jurídica, patrimonio autónomo e
independencia administrativa, adscrito al ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural (sic), cuyo objeto es, entre otros, la promoción y el apoyo a la ejecución
de la política establecida para fomentar el desarrollo productivo agropecuario
en el medio rural (…) En atención a su solicitud de fecha 30 de Noviembre de
2007, radicada bajo el número 23071105531, y de conformidad a lo dispuesto
(sic) en el fallo proferido por la Sala Civil-Familia del Honorable Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena dentro de la acción de tutela
instaurada por Usted, en representación del señor Gustavo Martínez Puello,
procedemos a darle la información referente a la actuación administrativa
relacionada con la adquisición de la Finca El Roble (…) Le informamos que al
estudiar su caso, concluimos que, en virtud de la promulgación del nuevo
Estatuto de Desarrollo Rural, y especialmente de lo dispuesto en el artículos
(sic) 71 de la Ley 1152 de 2007, las únicas entidades públicas facultadas para
la adquisición directa de predios de propiedad privada son: el Ministerio del
Interior y de Justicia, la Dirección Nacional de Prevención y Atención de
Desastres, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la
Unidad Nacional de Tierras Rurales, en los casos y según el trámite previsto en
la ley. El artículo 71, es del siguiente tenor (se cita) (…) Por otra parte, en el
artículo 21 de la misma normatividad, quedaron establecidas las funciones del
Incoder, y específicamente, el numeral cuatro (4) dispone que el Instituto:
“Otorgará subsidios directos a través de concursos mediante convocatorias
públicas transparentes que atenderán a criterios objetivos de selección, para
beneficiar a los hombres y mujeres de escasos recursos, y a los productores
ubicados en áreas prioritarias determinadas por el Gobierno Nacional con la
presentación del proyecto productivo financiera, ambiental, técnica y
socialmente viable para: (…) a) adquisición de tierras y parte de los
requerimientos financieros de los proyectos productivos (…) b) Adecuación de
tierras (…) c) Asistencia técnica; d) Vivienda de Interés Social Rural (…) e) Y
los demás subsidios o incentivos que determine el Gobierno Nacional.” (…) En
cumplimiento de la norma anterior, le informamos que éste Instituto realizó la
Primera Convocatoria Pública de otorgamiento de subsidio integral para compra
de tierras; la cual se llevó a cabo desde el día 3 de enero de 2.008 (sic), fecha
en que se dio su apertura, hasta el día 26 de marzo del año en curso, fecha en
la que se cerró, previos requisitos establecido para ello (…) Por todo lo
expuesto, le comunicamos, que no es viable tramitar ni impulsar su solicitud de
oferta de adquisición del inmueble rural denominado Finca El Roble, ubicado en
jurisdicción del municipio de San Juan Nepomuceno, e identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 062-0006.976 […]»
58. Texto del Oficio n.° 31092104457 de 30 de diciembre de 2009:
«[…] Asunto: Respuesta a escrito presentado por la Dra. MARÍA ALEJANDRA
ROMERO MARTÍNEZ denominado “RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN
SUBSIDIO DE APELACIÓN CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO DE
FECHA 11 DE ABRIL DE 2008 (…) MARÍA LUISA BROCHET BAYONA, Mujer,
mayor de edad y de ésta ciudad, identificada como aparece al pie de mi
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correspondiente firma, actuando en calidad de Directora del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER territorial Bolívar, por medio del
presente escrito procedo a dar respuesta al escrito denominado “Recurso de
Reposición y en subsidio de apelación contra el acto administrativo de fecha 11
de abril de 2008.” (…) 1. RECURSO DE REPOSICIÓN (…) Al respecto, ésta
Dirección Territorial, se mantiene en la decisión proferida mediante respuesta a
su Derecho de petición de fecha 11 de abril de 2008, por las siguientes razones:
(…) 1. Con la declaratoria de inexequibilidad de la ley 1152 de 2007, vigente
para la época de la respuesta de fecha 11 de Abril de 2008, empezó a regir
nuevamente la Ley 160 de 1994 y sus Decretos reglamentarios (sic). En esta
normatividad también se encuentra regulada, entre las funciones de INCORA
(hoy INCODER) temáticas relacionadas con la que nos incumbe, es decir con
las facultades de compra o adquisición directa de predios de propiedad privada. Es así que el numeral 20 del Artículo 12 de la Ley 160 de 1994, dispone: (se
cita) En el caso suyo, según el hecho segundo mencionado en su recurso, “el
predio antes descrito fue invadido el día 12 de febrero del año 1973, por un
grupo indeterminado de campesino, lo que motivó a mi apoderado a entablar
las correspondientes acciones legales pertinentes (policivas y penales)” (…)
Como podrá observarse para que el INCORA (hoy INCODER) pudiese adquirir
el predio, debía cumplirse con la condición enunciada en el aparte final del
numeral 20 transcrito en la parte superior, y en el que el predio invadido o
ocupado (sic) de hecho o cuya propiedad haya sido perturbado (sic) un año
entes (sic) de la vigencia de la presente ley (ley 160 de 1994), no siendo éste
su caso, como quedó demostrado (…) Por otra parte el parágrafo segundo del
Artículo 26 de la ley 1151 de 2007, señala “El subsidio integral para la
adquisición de tierras a que se refiere este artículo será administrado por el
Incoder, ya sea directamente o mediante la celebración de contratos de
encargos fiduciario o de fiducia pública y será asignado, a través de
procedimientos de libre concurrencia, por convocatorias abiertas que se
llevaran a cabo al menos una vez al año (…) Así mismo el artículo 27 de la Ley
1151 de 2007, modifica el artículo 31 de la ley 160 de 1994, el cual precisa: (se
cita) (…) Vista así las cosas tampoco le es dable al INCODER a la luz de la
normatividad vigente LEY 160 DE 1994 y las modificaciones introducidas por la
LEY 1151 DE 2007, proceder a efectuar negociaciones directas de tierras sino
bajo las condiciones y requisitos señalados y en cuyo caso no concurren las
endilgadas por Usted, razón por la cual ésta Dirección procederá a confirmar la
decisión proferida mediante escrito de fecha 11 de abril de 2008 (…) 2.
RECURSO DE APELACIÓN (…) En cuanto al Recurso de alzada, ésta
Territorial se abstiene de concederlo, por los siguientes argumentos: (…) El
Artículo 50 del Código Contencioso Administrativo señala: (…) De otro lado, la
ley 160 de 1994 en su artículo 11 señala que el INCORA (hoy Incoder)
continuará funcionando como un Establecimiento Público Descentralizado del
Orden Nacional con personería Jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura y su domicilio será la Ciudad
de Bogotá (…) Como es dable observar siendo el INCODER un Establecimiento
Público Descentralizado del Orden Nacional con personería Jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente, a las decisiones que éste
tome y que pongan fin a una actuación administrativa, No es (sic) procedente
recurrir en apelación (…) Así mismo en la Resolución 551 de 2 de mayo de
2009, el Gerente General del Incoder, delega en las Direcciones Territoriales
todos los trámites relacionados con la adjudicación de baldíos y su
recuperación, reversión, expedición de autorización relativas al fraccionamiento
de baldíos, etc., estando éste caso dentro de lo resuelto por éste Instituto y
cuyas decisiones solo son susceptibles del recurso de Reposición (sic) (…) En
el artículo Tercero de la mencionada Resolución, se establece: “Los actos
administrativos proferidos por las Direcciones Territoriales, en acatamiento a las
funciones delegadas, serán susceptibles del Recurso de Reposición ante el
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mismo funcionario que profirió la providencia.” (…) Por todo lo anterior, ésta
Dirección Territorial no concederá el Recurso de apelación interpuesto en
subsidio al de Reposición contra la decisión de fecha 11 de abril de 2008 […]»
II.3. La caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por el actor
59. La entidad demandada, en el recurso de apelación presentado en contra de la
sentencia de primera instancia, cuestionó, sin precisar argumento alguno, lo
decidido en lo atinente a la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho iniciado por la parte actora, asunto que pasa a analizarse por tratarse de
un presupuesto procesal de orden negativo susceptible de ser analizado en esta
instancia.
60. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Subsección Especial de Descongestión,
Sala de Decisión n.° 005, consideró que la presente acción se había presentado en
tiempo puesto que:
«[…] [s]i se considera que el acto administrativo que resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra el acto administrativo de fecha 11 de abril de 2008,
fue expedido el día 30 de diciembre de 2009. En ese sentido, se presentó
solicitud de conciliación el día 27 de abril de 2010 ante la Procuraduría General
de la Nación, esto es faltando 4 días para el vencimiento del término de
caducidad, fecha desde la cual se suspendió el término de caducidad de la
acción hasta el día 3 de junio de 2010 cuando se dio por surtido el requisito de
procedibilidad, previo a acudir a la jurisdicción (…) De tal manera, se reanudo
el conteo del término el día 4 de junio de 2010, resultando inhábiles los días 5
y 6, extendiéndose así el plazo de 4 meses hasta el día 9 de junio de la misma
anualidad, razón por la cual, al haberse presentado la demanda el día 8 de junio
de 2010, se entiende acorde al término de caducidad de cuatro (4) meses que
para efectos de cumplir este presupuesto procesal de la acción dispone el
artículo 136 del C.C.A. […]»
61. De acuerdo con el artículo 136 numeral 2° del Código Contencioso Administrativo
-CCA-, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caducará al cabo de
cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación,
comunicación o ejecución del acto, según el caso.
62. En el plenario se encuentra el Oficio n.° 31092104457 de 30 de diciembre de
2009, suscrito por la señora María Luisa Brochet Bayona, directora de la oficina
territorial Bolívar del Incoder, mediante el cual se da respuesta «al escrito
denominado “Recurso de Reposición y en subsidio de apelación contra el acto
administrativo de fecha 11 de abril de 2008”», el cual no cuenta con constancia
alguna de notificación al demandante.
63. Sin embargo, puede entenderse que el actor Gustavo Martínez Puello tenía
conocimiento de este por cuanto se encuentra en el expediente 26 la solicitud de
26 Folio 33-42, C 1.
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conciliación extrajudicial presentada por su apoderada judicial ante la Procuraduría
General de la Nación el 27 de abril de 2010 ─de acuerdo con el sello de radicación impuesto
en la solicitud y la constancia expedida por el Procurador 22 Judicial II para Asuntos Administrativos─
para efectos de agotar el requisito de procedibilidad para acudir ante esta
jurisdicción en ejercicio de la precitada acción ─nulidad y restablecimiento del derecho─ y
en el que se solicitó ─al igual que en la demanda─ que se dejaran sin efecto los actos
administrativos aquí enjuiciados y, como consecuencia de las anteriores
declaraciones, se formalizara la oferta de compra del predio «El Roble»27. Tal
conciliación, valga resaltarlo, fue tramitada por el Procurador 22 Judicial II para
Asuntos Administrativos, quien expidió la respectiva constancia de agotamiento del
requisito de procedibilidad.
64. De esta manera se entiende que la notificación del Oficio n.° 31092104457 de 30
de diciembre de 2009 se surtió bajo la figura de la notificación por conducta
concluyente, frente a la cual esta Sala28 se ha pronunciado en los siguientes
términos:
«[…] 27. Visto el artículo 44 ibídem, sobre deber y forma de notificación
personal, establece que los actos administrativos de carácter particular se
deben notificar personalmente al interesado, su representante o apoderado; sin
embargo, “[…] los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas
de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en que se
efectúe la correspondiente anotación […]”
27 En igual sentido: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo
de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 41001-23-31-000-2012-00103-01. Actor: RUBIELA MURCIA
FIERRO Y LUZ MARCELA MURCIA. En esta providencia judicial se indicó que:
Una vez establecido que la acción procedente en el presente caso es la de nulidad y restablecimiento del
derecho, la Sala recuerda que el término de caducidad para ejercer la misma es el de cuatro (4) meses a partir
de la notificación del acto acusado (…) Al respecto y como bien se consideró el a quo, no existe documento del
cual se desprenda que a la parte actora se le notificó del acto acusado, pero si hay certeza que tenía
conocimiento de ella, pues aparece en el expediente27 una solicitud de conciliación ante la Procuraduría General
de la Nación, suscrita por la señora Rubiela Murcia Fierro respecto de los efectos de la Resolución 095 del 3 de
junio de 2003, acusada en el plenario, y la cual tiene fecha 14 de junio de 2005 (…) Así mismo en el expediente,
aparece una solicitud de revocatoria directa de la Resolución No. 095 de 2003, suscrita por la señora Rubiela
Murcia Fierro27, la cual tiene fecha 18 de marzo de 2010 (…) Los documentos antes descritos, nos permiten
establecer de forma clara que la demandante tenía conocimiento de la Resolución No. 095 de 2003 desde el
14 de junio de 2005, antes de la presentación de la demanda, la cual tiene fecha 6 de marzo de 201227 (…) En
este aparte, es necesario hacer referencia a la notificación por conducta concluyente, la cual fue analizada por
esta Sala, en pronunciamiento del 19 de abril de 2018 27: (…) “En este contexto, la notificación por conducta
concluyente se configura cuando la persona interesada realiza una manifestación a partir de la cual se puede
concluir que conoce la decisión administrativa, verbigracia, cuando presenta recursos o demandas, otorga
poder, manifiesta en un escrito que conoce el acto o lo menciona en un documento que lleve su firma, etcétera;
en todo caso, para que se constituya este tipo especial de notificación ficta o presunta, es inexorable que el
interesado se dé por suficientemente enterado de la decisión administrativa” (…) De lo anterior, la Sala
encuentra que la señora Rubiela Murcia Fierro conocía del contenido del acto acusado desde el día 1º de junio
de 2005, día en el cual presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, por lo que
los cuatro (4) meses del término de caducidad se deben contar desde el día siguiente al momento en que se
expidió la constancia de agotamiento del requisitos, lo cual se presentó el día 15 de junio de la misma anualidad.
Como quiera que la demanda se presentó el día 6 de marzo de 2012, la misma se hizo pasado seis (6) años y
cinco (5) meses aproximadamente después de vencido el término en comento, razón por la cual se debe
confirmar la providencia apelada.
28 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero
ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinte (2020).
Radicación número: 08001-23-31-703-2001-01818-01. Actor: TORALF LEVANG. Demandado: MUNICIPIO DE
TUBARÁ – ATLÁNTICO. Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
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28. Visto el artículo 61 del Código Contencioso Administrativo, sobre notificación
de las decisiones en las actuaciones administrativas, indica que estas de
notificarán en la forma prevista en los artículos 44 y 45 ibídem.
29. Visto el artículo 267 ibídem, sobre aspectos no regulados, señala que “[…]
En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso
Administrativo […]” (Destacado fuera de texto).
30. Visto el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil, sobre notificación
por conducta concluyente, determina lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 330. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE.
Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia
o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una
audiencia o diligencia, si queda constancia en el acta, se considerará
notificada personalmente de dicha providencia en la fecha de presentación
del escrito o de la audiencia o diligencia.
Cuando una parte retire el expediente de la secretaría en los casos autorizados
por la ley, se entenderá notificada desde el vencimiento del término para su
devolución, de todas las providencias que aparezcan en aquel y que por
cualquier motivo no le hayan sido notificadas.
Cuando el escrito en que se otorgue poder a un abogado se presente en
el juzgado de conocimiento se entenderá surtida la notificación por
conducta concluyente de todas las providencias que se hayan dictado,
inclusive el auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el día
en que se notifique el auto que reconoce personería, a menos que la notificación
se haya surtido con anterioridad.
Cuando se decrete la nulidad por indebida notificación de una providencia, ésta
se entenderá surtida por conducta concluyente al día siguiente de la ejecutoria
del auto que la decretó o de la notificación del auto de obedecimiento a lo
resuelto por el superior […]” (Destacado fuera de texto).
