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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2010-00441-01

Fecha
13 de julio de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2010-00441-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Revócase la sentencia proferida por la Subsección Especial de Descongestión del Tribunal Administrativo de Bolívar el 28 de julio de 2014 y, en su lugar, dispónese lo siguiente: PRIMERO: Declárase patrimonial y extracontractualmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los daños antijurídicos causados por la privación injusta de la libertad del señor Wílmar Paz Preciado. SEGUNDO: Como consecuencia condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de indemnización por perjuicios morales lo siguiente: 27 Expediente 13001-23-31-000-2010-00441-01 (52.393) Actor: Wílmar Paz Preciado y otros Reparación directa Apelación sentencia a) A favor del señor Wílmar Paz Preciado, la suma de seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia esta providencia. b) A favor de cada uno de los actores Yéssica Anaya Galván, Wílmar Jesús Paz Anaya, Wílman Paz González y Anauri Mileny Preciado Cuero la suma de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia. TERCERO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda. CUARTO: Ordenáse a la Fiscalía General de la Nación que emita un comunicado en el cual ofrezca disculpas al señor Wílmar Paz Preciado por la afectación de su derecho al buen nombre, en los términos expuestos en esta decisión. QUINTO: La entidad condenada deberá dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 del CCA y deberán reconocer intereses sobre los valores debidos, si a ello hubiere lugar en la forma prevista en el artículo 177 ídem y la sentencia C-188 de 1999. SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia y con observancia de lo dispuesto en el artículo 115 del CPC, expídase copia de la sentencia a las partes. 2o) Sin condena en costas en esta instancia. 3º) En firme este fallo por Secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-31-000-2010-00441-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

13 de julio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 13001-23-31-000-2010-00441-01 (52.393)
Actor: WÍLMAR PAZ PRECIADO Y OTROS
Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - PRIVACIÓN DE LA
LIBERTAD – EXTRADICIÓN (LEY 906 DE 2004)

Síntesis del caso: el señor Wílmar Paz Preciado fue capturado por la Fiscalía General de
la Nación con fines de extradición de acuerdo con la solicitud que a través de una nota
diplomática hizo la Embajada de los Estados Unidos al Ministerio de Relaciones Exteriores,
luego de que la Corte del Distrito Sur de la Florida lo requiriera para judicializarlo como
responsable del delito de narcotráfico. El ente investigador revocó su captura luego de que
el Gobierno de los Estados Unidos mediante otra nota diplomática dirigida a la enunciada
cartera ministerial retiró la solicitud de extradición y ordenó al INPEC que le concediera la
libertad inmediata.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls. 263
a 269 cdno. apelación) en contra de la sentencia del 28 de julio de 2014 proferida
por la Subsección Especial de Descongestión del Tribunal Administrativo de Bolívar
(fls. 242 a 269 cdno. apelación) mediante la cual se dispuso lo siguiente:

“FALLA

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva de la NACIÓN – CONGRESO DE LA REPÚBLICA –
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia.

CUARTO: Una vez en firme esta providencia, procédase al archivo del
expediente, dejando las anotaciones y constancias de rigor” fl. 261 cdno.
apelación - mayúsculas y negrillas del original).

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Expediente 13001-23-31-000-2010-00441-01 (52.393)
Actor: Wílmar Paz Preciado y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 6 de agosto de 2010 (fl. 53 cdno. ppal.) en la Oficina
Judicial de Cartagena, los señores Yéssica Anaya Galván, Wilman Paz González,
Anauri Mileny Preciado Cuero, Wilman David Paz Preciado, Sandra Lucía Paz
Preciado, Maira Marcela Paz Preciado, Aurelia Cuero de Preciado, Oleysa Eduviges
Hernández Cuero y Wílmar Paz Preciado, este último actuando en nombre propio
y en representación del menor Wílmar Jesús Paz Anaya, por intermedio de
apoderado judicial presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación
directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo en
contra de la Fiscalía General de la Nación y el Congreso de la República (fls. 1 a 14
cdno. ppal.) con las siguientes súplicas:

“Solicito que la sentencia que ponga fin a este proceso y haga tránsito a
cosa juzgada, contenga las siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERA: PERJUICIOS MATERIALES

DAÑO EMERGENTE

La suma de (…) ($5.000.000) en gastos que tuvo que sufragar el señor
WÍLMAR PAZ durante el tiempo en que estuvo subjudice y el que tuvieron
que sufragar sus padres para trasladarse hasta la cárcel de Combita
Boyacá.

LUCRO CESANTE

En consideración a que el señor WÍLMAR PAZ PRECIADO devengaba
mensualmente la suma de $600.000 como salarios, los cuales dejó de
devengar durante todo el tiempo que estuvo subjudice y detenido en la
cárcel de Combita, que fue desde mayo 16 de 2006 hasta el día nueve (9)
del mes de mayo del año 2008, por lo tanto el señor WÍLMAR PAZ
PRECIADO dejó de devengar en este tiempo la suma de $16.800.000,
valores en los que se comprenden los salarios, primas, vacaciones,
cesantías e intereses sobre las cesantías.

PERJUICIOS MORALES

a. Para el señor WÍLMAR PAZ PRECIADO, directo afectado, el
equivalente a cien salarios mínimos mensuales legales vigentes.

b. Para la señora YÉSSICA ANAYA GALVÁN, en su calidad de
compañera permanente del afectado (…), la suma de cien salarios
mínimos mensuales legales vigentes.

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Expediente 13001-23-31-000-2010-00441-01 (52.393)
Actor: Wílmar Paz Preciado y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

c. Para el menor WÍLMAR JESÚS PAZ ANAYA, en su calidad de hijo del
afectado la suma de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes.

d. Para el señor WILMAN PAZ GONZÁLEZ, en su calidad de padre del
afectado la suma de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes.

e. Para la señora ANAURY PRECIADO CUERO, en su calidad de madre
del afectado la suma de cien salarios mínimos mensuales legales
vigentes.

f. Para WILMAN DAVID PAZ PRECIADO, en su calidad de hermano del
afectado la suma de cincuenta salarios mínimos mensuales legales
vigentes.

g. Para la señora SANDRA LUCÍA PAZ PRECIADO, en su calidad de
hermana del afectado la suma de cincuenta salarios mínimos mensuales
legales vigentes.

h. Para la señora MAIRA MARCELA PAZ PRECIADO, en su calidad de
hermana del afectado la suma de cincuenta salarios mínimos mensuales
legales vigentes.

i. Para la señora AURELIA CUERO DE PRECIADO, en su calidad de
abuela del afectado la suma de cien salarios mínimos mensuales legales
vigentes.

i. Para la señora OLEYSA EDUVIGES HERNÁNDEZ CUERO, en su
calidad de abuela del afectado la suma de cien salarios mínimos
mensuales legales vigentes.

PERJUICIOS A LA VIDA DE RELACIÓN

La orden captura con fines de extradición impuesta al señor WÍLMAR PAZ
PRECIADO causó daños y perjuicios a su vida en relación, igual que a su
familia, debido a que dicho hecho afectó su vida, pues tuvo que estar
separado de su familia, fue tachado por todos como delincuente, incluso
hasta por la prensa, además, debido a esto el señor WÍLMAR PAZ
PRECIADO, no pudo presenciar el nacimiento de su único hijo y hasta la
fecha y por siempre tendrá una sicosis de persecución, amen que estuvo
detenido en la cárcel de alta seguridad de Combita Boyacá con fines de
extradición hacía los Estados Unidos de América, y por ello considero que
a manera de compensar en algo a los demandantes se les debe conceder
a cada uno de ellos el equivalente a 100 SMLV” (fls. 3 a 4 cdno. ppal. -
mayúsculas y negrillas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso en el
escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

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Actor: Wílmar Paz Preciado y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

1) En el año 2004, la Fiscalía Tercera Especializada Seccional de Cartagena vinculó
al señor Wílmar Paz Preciado a una investigación penal por el delito de tráfico de
estupefacientes agravado la que precluyó en su favor el día 23 de septiembre del
mismo año.

