Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2011-00627-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-31-000-2011-00627-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 13001-23-31-000-2011-00627-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
18 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 13001-23-31-000-2011-00627-02
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actor: DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS
TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA, POR CUANTO EL
TRIBUNAL NO HIZO USO DE SU FACULTAD OFICIOSA Y POR ELLO
DEJÓ DE PRONUNCIARSE SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL. EN ESTE CASO NO SE TRATABA
DE LA CARGA PROCESAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 141 DEL CCA,
PUES LA PARTE ACTORA NO INVOCÓ EN LA DEMANDA COMO
VIOLADAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER LOCAL. SE DISPONE
DEVOLVER AL TRIBUNAL EL EXPEDIENTE PARA QUE PROVEA SOBRE
EL FONDO DEL ASUNTO. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto
por la apoderada del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias contra la sentencia de 15 de agosto de 2014, proferida
por la Subsección Especial de Descongestión - Despacho de
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Descongestión 002 del Tribunal Administrativo de Bolívar, por la cual
se denegaron las súplicas de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
I.1. El Distrito Cultural y Turístico de Cartagena de Indias1, por
medio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA,
presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Bolívar,
tendiente a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
1ª. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
a) La Resolución núm. 13-000-093-2010 de 11 de noviembre
de 2010, por la cual el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC
Territorial Bolívar, resuelve una solicitud de inscripción catastral de
predios presentada por el Municipio de Turbaná (Bolívar).
b) La Resolución núm. 13-000-002-2011 de 15 de febrero de
2011, por la cual se resuelve, desfavorablemente, el recurso de
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En adelante Distrito de Cartagena.
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reposición interpuesto contra la citada Resolución núm. 13-000-
093-2010 de 11 de noviembre de 2010.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene que el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC2- Territorial Bolívar se
declare incompetente para tramitar la solicitud del alcalde Municipal de
Turbaná, respecto de la inscripción catastral de 760 hectáreas de
Covado para “darle cumplimiento, en cuanto efectos catastrales, a la
sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar del 23 de octubre de
2008”.
3ª. Que se ordene mantener la inscripción en el catastro del Distrito
de Cartagena de Indias de los 99 predios que, en virtud del artículo
primero de la Resolución núm. 13-000-093-2010 de 11 de noviembre
de 2010, fue reordenada su inscripción en el Municipio de Turbaná -
Bolívar.
4ª. Que la entidad demandada sea condenada a devolver las sumas
de dinero que “con ocasión de la expedición de las resoluciones
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En adelante IGAC.
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demandadas, se obtuvo por los predios que fueron inscritos en el
catastro de Turbaná, en favor de esa entidad territorial.”.
5ª. Que se ajusten los valores antes mencionados, aplicando la
fórmula jurisprudencialmente establecida por el Consejo de Estado,
desde la fecha de expedición y notificación de la Resolución núm. 13-
000-093-2010 de 11 de noviembre de 2010 y hasta que la Dirección
del IGAC- Territorial Bolívar inscriba nuevamente en el catastro del
Distrito de Cartagena de Indias los 99 predios que, en virtud del
artículo primero de la mencionada resolución, fuere ordenada su
inscripción en el Municipio de Turbaná - Bolívar.
6ª. Que se dé cumplimiento a la sentencia, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 175 y 176 del CCA.
7ª. Que se condene en costas.
I.2. La actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los siguientes
hechos:
1º. El Municipio de Turbaná presentó demanda de nulidad contra la
Ordenanza núm. 04 de 1970, por ser expedida en forma irregular y
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con desviación de las atribuciones de la corporación que la profirió.
Surtido el trámite procesal, el Tribunal Administrativo de Bolívar,
mediante sentencia de 23 de octubre de 2008, declaró la nulidad del
artículo 2°, literal “e”, de la Ordenanza demandada.
2º. Por escrito de 2 de diciembre de 2008, el Municipio de Turbaná
allegó copia de la mencionada sentencia a la Dirección Territorial
Bolívar del IGAC; y ésta mediante oficio de 19 de febrero de 2009 le
informó a dicho Municipio que: “EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR
LUEGO DE LA ANULACIÓN DE LOS LÍMITES ENTRE EL MUNICIPIO DE
TURBANA Y EL DISTRITO DE CARTAGENA POR VÍA JUDICIAL,
CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DEL DESLINDE ENTRE LAS DOS
ENTIDADES TERRITORIALES, aplicando el procedimiento establecido
en los artículos 20 y 21 del decreto 1333 de 1986 y en el artículo 14
de la Ley 136 de 1994, por cuanto al carecerse de la normatividad
específica para realizar el deslinde de los distritos se debe aplicar la
normatividad que rige en la materia para los municipios, artículo 2°
de la Ley 768 de 2002”.
Además, se les dijo que “Según el artículo 29 de la Ley 962 de 2005
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi” es la entidad competente
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para realizar el deslinde y amojonamiento de las entidades
territoriales de la República (…)”.
3º. Que, por escrito de 14 de abril de 2009, el representante legal
del Municipio de Turbaná, presentó petición de incorporación de
predios del Covado al mismo, conforme al artículo 58 de la Resolución
núm. 2555 de 25 de septiembre de 1988.
4º. Que, por auto de 26 de mayo de 2009, el IGAC – Territorial
Bolívar resolvió abrir actuación administrativa tendiente a definir la
solicitud presentada por el Alcalde del Municipio de Turbaná.
5°. Que, durante el transcurso de la actuación, el Distrito de
Cartagena solicitó la nulidad de toda la actuación por considerar que
se venía surtiendo sin observancia de las normas del debido proceso,
la cual fue negada por el IGAC- Territorial Bolívar, mediante auto de
18 de noviembre de 2009.
6°. Que, posteriormente, el Distrito de Cartagena solicitó la práctica
de pruebas, las cuales fueron ordenadas parcialmente por el IGAC-
Territorial Bolívar, por auto de 13 de enero de 2010.
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7.° Luego, por Resolución núm. 13-000-093-2010 de 11 de
noviembre de 2010, el IGAC- Territorial Bolívar ordenó la cancelación
de unos predios en el catastro del Distrito de Cartagena e inscribirlos
en el catastro del Municipio de Turbaná.
8°. El Distrito de Cartagena interpuso recurso de reposición contra
la anterior Resolución, el cual fue resuelto, de manera desfavorable,
por Resolución núm. 13-000-002-2011 de 15 de febrero de 2011.