(…)
33. La Sección Primera del Consejo de Estado, el providencia proferida el 15
de febrero de 2018, reiterando su jurisprudencia sobre notificación por conducta
concluyente, manifestó29:
“[…] Respecto del término de caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, el artículo 136 del CCA en la redacción vigente
para la época de la presentación de la demanda que nos ocupa, lo establecía
en cuatro (4) meses, contados a partir del día de la publicación,
notificación o ejecución, los cuales para el caso de los actos fictos serían
contados a partir del día siguiente a aquel en que se hubiese configurado
el silencio negativo. (Destacado y subrayado del texto)
(…)
29 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente con número único
de radicado 47001-23-31-000-1992-03130-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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De esta manera es claro que la Alcaldía Mayor de Santa Marta, omitió notificar
la Resolución 1.099 de 31 de diciembre de 1991 a los señores Roberto Laignelet
Galvis, Ligia Bautista de Laignelet, así como a la sociedad L&B Inversiones
Ltda., razón por la cual la interposición del recurso de reposición por parte de
estas personas, mediante escrito del 12 de febrero de 1992 (folio 35-45,
Cuaderno Principal 1), conllevó que, de conformidad con los artículos 48 del
CCA y 330 del Código de Procedimiento Civil, se entendieran notificados por
conducta concluyente. Esta Sección, en la sentencia de 19 de diciembre de
2005, Magistrado Ponente: Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta, indicó
sobre este fenómeno, lo siguiente:
«[…] En el presente asunto, pese a que el a quo no contabilizó debidamente el
referido término de caducidad, pues lo hizo teniendo en cuenta la fecha del acto
acusado y no la fecha en que el interesado tuvo conocimiento del mismo,
revisada la actuación se observa que la demanda fue promovida luego de
transcurrido el término para el ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho señalado en la norma antes citada (Destacado
fuera de texto).
(…)
La notificación en este caso se produjo por conducta concluyente, en los
términos del artículo 330 del C.P.C., pues la parte actora manifestó de manera
expresa que conoció sobre la existencia y el contenido del oficio demandado.
Sobre el particular, es relevante señalar que esta Sección en sentencia de 13
de junio de 1996, dictada dentro del expediente num. 3690, con ponencia del
Magistrado Ernesto Rafael Ariza Muñoz, precisó que en los procesos
contencioso administrativos es aplicable la previsión del artículo 330 del C.P.C.
relativa a la notificación por conducta concluyente, en consideración a que el
artículo 48 del C.C.A., que regula esa misma materia, presenta un vacío, como
quiera que no contempla la posibilidad de que el interesado, a pesar de no
haberse surtido las formalidades para la notificación personal o por edicto,
pueda tener conocimiento de la existencia y contenido del acto, esté en
desacuerdo con el mismo y no hubiere ejercido en tiempo los recursos
gubernativos procedentes, evento en el que es aplicable la norma del C.C.P.,
en virtud de la remisión del artículo 267 del C.C.A. […]» (destacado fuera de texto)
65. Siguiendo lo expuesto, se advierte que la presentación de la demanda por parte
del actor el 4 de junio de 2010 ─de acuerdo con el sello de radicación impuesto en la
demanda─, se produjo al día siguiente de surtirse la audiencia de conciliación
extrajudicial ante el agente del Ministerio Público y de la fecha en que,
probablemente, se expidió la constancia de agotamiento del requisito de
procedibilidad en tanto que esta tiene fecha de 1 de junio de 201030 ─fecha anterior a
la realización de la precitada audiencia─. Ello significa que la demanda fue instaurada
oportunamente, teniendo en cuenta que no habían transcurrido los 4 meses a los
que alude el artículo 136 numeral 2° del CCA, por ende, la sala considera que no
operó el fenómeno de la caducidad del medio de control instaurado.
30 Fol. 32, C 1.
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II.4. El problema jurídico a resolver
66. La Sala, siguiendo las prescripciones del artículo 32031 y 32832 del Código
General del Proceso, aplicables por remisión del artículo 267 del CCA, considera
que el problema jurídico que se deben resolver en este asunto, de acuerdo con el
recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del Incoder, se
contrae a determinar si resulta procedente la declaratoria de nulidad del Oficio n.°
31082100529 de 11 de abril de 2008, así como del Oficio n.° 31092104457 de 30
de diciembre de 2009, suscritos por la Directora de la Territorial de Bolívar del
Incoder, y acceder, en consecuencia, al restablecimiento del derecho solicitado por
la parte actora, debiéndose resaltar que el Incoder -entidad demandada- estima (i)
no estar legitimado en la causa para fungir como parte demandada, y (ii) no estar
en la obligación de adquirir el predio «El Roble» de propiedad del actor.
II.5. El caso concreto
67. La legitimación en la causa por pasiva del Incoder. El Incoder considera que
no está legitimada en la causa para fungir como parte demandada toda vez que no
tuvo participación alguna en las actuaciones llevadas a cabo por el Incora y,
además, por el hecho de que aquella entidad ─el Incora─ fue objeto de supresión y
liquidación, lo cual produjo, de acuerdo con el artículo 26 del Decreto n.° 1292 de
2003, que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural asumiera los procesos
judiciales, reclamaciones u obligaciones derivadas del proceso de liquidación.
68. Inicialmente se debe advertir que la primera instancia se pronunció en relación
con la legitimación en la causa por pasiva del Incoder, señalando lo siguiente:
«[…] DE LAS EXCEPCIONES (…) Excepción de falta de legitimidad en la causa
por pasiva (…) Propone el INCODER la excepción de falta de legitimidad en la
causa por pasiva, puesto que a su juicio, la entidad que debe responder por las
resultas de este proceso viene a ser el INCORA ya liquidado, o en su defecto el
Ministerio de Agricultura, Sector Administrativo que, según las previsiones del
Decreto 1292 de 2003, que liquidó al INCORA, sería quien asumía las
obligaciones insolutas de dicha entidad; teniendo en cuenta que, la petición del
actor y los hechos que generaron la misma, tuvieron ocurrencia antes de la
31 «ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71»
32 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en
costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia»
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creación del INCODER, teniendo la obligación el INCORA de resolver el
pedimento del actor (…) Pues bien, en consideración de la Sala el medio
exceptivo así propuesto no tiene vocación de prosperar, como quiera que, los
actos cuya nulidad se solicita en este proceso, fueron expedidos directamente
por el INCODER, siendo dicha entidad quien tiene la legitimación por pasiva
para defender la legalidad de esos actos administrativos en sede judicial (…)
En efecto, los hechos que fundamentan la demanda del actor tuvieron
ocurrencia antes de la creación del INCODER en el año 2003, así como también
el derecho de petición de los cuales se deriva el acto acusado fue presentado
en el año 2004 mientras se surtía el proceso de liquidación del INCORA; sin
embargo, no debe perderse de vista que, atendiendo los principios que
gobiernan la liquidación de entidades del orden nacional regulado por el Decreto
254 del 2000 y sus reglamentos, la finalidad de dicho trámite es la de evitar que
durante el mismo, la entidad a liquidar continúe desarrollando su objeto social
(…) En ese sentido, como quiera que el pedimento del actor constituía parte
esencial del objeto social del INCORA, era evidente que aquella en su proceso
de liquidación no tenía competencia para tal finalidad, de tal manera, la petición
del actor debió ser presentada, como en efecto lo fue, ante la entidad que por
mandato legal asumió las obligaciones del INCORA, que para el sub lite vino a
ser, el INCODER […]»
69. En lo atinente al concepto de legitimación en la causa, esta Sala 33 ha precisado
lo siguiente:
«[…] Respecto a la legitimación en la causa, esta corporación ha señalado que
la misma corresponde a la relación procesal que existe entre el demandante y
el demandado:
“[…]Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la
relación procesal existente entre demandante -legitimado en la causa de hecho
por activa- y demandado -legitimado en la causa de hecho por pasiva- y nacida
con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de
la misma a quien asumirá́ la posición de demandado, dicha vertiente de la
legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para
intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de
contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las
partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas,
ora porque dieron lugar a la producción del daño.” 34.
De conformidad con la jurisprudencia supra, la legitimación en la causa por
pasiva es la calidad que tiene una persona natural o jurídica para formular
o contradecir las pretensiones de la demanda y así ejercer sus derechos
a la contradicción y defensa, siempre y cuando sea el sujeto de la relación
jurídica sustancial que se comprueba durante el proceso judicial. […]»
70. Con fundamento en las anteriores premisas, lo primero que advierte la Sala es
que el señor Gustavo Martínez Puello el 29 de octubre de 200435 ─fecha de recibido
29 de noviembre de 2004─, formuló su ofrecimiento de compra al «Señor (…) Dr.
33 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero
ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00372-00. Actor: COMERCIALIZADORA NATURAL LIGHT S.A.
