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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2012-00013-01

Fecha
18 de junio de 2025
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-31-000-2012-00013-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: SIN COSTAS. TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-31-000-2012-00013-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

18 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 13001233100020120001301 (64236)
Demandante: DEYSI LILIANA GARCÍA OCAMPO
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS

Tema: Omisión en la entrega de las ayudas humanitarias
contempladas en la Ley 387 de 1997 a persona desplazada.
Requisitos para que un daño antijurídico sea indemnizable. No
se acreditó un daño resarcible. No se configuraron costas
procesales.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia proferida el 4 de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que negó
las pretensiones de la demanda.

I. SINTESIS DEL CASO

Según se narra en la demanda, con ocasión de los hechos de violencia presentados
en el 2007, en el corregimiento de Rancho Largo, municipio de San Francisco
(Antioquia), Deysi Liliana García Ocampo tuvo que desplazarse de ese municipio y
abandonar sus bienes. Ahora, en sede de reparación directa, pretende la
responsabilidad de la Nación - Ministerio del Interior y la entonces Agencia
Presidencial para la Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social por el desplazamiento forzado y la omisión consistente en no
haberles otorgado las ayudas humanitarias a las que tenía derecho.

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Radicado: 13001233100020120001301 (64236)
Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 2 de diciembre de 20111, Deysi Liliana García Ocampo, en nombre propio
mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa,
presentó demanda contra la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia (hoy
Ministerio del Interior) y la Agencia Presidencial para la Acción Social (hoy
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social), para que se les declarara
patrimonialmente responsables por su desplazamiento forzado y la omisión en la
entrega de las ayudas humanitarias contempladas en la Ley 387 de 1997.

Como pretensiones de su demanda, se solicita condenar a las entidades públicas
accionadas a pagar, por perjuicios morales la suma de $48.993.801; por “perjuicios
materiales”, la suma de $451.541.680; y, por “indemnización futura”, la suma de
$30.000.000.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, en razón de la
violencia presentada en el año 2007, en el corregimiento de Rancho Largo,
municipio de San Francisco (Antioquia), la señora Deysi Liliana García Ocampo y
su familia tuvieron que desplazarse a la ciudad de Cartagena y abandonar todos
sus bienes, su vivienda y todos sus enseres y cultivos.

Indica que en esta última ciudad, Deysi Liliana García Ocampo fue incluida en el
“Sistema Único de Registro – SUR”, con el fin de recibir las ayudas humanitarias de
emergencia a las que tenía derecho, de conformidad con la Ley 387 de 1997.Sin
embargo, ninguna de esas asistencias le fue entregada.

Destaca, que el 20 de mayo de 2009, Deysi Liliana García Ocampo “presentó un
proyecto productivo (…) por la suma de (…) $48’993.801 ante las demandadas”, el
cual no se hizo efectivo. De igual forma, indicó que lo mismo ocurrió con el subsidio
de vivienda que solicitó.

1 Fl. 2 a 11, C. 1.

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Radicado: 13001233100020120001301 (64236)
Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

Finalmente, a pesar de haber afirmado que la señora García Ocampo nunca recibió
las ayudas humanitarias a las que tenía derecho, luego afirmó que “la demandada
realizó un abono a la demandante por la suma de 2.440.000 con fecha 23/07/2009,
23/11/2009 y 11/03/2010”.

La parte demandante alega que la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia (hoy
Ministerio del Interior) y la Agencia Presidencial para la Acción Social (hoy
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social), son administrativamente
responsables a título de falla del servicio, por un lado, porque permitieron que
grupos al margen de la ley desplazaran de su lugar de residencia a Deysi Liliana
García Ocampo, y, por otro, porque desconocieron las obligaciones de prestar
ayuda y asistencia integral a la víctima.

2. Contestaciones

El 27 de febrero de 20122-3, el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda
y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público.

2.1. La Nación - Ministerio del Interior4 manifestó oponerse a las pretensiones
porque carece de “legitimación procesal y material”, puesto que no participó directa
ni indirectamente en los hechos que dieron lugar a la demanda. Por ello, propuso la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.2. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social5-6 manifestó no
constarle los hechos de la demanda. Seguidamente, indicó que no era responsable

2 Fl. 38 a 40, C.1.
3 Fl. 46, C. 1. El 5 de marzo de 2012, la parte demandante interpuso recurso de reposición contra el

numeral 9 de la parte resolutiva del auto admisorio de la demanda, en el que se ordenó el pago de
gastos del proceso, y pidió que se le concediera el amparo de pobreza que, en escrito separado,
solicitó al presentar la demanda (Fl. 31, C.1). Por auto del 3 de febrero de 2013 (Fl. 48 a 51, C.1), el
a quo “revocó el numeral séptimo del auto de fecha 8 de mayo de 2012” y, en su lugar, concedió el
amparo de pobreza pretendido.
4 Fl. 63 a 65, C.1.
5 Fl. 88 a 102, C.1.
6 Decreto 4155 del 3 de noviembre de 2011 “Por el cual se transforma la Agencia Presidencial para

la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) en Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social, perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, y
se fija su objetivo y estructura.”

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Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

por los daños alegados, en tanto no le competía la prestación del servicio de
seguridad de Deysi Liliana García Ocampo ni combatir el crimen organizado. Por
otro lado, destacó que “Acción Social ahora Unidad de Víctimas” le entregó ayudas
y auxilios económicos a la señora García Ocampo. Por último, propuso las
excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva, caducidad
de la acción, “ausencia de obligación alguna a cargo de Acción Social” y “ausencia
de material probatorio que comprometa la responsabilidad administrativa de Acción
Social hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 16 de abril de 20187 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social8, reiteró lo expuesto
en la contestación de la demanda.

3.2. La parte demandante, la Nación - Ministerio del Interior y el Ministerio Público
guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 4 de febrero de 20199 el Tribunal Administrativo del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 10 declaró
la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio del Interior
y negó las pretensiones de la demanda, al advertir, por un lado, que el escaso
material probatorio no permitía esclarecer los hechos de la demanda y por ello no
se probó que las entidades demandadas hubieran incidido en el desplazamiento
forzado de Deysi Liliana García Ocampo; por otra parte, tampoco se demostró que
las accionadas hubieran incurrido en falla del servicio por omitir adoptar las medidas

7 Fl. 193, C. 1.
8 Fl. 196 a 200, C.1.
9 Fl. 253 a 289, C. Ppal.
10 Fl. 251, C.2. Mediante auto del 22 de agosto de 2018, el Tribunal Administrativo del Departamento

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina avocó el conocimiento de la acción de
reparación directa.