I.3. En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación
de los artículos 29 de la Constitución Política; 56 y 57 del CCA y de
la Resolución núm. 2525 de 1988, expedida por el Director del IGAC.
Como concepto de violación adujo la falta de competencia del
funcionario para expedir los actos administrativos acusados, la falsa
motivación de los mismos y la violación del debido proceso. Para tal
efecto, manifestó:
Que el trámite surtido por el IGAC se encuentra viciado de nulidad
por falta de competencia, ya que dicha entidad no puede aplicar el
artículo 58 de la Resolución núm. 2555 de 1988, por el hecho de
haberse expedido la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar
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que declaró la nulidad parcial de la Ordenanza 04 de 1970, artículo
2, literal e), en razón de que esto no generó problemas de inscripción
catastral, ni borró la inscripción catastral de predio alguno para que
el IGAC tenga que inscribir 760 hectáreas del Covado que ya están
inscritas en el Agustín Codazzi, amén de que ningún inmueble
presentó mutación de la propiedad para generar cambio en la
inscripción, como tampoco petición en tal sentido por propietario o
poseedor alguno.
Sostuvo que, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de
identificación predial e inscripciones, cada predio mantendrá la
inscripción del catastro vigente hasta tanto se resuelva el litigio que
verse sobre el deslinde de los mismos.
Por lo tanto, señaló que no era posible darle trámite a la solicitud de
inscripción de predios hechas por el Alcalde del Municipio de Turbaná,
cuando no es él quien tiene la competencia para inscribir un predio
en determinado municipio al IGAC; y que la competencia la adquiere
el IGAC, para poder aplicar el artículo 58 de la Resolución núm. 2555
de 1988, una vez el propietario o poseedor interesado acude a la
entidad en razón de las dudas que se le generen sobre el lugar de
inscripción de un predio.
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Sostuvo que cuando entre dos o más municipios de un mismo
departamento que mantengan disputa territorial por no existir entre
ellos límites definidos, como es el caso de Turbaná y Cartagena, es
la Asamblea Departamental la que debe, a través de una ordenanza,
establecer los límites intermunicipales; luego de ello, acorde con los
lineamientos de la Ordenanza, debe el IGAC hacer el respectivo
deslinde y amojonamiento. Y si después de surtirse todos estos
pasos, entre los propietarios y poseedores de los bienes inmuebles
existe duda sobre el lugar de inscripción de sus predios, por solicitud
de ellos, el IGAC entra a ser competente para conocer de la
respectiva actuación administrativa de inscripción de predios.
Por otro lado, señaló que la entidad demandada fundamenta el acto
administrativo acusado en el hecho de que la Ordenanza 42 de 1923
recobró vigencia una vez fue anulada la Ordenanza 04 de 1970,
frente a los límites entre el Distrito de Cartagena y el Municipio de
Turbaná, lo que constituye un yerro jurídico.
Refirió que el IGAC desarticuló la Ordenanza 42 de 1970 al
desconocer lo señalado en el artículo 32 de la misma, ya que dicha
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disposición no fue objeto de nulidad por parte del Tribunal, pues la
nulidad se circunscribió al literal e) del artículo 2º y no cobijó al
artículo 32 que reza: “con la sanción de la presente Ordenanza y en
los términos de los artículos 2, 3, 4 (…) quedan sustituidas en las
partes pertinentes a los linderos que se fijan, todas las disposiciones
legales vigentes.” Por lo tanto, sostuvo que de querer la providencia
atribuir efectos de revivir lo dispuesto en la Ordenanza de 1923, el
Tribunal habría hecho un pronunciamiento expreso sobre el
particular.
Finalmente, afirmó que la Ordenanza de 1923 establece unas
circunstancias que no resultan armónicas en la actualidad; además
los supuestos de hecho y algunos de derecho han variado e incluso
desaparecido, lo que deriva en la pérdida de ejecutoria de la
mencionada Ordenanza; y que la errónea interpretación que la
entidad demandada hizo frente a la vigencia de la Ordenanza 42 de
1923, constituyó el principal elemento para realizar la inscripción de
predios que pertenecen al Distrito de Cartagena, al Municipio de
Turbaná, configurándose una falsa motivación del acto
administrativo.
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Añadió que la entidad demandada vulneró el artículo 29 de la
Constitución Política.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, mediante
apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad
de las pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:
Que en los actos administrativos demandados se analizaron las
mismas argumentaciones que el Distrito de Cartagena presentó en la
demanda ante el Tribunal, por lo que trae a colación los argumentos
expuestos en la actuación administrativa; y, en resumen, advierte que
entre el Distrito de Cartagena y el Municipio de Turbaná, efectivamente
se da la situación de límites municipales no definidos, situación creada
por la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, de fecha 23 de
octubre de 2008, que decretó la nulidad del artículo 2°, literal e), de la
Ordenanza 04 de 1970, expedida por la Asamblea Departamental de
Bolívar, que establecía el límite antiguo del Municipio de Cartagena-
hoy Distrito de Cartagena-, con el Municipio de Turbaná; también
quedó anulado el límite entre el Municipio de Turbaná y el Distrito de
Cartagena, y como el artículo 2º, ordinal e), fue anulado, ya no existe
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jurídicamente, por lo tanto no tiene sustento jurídico material el literal
d) del artículo 28 de la misma Ordenanza 04 de 1970. En consecuencia,
existe una indefinición jurídica de unos límites municipales entre el
Distrito de Cartagena y el Municipio de Turbaná, situación que está
prevista en el artículo 58 de la Resolución núm. 2555 de 1988.
Sostuvo que el Jefe de la Oficina de Catastro, de que trata el artículo
127 de la Resolución núm. 2555 de 1988 del IGAC, actualmente es el
Director Territorial Bolívar, por lo que no hay duda de que el trámite
dado a la solicitud del alcalde del Municipio de Turbaná fue el correcto;
y que la competencia para iniciar y realizar el trámite está radicada en
la Directora Territorial de Bolívar del IGAC.
Ahora, frente a la falsa motivación de la Resolución núm. 13-000-093-
2010 de 11 de noviembre de 2010, sostiene que al decretarse la
nulidad del artículo 2°, literal e), de la Ordenanza 04 de 1970, expedida
por la Asamblea Departamental de Bolívar, el límite municipal que la
norma determinaba no queda vigente, a pesar de que los entes
territoriales, esto es, el Distrito de Cartagena y el Municipio de
Turbaná, siguen existiendo, por lo tanto se debe buscar la ordenanza
inmediatamente anterior que determinaba dicho límite, esto es, la
Ordenanza 042 de 1923 de la Asamblea Departamental de Bolívar que
divide el territorio del Departamento en once provincias, siendo la
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primera la Provincia de Cartagena, que se compone de 12 distritos
entre los que están el Distrito de Cartagena y el Distrito de Turbaná.