34 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Tercera; Sentencia del 04 de febrero de
2010; C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
35 Folio 50-53, C 1.
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PAOLO BIACHI (…) Director regional (…) INCODER (…) MONTERÍA», lo que
quiere indicar que la petición que dio lugar a los oficios cuestionados fue presentada
a la entidad que funge como demandada, dando lugar a que fuera esta entidad,
precisamente, la que expidiera los actos acusados, asistiéndole el deber de
defender la presunción de legalidad de estos, sin que sea trascendental, para la
cuestión que se desata ─la legitimación en la causa por pasiva─, que el Incora haya
desarrollado actuaciones en relación con el predio «El Roble» de propiedad del
actor.
71. Adicionalmente, se destaca que el Gobierno nacional, a través del Decreto n.°
1292 de 21 de mayo de 2003, ordenó la supresión y liquidación del Incora, lo cual
implicó que, a partir de la vigencia de dicho acto administrativo, la entidad entraría
en proceso de liquidación que concluiría a más tardar en un plazo de tres años,
proceso que se desarrollaría de acuerdo con lo normado en el Decreto Ley n.° 254
de 200036 ─Artículo 1°─.
72. El artículo 26 del citado decreto, al cual alude la demandada, establece que:
«[…] Artículo 26. Procesos judiciales. El Gerente Liquidador deberá continuar
atendiendo dentro del proceso de liquidación los procesos judiciales y demás
reclamaciones en curso o los que llegaren a iniciarse dentro de dicho término,
hasta tanto se efectúe la entrega de inventarios al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Así mismo deberá presentar al Ministerio del Interior y de
Justicia, Dirección de Defensa Judicial de la Nación, un inventario de todos los
procesos judiciales y demás reclamaciones en las cuales sea parte la entidad,
como también, cuando ello sea procedente, deberá archivar los procesos y
reclamaciones con sus respectivos soportes y en los términos señalados por
las disposiciones legales vigentes.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo asumirá, una vez culminada la
liquidación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora en
Liquidación, la totalidad de los procesos judiciales y reclamaciones en que fuere
parte dicha entidad, al igual que las obligaciones derivadas de estos […]»
73. Como se advirtió líneas atrás, la petición para que se formalizara la compra del
predio «El Roble» fue presentada al Incoder y no al Incora, por lo que no puede
darse aplicación a lo previsto en tal artículo, añadiendo que tal petición no podría
tener la categoría de proceso judicial o de reclamación en el que fue parte el Incora,
puesto que la misma correspondía al ejercicio de las funciones previstas para
aquella entidad en la Ley 160, en particular, en el artículo 12 numeral 20, las cuales
no podía desarrollar.
74. Ello en razón a que, para la fecha en que la petición mencionada fue radicada,
se había proferido el Decreto n.° 1292 de 21 de mayo de 2003, al cual se hizo
referencia anteriormente y mediante el cual se ordenó la supresión del Incora,
entidad que entraría en proceso de liquidación ─Artículo 1°─, lo cual conllevaría, de
acuerdo con el artículo 2° del Decreto Ley n.° 254, «f) La prohibición expresa al
36 Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional.
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representante legal de la entidad de realizar cualquier tipo de actividades que
impliquen la celebración de pactos o convenciones colectivas o cualquier otro acto
que no esté dirigido a la liquidación de la entidad. Esta prohibición opera a
partir de la expedición del decreto que ordena la disolución y liquidación de
la entidad».
75. De otra parte, se había expedido igualmente el Decreto n.° 1300 de 21 de mayo
de 2003, mediante el cual se creó el Incoder ─Artículo 1°─, norma que además
estableció que «[T]odas las referencias que hagan las disposiciones legales
vigentes al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, al Instituto
Nacional de Adecuación de Tierras, Inat, al Fondo de Cofinanciación para la
Inversión Rural, DRI y al Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA, deben
entenderse referidas al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder»
─Artículo 24─, por lo que la función señalada en el artículo 12 numeral 20 de la Ley
160, asignada al Incora, debía entenderse referida a la demandada ─el Incoder─.
76. Significa lo anterior que el Incora, una vez expedido el Decreto n.° 1292 de 21
de mayo de 2003, no podía realizar actividades distintas de aquellas destinadas a
permitir la liquidación de la entidad, cuya finalidad esencial es la pronta realización
de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva
entidad. Sumado a ello, luego de expedido el Decreto n.° 1300 de 21 de mayo de
2003, las funciones asignadas al Incora en la Ley 160 se debían entender referidas
al Incoder, por lo que es clara la legitimación en la causa de la demandada para
atender este proceso en esa condición y defender la presunción de legalidad de los
actos acusados.
77. El Incoder no se encontraba en la obligación de adquirir el predio «El
Roble» de propiedad del actor. El apelante planteó que: (i) los antecedentes del
predio ─como lo son los conflictos relativos a su ocupación─ ; (ii) las actuaciones
desplegadas por el actor y el Incora ─como la negativa de compra del inmueble─, así como
(iii) las decisiones judiciales que se han proferido -en particular la proferida por esta Corporación
el 25 de enero de 2001 dentro del trámite de la acción de revisión presentada por el hoy demandante-, no son
razón suficientes para endilgarle responsabilidad al Incoder «[c]on el argumento de
no haberse adquirido un bien es una acto omisivo (sic) y causante de unos daños y
perjuicios».
78. Anotó que, contrario a lo expuesto por la primera instancia, el Incoder no estaba
en la obligación de adquirir el predio «El Roble» de propiedad del actor y alegó que
atender la tesis de la sentencia impugnada implicaría considerar que el Estado es
un benefactor al existir «[l]a obligación frente a todos los asociados de satisfacer
todas sus necesidades, como la [de] adquirir un inmueble, sin importar sus
antecedentes, y el Estado comprometería su responsabilidad por no haberlo hecho,
como sucede en el presente caso».
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79. Consideró desacertada la sentencia apelada pues amplió las funciones
misionales y sociales del Incoder al reiterar que existía una obligación de adquirir
todos los predios privados en los cuales hayan ocupaciones o invasiones al
encontrar, como el del actor, cuya invasión por un grupo de campesinos se remonta
al 12 de febrero de 1973, añadiendo que:
«[…] [E]l hecho de ofertar un predio o hacer referencia a diligencias tendientes
[a] adquirir inmuebles o comunicaciones internas del INCODER, en ningún
momento puede generar para la Entidad Pública una obligación y
correlativamente un derecho a favor de los actores. Simplemente se podría
decir que es una mera expectativa, ligada a las necesidades del Instituto y a los
requisitos a cumplir por los predios rurales para su adquisición, entre otros, que
estén debidamente identificados, libres de gravámenes o limitaciones al dominio
o de ocupaciones. Por tal motivo, no haber aceptado la mencionada oferta no
se está incumpliendo con los deberes de la Institución y se ajusta a las
posibilidades que tienen para comprar o no un bien […]»
80. Para desatar la cuestión debatida se tiene que el Incoder, en el Oficio n.°
31082100529 de 11 de abril de 2008, decidió no tramitar la solicitud de adquisición
del predio «El Roble», argumentando que, con ocasión de la expedición de la Ley
1152, ya no era competente para ello, en atención a que el artículo 71 de aquella
legislación radica en otras entidades la atribución asociada a la adquisición de
predios de propiedad privada y dejó a cargo de esta, siguiendo el artículo 21, el
otorgamiento de subsidios para la compra de tierras, de lo cual había ya
desarrollado una primera convocatoria.
81. Es preciso resaltar que la misma entidad, a través del Oficio n.° 31092104457 de
30 de diciembre de 2009, cambió su argumentación, y adujo que a raíz de la
declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1152, se encontraba en vigor nuevamente
la Ley 160, la cual, en su artículo 12 -numeral 20- estableció que los predios invadidos
u ocupados de hecho o cuya propiedad estuviera perturbada un año antes de la
vigencia de la ley ─Ley 160─ podrían ser adquiridos por el Incora ─luego Incoder─
siempre que fueran aptos para reforma agraria.
82. De esta manera, la entidad demandada le manifestó al hoy actor que, de acuerdo
con el hecho segundo del recurso de reposición -y, en subsidio, de apelación- presentado
en contra del Oficio n.° 31082100529 de 11 de abril de 2008, la invasión del
inmueble de su propiedad no se encontraba en el rango dispuesto en la ley.
83. Sumado a ello, la entidad le indicó al mismo peticionario -hoy actor- que no cumplía
con las condiciones previstas en los artículos 26 y 27 de la Ley 1151 de 2007 para
efectos de acceder a los beneficios previstos en dichas normas, esto es, los
asociados al subsidio integral para la adquisición de tierras y la negociación directa
o expropiación de predios, mejoras rurales y servidumbres de propiedad privada o
que hagan parte del patrimonio de entidades de derecho público en los casos
previstos en el artículo 27 de la citada ley.