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Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

necesarias a la protección de la actora y su núcleo familiar.

Textualmente, el A quo sostuvo lo siguiente: “A efectos de constatar o descartar
este criterio de atribución, la Sala al verificar el escaso acervo probatorio que milita
en el expediente, no se vislumbra ningún elemento que permita esclarecer los
hechos de la demanda como tampoco, demostrar que por acción u omisión de las
entidades demandadas, no se adoptaron las medidas encaminadas a la protección
de la actora y su núcleo familiar, por alguna amenaza o afectación proveniente de
terceros o de alguna situación objetiva de riesgo que por falta al deber de
salvamento del Estado no se pudo mitigar o evitar”.

5. Recurso de apelación

El 9 de abril de 201911, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue
concedido el 16 de mayo de 201912 y admitido el 15 de julio de 201913.

5.1. La parte actora,14 como único argumento de disenso, solicitó declarar
patrimonialmente responsable a las entidades accionadas por omisión en su deber
de otorgar las ayudas económicas y sociales a Deysi Liliana García Ocampo. De
hecho, textualmente solicitó: “Primero: (…) conceder el recurso de apelación.
Segundo: Declarar patrimonialmente responsable y ordenar a la hoy Unidad de
Víctimas hacer entrega de las ayudas humanitarias a mis mandantes, las cuales
tiene derecho a recibir cada tres meses desde que fue incluida en el Registro Único
de Víctimas y que a la fecha de hoy solo se le han entregado $2.400.000. Tercero:
Declarar patrimonialmente responsable y ordenar a la hoy Unidad de Víctima y
Ministerio de Vivienda y Fonvivienda, hacer entrega de las ayudas humanitarias a
mis mandantes, en hacer entrega de una vivienda digna por ser víctima del
desplazamiento forzado y estar incluida en el RUV”.

11 Fl. 293 a 298, C. Ppal.
12 Fl. 300, C. Ppal.
13 Fl. 316, C. Ppal.
14 Fl. 293 a 298, C. Ppal.

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Radicado: 13001233100020120001301 (64236)
Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 21 de agosto de agosto de 201915 se corrió traslado a las partes y al Ministerio
Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
6.1. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social16, reiteró lo
expuesto en la contestación de la demanda.

6.2. La parte demandante, la Nación - Ministerio del Interior y el Ministerio Público
guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia proferida el 4 de febrero de 2019 por el
Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda,
supera los 500 SMLMV para la fecha de su presentación17, exigidos para que el
proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación
de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
157 de la Ley 1437 de 2011, aplicable en virtud del artículo 198 de la Ley 1450 de
201118.

15 Fl. 319, C. Ppal.
16 Fl. 320 a 324, C.Ppal.
17 La pretensión mayor es de $451.541.680 por perjuicios materiales, lo cual es mayor a
$266.250.000, que corresponden a 500 SMLMV de la fecha de presentación de la demanda (2011).
18 El artículo 198 de la Ley 1450 de 2011 dispone que: “Con el propósito de evitar la congestión de

los Tribunales Administrativos y del Consejo de Estado, en los procesos que cursen o deban cursar
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en relación con los cuales a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley no se hubiere notificado en debida forma el correspondiente
auto admisorio de la demanda o cuando este no se hubiere expedido y cuyas demandas se
presenten hasta antes del 2 de julio de 2012, la competencia por razón de la cuantía se determinará
con sujeción a las reglas consagradas en el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011”. La demanda se
presentó durante su vigencia el 16 de agosto de 2011.

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Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 8619 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la
reparación de un daño causado por una omisión imputable a la Nación – Ministerio del
Interior y la Agencia Presidencial para la Acción Social hoy Departamento
Administrativo de Prosperidad Social.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni la sentencia estimó
que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en
el tiempo oportuno por cuanto se trata de un presupuesto procesal20.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la

19 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente

la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o
ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera
otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas
o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor
o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas
por la actuación particular o de otra entidad pública.”
20 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración
alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.

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Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

protección del interés general21, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción22, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una

21 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
22 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos.

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limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure23 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia24, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a
partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa
o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena
por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

Ahora bien, en lo que respecta a la caducidad de la acción de reparación directa frente
a presuntas conductas de lesa humanidad, incluido el desplazamiento forzado es
importante mencionar que mediante sentencia del 29 de enero de 2020, la Sala Plena
de la Sección Tercera del Consejo de Estado25 unificó su jurisprudencia en lo
concerniente al cómputo del término de caducidad, en tratándose de pretensiones
indemnizatorias cuando se persigue el resarcimiento de los daños provenientes de
delitos de lesa humanidad, entre ellos, el desplazamiento forzado, crímenes de guerra
y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial del Estado. Así, frente al caso concreto, en aquella oportunidad, se decidió
declarar probada la excepción de caducidad de la pretensión de reparación directa

23 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
24 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,

sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, radicado 61033, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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promovida el 23 de mayo 2014, por hechos ocurridos en abril del año 2007, con lo
cual aplicó la regla de unificación establecida de forma inmediata, sin consideración
alguna respecto de la fecha de presentación de la demanda.

En dicha decisión la Sección Tercera precisó que salvo para el caso de desaparición
forzada, que cuenta con regulación legal expresa26, en virtud de la cual la caducidad
se cuenta desde la fecha en que aparece la víctima o, en su defecto, desde el
momento en el que quedó ejecutoriado el fallo definitivo adoptado en el proceso
penal, el conteo del plazo para acceder a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo inicia desde el momento en que los afectados conocieron o debieron
conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad
de imputarle responsabilidad patrimonial a éste, excepto que existan situaciones
objetivas que impidan materialmente el ejercicio del derecho de acción.

Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo deberá contar el plazo de los
dos (2) años para el ejercicio oportuno del medio de control de reparación directa a
partir del momento en que el interesado sabía o tuvo posibilidad de advertir "que el
Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser
demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política".

