RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2010-00554-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2010-00554-01

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2010-00554-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR los ordinales tercero, cuarto y sexto de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2023 por la Sala de Decisión núm. 7 del Tribunal Administrativo de Bolívar, y en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la vulneración de los derechos colectivos previstos en los literales d), g), j), l) y m) del artículo 4.° de la Ley 472 atribuible a la ANI y a la sociedad Autopistas del Sol S.A.S., por las deficiencias en la 58 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicación núm.: 17001-23-31-000-2012- 00320- 02(AP). C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de diciembre de 2019, radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-02245-01(AP). C. P. Oswaldo Giraldo López. 59 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”. 60 Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación de 6 de agosto de 2019, C.P.: Rocío Araújo Oñate, radicación núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01. 26 Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01 Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar infraestructura vial en el tramo que atraviesa el Distrito de Cartagena hasta el municipio de Santa Cruz del Viso. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 31 de octubre de 2023 por la Sala de Decisión núm. 7 del Tribunal Administrativo de Bolívar. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia. CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 13001-23-33-000-2010-00554-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN POPULAR
Radicación núm.: 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL BOLÍVAR
Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS Y OTRO
Vinculados: AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S. Y OTROS

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación presentados por el Instituto Nacional de
Vías y la sociedad Autopistas del Sol S.A.S., así como el recurso de apelación
adhesivo presentado por la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, contra la
sentencia de 31 de octubre de 2023, proferida por la Sala de Decisión núm. 7 del
Tribunal Administrativo de Bolívar1.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. La Defensoría del Pueblo Regional Bolívar en ejercicio de la acción popular
presentó demanda contra el Instituto Nacional de Vías y el departamento de Bolívar,
con el propósito de obtener la protección de los derechos colectivos establecidos en
los literales a), d), f), g), j), m) y n) del artículo 4.°2 de la Ley 472 de 5 de agosto de
19983.

2. La demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Solicito al señor Juez, ordenar a los demandados que de conformidad con sus
competencias, dentro del término máximo de cuatro (4) meses, posteriores a la
ejecutoria de la sentencia que será proferida en este proceso, ejecuten las siguientes
obras:

1
De conformidad con la constancia secretarial de 9 de septiembre de 2025, el proceso fue remitido a este Despacho en
atención a la compensación de expedientes. Cfr. Índice 52 del expediente digital del Consejo de Estado.
2
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias; […]
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; […]
f) La defensa del patrimonio cultural de la Nación;
g) La seguridad y salubridad públicas; […]
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; […]
m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; Ver Fallo Consejo de Estado 071 de 2001;
n) Los derechos de los consumidores y usuarios. […]”.
3
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. […]”.

2

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

-La contratación de los estudios de diseños y de prefactibilidad civil orientados a la
construcción, remodelación y mantenimiento de tres puentes ubicados sobre la
carretera Troncal de Occidente, uno ubicado en los tramos comprendidos entre la
cabecera municipal del Municipio de San Juan Nepomuceno (Bol) (sic) y el
corregimiento de San Cayetano (Bol) (sic), los dos restantes ubicados en el tramo
comprendido entre el corregimiento de San Cayetano (Municipio de San Juan
Nepomuceno Nep.Bol (sic)) y el corregimiento de malagana (Municipio de Mahates -
Bol (sic)), la construcción y mantenimiento de las vías desde la ciudad de Cartagena
y Sincelejo liberándola de huecos y desniveles tomando por los municipios de San
Juan Nep. (Bol,) (sic), San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Ovejas, Sincelejo.

-Y las demás obras y actividades que determine el peritazgo que se ordene y practica
(sic) en el proceso. […]”.

3.Indicó que la vía denominada Troncal de Occidente, que comunica a la ciudad
de Cartagena de Indias con Sincelejo, constituye uno de los corredores viales más
importantes de la Costa Atlántica, por cuanto permite la movilización de carga hacia
puertos internacionales y el transporte masivo de pasajeros en el país.

4. Señaló que el estado de dicha vía es deficiente, especialmente en el tramo
comprendido entre el municipio de El Carmen de Bolívar y Sincelejo, donde se
presentan desniveles, huecos, tramos destapados, así como puentes sin barandas
de contención ni señalización, lo que genera riesgos para los usuarios.

5. Expuso que esta situación ha ocasionado múltiples accidentes, particularmente
en los sectores denominados “[…] curva de las monjas […]” y el puente “[…] Lamada
[…]”, donde se han presentado siniestros con víctimas fatales y heridos. Ese puente
carece de barandas y presenta un ancho inferior al de la calzada. Esta situación no
es perceptible para los conductores que no conocen la vía, lo que incrementa el
riesgo de accidentes.

6. Solicitó “[…] el mantenimiento de la vía comprendida entre la ciudad de Cartagena
de Indias y la Ciudad de Sincelejo (Sucre) ya que hay zonas desniveladas que
ofrecen algún peligro para los conductores […]”.

7. Manifestó que las autoridades competentes tienen conocimiento de estas
condiciones de riesgo, pero no han adoptado medidas suficientes y oportunas para
prevenir accidentes o corregir esa problemática.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

8. Mediante auto de 7 de mayo de 20104, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Cartagena admitió la demanda, ordenó la notificación y el traslado
correspondiente a las accionadas, notificó al agente del Ministerio Público y a la
Defensoría del Pueblo, y dispuso comunicar la acción de la referencia a los
miembros de la comunidad.

4
Índice 23 del expediente digital de segunda instancia, carpeta denominada
“13RECIBEMEMORIAL_01PrimeraInstanciazi(.zip) NroActua 23”, documento “01ExpedienteDigitalizado”, página 18 en
adelante.

3

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

9.El juzgado declaró su falta de competencia mediante auto de 20 de agosto de
20105.

10. Por auto de 14 de septiembre de 20106, el Tribunal Administrativo de Bolívar
avocó conocimiento de la acción popular interpuesta.

11. En auto de 6 de septiembre de 20127 el a quo vinculó a la ANI y al consorcio
Autopistas de la Sabana S.A.S.

12. Mediante sentencia de 9 de octubre de 20198, el Tribunal Administrativo de
Bolívar amparó los derechos colectivos a la seguridad social y salubridad pública,
así como al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de
uso público, al considerar que fueron vulnerados por el INVIAS y la ANI.

13. Contra dicha decisión, el INVIAS interpuso recurso de apelación9.

14. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 17 de febrero de
202010, declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso a partir del auto
admisorio de la demanda, “[…] salvo las pruebas recaudadas en el trámite de la
presente acción […]”11.

15. En cumplimiento de lo anterior, mediante auto de 6 de octubre de 2020 12 se
profirió un nuevo auto admisorio de la demanda presentada contra el departamento
de Bolívar y el INVIAS. Además, se dispuso la vinculación de Autopistas del Sol
S.A.S. y de la Sociedad Concesionaria Vial Montes de María S.A. como
demandadas dentro del proceso.

16. Mediante memorial de 31 de enero de 202213, la ANI solicitó el acceso al
expediente y participar en la audiencia de pacto de cumplimiento.

17. El 31 de enero de 202214, se declaró fallida la audiencia especial de que trata el
artículo 27 de la Ley 472 de 1998.