Que se realizó el estudio jurídico, catastral y cartográfico de título que
corresponde a los predios afectados; y teniendo en cuenta los
documentos que señalan los límites municipales, la solución de
continuidad de los predios dentro de los municipios limítrofes (Turbaná
y Cartagena) y los comprobantes de pago del impuesto predial, se
determinaron los predios o las partes de éstos que están comprendidos
en dicha área y que cambiaran de entidad territorial, es decir que
pasaron del Distrito de Cartagena al Municipio de Turbaná y viceversa.
Finalmente, advirtió que en la demanda se alega la violación al debido
proceso; y que pese a que el demandante no desarrolló ni hace análisis
del mismo, la actuación administrativa se ajustó a las normas vigentes
que eran aplicables.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Mediante sentencia de 15 de agosto de 2014, la Subsección Especial
de Descongestión - Despacho de Descongestión 002 del Tribunal
Administrativo de Bolívar, denegó las súplicas de la demanda, por falta
de prueba, ya que no fue aportado al expediente por la parte actora
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las Ordenanzas núms. 42 de 1923 y 04 de 1970, para determinar si
fue adecuada la aplicación del artículo 28 de la Resolución núm. 2555
de 1988. Lo anterior, con base en los razonamientos que pueden
resumirse, así:
El a-quo, en primer lugar, advirtió que la parte actora estructura el
argumento de ilegalidad a partir de la falta de competencia y falsa
motivación de los actos acusados, basado en que a partir de la
sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, de fecha 23 de
octubre de 2008, que declaró la nulidad parcial de la Ordenanza 04
de 1970, esto es, de su artículo 2º, literal e), se generó un vacío en
la norma frente a los límites entre el Distrito de Cartagena y el
Municipio de Turbaná, lo que llevó a la Dirección Territorial Bolívar
del IGAC a remitirse a la Ordenanza 42 de 1923 e iniciar una
actuación administrativa en aplicación del artículo 58 de la Resolución
núm. 2555 de 1988, que finalmente terminó con la inscripción de 99
predios del catastro del Distrito de Cartagena en el catastro del
Municipio de Turbaná (Bolívar).
Sostuvo que, conforme con lo anterior, lo mínimo que debía allegarse
al plenario eran las ordenanzas objeto de discusión, sobre las cuales
recaía la definición de los límites entre el Distrito de Cartagena y el
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Municipio de Turbaná, lo cual no fue aportado al expediente por la
parte demandante, que hiciera posible efectuar un análisis a partir
de la confrontación del mismo, a fin de someterlo a control con las
normas que se estimaron violadas.
Que, en efecto, ante la ausencia de las Ordenanzas 42 de 1923 y 04
de 1970, expedidas por la Asamblea Departamental de Bolívar, no
puede la Sala entrar a determinar si hubo una indebida aplicación de
la Ordenanza 42 de 1923, como norma vigente para fijar los límites
entre el hoy Distrito de Cartagena y el Municipio de Turbaná, pues se
desconoce el contenido de dicho acto, al igual que no se podía
analizar si el artículo 32 de la Ordenanza 04 de 1970, que al no ser
declarado nulo, genera un vacío normativo en cuanto a la
competencia para la expedición del nuevo acto administrativo que
fije límites entre las entidades territoriales objeto de discusión.
Aunado a lo anterior, hizo referencia a lo dispuesto en el artículo 177
del CCA., y señaló que la parte demandante no cumplió con la carga
probatoria que le impone esta norma, ya que no allegó al proceso
prueba que permita controvertir o desvirtuar la legalidad de los actos
acusados.
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Concluyó que, dado lo expuesto, para conocer si los actos acusados
se encuentran viciados debe precisarse si en el presente asunto,
entre el Distrito de Cartagena y el Municipio de Turbaná,
efectivamente se da la situación de límites municipales no definidos,
situación fáctica y jurídica creada en razón a la sentencia dictada por
dicho Tribunal que declaró la nulidad del artículo 2°, literal e), de la
Ordenanza 04 de 1970 de la Asamblea Departamental de Bolívar,
que establecía el límite del antiguo Municipio de Cartagena, hoy
Distrito de Cartagena, con el Municipio de Turbaná; y que como
quiera que no se aportaron las mencionadas Ordenanzas no se puede
comparar el contenido de las mismas con respecto a los límites de
las entidades territoriales y su derogatoria, lo que impide determinar
la adecuada aplicación del artículo 58 de la Resolución núm. 2555 de
1988.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La demandante manifestó, en síntesis, que no comparte la sentencia
recurrida pues el Tribunal denegó las pretensiones de la demanda sin
hacer un análisis de fondo solo porque no se aportaron al proceso las
copias de las Ordenanzas 42 de 1923 y 04 de 1970, expedidas por la
Asamblea de Bolívar, siendo que dicha Corporación fue la que declaró
la nulidad parcial de la Ordenanza 04 de 1970, violando de esta
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manera el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y
a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, incurriendo
en un defecto fáctico, esto es, cuando el juez no ejerce la facultad
oficiosa para decretar pruebas, omisión esta que vulnera sus
derechos fundamentales.
En apoyo de lo anterior, trajo a colación pronunciamientos de la Corte
Constitucional, como las proferidas dentro del expediente 2009-
01328 del 31 de julio de 2012 y la sentencia T-591 de 2011.
Insiste en que el Tribunal incurre en un yerro cuando niega las
pretensiones por no existir en los procesos las copias de las
Ordenanzas 04 de 1970 y 42 de 1973 de la Asamblea Departamental
de Bolívar, vulnerando los derechos fundamentales de la entidad
demandante, por lo que, a su juicio, debe revocarse la sentencia de
primera instancia y, en su defecto, hacer uso de las facultades
oficiosas para decretar pruebas a fin de que se aporten al proceso las
copias de las mencionadas ordenanzas, en aplicación del principio de
la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.
Asimismo, alegó que el proceso está viciado de nulidad debido a que
el acto administrativo demandado fue expedido por el IGAC-
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Territorial Bolívar, esto es, por una autoridad nacional; y que el acto
administrativo demandado carece de cuantía, en virtud del artículo
128, numeral 2, del CCA, por lo que la competencia para dirimir la
controversia radica en cabeza del Consejo de Estado, en única
instancia.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION
IV.1.- Vencido el plazo, la parte actora, guardó silencio.