Por otra parte, el término de caducidad no es exigible cuando se verifique la
afectación ostensible de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, lo cual ocurre en eventos en que se constate la ocurrencia
de situaciones objetivas como secuestros, enfermedades o cualquier otro supuesto
que obstaculice materialmente el ejercicio del derecho de acción, pues este término
preclusivo no puede discurrir contra quien no goza del acceso efectivo a la
administración de justicia.

De conformidad con lo expuesto, de manera excepcional, el juez de lo contencioso
administrativo deberá inaplicar el plazo de los dos (2) años para el ejercicio oportuno
del derecho de acción o iniciar su contabilización desde un momento distinto a la
ocurrencia del hecho dañoso, cuando advierta que la no comparecencia ante la

26 Regulado expresamente por el inciso 2º del literal i) del numeral 2o del artículo 164 de la Ley 1437

de 2011 y antes por el numeral 8º del artículo 136 del Decreto No. 1 de 1984, adicionado por el
artículo 8º de la Ley 589 de 2000.

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Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

jurisdicción contenciosa administrativa dentro del plazo previsto, es resultado de que
el interesado: (i) no sabía o no tenía la posibilidad de advertir que el Estado tuvo
alguna injerencia en los hechos, o (ii) estaba impedido materialmente para el
ejercicio del derecho de acción.

Recientemente, mediante sentencia SU-429 del 10 de octubre de 202427, la Corte
Constitucional unificó su jurisprudencia para la aplicación del término de caducidad
en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, lo cual incluye el
desplazamiento forzado, en los siguientes criterios:

i) El plazo de caducidad definido por el legislador en el artículo 164 de la Ley 1437
de 2011 aplica para las demandas dirigidas a obtener el reconocimiento y pago de
una indemnización por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
Sin embargo, ese plazo de dos años no se cuenta desde el momento en el que se
produce el daño, sino desde cuando las víctimas conocieron o debieron saber de la
participación del Estado y advirtieron que podían atribuirle responsabilidad
patrimonial.

ii) El juez competente debe analizar la caducidad de una demanda de reparación
de un daño antijurídico, a partir de las barreras de acceso al derecho a la
administración de justicia que pudo enfrentar el demandante, en cada caso
particular.

iii) Además, para los casos en los que quien demanda sea una persona víctima del
desplazamiento forzado, el juez de la causa debe considerar en su análisis las
barreras de acceso a la administración de justicia que pudo enfrentar la parte
demandante, todos los factores de vulnerabilidad que se asocian al flagelo del
desplazamiento forzado y que padecen quienes son víctimas de ese fenómeno.

iv) Para la aplicación del fallo de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sala
Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, el juez competente debe readecuar el proceso a su cargo de manera tal

27 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-429 del 10 de octubre de 2024, MP: Jorge Enrique

Ibáñez Najar.

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Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

que se cerciore que las partes tengan o tuvieron la oportunidad de ajustar sus
planteamientos para argumentar por qué no se acudió de manera oportuna a la
justicia. Esta regla toma como base lo establecido por la Sala Plena de la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la
sentencia del 29 de enero de 2020. Así, esta regla comprende tanto las demandas
de reparación directa como las de grupo.

En la providencia citada, la Corte advirtió que sí aplica el término de caducidad fijado
en la ley, para las demandas dirigidas a obtener una reparación del Estado por su
participación en un crimen de lesa humanidad, de guerra o de genocidio, lo cual
incluye el desplazamiento forzado. Además, como en dicha providencia se
seleccionaron para estudio dos acciones de grupo, la Corte aclaró que, en el caso
particular de la acción o medio de control de grupo, se debe aplicar el término
consagrado en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (en principio, el literal h del
numeral 2º) y, en el caso de las acciones que se presentaron antes de la entrada
en vigencia de dicha ley, lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998.

La Corte también aprovechó para reiterar, de conformidad con su propia
jurisprudencia y la de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que la
imprescriptibilidad de la acción penal para los delitos de lesa humanidad, no se
extendía a procesos judiciales dirigidos a reclamar una indemnización de parte del
Estado.

Ahora bien, en el presente asunto la parte actora pretende la responsabilidad
administrativa de Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, por la omisión en el pago de las ayudas humanitarias a las que,
por su condición de desplazada y víctima del conflicto armado interno, tenía
derecho.

En este caso, la parte actora afirmó que a la fecha de la presentación de la demanda
(2 de diciembre de 2011) no había recibido las ayudas humanitarias establecidas
en la Ley 387 de 1997 y la Sala desconoce su situación en relación con dichos
beneficios, por lo que no cuenta con los elementos de prueba suficientes para
establecer el momento en que empezó a correr el término de caducidad.

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Radicado: 13001233100020120001301 (64236)
Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

Sin embargo, como, según la demanda, se trata de un caso de una persona
desplazada, víctima del conflicto armado interno y sujeto de especial protección
constitucional, es posible darle un tratamiento diferenciado al conteo de la
caducidad de la acción de reparación directa, con el objetivo de brindarle las
mayores garantías posibles a la víctima, atendiendo las especiales circunstancias
que le pudieron afectar para acudir a la jurisdicción en el término legalmente previsto
para ello, para lo cual la jurisprudencia ha establecido algunas condiciones que
deben hallarse establecidas para tales efectos.

Así las cosas, de la demanda se extrae que los daños alegados son el
desplazamiento forzado de la víctima por la situación de violencia en el
corregimiento de Rancho Largo, municipio de San Francisco (Antioquia), así como
el detrimento patrimonial sufrido por la omisión de entrega de las ayudas
humanitarias, sociales y subsidios a que tenía derecho Deysi Liliana García Ocampo
en condición de víctima de desplazamiento forzado.

