Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 13001-23-31-000-2010-00706-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 13001-23-31-000-2010-00706-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 13001-23-31-000-2010-00706-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
30 de mayo de 2019
PRETENSIONES DE LA DEMANDA – Objeto / INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS ACTOS DEMANDADOS – Finalidad / PROCESO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN – Integración del acto definitivo / REQUISITO DE INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA – Cumplido
De conformidad con el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, aplicable al presente proceso, uno de los requisitos que debe contener toda demanda que se presenta en la jurisdicción contencioso administrativa, según lo previsto en el numeral 2º, es «Lo que se demanda», esto es, las pretensiones que constituyen el marco de decisión del juez dentro del proceso y permiten el adecuado ejercicio del derecho de defensa de la parte demandada. En concordancia con lo anterior, el artículo 138 del C.C.A. establece la individualización de las pretensiones, lo que implica precisar el acto cuya nulidad se pretende, de tal forma que no exista duda sobre el objeto de la demanda. Pues bien, en el presente asunto, se observa que en las pretensiones de la demanda, como lo señaló el Ministerio Público, no se incluyó la solicitud de nulidad de las Resoluciones 02 y 017 de 2009 expedidas por el Director del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena de Indias D.T. y C., sin embargo, la Sala advierte que la revisión de la actuación administrativa cuestionada permite concluir que dichos actos no integran el acto definitivo de la contribución de valorización asignada a los demandantes, pues lo regulado en esas resoluciones, fue modificado por la Resolución 2581 de 2009 expedida por la misma entidad distrital y que constituye el acto por el cual finalmente se distribuyó y asignó el gravamen, que es el asunto cuestionado por los demandantes (…) En ese contexto, las Resoluciones 02 y 017 de 2009, son actos que hacen parte de lo regulado por la Resolución 372 de 2008, que fue objeto de demanda y tanto su modificación y aclaración fueron hechos que se pusieron de presente por la parte actora en la demanda. Contra la Resolución 372 de 2008, aclarada y modificada por las Resoluciones 02 y 017 de 2009, los señores Miguel Barranco García y Héctor Manuel Rueda Lenis y la sociedad Inversiones y Desarrollo Barranco S.A. interpusieron recurso de reposición, el cual fue decidido mediante la Resolución 2112 del 21 de octubre de 2009, es decir que, contrario a lo afirmado por el Ministerio Público, en relación con las citadas resoluciones se agotó la vía gubernativa. Ahora bien, la Resolución 372 de 2008 del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena, junto con las Resoluciones 02 y 017 de 2009 que la aclaran y modifican, fueron objeto de modificación a través de la Resolución 2581 del 1º de diciembre de 2009 “Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 372 del 30 de enero de 2008, aclarada por la Resolución No. 02 de 02 de enero de 2009 y modificada por la Resolución 017 de 23 de enero de 2009”. (Subraya fuera de texto). (…) Como se advierte, los aspectos que motivaron la expedición de las Resoluciones 02 y 017 de 2009, esto es, la aclaración de la cifra del costo a distribuir y la actualización de la asignación individual de la contribución, fueron modificados y regulados integralmente en la Resolución 2581 de 2009. Del anterior recuento la Sala advierte: i) que la Resolución 2581 de 2009 es el acto que determinó de manera definitiva el valor de la contribución por valorización asignada a los propietarios o poseedores ubicados en la zona de influencia del proyecto Vía Transversal Isla Barú y ii) que los aspectos que fueron modificados y aclarados a través de las Resoluciones 02 y 017 de 2009 expedidas por el Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena, fueron a su vez modificados y regulados en la Resolución 2581 de 2009, cuya nulidad fue solicitada por los demandantes. En esas condiciones, en relación con el requisito la individualización de las pretensiones, no se advierte que la parte actora haya incurrido en alguna omisión que impida a la Sala pronunciarse de fondo sobre la controversia planteada.
FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 (C.C.A.) – ARTÍCULO 137 NUMERAL 2 / DECRETO 01 DE 1984 (C.C.A.) – ARTÍCULO 138
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PARA INTERPONER LA DEMANDA – Probada
De la revisión del expediente se advierte que los señores Héctor Manuel Rueda Lenis, Miguel Barranco y la sociedad Inversión y Desarrollo Barranco S.A. interpusieron recurso de reposición, (…) Dichos recursos fueron decididos mediante los Oficios VAL-DJ-6-2010-000811 del 21 de junio de 2010 y VAL-DJ-6-2010-000795 del 23 de junio de 2010, sin que la demandada hubiera cuestionado durante la actuación administrativa la legitimación de los demandantes, como propietarios de los predios antes mencionados. Ahora bien, los inmuebles antes mencionados sí corresponden a los cuestionados en la demanda, para lo cual se tienen en cuenta los poderes que fueron otorgados por los demandantes, (…) En relación con los predios 060-91045 y 060-091046 respecto de los cuales el Banco de Occidente otorgó poder para interponer la presente demanda, se advierte que, en virtud de la prueba de oficio decretada por la Sala mediante auto del 10 de octubre de 2018, se allegaron los respectivos Certificados de Tradición en los que consta que dichos predios fueron adquiridos por el Banco de Occidente al señor Miguel Barranco García y las escrituras públicas fueron registradas el 3 y 8 de septiembre de 2010, respectivamente, esto es, antes de ser interpuesta la presente demanda, lo cual ocurrió el 20 de octubre de 2010, por tanto, está demostrada su legitimación por activa.
TÉRMINO DE CADUCIDAD DE MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONTRA ACTO DE DETERMINACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN – Contabilización
Revisado el expediente no se advierte que haya sido aportada la constancia de notificación de los mencionados oficios, sin embargo, teniendo en cuenta que estos fueron expedidos el 21 y 23 de junio de 2010 y que la demanda fue presentada el 20 de octubre de 2010, según sello de la Oficina Judicial de Reparto que obra en el folio 27 del expediente, puede concluirse con la sola fecha de expedición, que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue incoada dentro del término de 4 meses previsto en el artículo 136 numeral 2º del C.C.A.
FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 (C.C.A.) – ARTÍCULO 136 NUMERAL 2
FIJACIÓN DE LA TARIFA DE CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA – Facultad constitucional / FIJACIÓN DE LA TARIFA DE CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA – Competencia. A través de las leyes, las ordenanzas y los acuerdos / FIJACIÓN DE LA TARIFA DE CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA – Condición. Deben señalar el sistema, el método para definir los costos y beneficios, así como la forma de hacer su reparto / SISTEMAS Y MÉTODOS PARA DEFINIR LOS COSTOS Y BENEFICIOS DEL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN – Concepto / MÉTODOS APLICABLES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA PARA DEFINIR EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN – Enunciación / SISTEMAS APLICABLES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA PARA DEFINIR EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN – Enunciación / FALTA O INSUFICIENTE MOTIVACIÓN DEL ACTO ACUSADO – Probada / MÉTODO UTILIZADO PARA DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN DEBE ESTAR FIJADO EN EL ACUERDO – No sustentado
De acuerdo con la norma constitucional y, para efectos del análisis propuesto en el presente asunto, se advierte que, en virtud de los principios de legalidad y certeza tributaria, son las leyes, las ordenanzas y los acuerdos, los que deben fijar directamente el sistema y el método para definir los costos o beneficios y la forma de hacer el reparto de la tasa o contribución. El artículo 338 C.P. también prevé que la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones, pero como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, «siempre y cuando la ley, ordenanza o acuerdo, señalen el sistema y el método para definir los costos y beneficios, así como la forma de hacer su reparto». En cuanto a los conceptos de “sistemas y métodos” para la contribución de valorización, «se ha entendido por parte de la jurisprudencia, con base en una interpretación coherente de la normatividad constitucional y la finalidad del precepto superior (art. 338), que los “métodos” son pautas técnicas encaminadas a la previa definición de los criterios que tienen relevancia en materia de tasas y contribuciones para determinar los costos y beneficios que inciden en una tarifa, y “los sistemas”, como las formas específicas de medición económica, de valoración y ponderación de los distintos factores que convergen en dicha determinación, es decir son directrices que obligan a la autoridad administrativa encargada de fijar la tarifa, y constituyen a la vez una garantía del contribuyente frente a la administración». Al respecto se advierte que, mediante el Acuerdo 010 de 2008, el concejo distrital de Cartagena expidió el Estatuto de Valorización, el cual, en el Título V – Capítulo Primero prevé “De los métodos de distribución para obras que causen beneficio directo y reflejo” y, en el artículo 58 ibidem, establece los métodos aplicables en la distribución de la contribución generada por una obra, así: ARTICULO 58°- Métodos de distribución.- En la distribución de la contribución generada por una obra, plan o conjunto de obras que causen beneficio directo y reflejo, se podrá utilizar cualquiera de los siguientes métodos: a. MÉTODOS DE LOS FRENTES. Consiste en la distribución del gravamen en proporción a la longitud de los frentes de los predios beneficiados directamente con la obra. b. MÉTODOS DE LAS ÁREAS. Consiste en la distribución proporcional del beneficio de acuerdo con la extensión superficiaria de los predios comprendidos dentro de la zona donde se irrigará el respectivo presupuesto o costo distribuible. c. MÉTODO DE LOS FRENTES Y ÁREAS. De conformidad con los ítems que conforman el presupuesto o cuadro de costos de la obra, la distribución tiene en cuenta que algunos rubros como el de adquisición de las zonas se distribuyen en función de las áreas y otros como el costo de las obras civiles, se irrigue en función de los frentes. d. MÉTODO DE DOBLE AVALÚO. Consiste en distribuir el presupuesto o costo en proporción a los mayores valores económicos de cada predio, deducidos mediante avalúos comerciales realizados por entidades competentes antes de iniciar la ejecución de la obra, plan o conjunto de obras y una vez concluidas las mismas. Este método sólo será aplicable cuando la distribución se realice con posterioridad a la terminación de la obra. e. MÉTODO DE LAS ZONAS. Mediante el trazado de una serie de líneas paralelas a la obra y asignación de un porcentaje del presupuesto o costo distribuible a cada una de las franjas, se determinarán en forma decreciente el beneficio a medida que se alejen del eje de la respectiva obra. La contribución será directamente proporcional al área del predio cobijado por la franja. Si un predio estuviere ubicado en más de una franja, se distribuirá el gravamen proporcionalmente a las áreas afectadas en cada una de ellas. El gravamen total será el resultante de la suma de los gravámenes parciales distribuidos. f. MÉTODO DE LOS FACTORES DE BENEFICIO.