2) La Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica mediante nota diplomática
número 1005 del 2 de mayo de 2006, solicitó a las autoridades colombianas la
detención provisional con fines de extradición del señor Wílmar Paz Preciado, quien
era requerido por la Corte Distrital del Sur del Estado de La Florida por el delito de
narcotráfico.

3) El 15 de mayo de 2006, la Fiscalía General de la Nación ordenó la detención con
fines de extradición del señor Wílmar Paz Preciado por el delito de narcotráfico y
luego de seguimientos y allanamientos el ente investigador materializó la captura el
día 4 de abril de 2008. La aprehensión del sindicado tuvo despliegue publicitario en
los periódicos locales de la ciudad de Cartagena.

4) El señor Wílmar Paz Preciado permaneció privado de su libertad personal en la
Cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita (Boyacá) hasta el 9 de mayo de 2008, día
en la que la fiscalía ordenó su libertad en atención a la nota diplomática número
1532 de la misma fecha remitida por el Gobierno de los Estados Unidos de América
y en la cual se decidió retirar la orden de extradición emitida en su contra.

3. Contestación de las entidades demandadas

Por auto del 16 de noviembre de 2010 el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió
la demanda y ordenó la notificación personal del Fiscal General de la Nación y del
Presidente del Senado de la República (fls. 55 a 56 cdno. ppal.).

1) En escrito radicado el 8 de marzo de 2011, la Fiscalía General de la Nación
contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, adujo que su
actuación se ajustó a los artículos 35 y 250 de la Constitución Política así como
también a los tratados internacionales avalados por Colombia pues cumplió cada
uno de los requisitos que exige el trámite de extradición, de manera que realizó una
tarea administrativa que no es susceptible de generar errores que ocasionen su

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Expediente 13001-23-31-000-2010-00441-01 (52.393)
Actor: Wílmar Paz Preciado y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

responsabilidad; precisó que su actuación se limitó a la de un “ejecutor” ya que no
está en su arbitrio ni decisión ordenar o revocar la captura con fines de extradición
que cumple los requisitos de ley.

Propuso como excepciones i) “falta de legitimación en la causa por pasiva” por
considerar que es la Corte Suprema de Justicia quien tiene la competencia de
conceptuar sobre la viabilidad de la extradición, mientras que la fiscalía solo se
encarga de cumplir con la orden de captura que pide el Estado requirente y, ii)
“indebida escogencia de la acción” pues, en su criterio, la acción procedente para
solicitar la nulidad del acto de extradición y la reparación del daño era la de nulidad
y restablecimiento del derecho (fls. 62 a 72 cdno. ppal.).

2) El Congreso de la República no contestó la demanda (fls. 103 a 106 cdno. ppal.).

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 28 de julio de 2014 (fls. 242 a 261 cdno. apelación), la
Subsección Especial de Descongestión del Tribunal Administrativo de Bolívar
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de las dos entidades demandadas y negó las pretensiones de la demanda
con base en los siguientes argumentos:

1) La responsabilidad por la privación de la libertad del señor Wílmar Paz Preciado
recaería en el país que solicitó su captura, el que declinó su petición de extradición.

2) El Congreso de la República no participó en los hechos que originaron la
demanda y, si bien expidió las Leyes 599 de 2000 y 906 de 2004 que señalan el
trámite de la extradición, dichas normas fueron declaradas exequibles por la Corte
Constitucional.

3) La Fiscalía General de la Nación solo sirvió como instrumento o ejecutor de las
órdenes del Gobierno Nacional cuando le fue remitida la nota diplomática, de
manera que se limitó a dar cumplimiento al “trámite administrativo de la captura”.

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Actor: Wílmar Paz Preciado y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

4) No se configuró la privación injusta de la libertad conforme el artículo 68 de la Ley
270 de 1996, toda vez que la orden de captura contra el ahora demandante no
surgió como consecuencia de una investigación penal.

5. Recurso de apelación

La parte demandante (fls. 263 a 269 cdno. apelación) solicitó que se revoque en su
integridad la sentencia de primera instancia con apoyo en el siguiente razonamiento:

1) El señor Wílmar Paz Preciado sufrió una violación de sus derechos
fundamentales de libertad e igualdad, la sola orden de libertad proferida por la
fiscalía evidenció que su detención con fines de extradición no debía ser soportada,
existió un rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas y, por ende,
los actores deben ser indemnizados por todos los perjuicios que les fueron
causados con la privación injusta del señor Paz Preciado, con independencia de la
actuación legal de la entidad demandada.

2) El daño antijurídico también es imputable al Congreso de la República por daño
especial conforme al supuesto de responsabilidad del Estado legislador porque
aprobó el tratado de extradición celebrado con los Estados Unidos de acuerdo con
el cual las autoridades colombianas autorizaron la captura del señor Wílmar Paz
Preciado con fines de extradición.

3) La decisión de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva es errada
pues, en virtud del artículo 90 constitucional el daño que sufrió el señor Wílmar Paz
Preciado es imputable a las autoridades colombianas por sus actuaciones en el
trámite de extradición.

6. Actuación surtida en segunda instancia

1) Por auto del 10 de junio de 2015 se admitió el recurso de apelación presentado
por la parte actora (fl. 2278 cdno. apelación) y el 27 de enero de 2017 (fl. 309 cdno.
apelación) se corrió traslado a las partes por el término común de diez (10) días
para que por escrito presentaran los alegatos de conclusión y, por el mismo lapso,
al Ministerio Público para que emitiera concepto.

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Actor: Wílmar Paz Preciado y otros
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2) En el término previsto la Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos de
defensa expuestos en primera instancia (fls. 311 a 312 cdno. apelación). El
Congreso de la República adujo que se debe confirmar la decisión que declaró su
falta de legitimación en la causa por pasiva pues, la captura que sufrió el
demandante se dio por cuenta de una orden emanada de una autoridad penal
extranjera (fls. 325 a 329 cdno. apelación).

3) Por su parte, el Ministerio Público solicitó revocar la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, condenar al Congreso de la República por demostrarse que
el señor Wílmar Paz Preciado sufrió una privación injusta de su libertad atribuible a
dicha entidad porque al expedir la ley aprobatoria del tratado de extradición con los
Estados Unidos de América no definió la autoridad a la cual se debe solicitar la
reparación de perjuicios cuando se realiza la captura de un connacional que luego
es dejado en libertad luego que la autoridad extranjera decide no juzgarlo (fls. 331
a 345 cdno. apelación).

4) La parte demandante guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia, 2) objeto de
la apelación, competencia del ad quem y anunció de la decisión, 3) análisis de la
impugnación, 4) conclusión y, 5) condena en costas.

1. Objeto de la controversia

La controversia planteada busca determinar si la restricción de la libertad que
soportó el señor Wílmar Paz Preciado constituyó una privación injusta de su libertad
pasible de comprometer la responsabilidad patrimonial extracontractual de las
entidades demandadas y si como consecuencia de ello hay lugar a reparar los
perjuicios reclamados por los actores.

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Actor: Wílmar Paz Preciado y otros
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2. Objeto de la apelación, competencia del ad quem y anuncio de la decisión

Sobre el punto cabe advertir que en el asunto de la referencia interpuso recurso la
parte demandante. De acuerdo con lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 3571 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable en virtud de la
remisión legal contenida en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo,
la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable a la parte apelante y no es
posible examinar o resolver lo que no fue objeto del recurso.