Entonces, como las manifestaciones de la demanda y las pruebas del expediente
no permiten establecer con precisión el momento en el que se configuró la omisión
alegada y, en ese sentido, tampoco es posible determinar si la demanda de
reparación directa se presentó dentro del término de caducidad, en aplicación de
los principios pro actione y pro damnato28, y para garantizar el acceso a la
administración de justicia, la Sala analizará el fondo del asunto, teniendo en cuenta
que la demanda se presentó el 2 de diciembre de 201129 y, en todo caso, se cumplió
con el requisito de procedibilidad dispuesto para el efecto en el artículo 1330 de la
Ley 1285 de 2009, pues la parte actora presentó solicitud de conciliación
extrajudicial el 6 de mayo de 201131, la cual se declaró fallida el 1 de julio de 201132.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de

octubre de 2016, Rad.: 39133.
29 Fl. 2 a 20, C. 1.
30 “Artículo 13. Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de

la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de
procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso
Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación
extrajudicial”.
31 Fl. 25, C. 1.
32 Fl. 27 a 28, C. 1.

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Radicado: 13001233100020120001301 (64236)
Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis33.

4.1. Deysi Liliana García Ocampo es la persona sobre la que recae el interés jurídico
que se debate en este proceso y está legitimada en la causa por activa, pues además
de ser la demandante en este asunto, las pruebas aportadas evidencian de alguna
manera que aquella, alegando la condición de “desplazada”, realizó algunos trámites
ante la Agencia Presidencial para la Acción Social34, razón por la cual le asiste
legitimación en la causa por activa.

4.2. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social está legitimado en la
causa por pasiva, pues en la demanda se hizo consistir el daño en el detrimento
patrimonial sufrido por Deysi Liliana García Ocampo en virtud en las omisiones
endilgadas a la entonces Agencia Presidencial para la Acción Social, hoy
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. En ese sentido, se observa
que respecto de esta entidad se efectuó una imputación fáctica y jurídica concreta y,
además, según lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 2094 de 201735, le
corresponde “formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes,
programas y proyectos para la inclusión social y la reconciliación en términos de la
superación de la pobreza y la pobreza extrema, la atención de grupos vulnerables, la

33 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
34 Fl. 21, C. 1. Reposa escrito denominado “derecho de petición”, por medio del cual Deysi Liliana

García Ocampo solicita a Acción Social hacerle entrega de alimentación, alojamiento y arriendo por
su calidad de víctima de desplazamiento forzado.
35 Decreto 2094 del 22 de diciembre de 2017 “Por el cual se modifica la estructura del Departamento

Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social”. (…) Artículo 3: “El Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social tiene como objetivo dentro del marco de sus competencias
y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos
para la inclusión social y la reconciliación en términos de la superación de la pobreza y la pobreza
extrema, la atención de grupos vulnerables, la atención integral a la primera infancia, infancia y
adolescencia, y la atención y reparación a víctimas del conflicto armado a las que se refiere el artículo
3o de la Ley 1448 de 2011, el cual desarrollará directamente o a través de sus entidades adscritas
o vinculadas, en coordinación con las demás entidades u organismos del Estado competentes”.

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Radicado: 13001233100020120001301 (64236)
Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia, y la atención y
reparación a víctimas del conflicto armado”, por tanto, le asiste legitimación en la causa
por pasiva.

4.3. La Nación – Ministerio del Interior no está legitimada en la causa por pasiva,
porque dentro de sus funciones no tiene la de otorgar ayudas humanitarias a las
víctimas de desplazamiento forzado36.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la entonces Agencia Presidencial para la Acción
Social, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, omitió el
reconocimiento de la ayuda humanitaria a la que, según la demanda, tenía derecho
Deysi Liliana García Ocampo, como desplazada y víctima del conflicto armado
interno. Para tal efecto, se deberá establecer si la señora García Ocampo probó la
condición invocada -desplazada- y la omisión en la entrega de la ayuda humanitaria
contemplada en la Ley 387 de 1997. En caso afirmativo, se deberá analizar si dicha
inobservancia se constituyó como un daño antijurídico, imputable al órgano
demandado.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y sobre los límites al recurso de
apelación.

36 Decreto 2893 del 11 de agosto de 2011. “Por el cual se modifican los objetivos, la estructura

orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior (…)
Artículo 1°. Objetivo. El Ministerio del Interior tendrá como objetivo dentro del marco de sus
competencias y de la ley formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes,
programas y proyectos en materia de: Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario,
integración de la Nación con las entidades territoriales, gestión pública territorial, seguridad y
convivencia ciudadana, democracia, participación ciudadana, acción comunal, libertad e igualdad
religiosa, de cultos y conciencia y el derecho individual a profesar una religión o credo, consulta
previa, concertación, diálogo político, coordinación interinstitucional, participación , representación
política y registro de los pueblos y comunidades étnicas, derecho de autor y derechos conexos,
prevención y protección a personas por violaciones a la vida, libertad, integridad y seguridad
personal, gestión integral contra incendios, las cuales se desarrollarán a través de la institucionalidad
que comprende el Sector Administrativo. Igualmente, el Ministerio del Interior coordinará las
relaciones entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa, para el desarrollo de la Agenda Legislativa
del Gobierno nacional.”

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Radicado: 13001233100020120001301 (64236)
Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199137 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado

Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la
solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el
deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere
de otro componente necesario e indispensable para establecer el deber de
responder por los daños que cause con su acción u omisión y es el referido a su
atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación,
que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se
hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los
daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo
de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han
desarrollado para ello, principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y
aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio,
con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros38.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

37 “Artículo
90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,

sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.

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Radicado: 13001233100020120001301 (64236)
Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

6.2. Consideraciones generales sobre los límites al recurso de apelación

Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, la Sala
Plena de esta Sección, mediante sentencia del 9 de febrero de 2012 39, unificó su
jurisprudencia refiriendo que el mencionado recurso se encuentra sujeto o limitado
a los argumentos planteados por el recurrente y que, por tal motivo, toda
inconformidad con lo resuelto por el a quo que no se alegue en la alzada, está
llamada a excluirse del debate de segunda instancia en virtud del principio
dispositivo y de congruencia. Así lo refirió esta Sección en aquella oportunidad:

“(…) En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro –
y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su Jurisprudencia– que por
regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen
en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en
principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están
llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos
previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el
recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como
el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que
“las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan
la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de
sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem:
‘tantum devolutum quantum appellatum’.

Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos
temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del
conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es
absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones
que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la
Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a
través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales
relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho
Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro
de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales
que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no
obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento
de su inconformidad para con la decisión censurada”.