Consiste en la distribución con base en unos factores o coeficientes numéricos, que califican las características diferenciales más sobresalientes de los predios y las circunstancias que los relacionan con las obras, escogido su valor entre los límites del beneficio generado por ellas. El producto o sumatoria de los factores parciales, genera el factor de distribución definitivo para cada predio. A un mismo predio podrá asignársele distintos coeficientes dividiéndolo en dos o más sectores, de acuerdo con sus características, con la finalidad de gravarla en las mejores condiciones de equidad. g. MÉTODO DE COMPARACIÓN. Sistema mediante el cual se determinan todas las características inherentes al beneficio de un predio, manzana catastral o sector tipo, con base en el cual se califica dentro de la zona de beneficio o a cada uno de los inmuebles, manzanas o sectores. Por lo demás, en relación con los “sistemas”, puede establecerse que, en el Acuerdo 010 de 2008, el Concejo Distrital reguló los sistemas en el artículo 57, así: ARTÍCULO 57°- Características de los predios.- Para los fines establecidos en el artículo 55 del presente Estatuto, El Departamento Administrativo de Valorización Distrital, elaborará un análisis de las características propias de los inmuebles y de aquellas que los relacionen con la obra, plan o conjunto de obras, teniendo en cuenta: a. La extensión superficial del inmueble b. El frente del predio c. La distancia entre el predio y la obra d. El acceso a la obra o conjunto de obras e. La forma del inmueble f. La topografía del terreno g. Los accidentes naturales como corrientes de agua, zonas pantanosas y otras fuentes de insalubridad h. La prestación y dotación de servicios públicos para viviendas ubicadas en sectores de baja estratificación i. La contribución económica que el beneficiario haya prestado voluntariamente para la ejecución de la obra, que será tenido en cuenta en todos los predios que conforman el globo para el cual constituyó su aporte inicial. Si el aporte consiste en la construcción de parte de la obra, solo se tendrá en cuenta cuando ésta cumpla las especificaciones técnicas requerida por la entidad ejecutante j. La destinación, intensidad y usos del terreno, así como los cambios, que antes, durante o después de realizada la obra, plan o conjunto de obras, generan y sean aprobadas por el organismo competente hasta un año después de su liquidación. k. Las condiciones socioeconómicas generales de los propietarios. l. Las afectaciones vigentes por planes debidamente aprobados por El Concejo Distrital certificados por la Secretaría de Planeación Distrital. (…) Ahora bien, para efectos de determinar si el Departamento de Valorización Distrital aplicó alguno de los métodos previamente señalados en el Acuerdo 010 de 2005, expedido por el Concejo Distrital, debe la Sala integrar a este análisis el cargo de falta o insuficiente motivación, por cuanto a juicio de los actores en los actos demandados no se estableció el método aplicado, como tampoco los cálculos realizados para determinar el valor de la contribución que fue asignada a los inmuebles de los actores.
Pues bien, revisados los fundamentos expuestos en la Resolución 2581 de 2009, no se establece por parte de la demandada el método utilizado para asignar la contribución de valorización, sin embargo, la Administración, al resolver los recursos de reposición interpuestos por los demandantes contra la Resolución 2581 de 2009 y sus anexos 3 y 4, afirmó que el método de distribución utilizado fue del “método de doble avalúo”, como se indica en la “memoria técnica”, que la constituye el estudio contratado por el Departamento de Valorización Distrital y que hace parte del fundamento de los actos cuestionados. (…) Sin embargo, en la demanda, los actores sustentaron el cargo de falta de motivación en que «[L]a Administración Distrital – Departamento Administrativo de Valorización Distrital- estableció, escogió y aplicó un método de distribución de la contribución para asignar el gravamen sin generar un soporte técnico ni indicarle al contribuyente los criterios ni las aristas del procedimiento que permitieran concluir en la cifra asignada». (negrillas fuera de texto). Pues bien, de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 del Estatuto de Valorización, la memoria técnica es la que contiene, además de otros aspectos, la fundamentación técnica y la operación del cálculo y distribución del gravamen. En esas condiciones, si el método escogido por la Administración fue el de “doble avalúo”, de acuerdo con el artículo 58 literal d) del Estatuto de Valorización, la obra respecto de la cual se realiza la distribución de la contribución de valorización (i) debía estar ejecutada para el momento en que se distribuyó la contribución de valorización y (ii) la memoria técnica debía dar cuenta de los avalúos comerciales realizados por entidades competentes a cada uno de los predios antes y después de realizada la obra. Revisada la memoria técnica y las demás pruebas aportadas al proceso, se observa que tales presupuestos no fueron cumplidos y no podían estar en dicho documento, pues para el momento en que se distribuyó y asignó la contribución de valorización – Resolución 2581 del 1º de diciembre de 2009- la vía estaba en construcción y, como se vio, dicho método solo puede aplicarse una vez concluida la obra, para poder comparar a través de avalúos comerciales realizados antes y después de ejecutada la obra los mayores valores económicos de cada predio. Por consiguiente, la contribución de valorización distribuida carece del soporte técnico exigido frente al método utilizado, conforme lo exige el Estatuto de Valorización Distrital. (…) En principio dicho método no está contemplado en el artículo 58 del Acuerdo 010 del 20 de mayo de 2005, expedido por el Concejo Distrital de Cartagena, pues su descripción tampoco puede encuadrarse en alguno de los métodos previamente establecidos por la corporación distrital, por lo que se reitera que, de conformidad con el artículo 338 C.P., el método debe estar fijado en el Acuerdo, por ende, el Departamento de Valorización Distrital no tenía competencia para su aplicación, pero además, el cálculo se fundamentó en unos avalúos iniciales que, según la memoria técnica, se realizarían a través de peritos, sin embargo, no constan ni en dicha memoria ni en los demás documentos, los dictámenes de los peritos, como tampoco se explican los criterios numéricos que se tuvieron en cuenta para fijar el valor inicial de cada uno de los inmuebles. Las anteriores razones son suficientes para dar prosperidad al recurso de apelación y, en consecuencia, declarar la nulidad parcial de las Resoluciones 372 de 2008 y 2581 de 2009 expedidas por el Departamento Administrativo de Valorización Distrital, en cuanto distribuyeron y liquidaron la contribución de valorización a los predios de propiedad de Miguel Barranco García, Héctor Manuel Rueda Lenis, Inversión y Desarrollo Barranco S.A. y Banco de Occidente.
A título de restablecimiento del derecho, se declarará que los predios de propiedad de Miguel Barranco García, Héctor Manuel Rueda Lenis, Inversión y Desarrollo Barranco S.A. y Banco de Occidente, objeto de la presente demanda no están obligados al pago de la contribución de valorización por concepto de la obra de Construcción de la Vía Transversal de Barú.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 338 / ACUERDO DISTRITAL DE CARTAGENA NO. 010 DE 2008 – ARTÍCULO 51 / ACUERDO DISTRITAL DE CARTAGENA NO. 010 DE 2008 – ARTÍCULO 57 / ACUERDO DISTRITAL DE CARTAGENA NO. 010 DE 2008 – ARTÍCULO 58
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 13001-23-31-000-2010-00706-01(23063)
Actor: MIGUEL BARRANCO GARCÍA Y OTROS
Demandado: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
FALLO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El Concejo Distrital de Cartagena expidió los Acuerdos 074 de 1995, 013 de 2003 y 018 de 2004, mediante los cuales: i) ordenó el cobro de la contribución por valorización por beneficio directo para la obra Sector Turístico-Vía Transversal Barú, ii) estableció la ejecución de obras por el sistema de valorización-beneficio directo del mejoramiento de la Vía Transversal Barú y iii) facultó al alcalde distrital para contratar la ejecución de las obras mencionadas, respectivamente.
El 20 de mayo de 2005, el Concejo Distrital de Cartagena de Indias expidió el Acuerdo 010 “Por el cual se adopta el Estatuto de Valorización del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias”.
El Departamento Administrativo de Valorización Distrital profirió la Resolución 372 del 30 de diciembre de 2008, “Por medio de la cual se determina y distribuye el costo de las obras del proyecto vial: Construcción y mejoramiento de la Vía Transversal Isla Barú, a financiarse con la contribución de valorización por el sistema de beneficio directo, y se asigna en forma individualizada dicha contribución, a cada uno de los inmuebles ubicados dentro de la zona de influencia del proyecto citado”. En los Anexos 7 y 8 se distribuyó de manera individualizada la contribución.
La anterior resolución fue aclarada por Resolución 02 del 02 de enero de 2009, expedida por el Director del Departamento Administrativo de Valorización Distrital para corregir un error de transcripción en el valor del monto a distribuir y modificada por la Resolución 017 de 2009, proferida por el mismo funcionario antes indicado, para actualizar el nombre de los propietarios de predios incluidos en la zona de influencia y que estaban relacionados en los Anexos 7 y 8 de la Resolución 372 de 2008.
Contra la Resolución 372 de 2008 y las resoluciones 02 y 017 de 2009, el señor Miguel Barranco García y la sociedad Inversión y Desarrollo Barranco S.A. interpusieron recurso de reposición, el cual fue decidido mediante Resolución 2112 del 21 de octubre de 2009, expedida por el Departamento Administrativo de Valorización Distrital, en la que se negó la solicitud de “revocatoria” de los anexos de la Resolución 372 de 2008 y se precisó que “al momento de efectuarse una nueva distribución del valor de la obra” esta se asignaría a los predios No. 0002000111024000, 0002000110250000 y 000200011019000, teniendo en cuenta el área correspondiente de cada uno de ellos.
Mediante Resolución 2581 del 1º de diciembre de 2009, el Departamento Administrativo de Valorización Distrital modificó la Resolución 372 del 30 de diciembre de 2008, aclarada por la Resolución 02 de 2009 y modificada por la Resolución 017 de 2009, en el sentido de fijar nuevamente el costo total a distribuir y revisar la distribución y asignación de la contribución de valorización, por lo cual se actualizó el cálculo que le correspondía a cada uno de los inmuebles beneficiados, teniendo en cuenta las consultas y recursos interpuestos. En los anexos 3 y 4 se encuentran las tablas de riegue y asignación individual.