Por lo anterior, la Sala adoptará las siguientes determinaciones:

1) Decidirá el fondo del asunto, porque encuentra reunidos los presupuestos para
fallar, entre ellos, la oportunidad en la presentación de la demanda. En efecto, el
señor Wílmar Paz Preciado obtuvo su libertad el día 9 de mayo de 2008 (fl. 45 cdno.
ppal.) por lo que el plazo para presentar la demanda vencía en principio el 10 de
mayo de 2010, los términos de caducidad se suspendieron entre el 18 de marzo de
2010 y el 15 de junio del mismo año2 mientras se surtió la conciliación prejudicial
(fls. 51 a 52 cdno. ppal.), y la demanda se presentó el 6 de agosto de 2010 (fl. 53
cdno. ppal.), por ende, se concluye que fue radicada dentro del término previsto por
el artículo 136 numeral 8 del CCA.

2) Revocará la decisión que declaró probada la falta de legitimación en la causa por
pasiva de las entidades demandadas por cuanto se encuentran legitimadas para
responder por los daños que la parte actora aduce le fueron causados como
consecuencia de la privación de la libertad, cosa distinta es que les asista o no
responsabilidad en los hechos, lo que será analizado.

3) Revocará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la

1 “Artículo 357. Modificado por el artículo 1, numeral 175 del Decreto 2282 de 1989. La apelación se

entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la
providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere
indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin
embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones”.
2 Hasta este momento había transcurrido 1 año, 10 meses y 9 días del término de caducidad, es

decir, que faltaban 1 mes y 21 días para que acaeciera dicho fenómeno extintivo de la acción o en
otras palabras, el accionante tenía hasta el 6 de agosto de 2010 para presentar la demanda, como
efectivamente sucedió.

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demanda y, en su lugar, declarará la responsabilidad patrimonial extracontractual
de la Fiscalía General de la Nación a título de daño especial.

3. Análisis de la impugnación

En los términos en que ha sido planteada la controversia se negarán las
pretensiones de la demanda por las razones que se exponen a continuación.

3.1 La privación de la libertad

En atención a lo afirmado por la Corte Constitucional en sentencias C-037 de 1996
y SU-072 de 20183, la metodología adecuada para abordar el estudio de
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en los casos de privación
injusta de la libertad debe hacerse de la siguiente manera: i) en primer lugar se
identifica la existencia del daño, esto es, debe estar probada la privación de la
libertad de la que en este caso se derivan los perjuicios reclamados por los actores;
ii) en segundo lugar, se analiza la legalidad de la medida de privación de la libertad
desde una óptica subjetiva, esto es, se estudia si esta se ajustó o no a los
parámetros dados por el ordenamiento constitucional y legal para decretar la
restricción de la libertad, tanto en sus motivos de derecho como de hecho; iii) en
tercer lugar, y solo en el caso de no probarse la existencia de una responsabilidad
por el régimen subjetivo, esta se analiza por un régimen objetivo (daño especial); iv)
en cuarto lugar, en el caso de que se considere que hay sustento para declarar la
responsabilidad estatal, ya fuere en un régimen subjetivo o uno objetivo, se
procederá a verificar a qué entidad debe imputarse el daño antijurídico; v) aparte
de lo anterior, en todos los casos, debe realizarse el análisis de la culpa de la víctima
como causal excluyente de responsabilidad; vi) finalmente, en caso de condena, se
procede a liquidar los perjuicios.

3.1.1 Existencia del daño

La Sala encuentra que el señor Wílmar Paz Preciado fue privado de su libertad
personal desde el 4 de abril de 2008, cuando fue capturado por la fiscalía con fines

3 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, MP José Fernando Reyes Cuartas.

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de extradición, hasta el 9 de mayo de 2008, momento en el que obtuvo su libertad,
según consta en la certificación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
INPEC (fl. 45 cdno. pruebas).

3.1.2 Legalidad de la privación

En el expediente reposa i) la copia de la resolución de 15 de mayo de 2006 mediante
la cual la fiscalía decretó la captura con fines de extradición del ahora demandante
(fls. 140 a 143 cdno. ppal.) y ii) la copia de la resolución de 9 de mayo de 2008 que
revocó su captura con fines de extradición (fls. 136 a 139 cdno. ppal.).

Por lo anterior, la Sala procederá al análisis de la privación desde dichas
resoluciones por considerar que contienen elementos probatorios para determinar
lo injusto de la privación y con las cuales se acreditan los siguientes hechos
relevantes:

1) El 2 de mayo de 2006, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a la Fiscalía
General de la Nación la copia de la nota verbal número 1005 de 2 de mayo de 2006,
por medio de la cual la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica solicitó
con carácter urgente la captura con fines de extradición del señor Wílmar Paz
Preciado por delitos relacionados con el tráfico de narcóticos.

Según aparece en la copia de la resolución de 15 de mayo de 2006, la nota verbal
señaló que la aprehensión del ahora demandante se sustentaba en los siguientes
cargos:

“Wílmar Paz Preciado es requerido para comparecer a juicio por delitos
federales de narcóticos. Es el sujeto de la acusación No. 06-20139-CR-
MIDDLEBROOKS, dictada el 3 de marzo de 2006, en la Corte Distrital de
los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, mediante la cual se le
acusa de:

-Cargo uno: Concierto para importar a los Estados Unidos cinco
Kilogramos o más de una sustancia controlada (cocaína) (…).

-Cargos Dos: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco
kilogramos o más de sustancia controlada (cocaína) (…).

-Cargo tres: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco
kilogramos o más de sustancia controlada (cocaína), la cual se
encontraba a bordo de embarcaciones sujetas a la jurisdicción de los
Estados Unidos (…).

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Un auto de detención en contra del señor Paz – Preciado por estos cargos
fue dictado el 3 de marzo de 2006, por orden de la corte arriba
mencionada. Dicho auto permanece válido y ejecutable” (fl. 141 cdno.
ppal.).

2) El 15 de mayo de 2006, el Fiscal General de la Nación decretó la captura con
fines de extradición del señor Wílmar Paz Preciado pues consideró que se
reunieron los requisitos de los artículos 35 constitucional4 y 509 de la Ley 906 de
20045, esto es, encontró que la solicitud de extradición se ciñó a los presupuestos
del enunciado artículo 35 y que se logró la identificación plena del ahora
demandante.

3) El 4 de abril de 2008, el señor Wílmar Paz Preciado fue capturado con fines de
extradición y el 9 de mayo de 2008 el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a
la Fiscalía General de la Nación la copia de la nota verbal número 1352 del 9 de
mayo del mismo año, por medio de la cual la Embajada de los Estados Unidos de
América retiró la solicitud de extradición del señor Wílmar Paz Preciado.

Según aparece en la copia de la resolución de 9 de mayo de 2006, la nota verbal
señaló lo siguiente:

“La Embajada de los Estados Unidos de América saluda muy
atentamente al honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de Colombia y tiene el Honor de referirse a la nota de esta
Embajada No. 1005 de fecha 2 de mayo de 2006, mediante la cual se
solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano
colombiano Wílmar Paz – Preciado.

La Embajada tiene el honor de retirar la solicitud de detención provisional
anteriormente mencionada para propósitos de extradición. De
conformidad, la Embajada se permite solicitar que la Fiscalía General de
la Nación desista y retire la orden de captura provisional anteriormente
mencionada decretada contra Wílmar Paz – Preciado el 15 de mayo de
2006” (fls. 136 a 137 cdno. ppal.).

4) El 9 de mayo de 2008, la fiscalía revocó la orden de captura con fines de

4 “ARTICULO 35. La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados
públicos y, en su defecto, con la ley. Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se
concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal
colombiana”.
5 “ARTÍCULO 509. CAPTURA. El Fiscal General de la Nación decretará la captura de la persona

requerida tan pronto conozca la solicitud formal de extradición, o antes, si así lo pide el Estado
requirente, mediante nota en que exprese la plena identidad de la persona, la circunstancia de
haberse proferido en su contra sentencia condenatoria, acusación o su equivalente y la urgencia de
tal medida”.