En esa misma sentencia de unificación, la Sala Plena reiteró que mediante el
recurso de apelación se garantiza el derecho de impugnación contra una decisión
judicial, y por ende es obligación del recurrente controvertir los argumentos del juez
de primera instancia con sus propias consideraciones, en aras de solicitarle al

39 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero de 2012, Rad.: 21060.

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Radicado: 13001233100020120001301 (64236)
Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

superior que decida sobre el asunto que presenta ante la segunda instancia; pero
al mismo tiempo se protege el derecho del apelante único a no ser desmejorado en
su situación favorable.

En esa misma línea, sobre la aplicación del principio de congruencia en lo que
corresponde a la resolución del recurso de apelación, la Sección Tercera, en
sentencia de 20 de mayo de 2009 (expediente 16.925), precisó:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el
recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con
los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad
del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo
impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades
que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad (…)”.

En suma, cuando el superior resuelve la apelación presentada por una sola de las
partes del litigio, su competencia se limita a los argumentos expuestos en el recurso y
se excluye de dicho estudio lo que no se proponga en la alzada, en aras de garantizar
el derecho al debido proceso y de defensa, salvo aquellas excepciones dispuestas por
el ordenamiento jurídico, esto es, las que se derivan de las normas o principios en la
Constitución Política, de los tratados internacionales relacionados con derechos
humanos y derecho internacional humanitario o de las normas legales de carácter
imperativo, v.gr los presupuestos procesales para proferir sentencia de mérito.

7. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 4 de febrero
de 2019 por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, que negó las pretensiones de la demanda, la
parte demandante señaló como único argumento de disenso que debía declararse
patrimonialmente responsables a las entidades accionadas por omisión en su deber
de otorgar las ayudas económicas y sociales a Deysi Liliana García Ocampo.

De conformidad con lo anterior, es importante advertir que en el presente asunto, la
parte actora presentó demanda de reparación directa en contra de la Nación-
Ministerio del Interior y la Agencia Presidencial para la Acción Social, hoy
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el fin de que se les

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Radicado: 13001233100020120001301 (64236)
Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

declarara patrimonialmente responsables por su desplazamiento forzado y la
omisión en la entrega de las ayudas humanitarias contempladas en la Ley 387 de
1997.

En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina negó las pretensiones
relacionadas con el desplazamiento forzado de la señora García Ocampo y por la
omisión consistente en no haberle otorgado las ayudas humanitarias a las que tenía
derecho.

Frente al primer punto de la sentencia -desplazamiento forzado- la parte actora no
presentó reparo alguno, pues la impugnación solo estuvo dirigida a cuestionar las
ayudas sociales o humanitarias a las que tenía derecho en su condición de víctima
de desplazamiento.

De este modo, como el supuesto desplazamiento forzado por el que demandó Deysi
Liliana García Ocampo quedó definido en la sentencia de primera instancia, la Sala
no estudiará este aspecto y, por tanto, el análisis se circunscribirá únicamente a
establecer si la entonces Agencia Presidencial para la Acción Social omitió
entregarle a la actora las ayudas humanitarias contempladas en la Ley 387 de 1997.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si la parte demandada incurrió en omisiones de entregar
ayudas humanitarias a Deysi Liliana García Ocampo.

7.1. Hechos probados

Antes de enunciar los hechos demostrados, es necesario precisar que se dará
mérito probatorio a las copias simples aportadas al proceso conforme al precedente
jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera, que estableció que es
posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han
sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes40.

40 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp.

25022.

20

Radicado: 13001233100020120001301 (64236)
Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

De igual manera, debe advertirse que si bien con la demanda se aportó la
declaración extraprocesal rendida por Deysi Liliana García Ocampo el 19 de enero
de 2009, en la Notaría Cuarta del Círculo de Cartagena41, referente a su condición
de madre cabeza de familia, lo cierto es que este tipo de declaración, al ser sumaria,
requiere de ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto el artículo 229 del
CPC. Por lo anterior, la referida declaración extra procesal no podrá ser valorada en
esta instancia, toda vez que no cumple con los requisitos de la prueba testimonial
por cuanto no fue rendida con audiencia de la parte contraria y no fue ratificada en
el plenario en los términos de la norma citada.

Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1.1. Está demostrado que el 18 de febrero de 2011, Deysi Liliana García Ocampo
solicitó a la Agencia Presidencial de Acción Social mediante escrito denominado
“derecho de petición” que le “suministre” las ayudas humanitarias de emergencia a
las que tiene derecho por su condición de “desplazada” y estar inscrita en el Sistema
Único de Registro -SUR-, de ello da cuenta copia del referido escrito 42, de cuyo
contenido se destaca lo siguiente:

“Ref. Derecho de petición.

Deysi Liliana García Ocampo, mayor de edad, identificada como aparece al pie de
mi firma, actuando en nombre propio como desplazado (a), desde el año 2007,
según certificado fecha, o código No., de la vereda Rancho Largo, del municipio de
San Francisco, jurisdicción del Dpto. Antioquia, desde entonces he venido
concurriendo ante su despacho y por último por medio de este memorial, pues las
veces que he acudido personalmente de manera verbal a solicitar las ayudas, no he
recibido respuesta y tampoco me han dado las ayudas humanitarias, por lo que,
solicito a ustedes respetuosamente, conforme al art. 23 de la C.N. y la Ley 387 de
1997, que de manera urgente se me suministren las ayudas humanitarias de
emergencias a las cuales tengo derecho, como son:

PRETENSIONES:

PRIMERO: Sírvase señores Acción Social y/o UAO Seccional Bolívar y Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional Asesor –

41 Fl. 23, C. 1.
42 Fl. 21, C.1.

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Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

Coordinador Hacerme entrega de alimentación, alojamiento, arriendo desde el año
2007 a fecha de hoy febrero de 2011, son 48 meses por la suma de $15.900.816
mcte, hasta que se me entregue el subsidio de vivienda, estabilidad socioeconómica
(microempresa $40.000.000.oo), de acuerdo a la pérdida de mi empleo o negocio
Transporte y Tierra.

Lo anterior debido a que lo perdí todo, sufriendo daños o perjuicios en mis bienes,
estimando la pérdida en la suma de $.......... (sic), pérdida de mis animales en los
cuales estaban vacas lecheras, terneros, cerdos, gallinas, mulas, pavos, patos,
carneros, ponches, Chavarri, una vivienda más enceres, al cual siempre me he
desempeñado como comerciante y/o agricultor y dependía mi sustento al igual de
mis dos hijos, sin trabajo, madre cabeza de hogar, edad 26 años.