Contra el anterior acto, los señores Héctor Manuel Rueda Lenis y Miguel Barranco García y la sociedad Inversión y Desarrollo Barranco S.A., en calidad de propietarios de predios frente a los cuales se liquidó la contribución por valorización, interpusieron recursos de reposición, los cuales fueron decididos mediante los Oficios VAL-DJ-6-2010-000811 del 21 de junio de 2010 y VAL-DJ-6-2010-000795 del 23 de junio de 2010.
DEMANDA
Miguel Barranco García, Héctor Manuel Rueda Lenis, Inversión y Desarrollo Barranco S.A. y el Banco de Occidente S.A., a través de apoderado y en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitaron lo siguiente:
«1. Que se declaren nulos los actos administrativos Resolución 372 de 2008 y en especial sus anexos 7 y 8, Resolución 2112 de 2009, Resolución 2581 de 2009 y en especial sus anexos 3 y 4, la Comunicación VAL-DJ-6-2010000811 fechada el 21 de junio de 2010 y la Comunicación VAL-DJ-6-2010000795 fechada el 23 de junio de 2010, mediante las cuales se determinó e irrigó la contribución de valorización se decidió en vía gubernativa para con los predios de mis poderdantes.
2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias – Departamento Administrativo de Valorización Distrital devolver las sumas de dinero que hayan sido pagadas al momento de dictar sentencia como cuotas de contribución de valorización para los predios de mis poderdantes.
3. Que como consecuencia de lo anterior se ordene al Concesionario del contrato de concesión No. VAL- 02-06 cuyo objeto es la Construcción y Mejoramiento de la Vía Transversal Isla Barú, que se excluya a mis poderdantes: el señor Miguel Barranco García, la sociedad Inversión y Desarrollo Barranco S.A. el señor Héctor Rueda Lenis y el Banco de Occidente S.A., como deudores de la obligación derivada de la contribución.
4. (…)»
Invocaron como disposiciones violadas, las siguientes:
Artículos 4, 6, 23, 29, 121, 123 inciso 2 y 338 de la Constitución Política.
Por bloque de constitucionalidad, artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Artículos 5, 6, 9, 22, 34, 56, 59 y 69 del Código Contencioso Administrativo.
Artículos 18 a 39, 51, 57, 64 y 97 del Acuerdo 010 de 2005, expedido por el Concejo Distrital de Cartagena.
Como concepto de la violación expusieron, en síntesis, lo siguiente:
Nulidad por incompetencia y falsa motivación. Con fundamento en la Constitución Política, explicaron que, en materia de contribuciones, la definición del método para definir los costos y beneficios y la forma de hacer el reparto de la contribución corresponde al Congreso de la República, las asambleas departamentales y a los concejos distritales y municipales.
Señalaron que lo anterior hace evidente que, en este caso, el Departamento de Valorización Distrital estableció el método y la forma de reparto de la contribución sin competencia para ello. Dicho vicio, a su vez, hace que la Resolución 2581 de 2009 y sus Anexos 3 y 4, modificatorios de la Resolución 372 de 2008, incurran en falsa motivación respecto de las normas que facultan al funcionario para su expedición.
Nulidad por insuficiencia de motivación de la Resolución 2581 de 20009 y sus anexos modificatorios de la Resolución 372 de 2008. Señalaron que la Administración distribuyó la contribución para los predios de los demandantes, para lo cual estableció y aplicó un método de distribución sin generar un soporte técnico ni indicarle al contribuyente el procedimiento que dio como resultado el valor a pagar.
Manifestaron que en los actos administrativos demandados no está indicado ni justificado técnicamente que los criterios previstos en el Estatuto de Valorización Distrital hayan sido aplicados para fundamentar el método escogido y que permita establecer la tarifa del gravamen, lo cual constituye una ausencia probatoria en la expedición del acto administrativo que deriva en insuficiente motivación.
Sostuvieron que lo anterior hace evidente el desconocimiento del derecho de defensa, pues el administrado no puede discutir la asignación de un gravamen más allá de lo determinado al no poder establecer el método aplicado y la forma como se llegó al valor distribuido.
Reiteraron que desconocen los criterios que constituyeron el método aplicado, pues no existe razón lógica para llegar de un número de metros cuadrados a un gravamen en millones dentro de los actos administrativos.
Nulidad por violación al debido proceso. Los artículos 18 a 39 del Acuerdo 010 de 2005 del Concejo Distrital de Cartagena prevén la obligatoriedad de la participación de los beneficiados de una obra en el proceso del sistema de la contribución por valorización. En virtud de lo anterior, los propietarios y poseedores deben intervenir en la formación del presupuesto, distribución de la contribución y vigilancia de la inversión, así como participar en reuniones de la Comisión Asesora de Valorización y conocer los datos e informes relativos al proceso de valorización.
Afirmaron que no existe prueba que la participación antes mencionada se haya garantizado a los demandantes por la Administración, la cual es obligatoria como parte de la formación del acto administrativo que fija el presupuesto y determina la contribución.
Manifestaron que los artículos 51 a 64 del Acuerdo 010 de 2005 del Concejo Distrital de Cartagena establecen la obligatoriedad de consignar en una memoria técnica explicativa la fundamentación de los sectores beneficiados con la contribución, operación de cálculo y distribución del gravamen.
Dijeron que el estudio realizado por el consultor Alfonso Restrepo Márquez, constituye una recomendación a aplicar y no una fundamentación técnica frente a cada predio de los actores y que se encuentran en la zona de influencia continental.
Explicaron que el artículo 89 del Estatuto de Valorización Distrital previó que el futuro contribuyente, una vez notificado o con conocimiento de los actos que le asignan la contribución, consultara al Departamento Administrativo de Valorización Distrital en relación con la verificación, corrección y aclaración de las dudas alrededor del gravamen, para lo cual, los contribuyentes tienen un plazo de 45 días a partir de la notificación del acto que fija el gravamen y, por su parte, la Administración tiene 60 días para responder.
Indicaron que el 9 de marzo de 2010, una vez notificados de la Resolución 2581 de 2009 y sus anexos 3 y 4 modificatorios de la Resolución 372 de 2008, elevaron una consulta a la Administración para solicitar la explicación del método de distribución, correspondencia del valor del metro cuadrado según la obligación del predio y el gravamen impuesto a predios de las mismas características.
Señalaron que para la fecha en la que se interpuso el recurso de reposición contra el acto que fijó la contribución, la consulta no había sido respondida, lo cual desconoce el principio de doble instancia y de vía gubernativa.
Alegaron que al interponer los recursos de reposición se solicitó la práctica de una “inspección judicial” a los predios y al concesionario de la obra, pero fueron negadas, con fundamento en que la oportunidad probatoria había precluido, lo cual desconoció los derechos de defensa de los actores.
Nulidad por inobservancia de la norma superior y aplicación de la excepción de inconstitucionalidad. Insistieron en que los artículos 9, 47 y 54 del Acuerdo 010 de 2005 del Concejo Distrital de Cartagena delegaron en una autoridad administrativa la definición del sistema y método para determinar el costo y beneficio de la valorización, en clara violación del artículo 338 de la Constitución Política, razón por la cual, el director del Departamento Administrativo de Valorización Distrital debió inaplicar dichas disposiciones de la normativa distrital, con fundamento en el artículo 4º C.P.
Nulidad por incompetencia del contratista. Sostuvieron que los aspectos técnicos y que fundamentan la distribución del gravamen fueron desarrollados por el contratista Alfonso Restrepo Márquez, por lo que es claro que no existe competencia para que un particular establezca el método y el sistema, pues es exclusiva de las corporaciones públicas.
OPOSICIÓN
El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias se opuso a las pretensiones de la demanda, por lo siguiente:
Expuso que el Departamento Administrativo de Valorización Distrital tiene a su cargo la asignación individual y cobro de la contribución por beneficio directo de determinadas obras que se ejecuten en el distrito, conforme al estatuto de valorización que fija el procedimiento para ello.
Señaló que una cosa es la imposición del gravamen, que le corresponde al legislativo municipal, y otra, la asignación individual que es competencia de la oficina de valorización, por tanto, la regulación del ente demandado en nada se opone a la Constitución, ni los actos acusados incurren en vicios de incompetencia o de falta de motivación.
Resaltó lo señalado en la página 3 de la Resolución 2581 de 2009 en la cual se precisa que se revisó y actualizó la distribución y asignación de la contribución de valorización, de acuerdo con las consultas y recursos interpuestos contra la Resolución 372 del 2008.
Indicó que si bien es cierto en la Resolución 2581 de 2009 no se hace referencia al soporte técnico, ello no significa que no existiera y de hecho en las comunicaciones que resolvieron las consultas y los recursos de reposición se explicó tal punto.
Afirmó que en la Resolución 2112 de 2009, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 372 de 2008, ambos actos expedidos por el Departamento de Administrativo de Valorización Distrital, se explicó que los propietarios y poseedores asistieron a la reunión que se realizó el 5 de septiembre de 1997 y, como resultado de esta, se eligieron a 3 representantes de los propietarios, quienes desde ese momento desempeñaron sus funciones y acudieron a las distintas reuniones en las que se informó sobre temas del proyecto y avances de la obra.
Manifestó que las consultas formuladas fueron atendidas y que la petición de pruebas fue extemporánea, con lo cual se pretendía dilatar un trámite administrativo, en el que no era posible reabrir etapas concluidas.
En cuanto a la excepción por inconstitucionalidad, reiteró que debía diferenciarse la imposición del gravamen de la asignación individual e indicó que de acuerdo con el artículo 317 C.P., los municipios pueden gravar la propiedad inmueble para fortalecer el régimen fiscal municipal y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus finalidades.
Frente a la incompetencia del contratista, argumentó que tal situación en nada afecta la legalidad de los actos demandados, pues si se requiere de profesionales idóneos en materias específicas para adelantar estudios profundos que no pueden realizarse con el personal de la demandada, es válido acudir a procesos contractuales bajo la estricta supervisión e interventoría de la oficina de valorización.
Finalmente, propuso las siguientes excepciones:
Improcedencia de la nulidad invocada: porque no existen causales que afecten la legalidad de los actos demandados.