5
Ibidem, página 56 y siguiente.
6
Ibidem, página 61 y siguiente.
7
Ibidem, página 104 y siguiente.
8
Índice 23 del expediente digital de segunda instancia, carpeta denominada
“13RECIBEMEMORIAL_01PrimeraInstanciazi(.zip) NroActua 23”, documento “03ExpedienteDigitalizado”, página 68 en
adelante.
9
Ibidem, página 112 y siguiente.
10
Ibidem, página 255 y siguiente.
11
Mediante auto de 27 de enero de 2020, la Sección Primera puso en conocimiento la causal de nulidad prevista en el numeral
8 del artículo 133 de la Ley 1564 de 2012, porque no fueron vinculadas las sociedades Autopistas del Sol S.A.S. y la Sociedad
Concesionaria Vial Montes de María S.A.S.
12
Índice 23 del expediente digital de segunda instancia, carpeta denominada
“13RECIBEMEMORIAL_01PrimeraInstanciazi(.zip) NroActua 23”, documento “03ExpedienteDigitalizado”, página 281 y
siguiente.
13
Índice 23 del expediente digital de segunda instancia, carpeta denominada “13RECIBEMEMORIAL
_01PrimeraInstanciazi(.zip) NroActua 23”, documento “MemorialApoderadoAni”.
14
Índice 23 del expediente digital de segunda instancia, carpeta denominada
“13RECIBEMEMORIAL_01PrimeraInstanciazi(.zip) NroActua 23”, documento “03ExpedienteDigitalizado”, documento
“13ActaAudPactoCumpl”.

4

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

18. Por medio de auto de 19 de abril de 202215, se decretaron las pruebas del
proceso. Además, se puso de presente que el Consejo de Estado en el auto de 17
de febrero de 2020 “[…] declaró la nulidad de lo actuado en la primera instancia a
partir del auto admisorio de la demanda, salvo las pruebas recaudadas en el trámite
de la presente acción […]”. Y se incorporaron al plenario las pruebas aportadas por
la Sociedad Concesionaria Vial Montes de María S.A.S.

19. A través de auto de 18 de mayo de 2023, el a quo aceptó el desistimiento de la
prueba pericial y corrió traslado a las partes para que presentaran sus escritos de
alegatos de conclusión.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. Sociedad Concesionaria Vial Montes de María S.A.S.16

20. LaSociedad Concesionaria Vial Montes de María S.A.S. negó cualquier
responsabilidad en los hechos que dieron origen a la acción popular y propuso las
excepciones de: i) “[…] FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
[…]”; ii) “[…] AUSENCIA DE CONDUCTA ACTIVA U OMISIVA DE LA CONCESIONARIA
VIAL MONTES DE MARIA S.A.S. […]”; iii) “[…] INEXISTENCIA DE LOS ELEMENTOS DE
RESPONSABILIDAD QUE PERMITAN IMPUTARLE A LA SOCIEDAD CONCESIONARIA
VIAL MONTES DE MARIA S.A.S. EL OBJETO DE LA PRESENTE DEMANDA […]”; y iv)
“[…] HECHO SUPERADO […]”.

21. Explicó que suscribió el contrato de concesión 007 de 2015 con la ANI, cuyo
objeto comprende la financiación, estudios, diseños, construcción, mejoramiento,
operación y mantenimiento del corredor vial Puerta de Hierro - Palmar de Varela y
Carreto – Cruz del Viso.

22. Señaló que esa sociedad ejecutó las obras referidas en la demanda relacionadas
con la construcción de barandas de contención, el mantenimiento del pavimento y
la rehabilitación de los tramos viales. Dichas obras fueron terminadas y recibidas a
satisfacción por la ANI y la interventoría, mediante acta de terminación de la unidad
funcional suscrita el 28 de octubre de 2020. Al respecto, precisó:

“[…] Respecto de la construcción de las barandas en el puente ubicado entre San
Juan y Malagana entre el KM 23 y KM24, la construcción de las barandas de
contención del puente ubicado en el Kilómetro PR. K94+64, así como el
mantenimiento en el pavimento de dicho tramo, y el mantenimiento de la vía en los
sectores localizados entre el PR 72+000 y PR73+000: PR76+850 y PR77+090 y
PR84+800 al PR 85+000 referenciadas en la demanda, reiteramos que dichas obras
se encuentran cobijadas bajo el Contrato de Concesión a cargo de la Sociedad
Concesionaria Vial Montes de María S.A.S.; obras que ya fueron terminadas y, en
consecuencia, entregadas y aceptadas por la entidad Concedente y el Interventor del
contrato, según el Acta de Terminación de la Unidad Funcional 2 de fecha 28 de

15
Ibidem, documento “17AbrePeriodoPruebas”.
16
Índice 23 del expediente digital de segunda instancia, carpeta denominada
“13RECIBEMEMORIAL_01PrimeraInstanciazi(.zip) NroActua 23”, documento “16ContestacionMontesMaria”.

5

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

octubre de 2020, la cual adjuntamos a la presente contestación. Sobre dicho tramo
se iniciaron las obligaciones contenidas en el Apéndice Técnico 4 para dicha Unidad
Funcional y se continuó dando aplicación a las obligaciones de Operación y
Mantenimiento establecidas en el Apéndice Técnico 2 del Contrato de Concesión.
[…]”.

23. Precisó que las intervenciones realizadas cumplieron con los estándares exigidos
para el mejoramiento, operación y mantenimiento de la infraestructura vial. Por lo
tanto, se configuró un hecho superado, dado que las condiciones que motivaron la
demanda fueron corregidas mediante la ejecución contractual.

24. Adujoque “[…] El puente ubicado “a la altura del Municipio de Turbaco,
Departamento de Bolívar, entre el KM 86 y KM 92: construcción de barandas de
contención en el puente sobre el arroyo catalina, puentes en el sector Isabelita y
sobre los 3 Box Culvert”, se encuentra por fuera del alcance contractual de mi
representada, y en nuestro leal saber hace parte del proyecto vial Ruta Caribe, a
cargo de concesionario Autopistas del Sol S.A.S. […]”.

I.3.2. Autopistas del Sol S.A.S.17

25. La sociedad presentó las excepciones de: i) “[…] FALTA DE LEGITIMACIÓN EN
LA CAUSA POR PASIVA […]”;ii) “[…] INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN […]”; iii)
“[…] IMPROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN […]”, y iv) “[…] GENÉRICA […]”.

26. Sostuvo que no se demostró una acción u omisión imputable a esa sociedad, ni
la prueba de la amenaza o vulneración de derechos colectivos invocados en la
demanda. Las afirmaciones del actor no están debidamente sustentadas y las
fotografías aportadas carecen de valor probatorio porque no permiten verificar su
origen, lugar o fecha.

27. Explicó que los hechos alegados por la parte actora se refieren a la Troncal de
Occidente denominada Ruta 2515, la cual no hace parte del alcance contractual del
proyecto vial Ruta Caribe. Su intervención se limita a los tramos Cartagena -Turbaco
• Arjona y Arjona - Viso (Ruta 90), donde ha ejecutado obras y actividades de
mantenimiento conforme al contrato de concesión 008 de 2007. Esa infraestructura
se encuentra en adecuado estado, con señalización y condiciones de seguridad vial.

