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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 13001-23-31-000-2011-00011-02

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 13001-23-31-000-2011-00011-02

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 29 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión Nro. 002. 2. Sin condena en costas. 3. Reconocer al abogado Alfonso Rafael Álvarez Manjarres como apoderado judicial de la parte demandada, en los términos del poder conferido (Samai, índice 37).

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 13001-23-31-000-2011-00011-02

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 13001-23-31-000-2011-00011-02 (30250)
Demandante PRIMEVALUESERVICE S.A.S.
Demandado DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Temas Contribución de valorización. Individualización de
pretensiones. Excepción de inepta demanda.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 29 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, que decidió2:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda formulada
por el Distrito de Cartagena; por las razones descritas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: INHIBIRSE la Sala de realizar pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones
de la demanda.
TERCERO: Sin condena en costas. […]

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena de Indias
expidió la resolución 372 del 30 de diciembre de 2008 «POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINA
Y DISTRIBUYE EL COSTO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO VIAL: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA
TRANSVERSAL ISLA BARÚ, A FINANCIARSE CON LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR EL SISTEMA DE
BENEFICIO DIRECTO, Y SE ASIGNA EN FORMA INDIVIDUALIZADA DICHA CONTRIBUCIÓN A CADA UNO DE LOS
INMUEBLES UBICADOS DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CITADO». En el artículo
tercero de su parte resolutiva, asignó individualmente la contribución de valorización
correspondiente a cada propietario y poseedor, conforme lo dispuesto en el anexo
7 (tabla de riegue individual del proyecto), entre los cuales se encuentra
Primevalueservice S.A., antes Primevalueservice S.A.S.

Luego, profirió la resolución 02 del 2 de enero de 2009, que aclaró los incisos 16 y
24 de la parte considerativa de la anterior resolución, así como su artículo segundo,
que reguló el monto a distribuir.

También emitió la resolución 017 del 23 de enero de 2009 «Por medio de la cual se
modifica la Resolución No. 372 de 30 de diciembre de 2.008, aclarada por la Resolución No. 02 de
02 de enero de 2009, en el sentido de autorizar el cambio de nombre de los actuales propietarios de
inmuebles ubicados dentro de la zona de influencia del proyecto vial: Construcción y Mejoramiento
de la Vía Transversal Isla Barú, de conformidad con la información registrada en el folio de Matrícula
1
El expediente fue repartido a la Sección Primera de esta corporación el 5 de abril de 2024 (Samai, índice 3), que posterior
al trámite de segunda instancia, remitió por competencia a la Sección Cuarta mediante auto del 22 de mayo de 2025
(Samai, índice 15). Una vez repartido el proceso, se avocó conocimiento en auto del 9 de julio de la misma anualidad
(Samai, índice 24), subiendo posteriormente para fallo 30 de julio de 2025 (Samai, índice 33).
2
Samai, índice 2, archivo ZIP, PDF sentencia, pág. 15.
1

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Radicado: 13001-23-31-000-2011-00011-02 (30250)
Demandante: Primevalueservice S.A.S.

Inmobiliaria correspondiente a los respectivos predios». Conforme sus anexos, se aclaró
cuáles eran los predios de propiedad de la demandante, entre otros contribuyentes.

La sociedad presentó consultas con relación a la distribución y asignación de la
contribución. Debido a lo anterior, y con ocasión de peticiones presentadas por otros
contribuyentes, el Departamento Administrativo de Valorización Distrital de
Cartagena de Indias profirió la resolución 2581 del 1 de diciembre de 2009 «POR MEDIO
DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 372 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2.008, ACLARADA POR LA
RESOLUCIÓN NO. 02 DE 02 DE ENERO DE 2009, Y MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 017 DE 23 DE ENERO DE
2009». En ella se disminuyó el monto a distribuir y asignar a cada propietario y
poseedor de predios en el área de influencia.

La sociedad presentó una nueva consulta contra este último acto administrativo. La
entidad, mediante el comunicado 000789 del 25 de junio de 2010, dio respuesta a
la consulta realizada por la contribuyente, sobre puntos concretos del proyecto
transversal vía Barú.

Inconforme con la decisión, Primevalueservice interpuso recurso de reposición
contra la resolución 2581 del 1 de diciembre de 2009; no obstante, la administración
la confirmó en su totalidad mediante la resolución 4636 del 7 de septiembre de 2010.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), la parte
demandante formuló las siguientes pretensiones, en la demanda3 y su corrección
(que modificó las pretensiones primera, segunda y tercera)4, por lo que se
transcriben de forma unificada, a continuación:
PRIMERA: Que se declare la NULIDAD ABSOLUTA de la Resolución No. 2581 de 2009 expedida
por el Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.-
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, “Por medio de la cual se modifica la Resolución No.
372 de 30 de diciembre de 2008, aclarada por la Resolución No. 02 de 02 de enero de 2009
y modificada por la Resolución 017 de 23 de enero de 2009”.
SEGUNDA: Que se declare la NULIDAD ABSOLUTA de la Resolución No. 017 de 2009 expedida
por expedida por [sic] el Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena
de Indias D. T. y C.- Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, “Por medio de la cual se modifica
la Resolución No. 372 de 30 de diciembre de2008 [sic], aclarada por la Resolución No. 02 de
02 de enero de 2009, en el sentido de autorizar el cambio de nombre de los actuales
propietarios de inmuebles ubicados dentro de la zona de influencia del proyecto vial:
Construcción y Mejoramiento de la Vía Transversal Isla Barú, de conformidad con la
información registrada en el folio de Matrícula Inmobiliaria correspondiente a los respectivos
predios”.
TERCERA: Que se declare la NULIDAD ABSOLUTA del acto administrativo contenido en la
Comunicación No. 000789 expedida por el Departamento Administrativo de Valorización
Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C. fechado en junio 25 de 2010, por medio del cual se
resolvió la consulta elevada por mi mandante PRIMEVALUESERVICE S. A. S. antes
PRIMEVALUESERVICE S. A.
CUARTA: Que se declare la NULIDAD ABSOLUTA de La Resolución No. 4636 de septiembre 7 de
2010 expedida por el Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena de

3
Samai, índice 34, PDF «39ED_02DemandayAnexos», págs. 54 a 55.
4
Ibidem, PDF «53ED_16Memoriales», págs. 234 a 235. La corrección fue admitida mediante auto del 21 de junio de 2012
(ibidem, PDF55).
2

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Radicado: 13001-23-31-000-2011-00011-02 (30250)
Demandante: Primevalueservice S.A.S.