Caducidad de la acción: en el proceso no existe prueba de la fecha en que fueron notificadas las comunicaciones mediante las cuales quedó agotada la vía gubernativa, adicionalmente si dichas comunicaciones guardan relación con todos los predios que se citan en la demanda.
Excepciones innominadas: Solicitó que se declaren probadas todas aquellas que sean advertidas por el juez al momento de dictar sentencia.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Bolívar negó las súplicas de la demanda, por lo siguiente:
Luego de hacer referencia al marco normativo y jurisprudencial de la contribución de valorización, estimó el a quo que el Concejo Distrital de Cartagena, a través del Acuerdo 010 de 2005, fijó los elementos del tributo y estableció los métodos y sistemas, pero es el Departamento Administrativo de Valorización Distrital el encargado del cobro de la contribución con base en los métodos y sistemas señalados en dicho Acuerdo, lo cual quiere decir que no está demostrada la usurpación de funciones por parte de la dependencia del orden distrital.
En relación con la alegada ausencia de base técnica que justifique el valor de la contribución, el Tribunal señaló que en los considerandos de la Resolución 372 de 2008 y en las comunicaciones que absolvieron las consultas formuladas por los demandantes, se observa que sí hubo una base técnica que permitió justificar el valor de la contribución, concretamente, el informe final del sector de Pasacaballos Zona Continental y el informe final del sector Barú Zona Insular del mes de noviembre de 2007 y 2008, respectivamente, elaborados por el consultor Ingeniero Alfonso Restrepo Márquez, lo cual también descarta la insuficiencia en la motivación de la Resolución 2581 de 2009 y sus anexos modificatorios de la Resolución 372 de 2008.
Señaló que en el expediente reposa un CD que contiene las actas de posesión del cargo de los representantes de los propietarios del proyecto vial Barú, comunicado de prensa sobre el proceso de selección de la junta de representantes, acta de votación y escrutinio, edicto en el que el Departamento de Valorización Distrital citó a los propietarios de los inmuebles situados dentro de la zona de citación aprobada por la Alcaldía de Cartagena en la Resolución 138 de 1997.
Precisó que, si bien las anteriores actuaciones se realizaron antes de la expedición del Acuerdo 010 de 2005, el artículo 121 de este mismo acto prevé que dicho Estatuto de Valorización se aplicará a las contribuciones de las obras que están en curso, respecto de actos no cumplidos. Por lo anterior, indicó que, en este caso, la elección de representantes se realizó con la reglamentación que estaba vigente antes del mencionado Acuerdo.
Explicó que el hecho que no se hubiera puesto en conocimiento la memoria técnica que determinó los valores a pagar, no significa que no exista, la cual es fundamento de las contribuciones y fue allegada al proceso.
En cuanto a la decisión de la Administración de negar la práctica de la inspección a los predios con exhibición de los documentos de la oficina del concesionario, el Tribunal se remitió a las conclusiones del dictamen pericial practicado en esta instancia, según las cuales, aunque la obra tenía por objeto el desarrollo turístico de la Isla de Barú, no significa que los predios involucrados deban tener vocación turística, pues el objetivo de la obra también incluye el mejoramiento del acceso a la isla.
Concluyó que, en todo caso, contrario a lo señalado por el demandante, no se desconoció el principio de legalidad, los derechos al debido proceso y defensa, toda vez que en este proceso se ordenó la inspección judicial.
Precisó el Tribunal que es la misma Constitución la que faculta a los Concejos municipales y distritales para que permitan que las autoridades administrativas fijen las tarifas de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, por lo que el Acuerdo 010 de 2005 no contradice la Carta Política.
Finalmente, señaló que los métodos de distribución de valorización fueron previstos por el Concejo Distrital en el Acuerdo 010 de 2005 y no los establece el contratista. Agregó que el ingeniero Alfonso Restrepo realizó un estudio de factibilidad socioeconómica para la distribución y recaudo de valorización, el cual solo puede ser efectuado por un profesional idóneo para ello.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte actora, inconforme con la decisión de primera instancia, apeló la sentencia con los siguientes argumentos:
Insistió en la nulidad por usurpación de competencia del Departamento de Valorización Distrital al determinar el sistema y método para el cobro de la valorización. Indicó que el Acuerdo 010 de 2005 del Concejo Distrital de Cartagena lo que hizo fue simplemente enunciar los diferentes métodos que existen, sin señalar, ordenar o prescribir, cuál de ellos se debería utilizar al distribuir la contribución de valorización, por lo que dejó que la administración escogiera libremente dichos métodos y sistemas como lo prevé el parágrafo del artículo 55 del mencionado Acuerdo.
Precisó que lo anterior se demuestra también en el estudio o memoria técnica en la que dice que se fundamenta la contribución, toda vez que el consultor utilizó el método de doble avalúo, el cual solo puede ser observado en obras ya terminadas, según lo dispuesto en el artículo 55 del mencionado Acuerdo, sin embargo, las obras por las cuales se cobró la valorización estaban en proyecto como lo señalan las resoluciones 2581 y 372 de 2008.
Resaltó que la propia Administración reconoce que señaló y fijó el método y sistema para definir los costos y beneficios de la contribución de valorización, con lo cual asumió una competencia exclusiva del Concejo Distrital de Cartagena.
Reiteró que en los actos demandados no está indicado y justificado que los criterios para determinar la contribución de valorización fueron aplicados con la finalidad de fundamentar el método escogido y que, consecuentemente, permitan establecer la tarifa del gravamen, lo cual, además, impidió ejercer el derecho de defensa de los contribuyentes.
Sostuvo que el Departamento Administrativo de Valorización Distrital afirma que el estudio contratado especifica el método técnico escogido y proyecta sobre el mismo la existencia de todos los estudios que el Acuerdo 010 de 2005 prescribe para la imposición del gravamen, sin embargo, las consideraciones allí consignadas no justifican un método técnico y legal que especifique el beneficio estimado de los predios de los demandantes ni la capacidad de pago del contribuyente.
Indicó que, contrario a lo señalado por el Tribunal, el proceso de selección de los representantes de los propietarios debió adecuarse a lo previsto en el Acuerdo 010 de 2005, porque en el artículo 121 ibidem, se indica que el procedimiento allí previsto se aplica para las contribuciones que se distribuyan con posterioridad a su vigencia.
Afirmó que el estudio del ingeniero Alfonso Restrepo Márquez constituye una recomendación a aplicar, pero no una fundamentación técnica frente a cada predio. En cualquier caso, si este se acogió como memoria técnica debió ser publicado mediante una resolución o acto administrativo, para brindar la posibilidad a los contribuyentes de controvertirlo, en especial si de este se deriva el método que utilizó la administración en la distribución del riegue.
En relación con la decisión de la Administración de no acceder al decreto de pruebas solicitadas, sostuvo que no entiende por qué el Tribunal en este punto se remitió al dictamen pericial sin realizar mayor análisis.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, solicitó que el análisis del recurso se circunscriba a los cargos planteados en la demanda y precisó lo siguiente:
Indicó que el perito, a pesar de tener todo el material probatorio necesario, omitió realizar un análisis profundo y detallado de la información sometida a su consideración.
Resaltó que la parte actora no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 138 del C.C.A., por cuanto omitió demandar todos los actos administrativos, concretamente las Resoluciones 02 del 2 de enero de 2009 y sus anexos y 017 del 23 de enero de 2009, las cuales forman un todo indivisible con la Resolución 2581 de 2008.
Indicó que la parte actora no demostró su legitimidad en la causa por activa, por cuanto no demostraron ser los propietarios de los inmuebles objeto de contribución de valorización, lo cual se prueba con el registro del título en la oficina de registro de Instrumentos Públicos, como lo señaló la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 13 de mayo de 2014, Exp. 23128, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.
Los señores Miguel Barranco García y Héctor Manuel Rueda Lenis y la sociedad Inversión y Desarrollo Barranco S.A., a través de apoderada, insistieron en los argumentos expuestos en el recurso de apelación y puntualizaron lo siguiente:
Señalaron que en el documento que la Administración considera memoria técnica, el consultor precisa que el método utilizado para distribución de la contribución de valorización, es una mezcla del doble avalúo promedio, con lo cual se desconoce que, de conformidad con el artículo 55, literal d) del Acuerdo 010 de 2005 del Concejo Distrital de Cartagena, dicho método sólo es aplicable cuando la distribución se realice con posterioridad a la obra, es decir, que se requiere hacer avalúos antes y después de ejecutada la obra, pero la supuesta memoria técnica no tiene tales estudios.
Sostienen que la Administración impuso a los dueños de los predios afectados con la contribución una carga diferente a predios en condiciones iguales, localizados fuera de la zona de afectación, sin que se argumente razón técnica o jurídica para justificar tal actuación, lo cual impide ejercer el derecho de defensa.
El Banco de Occidente S.A., a través de apoderado, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
El Ministerio Público solicitó a la Sala inhibirse de un pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda, toda vez que las Resoluciones 02 y 017 de enero de 2009, mediante las cuales se aclaró y modificó la Resolución 372 de 2008 que distribuyó y asignó en forma individual el costo total de la construcción y mejoramiento de la vía Barú, no fueron demandadas y, además, contra ellas no se interpuso el recurso de reposición.
Sostuvo que ni en los argumentos del concepto de violación ni en las pretensiones se señaló que dichas resoluciones fueron objeto de demanda, teniendo en cuenta que en ambas se alteró el costo total de la obra objeto de la contribución por valorización.
Explicó que tales resoluciones debían ser demandadas, porque conforman el acto definitivo, razón por la cual, en virtud del principio de justicia rogada que se infiere del artículo 138 del C.C.A., debían ser individualizadas, demandarse y hacerles extensivos a ellas los motivos de violación.
Prueba de oficio. Por auto del 10 de octubre de 2018, la Sala ofició a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que allegara el certificado de tradición y libertad de los inmuebles identificados con los números de Matrícula Inmobiliaria: 060-91045 y 060-91046, ubicados en la ciudad de Cartagena.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala determinar la legalidad de los actos administrativos demandados mediante los cuales se asignó y liquidó a los actores la contribución por valorización, por la construcción y mejoramiento de la Vía Transversal – Isla Barú, en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
Cuestiones previas
Previo al análisis de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala debe pronunciarse sobre las excepciones formuladas por la parte demandada en el escrito de contestación y que no fueron objeto de análisis por el a quo, así como la señalada por el Ministerio Público, toda vez que la prosperidad de alguna de las excepciones invocadas impediría un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones planteadas por la parte actora.