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84. El Tribunal Administrativo de Bolívar consideró, en la sentencia impugnada, que
las razones esgrimidas por el Incoder para no tramitar la solicitud de adquisición
del predio de propiedad del actor no se encontraban en consonancia con lo
expuesto en la Ley 160 puesto que el inciso n.° 2 del artículo 12 numeral 20 de esta
norma, sustento normativo de lo decidido en el Oficio n.° 31092104457 de 30 de
diciembre de 2009, había sido declarado inexequible por la Corte Constitucional en
la Sentencia C-673 de 199937, lo que quiere decir que la demandada dio aplicación
37 «3.3. La norma del numeral 20 del art. 12 de la ley 160/94, regula de diversa manera la situación de los
predios rurales que son objeto de invasión u ocupación de hecho. En efecto, en su inciso segundo , que es la
norma acusada, se consagra un trato diferente en relación con los predios invadidos u ocupados de hecho o
cuya propiedad este perturbada un año antes de la vigencia de la ley, porque pueden ser adquiridos por el
INCORA siempre y cuando sean aptos para la reforma agraria y cumplan con lo ordenado en el Capítulo VI de
la misma; en cambio con respecto a los predios que igualmente se encuentran en la misma situación, esto es
invadidos u ocupados de hecho, pero por fuera del mencionado límite temporal, sólo pueden ser adquiridos
conforme a la reglamentación especial que establezca la Junta Directiva del INCORA. Si bien la norma, en sus dos incisos, otorga un mismo reconocimiento a los hechos que configuran la situación
de los predios rurales, porque en ambos casos alude a fundos invadidos, ocupados de hecho o cuya posesión
estuviere perturbada por medio de la violencia, que pueden ser adquiridos por el INCORA, señala tratamientos
jurídicos diferentes para efectos de su adquisición, construidos a partir de la diferencia de tiempo en que se
sucedieron los acontecimientos que dieron lugar a la ocupación del inmueble. Procede la Corte, en consecuencia, a establecer si se justifica o no el distinto trato que en cuanto a la adquisición
por el INCORA se da a los predios invadidos en los dos incisos del numeral 20 del art. 12 de la ley 160/94 y, en
tal virtud, razona de la siguiente manera:
• En el inciso primero de la norma en referencia se regula un procedimiento de adquisición que es general para
los predios invadidos u ocupados de hecho, con antelación al año anterior a la vigencia de la ley o con
posterioridad a ésta, que incluye una reglamentación de la Junta Directiva del INCORA, aun cuando se precisa
un cuadro de situaciones anormales relativas a que dicha ocupación estuviere perturbada por medio de
violencia, o a la circunstancia de que el propietario habiendo obtenido sentencia judicial favorable definitiva no
pudieren ejecutar las medidas de lanzamiento de los invasores u ocupantes, o a la persistencia de las
perturbaciones a la propiedad en cualquier forma.
• En cambio, en los términos del inciso segundo que se acusa, el INCORA está habilitado para adquirir predios
invadidos u ocupados de hecho o cuya propiedad este perturbada, sin que se precisen las anormalidades
descritas, con los únicos requisitos relevantes de que la invasión, ocupación o perturbación de la propiedad
haya ocurrido un año antes de la vigencia de la ley, que sean aptos para la reforma agraria y cumplan, además,
con lo ordenado en el capítulo VI de dicha ley, cuyo contenido se explicó antes.
• La adquisición de predios invadidos en ambos casos obedece a la necesidad de poner fin a un conflicto en la
tenencia de la tierra, entre los propietarios de aquéllos y sus ocupantes, y resolver mediante la adjudicación a
éstos los conflictos sociales que se originan en la carencia de tierras por los campesinos.
• Aun cuando los predios a que alude el inciso segundo acusado deben ser aptos para la reforma agraria, igual
condición debe predicarse de los predios que pueden adquirirse según el inciso primero, pues resultaría un
despropósito que el INCORA pudiera adquirir predios para ser adjudicados a campesinos, que no reunieran
dicha aptitud. Por lo tanto dicha condición no es relevante para establecer el diferente tratamiento.
• La circunstancia de que los predios a que alude la norma acusada deban reunir los requisitos previstos en el
capítulo VI de la ley, es igualmente predicable de los predios a que se refiere el inciso primero del numeral 20
del art. 12.
En efecto, asi lo puede determinar la reglamentación especial que para la adquisición de éstos
establezca la Junta Directiva del INCORA.
• Las razones de hecho que condicionan la situación de los predios para efectos de su adquisición es la misma
en ambos supuestos normativos, esto es, que el goce de la propiedad fundiaria ha sido perturbada por medios
de fuerza tales como invasiones, ocupación de hecho o perturbaciones violentas; sólo que, como antes se
anotó, la época en que ocurrieron éstas es determinante para la regulación del diferente procedimiento de
adquisición.
• Las situaciones anormales que menciona el primer inciso, no son relevantes, porque ellas también pueden
predicarse en relación con los predios invadidos a que alude la norma acusada.
• Lo realmente sustancial y relevante para efecto de la adquisición de dichos predios es que se encuentran
invadidos u ocupados de hecho y que dicha adquisición se requiera para solucionar los problemas sociales
derivados de la tenencia de las tierras y de la necesidad de democratizar la propiedad agraria.
• Los supuestos materiales objeto de las distintas regulaciones contenidas en los dos incisos del numeral 20 del
art. 12 de la ley 160 de 1994, en esencia, no difieren; sin embargo, generan condicionamientos que dificultan
las posibilidades de adquisición y consagran un privilegio para la adquisición de los predios a favor de los
propietarios a que alude la norma acusada que no tiene una justificación objetiva, racional y razonable acorde
con el fin, ya señalado, que se busca con la adquisición de los predios invadidos.
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a una disposición que se encontraba fuera del ordenamiento jurídico desde hace
aproximadamente 10 años.
85. Agregó el Tribunal que se habría configurado la violación del artículo 83 de la
Carta Política puesto que el Incora y, posteriormente, el Incoder, se habían negado
a la adquisición del predio «El Roble» de propiedad del actor, resaltando que el
Incora alcanzó a iniciar gestiones para adquirir el predio y el Incoder, de manera
injustificada: i) se abstuvo de contestar el ofrecimiento de compra del citado
inmueble sin orden judicial; ii) contestó admitiendo el inicio del trámite pero solicitó
un certificado de libertad y tradición del inmueble, y iii) fundamentó su decisión en
una norma retirada del ordenamiento jurídico, todas ellas actuaciones que, en
consideración de la primera instancia, son claras muestras de la violación del
principio de la buena fe.
86. Esta Sala observa, inicialmente, que la parte demandante no controvirtió uno de
los argumentos que fueron expuestos por el Tribunal Administrativo de Bolívar para
anular los actos administrativos acusados, consistente en que se aplicó a la
controversia una disposición de la Ley 160 ─el artículo 12 numeral 20 inciso 2°38─ que fue
retirada del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional en la Sentencia C-673
de 1999. Tal precepto señalaba que los predios invadidos u ocupados de hecho o
cuya propiedad estuviera perturbada un año antes de la vigencia de la ley, podrían
ser adquiridos por el Incora siempre y cuando fueran aptos para reforma agraria y
cumplieran con lo ordenado en el capítulo VI de la mencionada ley.
87. La Sala no estima acertados los planteamientos esbozados por la primera
instancia en cuanto consideró acreditada la violación del artículo 83 de la Carta
Política por parte del Incoder. Para efectos de sustentar la anterior consideración,
sea lo primero señalar que en el expediente se encuentra copia de la sentencia de
25 de enero de 2001, proferida por la Sección Tercera de esta Corporación en el
expediente n.° 9.67239, cuyo demandante fue el señor Gustavo Martínez Puello y
la entidad demandada el Incora, mediante la cual se desató la demanda que aquel
presentó en ejercicio de la acción de revisión prevista en la Ley 135 de 1961.
En síntesis, la permanencia de la distinción no beneficia el proceso de reforma agraria y consagra, en cambio,
una injusticia que se traduce en el tratamiento desigual de una situación esencialmente igual, sin que se
evidencie una justificación racional de ese tratamiento; por lo tanto, se da un trato diferente, sin razón suficiente,
a unos propietarios con respecto a otros e igualmente aunque indirectamente a los campesinos que ocupan
predios en las dos situaciones analizadas en cuanto a la legitimación de la propiedad.