Indias D. T. y C. “Por medio de la cual se resuelve el recurso de Reposición interpuesto por el
Doctor Nicolás Pareja Bermúdez, apoderado especial de PRIMEVALUESERVICE S. A. contra la
Resolución número 2581 del 1 de diciembre de 2009 expedida por el Departamento
Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena”.
Efectuadas las anteriores declaratorias, solicitamos que a título de restablecimiento del
derecho se impartan las siguientes órdenes al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias/Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena:
PRIMERA: Que, como consecuencia de las anteriores declaratorias de nulidad, se restablezcan
los derechos violados al demandante para lo cual solicitamos que se declare que el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias/Departamento Administrativo de Valorización
Distrital de Cartagena, debe devolver las sumas de dinero, en el caso de que hubiesen sido
pagadas, o, en su defecto, declarar que no puede cobrar los montos de contribución por
valorización que resulten del riegue ordenado o dispuesto por la parte demandada por
concepto de contribuciones de valorización generadas por las obras de la Carretera
Transversal de Barú.
SEGUNDA: Que se adelante nuevamente y en forma debida la actuación administrativa que
permita determinar y distribuir el costo del proyecto vial de construcción y mejoramiento de la
vía transversal Isla Barú, de manera que corrijan los yerros que se han dejado en evidencia
por parte de mi poderdante, primero en la consulta formulada y por medio del Recurso de
Reposición instaurado oportunamente contra las Resoluciones Nos. 2581 de 2009, No. 017
de 2009 y No. 4636 de septiembre 7 de 2010, expedidas por el Departamento Administrativo
de Valorización Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C. y contra el acto administrativo
contenido en la Comunicación No. 000789 de junio 25 de 2010 emanada de la misma entidad,
que vician los actos administrativos cuya nulidad se solicita.
TERCERA: Que, una vez corregidos los yerros que vician los actos administrativos cuya
declaratoria de nulidad se solicita, proceda a aplicar un nuevo método de distribución para el
cálculo de las contribuciones que se asignen a cada predio, como el Método de Factores de
Beneficio, que permita la definición de las variables que califiquen individualmente el beneficio
de acuerdo con las características diferenciales de los predios al interior de la zona de
influencia, arroje como resultado una distribución justa y equitativa para cada uno.
ADICIONALMENTE solicito que se condene a la entidad demandada al pago de costas y gastos
del proceso.

La demandante invocó como normas violadas los artículos 2, 4, 6, 7, 29, 58, 83,
121, 209, 313 (numeral 4), 317 y 330 de la Constitución Política; 3 de la Ley 25 de
1921; 7 de la Ley 113 de 1937; 18 de la Ley 1 de 1943; 2, 3, 4 y 5 del Decreto 868
de 1956 (adoptado por el artículo 1 de la Ley 141 de 1961); 21 y 22 de la Ley 25 de
1959; 9 del Decreto 1604 de 1966; 1, 3, 4, 5, 26 y 27 del Decreto 1394 de 1970;
234, 235, 236 y 239 del Decreto 1333 de 1986; 16, 17, 22 y 379 del Decreto 2626
de 1994; 1, 9, 45, 46, 49, 71, 89, 90 y el título V, capítulo primero literales a, b, c, d,
e, f, g y parágrafo del acuerdo 010 de 2005; 2, 3, y 35 del Código Contencioso
Administrativo; 769 del Código Civil; la Ley 70 de 1993, el Decreto 1320 de 1998 y
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El concepto de la violación se resume a continuación:

Sostuvo que los actos vulneran el derecho al debido proceso, de defensa y de
contradicción, toda vez que carecen de motivación5 suficiente para el cálculo,
liquidación, distribución y cobro de la contribución de valorización, lo que impidió
que la sociedad manifestara su inconformidad o se opusiera a los mismos. Aclaró
que, si bien en la etapa de consulta, prevista en el acuerdo distrital 010 de 2005, se
solicitó una exposición de la motivación adecuada, esto no fue resuelto por el
departamento administrativo, persistiendo así los errores del procedimiento.

5
Citó la sentencia del 6 de agosto de 1993, exp. 2412, M.P. Miguel González Rodríguez.
3

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Radicado: 13001-23-31-000-2011-00011-02 (30250)
Demandante: Primevalueservice S.A.S.

Manifestó que las resoluciones acusadas infringen las normas en que debían
fundarse, por cuanto la contribución se fijó con una cuantía que desconoce la
realidad de los predios y los beneficios que estos reciben con ocasión a las obras
que se ejecutan por el sistema de valorización. Indicó que, «[a]l estar sometido al
gravamen el inmueble como objeto, y no las personas, deviene claramente que para efectos de
establecer el monto de la contribución se atiende la capacidad de pago proyectada hacia el carácter
productivo del predio y no del propietario»6.

Precisó que la contribución debe ser directamente proporcional al beneficio que
recibe el predio, debidamente acreditado a través de estudios completos que
respondan a los diversos factores y variables determinadas por el legislador. Reiteró
que hubo una omisión de la administración en su labor de verificar, corregir y aclarar
las dudas elevadas sobre las razones que dieron origen a los actos que se discuten,
lo que derivó en la violación al debido proceso, como de los artículos 83 de la
Constitución y 769 y 1524 del Código Civil, ya que la actuación vulneró los principios
de buena fe y de confianza legitima7.

Alegó que el artículo 2 del Decreto 868 de 1956 determinó que el impuesto de
valorización se fijaría en razón a la utilización del terreno y el valor de la tierra,
advirtiendo que la contribución no puede depender de la capacidad de pago del
propietario, como lo quiso implementar en el presente asunto el departamento
administrativo, incumpliendo la finalidad de lo consagrado en la norma,
observándose entonces una desviación de poder por parte de la administración.