Individualización de los actos demandados.
De conformidad con el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, aplicable al presente proceso, uno de los requisitos que debe contener toda demanda que se presenta en la jurisdicción contencioso administrativa, según lo previsto en el numeral 2º, es «Lo que se demanda», esto es, las pretensiones que constituyen el marco de decisión del juez dentro del proceso y permiten el adecuado ejercicio del derecho de defensa de la parte demandada.
En concordancia con lo anterior, el artículo 138 del C.C.A. establece la individualización de las pretensiones, lo que implica precisar el acto cuya nulidad se pretende, de tal forma que no exista duda sobre el objeto de la demanda.
Pues bien, en el presente asunto, se observa que en las pretensiones de la demanda, como lo señaló el Ministerio Público, no se incluyó la solicitud de nulidad de las Resoluciones 02 y 017 de 2009 expedidas por el Director del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena de Indias D.T. y C., sin embargo, la Sala advierte que la revisión de la actuación administrativa cuestionada permite concluir que dichos actos no integran el acto definitivo de la contribución de valorización asignada a los demandantes, pues lo regulado en esas resoluciones, fue modificado por la Resolución 2581 de 2009 expedida por la misma entidad distrital y que constituye el acto por el cual finalmente se distribuyó y asignó el gravamen, que es el asunto cuestionado por los demandantes, como pasa a explicarse.
La Resolución 372 del 30 de diciembre de 2008 del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena de Indias D.T. y C. determinó y distribuyó inicialmente el costo de las obras del proyecto vial Construcción y Mejoramiento de la Vía Transversal Isla Barú, que se financiaría con la contribución de valorización por beneficio directo, para lo cual asignó en forma individualizada dicha contribución a cada uno de los inmuebles ubicados dentro de la zona de influencia.
El anterior acto administrativo fue objeto de aclaración y modificación, así:
Aclaración. Mediante la Resolución 02 del 2 de enero de 2009 del director del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena, se aclaró la Resolución 372 de 2008, porque «se cometió un error involuntario de transcripción, tanto en la parte considerativa como en la resolutiva, al indicar la cifra, en números, correspondiente al costo total a distribuir (…)» (Subraya fuera de texto), tal como se evidencia en el siguiente cuadro:
Resolución 372 del 2008
Resolución No. 02 del 2009
(Aclaración)
ARTÍCULO SEGUNDO: MONTO A DISTRIBUIR.- Distribuir la suma por valor total de CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 53.042.641.644), suma esta desglosada en el ANEXO No. 2 (…) de las obras del componente vial del proyecto “Vía Transversal Isla Barú”, distribuida entre los propietarios ubicados en la zona de influencia (…)(Subraya fuera de texto)
ARTÍCULO TERCERO: El artículo segundo de la Resolución No. 372 de 30 de diciembre de 2008 quedará así:
“ARTÍCULO SEGUNDO: MONTO A DISTRIBUIR.- Distribuir la suma por valor total de CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 53.042.641.444), ), suma esta desglosada en el ANEXO No. 2 (…) de las obras del componente vial del proyecto “Vía Transversal Isla Barú”, distribuida entre los propietarios ubicados en la zona de influencia (…) (Subraya fuera de texto)
Modificación. Mediante la Resolución 017 del 23 de enero de 2009, la Administración modificó la Resolución 372 de 2008, porque, según sus considerandos, «verificada la información actual de los predios relacionados en el Anexo No. 1, se establece que en los respectivos certificados de Tradición expedidos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, se encuentran anotaciones mediante las cuales se inscriben como propietarios de dichos inmuebles, personas naturales o Jurídicas diferentes en los Anexos No. 7 y No. 8 de la Resolución 372 de 2008, aclarada por la Resolución No. 02 del 02 de enero de 2009, lo cual hace necesario actualizar los datos referentes a los propietarios contenidos en el riegue de la contribución de valorización por las obras del proyecto vial (…)». (Negrilla fuera de texto)
Por lo anterior, como parte integrante de la Resolución en mención se incluyeron los Anexos 1 y 2 en los que se actualizan los nombres de algunos de los propietarios y el valor del gravamen que recae sobre cada uno de los inmuebles allí relacionados.
En ese contexto, las Resoluciones 02 y 017 de 2009, son actos que hacen parte de lo regulado por la Resolución 372 de 2008, que fue objeto de demanda y tanto su modificación y aclaración fueron hechos que se pusieron de presente por la parte actora en la demanda.
Contra la Resolución 372 de 2008, aclarada y modificada por las Resoluciones 02 y 017 de 2009, los señores Miguel Barranco García y Héctor Manuel Rueda Lenis y la sociedad Inversiones y Desarrollo Barranco S.A. interpusieron recurso de reposición, el cual fue decidido mediante la Resolución 2112 del 21 de octubre de 2009, es decir que, contrario a lo afirmado por el Ministerio Público, en relación con las citadas resoluciones se agotó la vía gubernativa.
Ahora bien, la Resolución 372 de 2008 del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena, junto con las Resoluciones 02 y 017 de 2009 que la aclaran y modifican, fueron objeto de modificación a través de la Resolución 2581 del 1º de diciembre de 2009 “Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 372 del 30 de enero de 2008, aclarada por la Resolución No. 02 de 02 de enero de 2009 y modificada por la Resolución 017 de 23 de enero de 2009”. (Subraya fuera de texto).
En los considerandos de la Resolución 2581 de 2009, la Administración explicó lo siguiente:
«Que mediante la Resolución No. 372 de 30 de diciembre de 2008, expedida por el Departamento Administrativo de Valorización Distrital, aclarada por la Resolución No. 02 de 02 de enero de 2009, y modificada por la Resolución 017 de 23 de enero de 2009, se determinó y distribuyó el costo de las obras del proyecto vial: Construcción y Mejoramiento de la Vía Transversal Isla Barú, a financiarse con la contribución de valorización por el sistema de beneficio directa, y se asignó en forma individualizada dicha contribución, a cada uno de los inmuebles ubicados dentro de la zona de influencia del proyecto referido.
Que en uso de la facultad para formular consultas establecida por el Artículo 89 del Acuerdo 010 de 20 de mayo de 2005, los propietarios y/o poseedores de predios ubicados dentro de la zona de influencia del proyecto, manifestaron observaciones respecto de las áreas de los predios, sobre asuntos técnicos de la obra, financieros y estudio de Riegue.
Que con fundamento en las observaciones al riegue y a la solicitud de los propietarios y/o poseedores de los predios ubicados en la zona de influencia del proyecto, de racionalizar los costos del mismo, se adelantaron ajustes al proyecto y al riegue, para lo cual se efectuaron mesas de trabajo en las cuales se realizó análisis general a partir de estudios realizados con ocasión de dichas reuniones, lo cual permitió establecer los ajustes, sin ir en detrimento de la calidad y estabilidad del proyecto.
Que los ajustes efectuados exigieron una reformulación del presupuesto del proyecto y del programa de obras.
Que con la finalidad de materializar las conclusiones de las mesas de trabajo, se suscribió el modificatorio No. 2 del 23 de Noviembre de 2009, al contrato VAL 02- 06 celebrado entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el Consorcio Vial Isla Barú, en el cual se estableció como costo total a distribuir el valor de CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($54.584.154.101,91) suma desglosada en ANEXO No.1.
Que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias destinó la suma de siete mil millones de pesos ($ 7.000.000.000) como parte de pago del costo total del proyecto, conforme al artículo octavo del Acuerdo No. 024 de septiembre 4 de 2006 que modifica el artículo primero literal (A) del acuerdo No. 08 de 16 de mayo de 2006, valor que ya fue cancelado.
Que el costo neto total a distribuir del componente vial del proyecto, a financiar por valorización, asciende al valor de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS PESOS. ($47.584.154.102.oo), suma esta desglosada en el ANEXO No.2.
Que para la distribución y asignación de la contribución de valorización, se ha revisado y actualizado el cálculo que le corresponde a cada uno de los inmuebles beneficiados con el proyecto, teniendo en cuenta las consultas y recursos interpuestos por los propietarios a la Resolución No. 372 del 28 de Diciembre de 2.008.
Que en atención al costo ajustado, a las modificaciones respecto de áreas de predios ubicados dentro de la zona de influencia, y a la revisión y actualización del Riegue, se procederá en la parte resolutiva a la asignación y distribución del valor de las obras». (Subraya y negrillas fuera de texto).
De manera coherente con los considerandos transcritos, en la parte resolutiva de la mencionada Resolución 2581 del 1º de diciembre de 2009, se dispuso, de manera general, sobre lo siguiente: costo total a distribuir, monto neto a distribuir, asignación individual, forma de pago, plazos, notificación, ejecutoria, recurso e inscripción. De esta Resolución hacen parte integrante 4 Anexos, de los cuales los Anexos 3 y 4 corresponden al riegue de la contribución de manera individualizada a cada propietario o poseedor.
Como se advierte, los aspectos que motivaron la expedición de las Resoluciones 02 y 017 de 2009, esto es, la aclaración de la cifra del costo a distribuir y la actualización de la asignación individual de la contribución, fueron modificados y regulados integralmente en la Resolución 2581 de 2009.
Del anterior recuento la Sala advierte: i) que la Resolución 2581 de 2009 es el acto que determinó de manera definitiva el valor de la contribución por valorización asignada a los propietarios o poseedores ubicados en la zona de influencia del proyecto Vía Transversal Isla Barú y ii) que los aspectos que fueron modificados y aclarados a través de las Resoluciones 02 y 017 de 2009 expedidas por el Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena, fueron a su vez modificados y regulados en la Resolución 2581 de 2009, cuya nulidad fue solicitada por los demandantes.
En esas condiciones, en relación con el requisito la individualización de las pretensiones, no se advierte que la parte actora haya incurrido en alguna omisión que impida a la Sala pronunciarse de fondo sobre la controversia planteada.
Agotamiento de la vía gubernativa y legitimación en la causa para interponer la demanda.