28. Mencionó que “[…] ejecutó las obras de construcción de la segunda calzada
Cartagena – Turbaco – Arjona, y la rehabilitación de la calzada existente,
denominado Tramo 1, y la rehabilitación y Mantenimiento, del Tramo existente,
Arjona – Cruz del Viso denominado Tramo 6 en desarrollo del objeto contractual del
proyecto de concesión vial “RUTA CARIBE”, y a la fecha se encuentra encargado
de la operación y mantenimiento de este corredor vial, realizando labores de
mantenimiento rutinario y periódico garantizando la estabilidad de la vía, la
adecuada movilidad de los usuarios y la continuidad de la prestación del servicio,

17
Índice 23 del expediente digital de segunda instancia, carpeta denominada “13RECIBEMEMORIAL_
01PrimeraInstanciazi(.zip) NroActua 23”, documento “32RespuestaAutopistasSol”.

6

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

manteniendo la seguridad vial, la comodidad y la integración con el entorno,
cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en el Contrato de Concesión
No. 008 de 2007, como puede observarse en el registro fotográfico adjunto […]”.

29. Argumentó que los hechos relacionados con el deterioro de la vía en los sectores
señalados por el actor no le constan. Dichos tramos están bajo la responsabilidad
de la Sociedad Concesionaria Vial Montes de María S.A.S.

I.3.3. Departamento de Bolívar18

30. El departamento de Bolívar se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, propuso la excepción de falta de legitimación material en la causa por
pasiva y solicitó que se declare improcedente la acción popular ejercida porque
carece de fundamento fáctico y jurídico. Explicó que el INVIAS se encarga de la
conservación y mantenimiento de las carreteras nacionales. Por lo tanto, cualquier
deficiencia en la vía debe ser atribuida a dicha entidad o al Ministerio de Transporte.

31. Indicó
que dentro de sus competencias no se encuentra la administración,
mantenimiento ni intervención de la red vial nacional, función que corresponde
exclusivamente al INVIAS o a las entidades encargadas de la infraestructura vial
concesionada. La Troncal de Occidente es una vía nacional, cuya gestión no
depende del departamento.

I.3.4. Las demás entidades guardaron silencio durante el traslado de la demanda
efectuado mediante auto de 6 de octubre de 202019.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

32. La Sala de Decisión núm. 7 del Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante
sentencia de 31 de octubre de 2023, resolvió:

18
Índice 23 del expediente digital de segunda instancia, carpeta denominada “13RECIBEMEMORIAL_
01PrimeraInstanciazi(.zip) NroActua 23”, documento “03ExpedienteDigitalizado”, página 307 y siguiente.
19
Antes de la declaratoria de nulidad de todo lo actuado, mediante oficio de 20 de febrero de 2013, la ANI en el escrito de
contestación de la demanda señaló que la vía que comunica las ciudades de Cartagena y Sincelejo se encontraba inicialmente
a cargo del INVIAS, pero debido al deterioro del tramo Sincelejo – Cruz del Viso, dicha entidad procedió a entregarlo al
entonces Instituto Nacional de Concesiones (INCO), hoy ANI, con el fin de estructurar un esquema de concesión para su
intervención.
Explicó que, en desarrollo de ese proceso, el corredor vial fue entregado a concesionarios como Autopistas de la Sabana
S.A., quienes asumieron la ejecución de obras de rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento. Indicó que entre
el 7 de enero de 2010 y el 7 de julio de 2011 el concesionario ejecutó las obras correspondientes, incluyendo la intervención
de los puentes objeto de la demanda, los cuales fueron rehabilitados conforme a las condiciones contractuales.
En memorial de 21 de julio de 2010 el INVIAS explicó que, si bien inicialmente tenía a su cargo la totalidad de las carreteras
nacionales, a partir de la reorganización institucional del sector, con la creación del INCO, las vías concesionadas pasaron a
ser administradas por dicha entidad y no por el INVIAS. La vía objeto del proceso, correspondiente a la Troncal de Occidente
– Transversal del Caribe Ruta 90 (tramo 9005), es una vía concesionada que fue construida y es administrada por la ANI.
Autopistas de la Sabana S.A.S. se opuso a todas las pretensiones de la demanda, al considerar que cumplió a cabalidad con
las obligaciones contractuales asumidas en el marco de la concesión vial. Señaló que ejecutó las obras correspondientes en
los tramos Puerta de Hierro – Carmen de Bolívar – Carreto y Carreto – Cruz del Viso, conforme a lo previsto en el contrato de
concesión 002 de 2007. El 15 de marzo de 2013 se suscribió el acta de verificación de cumplimiento de los compromisos
contractuales, mediante la cual se dejó constancia de la correcta ejecución de las obras. Una vez finalizadas las
intervenciones, la vía fue entregada en condiciones adecuadas de funcionamiento y señalización, cumpliendo con los
estándares técnicos exigidos.

7

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

“[…] PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en el
presente asunto, y en consecuencia NEGAR la solicitud de amparo respecto del
tramo de la vía Troncal de Occidente comprendida entre Carmen de Bolívar-Carreto,
y Carreto-Cruz del Viso.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN
LA CAUSA POR PASIVA propuesta por el Departamento de Bolívar.

TERCERO: AMPARAR los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública,
goce al espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida, acceso al servicio público (transporte) y a que su prestación sea
eficiente y oportuna y a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, vulnerados por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS-, la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- y AUTOPISTAS DEL SOL
S.A., en el tramo de la vía Troncal de Occidente comprendida entre el Distrito de
Cartagena y el municipio de Santa Cruz del Viso en el Departamento de Bolívar.

CUARTO: ORDENAR al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS-, y la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI-, que dentro del ámbito de sus
competencias, dentro de un terminó (sic) de seis (06) meses contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia, adelante las actividades precontractuales
necesarias, incluyendo la selección del contratista, y un (01) año contado a partir del
vencimiento del término anterior, para la ejecución de las obras necesarias, sin
perjuicio de que la ANl y/o INVIAS, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en
el contrato de concesión que estuvo vigente con la (sic) Autopistas de la Sabana y
Autopistas del Sol S.A. (sic) pueda adelantar las acciones correspondientes contra
dichos concesionarios, por las omisiones o hechos que le sean atribuibles durante el
periodo de vigencia de los contratos de concesión.

Por lo anterior, se ordenará la realización de las siguientes obras en la carretera
troncal de occidente:

1. A la altura del Municipio de Turbaco, Departamento de Bolívar, entre el 80 y KM
92: construcción de barandas de contención en el puente sobre el ' arroyo catalina,
puentes en el sector Isabelita y sobre los 3 Box Culvert.

2. A la altura del Municipio de Arjona Departamento de Bolívar: reparación de la
carpeta asfáltica en la calzada derecha en el tramo frente al barrio San Jorge y el
barrio Sueños de Libertad.

QUINTO: Se negarán las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: ORDENAR la conformación de un comité de verificación de cumplimiento de
la presente sentencia de acción popular de conformidad con el inciso cuarto del
artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el cual estará integrado por el Magistrado ponente,
la DEFENSORÍA DEL PUEBLO- REGIONAL BOLIVAR, un representante el Alcalde
del Distrito de Cartagena o su delegado, Alcalde del municipio de Turbaco o su
delegado, Alcalde del municipio de Arjona o su delegado, el representante legal del
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS o su delegado, el representante legal de
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI o su delegado.