Enlistó algunas inconsistencias en el presupuesto aprobado en los actos que se
demandan, entre ellos, los siguientes: i) que se encontraba una actividad
denominada «Pedraplén Protector Zona Playetas – Condición resolutoria», que contiene un
valor asignado por encima del valor real y no contaba con diseños aprobados, de
acuerdo con la comunicación radicada por FONADE; ii) que los precios unitarios
iniciales se reajustaron aproximadamente en un 20%, ignorando el porcentaje
sugerido por la interventoría; iii) que los costos se reajustaron en un 58%, sin
ninguna justificación; iv) que, de la actividad denominada «Variante Pasacaballos valor
aproximado», nunca se dieron a conocer los diseños definitivos de dicho tramo,
además de dar un costo aproximado que se podía incrementar a futuro.

Adicionalmente, argumentó que la administración ignoró el concepto de la firma
contratada, la cual recomendó expresamente reducir el reajuste de precios por
demoras imputables al contratista y confirmó la inexistencia de diseños para el
pedraplén. Asimismo, atacó los estudios técnicos base, señalando que el estudio
de tránsito partió de supuestos erróneos (crecimiento lineal y no real, factores de
seguridad excesivos) y que el diseño hidráulico fue exagerado al sumar eventos
extremos, lo que encareció la obra con canales de concreto innecesarios cuando
bastaban canales en tierra. Todo lo anterior para definir que, si bien se observan
unos actos aparentemente regulares, estos tienen una finalidad distinta, porque
crean una modalidad de enriquecimiento sin causa, por un cobro de lo no debido.

Adujo la insuficiente y falsa motivación de los actos, para lo que destacó distintas
modalidades de afectación, iniciando con la determinación de la plusvalía, del
beneficio predial y el monto de la contribución8, en la que no se presenta una
formulación matemática de los cálculos para establecer las 144 zonas isobenéficas
6
Samai, índice 34, PDF «39ED_02DemandayAnexos», pág,16.
7
Citó las sentencias T-617 de 1995, T-576 de 1998 y T-020 de 2000, sin identificar ponentes.
8
Citó las sentencias del 27 de agosto de 1993, exp. 4510 y 4511, M.P. Consuelo Sarria Orcos, del 13 de diciembre de
1993, exp. 4962, sin identificar ponente.
4

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de la vía. Señaló que, por lo anterior, no existe forma de validar y deducir la forma
en que la administración llegó a las cifras del valor del predial o como se tasó la
plusvalía, y la resolución 2581 de 2009 no define la metodología para asignar el
índice de incremento en el valor de la tierra, impidiendo conocer si las sumas se
establecieron de forma proporcional a la inversión.

Luego, señaló que no hay evidencia de que en la plusvalía calculada se hubiese
validado o confrontado los mayores valores de la tierra con la realidad de los predios
que recibirían el beneficio. Adicionalmente que, no se menciona dentro del estudio
que fundamentó la distribución del riegue, ni se demuestra que los valores
correspondan a la construcción del proyecto, incumpliendo los trámites de forma
para su motivación9.

Agregó que, de conformidad con el Decreto 1604 de 196610, «[p]ara el caso rural, el
Distrito debió calcular esta Capacidad de Pago, como parte de la renta o ingresos que generan los
predios obtenida a partir de la explotación o utilización económica de los inmuebles en usos que
apliquen al área en estudio y no con base en las condiciones económicas del propietario de los
predios»11. Con este fin, sostuvo que era necesario un estudio socioeconómico que
identifique con precisión la situación en el área de influencia, como son las
características de los propietarios, el uso de los inmuebles, la distinción de la zona,
entre otros.

No obstante, dentro del caso en concreto no se observa que, de forma previa a la
expedición de los actos, dicho análisis se hubiese realizado. Además, manifestó
que los actos administrativos no tuvieron en cuenta las diversas variables
relacionadas con la realidad de los predios, que son decisivas al momento de
establecer un avalúo, como lo son las áreas de inundación, de erosión costera, de
remoción de masa, licuación de los suelos, como la actualización del plan de
ordenamiento territorial (POT).

Alegó la nulidad por vicios técnicos en los diseños base, argumentando que: i) el
estudio de tránsito es erróneo al realizar extrapolaciones distantes y asumir un
crecimiento lineal del tráfico, ignorando que la vida útil del asfalto no supera los 10
años sin mantenimiento; ii) el diseño del pavimento utilizó factores de seguridad
exagerados sin aplicar la metodología de costo mínimo; y iii) el diseño hidráulico
sumó eventos extremos de forma irreal, aumentando injustificadamente el costo por
la altura de los terraplenes

Adujo que, en el caso en particular, tampoco se tuvo en cuenta la capacidad de
pago de la sociedad, toda vez que la administración solo se basó en que tenía la
titularidad de varios predios, más no en las rentas que producían los inmuebles.

Respecto a la ilicitud en el objeto de los actos administrativos, afirmó que el
departamento administrativo de valorización desconoció lo establecido en el
sistema de valorización, dispuesto por el Concejo Distrital de Cartagena12; en
particular, consideró desconocido el modelo combinado entre el método del doble
avalúo y la relación con otras variables del predio y la obra. Aclaró que dicho avalúo
debe realizarse únicamente sobre el terreno, sin tener en cuenta las edificaciones o
mejoras permanentes de éste, de forma previa y posterior a la construcción.
Asimismo, alegó que el procedimiento está viciado, porque el acuerdo 010 de 2005

9
Citó la sentencia del 10 de febrero de 2005, exp. 14092, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.
10
Citó las sentencias del 13 de octubre de 1983, exp. 0076, M.P. Carmelo Marínez Conn, y la C-155 de 2003.
11
Samai, índice 34, PDF «39ED_02DemandayAnexos», pág,26.
12
Citó las sentencias del 5 de febrero de 2004, exp. 13550, M.P. Ligia López Diaz, y C-155 del 26 de febrero de 2003.
5

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exige que el método de doble avalúo se realice mediante avalúos comerciales de
entidades competentes, entendidas estas como personas jurídicas o corporaciones;
sin embargo, el Distrito contrató a una persona natural para dicha labor,
contraviniendo el mandato legal expreso.

Sumado a lo anterior, indicó que, una vez declarada la nulidad de las resoluciones,
solicita la aplicación de un nuevo método de distribución para el cálculo de la
contribución, siendo el adecuado el método de factores de beneficio, para así
realizar una distribución justa y equitativa acorde con cada predio; señalando
nuevamente las inconsistencias del presupuesto aprobado.

Sostuvo que existe una falta de competencia por parte del departamento de
valorización para expedir los actos demandados, toda vez que, la entidad actuó
desconociendo las condiciones fijadas por los acuerdos 010 de 2005, 018 de 2004
y 074 de 1995, que disponen las condiciones de oportunidad, finalidad, materia y
motivación para que ejecute la destinación de la inversión efectuada por el estado.