En la contestación de la demanda, la apoderada de la accionada cuestionó dentro de la excepción de caducidad, que se estudiará a continuación, que los predios que fueron objeto de pronunciamiento en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 2581 de 2009, hayan sido los mismos que ahora son objeto de demanda.
Sobre este punto, se observa que contra la Resolución 2581 de 2009 procedía el recurso de reposición, dentro de los 5 días siguientes a su notificación, ante la Dirección del Departamento Administrativo de Valorización Distrital. [art. 10 íb.]
De la revisión del expediente se advierte que los señores Héctor Manuel Rueda Lenis, Miguel Barranco y la sociedad Inversión y Desarrollo Barranco S.A. interpusieron recurso de reposición, así:
Referencia Catastral
No. De Matrícula Inmobiliaria
Propietario
(según Res. 2581/08)
Determinación de la contribución en la Resolución 2581/09
Recurso de reposición
000200011039000
060-182772
Héctor Manuel Rueda Lenis
Renglón 234
Fl. 314
000200011040000
060-182773
Héctor Manuel Rueda Lenis
Renglón 235
Fl. 314
000200011024000
060-0091044
Barranco García Miguel Antonio
Renglones 18/145
Fl. 382
000200011019000
060-0091046
Barranco García Miguel Antonio
Renglón 139
Fl. 382
000200011025000
060-0091045/
060-232119
Barranco García Miguel Antonio
Inv. Y Desarrollo Barranco & Cure
Renglones 146 y 147
Fl. 382
000200011049000
060-232120
Inv. Y Desarrollo Barranco & Cure
Renglón 148
Fl. 382
000200011050000
060-232121/
060-232122
Inv. Y Desarrollo Barranco & Cure
Renglón 149
Fl. 382
Dichos recursos fueron decididos mediante los Oficios VAL-DJ-6-2010-000811 del 21 de junio de 2010 y VAL-DJ-6-2010-000795 del 23 de junio de 2010, sin que la demandada hubiera cuestionado durante la actuación administrativa la legitimación de los demandantes, como propietarios de los predios antes mencionados.
Ahora bien, los inmuebles antes mencionados sí corresponden a los cuestionados en la demanda, para lo cual se tienen en cuenta los poderes que fueron otorgados por los demandantes, en los siguientes términos:
Referencia Catastral
No. De Matrícula Inmobiliaria
Poderdante
Fl.
000200011039000
060-182772
Héctor Manuel Rueda Lenis
53
000200011040000
060-182773
Héctor Manuel Rueda Lenis
53
000200011024000
060-0091044
Barranco García Miguel Antonio
40
000200011019000
060-0091046
Banco de Occidente
29
000200011025000
060-0091045
Banco de Occidente
29
000200011026000
060-232119
Inv. Y Desarrollo Barranco
47
000200011049000
060-232120
Inv. Y Desarrollo Barranco
47
000200011050000
060-232121/
060-232122
Inv. Y Desarrollo Barranco
47
Frente a lo anterior, la Sala debe precisar lo siguiente:
En el poder otorgado por la sociedad Inversiones y Desarrollo Barranco S.A. también se incluyó la referencia catastral 000200011051000, sin embargo, este no fue objeto de cuestionamiento por la sociedad en sede administrativa ni está incluido en la Resolución 2581 de 2009, por tanto, no puede ser objeto de pronunciamiento en esta instancia.
En relación con los predios 060-91045 y 060-091046 respecto de los cuales el Banco de Occidente otorgó poder para interponer la presente demanda, se advierte que, en virtud de la prueba de oficio decretada por la Sala mediante auto del 10 de octubre de 2018, se allegaron los respectivos Certificados de Tradición en los que consta que dichos predios fueron adquiridos por el Banco de Occidente al señor Miguel Barranco García y las escrituras públicas fueron registradas el 3 y 8 de septiembre de 2010, respectivamente, esto es, antes de ser interpuesta la presente demanda, lo cual ocurrió el 20 de octubre de 2010, por tanto, está demostrada su legitimación por activa.
Caducidad de la acción
La apoderada de la accionada manifestó en la contestación de la demanda que en el proceso no existe prueba de la notificación de los actos mediante los cuales quedó agotada la vía gubernativa.
Al respecto se observa que los recursos de reposición interpuestos por, una parte, Miguel García Barranco y la sociedad Inversión y Desarrollo Barranco S.A. y, por otra, Héctor Manuel Rueda Lenis, fueron decididos mediante los Oficios VAL-DJ-6-2010-000811 del 21 de junio de 2010 y VAL-DJ-6-2010-000795 del 23 de junio de 2010, respectivamente.
Revisado el expediente no se advierte que haya sido aportada la constancia de notificación de los mencionados oficios, sin embargo, teniendo en cuenta que estos fueron expedidos el 21 y 23 de junio de 2010 y que la demanda fue presentada el 20 de octubre de 2010, según sello de la Oficina Judicial de Reparto que obra en el folio 27 del expediente, puede concluirse con la sola fecha de expedición, que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue incoada dentro del término de 4 meses previsto en el artículo 136 numeral 2º del C.C.A.
Asunto de fondo
Precisado lo anterior, corresponde a la Sala analizar, en los términos del recurso de apelación, si la actuación demandada es nula por: i) falta de competencia del Departamento Administrativo de Valorización Distrital para aplicar el método y forma de reparto de la contribución de valorización, ii) falta de motivación de la Resolución 2581 de 2009, en relación con la ausencia de base técnica, método y cálculos para justificar el valor de la contribución asignada, iii) violación del debido proceso, que se concreta en que no se dio publicidad a la memoria técnica, no se adecuó a la normativa vigente la elección de representantes y en la decisión de no acceder al decreto de pruebas solicitadas por los demandantes en sede administrativa.
2.1. Falta de competencia e insuficiente motivación en la determinación del método aplicable a la contribución de valorización asignada.
El artículo 338 de la Constitución Política prevé:
ARTICULO 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.
La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. (Negrilla fuera de texto)
De acuerdo con la norma constitucional y, para efectos del análisis propuesto en el presente asunto, se advierte que, en virtud de los principios de legalidad y certeza tributaria, son las leyes, las ordenanzas y los acuerdos, los que deben fijar directamente el sistema y el método para definir los costos o beneficios y la forma de hacer el reparto de la tasa o contribución.
El artículo 338 C.P. también prevé que la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones, pero como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, «siempre y cuando la ley, ordenanza o acuerdo, señalen el sistema y el método para definir los costos y beneficios, así como la forma de hacer su reparto».
En cuanto a los conceptos de “sistemas y métodos” para la contribución de valorización, «se ha entendido por parte de la jurisprudencia, con base en una interpretación coherente de la normatividad constitucional y la finalidad del precepto superior (art. 338), que los “métodos” son pautas técnicas encaminadas a la previa definición de los criterios que tienen relevancia en materia de tasas y contribuciones para determinar los costos y beneficios que inciden en una tarifa, y “los sistemas”, como las formas específicas de medición económica, de valoración y ponderación de los distintos factores que convergen en dicha determinación, es decir son directrices que obligan a la autoridad administrativa encargada de fijar la tarifa, y constituyen a la vez una garantía del contribuyente frente a la administración».
Al respecto se advierte que, mediante el Acuerdo 010 de 2008, el concejo distrital de Cartagena expidió el Estatuto de Valorización, el cual, en el Título V – Capítulo Primero prevé “De los métodos de distribución para obras que causen beneficio directo y reflejo” y, en el artículo 58 ibidem, establece los métodos aplicables en la distribución de la contribución generada por una obra, así:
ARTICULO 58°- Métodos de distribución.- En la distribución de la contribución generada por una obra, plan o conjunto de obras que causen beneficio directo y reflejo, se podrá utilizar cualquiera de los siguientes métodos:
a. MÉTODOS DE LOS FRENTES. Consiste en la distribución del gravamen en proporción a la longitud de los frentes de los predios beneficiados directamente con la obra.
b. MÉTODOS DE LAS ÁREAS. Consiste en la distribución proporcional del beneficio de acuerdo con la extensión superficiaria de los predios comprendidos dentro de la zona donde se irrigará el respectivo presupuesto o costo distribuible.
c. MÉTODO DE LOS FRENTES Y ÁREAS. De conformidad con los ítems que conforman el presupuesto o cuadro de costos de la obra, la distribución tiene en cuenta que algunos rubros como el de adquisición de las zonas se distribuyen en función de las áreas y otros como el costo de las obras civiles, se irrigue en función de los frentes.
d. MÉTODO DE DOBLE AVALÚO. Consiste en distribuir el presupuesto o costo en proporción a los mayores valores económicos de cada predio, deducidos mediante avalúos comerciales realizados por entidades competentes antes de iniciar la ejecución de la obra, plan o conjunto de obras y una vez concluidas las mismas. Este método sólo será aplicable cuando la distribución se realice con posterioridad a la terminación de la obra.
e. MÉTODO DE LAS ZONAS. Mediante el trazado de una serie de líneas paralelas a la obra y asignación de un porcentaje del presupuesto o costo distribuible a cada una de las franjas, se determinarán en forma decreciente el beneficio a medida que se alejen del eje de la respectiva obra. La contribución será directamente proporcional al área del predio cobijado por la franja. Si un predio estuviere ubicado en más de una franja, se distribuirá el gravamen proporcionalmente a las áreas afectadas en cada una de ellas. El gravamen total será el resultante de la suma de los gravámenes parciales distribuidos.
f. MÉTODO DE LOS FACTORES DE BENEFICIO. Consiste en la distribución con base en unos factores o coeficientes numéricos, que califican las características diferenciales más sobresalientes de los predios y las circunstancias que los relacionan con las obras, escogido su valor entre los límites del beneficio generado por ellas. El producto o sumatoria de los factores parciales, genera el factor de distribución definitivo para cada predio. A un mismo predio podrá asignársele distintos coeficientes dividiéndolo en dos o más sectores, de acuerdo con sus características, con la finalidad de gravarla en las mejores condiciones de equidad.
g. MÉTODO DE COMPARACIÓN. Sistema mediante el cual se determinan todas las características inherentes al beneficio de un predio, manzana catastral o sector tipo, con base en el cual se califica dentro de la zona de beneficio o a cada uno de los inmuebles, manzanas o sectores.