Dicho comité deberá conformarse dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta
providencia, y deberá rendir periódicamente informe a este Despacho de las
gestiones de cumplimiento de la sentencia. Por Secretaría, en firme esta providencia,
líbrense las comunicaciones a los servidores públicos que integran el aludido Comité.

8

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

SÉPTIMO: Enviar copia de la presente provincia (sic) a la Defensoría del Pueblo, para
los efectos del artículo 80 de la Ley 472 de 1998 […]” (negrilla del texto).

33. El tribunal explicó que la vía Troncal de Occidente es una carretera primaria de
la red nacional, cuya titularidad corresponde a la Nación y cuyo mantenimiento,
conservación y señalización están a cargo del INVIAS, sin perjuicio de que su
gestión pueda ser entregada en concesión o mediante esquemas de asociación
público-privada, bajo la vigilancia y control de la entidad concedente.

34. Indicó que en el tramo comprendido entre Cartagena y el municipio de Santa Cruz
del Viso existían deficiencias estructurales y de seguridad por la presencia de
puentes sin barandas de contención, el deterioro de la carpeta asfáltica,
hundimientos y problemas de señalización, según lo acreditado en los informes
técnicos allegados por los municipios de San Jacinto, Arjona, Mahates, San Juan
de Nepomuceno y Turbaco.

35. Respecto de los problemas de seguridad vial existentes en el tramo Carmen de

Bolívar - Carreto y Carreto - Cruz del Viso, mencionó que se configuró el fenómeno
de carencia actual de objeto por hecho superado, debido a las intervenciones
ejecutadas en el marco del contrato APP 007 de 2015 suscrito entre la ANI y la
Concesionaria Montes de María S.A.S. Concretamente, en el acta de terminación
de la Unidad Funcional 2 de 28 de octubre de 2020, se certificó el cumplimiento de
las condiciones técnicas mínimas del proyecto.

36. Sin embargo, consideró que el INVIAS, la ANI y Autopistas del Sol S.A.
vulneraron los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública, al goce del
espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, al acceso al servicio público de transporte y a que su
prestación sea eficiente y oportuna y a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, porque incumplieron sus deberes de vigilancia, control y
mantenimiento en el tramo de la vía que conecta a las ciudades de Cartagena y
Sincelejo, en el tramo que atraviesa los municipios de Turbaco y Arjona.

37. Puso de presente que: “[…] (i) INVIAS autorizó la entrega de la Vía Troncal de
Occidente, tramo que atraviesa el Departamento de Bolívar a la ANI, la cual a su
vez concesionó la vía a la sociedad AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S. mediante el
contrato de Concesión No. 008 de 2007, el (sic) comprendió la realización de doble
calzada y mantenimiento en el Tramo 1 Cartagena-Turbaco-Arjona y en el Tramo 6.
Rehabilitación y mantenimiento del tramo existente Arjona-Cruz del Viso. (ii).
Posteriormente del año 2010 hasta el 28 de diciembre de 2012, la vía fue
concesionada a la Autopista de la Sabana, (iii) A partir del 28 de diciembre de 2012
hasta el 19 de mayo de 2015, INVIAS la asumió, (iv) Finalmente, desde el 19 de
mayo de 2015 se encuentra a cargo de (sic) Agencia nacional de Infraestructura
ANI y de la CONSCESION (sic) MONTES DE MARIA, pero solo respecto al corredor
vial PUERTA DE HIERRO-PALMAR DE VARELA Y CARRETO-CRUZ DEL VISO
[…]” (negrilla del texto).

9

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

38. Advirtió que, “[…] durante la vigencia de la concesión a cargo de Autopistas del
Sol S.A. y Autopistas de la Sabana, así como el periodo en que la administración de
la carretera estuvo a cargo de INVIAS, y la ANI, se incurrieron en las omisiones que
generan la amenaza y vulneración de los derechos colectivos en mención; por lo
que la responsabilidad recae en estas entidades, sin embargo, como quiera que
terminó la concesión con Autopistas de la Sabana, la Sala considera que la
responsabilidad recae sobre el INVIAS, ANI y la (sic) Autopistas del Sol S.A.; pues
se reitera que el hecho de la concesión no exonera a la concesionaria del deber de
vigilancia y control sobre lo ejecución del respectivo contrato; por lo que las órdenes
que se impartirán para la efectiva protección de los derechos conculcados recaerán
sobre las dos entidades en cita, quienes ejecutarán dentro del ámbito de sus
competencias; y sobre la (sic) Autopistas del Sol S.A., en atención a que la ANI
debe hacer uso de las facultades que le confiera el contrato de concesión, para
exigir del concesionario, lo que le corresponda para efectos del cumplimiento de lo
ordenado en el presente fallo. […]”.

39. Finalmente, declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva del
departamento de Bolívar, por no ser la entidad directamente responsable de la
vulneración de los derechos colectivos amparados.

III. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1. Autopistas del Sol S.A.S.20

40. La sociedad solicitó que se “[…] revoque la sentencia recurrida y en su lugar se
abstenga de proferir condena en contra de la Sociedad Autopistas del Sol S.A.S.,
negando el amparo de los derechos colectivos deprecados, y declarando probadas
las excepciones formuladas desde la contestación de la demanda. […]”.

41. Sostuvo que el tribunal desconoció su derecho de defensa al afirmar que no
contestó la demanda, pese a que allegó oportunamente el escrito de contestación y
formuló excepciones que no fueron valoradas. Allí aportó un registro fotográfico del
año 2021 que evidencia el adecuado estado de la vía, la existencia de señalización
y el mantenimiento periódico del corredor concesionado. Esas pruebas habrían
conllevado a “[…] declarar la carencia actual por hecho superado para el Tramo de
Troncal de Occidente entre los municipios de Arjona, Turbaco y el Distrito de
Cartagena […]”.

42. Adujo que la sentencia incurrió en una indebida valoración probatoria, al
fundamentarse en informes rendidos por los municipios de Arjona y Turbaco
(autoridades sin competencia sobre la red vial nacional) de los años 2017 y 2018.
Por lo tanto, el tribunal desconoció sus deberes oficiosos en materia probatoria y no
verificó las condiciones reales de la vía al momento de decidir.

20
Índice 23 del expediente digital de segunda instancia, carpeta denominada
“13RECIBEMEMORIAL_01PrimeraInstanciazi(.zip) NroActua 23”, documento “43RecursoApelacionAutopistaSol”.

10

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

43. Argumentó que suscribió con la ANI el contrato de concesión 008 de 2007, cuyo
objeto comprende la realización de estudios, diseños, construcción, rehabilitación,
operación y mantenimiento del proyecto “Ruta Caribe”, dentro de un alcance
específico. Sin embargo, el 19 de octubre de 2021 se suscribió el acta de reversión
y entrega de la infraestructura a la ANI, lo que implica que ya no se encuentra a
cargo de la operación ni mantenimiento del corredor vial.

III.2. Agencia Nacional de Infraestructura21

44. La ANI argumentó que el tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria
y omitió decretar pruebas de oficio, lo que condujo a una decisión fundada en una
realidad fáctica desactualizada. El proceso se inició en el año 2010 y la sentencia
de primera instancia se sustentó en informes técnicos recaudados en los años 2017
y 2018, sin que el a quo ejerciera sus facultades probatorias oficiosas para conocer
el estado actual de la infraestructura.