En cuanto a vicios de forma o procedimiento, indicó que la actuación del
departamento administrativo se basó en las facultades consagradas en los artículos
9, 44, 48 y 71 del acuerdo 010 de 2005; no obstante, este procedimiento vulneró las
normas legales superiores, al no expedir los decretos mediante los cuales se aprobó
la realización de las obras y al no definir claramente el método utilizado, por no
cumplir con la finalidad de la contribución, por la falta de motivación, además de
desbordar las facultades otorgadas para la actuación.

Adicionalmente, alegó la nulidad por la omisión de la consulta previa a las
comunidades afrocolombianas de Pasacaballos y Barú, conforme a la Ley 70 de
1993 y el Convenio 169 de la OIT, citando la sentencia T-745 de 2010 que ordenó
suspender las obras por esta falencia.

Agregó que los actos demandados fueron expedidos de forma irregular, reiteró lo
dicho respecto de la vulneración al debido proceso en cargos anteriores, y
especificó las inconsistencias de cada uno de los treinta y dos predios de la
sociedad13. De manera especial, argumentó un error en el sujeto pasivo respecto al
predio con referencia catastral 00-004-0001-0431-000, el cual fue incluido en el
cobro a nombre de la demandante pese a que la titularidad del dominio corresponde
a un tercero. También destacó la situación del predio de matrícula 060-134283, cuyo
folio fue cancelado por orden judicial, sentencia que está siendo atacada por vía de
nulidad, lo que impide su cobro actual.

Señaló que para la zona de influencia no es aplicable la determinación de la
distribución para obras que causen un beneficio directo y reflejo, ni el método de
analogía, teniendo en cuenta que no hay parámetro de comparación; además, el
método de doble avalúo tampoco era el procedente ya que al momento de la
asignación la obra no había finalizado.

Por último, manifestó la violación a principios generales del derecho, lo que generó
una vulneración al ordenamiento jurídico colombiano, como lo son, los principios de
legalidad tributaria14 y de equidad.

13
Para efectos de precisión, este listado puede observarse en el escrito de la demanda. Samai, índice 34. PDF
«39ED_02DemandayAnexos», págs. 38 a 45.
14
Citó la sentencia del 5 de febrero de 2009, exp. 16261, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
6

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Oposición de la demanda
El Distrito de Cartagena de Indias solicitó negar las pretensiones de la demanda15;
para lo que planteó como excepciones de fondo la legalidad de los actos
demandados, y las demás que resultaran probadas dentro del proceso.

Explicó que las resoluciones objeto de controversia se expidieron dentro de las
facultades legales, toda vez que la irrigación del gravamen se elaboró de acuerdo
al estudio de valorización (informe final) preparado por el consultor contratado, el
cual se efectuó con las características físicas de las zonas geoeconómicas,
distancias y accesos al centro de atracción económica de la zona, manifestó que se
subdividió en fajas de beneficio paralelas a las obras y sectorizó según la longitud
de usos de la zona para precisar los cuadros elaborados al valor de la plusvalía
generada por la construcción.

Precisó que, para el caso en concreto, el beneficio total por inmueble de todas las
propiedades de la demandante tuvo en cuenta la tabla de riegue y la asignación
individual del proyecto, que fueron consignados en las resoluciones 2581 del 1 de
diciembre de 2009 y 4636 del 7 de septiembre de 2010.

Aseguró que la contribución de valorización tiene como característica principal la
relación de causalidad entre el beneficio especifico que se recibe de la
administración y el tributo que debe pagarse16, considerada por la Corte
Constitucional como una renta con destinación específica, que se establece y
recauda con un propósito determinado17, para efectos del retorno de la inversión
realizada por el organismo público.

Manifestó que el inciso segundo del artículo 338 constitucional faculta al concejo
distrital para permitir a las autoridades, como el departamento de valorización, fijar
las tarifas de las contribuciones. En este caso, dicha autorización se materializó en
el acuerdo 010 del 20 de mayo de 2005, que en el artículo 2 estableció que la
contribución de valorización se causa por las obras de interés público que beneficien
a la propiedad inmueble que sean ejecutadas por una entidad pública dentro de los
límites del distrito; y los artículos 44, 48 y 71, atribuyen la competencia al
departamento administrativo de valorización para asignar el gravamen, repartir el
monto de distribución entre los inmuebles de la zona de influencia y la asignación
de las contribuciones individualizadas. Sostuvo que, por lo anterior, las actuaciones
acusadas se ajustan al ordenamiento jurídico vigente.

Respecto a los vicios por desconocimiento del debido proceso, adujo que en el
expediente obra prueba de la consulta presentada como del recurso de reposición
de la demandante, para demostrar las oportunidades tenidas por los contribuyentes,
aun cuando estos no fuesen resueltos favorablemente.

Sobre la presunta desviación de poder, señaló que el pedraplén de playetas no tenía
un diseño definitivo para el 1 de diciembre de 2009; sin embargo, al tenerse que
realizar la obra, y para efectos de determinar el presupuesto, se vio necesario
asignar valores dentro de los parámetros del mercado, en los que se tuvo como
referente las especificaciones del INVIAS. En este mismo punto, sostuvo la legalidad
de la reducción de la indexación del 13,36% al 6,81% por ser el retraso de ocho

15
Samai, índice 34. PDF «54ED_17ContestacionDemand».
16
Citó la obra «La contribución de valorización en Colombia» de Alberto Fernández Cadavid.
17
Citó la sentencia C-155 de 2003.
7

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Radicado: 13001-23-31-000-2011-00011-02 (30250)
Demandante: Primevalueservice S.A.S.

meses imputable al concesionario, conforme a la cláusula tercera del modificatorio
2 al Contrato de Concesión VAL-02-06. Aclaró que, cualquier error en el cálculo del
pedraplén es fácil de corregir, por cuanto el riegue es individual, por lo que puede
calcularse la diferencia y distribuirlo entre los aportantes.

Precisó que, cuando la interventoría plantea una recomendación, la entidad se
guarda la posibilidad de acogerla total o parcialmente, o incluso de no acogerla, y
especificó cómo se realizó el proceso de contratación con la interventoría,
advirtiendo que, según el artículo 28 de la Ley 1150 de 2007, el contrato solo podía
prorrogarse por el 60% del plazo estimado inicial.