Como se puede verificar Aparezco inscrita en el sistema Único de Registro -SUR-
identificado con el certificado que anexo copia.”

7.1.2. Está probado que mediante oficio del 15 de abril de 2016, el Incoder indicó
que dentro del marco de convocatoria pública SIT-01-2011 para el otorgamiento del
subsidio integral de tierras del proyecto D1-BOL-090 se postularon 88 familias,
dentro de las cuales estaba Liliana García Ocampo con aspiraciones al
otorgamiento del subsidio integral para la compra del predio denominado “La
Pujanza” ubicado en la vereda San Jacinto (Bolívar), no obstante, una vez
culminada la fase 1 sobre “verificación de requisitos de los aspirantes” se resolvió
otorgar concepto de “NO HABILITADO” porque no cumplió los requisitos mínimos
establecidos en los términos de referencia de la población desplazada. De ello, da
cuenta copia del mencionado oficio43, de cuyo contenido se destaca lo siguiente:

“Dentro del marco de la Convocatoria Pública SIT-01-2011, se postuló al
otorgamiento del subsidio integral de tierras el proyecto D1-BOL-090, integrado por
88 familias entre las cuales se encuentra el núcleo familiar de LILIANA GARCIA
OCAMPO identificado (a) con C.C. 1047366080, que se presentaron aspirando al
otorgamiento del subsidio integral para la compra del predio denominado "LA
PUJANZA" ubicada en la vereda San Jacinto del municipio de San Jacinto (Bolívar),
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 062-27913, ofertado en venta
por Inversiones Hames LTDA.

(…) Ahora bien, según la estructura definida para la operación de la convocatoria,
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural a través de la Dirección Territorial Meta
adelantó la operación de la fase 1, que consistió en la verificación de los requisitos
mínimos, de los aspirantes integrantes del proyecto y de los predios ofertados,
según las condiciones establecidas en los términos de referencia de la convocatoria.

Una vez culminada la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos, la
Dirección Territorial Bolívar resolvió otorgar concepto de NO HABILITADO, teniendo
en cuenta que no superó la fase uno (1) de verificación de los requisitos mínimos,
de los aspirantes y del predio, razón por la cual el proyecto fue rechazado de la
convocatoria, teniendo en cuenta que varios de los aspirantes y de sus cónyuges no

43 Fl. 169 a 181, C.1.

22

Radicado: 13001233100020120001301 (64236)
Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

cumplieron los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia para
la población desplazada, además que no se aportaron documentos necesarios para
verificar la idoneidad del predio ofertado, como es el caso del certificado de uso del
suelo o anexo No. 6 (…)”.

7.1.3. Consta que mediante oficio del 10 de mayo de 2016, el Ministerio de Vivienda
certificó que Deysi Liliana García Ocampo “renunció a la postulación en la
convocatoria para desplazados del año 2007” para obtener subsidio de vivienda. De
ello, da cuenta copia del mencionado oficio44, de cuyo contenido se destaca lo
siguiente:

“Por medio de la presente damos respuesta al requerimiento de la referencia, donde
solicita que se le informe a su despacho si la señora DEYSI LILIANA GARCIA
OCAMPO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.047.366.080, ha sido
beneficiada por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o
FONVIVIENDA con algún subsidio de vivienda de interés social; a lo cual le
manifiesto, que una vez realizada la búsqueda la cedula de ciudadana de la señora
DEYSI LILIANA GARCIA OCAMPO en el Sistema de Información del Subsidio
Familiar de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se obtuvo como
resultado que el grupo familiar RENUNCIO a la postulación en la Convocatoria para
Desplazados del año 2007.

Para constancia de lo anterior, se relaciona cuadro de búsqueda en el Sistema de
Información del Subsidio Familiar de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, con el Número de Cédula de Ciudadanía de la señora DEYSI LILIANA
GARCIA OCAMPO”.

7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver el problema jurídico que se debate en el proceso, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por lo anterior,
se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño
antijurídico y; ii) posteriormente su imputación frente al Estado.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad

44 Fl. 183, C.1.

23

Radicado: 13001233100020120001301 (64236)
Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

patrimonial de la Administración45-46.

7.2.1. Falta de prueba de un daño resarcible

En el caso sub examine el daño alegado se hace consistir en el detrimento
patrimonial por la omisión de entrega de las ayudas humanitarias, sociales y
subsidios a que tenía derecho Deysi Liliana García Ocampo en condición de víctima
de desplazamiento forzado.

De hecho, la pretensión invocada en el escrito de la demanda apunta a declarar
patrimonialmente responsable al Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social por la omisión en la entrega de las ayudas humanitarias y subsidios a las que
tenía derecho la señora Liliana García Ocampo.

Para comenzar, debe señalarse que el daño antijurídico es la lesión injustificada a
un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que
no está amparada por la ley o el derecho47, que contraría el orden legal48 o que está
desprovista de una causa que la justifique49, resultado que se produce sin derecho
al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una

45 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
46 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia

considera lo siguiente: “cabe afirmar que, dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias,
cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado,
y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968.
Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente: “La
responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de un
dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en su
definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
47 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
48 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
49 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.

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Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

situación reconocida o protegida50, violando de manera directa el principio alterum
non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin
repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En su fórmula reducida, se dice que
daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar,
descripción que, aunque ilustra en términos generales el fenómeno lesivo
indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.

Además, el daño – para que sea resarcible – debe ser cierto51, es decir, que su
existencia sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual. La certeza del daño
supone, pues, un conocimiento claro y seguro de su existencia, dimensión e
intensidad, es decir, que aparezca como real y efectivamente causado, porque si se
trata de una mera posibilidad de producirse o una hipótesis, no puede erigirse como
un daño indemnizable52. De ahí, entonces, que un menoscabo con carácter eventual
y/o hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas no es susceptible de ser
reparado, pues, los conceptos de eventualidad y certeza son opuestos y el daño, se
insiste, debe ser cierto para ser indemnizable53.