4. En conclusión, considera la Sala que la norma acusada contenida en el inciso segundo del numeral 20 del
art. 12 de la ley 160/94, viola el principio de igualdad. En tal virtud, será declarada inexequible.
VIII. DECISIÓN.
(…)
RESUELVE:
(…)
Declarar INEXEQUIBLE el inciso segundo del numeral 20 del artículo 12 de la Ley 160 de 1994»
38 «20. (…) <Inciso 2o.> Los predios invadidos u ocupados de hecho o cuya propiedad este perturbada un año
antes de la vigencia de la presente Ley, podrán ser adquiridos por el INCORA siempre y cuando sean aptos
para reforma agraria y cumplan con lo ordenado en el Capítulo VI de la presente Ley».
39 Folio 74-132, C 1.
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88. En esta acción se solicitó la declaratoria de nulidad de las Resoluciones n.° 100
de 16 de enero de 1990, 9 de 16 de enero de 1990, 280 de 9 de febrero de 1993 y
40 de 9 de febrero de 1993, mediante las cuales se declaró extinguido a favor de la
Nación el derecho de dominio privado sobre el predio «El Roble» y, como
consecuencia de tal declaración, se ordenaba a la Oficina de Instrumentos Públicos
de Carmen de Bolívar la cancelación de la inscripción realizada en el folio de
matrícula inmobiliaria respectivo relacionada con el trámite de extinción del dominio
adelantado por el Incora y, además, a título de reparación del daño causado, se
disponía el pago del valor comercial del inmueble citado.
89. Ladecisión judicial, en los acápites de interés para la resolución de la
controversia que nos ocupa, es del siguiente tenor:
«[…] C. Revisión por el Consejo de Estado del procedimiento administrativo de
extinción del derecho de dominio, adelantado por el INCORA (…) La Sala
procederá a analizar en forma paralela las exigencias objetivas, contenidas en
la normatividad antecitada, y la actuación particular del INCORA, en cada una
de sus etapas: (…) 1. Etapa previa (…) Caso concreto. La actuación
administrativa así se observó (…) 1.1. El día 29 de noviembre de 1971, el señor
Martínez presentó, ante el INCORA, información relativa a la descripción del
predio, referente a los siguientes datos: (…) 1.2. En el año 1973 un grupo de
campesinos, según su propia afirmación, mediante comunicación, en primer
término, solicitaron al INCORA adquirir o expropiar aquel predio a la mayor
brevedad posible, para que se les defina su situación y, en segundo término, le
dieron a conocer los siguientes hechos: (…) Son 50 familias que reconocen la
propiedad del señor Gustavo Martínez Puello (…) La ocupación data de 12 años
atrás (…) La extensión del predio es de 240 ha y linderos (…) Los cultivos
realizados por ellos son de árboles frutales (Documento privado: comunicación
de 6 de mayo de 1985, fls. 8 y 9 c. anexo 2) (…) 1.3. El día 13 de febrero de
1973, el señor Gustavo Martínez Puello denunció penalmente a Gabriel Barrios
Castellar y a otras personas, por el delito de invasión, en hechos ocurridos en
la finca “El Roble” (Certificación del Juzgado Promiscuo Municipal de San Juan
Nepomuceno, fol. 25 del c. anexo 2) (…) Doce años después (…) 1.4. El día 27
de noviembre de 1985 el INCORA practicó, en el referido inmueble, diligencia
de visita en asocio de los campesinos ocupantes. En el acta de visita se dejaron
las siguientes anotaciones: (…) 1.5. El día 6 de febrero de 1986, el INCORA
practicó nueva diligencia de visita y examen al predio se encuentra en el mismo
estado de la visita anterior, en algunos puntos, y en otros se dejaron las
siguientes nuevas informaciones: (…) 1.6. En la misma fecha, día 6 de febrero
de 1986, el INCORA, por medio del Ingeniero Agrónomo de la Zona Carmen de
Bolívar, rindió concepto técnico para la adquisición del predio, el cual se
compone de varios (…) 1.7. Posteriormente, el día 24 del mismo mes de marzo
de 1987, el INCORA, por medio de la Abogada de Adquisición proyecto Bolívar,
realizó el estudio de títulos en el cual se concluyó, en primer término, que tanto
la tradición, como modo, y el título son eficientes y, en segundo término, que el
término de compra si es procedente (Documento público, Informe, fol. 49 del c.
anexo 2) (…) 5°. Con actuaciones administrativas desplegadas por algunos
funcionarios del INCORA tendientes a hacerles creer al propietario del predio y
los campesinos asentados en él, de una parte, que estaba bien permitirles el
asentamiento y la explotación y, de otra, que esa ayuda social podía hacerla el
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propietario mientras el INCORA diligenciaba su oferta de compra (40) sobre el
predio (…) En esos puntos coinciden las manifestaciones del actor y de los
terceros asentados en su predio (Ver numeral 3.1 capítulo 3 del capítulo de
consideraciones de esta sentencia, y la prueba de inspección practicada en este
juicio de revisión). (…) Para la Sala es legalmente claro que el INCORA no tiene
la obligación de adquirir todos los predios sobre los cuales existe oferta de venta
o en los cuales existen asentamiento de invasores (…) Sin embargo, no es
plausible que el INCORA haya, en este caso, de una parte, desarrollado actos
positivos con los cuales le daba a entender al propietario del predio y a las
personas asentadas en el mismo, que en la explotación económica del predio
por parte de estos últimos aquel no estaba en ningún riesgo y, de otra parte,
con posterioridad esos mismos hechos le sirvieran de causa para desconocer
tales situaciones y concluir inexplotación económica del predio por parte de su
propietario, quien ayudó socialmente a esas personas necesitadas (…) Nada
distinto puede concluirse después de observar que mientras los informes
técnicos y el estudio de títulos, hechos por el INCORA, manifiestan la
procedencia de la compra y la aptitud del terreno para tal efecto, casi
coetáneamente, el INCORA expidió la resolución que ordenaba el inicio del
trámite de extinción de dominio (Ver numerales 1.6 y 1.7 del capítulo 3 de
consideraciones de este fallo) (…) Lo anterior constituye una vulneración al
principio de la confianza legítima que soporta las relaciones entre el
administrado y la Administración en aplicación del principio constitucional de la
buena fe, pues al depositar una razonable confianza en el proceder estatal,
representado verbalmente en charlas y por escritos en concepto o informes del
INCORA no puede generar consecuencias jurídicas desfavorables para el
administrado (…) En el caso concreto, tanto el señor Martínez como los terceros
campesinos asentados en su predio, con su consentimiento, tenían una
confianza legítima en el INCORA para la adquisición del inmueble “El Roble”
cimentada en la legitimidad de las actuaciones iniciales que observaron en
dicho Instituto; esas conductas fueron proseguidas por éste y se expresaron en:
(…) continuas visitas e informes, con destino al propietario de ese bien
(alindación de zonas y estudio de títulos) (…) reiteradas charlas e informes para
los terceros asentados en el predio, no basadas en meras suposiciones o
hipótesis, como el INCORA pretende ahora darlo a entender (…) En
consecuencia que fuera de lo dicho sobre la contraprueba de la decisión de
declaración extinción de dominio, ésta además inequitativa pues castigó la
confianza legítima en las autoridades, por parte del propietario y de los terceros
referidos, pues les trasladó a estos dos sujetos, negativamente, las
consecuencias de creer en la buena fe de la Autoridad y en el fondo, en primer
término, hizo nugatorio para el propietario el derecho de acción contra las
personas que se habían inicialmente asentado con violencia sobre su propiedad
inmueble, para tolerarlos y dejarlos en comodato y, en segundo término, a los
terceros asentados para obtener la tierra en el futuro (…) Por las razones
expuestas, la Sala procederá a: anular el trámite de extinción de dominio
llevado a cabo por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) sobre
el predio “El Roble” de propiedad del señor Gustavo Martínez Puello y a ordenar
al Registrador la inscripción de este fallo, para los efectos pertinentes […]»
90. Igualmente se encuentra en el expediente copia del acta de conciliación de 26
de noviembre de 200241, dentro del trámite de conciliación seguido por el actor
─Gustavo Martínez Cuello─ y cuya entidad convocada fue el Incora, ante la
40 Está probado que el día 20 de marzo de 1987 el señor Martínez Puello, por intermedio de apoderado, ofreció
en venta al INCORA el predio “El Roble” (Documento privado: Formato de oferta de venta, fols. 34 y 35 del c.
anexo 2).