Sobre la insuficiente y falsa motivación, expuso que la resolución 2581 de 2009
distribuyó la contribución con fundamento en diversos métodos, efectuando un
reparto justo de los costos de la obra entre los predios y en proporción con el
beneficio recibido, así como se dispuso la celebración del contrato de consultoría,
cuyo objeto era la actualización del estudio de beneficio, riegue, revisión y ajuste
técnico para la distribución del tributo, constituyendo una memoria técnica, que
demuestra que los estudios necesarios para la distribución y asignación fue
realizada por persona idónea.

Aseguró que la zona se dividió en 144 sectores de isobeneficio, en las que se definió
la plusvalía esperada acorde con las condiciones de acceso, uso de la obra, uso
potencial, condiciones topográficas, reglamentación, entre otros, buscando
mantener el equilibrio de la asignación. Argumentó que es indispensable estimar la
capacidad de pago de los propietarios en el estudio de valorización, porque esta
permite ajustar el valor a la situación económica real de cada una, como para definir
la viabilidad de la obra, utilizándose en este caso las informaciones del DANE, el POT,
el compendio estadístico Cartagena en síntesis 2004 y publicaciones del Banco de
la República.

Resaltó que toda isla tiene riesgos de inundación, ya que el litoral de la costa
atlántica es susceptible al cambio de mareas, cuestión que existía desde antes que
Primevalueservice S.A. adquiriera los predios que se cuestionan, teniendo en
cuenta que los cambios geomorfológicos se miden en millones de años. Además,
comunicó que no existe obra de mitigación del impacto pluvial por no contar el
distrito con capacidad financiera, razón por la que se seleccionó el mecanismo de
valorización analizando la capacidad de pago y la necesidad de desarrollo de la isla.
Por último, solicitó desestimar la demanda, porque la demandante reconoció la
obligación de pagar el gravamen por la obra de construcción y mejoramiento de la
vía transversal de Barú, al encontrarse los predios a paz y salvo.

En cuanto a la corrección de la demanda18, reiteró los argumentos expuestos en la
contestación inicial. Sumado a lo anterior, alegó la excepción de ineptitud sustantiva
de la demanda, por considerar que, de conformidad con la exigencia del artículo 138
del Código Contencioso Administrativo, se deben individualizar todos los actos que
modifiquen o confirmen el acto definitivo, por lo que en el presente asunto debieron
ser demandadas las resoluciones 372 de 2008 y 02 de 2009. Además, invocó la
caducidad de la acción, porque el recurso de reposición fue interpuesto de forma
extemporánea, induciendo a la administración en error, con el que respondió
mediante la resolución 4636 de 2010, evidenciándose una temeridad, mala fe y
abuso de los derechos por parte de la demandante.

18
Samai, índice 34. PDF «59ED_22ContestacionDemand».
8

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Sentencia apelada

El tribunal declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda,
formulada por el Distrito de Cartagena, y no condenó en costas. Lo anterior, con
fundamento en las siguientes consideraciones19:

El a quo sostuvo que los artículos 137 (numeral 2) y 138 del Código Contencioso
Administrativo exigen, como requisito de la demanda, individualizar con precisión el
acto cuya nulidad se pretende, para garantizar el derecho de defensa. Pese a esto,
como lo puso de presente la entidad territorial, no se formuló una pretensión de
nulidad de las resoluciones 372 de 2008 y 02 de 2009.

Advirtió que la resolución 372 de 2008 determinó y distribuyó inicialmente el costo
de las obras del proyecto vial de construcción y mejoramiento de la vía transversal
Isla Barú, que sería financiada por la contribución de valorización por beneficio
directo, en la que asignó de forma individualizada el valor correspondiente a cada
uno de los inmuebles ubicados en la zona de influencia.

Señaló que dicha decisión fue objeto de aclaración y modificación, en primer lugar,
por la resolución 02 del 2 de enero de 2009, que aclaró y asignó de forma detallada
la contribución; luego, por la resolución 017 del 23 de enero de 2009, en el que se
modificó el acto, en el sentido de autorizar un cambio de nombre de los actuales
propietarios, de acuerdo con la información registrada en la matrícula inmobiliaria
de los respectivos predios.

Luego, en el marco de las observaciones formuladas, se profirió la resolución 2581
del 1 de diciembre de 2009, que modificó la resolución inicial, contra la cual, la parte
demandante interpuso recurso de reposición, que fue decidido por la resolución
4636 del 7 de septiembre de 2010.

En línea con lo anterior, resaltó que la resolución 372 del 2008, a pesar de sus
modificaciones, no fue demandada ante la jurisdicción, como tampoco lo fue la 02
de 2009 que la aclaró, siendo la primera el acto definitivo para todos los casos,
teniendo en cuenta que en la parte resolutiva de la resolución 2581 de 2009 solo
modificó los artículos primero a cuarto, octavo, decimotercero y decimoquinto de la
principal, y dispuso expresamente que «los demás aspectos de la resolución No. 372 de 30
de diciembre de 2008, aclarada por la Resolución No. 02 de 02 de enero de 2009, y modificada por
la Resolución No. 017 de 23 de enero de 2009, permanecen igual y por lo mismo no son susceptibles
de modificación»20.

En consecuencia, aclaró que, en cuanto a los predios de la sociedad, subsisten
aspectos estrictamente regulados por la resolución 372 de 2008, por lo que
cualquier confrontación exclusiva de la resolución 2581 de 2009 incide en la
legalidad de la primera, toda vez que esta última no sustituye íntegramente la
principal.

Puso de presente que el Consejo de Estado21 resolvió, en el mismo sentido, el
recurso de apelación formulado contra un proceso que analizaba la legalidad de los
mismos actos que se cuestionan, por lo que concluyó que el defecto procesal por
falta de integración completa de la posición jurídica demandada es suficiente para
declarar probada la excepción de inepta demanda.
19
Samai, índice 2. Archivo ZIP, PDF sentencia.
20
Ibidem, pág. 14.
21
Citó la sentencia del 29 de octubre de 2020, exp. 22260, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
9

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Demandante: Primevalueservice S.A.S.

Ante la prosperidad de la excepción de inepta demanda, señaló que, por sustracción
de materia, se abstendría de resolver la excepción de caducidad, que también había
sido propuesta por la demandada.