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Expediente 13001-23-31-000-2010-00441-01 (52.393)
Actor: Wílmar Paz Preciado y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

extradición proferida en la resolución del 15 de mayo de 2006 en contra del señor
Paz Preciado porque los Estados Unidos de Norteamérica retiró la solicitud de la
misma, en consecuencia ordenó al INPEC dejarlo en libertad.

Visto lo anterior, es necesario recordar que el artículo 28 de la Constitución Política
consagra que el derecho a la libertad en principio solo puede restringirse en virtud
de mandamiento escrito de autoridad judicial competente en cumplimiento de las
formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley.

En el caso objeto de análisis, no se advierte una ilegalidad en la detención del actor
por las razones que se exponen a continuación:

1) El Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica solicitó la detención
provisional con fines de extradición del actor con el objeto de que compareciera a
juicio por conductas relacionadas con narcotráfico y este recobró su libertad una vez
la embajada de dicho país en Colombia comunicó al Ministerio de Relaciones
Exteriores que retiraba la misma, y solicitó a la fiscalía que desistiera y descartara
la captura provisional del ahora demandante, lo cual ocurrió el 9 de mayo de 2008.

2) El artículo 35 de la Constitución Política establece que la extradición se podrá
solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto,
con la ley; asimismo, se determinó que la extradición de los colombianos por
nacimiento se concederá únicamente por delitos cometidos en el exterior,
considerados como tales en la legislación penal colombiana.

3) El artículo 509 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal vigente
para la época de los hechos, determina que el Fiscal General de la Nación decretará
la captura de la persona requerida tan pronto conozca la solicitud formal de
extradición, o antes, si así lo pide el Estado requirente, mediante nota en que
exprese la plena identidad de la persona, la circunstancia de haberse proferido en
su contra sentencia condenatoria, acusación o su equivalente y la urgencia de tal
medida.

4) En el caso objeto de análisis, se observa que la Fiscalía General de la Nación
emitió la orden de captura con fines de extradición contra el señor Wílmar Paz

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Expediente 13001-23-31-000-2010-00441-01 (52.393)
Actor: Wílmar Paz Preciado y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

Preciado luego de verificar lo dispuesto en los artículos 35 de la Constitución Política
y 509 de la Ley 906 de 2004 pues: i) el delito por el cual se solicitó la detención
preventiva con fines de extradición fue el de narcotráfico, conducta tipificada como
punible en el ordenamiento jurídico colombiano, ii) la nota de solicitud fue
presentada expresamente como una solicitud de carácter urgente que hizo una
Corte del Distrito Sur de Florida, iii) fue específica en cuanto a la situación judicial
de la persona requerida ya que se informó que en su contra pesaba un auto de
detención y, iv) se verificó su identificación.

5) De conformidad con el artículo 511 de la Ley 906 de 2004 la persona capturada
será puesta en libertad incondicional por el Fiscal General de la Nación si dentro de
los sesenta (60) días siguientes a la fecha de su captura no se hubiere formalizado
la petición de extradición, circunstancia que no ocurrió en este caso concreto, toda
vez que, desde la captura con fines de extradición hasta la solicitud de retiro,
transcurrieron treinta y seis (36) días.

6) Así las cosas, la Sala evidencia que la captura con fines de extradición se ajustó
a los parámetros constitucionales y legales y, por lo tanto, resultaba legalmente
procedente. En estas condiciones no se advierte una falla al momento del decreto
de la aprehensión del señor Wílmar Paz Preciado.

3.1.3 Existencia de daño especial

1) Respecto del análisis por la privación injusta de la libertad es pertinente recordar
que la Corte Constitucional en sentencia C-037 de 1996 señaló que los casos de
privación de la libertad podían estudiarse tanto en un régimen subjetivo como en
uno de índole objetivo.

En efecto, si bien la Corte Constitucional con ocasión estudiar el artículo 68 de la
Ley 270 de 1996 se ocupó de analizar la privación de la libertad desde un régimen
subjetivo para indicar que habría responsabilidad del Estado cuando existiera una
actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos
legales, “de forma tal que se tornara evidente que la privación de la libertad no fue
ni apropiada, ni razonada, ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”, no
lo es menos que la misma Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del inciso

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Expediente 13001-23-31-000-2010-00441-01 (52.393)
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primero del artículo 65 indicó que la alusión de la responsabilidad por falla en el
servicio no excluía ni podría excluir la aplicación del artículo 90 superior en los casos
de la administración de justicia, lo que incluye a la privación injusta de la libertad
que, habilita endilgar responsabilidad patrimonial del Estado con otras razones de
atribución, así:

“La Corte estima que el inciso primero del presente artículo es exequible,
pues si bien sólo hace alusión a la responsabilidad del Estado -a través
de sus agentes judiciales- por falla en el servicio, ello no excluye, ni podría
excluir, la aplicación del artículo 90 superior en los casos de la
administración de justicia. En efecto, sin tener que entrar a realizar
análisis alguno acerca de la naturaleza de la responsabilidad estatal y sus
diversas modalidades -por escapar ello a los fines de esta providencia-,
baste señalar que el principio contemplado en el artículo superior citado,
según el cual todo daño antijurídico del Estado -sin importar sus
características- ocasiona la consecuente reparación patrimonial, en
ningún caso puede ser limitado por una norma de inferior jerarquía, como
es el caso de una ley estatutaria. Ello, en vez de acarrear la
inexequibilidad del precepto, obliga a una interpretación más amplia que,
se insiste, no descarta la vigencia y la aplicación del artículo 90 de la Carta
Política”6.

2) Ahora bien, el estudio del daño especial como régimen objetivo de
responsabilidad en los casos de privación de la libertad se da siempre y cuando
concurran los requisitos señalados por el Consejo de Estado, a saber:

“a) Que se desarrolle una actividad legítima de la administración;

b) La actividad debe tener como consecuencia el menoscabo del derecho
de una persona;

c) El menoscabo del derecho debe tener origen en el rompimiento del
principio de la igualdad frente a la ley y a las cargas públicas;

d) El rompimiento de esa igualdad debe causar un daño grave y especial,
en cuanto recae sólo sobre alguno o algunos de los Administrados;

e) Debe existir un nexo causal entre la actividad legítima de la
administración y el daño causado; y

f) El caso concreto no puede ser susceptible de ser encasillado dentro de
otro, de los regímenes de responsabilidad de la administración”7.

3) De conformidad con lo anterior, en este caso concreto está demostrado que el
señor Wílmar Paz Preciado sufrió un daño consistente en la privación de su libertad

6
Corte Constitucional sentencia C-037 de 1996, MP Vladimiro Naranjo Mesa.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de
septiembre de 1991, expediente 6.453, MP Daniel Suárez Hernández.

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Expediente 13001-23-31-000-2010-00441-01 (52.393)
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el cual no se encuentra llamado a soportar y, por ende, existe responsabilidad de la
Fiscalía General de la Nación.

4) En efecto, la Fiscalía General de la Nación, con independencia de que su
actuación fuere legítima, rompió el principio de igualdad de las cargas públicas que
debe soportar todo ciudadano en tanto provocó al aquí demandante un daño
anormal, desproporcional, especial y grave, pues, en virtud de la solicitud elevada
por los Estados Unidos de Norteamérica ordenó la captura del demandante con
fines de extradición para luego, ante del desistimiento de dicho país acerca de ese
requerimiento, disponer la libertad del señor Wílmar Paz Preciado, de manera que
no existe ningún título jurídico que pueda justificar la privación de su libertad, por lo
que el daño antijurídico alegado debe ser reparado.