Por lo demás, en relación con los “sistemas”, puede establecerse que, en el Acuerdo 010 de 2008, el Concejo Distrital reguló los sistemas en el artículo 57, así:
ARTÍCULO 57°- Características de los predios.- Para los fines establecidos en el artículo 55 del presente Estatuto, El Departamento Administrativo de Valorización Distrital, elaborará un análisis de las características propias de los inmuebles y de aquellas que los relacionen con la obra, plan o conjunto de obras, teniendo en cuenta:
a. La extensión superficial del inmueble
b. El frente del predio
c. La distancia entre el predio y la obra
d. El acceso a la obra o conjunto de obras
e. La forma del inmueble
f. La topografía del terreno
g. Los accidentes naturales como corrientes de agua, zonas pantanosas y otras fuentes de insalubridad
h. La prestación y dotación de servicios públicos para viviendas ubicadas en sectores de baja estratificación
i. La contribución económica que el beneficiario haya prestado voluntariamente para la ejecución de la obra, que será tenido en cuenta en todos los predios que conforman el globo para el cual constituyó su aporte inicial. Si el aporte consiste en la construcción de parte de la obra, solo se tendrá en cuenta cuando ésta cumpla las especificaciones técnicas requerida por la entidad ejecutante
j. La destinación, intensidad y usos del terreno, así como los cambios, que antes, durante o después de realizada la obra, plan o conjunto de obras, generan y sean aprobadas por el organismo competente hasta un año después de su liquidación.
k. Las condiciones socioeconómicas generales de los propietarios
l. Las afectaciones vigentes por planes debidamente aprobados por El Concejo Distrital certificados por la Secretaría de Planeación Distrital.
Entonces, se puede concluir que, en uso de sus facultades constitucionales, el Concejo Distrital de Cartagena estableció los métodos y sistemas que debían aplicarse para el cobro de la contribución por valorización de las diferentes obras que se realicen en su jurisdicción.
En este punto, la Sala precisa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 338 C.P., al concejo distrital le corresponde establecer los sistemas y métodos que pueden ser aplicables a la contribución de valorización, con el fin de que la entidad administrativa encargada, en este caso el Departamento Administrativo de Valorización Distrital, de acuerdo con las características propias de las obras a ejecutar por valorización, utilice alguna de las opciones previstas en la normativa expedida por el cuerpo colegiado, para determinar la contribución que debe pagar cada propietario o poseedor de los inmuebles beneficiados con la obra, sin que ello implique que una autoridad administrativa sea la que defina tales elementos del gravamen, siempre que el sistema y método hayan sido definidos por el cuerpo colegiado.
Ahora bien, para efectos de determinar si el Departamento de Valorización Distrital aplicó alguno de los métodos previamente señalados en el Acuerdo 010 de 2005, expedido por el Concejo Distrital, debe la Sala integrar a este análisis el cargo de falta o insuficiente motivación, por cuanto a juicio de los actores en los actos demandados no se estableció el método aplicado, como tampoco los cálculos realizados para determinar el valor de la contribución que fue asignada a los inmuebles de los actores.
Pues bien, revisados los fundamentos expuestos en la Resolución 2581 de 2009, no se establece por parte de la demandada el método utilizado para asignar la contribución de valorización, sin embargo, la Administración, al resolver los recursos de reposición interpuestos por los demandantes contra la Resolución 2581 de 2009 y sus anexos 3 y 4, afirmó que el método de distribución utilizado fue del “método de doble avalúo”, como se indica en la “memoria técnica”, que la constituye el estudio contratado por el Departamento de Valorización Distrital y que hace parte del fundamento de los actos cuestionados. Al resolver el recurso, la demandada señaló:
«MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN
El método empleado para la distribución de las contribuciones de valorización de los predios dentro de un sector de isovalor es una mezcla del doble avalúo promedio para toda la zona, compaginado con la disminución porcentual acorde con la distancia a la obra y a largo de ella, lo que genera las ZONAS ISOBENÉFICAS o de igual beneficio recibido con la ejecución de la obra.
El método de doble avalúo se emplea al estudiar el comportamiento de los valores de la tierra (antes y después de la obra), para diferentes zonas isobenéficas cuyos valores para cada predio se calculó en valores de tierra ponderados y % de plusvalía». (Negrillas fuera de texto)
Igualmente, se revisó el Estudio de Valorización que fue actualizado en noviembre de 2008 y aportado al proceso, en el que se reiteró la utilización del método del “doble avalúo”, cuya aplicación fue explicada así:
«Entre los sistemas en uso para determinar el beneficio creado por la obra podemos considerar como el más preciso el método de doble avalúo para toda la zona, el cual parte de un estudio de los valores de todas y cada una de las tierras antes de la decisión de ejecutar la obra y pasados cinco años después de ejecutar se hace otro estudio de los valores de todas y cada una de las tierras (…)» (Negrillas fuera de texto)
De acuerdo con lo anterior, el método de distribución de la contribución de valorización utilizado por la Administración corresponde al de “doble avalúo”, el cual, como se indicó, está previsto en el literal d) del artículo 58 del Acuerdo 010 de 2008 y que se transcribe nuevamente, así:
Artículo 58º.- Métodos de distribución.- En la distribución de la contribución generada por una obra, plan o conjunto de obras que causen beneficio directo y reflejo, se podrá utilizar cualquiera de los siguientes métodos:
(…)
d. MÉTODO DE DOBLE AVALÚO. Consiste en distribuir el presupuesto o costo en proporción a los mayores valores económicos de cada predio, deducidos mediante avalúos comerciales realizados por entidades competentes antes de iniciar la ejecución de la obra, plan o conjunto de obras y una vez concluidas las mismas. Este método sólo será aplicable cuando la distribución se realice con posterioridad a la terminación de la obra.
(Subraya y negrilla fuera de texto)
En esas condiciones, la Sala advierte que el Departamento Administrativo de Valorización Distrital utilizó un método previamente establecido por el Concejo Distrital de Cartagena, contenido en el Estatuto de Valorización -Acuerdo 010 de 2008-, por tanto, no se configura, en principio, la alegada falta de competencia de dicha entidad como lo plantean los demandantes.
Sin embargo, en la demanda, los actores sustentaron el cargo de falta de motivación en que «[L]a Administración Distrital – Departamento Administrativo de Valorización Distrital- estableció, escogió y aplicó un método de distribución de la contribución para asignar el gravamen sin generar un soporte técnico ni indicarle al contribuyente los criterios ni las aristas del procedimiento que permitieran concluir en la cifra asignada». (negrillas fuera de texto).
Pues bien, de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 del Estatuto de Valorización, la memoria técnica es la que contiene, además de otros aspectos, la fundamentación técnica y la operación del cálculo y distribución del gravamen.
En esas condiciones, si el método escogido por la Administración fue el de “doble avalúo”, de acuerdo con el artículo 58 literal d) del Estatuto de Valorización, la obra respecto de la cual se realiza la distribución de la contribución de valorización (i) debía estar ejecutada para el momento en que se distribuyó la contribución de valorización y (ii) la memoria técnica debía dar cuenta de los avalúos comerciales realizados por entidades competentes a cada uno de los predios antes y después de realizada la obra.
Revisada la memoria técnica y las demás pruebas aportadas al proceso, se observa que tales presupuestos no fueron cumplidos y no podían estar en dicho documento, pues para el momento en que se distribuyó y asignó la contribución de valorización – Resolución 2581 del 1º de diciembre de 2009- la vía estaba en construcción y, como se vio, dicho método solo puede aplicarse una vez concluida la obra, para poder comparar a través de avalúos comerciales realizados antes y después de ejecutada la obra los mayores valores económicos de cada predio.
Por consiguiente, la contribución de valorización distribuida carece del soporte técnico exigido frente al método utilizado, conforme lo exige el Estatuto de Valorización Distrital.
Ahora bien, la Sala advierte que, a pesar de que, como se indicó, la Administración al resolver los recursos de reposición interpuestos por la parte demandante, sostuvo que el método aplicado fue el de “doble avalúo”, la memoria técnica también alude a la utilización del método de “Avalúo por analogía” que tiene como fin realizar un avalúo de las zonas homogéneas y escoger los puntos más representativos de cada una de ellas, con el fin de proyectar, a través de peritos, el precio que alcanzarán los predios en dichas zonas cuando la obra esté en uso.
En principio dicho método no está contemplado en el artículo 58 del Acuerdo 010 del 20 de mayo de 2005, expedido por el Concejo Distrital de Cartagena, pues su descripción tampoco puede encuadrarse en alguno de los métodos previamente establecidos por la corporación distrital, por lo que se reitera que, de conformidad con el artículo 338 C.P., el método debe estar fijado en el Acuerdo, por ende, el Departamento de Valorización Distrital no tenía competencia para su aplicación, pero además, el cálculo se fundamentó en unos avalúos iniciales que, según la memoria técnica, se realizarían a través de peritos, sin embargo, no constan ni en dicha memoria ni en los demás documentos, los dictámenes de los peritos, como tampoco se explican los criterios numéricos que se tuvieron en cuenta para fijar el valor inicial de cada uno de los inmuebles.
Las anteriores razones son suficientes para dar prosperidad al recurso de apelación y, en consecuencia, declarar la nulidad parcial de las Resoluciones 372 de 2008 y 2581 de 2009 expedidas por el Departamento Administrativo de Valorización Distrital, en cuanto distribuyeron y liquidaron la contribución de valorización a los predios de propiedad de Miguel Barranco García, Héctor Manuel Rueda Lenis, Inversión y Desarrollo Barranco S.A. y Banco de Occidente.
A título de restablecimiento del derecho, se declarará que los predios de propiedad de Miguel Barranco García, Héctor Manuel Rueda Lenis, Inversión y Desarrollo Barranco S.A. y Banco de Occidente, objeto de la presente demanda no están obligados al pago de la contribución de valorización por concepto de la obra de Construcción de la Vía Transversal de Barú, así:
Referencia Catastral
No. De Matrícula Inmobiliaria
Propietario
000200011039000
060-182772
Héctor Manuel Rueda Lenis
000200011040000
060-182773
Héctor Manuel Rueda Lenis
000200011024000
060-0091044
Barranco García Miguel Antonio
000200011019000
060-0091046
Banco de Occidente
000200011025000
060-0091045
Banco de Occidente
000200011026000
060-232119
Inv. Y Desarrollo Barranco
000200011049000
060-232120
Inv. Y Desarrollo Barranco
000200011050000
060-232121/
060-232122
Inv. Y Desarrollo Barranco
Igualmente, se advierte que los demandantes solicitaron la devolución de los valores que hubieran sido pagados de la contribución de valorización asignada, de los cuales se aportaron pruebas con la demanda y no fueron cuestionados por la demandada, como se relacionan a continuación:
Demandante
Referencia catastral
Valor
$
Fecha de pago
Fl.