Finalmente, frente a la condena en costas, señaló que el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 solo establecía su procedencia teniendo en cuenta la conducta de las
partes y, al no advertirse un actuar temerario de la demandante, no hay lugar a su
imposición.

Recurso de apelación

La demandante sustentó su recurso de apelación22 en que el a quo vulneró el
principio de congruencia, pues la demandada no propuso la excepción de inepta
demanda; además, violó el debido proceso al inhibirse de estudiar de fondo las
pretensiones propuestas.

Explicó que solo se demandan en nulidad y restablecimiento del derecho a los actos
administrativos que definen o crean situaciones jurídicas de carácter particular,
como lo es en este caso la resolución 2581 del 1 de diciembre de 2009, que
determinó de forma concreta el valor de la contribución a pagar por parte de la
sociedad.
Aclaró que las resoluciones 372 de 2008 y 02 de 2009 son actos generales y
abstractos, por lo que no se puede exigir su inclusión dentro de las pretensiones de
nulidad y restablecimiento del derecho. Igualmente, indicó que los actos
demandados se fundan esencialmente en la falta de soporte técnico sobre el
método utilizado, como lo exige el Estatuto de Valorización Distrital, vicio que no
afecta de forma directa a los actos que no se demandaron.
Sostuvo que el Consejo de Estado23, en proceso de igual objeto, declaró la nulidad
parcial de la resolución 2581 de 2009, donde no sugirió la necesidad de demandar
el acto principal y su aclaración, para abordar el estudio de fondo de la demanda.
Agregó que, dentro de la defensa realizada por el Distrito de Cartagena, no se
planteó ni sugirió la excepción de inepta demanda, por lo que el tribunal parte de
una falsa premisa, puesto que los argumentos se basan exclusivamente en
defender la legalidad de los actos cuestionados, comprendiendo que no existe una
identidad entre las resoluciones; en consecuencia, debió proferir un fallo de fondo
conforme con lo debatido dentro del proceso.
Por último, procedió a referirse a los cargos de la demanda. Además, aseguró que
es improcedente la tacha de sospecha del testigo que fue formulada, porque el
testigo no era trabajador o contratista de la sociedad, y su credibilidad se valida por
su experticia y el conocimiento previo que tuvo de los hechos al realizar informes
técnicos en 2005 y 2009.
Alegatos de conclusión de segunda instancia
La parte demandante y demandada guardaron silencio.
Intervención del ministerio público
El agente del ministerio público guardó silencio.
22
Samai, índice 2. Archivo ZIP, PDF apelación.
23
Citó el expediente 13001-23-31-000-2011-00012-02 (24993), sin identificar providencia ni ponente.
10

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Demandante: Primevalueservice S.A.S.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Corresponde a la Sección establecer si se encuentra probada la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda, dado que Primevalueservice S.A.S. no formuló
pretensión de nulidad de las resoluciones 372 del 30 de diciembre de 2008 y 02 del
2 de enero de 2009. De prosperar la apelación, se analizarán de fondo los cargos
de la demanda y su corrección y, por tanto, se verificará la legalidad de los
siguientes actos: i) resolución 2581 de 2009, ii) resolución 017 de 2009, iii)
comunicación 000789 de 2010 y iv) resolución 4636 de 2010.

Análisis del caso en concreto

La demandante sustentó su apelación en que i) el a quo desconoció el principio de
congruencia, porque la demandada no propuso la excepción de la inepta demanda
que fue resuelta; ii) las resoluciones 372 de 2008 y 02 de 2009 eran actos
administrativos de carácter general, por lo que no era procedente la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en su contra; iii) las pretensiones se
fundamentan en la falta de soporte técnico del método de avaluación utilizado, lo
cual no afecta directamente a los actos cuya nulidad no fue pretendida; y iv) el
Consejo de Estado decidió de fondo las pretensiones formuladas en un caso
idéntico, en el que también se pretendió la nulidad de la resolución 2581 de 2009.

Para decidir, se observa que, como lo anunció la sentencia de primera instancia, el
Distrito de Cartagena de Indias sí propuso la excepción denominada «INEPTITUD
SUSTANTIVA DE LA DEMANDA» en el escrito de contestación a la corrección de la demanda,
que se sustentó en que «debió ser demandado por PRIMEVALUESERVICE S.A.S., de forma directa
y autónomas las resoluciones [sic] 372 de 30 de diciembre de 2008, como también la resolución N°
02 de 2009, las cuales haciendo un estudio minucioso del libelo de la demanda estos actos
administrativos no fueron demandadas [sic], por lo que debe decretarle la excepción de inepta
demanda»24. Por lo anterior, no se encuentra vulnerado el principio de congruencia de
la sentencia.

En todo caso, aún de no haberse propuesto la excepción enunciada, el tribunal se
encontraba facultado para pronunciarse de oficio sobre las excepciones probadas,
pues el inciso segundo del artículo 164 del Código Contencioso Administrativo prevé
que «En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera
otra que el fallador encuentre probada».

Ahora bien, para verificar si en efecto está demostrada esta excepción, se debe
tener presente que el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, vigente
para el momento de la interposición de la demanda, establece que cuando se
demande la nulidad del acto, este se debe individualizar con toda precisión, y aclara
que, «Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse
las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la última
decisión. […]».

En el caso en concreto, se evidencia que fueron proferidos los siguientes actos
administrativos, que no fueron demandados:

• La resolución 372 del 30 de diciembre de 2008 «POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINA Y
DISTRIBUYE EL COSTO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO VIAL: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA

24
Samai, índice 34. PDF «59ED_22ContestacionDemand», pág. 14.
11

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VÍA TRANSVERSAL ISLA BARÚ, A FINANCIARSE CON LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR EL
SISTEMA DE BENEFICIO DIRECTO, Y SE ASIGNA EN FORMA INDIVIDUALIZADA DICHA CONTRIBUCIÓN A
CADA UNO DE LOS INMUEBLES UBICADOS DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CITADO».

• La resolución 02 del 2 de enero de 2009, «POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN
NO. 372 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2.008, QUE DETERMINA Y DISTRIBUYE EL COSTO DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO VIAL: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRANSVERSAL ISLA BARÚ, A
FINANCIARSE CON LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR EL SISTEMA DE BENEFICIO DIRECTO, Y SE
ASIGNA EN FORMA INDIVIDUALIZADA DICHA CONTRIBUCIÓN, A CADA UNO DE LOS INMUEBLES UBICADOS
DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CITADO».