IV.2.- La parte demandada descorrió el traslado de alegatos, en
forma oportuna, en el que solicita confirmar la sentencia apelada,
para lo cual, en síntesis, reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda.
IV.3. El Ministerio Público, en la oportunidad concedida para
presentar sus alegatos, guardó silencio.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las
resoluciones núms. 13-000-093-2010 de 11 de noviembre de
2010 y 13-000-002-2011 de 15 de febrero de 2011, expedidas
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC Territorial Bolívar.
La primera, por la cual se resolvió la solicitud de inscripción catastral
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de predios presentada por el Municipio de Turbaná; y la segunda, que
desató, desfavorablemente, el recurso de reposición interpuesto contra
la citada Resolución núm. 13-000-093-2010 de 11 de noviembre de
2010, confirmándola en todas sus partes.
Los mencionados actos, son del siguiente tenor:
“RESOLUCION 13-000-093-2010
(11 de noviembre)
Por la cual se resuelve solicitud de inscripción catastral
de predios presentada por el Municipio de Turbana
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO
“AGUSTÍN CODAZZI”
TERRITORIAL BOLIVAR
En uso de sus atribuciones conferidas por el artículo 58 de la
Resolución 2555 de 1988 y el segundo inciso del artículo 3 de
la resolución 159 del 2004, que modificó el artículo 127 de la
Resolución 2555 de 1988, proferidas por la Dirección General
del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”
CONSIDERANDO
(…)
Que al decretarse la nulidad del artículo 2 literal e) de la
Ordenanza No. 4 de 1970 expedida por la Asamblea
Departamental de Bolívar (Folios 1 al 23, Folder 1), el límite
municipal que dicha norma determinaba no queda vigente,
es decir, no existe, pero los entes territoriales Distrito de
Cartagena y Municipio de Turbana siguen existiendo, por
tanto se debe buscar la Ordenanza inmediatamente
anterior que determinaba dichos límites, encontrando que
la anterior norma que regulaba dicho tema es la Ordenanza
No. 42 de 1923 de la Asamblea Departamental de BOLÍVAR
“SOBRE DIVISIÓN TERRITORIAL, POLÍTICA Y
ADMINISTRATIVA DEL Departamento de Bolívar”, que
divide el territorio del Departamento de Bolívar en once
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Provincias, siendo la primera Provincia de Cartagena (Art.
1), que se compone de 12 Distritos entre los que están el
Distrito de Cartagena y el Distrito de Turbana (Art. 2).
(…)
Que de conformidad con el artículo 58 de la Resolución
IGAC N° 2555 de 1988, para decidir por parte de la Oficina
de Catastro (actualmente la Territorial Bolívar del IGAC),
en que Municipio, debe hacerse la inscripción, se “tendrá
en cuenta los documentos que señalen los límites
municipales, la solución de continuidad de los predios
dentro de los municipios limítrofes, los títulos de propiedad
o posesión y los comprobantes de pago de impuesto
predial”, siendo estos documentos los siguientes: la
Ordenanza 42 de 1923 de la Asamblea Departamental de
Bolívar “sobre división territorial, política y administrativa
del Departamento de Bolívar”, las Escrituras relacionadas
en los cuadros correspondientes a las antiguas fincas o
predios “Mainero y Trucco”, “El Molino”, “El Paraiso”,
“Cobado” y Paricica” y “Piedrecitas”, y los recibos de
impuestos predial que aparecen en las escrituras
estudiadas y analizadas, por tanto esta Dirección Territorial
Bolívar del IGAC tiene en cuenta esta Ordenanza y los
demás documentos citados para dilucidar este asunto”.
(…)
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar que los siguientes predios
se cancelen en el Catastro del Distrito de Cartagena, y se
inscriban en el Catastro del Municipio de Turbana, así:
(…)
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar que los siguientes predios
se cancelen en el Catastro del Municipio de Turbana, y se
inscriban en el Catastro del Distrito de Cartagena, así:
(…)
ARTÍCULO TERCERO: Mantener inscritos en el Catastro
del Distrito de Cartagena los demás predios solicitados por
el Municipio de Turbana, de conformidad con la parte
considerativa de a presente providencia (…).
“[…]RESOLUCION 13-000-002-2011
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(15 de febrero)
Por la cual se resuelve recurso de reposición contra la
Resolución N° 13-000-093-2010 del 11 de noviembre
de 2010, mediante la cual se Resolvió Solicitud de
Inscripción Catastral de predios presentada por el
Municipio de Turbana
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO “AGUSTÍN
CODAZZI” TERRITORIAL BOLIVAR”
En uso de sus atribuciones conferidas por el artículo 58 de la
Resolución 2555 de 1988 y el segundo inciso del artículo 3 de
la resolución 159 del 2004, que modificó el artículo 127 de la
Resolución 2555 de 1988, proferidas por la Dirección General
del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, y
CONSIDERANDO:
(…)
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la
Resolución Administrativa N° 13-000-093-2010 del 11 de
noviembre de 2010, que resolvió Solicitud de Inscripción
Catastral de predios presentada por el Municipio de
Turbana, que ordenó que 94 predios se cancelen en el
Catastro de Cartagena y se inscriban en el Catastro del
Municipio de Turbana, y que 6 predios se cancelen en el
Catastro del Municipio de Turbana y se inscriban en el
Catastro del Distrito de Cartagena, así […]”.
Como ya se precisó, en el libelo demandatorio la parte actora solicitó
la nulidad de los actos acusados con fundamento en: (i) la falta de
competencia del funcionario para expedir los actos acusados; (ii) la
falsa motivación para expedir los actos demandados, ya que se
encuentran fundamentados en que la Ordenanza 42 de 1923 recobró
vigencia una vez fue anulada la Ordenanza 04 de 1970, frente a los
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límites entre el Distrito de Cartagena y el Municipio de Turbaná; y,
(iii) la violación del debido proceso.
A su vez, la entidad demandada sostuvo que la Resolución núm. 2555
de 1988, le da plena competencia a la Directora Territorial del IGAC
para resolver, en única instancia, los conflictos relacionados con la
inscripción de predios. Asimismo, sostuvo que al decretarse la
nulidad del artículo 2º, literal e), de la Ordenanza 04 de 1970,
expedida por la Asamblea Departamental de Bolívar, el límite
municipal que dicha norma determinaba no queda vigente, por lo que
se debe acudir a la disposición anterior que regulaba el tema, esto
es a la Ordenanza 42 de 1923.