41 Folio 169-170, C 1.
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Procuraduría 22 Judicial II ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, en la cual se
indica lo siguiente:
«[…] [A]cto seguido, el Sr. Procurador, le concede el uso de la palabra a la Dra.
MAGALI BARRIOS ACHONG, quien una vez otorgado manifiesta lo siguiente:
“A nombre de mi representado, me ratifico en los hechos, conceptos y
pretensiones plasmadas en el acta anterior de fecha Octubre once (11) del
presente año suscrita en este Despacho, la cual hará parte integral de esta
diligencia conciliatoria, en la [que] solicitamos al INCORA, el reconocimiento de
la obligación y el pago de las suma de QUINIENTOS NOVENTA Y UN
MILLONES M/CTE ($591´000.000,00) a título de daño emergente por valor del
predio rural denominado EL ROBLE de propiedad de mi mandante, ubicado [en]
el municipio de San Juan Nepomuceno y a título de Lucro Cesante por valor de
los frutos naturales y civiles dejados de percibir por la no explotación del mismo
predio en el período comprendido entre el 12 de Febrero 1973, y
subsidiariamente solicitamos del INCORA, se adelantara los trámites o
procedimientos pertinentes para adquirir por negociación directa el predio rural
arriba indicado y se cancelara a mi mandante el valor del mismo de conformidad
con el avalúo catastral que para tal fin se practicará” .- Seguidamente interviene
el [señor] JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ VERDUGO quien señala lo
siguiente: “A nombre de mi representada nos ratificamos en la fórmula
conciliatoria planteada en el acta anterior, en propuesta de que el Instituto
(INCORA) inicie el procedimiento de negociación voluntaria para la adquisición
del predio el Roble ubicado en San Juan Nepomuceno, por parte de los
campesinos tenedores del mismo, subsidiando el INCORA el 70% del precio. A
los campesinos tenedores y aspirantes al subsidio para la compra de ese predio
le corresponde el 30% del precio restante. Por cuanto no es procedente la
negociación del predio por el procedimiento de adquisición directa previsto en
el capítulo 6° de la Ley 160 de 1994, teniendo en cuenta que del texto de la
sentencia del 25 de Enero de 2001, proferida por la sección tercera del Consejo
de Estado, por la cual se declaró la nulidad de la actuación del procedimiento
de extinción del dominio que afectó el predio, se desprende que los campesinos
que se encontraban en ese momento en el mismo, no son invasores ni
ocupantes de hecho sino tenedores, por lo tanto no es aplicable esta (sic) el
acuerdo No. 04 de 14 de Agosto de 1996, expedido por la Junta directiva del
INCORA sino el procedimiento de negociación voluntaria, contemplado en el
capítulo 5° de la Ley 160 de 1994”. La representante del peticionario interviene
para señalar: “Acepto el ofrecimiento que se me hace de la forma como ha sido
expuesta, contando con que se ha hecho todo lo referente al avalúo peritación
del predio materia de la negociación y solicitándole que el trámite para efectos
del pago que corresponde al INCORA se agilice dentro del menor tiempo
posible” .- El representante del INCORA interviene para manifestar que: “En
relación a su última petición manifestamos que el procedimiento de negociación
voluntaria para la adquisición del predio deberá sujetarse a los pasos previstos
en la ley” .- El Sr. Procurador, una vez escuchado los argumentos de las partes,
da por terminada la diligencia y dando fe del acuerdo logrado entre las mismas,
ordena se levante la presente acta, la cual una vez leída, aprobada y firmada
por quienes en ella han intervenido será remitida al Tribunal Administrativo de
Bolívar para lo de su cargo […]»
91. El acuerdo conciliatorio logrado entre el demandante y el Incora no fue aprobado
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Corporación que mediante decisión de 3
de febrero de 2004, proceso n.° 003-2002-0508-0042, manifestó lo siguiente:
42 Folio 69-73, C 1.
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«[…] [P]ara la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado es
preciso que se demuestre que existen tres elementos. Estos son: el daño, la
falla en el servicio y el nexo causal. El daño en este caso estaría conformado
por el daño emergente y el lucro cesante sufridos por el peticionario como
consecuencia de la invasión de sus terrenos por parte de particulares. Esta
ocupación le ha impedido la explotación de su propiedad (…) La Sala considera
que no se ha producido la falla en el servicio, que podría consistir en la omisión
del Incora en dar aplicación a las disposiciones que invoca como fundamento
de derecho, circunstancia que, se reitera, no se prueba en el plenario (…) Así
mismo, el nexo causal podría estar configurado por la relación por la relación
directa entre la no adquisición de los terrenos por parte de la entidad y el efecto
que esta conducta tuvo en el resultado patrimonialmente adverso al peticionario
(…) Para la Sala, el peticionario ha debido inicialmente adelantar la actuación
necesaria para que el Incora adquiriera los terrenos, previo agotamiento de la
vía gubernativa, solicitando a la entidad el cumplimiento de las normas que
invoca en los fundamentos de derecho (…) La decisión de adquirir un predio
dentro de un proceso de reforma agraria es una típica manifestación de voluntad
del Estado, es un acto administrativo. De conformidad con lo dispuesto en la
parte general del Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos
puede ser el resultado de un derecho de petición de interés particular. En el
presente caso el peticionario manifiesta que adelantó diversos contactos con el
Incora encaminados a la adquisición de su propiedad, de lo cual no hay certeza
probatoria (…) El acto administrativo de extinción de dominio fue anulado por el
Consejo de Estado, dejando la oportunidad para iniciar un nuevo trámite
encaminado a obtener la compra del predio por parte del Incora (…) En esta
caso concreto, la Sala considera que no se dan los presupuestos necesarios
para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado que permita
la prosperidad de las pretensiones del solicitante. El señor MARTÍNEZ PUELLO
ha debido solicitar a través de un derecho de petición la compra del predio y en
el evento de que la respuesta le hubiera sido negativa, agotar la vía gubernativa
(…) La existencia de intervenciones de carácter particular tendientes a obtener
un pronunciamiento de la administración de interés patrimonial, necesariamente
deben conducir a la expedición de un acto administrativo expreso o ficto. Si el
pronunciamiento de la administración no se ajusta a la Ley, la vía para la
controversia de esta decisión es la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho (…) En este proceso la entidad se compromete a adquirir el predio
previo avalúo, pero toma esa decisión dentro de un proceso prejudicial cuyos
efectos son equivalentes al de una sentencia (…) La conclusión de todo lo
anterior es que el ejercicio de la acción de reparación directa en este caso
concreto es improcedente. No se ha probado la existencia de los elementos que
configuran la responsabilidad patrimonial del Estado. El fundamento de la
responsabilidad de conformidad con lo manifestado por el actor es la
inaplicación de la ley, incumplimiento que no es propio de la acción de
reparación directa, sino de los procesos declarativos de nulidad (…) En
consecuencia, al no probarse la existencia de los elementos que configuran la
responsabilidad, no es procedente impartir aprobación al acuerdo consignado
en las actas de 11 de octubre y 26 de noviembre de 2002 […]»
92. Si bien la Sección Tercera de esta Corporación encontró violado el principio de
confianza legítima, tal trasgresión se dio dentro del contexto de la situación de hecho
juzgada en ese proceso, esto es, la consistente en que el señor Gustavo Martínez
Cuello y los campesinos asentados en su predio confiaron, de acuerdo con las
actuaciones realizadas por el Incora, que tal inmueble sería adquirido por la entidad,
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pese a lo cual, posteriormente, la autoridad administrativa declaró la extinción del
dominio.
93. Sin embargo, fue producto de la sentencia de 25 de enero de 2001, del acuerdo
de conciliación al que se llegó luego de aquella providencia y de la decisión de 3 de
febrero de 2004 -que improbó tal acuerdo-, que se presentó la oferta de adquisición del
predio de propiedad del señor Gustavo Martínez Cuello conforme a la Ley 160,
que no prevé, como lo indica la parte demandada, una obligación de compra de los
inmuebles.