Ahora bien, la política pública en materia de desplazamiento forzado está contenida
principalmente en la Ley 387 de 199754. Dicha norma describe que “es desplazada
toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales,
porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido
vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión (…) del conflicto
armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones
masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional

50 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
51 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente No.

13.186 “…el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a
indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo,
eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la
prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina
realizada por la autoridad”.
52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 3 de febrero de 2025, Rad.:

70774.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”.

Sentencia del 10 de marzo de 2025, Rad. 70651.
54 “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención,

protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la
violencia en la República de Colombia”.

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Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que
puedan alterar drásticamente el orden público”.

A su turno, el artículo 3 ibídem establece que es “responsabilidad del Estado
colombiano formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del
desplazamiento forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia”.

De igual forma, el artículo 15 de la referida ley prevé que toda persona víctima de
desplazamiento forzado tiene derecho a la “atención humanitaria de emergencia” y,
por tanto, es obligación del Estado iniciar “las acciones inmediatas tendientes a
garantizar la atención humanitaria de emergencia con la finalidad de socorrer, asistir
y proteger a la población desplazada y atender sus necesidades de alimentación,
aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y
psicológica transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones
dignas”.

Por otro lado, el Decreto 2569 de 200055, reglamentario de la Ley 387 de 1997, creó
el Registro Único de Población Desplazada, a cargo de la Red de Solidaridad Social,
como “una herramienta técnica, que busca identificar a la población afectada por el
desplazamiento y sus características y tiene como finalidad mantener información
actualizada de la población atendida y realizar el seguimiento de los servicios que
el Estado presta a la población desplazada por la violencia”.

Entonces, quien sea víctima del conflicto armado interno u otra de las causas
consignadas en la Ley 387 de 1997 deberá declarar ante la Red de Solidaridad
Social la situación que alega con el fin de lograr su inclusión en el Registro Único
de Población Desplazada.

Los efectos de la declaración del hecho victimizante e inscripción en el Registro
Único de Población Desplazada también están regulados en el Decreto 2569 de
2000, en los artículos 16, 17 y 18, así:

55 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones.”

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Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

“Artículo 16. Ayuda inmediata. Una vez recibida en la sede de la entidad en
la que se haya delegado la inscripción la declaración enviada por la autoridad
receptora de la misma, la persona que solicita el reconocimiento de su
condición de desplazado por el solo hecho de haber efectuado la declaración
dentro del término anteriormente señalado, tendrá derecho a acceder a los
beneficios establecidos en la Ley 387 de 1997, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal, para la atención humanitaria de emergencia, proporcionada
como ayuda inmediata y hasta el momento en el cual se expida el acto que
decida sobre la inscripción en el registro.

Artículo 17. Atención humanitaria de emergencia. Realizada la inscripción, la
persona tendrá derecho a que se le otorgue atención humanitaria de
emergencia por el término establecido en el parágrafo del artículo 15 de la
Ley 387 de 1997, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y acceso a los
programas de ayuda, que con ocasión a la condición de desplazado adelante
el Estado, sin perjuicio de que el interesado tenga acceso a los programas
sociales de retorno, reasentamiento o reubicación y otros que preste el
Estado.

Artículo 18. Programas de retorno, reasentamiento o reubicación. Si el
interesado efectúa la declaración y solicita la inscripción en el registro con
posterioridad a la fecha antes indicada, esto es, un (1) año después de
acaecidos los hechos que dieron origen a tal condición, la persona solicitante
sólo tendrá derecho de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, al acceso a
los programas que con ocasión a la condición de desplazado preste el Estado
en materia de retorno, reasentamiento o reubicación.”

Acerca del procedimiento para acceder a la atención humanitaria de emergencia, la
Corte Constitucional manifestó56:

“En este sentido, es necesario anotar que corresponde al Estado entrar a
analizar la situación de vulnerabilidad del desplazado, incluso después de
que el mismo haya recibido ya la ayuda humanitaria, y corresponderá al
desplazado permitir que se evalúe su situación para así determinar la
viabilidad de la prórroga y de este modo determinar si la situación de
vulnerabilidad permanece o ha cesado.

(…) Por lo anterior, esta Sala prevendrá a Acción Social con el fin de que
cumpla con la atención idónea que la ley y la jurisprudencia han ordenado,
llevando a cabo un análisis más juicioso de cada uno de los casos de
desplazamiento y de su situación actual, con el fin de determinar si es viable
la prórroga de la ayuda o por el contrario si sus necesidades básicas se
encuentran actualmente satisfechas, caso en el cual se les deberá prestar
toda la asesoría que sea necesaria con el fin de orientarlos en el acceso a
las entidades tanto públicas como privadas y comunitarias que llevan a cabo
planes, programas, proyectos y acciones específicas dentro del Sistema
Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada por la
Violencia.”

56 Corte Constitucional, sentencia C-278 de 2007.

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Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

Pues bien, para acreditar la condición de desplazada de la demandante, se allegó
copia del escrito denominado “derecho de petición” mediante el cual Deysi Liliana
García Ocampo solicitó a la entonces Agencia Presidencial para la Acción Social la
entrega de ayudas económicas y subsidios a que tenía derecho por ser víctima de
desplazamiento forzado (hecho probado 7.1.1).

Por otra parte, está probado que el Incoder calificó como “No habilitada” a Deysi
Liliana García Ocampo para otorgarle un subsidio para la ejecución de un proyecto
productivo, porque no cumplió con los requisitos de verificación en la “Fase 1”
(hecho probado 7.1.2.).

Finalmente, se constató que en el año 2007, Deysi Liliana García Ocampo “renunció
a la postulación en la convocatoria para desplazados del año 2007” para obtener
subsidio de vivienda (hecho probado 7.1.3).

Así las cosas, del escaso material probatorio allegado al plenario, la Sala no
encuentra probado siquiera que Deysi Liliana García Ocampo hubiera sido víctima
de desplazamiento forzado y que, por ello, era beneficiaria de las ayudas
humanitarias contempladas en la Ley 387 de 1997 y sus decretos reglamentarios.
Nótese que, inclusive, en la demanda no se contó cuál fue el hecho victimizante, el
actor armado que causó el desplazamiento, o la fecha en la que supuestamente
ocurrieron los hechos. Solo, de manera general, se afirmó que con ocasión de la
violencia presentada en el año 2007 en el corregimiento Rancho Largo del municipio
San Francisco (Antioquia), la demandante y su familia tuvieron que desplazarse a
la ciudad de Cartagena.