45. Indicó que las problemáticas de la infraestructura vial descritas en los informes
rendidos por los municipios de Arjona y Turbaco no persistían. Por lo tanto, en el
presente caso se configuró el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho
superado.

46. Planteó que el registro fotográfico realizado por el concesionario Autopistas del
Caribe el 29 de febrero de 2024, correspondiente a los puntos señalados en la
sentencia de primera instancia, se evidencia la instalación de barandas de
contención, el adecuado estado de la infraestructura y condiciones seguras de
transitabilidad.

III.3. Instituto Nacional de Vías22

47. El INVIAS mencionó que esa entidad “[…] no tiene jurisdicción ni competencia
para intervenir la vía “Troncal de Occidente” Carretera “San Onofre-Marialabaja-El
Viso-Arjona-Turbaco-Cartagena- Código 9005, hoy en día construida por la ANI en
doble calzada desde Cartagena hasta Arjona Bolívar Sector Gambote […]”.
48. Sostuvo que el fallo de primera instancia desconoce la distribución de
competencias en materia de infraestructura vial entre esa entidad y la Agencia
Nacional de Infraestructura. Explicó que inicialmente tenía a su cargo la totalidad de
las carreteras nacionales, pero a partir de la reorganización institucional del sector,
con la creación del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y la posterior
asignación de funciones a la ANI, se estableció una diferenciación basada en la
naturaleza de las vías, de manera que las vías concesionadas pasaron a ser
administradas por dicha entidad y no por el INVIAS.

21
Ibidem, documento “45RecursoApelacionAni”.
22
Ibidem, documento “44RecursoApelacionInvias”.

11

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

49. Afirmó que la vía objeto de las órdenes de amparo, correspondiente a la Troncal
de Occidente - Transversal del Caribe Ruta 90 (tramo 9005), es una vía
concesionada que fue construida y es administrada por la ANI, por lo que el INVIAS
carece de competencia y jurisdicción para intervenirla, ejecutarla o adelantar obras
sobre ella. Además, “[…] Ese carreteable no ha sido objeto de REVERSION A
FAVOR DEL INVIAS y todavía sigue en poder de la ANI, porque la reversión que se
firmó en el año 2014 (sic), fue de Autopistas del Sol a la ANI. […]”.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

50. Mediante auto de 17 de julio de 202423, el magistrado sustanciador del proceso
en primera instancia concedió ante el Consejo de Estado los recursos de apelación
presentados por el Instituto Nacional de Vías y la sociedad Autopistas del Sol S.A.S.,
así como el recurso de apelación adhesivo presentado por la Agencia Nacional de
Infraestructura.

51. Por auto de 8 de noviembre de 202424, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió los recursos de apelación. En la misma providencia, incorporó el registro
fotográfico aportado por la ANI. Además, indicó que el escrito de la contestación de
la demanda presentada por Autopistas del Sol S.A.S. obraba en el expediente, “[…]
razón por la cual el Despacho se releva de hacer pronunciamiento alguno, sin
perjuicio de lo que la Sala decida al momento de resolver esta instancia en relación
con la oportunidad en su presentación ante el a quo. […]”.

52. La sociedad Autopistas del Sol S.A.S., mediante memorial de 5 de diciembre de
202425, afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva e insistió en la
configuración de un hecho superado.

53. En auto de 7 de febrero de 202526, se ordenó correr traslado a las partes para
que presentaran sus alegatos de conclusión.

54. Autopistas del Sol S.A.S.27 y la ANI28, en sus alegatos de conclusión, reiteraron
los argumentos de los recursos de apelación. Adicionalmente, la ANI argumentó
que el juez de la acción popular no puede intervenir en la ejecución ni modificar las
condiciones de un contrato de concesión, pues ello corresponde al juez del contrato.

55. Autopistas de la Sabana S.A.S. solicitó en sus alegatos de conclusión 29 confirmar
la sentencia de primera instancia en cuanto negó las pretensiones en su contra.

23
Índice 23 del expediente digital de segunda instancia, carpeta denominada
“13RECIBEMEMORIAL_01PrimeraInstanciazi(.zip) NroActua 23”, documento “48ConcedeRecursoApelación”.
24
Cfr. Índice 25 del expediente digital de segunda instancia.
25
Cfr. Índice 37 del expediente digital de segunda instancia.
26
Cfr. Índice 38 del expediente digital de segunda instancia.
27
Cfr. Índice 43 del expediente digital de segunda instancia.
28
Cfr. Índice 44 del expediente digital de segunda instancia.
29
Cfr. Índice 45 del expediente digital de segunda instancia.

12

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

56. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998 y en
el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 201930, la Sección Primera del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los
recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, en el marco de las acciones
populares.

V.2. Planteamiento de los problemas jurídicos

57. La Defensoría del Pueblo Regional Bolívar atribuyó al INVIAS y al departamento
de Bolívar, la transgresión de los derechos colectivos establecidos en los literales
a), d), f), g), j), m) y n) del artículo 4.° de la Ley 472, debido al deficiente estado de
la infraestructura vial denominada Troncal de Occidente, en el tramo que atraviesa
el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias hasta el municipio de
Sincelejo.

58. En el trámite de primera instancia la Sala de Decisión núm. 7 del Tribunal
Administrativo de Bolívar vinculó a Autopistas del Sol S.A., a la Sociedad
Concesionaria Vial Montes de María S.A. y a la Agencia Nacional de
Infraestructura31.

59. En la sentencia de 31 de octubre de 2023, el a quo declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado respecto de la problemática presente en los tramos de
la Troncal de Occidente comprendidos entre Carmen de Bolívar - Carreto y Carreto
• Cruz del Viso. Sin embargo, amparó los derechos colectivos a la seguridad y
salubridad pública, al goce del espacio público, a la adecuada prestación del servicio
de transporte y a la prevención de desastres previsibles técnicamente, vulnerados
por el INVIAS, la ANI y Autopistas del Sol S.A.S. por el estado de la vía Troncal de
Occidente en el tramo comprendido entre el Distrito de Cartagena y el municipio de
Cruz del Viso. En consecuencia, ordenó al INVIAS y a la ANI adelantar, dentro de
un plazo de seis meses, las actividades precontractuales y contractuales, y ejecutar
las obras requeridas en el término de un año.

60. Autopistas del Sol S.A.S., la ANI y el INVIAS presentaron recursos de apelación
contra la sentencia de primera instancia.

61. Autopistasdel Sol S.A.S. afirmó que el tribunal desconoció su derecho de
defensa al no valorar la contestación de la demanda ni las excepciones propuestas.

30
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
31
El tribunal vinculó a la ANI mediante auto de 6 de septiembre de 2012. Dicha decisión quedó sin efectos en virtud de lo
resuelto en el auto de 17 de febrero de 2020. Sin embargo, el nuevo auto admisorio de 6 de octubre de 2020 se le notificó a
la ANI, entidad que el 31 de enero de 2022, solicitó el acceso al expediente y participó durante las demás etapas del trámite
de primera instancia.

13

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

Alegó una indebida valoración probatoria, pues la decisión se fundamentó en
informes desactualizados y de autoridades sin competencia, y operó el fenómeno
de hecho superado. Asimismo, indicó que ya no se encuentra a cargo del corredor
vial, dado que en el año 2021 se suscribió el acta de reversión y entrega de la
infraestructura a la ANI.