5) Esta Sala en casos similares ha considerado que la responsabilidad es atribuible
a la Fiscalía General de la Nación por daño especial por ser la entidad que ordena
la captura de la persona requerida en extradición8 pues, si bien es cierto la fiscalía
no puede cuestionar la solicitud de captura que eleva el país requirente, esto es, no
puede debatir los argumentos o decretar pruebas en relación con la persona de
quien se solicita su captura con fines de extradición, no lo es menos que antes de
proceder a dictar la resolución de aprehensión en contra de la persona solicitada en
extradición debe verificar, de manera formal, que se cumplan con los requisitos
establecidos para llevar a cabo la extradición.

6) Entre los Estados Unidos de Norteamérica y Colombia no existe un tratado de
extradición, de manera que la petición de extradición para la época de ocurrencia
de los hechos -lo mismo que en la actualidad- se rige por la legislación interna y
particularmente por la Ley 906 de 2004 contentiva del Código de Procedimiento
Penal (artículos 490 a 514)) aplicable al caso objeto de análisis, como se dijo en
acápites anteriores.

En ese sentido, los artículos 490 y 491 disponen lo siguiente:

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B sentencia del 30 de octubre de 2020,
expediente 51730 MP Ramiro Pazos Guerrero, sentencia del 5 de octubre de 2020, expediente
52370 MP Ramiro Pazos Guerrero, es de destacar que esta postura también es seguida por la
Subsección C como se aprecia en sentencia del 28 de febrero de 2020, expediente 50501 MP Nicolás
Yepes Corrales.

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“ARTÍCULO 490. LA EXTRADICIÓN. La extradición se podrá solicitar,
conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su
defecto con la ley.

Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá
por los delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la
legislación penal colombiana.

La extradición no procederá por delitos políticos.

No procederá la extradición de colombianos por nacimiento cuando se
trate de hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997.

ARTÍCULO 491. CONCESIÓN U OFRECIMIENTO DE LA
EXTRADICIÓN. Corresponde al gobierno por medio del Ministerio del
Interior y de Justicia, ofrecer o conceder la extradición de una persona
condenada o procesada en el exterior, salvo en los casos contemplados
en el artículo anterior.” (negrillas adicionales).

7) Al respecto, como parte del trámite de materialización de la medida el artículo
509 ibidem puntualmente preceptúa que la captura de la persona solicitada en
extradición por un Estado extranjero es de competencia de la Fiscalía General de la
Nación cuya orden debe ser impartida directamente por la máxima autoridad de ese
organismo, previsión legal que es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 509. CAPTURA. El Fiscal General de la Nación decretará
la captura de la persona requerida tan pronto conozca la solicitud
formal de extradición, o antes, si así lo pide el Estado requirente,
mediante nota en que exprese la plena identidad de la persona, la
circunstancia de haberse proferido en su contra sentencia condenatoria,
acusación o su equivalente y la urgencia de tal medida.” (resalta la Sala).

Sobre el particular debe advertirse que la Corte Constitucional declaró la
constitucionalidad del citado artículo 509 de la Ley 906 de 20049 y señaló que la
naturaleza de la extradición es la de un “trámite meramente administrativo” complejo
porque está a cargo de diversos órganos estatales, entre ellos, judiciales como la
fiscalía, los cuales no tienen competencias para adoptar decisiones de naturaleza
penal relacionadas con el delito sino para ejecutar las órdenes del Estado
requirente, como sucede cuando se solicita la restricción de la libertad personal de
un ciudadano:

“El análisis de las normas del código de procedimiento penal aplicables
al trámite administrativo de la extradición, conduce a la Sala a considerar
que la entrega de una persona requerida mediante este mecanismo está

9 C-243 del 1 de abril de 2009 MP Jorge Iván Palacios.

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precedida de una actuación compleja a cargo de diversos órganos
estatales, a los cuales jurídicamente no corresponde resolver sobre la
ocurrencia del delito, ni acerca de los autores, ni grado de participación
de los mismos, como tampoco en relación con las circunstancias del
hecho, el móvil de éste, ni valorar pruebas y, menos aún, graduar las
penas a imponer o exonerar de responsabilidad a la persona solicitada
en extradición.

Es decir, si bien es cierto en el trámite previo a la entrega de la
persona solicitada participan dos órganos judiciales del Estado
colombiano, también lo es que el procedimiento respectivo no
concluye con una decisión judicial sino con una actuación de
carácter administrativo, pues se trata de la entrega de una persona
para que el Estado requirente, en ejercicio de su soberanía y en
cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, lleve a cabo el
proceso respectivo, dentro del cual se resolverá sobre la
responsabilidad penal del solicitado. Como lo ha manifestado esta
Corporación.

(…).

6.3. En conclusión, a diferencia de la captura ordenada para
asegurar la comparecencia de la persona a un proceso penal común
y que está sometida al control de legalidad a cargo del juez de
control de garantías (C. Po. Art. 250, numeral 1º), la orden de captura
con fines de extradición hace parte de un trámite administrativo
destinado a poner a disposición del Estado requirente a una persona
para que adelante un proceso penal en su territorio y bajo su
jurisdicción, todo con reconocimiento y respeto por la soberanía del
solicitante, teniendo como fundamento los principios de
colaboración, solidaridad, como también el de confianza legítima y
mutua en las relaciones entre Estados.

En este orden de ideas, el Estado requerido no podrá llevar a cabo control
jurisdiccional sobre la orden de captura con fines de extradición, pues tal
comportamiento podría ser entendido como un acto de desconocimiento
de las atribuciones propias de la soberanía del Estado requirente, con las
consecuencias que el derecho internacional prevé para esta clase de
actitud10”. (negrillas adicionales).

8) De conformidad con esa directriz jurisprudencial, la Fiscalía General de la Nación
es la entidad que ordena la captura con fines de extradición porque así lo prescribe
el artículo 509 de la Ley 906 de 2004 y, si bien dicha aprehensión no es una decisión

10 En otro pronunciamiento la Corte Constitucional señaló:“Los fundamentos y la consiguiente
controversia sobre la decisión judicial de la autoridad extranjera, con base en la cual se pide la
extradición, tienen su escenario natural en los respectivos estrados judiciales, es decir, al interior del
correspondiente proceso penal adelantado en el Estado solicitante y no ante autoridades judiciales
colombianas, que deben cooperar, junto con el Ejecutivo, para que la ubicación en país distinto a
donde se cometió el presunto delito, no sea vía para eludir la acción de la justicia, que
internacionalmente debe permanecer aliada y diligente en la lucha contra la criminalidad”. Sentencia
(C– 460 de 2008).

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judicial sino que se trata de una actuación de carácter administrativo, no lo es menos
que se encuentra en cabeza de la Fiscalía General de la Nación quien, luego de
verificar el cumplimiento formal de la petición de extradición coopera
internacionalmente y judicialmente (artículos 35 constitucional y 48411 y 48612 de la
Ley 906 de 2004) con el Estado requirente para que este pueda adelantar el
proceso judicial en su territorio y de acuerdo con su jurisdicción.

9) En ese contexto, en este caso objeto de estudio la responsabilidad recae en la
Fiscalía General de la Nación por ser la entidad que participó en el trámite de
extradición del señor Wílmar Paz Preciado, quien no se encontraba llamado a
soportar su privación.

10) Por otra parte, el daño no es jurídicamente imputable al Congreso de la
República pues, si bien fue quien expidió la Ley 906 de 2004 en la cual reguló la
captura con fines de extradición, lo cierto es que ello obedeció a un mecanismo de
cooperación internacional bajo la dirección del Presidente de la República, quien
tiene la suprema dirección de las relaciones internacionales a través de los
Ministerio de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores, en ese sentido el
órgano legislativo carece de funciones específicas para decretar la captura con fines
de extradición de un ciudadano.