Por su parte, como ya se vio, el Tribunal de instancia, en la sentencia
que es objeto del recurso de apelación, consideró que para establecer
si los actos se encuentran viciados de nulidad por falta de
competencia y falsa motivación, se debe establecer si entre el Distrito
de Cartagena y el Municipio de Turbaná, efectivamente se da la
situación de límites municipales no definidos, generada por la nulidad
del literal e) del artículo 2° de la Ordenanza 04 de 1970 de la
Asamblea Departamental de Bolívar, que establecía el límite entre
dichas entidades territoriales; sin embargo, como no se aportaron las
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ordenanzas 42 de 1923 y 04 de 1970 que permitieran comparar el
contenido de las mismas, el a quo señaló que dicha situación le
impidió determinar la adecuada aplicación del artículo 58 de la
Resolución núm. 2555 de 1988, por parte del IGAC- Territorial
Bolívar, circunstancia que conllevó la denegatoria de las pretensiones
de la demanda.
Inconforme con dicha decisión, el Distrito de Cartagena interpuso el
recurso de apelación argumentando, en síntesis, que el fallador
incurrió en un yerro al denegar las pretensiones de la demanda, por
no existir en el proceso las copias de las ordenanzas 04 de 1970 y
42 de 1923 de la Asamblea Departamental de Bolívar, lo que vulnera
sus derechos fundamentales, pues no hizo uso de la facultad oficiosa
del Juez, por lo que solicita revocar el fallo apelado y, en su lugar,
que se haga uso de dichas facultades, de modo que se garanticen
los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial
sobre el formal.
Finalmente, alegó que el proceso está viciado de nulidad debido a
que los actos administrativos demandados fueron expedidos por el
IGAC- Territorial Bolívar, esto es, por una autoridad nacional; y que
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como el acto carece de cuantía, en virtud del artículo 128, numeral
2, del CCA., la competencia es de esta Corporación, en única
instancia.
Al respecto, esto es, frente a la solicitud de nulidad de todo lo actuado
por falta de competencia del Tribunal Administrativo de Bolívar,
petición efectuada por la parte actora en el recurso de alzada, es
menester señalar que el Tribunal resolvió dicho incidente mediante
auto de 31 de octubre de 2014 en el sentido de rechazarlo de plano,
para lo cual argumentó lo siguiente:
“[…] Advierte el Despacho que en efecto, el ente que
profiere los actos administrativos demandados es un
instituto de orden nacional, sin embargo, no es cierto
que la demanda solo esté encaminada a conseguir la
nulidad de dichos actos, sino que, por el contrario, lo
que la parte actora pretende es que la entidad
demanda, INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
(IGAC), sea condenada a devolver las sumas de dinero
que la accionante dejo de percibir, como consecuencia
de la expedición de las resoluciones demandadas, que
resolvieron en favor del Municipio de Turbaná la
inscripción de algunos predios.
En ese sentido, la parte actora expuso en su escrito de
demanda, que la cuantía del presente asunto ascendía
al monto de $514.002.440 millones de pesos, por lo que
no es aceptable que ahora concurra ante esta
Corporación para alegar la nulidad de todo lo actuado,
aduciendo que la demanda carece de cuantía para ser
de conocimiento de este Tribunal en primera instancia.
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Así las cosas, y como quiera que el art. 132 del C.C.A.,
establece que los Tribunales Administrativos conocerán
en primera instancia de los asuntos de nulidad y
restablecimiento del derecho en que se controviertan
actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la
cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos
legales mensuales ($160.680.000 millones de pesos
para el año 2011, fecha en la que se presentó la
demanda), y teniendo en cuenta que en este caso la
cuantía excede tal monto, pues se estableció en
$514.002.440 millones de pesos, este Tribunal sí es
competente para adelantar el proceso.[…]”3.
A juicio de la Sala, le asistió razón al a quo al rechazar de plano el
incidente de nulidad planteado por la actora frente a la competencia
del Tribunal para conocer del presente asunto.
En efecto, la entidad demandante en las pretensiones de la demanda
solicitó lo siguiente:
“Que la entidad demandada, sea condenada a devolver las
sumas de dinero que, con ocasión de la expedición de las
resoluciones demandadas, los predios que fueron inscritos
en el catastro de Turbana, cancelen a favor de esa entidad
territorial”.
Conforme a lo anterior, se advierte que dentro de las pretensiones
invocadas en la demanda se persigue un restablecimiento
económico, el cual corresponde a la devolución de las sumas de
3
Folios 455 a 456 del C. 1. del Tribunal.
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dinero que se paguen por los predios que pasan del catastro del
Distrito de Cartagena al catastro del Municipio de Turbaná.
Aunado a lo anterior, se encuentra que los actos acusados al resolver
la solicitud de inscripción catastral presentada por el Municipio de
Turbaná de los 99 predios, repercute directamente en cuál entidad
territorial se debe percibir el respectivo impuesto predial.
Por lo tanto, si bien los actos acusados fueron expedidos por una
entidad de orden nacional, si se llegara a declarar la nulidad de los
mismos acarrearía una modificación en el registro catastral y, por
consiguiente, el impuesto predial que se debe declarar y pagar ante
una u otra entidad territorial. En consecuencia, lo anterior conlleva
un interés económico que involucra la estimación de una cuantía, por
lo que la competencia recae en el Tribunal Administrativo y no en
esta Corporación, como lo indicó el recurrente.
Ya en lo que toca con el fondo del asunto, cabe precisar lo siguiente:
El a quo denegó las pretensiones de la demanda con el argumento
de que la actora incumplió su carga probatoria pues no allegó al
expediente las ordenanzas 42 de 1923 y 04 de 1970.
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Es cierto que en el expediente no obran las mencionadas ordenanzas;
empero, la parte demandante no estaba obligada a cumplir dicha
carga procesal pues no se trataba del supuesto fáctico que establece
el artículo 141 del CCA, ya que en la demanda no estaba endilgando
violación de normas de carácter no local. Asunto distinto sí es que
para una mejor comprensión de la controversia y en orden a resolver
los cargos de la demanda fuera menester conocer el texto de las
normas contenidas en las citadas ordenanzas; no obstante ello,
también es del resorte de las facultades oficiosas del Juez.