62. La ANI sostuvo que la sentencia se basó en una realidad fáctica desactualizada
y en una indebida valoración probatoria, al apoyarse en informes de los años 2017
y 2018 sin decretar pruebas de oficio para verificar el estado actual de la vía. En ese
sentido, afirmó que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado,
pues las condiciones que dieron origen a la acción fueron corregidas, lo cual se
evidencia en los registros fotográficos aportados con el recurso de apelación que
demuestran la adecuada infraestructura, así como las condiciones de seguridad
presentes en los puentes.

63. Por su parte, el INVIAS alegó que el fallo desconoce la distribución de
competencias en materia de infraestructura vial, ya que la vía objeto del proceso es
una vía concesionada administrada por la ANI, sobre la cual no tiene competencia
para intervenir.

V.3. Análisis del caso concreto

64. Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará: i) la responsabilidad del
INVIAS; y ii) la demostración de la carencia actual de objeto por hecho superado y
las cargas probatorias en el caso concreto.

V.3.1. La responsabilidad del INVIAS

65. El INVIAS afirma que no le compete intervenir, ejecutar o realizar obras en la
Troncal de Occidente en el tramo San Onofre - Marialabaja - El Viso - Arjona -
Turbaco - Cartagena (Código 9005), ya que esta infraestructura fue construida y
actualmente es administrada por la Agencia Nacional de Infraestructura y no ha sido
revertida a favor del INVIAS.

66. Para resolver el planteamiento, la Sala pone de presente que la Nación y las
entidades territoriales son responsables de construir, conservar y planificar la
infraestructura de transporte que les pertenece, de conformidad con los artículos 19
y 20 de la Ley 105 de 30 de diciembre de 199332.

67. Para tal efecto, el artículo 3033 de la Ley 105 de 1993 dispuso que la Nación, los
departamentos, distritos y municipios, directamente o a través de sus entidades

32
“[…] Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la
Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones […]”.
33
“[…] ARTÍCULO 30.- Del contrato de concesión. La Nación, los Departamentos, los Distritos y los Municipios, en sus
respectivos perímetros, podrán en forma individual o combinada o a través de sus entidades descentralizadas del sector de
transporte, otorgar concesiones a particulares para la construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de
infraestructura vial.

14

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

descentralizadas del sector transporte, pueden otorgar concesiones a particulares
para la construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de infraestructura
vial. En tal escenario, el concesionario asume la ejecución del proyecto y recupera
su inversión a través de mecanismos como peajes o valorización, conforme a las
condiciones pactadas en el contrato.

68. El numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 28 de octubre de 1993 34, define el
contrato de concesión como aquel mediante el cual una entidad estatal encomienda
a un particular la construcción, explotación o conservación de una obra o servicio
público, trasladándole los riesgos y responsabilidades asociados a su operación.

69. En esta misma línea, la Ley 1508 de 10 de enero de 201235 consolidó los
esquemas de participación privada a través de las asociaciones público-privadas,
con el propósito de fomentar la vinculación de capital privado en el desarrollo de la
infraestructura vial.

70. El artículo 5.º de la Ley 1682 de 22 de noviembre de 201336 agregó que las
actividades de planeación, ejecución, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación
de proyectos y obras de infraestructura de transporte constituyen una función
pública, ejercida por las entidades y organismos competentes del orden nacional,
departamental, municipal o distrital, directamente o con la participación de los
particulares.

71. En consecuencia, en el régimen institucional del sector transporte, la
administración de la infraestructura a cargo de la Nación37 compete a diferentes
entidades dependiendo de si la red vial está sujeta a un esquema de participación
privada o si es netamente pública.

Para la recuperación de la inversión, la Nación, los Departamentos, los Distritos y los Municipios podrán establecer peajes
y/o valorización. El procedimiento para causar y distribuir la valorización, y la fijación de peajes se regula por las normas sobre
la materia. La fórmula para la recuperación de la inversión quedará establecida en el contrato y será de obligatorio
cumplimiento para las partes.
La variación de estas reglas sin el consentimiento del concesionario, implicará responsabilidad civil para la Entidad quien a
su vez, podrá repetir contra el funcionario responsable.
En los contratos que por concesión celebre el Instituto Nacional de Vías, se podrán incluir los accesos viales que hacen parte
de la infraestructura Distrital o Municipal de transporte.
PARÁGRAFO 1.- Los Municipios, los Departamentos, los Distritos y la Nación, podrán aportar partidas presupuestales para
proyectos de infraestructura en los cuales de acuerdo con los estudios, los concesionarios no puedan recuperar su inversión
en el tiempo esperado.
PARÁGRAFO 2.- Los contratos a que se refiere el inciso 2 del artículo 81 de la Ley 80 de 1993, que a partir de la promulgación
de esa Ley se celebren, se sujetarán en su formación a lo dispuesto en la misma. Sin embargo, estos no estarán sujetos a lo
previsto en el numeral 4 del artículo 44 y el inciso 2 del artículo 45 de la citada Ley. En el Pliego de Condiciones se señalarán
los criterios de adjudicación.
PARÁGRAFO 3.- Bajo el esquema de Concesión, los ingresos que produzca la obra dada en concesión, serán asignados en
su totalidad al concesionario privado, hasta tanto este obtenga dentro del plazo estipulado en el contrato de concesión, el
retorno al capital invertido. El Estado recuperará su inversión con los ingresos provenientes de la operación una vez culminado
el período de concesión. […]”.
34
“[…] Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública […]”.
35
“[…] Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de
presupuesto y se dictan otras disposiciones […]”.
36
“[…] Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias. […]”.
37
El artículo 12 de la Ley 105 precisó que la infraestructura de transporte a cargo de la Nación incluye aquella cuya función
principal es la de conectar las principales zonas de producción y consumo del país, así como integrar a Colombia con otros
países. Esta infraestructura está formada por “[…] La red nacional de carreteras, con sus zonas, facilidades, y su
señalización […]” (negrilla fuera del texto).

15

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

72. El artículo 1.° del Decreto 1292 de 14 de octubre de 202138, señala que el Invias
tiene “[...] como objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas
y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de
carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus infraestructuras
conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de
Transporte [...]” (negrilla fuera del texto).

73. La ANI, conforme al Decreto 4165 de 3 de noviembre de 201139, es responsable de
“[...] planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos
de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada (APP), para el diseño,
construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la
infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o
relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo
de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional
respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del
respeto a las normas que regulan la distribución de funciones y competencias y su
asignación [...]”.

74. Entre otras funciones, la ANI se encarga de: i) identificar, analizar, valorar, distribuir
y administrar los riesgos de los proyectos de concesión; ii) verificar y exigir el
cumplimiento de las obligaciones correspondientes40; y iii) prevenir riesgos y daños
antijurídicos41.

75. Por lo tanto, en las acciones populares el régimen de responsabilidad aplicable
en los casos en que el INVIAS y la ANI son entidades demandadas, se debe
considerar que la Agencia Nacional de Infraestructura es competente respecto de
las vías desarrolladas bajo esquemas de concesión, mientras que el Instituto
Nacional de Vías es responsable de la infraestructura vial no concesionada42.