94. Por el contrario, lo que establece es que el Incora ─luego Incoder─ autorizaría, en
eventos especiales que reglamentaría la junta directiva de la institución, la iniciación
de los procedimientos de adquisición de predios rurales invadidos, ocupados de
hecho o cuya posesión estuviere perturbada por medio de violencia o cuando
habiendo obtenido el propietario sentencia judicial favorable y definitiva no pudieren
ejecutarse las medidas de lanzamiento o desalojo de los invasores u ocupantes, o
si persistieren las perturbaciones a la propiedad en cualquier forma ─Artículo 12
numeral 20°, Ley 16043─, en consonancia con los artículos 31 y 32 de la citada Ley 160,
que integran el capítulo denominado «[A]DQUISICIÓN DE TIERRAS POR EL
INCORA».
95. La Corte Constitucional, en relación con el alcance de esta norma y a propósito
de la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso 2° del artículo 12 numeral 20°
de la Ley 160 a través de la Sentencia C-673 de 1999, destacó lo siguiente:
«[…] [E]n el inciso primero de la norma en referencia se regula un procedimiento
de adquisición que es general para los predios invadidos u ocupados de hecho,
con antelación al año anterior a la vigencia de la ley o con posterioridad a ésta,
que incluye una reglamentación de la Junta Directiva del INCORA, aun cuando
se precisa un cuadro de situaciones anormales relativas a que dicha ocupación
estuviere perturbada por medio de violencia, o a la circunstancia de que el
propietario habiendo obtenido sentencia judicial favorable definitiva no pudieren
ejecutar las medidas de lanzamiento de los invasores u ocupantes, o a la
persistencia de las perturbaciones a la propiedad en cualquier forma […]»
96. Ahora bien, no puede entenderse que la negativa a contestar las peticiones de
14 de mayo44 y de 30 de noviembre de 200745 constituyan el quebrantamiento de
43 «20. Autorizar, en casos especiales que reglamentará la Junta Directiva, la iniciación de los procedimientos
de adquisición de predios rurales invadidos, ocupados de hecho o cuya posesión estuviere perturbada por
medio de violencia o cuando habiendo obtenido el propietario sentencia judicial favorable y definitiva no pudieren
ejecutarse las medidas de lanzamiento o desalojo de los invasores u ocupantes, o si persistieren las
perturbaciones a la propiedad en cualquier forma».
44 Folio 48-49, C 1. Tal petición señala: «2. Después de un sin número de trámites para obtener la compra de
dicho bien por esta entidad, la última actuación fue la una oferta (sic) de compra que se hizo el día 29 de
Noviembre del año 2004, realizada por el abogado pertinente (…) 3. Hasta la fecha de hoy no tenemos
conocimiento de un mínimo trámite que se haya realizado con la Oferta de compra anteriormente presentada
(…) PETICIONES (…) 1. Requiero en la mayor BREVEDAD POSIBLE, información sobre que ha sucedido con
dicha negociación y el motivo por el cual no se le [ha] dado el trámite respectivo (…)».
45 Folio 47, C 1. Tal petición señala: «[E]n atención a su oficio de la referencia, en el cual nos comunica la
imposibilidad de adelantar cualquier trámite interno dirigido a la compraventa del inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria No 062-0006.976, por cuanto el certificado de libertad y tradición del mismo registra una
falsa tradición, nos permitimos comunicarle los siguiente: (…) Sea lo primero, señalar que la situación que Usted
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este principio -como así lo indica la primera instancia-, toda vez que, a pesar de haber sido la
entidad pública apremiada judicialmente para dar respuesta a las mismas mediante
las decisiones de 5 de octubre de 2007 -proferida por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de
Cartagena- y de 26 de marzo de 2008 -proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena ─Sala Civil Familia─, lo cierto que el Incoder, finalmente, profirió las decisiones
administrativas que están siendo objeto de cuestionamiento y en las cuales llegó a
la conclusión consistente en la inviabilidad de tramitar la oferta de adquisición del
predio de propiedad del actor.
97. La autoridad administrativa, por ello, no desplegó actuaciones que permitieran al
demandante considerar que el trámite administrativo culminaría con la aceptación
de la oferta de adquisición presentada por el señor Gustavo Martínez Cuello46.
II.6. La conclusión
98. La Sala, de conformidad con lo expuesto, no advierte desconocimiento del
artículo 83 de la Carta Política por parte de la autoridad administrativa, pues no se
encontró acreditada la violación del principio de confianza legítima, y considera, por
el contrario, vulnerado el artículo 12 numeral 20 de la Ley 160, como lo advirtió la
sentencia apelada, puesto que el Oficio n.° 31092104457 de 30 de diciembre de
2009 se sustentó en una disposición de dicho artículo ─el inciso 2°─ que había
desaparecido del ordenamiento jurídico al haber sido declarada inexequible por la
pone de presente en el oficio que se contesta, no hubiera generado traumatismo dentro del proceso de
adquisición del inmueble que nos ocupa, si esa institución, hubiese atendido oportunamente las solicitudes
formuladas, en el sentido de informarnos el estado de la actuación administrativa (…) No obstante, habida
cuenta que mediante comunicación, Usted ha puesto de presente la observación a la cual se ha hecho alusión
en este escrito, nos permitimos anexar certificado de libertad y tradición actualizado del inmueble que nos ocupa,
en el cual podrá apreciar claramente, que se ha superado cualquier circunstancia que impidiera llevar a cabo la
negociación del predio en comento (…) Así las cosas, comedidamente le solicito impulsar la actuación
administrativa correspondiente para la adquisición de la Finca El Roble e igualmente informar a la suscrita, en
su calidad de apoderada general del propietario y directo interesado, del avance de la misma (…) Anexo
certificado de libertad y tradición actualizado del inmueble (…) y poder general».
46 Frente al principio de confianza legítima, esta Sección, en sentencia de 20 de febrero de 2020, expediente
n.° 25000-23-24-000-2011-00529-01, Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López, indicó: «La Corte
Constitucional, al referirse al contenido y alcance del principio de confianza legítima, precisó lo siguiente: “Este
principio […] pretende proteger al administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos
efectuados por las autoridades. Se trata entonces de situaciones en las cuales el administrado no tiene
realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica es modificable por las autoridades. Sin embargo, si
la persona tiene razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la misma
altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la confianza legítima la protege. En tales casos,
en función de la buena fe, el Estado debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse
a la nueva situación. Eso sucede, por ejemplo, cuando una autoridad decide súbitamente prohibir una actividad
que antes se encontraba permitida, por cuanto en ese evento, es deber del Estado permitir que el afectado
pueda enfrentar ese cambio de política. Como vemos, la "confianza legítima" no constituye un límite a la
posibilidad de que el Legislador derogue una normatividad anterior, pues la persona no goza de un derecho
adquirido sino de una situación revocable, esto es, de una mera expectativa. Es cierto que se trata de una suerte
de expectativa que goza de una cierta protección, por cuanto existían razones que justificaban la confianza del
administrado en que la regulación que lo amparaba se seguiría manteniendo. Sin embargo, es claro que la
protección de esa confianza legítima, y a diferencia de la garantía de los derechos adquiridos, no impide que el
Legislador, por razones de interés general, modifique las regulaciones sobre un determinado asunto […]” 46 (cita
la sentencia C-478 de 1998) (…) De acuerdo con lo anterior, la identificación de situaciones de confianza
legítima susceptibles de protección jurídica suponen la concurrencia de los siguientes presupuestos
fundamentales: que se trate de una expectativa legítima, fundada en hechos o circunstancias objetivas
atribuibles a la actuación del Estado, y que, de manera súbita e inesperada, las autoridades modifiquen la
situación jurídica del administrado, omitiendo la implementación de medidas encaminadas a que el administrado
se pueda adaptar a la nueva situación».
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Corte Constitucional en la sentencia C-673 de 1999, argumento que no fue objeto
de cuestionamiento por parte del apelante.
99. De esta manera, y siguiendo lo anterior, confirmará la sentencia de primera
instancia, destacando que, en virtud de los artículos 320 y 328 del Código General
del Proceso, carece de competencia para emitir pronunciamiento alguno frente al
restablecimiento del derecho pues ninguna inconformidad sobre este aspecto fue
formulada en el recurso de apelación y, por ende, se estará a lo decidido en la
sentencia impugnada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia n.° 105 / 2014 de 8 de mayo de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Subsección de Descongestión,
Sala de Decisión n.° 005, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia judicial.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VÁLDES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
[P4]
Sigue leyendo
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