Sobre el particular, vale la pena traer a colación lo sostenido por la
Corte Constitucional, respecto de las facultades y poderes oficiosos
del juez, así:
“[…]
Los poderes en cabeza del juez, en aras del impulso oficioso
de los procesos, cualesquiera que sean4, han venido siendo
reiterados por los diversos estatutos procesales5. En el Código
de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970), se lee que
“los jueces deben adelantar los procesos por sí mismos y son
responsables de cualquier demora que ocurra en ellos”6, al
4 Ley 270 de 1996, art. 60A.
5 En este acápite se hace énfasis en los procedimientos civil y administrativo, en tanto
guardan relevancia para el caso en discusión. En materia penal puede consultarse la
sentencia C-396 de 2007.
6 Decreto 1400 de 1970, artículo 2.
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tiempo que les encomienda el deber expreso de “dirigir el
proceso, velar por su rápida solución y adoptar las medidas
conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor
economía procesal”, así como “hacer efectiva la igualdad de
las partes en el proceso, usando los poderes que este código
le otorga”7. Más específicamente, dispone que el juez puede
decretar pruebas de oficio cuando “las considere útiles para la
verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de
las partes”8. En la misma dirección, el Código Contencioso
Administrativo (Decreto 01 de 1984) señala que “en
cualquiera de las instancias el ponente podrá decretar de
oficio las pruebas que considere necesarias para el
esclarecimiento de la verdad”. Incluso, “en la oportunidad
procesal de decidir, la Sala, Sección o Subsección también
podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para
esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda”9.
Más recientemente, los nuevos estatutos han seguido y
fortalecido el propósito del constituyente en este sentido. El
Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) dispone que
el juez debe hacer uso de los poderes que le otorga “para
lograr la igualdad real de las partes”10. Asimismo, prescribe
que será el funcionario, por regla general, el encargado de
“adelantar los procesos por sí mismo”11. Para ello, deberá
decretar las pruebas de oficio “cuando sean útiles para la
verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de
las partes”12. Es preciso destacar que el señalado estatuto
introduce una suerte de carga dinámica de la prueba al
establecer, en su artículo 167, la potestad del juez para
distribuir las cargas procesales, “exigiendo probar
determinado hecho a la parte que se encuentre en una
situación más favorable para aportar las evidencias o
esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará
en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el
material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber
intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al
7 Decreto 1400 de 1970, artículo 37.
8 Decreto 1400 de 1970, artículo 179.
9 Decreto 01 de 1984, Artículo 169.
10 Ley 1564 de 2012, art. 4º.
11 Ley 1564 de 2012, art. 8º.
12 Ley 1564 de 2012, art. 42 y 169.
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litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual
se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias
similares”.
De forma análoga, el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) señala
en relación con la función administrativa que, en virtud del
principio de imparcialidad, “las autoridades deberán actuar
teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos
consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las
personas sin discriminación alguna”13. La imparcialidad no se
erige entonces como una excusa para la inacción y la
pasividad, sino como un compromiso con el derecho
sustancial. Postulado que es sintetizado para la función
jurisdiccional por el artículo 103, al establecer que los
“procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de
los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y
la preservación del orden jurídico”14. Desde esta perspectiva,
que supera la mera legalidad15, el Código autoriza el decreto
de pruebas de oficio en cualquiera de las instancias cuando se
“considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad”16.
En relación con las pruebas de oficio, la jurisprudencia
constitucional ha respaldado su legitimidad e incluso
sostenido su necesidad, partiendo de la idea de que la
búsqueda de la verdad es un imperativo para el juez y un
13 Ley 1437 de 2011, art. 3º.
14 Ley 1437 de 2011, art. 103.
15 “En forma simultánea a la modificación de la concepción de los fines y principios de la
Función Administrativa y de la Administración Pública, la Constitución de 1991 creó
instituciones que también afectaron a la jurisdicción contencioso-administrativa. El doble
carácter, axiológico y normativo de la Constitución varió la tradicional función del juez
administrativo en la que este se limitaba a verificar que no se vulnerara la legalidad. Ahora,
adicionalmente, el juez contencioso-administrativo debe procurar el cumplimiento de la
nueva finalidad: garantizar los derechos constitucionales de los asociados” Exposición de
motivos. Proyecto de Ley 198/2009. Gaceta del Congreso 1173 de 2009.
16 Ley 1437 de 2011, art. 213. El antiguo Código de lo Contencioso Administrativo (Decreto
01 de 1984) incluía una regulación similar en el artículo 169: “En cualquiera de las instancias
el Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el
esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las
pedidas por las partes; pero, si éstas no las solicitan, el Ponente sólo podrá decretarlas al
vencimiento del término de fijación en lista.
Además, en la oportunidad procesal de decidir, la Sala, Sección o Subsección también podrá
disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos
de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días,
descontada la distancia, mediante auto contra el cual no procede ningún recurso”.
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presupuesto para la obtención de decisiones justas17. Tal
potestad no debe entenderse como una inclinación indebida
de la balanza de la justicia para con alguna de las partes, sino
como “un compromiso del juez con la verdad, ergo con el
derecho sustancial”18.
El decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del
juez, es un verdadero deber legal. De acuerdo a esta
Corporación19, el funcionario deberá decretar pruebas
oficiosamente: (i) cuando a partir de los hechos narrados por
las partes y de los medios de prueba que estas pretendan
hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer
espacios oscuros de la controversia; (ii) cuando la ley le
marque un claro derrotero a seguir; o (iii) cuando existan
fundadas razones para considerar que su inactividad puede
apartar su decisión del sendero de la justicia material; (iv)
cuidándose, en todo caso, de no promover con ello la
negligencia o mala fe de las partes20.
Por su parte, esta Sección en sentencia de 5 de mayo de 2016
(Expediente núm. 11001-03-15-000-2016-00256-00 (AC), Consejera
Ponente. María Elizabeth García González), en torno al tema de las
facultades oficiosas del Juez, que ahora se prohíja, sostuvo:
“[…] Lo señalado en líneas anteriores no implica que el Juez
esté en la obligación de requerir la totalidad del material
probatorio determinante en un proceso, pues es evidente que
la carga procesal para demostrar los fundamentos de hecho y
derecho que sustentan una demanda recae en la parte actora.
No obstante, cuando el fallador tiene conocimiento de la
existencia de una prueba esencial en la búsqueda de la justicia
17 Corte Constitucional, Sentencias T-264 de 2009 y T-213 de 2012.
18 Corte Constitucional, Sentencias T-264 de 2009 y C-159 de 2007.
19 Esta subregla fue formulada originalmente por la sentencia T-264 de 2009 para el
procedimiento civil y posteriormente fue aplicada a las controversias Contencioso
Administrativas por el fallo T-950 de 2011.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-599 de 2009.