76. En el presente caso, la infraestructura vial cuestionada en la demanda incluye
unos tramos de las Rutas 2515, 25BL02 y 90.

77. Frente al tramo Puerta de Hierro - Carmen de Bolívar - Carreto (Ruta 2515) y
Carreto - Cruz del Viso (Ruta 25BL02), el tribunal declaró la configuración de la
carencia actual de objeto por hecho superado, decisión que el INVIAS no cuestionó
en su recurso de apelación. Según lo acreditado en el plenario, dicho tramo estuvo
bajo la administración del INVIAS desde su construcción hasta el 14 de agosto de
2009 y desde el 28 de diciembre de 2012 hasta el 19 de agosto de 201543.

38
“[…] Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías – INVIAS […]”.
39
“[...] Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional
de Concesiones (INCO) [...]”.
40
Artículos 4, numeral 11; 15, numeral 6.
41
Artículo 16, numeral 10.
42
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 28 de octubre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación
núm. 73001-23-33-000-2017-00482-01(AP).
43
Se probó a través del acta de entrega y recibo de los sectores Puerta de Hierro – Carmen de Bolívar – Carreto (Ruta 2515)
y Carreto – Cruz del Viso (Ruta 25BL02), de fecha 14 de agosto de 2009, que el Instituto Nacional de Vías entregó al entonces
INCO la infraestructura vial para ser afectada al Contrato de Concesión 002 de 2007 suscrito con la sociedad Autopistas de
la Sabana S.A., en desarrollo de las Resoluciones 5017 de 22 de octubre de 2007 y 5298 de 6 de noviembre de 2007.

16

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

78. Sin embargo, la vía objeto de las órdenes de amparo denominada transversal del
Caribe (Ruta 90 tramo 9005) no ha estado bajo la administración del INVIAS,
conforme a lo probado, si se tiene en cuenta que el INCO celebró con Autopistas
del Sol S.A.S. el contrato de concesión 008 de 22 de agosto de 200744, con el objeto
de que el concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantara de manera integral el
proyecto vial denominado “Ruta Caribe”, incluyendo actividades como estudios y
diseños definitivos, gestión predial, social y ambiental, financiación, construcción,
rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de esa infraestructura.

79. El 19 de octubre de 2021, la Agencia Nacional de Infraestructura y la sociedad
Autopistas del Sol S.A.S. suscribieron el acta de reversión y entrega de la
infraestructura destinada al proyecto “Ruta Caribe”, como consecuencia de la
terminación del contrato de concesión, y el inicio de la etapa de liquidación
contractual. Acto seguido, la ANI suscribió con Autopistas del Caribe S.A.S., el
contrato de concesión 002 de 2021, quien tiene a su cargo actualmente el corredor
en mención para su operación y el mantenimiento.

80. Por lo tanto, los argumentos de la apelación del INVIAS prosperan respecto del
análisis de responsabilidad y de las medidas de restablecimiento señaladas en los
ordinales tercero, cuarto y sexto de la parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia. Sin embargo, no se modificará el ordinal segundo para declarar probada
la excepción de falta de legitimación por pasiva, por cuanto dicha entidad sí participó
en la administración de la infraestructura identificada con códigos 2515 y 25BL02 y
no cuestionó las decisiones adoptadas en la sentencia de primera instancia sobre
el particular.

V.3.2. La demostración de la carencia actual de objeto por hecho superado y
las cargas probatorias en el caso concreto.

81. La sociedad Autopistas del Sol S.A.S. y la ANI señalaron en sus recursos de
apelación que la sentencia de primera instancia se fundamentó en información
desactualizada de los años 2017 y 2018. Indicaron que los municipios de Arjona y
Turbaco carecen de competencias para pronunciarse sobre el estado de la red vial
nacional. Por lo tanto, el a quo debió ejercer sus facultades probatorias de oficio
para verificar las condiciones actuales de la infraestructura.

Según el memorial de 5 de febrero de 2018, entre el año 2010 hasta 28 de diciembre de 2012, fue administrada por ese
concesionario, época en que el INVIAS la recibe nuevamente hasta 19 de mayo de 2015.
En el plenario obra el contrato de concesión 07 de 3 de julio de 2015, cuyo objeto es la financiación, estudios, diseños, gestión
social y ambiental, gestión predial, construcción, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor vial Puerta de Hierro
– Palmar de Varela y Carreto – Cruz del Viso, así como el acta de inicio de la fase de construcción del 9 de febrero de 2018.
Además, reposa el acta de entrega de 19 de agosto de 2015, a través de la cual el INVIAS entregó a la ANI y esta, a su vez,
a la Sociedad Concesionaria Vial Montes de María S.A.S. la infraestructura vial objeto del contrato de concesión 07.
44
Del contrato se destaca lo siguiente: “[...] 7.5. Operación y mantenimiento de los Trayectos del Proyecto
El Concesionario deberá operar y mantener la infraestructura existente en el Proyecto, durante la ejecución de las Obras de
Construcción y Rehabilitación en cada Trayecto, en los términos y condiciones que para ello se expresan en las
Especificaciones Técnicas de Operación y Mantenimiento. En los Trayectos en que no se estén ejecutando Obras de
Construcción y Rehabilitación, el Concesionario deberá operar y mantener la infraestructura existente en los términos y
condiciones que para ello se expresan en las Especificaciones Técnicas de Operación y Mantenimiento.
7.6. Infraestructura
El Concesionario deberá construir y poner en funcionamiento la infraestructura de operación en cada uno de los Trayectos,
de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas de Operación y Mantenimiento. El cumplimiento de esta
obligación es requisito indispensable para la suscripción del Acta de Iniciación de la Etapa de Operación en cada Trayecto.
[...]” (negrilla del texto).

17

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

82. Expusieron que el registro fotográfico de febrero de 2024 presentado por la ANI
y el registro fotográfico anexo a la contestación de la demanda de Autopistas del
Sol S.A.S. demostraban que se había configurado la carencia actual de objeto por
hecho superado. Las vías objeto de amparo cuentan con condiciones adecuadas
de transitabilidad, incluyendo la instalación de barandas de contención en los
puentes.

83. Autopistasdel Sol S.A.S. complementó que el tribunal omitió valorar la
contestación de la demanda y las excepciones propuestas por esa sociedad, así
como el material probatorio allegado, lo que vulneró su derecho al debido proceso.

84. Para resolver lo anterior, se advierte que el juez de la acción popular ejerce una
función declarativa, en vez de resarcitoria, cuando la parte demandada demuestra
en el transcurso del debate judicial que cumplió con la acción u omisión amenazante
o vulneradora del derecho colectivo invocado.

85. Elobjetivo de la acción popular es obtener una sentencia que ordene la
salvaguarda de los derechos colectivos, así como el resarcimiento de los daños
causados. Sin embargo, para ello el demandante debe probar tanto la existencia del
derecho colectivo, como la conducta transgresora persistente atribuible a la
autoridad o al particular demandado.