11 “ARTÍCULO 484. Principio general. Las autoridades investigativas y judiciales dispondrán lo
pertinente para cumplir con los requerimientos de cooperación internacional que les sean solicitados
de conformidad con la Constitución Política, los instrumentos internacionales y leyes que regulen la
materia, en especial en desarrollo de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Parágrafo.
El requerimiento de una persona, mediante difusión o circular roja, a través de los canales de la
Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL, tendrá eficacia en el territorio colombiano.
En tales eventos la persona retenida será puesta a disposición del despacho del Fiscal General de
la Nación, en forma inmediata. La Fiscalía General de la Nación comunicará inmediatamente al
Ministerio de Relaciones Exteriores para lo pertinente y librará, en término no superior a dos (2) días
hábiles, la orden de captura con fines de extradición si fuere del caso, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 509 de este código”.
12 “ARTÍCULO 485. Solicitudes de cooperación judicial a las autoridades extranjeras. Los jueces,

fiscales y jefes de unidades de policía judicial podrán solicitar a autoridades extranjeras y organismos
internacionales, directamente o por los conductos establecidos, cualquier tipo de elemento material
probatorio o la práctica de diligencias que resulten necesarias, dentro del ámbito de sus
competencias, para un caso que esté siendo investigado o juzgado en Colombia. Las autoridades
concernidas podrán comunicarse directamente a fin de determinar la procedencia de las actuaciones
relacionadas en la solicitud. En la solicitud de asistencia se informará a la autoridad requerida los
datos necesarios para su desarrollo, se precisarán los hechos que motivan la actuación, el objeto,
elementos materiales probatorios, normas presuntamente violadas, identidad y ubicación de
personas o bienes cuando ello sea necesario, así como las instrucciones que conviene observar por
la autoridad extranjera y el término concedido para el diligenciamiento de la petición”.

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Por ello dicha Rama del Poder Público no es responsable por los daños que se
derivan de dicho procedimiento.

3.2 Culpa exclusiva de la víctima

En el marco de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y lo señalado
por la Corte Constitucional en las sentencias C-037 de 1996, SU-072 de 201813 y
SU-363 de 202114, en el presente caso no se evidenció conducta alguna del señor
John Jair López Gil susceptible de reproche por ser constitutiva de culpa con
incidencia exclusiva en la decisión de ser privado de la libertad.

Sobre este aspecto, la Sala observa que si bien los testigos manifestaron que el
actor una vez supo de la decisión de extradición decidió “esconderse”15; dicha
conducta no incidió en la privación del demandante, simplemente dilató en el tiempo
la materialización de la captura para cumplimiento de la petición elevada en su
momento por un gobierno extranjero, quien, luego de la detención del demandante
retiró la solicitud de extradición, es decir, el hecho de que inicialmente se hubiese
evadido no justifica, en modo alguno, la privación de la libertad de la que luego fue
objeto.

3.4 Determinación de los perjuicios y su reparación

Satisfechos los elementos requeridos para la declaración de responsabilidad
patrimonial extracontractual de la Fiscalía General de la Nación por razón la
privación injusta de la libertad soportada por el señor Wílmar Paz Preciado, la Sala
procede a continuación a verificar la acreditación de los perjuicios cuya reparación
reclama la parte demandante.

13 Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, MP José Fernando Reyes Cuartas.
14 Al momento de proferirse esta providencia la sentencia de la Corte Constitucional no ha sido

publicada y, en su lugar, se encuentra el Comunicado No. 39 de 22 de octubre de 2021 de la Corte
Constitucional por el cual se señala los términos en que se debe analizar la culpa de la víctima en
los casos de privación injusta de la libertad. El magistrado ponente considera que la culpa de la
víctima puede incluir las denominadas conductas pre procesales; sin embargo, por tratarse de una
decisión de unificación de la Corte Constitucional con efectos erga omnes la acata.
15 Los señores Nancy del Carmen Guerrero Sedan, Nicolás Anaya Sedan y María Ofelia Galván

Martínez señalaron que el señor Wilmar Paz Preciado supo en el año 2006 de la solicitud de
extradición y que este decidió esconderse tan pronto conoció de la misma (fls. 125 a 132 cdno. ppal.),
la señora Nancy del Carmen manifestó “que se esconda aquí, que se esconda allá”.

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3.4.1 Perjuicios morales

1) El Consejo de Estado en sentencia de unificación de jurisprudencia del 29 de
noviembre de 202116 manifestó que en casos de privación injusta de la libertad los
perjuicios morales se infieren para la víctima directa, su cónyuge, compañero o
compañera permanente y sus parientes en primer grado de consanguinidad siempre
y cuando acrediten la calidad con la cual concurren al proceso; la sentencia de igual
forma señaló que para los demás parientes de la persona que fue objeto de
privación debe acreditarse el padecimiento sufrido pues la prueba del parentesco
no es un indicio suficiente17.

2) De igual forma, en dicha providencia se establecieron unos criterios para el
cálculo de la indemnización según el tiempo de privación del afectado directo y se
dispuso lo siguiente:

“45.1.- Si la privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a un
mes, una suma fija equivalente a cinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes (5 SMLMV).

45.2.- Si la privación de la libertad tiene una duración superior a un mes:

a.- Por cada mes adicional transcurrido, sin importar el número de días
que tenga el mes, cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5
SMLMV).

b.- Por cada día adicional al último mes transcurrido, una fracción
equivalente a 0,166 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual
se obtiene de dividir cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes
(5 SMLMV) por 30 días.

c.- La cuantía se incrementará hasta cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes (100 SMLMV), indemnización que recibirá la víctima
directa cuando esté detenida por 20 meses o más tiempo, con el objeto
de mantener el tope máximo jurisprudencial, de acuerdo con la
jurisprudencia antes indicada.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación jurisprudencial del 29 de noviembre de 2021, expediente 46.681, MP Martín Bermúdez
Muñoz.
17 El magistrado ponente participó en la decisión y se apartó parcialmente de la misma por considerar,

entre otros aspectos, que la presunción del perjuicio moral no se debía limitar a la víctima directa, su
cónyuge, compañero o compañera permanente y parientes en primer grado de consanguinidad sino
que también esta debía ser extensiva a otros parientes que incluso pueden sufrir incluso más que la
persona que es objeto de privación; de igual forma, no compartió los criterios de tasación de la
sentencia que se realizaron para los parientes de la víctima directa; sin embargo, por tratarse de una
sentencia de unificación jurisprudencial el ponente la acata en cumplimiento del artículo 10 de la Ley
1437 de 2011.

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3) Asimismo, en esa misma sentencia se determinó que la indemnización no era
igual para todos los demandantes y, por tal motivo, se dispuso que para los
parientes en el primer grado de consanguineidad, su cónyuge o su compañero o
compañera permanente se les podría otorgar hasta el cincuenta por ciento (50%)
de lo reconocido a la víctima directa; para los demás demandantes, cuando
acrediten los perjuicios morales, el tope máximo sería el treinta por ciento (30%) de
lo reconocido al privado de la libertad18.

De igual forma, se estableció 100 smlmv19 de indemnización para el reconocimiento
del perjuicio moral a la víctima directa cuando la privación de la libertad sea de 20
meses o mayor20.

4) Las referidas reglas de la sentencia de unificación son de aplicación inmediata
por lo que en observancia de ellas se infiere el perjuicio moral respecto del señor
Wílmar Paz Preciado afectado por la privación de su libertad, así como también de
su compañera permanente Yéssica Anaya Galván21, sus progenitores Wilman Paz
González y Anauri Mileny Preciado Cuero22, al igual que su hijo Wílmar Jesús Paz
Anaya23, presunción que no fue desvirtuada por la parte demandada.