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material del proceso, no puede sustentar su decisión en la
ausencia de la misma dentro del expediente, sin que
previamente agote su poder oficioso y requiera el documento
que echa de menos. Sobre el particular, esta Sala en
sentencia reciente sostuvo: “De la jurisprudencia transcrita,
resulta claro que, no obstante el principio general que rige los
procesos consiste en que quien alega tiene la obligación de
probar lo dicho; también le corresponde al juez, de manera
oficiosa, mediante el decreto y práctica de pruebas, buscar “la
certeza de los hechos en disputa y el efectivo goce de los
derechos sustanciales”, toda vez que con ello se logra i)
establecer la verdad; ii) corroborar lo manifestado por las
partes, y iii) materializar el principio de la primacía del
derecho sustancial sobre las formas y el acceso efectivo a la
Administración de Justicia. También la jurisprudencia ha
dejado claro que el decreto oficioso de pruebas no
compromete la imparcialidad del juez, toda vez que el
propósito de esto no es suplir el actuar de las partes sino que
el juez logre obtener, dentro del proceso, la mayor cantidad
de elementos de juicio para decidir. Así, cuando en un proceso
exista incertidumbre sobre aspectos que resulten relevantes
para la decisión judicial, cuya ocurrencia se pueda inferir
razonablemente del acervo probatorio, el juez tiene la
obligación de decretar de forma oficiosa las pruebas que
podrían conducir a su demostración. (…) En resumen, se
entiende que se configura el defecto procedimental por exceso
de rigor manifiesto, en materia probatoria, cuando: -
Existiendo asuntos determinantes para tomar la decisión, de
los cuales no se tiene certeza o sean oscuros, el juez omita
decretar, de oficio, las pruebas necesarias para esclarecerlos.
• Que los asuntos determinantes se puedan inferir, i) “de los
hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que
estas pretendan hacer valer”; ii) “cuando la ley le marque un
claro derrotero a seguir”; o iii) “cuando existan fundadas
razones para considerar que su inactividad puede apartar su
decisión del sendero de la justicia material.” (…) El asunto de
la legitimación en la causa por activa era determinante para
resolver en la sentencia, y si había indicios -contaban con el
registro civil dentro del expediente- de que la actora era
hermana de la víctima; resultaba pertinente ordenar que tal
prueba se arrimara al proceso toda vez que, como bien lo
afirman, no puede darse validez a un documento aportado de
manera extemporánea. Sin embargo, lo que se reprocha de
los jueces de instancia es que, siendo el registro civil de
nacimiento la única prueba aceptada para demostrar el
parentesco, y siendo éste un aspecto relevante a determinar
dentro del proceso; inclusive sin necesidad de que este
hubiera sido aportado, debieron solicitar, de oficio, a la
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Registraduría Nacional del Estado Civil, remitir en copia
auténtica los registros civiles de quienes aparecían como
demandantes, para determinar su relación con la víctima.”3
En el presente caso, el Tribunal Administrativo de Córdoba
excluyó del reconocimiento de los perjuicios morales a
algunos de los actores, particularmente, a las personas que
manifestaron ser hermanos y madre del causante, con el
único argumento de que no aportaron al proceso el
documento que demostraba el parentesco invocado, a pesar
de que pudo haberlo requerirlo oficiosamente en aras de
garantizar la prevalencia del derecho sustancial y la búsqueda
de una justicia material, actuar que a todas luces evidencia la
ocurrencia de un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto que hace necesaria la intervención excepcional del
Juez constitucional para proteger los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la Administración de Justicia,
claramente vulnerados con la decisión controvertida en la
acción de tutela estudiada(sentencia de 31 de agosto de 2015.
Expediente AC 2015-00397. Actora: Josefina Villaveces Rojas.
Magistrado Ponente Roberto Augusto Serrato Valdés)[…]”.
Ahora, no obstante que el a quo dispuso denegar las pretensiones de
la demanda, lo que en realidad adoptó fue una decisión inhibitoria,
pues no analizó cargo alguno, incumpliendo su deber de ejercer sus
facultades oficiosas, para mejor proveer pudiendo ordenar a la
Asamblea Departamental de Bolívar allegar tales ordenanzas o acudir
a los medios tecnológicos con los que se cuenta hoy en día,
verbigracia, una búsqueda en internet, como lo hizo la Sala en esta
oportunidad, de la cual pudo obtener datos ciertos de la existencia
de tales ordenanzas y de su contenido, en lo que a este proceso
interesa.
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Tal es el caso de la sentencia de 12 de junio de 2003 (Expediente
núm. 13001-23.31-000-1999-00252-01 (8469), Consejera Ponente
Olga Inés Navarrete), que desató el recurso de apelación contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por la
cual se declaró la nulidad de la Ordenanza 09 de 6 de mayo de 1999
en la cual se analizaron aspectos relacionados con las Ordenanzas 04
de 1970 y 42 de 1923; y de los Conceptos de la Sala de Consulta y
Servicio Civil núms. 11001-03-06-000-2013-00504-00 (2179) y
20962 de 18 de octubre de 2012, amén de la sentencia de 23 de
octubre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
que declaró la nulidad parcial de la Ordenanza 04 de 1970,
providencias estas a las cuales bien puede acudir el a quo en orden
a resolver el fondo del asunto.
En consecuencia, siguiendo los derroteros de esta Corporación
fijados en diferentes providencias entre ellas, en la sentencia de 26
de abril de 2013, expediente núm. 2006-01004-01, debe la Sala
devolver el expediente al Tribunal para que provea sobre el fondo del
asunto, habida cuenta que, se reitera, que la decisión apelada
correspondió a una inhibición, al no analizar cargo alguno.
En efecto, en la mencionada sentencia dijo la Sala:
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“[…] Cabe advertir que esta Corporación, al estudiar en
segunda instancia los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera por los Tribunales
Contencioso Administrativos, en las cuales no se ha resuelto
el fondo del asunto -ello ha sido considerado injustificado-,
en su lugar, ha procedido a proferir la providencia de mérito
que corresponda, en aplicación del ultimo inciso del artículo
357 del C. de P.C., el cual prevé:
“Cuando se hubiere apelado una sentencia inhibitoria y la
revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito
aun cuando fuere desfavorable al apelante”.
Sin embargo, la Sala observa que esta norma resulta incompatible
con el texto de los artículos 29 y 31 de la Carta Política, que
consagran el principio de la doble instancia.