Banco de Occidente
000200011019000
$1.281.642
20 sept./2010
419
Banco de Occidente
000200011025000
$5.960.131
20 sept./2010
421
Miguel A. García Barranco
000200011025000
$5.960.131
11 agosto/2010
423
Banco de Occidente
000200011024000
$1.855.111
20 sept./2010
426
Por consiguiente, la Sala ordenará la devolución de las anteriores sumas, las cuales deben ajustarse cada uno en forma independiente, teniendo como base el índice de precios al consumidor, de conformidad con el inciso final del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.
Los valores objeto de devolución respecto de los predios identificados con las matrículas 000200011019000 y 000200011025000 y que corresponden a los números de matrícula 060-91046 y 06091045, respectivamente, deberán devolverse al Banco de Occidente, teniendo en cuenta que, de acuerdo con los certificados de tradición allegados al proceso, dichos inmuebles fueron vendidos por el señor Miguel Barranco García al mencionado Banco, mediante compraventas registradas el 3 y 8 de septiembre de 2010 en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, es decir, que los pagos de la contribución de valorización posteriores a esa fecha, deben ser entregados al Banco de Occidente y el que se realizó el 11 de agosto de 2010, corresponde al señor Miguel Barranco García.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
REVÓCASE la sentencia del 30 de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar,
ANÚLANSE parcialmente las Resoluciones 372 del 30 de diciembre de 2008 y 2581 del 1º de diciembre de 2009, expedidas por el director del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena de Indias D.T. y C., en cuanto distribuyeron y asignaron la contribución de valorización por beneficio directo de la construcción de la Vía Transversal de Barú, a los siguientes inmuebles:
Referencia Catastral
No. De Matrícula Inmobiliaria
Propietario
000200011039000
060-182772
Héctor Manuel Rueda Lenis
000200011040000
060-182773
Héctor Manuel Rueda Lenis
000200011024000
060-0091044
Barranco García Miguel Antonio
000200011019000
060-0091046
Banco de Occidente
000200011025000
060-0091045
Banco de Occidente
000200011026000
060-232119
Inv. Y Desarrollo Barranco
000200011049000
060-232120
Inv. Y Desarrollo Barranco
000200011050000
060-232121/
060-232122
Inv. Y Desarrollo Barranco
ANÚLANSE los Oficios VAL-DJ-6-2010-000811 del 21 de junio de 2010 y VAL-DJ-6-2010-000795 del 23 de junio de 2010, expedidos por el director del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena de Indias D.T. y C., por medio de los cuales se resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 2581 de 2009.
A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que los inmuebles indicados en el numeral 2º de esta providencia, no están obligados al pago de la contribución de valorización asignada mediante las Resoluciones 372 del 30 de diciembre de 2008 y 2581 del 1º de diciembre de 2009, expedidas por el director del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena de Indias D.T. y C.
En consecuencia, ORDÉNASE al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias la devolución de las sumas indicadas en la parte motiva de esta providencia, que deberá actualizarse de acuerdo con lo dispuesto en la parte motiva de esta sentencia, así:
Demandante
Referencia catastral
Valor
$
Fecha de pago
Banco de Occidente
000200011019000
$1.281.642
20 sept./2010
Banco de Occidente
000200011025000
$5.960.131
20 sept./2010
Miguel A. García Barranco
000200011025000
$5.960.131
11 agosto/2010
Banco de Occidente
000200011024000
$1.855.111
20 sept./2010
Acéptase la renuncia al poder que le fue conferido por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias a la doctora Alexandra Muñoz Avendaño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 del C.G.P.
Reconócese personería para actuar en representación de la parte demandada a la doctora Katherine Anaya Santiago, en los términos del poder que obra en el folio 926.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.
La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
MILTON CHAVES GARCÍA JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Los anteriores actos administrativos no fueron allegados al expediente, pero hacen parte de los fundamentos de la Resolución 372 del 30 de diciembre de 2008. Fls. 654 a 676
Fls. 56 a 154
Fls. 105 a 154. Fls. 202 a 226 (ver fl. 214 frente a Resolución 017 de 2009)
Fls. 234 a 236
“Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 372 de 30 de enero de 2008, aclarada por la Resolución No. 02 de 2009 y modificada por la Resolución 017 de 23 de enero de 2009”. Fls. 242 a 281
Fls. 242 a 281
Fls. 408 a 412
Fls. 413 a 417
C.C.A. Art. 169
Fl. 939
“Por medio de la cual se aclara la Resolución 372 de 30 de diciembre de 2008, que termina y distribuye el costo de las obras del proyecto vial: Construcción y mejoramiento de la Vía Transversal Isla Barú, a financiarse con la contribución de valorización por el sistema de beneficio directo, y se asigna en forma individualizada dicha contribución a cada uno de los inmuebles ubicados dentro de la zona de influencia del proyecto citado”.
“Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 372 de 30 de diciembre de 2008, aclarada por la Resolución No. 02 de 02 de enero de 2009, en el sentido de autorizar el cambio de nombre de los actuales propietarios de inmuebles ubicados dentro de la zona de influencia del proyecto vial: Construcción y Mejoramiento de la Vía Transversal Isla Barú, de conformidad con la información registrada en el folio de Matrícula Inmobiliaria correspondiente a los respectivos predios”
De la parte considerativa de la Resolución se entiende que el Anexo 1 corresponde a la forma en que estaban registrados inicialmente los propietarios de los bienes inmuebles al expedirse la Resolución 372 de 2008 y en el Anexo 2 se enlistan los nombres actualizados. Fl. 3
Según el certificado de existencia y representación legal, el 23 de octubre de 2007, la sociedad cambió su nombre a Inversión y Desarrollo Barranco S.A., mediante Escritura Pública 0006224 de la Notaría 45 de Bogotá. (fl. 49). Si bien este número de referencia catastral no está incluido en los actos cuestionados ante la Administración, si corresponde con el número de matrícula 060-232119 que hizo parte del Anexo 3 de la Resolución 2581 de 2009, en la cual se distribuye la contribución de valorización. Además, en los alegatos de conclusión de primera instancia, la demandada precisa que esa referencia catastral es la que corresponde al número de matrícula antes indicado. (fl. 787). Fl. 939
Fls. 408 a 412
Fls. 413 a 41
C-155 de 2003
Sentencia del 23 de junio de 2005, Exp. 14365, M.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa. Acuerdo 010/08. ARTÍCULO 9°- Dependencia encargada del manejo.— El Departamento Administrativo de Valorización Distrital, dependencia adscrita al despacho del Alcalde Mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, realizará las operaciones y actuaciones administrativas de cálculo, liquidación, distribución y cobro de la contribución de Valorización, por obras o planes de obras ordenadas por este sistema, ya construidas, en construcción o que se construyan. Fl. 409 – Oficio VAL-DJ-6-2010-000811 del 21 de junio de 2010 y Fl. 416 del Oficio VAL-DJ-6-2010-000795 del 23 de junio de 2010
Acuerdo 010/05. Artículo 51°.- Memoria técnica.- La fundamentación técnica, descripción de las zonas o sectores beneficiados y la operación de cálculo y distribución del gravamen de valorización, se consignarán en una memoria técnica explicativa. Acuerdo 010/05. ARTÍCULO 11°- Régimen contractual.- Los estudio y diseños previos de soporte así como la ejecución misma de las obras o conjunto de obras que deba ejecutar El Distrito de Cartagena de Indias por intermedio de El Departamento Administrativo de Valorización Distrital, se harán de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios. Fl. 409
Fl. 79 c.a. Fl.
8
La Construcción y Mejoramiento de la Vía Transversal Barú se inició el 14 de enero de 2009, según información contenida en HYPERLINK "http://sigob.cartagena.gov.co/Cartagena/Valorizacion/Documentos/baru.pdf" http://sigob.cartagena.gov.co/Cartagena/Valorizacion/Documentos/baru.pdf Contrato de concesión VAL-02-06 del 29 de diciembre de 2006. C-155 de 2003. «De igual forma, como criterios de distribución del beneficio están, entre otros, los siguientes: (i) el método combinado simple de áreas, (…); (ii) el método simple de áreas, (…); (iii) el método combinado de áreas y frentes, (…); (iv) el método de factores de beneficio, (…) y (v) el método de los dos avalúos, comparando el valor de un predio antes y después de la realización de la obra mediante peritos[54]». (Subrayas fuera de texto). La Sala ha señalado que las ordenanzas y los acuerdos pueden delegar en las autoridades administrativas la fijación de las tarifas de las tasas y contribuciones, pero deben fijar directamente el sistema y el método para definir los costos y beneficios y la forma de hacer su reparto, como elementos cuantificadores necesarios para fijar las tarifas de estos tributos, pues dicha facultad se debe entender con sujeción a la norma constitucional, ya que la autoridad administrativa no se puede arrogar facultades propias de las corporaciones públicas de elección popular. (Sentencia del 18 de mayo de 2006, Exp. 15197, M.P. Dra. Ligia López Díaz). Si bien este número de referencia catastral no está incluido en los actos cuestionados ante la Administración, si corresponde con el número de matrícula 060-232119 que hizo parte del Anexo 3 de la Resolución 2581 de 2009, en la cual se distribuye la contribución de valorización. Además, en los alegatos de conclusión de primera instancia, la demandada precisa que esa referencia catastral es la que corresponde al número de matrícula antes indicado. (fl. 787). Dentro de las pruebas también se aportó el pago del impuesto predial del inmueble 000200011025000, lo cual no es asunto discutido en este proceso. (fl. 425). De los recibos aportados, se advierte que los pagos realizados corresponden a las cuotas en las cuales se podía pagar la contribución de valorización.
Radicado: 13001-23-31-000-2010-00706-01(23063)
Demandante: MIGUEL BARRANCO GARCÍA Y OTROS
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