Respecto de la intensidad del perjuicio moral, con la prueba testimonial practicada
en el proceso se demostró que la compañera permanente, el hijo y los padres del
señor Wílmar Paz Preciado se vieron afectados emocionalmente por la detención

18 Es de destacar que en la sentencia se estableció que las reglas allí contenidas debían aplicarse

en forma inmediata y sin reservas, lo que también incluía a las demandas presentadas antes del 28
de agosto de 2013. Para las demandas presentadas desde el 28 de agosto de 2013 y hasta la
expedición de la sentencia, si las partes no solicitaron pruebas para acreditar el perjuicio moral con
fundamento en que bastaba la prueba del parentesco para presumir el perjuicio moral, el juez puede
hacer uso de sus facultades oficiosas para que la prueba del perjuicio se allegue con el fin de
garantizar el debido proceso.
19 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
20 La sentencia definió la siguiente fórmula para determinar la cuantía por perjuicios morales: PM =

(número de meses x 5 SMLMV) + (fracción adicional de días x 0,166 SMLMV).
21 En el proceso se recibió la declaración de los señores María Ofelia Galván Martínez (fls. 118 a 120

cdno. ppal.) y Nicolás Anaya Sedan (fls. 129 a 132 cdno. ppal.), padres de Yesica Anaya Galván,
quienes refirieron sobre la relación entre el demandante y su compañera permanente El señor
Nicolás Anaya señaló “a todos los conozco desde el mismo tiempo que el señor Wílmar Paz Preciado
tuvo amoríos con la hija mía Yesica, desde que están viviendo ellos juntos conozco a la familia de
él”, la señora María Ofelia Galván refirió “mi hija Yéssica es la mujer de Wílmar y a partir de eso él
nos ha ido familiarizando, y a raíz del problema de él todos nos conocimos más”, de igual forma la
testigo preciso que antes de su aprehensión el señor Wílmar Paz Preciado convivía en unión libre
con Yéssica Anaya Galván pues “ya tenía ratico de estar con la hija mía, como unos dos años”.
22 Calidad que se demuestra con el registro civil de nacimiento obrante en folio 31 del cuaderno

principal.
23 Tal y como consta en el registro civil de nacimiento aportado (fl. 26 cdno. ppal.).

22

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de aquel24, en consecuencia se acreditó la existencia del perjuicio en su mayor
intensidad y por ello les corresponde como indemnización para cada uno de ellos,
el 50% de lo otorgado a la víctima directa.

El señor Wílmar Paz Preciado estuvo detenido desde el 4 de abril de 2008 hasta el
9 de mayo de 2008, por lo cual le corresponde una suma de seis (6) smlmv, mientras
que en favor de su compañera permanente, los padres y el hijo se les asignará la
suma de tres (3) smlmv para cada uno de ellos.

En lo que respecta a los hermanos y abuelas del señor Wílmar Paz Preciado25, si
bien estos demandantes acreditaron la calidad con la cual comparecieron en el
proceso, no demostraron la intensidad del perjuicio moral en los términos de la
sentencia de unificación de perjuicios morales para los casos de privación de la
libertad26, de allí a que se negará la indemnización de perjuicios solicitada a su favor.

24
La señora Nancy del Carmen Guerrero Sedan respecto de la familia del señor Paz Preciado
manifestó “a mí me consta que ese señor pasó mucho trabajo con esa detención que le hicieron, la
familia sufrió mucho porque la persecución que le hicieron a él fue grave (…) esa gente todo lo que
tenían lo empeñaron y todo lo que tenían lo vendieron para poderlo sacar y quedaron sin nada (…)
ellos viven alquilados, porque no tienen una casa con que defenderse ni nada de eso, el sufrimiento
que esa gente llevó y salieron en periódico, en la televisión, esposado, siendo él inocente de todo lo
que le estaban haciendo, sí sé que a ese muchacho le hicieron bastante mal con la justicia, porque
cuando la persona es inocente y lo estaban buscando para llevárselo a Estados Unidos y cuando lo
cogieron lo mandaron para Bogotá pero menos mal que no lo llevaron a Estados Unidos (…) la
familia, toda su familia su unión, vendieron y empeñaron lo que tenían, la familia de él se unió y eso
fue la lucha de ellos, ellos sufrieron mucho, no encontraban que hacer, porque son personas que no
tienen recursos y no tienen nada, el sufrimiento de esa gente fue grande” (fls. 125 a 128 cdno. ppal.).
El señor Nicolás Anaya Sedan refirió: “vino el martirio para la familia por el problema que le pasó a
él, y ahí la persecución que le tenían a él, que lo andaban buscando (…) por ese problema tuve yo
que hacerme cargo yo de la familia prácticamente, o sea de la familia de Wilmar y de la familia mía,
entonces uno vive en un barrio en el que todo se sabe, y los comentarios le causaron problema a mi
hija que se la pasaba llorando, yo tenía unas prendas ahí y tuve que empeñarlas para ver si
colaboraba en los servicios y estar mandándole a él” (fls. 129 a 132 cdno. ppal.), la señora María
Ofelia Galván luego de señalar que los actores eran familiares del señor Wílmar Preciado manifestó:
“él era la mano derecha de la hija mía (…) y a partir de eso entonces teníamos que rebuscar plata
que no teníamos para llevarle el arriendo a donde estaba él, mi hija no quería comer casi porque le
daba pena que saliera eso en noticias (…) él no se merecía eso porque él es un hombre muy bueno,
entonces después se lo llevan, entonces lo mandan al día siguiente para Bogotá porque iba para la
cárcel de máxima seguridad y ya cuando se lo llevan, todavía mi peladita lloraba, su familia sufriendo
y cuando estaba allá en Combita a empeñar las cosas, a buscar plata donde no había para poder
llevarle las cositas a él, viajó su mamá, su papá, su hermana, mi hija a verlo. Cuando ya estaba allá
en Cómbita estábamos esperando el resultado de lo que iba a pasar, y como en mayo, yo recuerdo
que fue día de madres, el regresó porque ya le hicieron su cosa y encontraron que no tenía nada”
(fls. 117 a 120 cdno. ppal.).
25 Los actores Wilman David, Sandra Lucía y Maira Marcela Paz Preciado son hermanos del señor

Wílmar Paz Preciado, mientras que Aurelia Cuero de Preciado y Oleysa Eduviges Hernández Cuero
son sus abuelas, conforme los registros civiles de nacimiento aportados (fls. 30 a 33 cdo. ppal.).
26 Los testigos no hicieron distinción entre quienes eran hermanos y abuelas del actor, y si bien uno

de los testigos refirió que una abuela y hermana sufrieron, no precisó sus nombres de manera que
no se puede colegir a que actor se estaba refiriendo.

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Expediente 13001-23-31-000-2010-00441-01 (52.393)
Actor: Wílmar Paz Preciado y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

3.4.2 Perjuicios materiales

3.4.2.1 Daño emergente

La parte demandante pidió el reconocimiento de cinco millones de pesos
($5.000.000.,oo) por concepto de los gastos “que tuvo que sufragar el señor Wílmar
Paz, durante el tiempo en que estuvo sub judice y el que tuvo que sufragar sus
padres para trasladarse hasta la cárcel de combita de Boyacá”.

La Sala negará dicho perjuicio porque, si bien los testigos refirieron que los
familiares del señor Wílmar Paz Preciado tuvieron que viajar para visitarlo, en el
proceso no reposa ninguna prueba que demuestre las erogaciones que
manifestaron haber realizado.

3.4.2.1 Lucro cesante

La Sala encuentra que el señor Wílmar Paz Preciado para el momento en que fue
privado de su libertad no desarrollaba una actividad económica productiva, por
ende, por sustracción de materia, no es posible reconocerle una indemnización de
perjuicios de conformidad con el criterio de unificación jurisprudencial fijado por el
Consejo de Estado sobre esa precisa materia27.