Sobre este principio, la Corte Constitucional en sentencia C-095 de
2003 (Expediente D-4172, Magistrado ponente, doctor Rodrigo
Escobar Gil), precisó:
“… 6.3. De la doble instancia, del debido proceso y del
acceso a la administración de justicia.
4. El principio de la doble instancia esta previsto en el
artículo 31 de la Constitución Política, a cuyo tenor: "Toda
sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo las
excepciones que consagre la ley", en armonía con el artículo
29 del mismo ordenamiento, que consagra que toda persona
tiene derecho a "... impugnar la sentencia condenatoria...".
Dicho principio no sólo se encuentra previsto en los artículos
29 y 31 de la Carta Fundamental, sino que también aparece
consagrado en las normas de derecho internacional
humanitario, concretamente, en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales le
otorgan el carácter de garantía judicial y de mecanismo de
protección, destinado a hacer efectivos los derechos
consagrados en el ordenamiento jurídico y a velar por la
recta actuación de la administración, máxime en aquellos
casos en los cuales a partir del ejercicio de sus funciones
puede imponer sanciones (v.gr. en los procesos penales).
Así, en torno al desarrollo del procedimiento penal, el
artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José), dispone que: "Garantías
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judiciales. (...) 2. Toda persona inculpada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso
toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las
siguientes garantías mínimas: (...) h) Derecho a recurrir el
fallo ante juez o tribunal superior". A su vez, el artículo 14
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
establece que: " (...)5. Toda persona declarada culpable de
un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la
pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal
superior, conforme a lo prescrito por la ley(...).
Luego, la misma Convención Americana sobre Derechos
Humanos, de manera genérica y en relación con todo tipo
de procedimientos, determina que: "Artículo 25.
Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un
recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
convención, aun cuando tal violación sea cometida por
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados partes se comprometen:
a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda
persona que interponga el recurso;
b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso".
Es claro que a partir de la interpretación armónica y
sistemática de la Constitución Política y de los tratados
internacionales de derechos humanos, el principio de la
doble instancia se erige en una garantía esencial para
preservar el debido proceso y, además, para mantener
incólume la integridad de los derechos e intereses de los
asociados.
En esta medida, el principio de la doble instancia se
convierte en una garantía constitucional que informa el
ejercicio del ius puniendi del Estado en todas sus
manifestaciones, no sólo cuando se trata de la aplicación del
derecho penal por los órganos judiciales sino también en el
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derecho administrativo sancionatorio y, específicamente, en
tratándose del desarrollo y práctica del derecho
disciplinario1
5. La doble instancia surgió ante la necesidad de preservar
el principio de legalidad y la integridad en la aplicación del
derecho, ya que asegura la posibilidad de corregir los
errores en que pueda incurrir el juez o fallador en la
adopción de una decisión judicial o administrativa, y permite
enmendar la aplicación indebida que se haga por parte de
una autoridad de la Constitución o la ley. Con este propósito,
el citado principio - según lo expuesto -, se constituye en
una garantía contra la arbitrariedad, y en mecanismo
principal, idóneo y eficaz para la corrección de los yerros en
que pueda incurrir una autoridad pública.
6. Es, entonces, indudable que en el origen de la institución
de la doble instancia subyacen los derechos de impugnación
y de contradicción. En efecto, la garantía del derecho de
impugnación y la posibilidad de controvertir una decisión,
exigen la presencia de una estructura jerárquica que
permita la participación de una autoridad independiente,
imparcial y de distinta categoría en la revisión de una
actuación previa, sea porque los interesados interpusieron
el recurso de apelación o resulte forzosa la consulta.
La Corte, en relación con el tema, ha determinado que:
"[t]radicionalmente se ha aceptado que el recurso de
apelación forma parte de la garantía universal de
impugnación que se reconoce a quienes han intervenido o
están legitimados para intervenir en la causa, con el fin de
poder obtener la tutela de un interés jurídico propio, previo
análisis del juez superior quien revisa y corrige los defectos,
vicios o errores jurídicos del procedimiento o de la sentencia
en que hubiere podido incurrir el a-quo..."2
7. Por otra parte, el citado principio permite hacer efectivo
el derecho de acceso a la administración de justicia, ya que
éste por su esencia, implica la posibilidad del afectado con
una decisión errónea o arbitraria, de solicitarle al juez o
autoridad competente la protección y restablecimiento de
los derechos consagrados en la Constitución y la ley3. Así
mismo, la doble instancia tiene una relación estrecha con el
derecho de defensa, ya que a través del establecimiento de
un mecanismo idóneo y efectivo para asegurar la recta
administración de justicia, garantiza la protección de los
derechos e intereses de quienes acceden al aparato estatal4.
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Por consiguiente, mediante la ponderación y aplicación
armónica de estos derechos, se logra comprometer a las
autoridades públicas en el logro de los fines propios del
Estado Social de Derecho, entre los cuales, se destacan la
efectividad de los principios y derechos consagrados en la
Constitución, la vigencia de un orden justo y el respeto de
la dignidad humana (artículo 2 C.P.)…”.
Como quiera que el asunto a que se contrae la sentencia dictada en
el proceso de la referencia, no está considerado dentro de los casos
que deban ventilarse en única instancia, resolver de fondo la
controversia en la segunda instancia, implica reemplazar al a quo
en el estudio de los cargos de la demanda que no realizó y equivale
a convertirla en única instancia, privando a la parte desfavorecida
del derecho fundamental de ejercer legítimamente su defensa,
íntimamente ligado al debido proceso y al acceso a la Administración
de Justicia.
Por estas razones, en cumplimiento de lo normado en el artículo 4º
de la Carta Política21, debe la Sala inaplicar el último inciso del
artículo 357 del C. de P.C., para este caso concreto […]”.
Las consideraciones precedentes conducen a la Sala a revocar la
sentencia de primera instancia para disponer, en su lugar, que una
vez ejecutoriada esta providencia, se devuelva el expediente al
Tribunal de origen para que se pronuncie de fondo, en el término de
cuarenta (40) días, establecido en el artículo 211 del CCA, en
concordancia con el artículo 120 del CGP, respecto de las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho incoadas por
el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
21 Dicho artículo prevé: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales…”.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 15 de agosto de 2014,
proferida por la Subsección Especial de Descongestión - Despacho de
Descongestión 002 del Tribunal Administrativo de Bolívar. En su
lugar, y una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al a quo para que se pronuncie de fondo, en el término
de cuarenta (40) días, establecido en el artículo 211 del CCA, en
concordancia con el artículo 120 del CGP, respecto de las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho incoadas por
el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de noviembre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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