De igual modo, fueron proferidos los siguientes actos, cuya nulidad sí fue pretendida
en el proceso de la referencia:

• La resolución 017 del 23 de enero de 2009 «Por medio de la cual se modifica la Resolución
No. 372 de 30 de diciembre de 2.008, aclarada por la Resolución No. 02 de 02 de enero de
2009, en el sentido de autorizar el cambio de nombre de los actuales propietarios de inmuebles
ubicados dentro de la zona de influencia del proyecto vial: Construcción y Mejoramiento de la
Vía Transversal Isla Barú, de conformidad con la información registrada en el folio de Matrícula
Inmobiliaria correspondiente a los respectivos predios».
• La resolución 2581 del 1 de diciembre de 2009 «POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA
RESOLUCIÓN NO. 372 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2.008, ACLARADA POR LA RESOLUCIÓN NO. 02 DE 02
DE ENERO DE 2009, Y MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 017 DE 23 DE ENERO DE 2009», originada
por las consultas formuladas por los propietarios y/o poseedores de predios ubicados
en la zona de influencia.
• El comunicado 000789 del 25 de junio de 2010, que comunicó la respuesta de la
consulta realizada por la contribuyente, sobre puntos concretos del proyecto
transversal vía Barú.
• La resolución 4636 del 7 de septiembre de 2010, que resolvió el recurso de reposición,
y confirmó la resolución 2581 de 2009.

La sala evidencia que la resolución 372 de 2008 fue el acto que inicialmente
determinó y distribuyó el costo de las obras del proyecto vial que se financiaría con
la contribución de valorización por beneficio directo, y además asignó de forma
individualizada la contribución a cada uno de los inmuebles de la zona de influencia,
entre otros, a los predios de propiedad de la demandante.

Dicha resolución, pese a las modificaciones realizadas, no ha sido derogada ni
revocada; en consecuencia, conserva su vigencia, produce plenos efectos jurídicos
y está amparada por la presunción de legalidad. Por esto, la parte resolutiva de la
resolución 2581 de 2009 indicó lo siguiente:
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Los demás aspectos de la resolución 372 de 30 de diciembre de
2008, aclarada por la Resolución No. 02 de 02 de enero de 2009, y modificada por la
Resolución No. 017 de 23 de enero de 2009, permanecen igual y por lo mismo no son
susceptibles de modificación25 [subraya la sala].

La demandante aseguró que los cargos de nulidad propuestos controvierten la falta
de soporte técnico de la contribución, lo cual no tiene incidencia con los actos que
no fueron demandados.

Empero, al analizar las consideraciones de la resolución 372, se observa que
enuncia la realización de estudios técnicos, en los siguientes términos26:

25
Samai, índice 34, PDF «39ED_02DemandayAnexos», pág. 227.
26
Ibidem, páginas 100 a 101.
12

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Que para la distribución y asignación de la contribución de valorización se ha calculado la que
le corresponde a cada uno de los inmuebles beneficiados con el proyecto, teniendo en cuenta
el valor de la obra, el beneficio estimado, la capacidad de pago de los contribuyentes, los
plazos y las formas de pago según los estudios realizados por el Consultor Ingeniero ALFONSO
RESTREPO MÁRQUEZ, determinados en el informe final del sector de Pasacaballos Zona
Continental del mes de Noviembre de 2.007 e informe final del Sector de Barú Zona Insular
de mes de Noviembre de 2008.
Que por la Subdirección Técnica del Departamento Administrativo de Valorización, se ha
verificado que los estudios de factibilidad, los proyectos y diseños de las obras y los planos
están vigentes y debidamente elaborados y aprobados, con sujeción a las modificaciones
introducidas al mismo.

Además, estos estudios no fueron desechados ni ignorados por la resolución 2581
de 2009, dado que anunció que las modificaciones realizadas tenían fundamento
en la racionalización de costos del proyecto, sin alterar elementos relacionados con
el beneficio estimado y la capacidad de pago. En efecto, este acto administrativo
manifestó lo siguiente27:
Que con fundamento en las observaciones al riegue y a la solicitud de los propietarios y/o
poseedores de los predios ubicados en la zona de influencia del proyecto, de racionalizar los
costos del mismo, se adelantaron ajustes al proyecto y al riegue, para lo cual se efectuaron
mesas de trabajo en las cuales se realizó análisis general a partir de estudios realizados con
ocasión de dichas reuniones, lo cual permitió establecer los ajustes sin ir en detrimento de la
calidad y estabilidad del proyecto.
Que los ajustes efectuados exigieron una reformulación del presupuesto del proyecto y del
programa de obras.

Igualmente, se advierte que el libelo controvierte de manera expresa elementos del
estudio técnico realizado por Alfonso Restrepo Márquez, el cual es el fundamento
de la resolución 372 de 2008. En efecto, con relación al cargo de nulidad por
violación del debido proceso, la sociedad afirmó lo siguiente28:
En efecto, como lo podrán verificar al realizar el estudio del presente caso, el análisis de cada
parámetro inherente al proceso de valorización contenido en el Documento Final del Estudio
de Distribución de las Contribuciones denominado “Informe final del sector de Barú zona
insular” de noviembre de 2008 elaborado por el ingeniero consultor ALFONSO RESTREPO
MÁRQUEZ contratado por la Administración, conserva en líneas generales la misma
metodología del documento inicial presentado en el año 2005 por el Distrito, significando ello,
que no se tuvieron en cuenta las objeciones y observaciones presentadas por propietarios
mayoritarios en área y en contribución resultante, como un aporte para mejorar los procesos
de cálculo de cada componente (Beneficio, Capacidad de pago, valor de la contribución), en
aras de lograr un estudio de mayor consistencia conceptual y rigurosidad en los cálculos de
todo el proceso de aplicación y distribución de las contribuciones para la Carretera Transversal
de Barú.