De hecho, del derecho de petición aportado como prueba, se destaca que: (i) en el
espacio destinado para relacionar el código de desplazado no se consignó dato
alguno; y, (ii) el recibido de dicha petición es a mano y no tiene el sello de la entidad,
lo que no permite concluir a ciencia cierta si, en efecto, tal solicitud fue radicada en
las dependencias de la accionada (hecho probado 7.1.1). Con todo, las afirmaciones
que en ese documento se hicieron no cuentan con respaldo probatorio alguno y
tampoco es posible desprender de esa prueba que a la demandante no se le
entregaron las ayudas a las que, según su dicho, tenía derecho, máxime cuando ni
siquiera se tiene por acreditada su condición de desplazada.

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Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

Bajo el anterior contexto, se observa que en el expediente no existe prueba alguna
que permita acreditar, con grado de certeza, que Deysi Liliana García Ocampo
ostentaba la condición de víctima por desplazamiento forzado y que por ende tenía
derecho de recibir las ayudas que el Estado ha definido para esa población
vulnerable, pues distinto a la referencia de estos hechos por la parte demandante,
que es insuficiente para tener por probado el desmedro alegado en tanto no puede
la parte que lo aduce probarlo simplemente con su propio dicho, en el plenario no
obra ninguna prueba que permita demostrar tal situación.

Por último, llama la atención de la Sala que en el escrito introductorio se afirmó de
manera contundente, pero sin pruebas, que Deysi Liliana García Ocampo nunca
recibió las ayudas contempladas en la Ley 387 de 1997 y, luego se afirmó que “la
demandada realizó un abono a la demandante por la suma de 2.440.000 con fecha
23/07/2009, 23/11/2009 y 11/03/2010”, lo cual genera aún más dudas frente a la
existencia del daño y la veracidad de las afirmaciones consignadas en la demanda.

Se echa de menos, entonces, que el demandante hubiere probado la certeza del
daño reclamando a través de los diferentes medios de prueba con los que se cuenta
en un estadio procesal, pues los obrantes en el plenario no lo tuvieron por acreditado
y, se insiste, la sola referencia de estos hechos por el extremo activo no resulta
suficiente para tener por probado el menoscabo alegado, en tanto no puede la
propia parte que alega un hecho probarlo con su propio dicho57.

Sobre este aspecto, resulta pertinente advertir que para que surja y/o nazca una
obligación resarcitoria en cabeza del Estado es necesario que el juez tenga la íntima
convicción de que el daño alegado se ocasionó, contraponiéndose así lo hipotético
y/o eventual, pues, para que el menoscabo revista el carácter de cierto y con ello
resarcible, debe ser real y efectivo, no meramente conjetural. Dicho de otra manera,
en los juicios de responsabilidad civil, el daño será cierto en la medida en que el

57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”.

Sentencia del 17 de junio de 2024, Rad.: 68394.

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Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

juzgador conozca con plena evidencia una afectación y/o desmedro en el
perjudicado58.

Es así como, en el presente asunto litigioso ninguno de los medios de convicción
obrantes en el expediente logró acreditar de forma cierta, real y efectiva 59 la
condición de víctima de desplazamiento forzado de la señora García Ocampo y
menos el derecho que tenía de recibir ayudas socioeconómicas por parte de la
entidad demandada, de modo que, ante su ausencia, como elemento esencial del
instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, ya que
aún ante su existencia, no sería posible declarar la responsabilidad patrimonial de
la Administración60-61.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra, entonces, que en el presente caso,
la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en
cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el daño que
alega requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal
onus, impide establecer la existencia de uno de los elementos estructurales de la
responsabilidad, sin el cual, en los términos del artículo 90 de la Constitución
Política, no es posible su declaración.

58TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil – Tomo II. Editorial Temis – 9ª

Reimpresión.
59VELÁSQUEZ POSADA, Obdulio. Responsabilidad Civil Extracontractual, Editorial Temis –

Universidad de La Sabana. 2da Edición.
60 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
61 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia

considera lo siguiente: “cabe afirmar que, dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias,
cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado,
y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968.
Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente: “La
responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de un
dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en su
definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.

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Por otra parte, en su aspecto sustancial, debe considerarse que la prueba del daño,
junto con la acreditación de los demás elementos de la responsabilidad, genera la
obligación correlativa de indemnizarlo a quien lo sufre y, como obligación de
contenido crediticio de reparación integral derivada del juicio de responsabilidad, su
prueba corresponde a quien lo alega y reclama, tal y como se desprende de los
artículos 149462 y 175763 del Código Civil. Por lo tanto, tratándose de la prueba del
nacimiento y existencia de una obligación indemnizatoria, es un deber insoslayable
del acreedor, que solo puede excepcionalmente suplirse por orden del juez o en
virtud de la ley, pues ello rompe el equilibrio de la relación subyacente a la discusión
de la obligación misma pues, debe subrayarse que la responsabilidad estatal
plantea en esencia una cuestión obligacional entre acreedor (damnificado) - y
deudor (Estado); una obligación de reparar el daño. Es que la obligación
indemnizatoria derivada de la declaratoria de responsabilidad extracontractual
para que se halle configurada exige prueba de todos los elementos de la
responsabilidad, lo cual, por supuesto, entre otros implica probar el daño
antijurídico, que en el caso de marras se extraña.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta sentencia se confirmará la sentencia
del 4 de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que negó las
pretensiones de la demanda, por lo aquí expuesto, esto es, al constatar que no se
acreditó, con grado de certeza, la causación cierta y directa de un daño resarcible.

8. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación
temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 para que ésta proceda y las mismas no se hallan probadas.

62 Artículo 1494: “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más

personas, como en los contratos o en las convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona
que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a
consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por
disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de la familia”.
63 Artículo 1757: “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”.

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Demandante: Deysi Liliana García Ocampo

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de febrero de 2019 por el
Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: SIN COSTAS.

TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Aclara voto

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

VF

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