En efecto, los testigos manifestaron que el señor Paz Preciado conoció de la
solicitud de extradición en el año 2006 y que por tal motivo dejó de laborar, de
manera que para el año 2008, año en el cual fue capturado, este no llevaba a cabo
una actividad económicamente productiva por la cual no es procedente la
indemnización que por este concepto se solicita en la demanda.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de julio de 2019, expediente 73001-23-31-

000-2009-00133-01 (44.572), MP Carlos Alberto Zambrano Barrera.

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Expediente 13001-23-31-000-2010-00441-01 (52.393)
Actor: Wílmar Paz Preciado y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

3.5 Daño al buen nombre

Los demandantes solicitaron una indemnización por concepto de daño a la vida de
relación y si bien esta tipología del perjuicio fue abandonada por la jurisprudencia28
lo cierto es que los actores solicitaron por este concepto una indemnización por los
perjuicios causados a partir de que el señor Wílmar Paz Preciado fue “tachado
como delincuente”, lo que corresponde a una afectación al buen nombre.

El buen nombre hace referencia a la buena opinión que se forma de una
determinada persona, es decir el concepto favorable que se tienen los congéneres
o la comunidad de alguien en particular.

Con la privación de la libertad se envía un mensaje a la sociedad que existen
razones válidas para la detención, esto significa que, según las reglas de la
experiencia, una restricción al derecho fundamental de libertad por la supuesta
comisión de un hecho punible produce necesariamente una afectación al derecho
al buen nombre en el seno de la familia y del círculo social o laboral del afectado,
esto es, la sola medida tiene la potencialidad suficiente para generar descrédito,
señalamiento o estigmatización y que por ser injusta la privación la víctima no tiene
porqué soportar la vulneración a su buen nombre; en este sentido no se podría
exigir en general una prueba específica porque dicha afectación se infiere de la
privación de la libertad, de allí que en estos casos la reparación del buen nombre
puede ser muy relevante para la víctima, incluso más que la indemnización
pecuniaria.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquellos casos en los que se
evidencia que la víctima ha sido ilegal y arbitrariamente privada de su libertad ha
ordenado como garantía destinada a restituir el derecho al buen nombre, que se

28Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 14 de septiembre de 2011,
expediente 38.222. MP Enrique Gil Botero.

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Expediente 13001-23-31-000-2010-00441-01 (52.393)
Actor: Wílmar Paz Preciado y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

hagan publicaciones en las que se indique que el afectado es ajeno a todos los
cargos que se le imputaron29.

Por encontrarse que existió una incriminación por la cual se le endilgó al señor
Wílmar Paz Preciado la comisión de un delito y que por tal razón era requerido en
extradición, la Sala evidencia una afectación al buen nombre del demandante que
fue referida por los testigos que rindieron declaración en el proceso, además del
extracto de una publicación de prensa escrita30, de suerte que se torna en una
afectación relevante a bienes derechos o derechos convencional y
constitucionalmente amparados.

En este asunto la Sala estima que la privación de la libertad que sufrió el
demandante, que fue injusta, trajo como consecuencia necesaria la afectación al
derecho al buen nombre en el seno de su familia y de su círculo social, por esto la
Sala encuentra que una forma adecuada de reparar este perjuicio es a través de la
rectificación como medida de reparación no pecuniaria y en tal sentido dispondrá
que la Fiscalía General de la Nación exprese disculpas al señor Wílmar Paz
Preciado por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto mediante de una
misiva dirigida al demandante.

Se ordenará, en consecuencia, a la Fiscalía General de la Nación que emita un
comunicado en el que se disculpe con la víctima por el perjuicio causado y
reconozca que él no era responsable de los delitos endilgados. De acuerdo con el
principio según el cual este tipo de reparaciones integrales debe concertarse con la
víctima, el demandante le informará a la demandada, dentro del mes siguiente a la
ejecutoria de esta providencia, si dicho documento solamente le será entregado en
físico a él o sí, además, desea que se publique en las plataformas de comunicación

29 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador,

sentencia de 21 de noviembre de 2007. En esta oportunidad, la Corte Interamericana se ocupó de
decidir el caso de dos personas que habían sido investigadas y privadas ilegalmente de su libertad
por supuestamente pertenecer a una organización dedicada al tráfico internacional de narcóticos. La
detención de las víctimas fue ilegal y se prolongó injustificadamente. Aunque el Estado ecuatoriano
ordenó que se quitaran las publicaciones y registros que hacían alusión a los ilícitos por los cuales
las víctimas fueron investigadas, la Corte precisó que si bien con ello se buscaba restituir del buen
nombre de los actores, como medida de reparación integral de las víctimas se debía realizar una
publicación en la cual se señalara específicamente que fueron ilegal y arbitrariamente privadas de
su libertad, lo anterior, con la finalidad de restituir el buen nombre y como garantías de no repetición.
30 En el proceso reposa un artículo de periódico en el cual se mencionó que el demandante fue

capturado con fines de extradición por la comisión de delitos relacionados con el narcotráfico.

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Expediente 13001-23-31-000-2010-00441-01 (52.393)
Actor: Wílmar Paz Preciado y otros
Reparación directa
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social y difusión de la entidad, y a ello se procederá una vez así sea comunicado.
De no hacerse ninguna manifestación durante este lapso, se entenderá que la
víctima opta porque las disculpas se expresen de manera privada, de modo que así
se cumplirá perentoriamente.

4. Conclusión

En síntesis, se declarará la responsabilidad patrimonial extracontractual de la
Fiscalía General de la Nación por motivo de la privación injusta de la libertad de la
que fue objeto el señor Wílmar Paz Preciado y, en consecuencia, se ordenará el
reconocimiento de los perjuicios que se encuentran probados en favor de él y los
familiares que integran la parte actora del proceso.

5. Costas procesales

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, en el
presente asunto no hay lugar a condenar en costas a las partes por cuanto no se
observa una conducta caprichosa o arbitraria.

En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°) Revócase la sentencia proferida por la Subsección Especial de Descongestión
del Tribunal Administrativo de Bolívar el 28 de julio de 2014 y, en su lugar,
dispónese lo siguiente:

PRIMERO: Declárase patrimonial y extracontractualmente responsable a
la Fiscalía General de la Nación por los daños antijurídicos causados por
la privación injusta de la libertad del señor Wílmar Paz Preciado.

SEGUNDO: Como consecuencia condénase a la Fiscalía General de la
Nación a pagar por concepto de indemnización por perjuicios morales lo
siguiente:

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Actor: Wílmar Paz Preciado y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

a) A favor del señor Wílmar Paz Preciado, la suma de seis (6) salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la
sentencia esta providencia.

b) A favor de cada uno de los actores Yéssica Anaya Galván, Wílmar
Jesús Paz Anaya, Wílman Paz González y Anauri Mileny Preciado Cuero
la suma de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la
fecha de ejecutoria de esta providencia.

TERCERO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Ordenáse a la Fiscalía General de la Nación que emita un
comunicado en el cual ofrezca disculpas al señor Wílmar Paz Preciado
por la afectación de su derecho al buen nombre, en los términos
expuestos en esta decisión.

QUINTO: La entidad condenada deberá dar cumplimiento a la sentencia
en los términos del artículo 176 del CCA y deberán reconocer intereses
sobre los valores debidos, si a ello hubiere lugar en la forma prevista en
el artículo 177 ídem y la sentencia C-188 de 1999.

SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia y con observancia de lo
dispuesto en el artículo 115 del CPC, expídase copia de la sentencia a las
partes.

2o) Sin condena en costas en esta instancia.

3º) En firme este fallo por Secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las correspondientes constancias secretariales.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Salvamento de voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
Firmado electrónicamente

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
integrantes de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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