Y, en cuanto al cargo por falta de competencia, señaló lo siguiente29:
[…] es claro que [la administración] desbordó el marco dentro del cual podía adelantar las
actuaciones administrativas tendientes a la asignación de la contribución por valorización de
mi poderdante, pues como se observa en el estudio realizado por el consultor Alfonso
Restrepo Márquez y en los diversos pronunciamientos del Departamento Administrativo de
Valorización, a través de los actos demandados, el beneficio recibido no es proporcional a las
economías de costos de transporte relacionados con la distancia utilizada de la obra por cada
predio, la determinación de la plusvalía constituye hasta ahora una incógnita.

Lo expuesto anteriormente sin mencionar que hay una serie de inconsistencias en el
establecimiento de la capacidad de pago pues parte de la base de datos que no tienen una

27
Ibidem, páginas 223 a 224.
28
Ibidem, páginas 14.
29
Ibidem, páginas 36.
13

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justificación fáctica ni jurídica, es arbitrario y subjetivo y ostensiblemente perjudicial no solo
para mi mandante sino para todos los propietarios de predios ubicados en la zona de
influencia.

En consecuencia, además de que subsisten aspectos estrictamente regulados por
la resolución 372 a pesar de la expedición de la resolución 2581, el demandante
expresamente controvierte los estudios de 2008 que fundamentaron la resolución
inicial, cuya nulidad no fue pretendida.

Sumado a lo anterior, y contrario a lo señalado por la apelante, la resolución 372 no
es de carácter general o abstracto, pues asignó de forma individualizada la
contribución a cada uno de los inmuebles ubicados dentro de la zona de influencia
del proyecto citado, tal como se expone en su artículo tercero, en los siguientes
términos30:
ARTÍCULO TERCERO: ASIGNACIÓN. Asignar individualmente a cada propietario o poseedor, la
contribución distribuida, conforme a las tablas anexa, que constituyen ASIGNACIÓN INDIVIDUAL
PROYECTO “OBRA VÍA TRANSVERSAL: ISLA BARÚ – TRAMO CONTINENTAL) y ANEXO No. 8 (TABLA DE
RIEGUE Y ASIGNACIÓN INDIVIDUAL PROYECTO “OBRA VÍA TRANSVERSAL ISLA BARÚ – TRAMO INSULAR),
establecida mediante acuerdo 013 de 25 de Julio de 23 y 018 de 18 de Agosto de 2004 del
Concejo Distrital de Cartagena.
[…]

Conforme a lo anterior, la resolución 372 de 2008 es un acto administrativo de
carácter particular y, por lo tanto, susceptible de control judicial en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
La Sección pone de presente que ha examinado el cumplimiento del requisito de
individualizar los actos demandados, en concreto la omisión de demandar las
resoluciones 372 de 2008 y 02 de 2009, en dos ocasiones.
La primera, en la sentencia del 30 de mayo de 201931, que verificó el cumplimiento
de este requisito con relación a las resoluciones 02 de 2009 y 017 del mismo año.
En esa ocasión, la sala concluyó que «En ese contexto, las Resoluciones 02 y 017 de 2009,
son actos que hacen parte de lo regulado por la Resolución 372 de 2008, que fue objeto de demanda
y tanto su modificación y aclaración fueron hechos que se pusieron de presente por la parte actora
en la demanda».

La segunda, en la sentencia del 29 de octubre de 202032, invocada por el a quo,
donde la sala consideró, que se configuró la excepción de inepta demanda por no
pretenderse la nulidad de la resolución 372 de 2008. Esta conclusión se fundamentó
en un análisis similar al expuesto previamente, a partir de lo cual se manifestó que:
«cualquier confrontación exclusiva contra la Resolución 2581 de 2009 incidiría en la plenitud
de la legalidad de la primera resolución [372 de 2008], en la medida en que la última no la
sustituye íntegramente, en un modo tal que la haya hecho desaparecer como hubiese ocurrido
con una revocatoria plena, en cuyo evento, el demandante estaría relevado de acusar la
legalidad de la Resolución 372 de 2008, en los precisos términos del inciso tercero del artículo
138 del CCA […]».

Además, esta providencia de 2020 precisó que el fallo del 30 de mayo de 2019,
antes referido, es un precedente al señalar que no era necesario pretender la
nulidad de las resoluciones 02 de 2009 y 017 del mismo año. Empero, se aclaró que
esto no es aplicable con relación a la resolución 372 de 2008, pues «en dicho juicio sí

30
Ibidem, página 102.
31
Exp. 23063, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
32
Exp. 22260, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
14

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se demandó el acto original que asignó el costo de la obra y distribuyó la contribución de valorización
que se acusa de ilegal en el presente juicio».

Así las cosas, la sala acoge esta postura, de modo que, conforme lo expuesto, se
encuentra acreditada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, toda vez
que se omitió pretender la nulidad de la resolución 372 de 2008, de modo que no
hubo una integración adecuada de la proposición jurídica demandada, conforme lo
exige el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo.
Finalmente, se pone de presente que, como lo manifestó la apelante, la sentencia
del 1 de diciembre de 202233 analizó de fondo un caso en que se formularon
pretensiones idénticas a las del proceso de la referencia; es decir, donde se solicitó
la nulidad de las resoluciones 2581 de 2009 y 4637 de 2010 y de la comunicación
000788 de 2010, pero no de la resolución 372 de 2008.
No obstante, a diferencia de las dos providencias antes referidas del 30 de mayo de
2019 y del 29 de octubre de 2020, esta sentencia no puede considerarse un
precedente, en tanto que no analizó expresamente la excepción de inepta demanda.
Conforme con lo expuesto, se confirmará la decisión de primera instancia, por
encontrarse probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, razón por
la que no se analizará de fondo el presente asunto.
Costas

No se realizará pronunciamiento sobre a la primera instancia, dado que no fue
apelada la decisión del tribunal de no imponerlas. Para la segunda instancia, se
debe tener en cuenta que el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo
establece que la condena deberá tener en cuenta «la conducta asumida por las partes».
En este caso, no se observa que la demandante haya actuado de mala fe ni de
forma temeraria, de modo que no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 29 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión Nro. 002.

2. Sin condena en costas.

3. Reconocer al abogado Alfonso Rafael Álvarez Manjarres como apoderado
judicial de la parte demandada, en los términos del poder conferido (Samai,
índice 37).

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

33
Exp. 24993, M.P. Milton Chaves García.
15

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Radicado: 13001-23-31-000-2011-00011-02 (30250)
Demandante: Primevalueservice S.A.S.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad se pueden comprobar a través de la siguiente dirección
electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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