86. Se configura el instituto de carencia actual de objeto por hecho superado si las
circunstancias que amenazan o vulneran los derechos colectivos invocados en la
demanda desaparecen al momento de proferir el fallo45. En tal escenario, la
autoridad judicial tendrá que aplicar las reglas jurisprudenciales fijadas por la Sala
Plena de esta corporación en la sentencia de unificación de 4 de septiembre de
2018, a saber:

“[…] la Sala unifica la jurisprudencia en relación con la configuración de la carencia
actual de objeto por hecho superado, dentro de una acción popular, en los
siguientes dos sentidos:

i. Aun en aquellos casos en que el demandado o, incluso, la autoridad judicial de
conocimiento consideren que se ha superado la situación que dio lugar a la
interposición de la acción, es necesario verificar el cese de la amenaza o la
vulneración de los derechos colectivos comprometidos, sin que baste con la
simple alegación de haberse adelantado alguna actuación enderezada a la
superación de la situación; en aquellos casos en que la amenaza a los derechos
colectivos subsista no es procedente declarar el hecho superado, aun cuando
se verifique que se ha adelantado alguna actuación a fin de cesar la amenaza o
vulneración de los mismos.

ii. El hecho de que, durante el curso de la acción popular, el juez compruebe la
desaparición de la situación que originó la afectación de derechos colectivos,
no es óbice para que proceda un análisis de fondo, a fin de establecer el alcance
de dichos derechos. […]”46 (negrilla fuera del texto).

45
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 1.º de marzo de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López. Radicación núm.
66001-23-31-000-2010-00356-02(AP).
46
Consejo de Estado, Sala Plena, radicación núm. 05001-33-31-004-2007-00191-01(AP)SU.

18

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

87. Para verificar lo anterior, el artículo 28 de la Ley 472 dispuso que el juez debe
decretar las pruebas solicitadas y las que considere pertinentes de oficio, una vez
fallida la audiencia de pacto de cumplimiento, previa valoración de su conducencia,
pertinencia y eficacia. Asimismo, “[…] podrá el juez ordenar a las entidades públicas
y a sus empleados rendir conceptos a manera de peritos, o aportar documentos u
otros informes que puedan tener valor probatorio […]”.

88. El artículo 29 establece que en estas acciones son procedentes todos los medios
de prueba previstos en el procedimiento civil, sin perjuicio de las reglas especiales
contenidas en la Ley 472 de 1998.

89. El artículo 30 dispone que la carga de la prueba recae, en principio, sobre el
demandante. No obstante, reconoce que “[…] si por razones de orden económico
o técnico, dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá las órdenes
necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios
indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando dichos experticios
probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de debate
y con cargo a ella […]” (negrilla fuera del texto).

90. Todo esto significa que el actor popular es responsable de probar la amenaza o
vulneración de los derechos colectivos, pero simultáneamente el juez puede
decretar pruebas de oficio y aplicar el principio de la carga dinámica de la prueba
ante escenarios técnicos o económicos complejos. En todo caso, este hecho no
exime a las entidades y particulares demandados del deber procesal de demostrar
que no han incurrido en una conducta vulneradora47.

91. En este proceso, la Sala de Decisión núm. 7 del Tribunal Administrativo de
Bolívar, amparó en la sentencia de 31 de octubre de 2023, los derechos previstos
en los literales d), g), j), l) y m) del artículo 4.° de la Ley 472 vulnerados por el
INVIAS, la ANI y la sociedad Autopistas del Sol S.A.S., debido a las problemáticas
acreditadas en el plenario en la infraestructura de transporte ubicada:

“[…] 1, A lo altura del Municipio de Turbaco, Departamento de Bolívar, entre el 86 y
KM 92: construcción de barandas de contención en el puente sobre el arroyo catalina,
puentes en el sector Isabelita y sobre los 3 Box Culvert.

2. A la altura del Municipio de Arjona Departamento de Bolívar: reparación de la
carpeta asfáltica en la calzada derecha en el tramo frente al barrio San Jorge y el
barrio Sueños de Libertad. […]”.

92.Esa decisión se adoptó teniendo en cuenta que la Defensoría del Pueblo aportó
junto con la demanda unas fotografías en las que se observa una vía con tramos
que carecen de condiciones de seguridad. Veamos:

47
En esta tipología de procesos cada sujeto procesal debe asumir activamente las cargas que le corresponden para sustentar
sus afirmaciones y desvirtuar las de la contraparte. Además, el decreto y práctica de pruebas está sujeto a las oportunidades
y requisitos previstos en el artículo 212 de la Ley 1564 de 2012, de manera que la actividad probatoria no es discrecional.

19

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

“[…]

[…]”48.

93. Sin embargo, la parte actora no precisó en el libelo petitorio el lugar y la fecha de
esas imágenes. Solo mencionó que la problemática de seguridad en la
infraestructura vial de la Troncal de Occidente se presenta en otros puntos del tramo
que conduce desde Cartagena a Sincelejo.

94. Teniendo en cuenta el alcance de la causa petendi, el a quo en el auto de 3 de
marzo de 2015 decretó la apertura del período probatorio, y ordenó la práctica de
las siguientes pruebas:

“[…] 1) Parte demandante:
• Se tuvieron como pruebas los documentos aportados a folios del 8 al 12 del
expediente.
• Se ofició al Secretario de Planeación Municipal de San Juan Nepomuceno, para que
certificara si en la Carretera Troncal de Occidente, en el tramo que pasa por ese
municipio, existen puentes sin barandas; y en caso de que la respuesta fuera
afirmativa, indicar en el informe el kilómetro de su ubicación, así como el estado en
que se encuentra la vía, en cuanto a señalización vial y estado técnico de la malla
vial.
• El Despacho, de oficio, requirió, también, la información anterior a los alcaldes de
los municipios que circundan la Vía Troncal de Occidente en los fragmentos que
atraviesan Turbaco, Arjona, Mahates, San Jacinto y el Carmen de Bolívar.
• Por otro lado, negó la inspección judicial solicitada por la parte accionante y la
vinculada Autopistas de la Sabana S.A.S., por considerarla innecesaria, toda vez que
el actual estado de la vía es verificable a través de otro medio de prueba.
• No obstante lo anterior, decretó peritazgo tendiente a que un ingeniero civil, previa
visita al fragmento vial de la Troncal de Occidente, rinda dictamen sobre el estado de
la misma indicando el estado de la malla vial, estado de señalización existente en la
vía, el estado de los puentes que se encuentran en la vía, si la vía cumple con las
especificaciones técnicas previstas para ese tipo de construcciones en cuanto a
ancho de la vía, señalización y demás elementos de regulación técnica, y, en caso de
la carencia de esas medidas técnicas, conceptuar respecto de la solución definitiva.
• Así mismo, se decretó la práctica de los testimonios de los señores Edwin Bossa
Mondol, Emiro Angulo Hernández e Iván Vergara Salgado.
2) Ministerio Público:
• Se ofició al INVIAS para que informara al despacho las obras de mantenimiento
efectuadas a la Troncal de Occidente en el tramo que atraviesa el Departamento de
Bolívar, limitando temporalmente esta probanza en el sentido en que dicho informe
deberá contener las obras efectuadas desde la fecha en que se interpuso la presente
acción.
3) Instituto Nacional de Vías – INVIAS:
• El Despacho tuvo en cuenta las pruebas documentales aportadas a folios 24-28 y
33-39 del expediente. Dándoseles valor probatorio.
• En relación con la práctica de pruebas testimoniales solicitadas por INVIAS, el
despacho optó por suplirla con las pruebas documentales decretadas anteriormente.

48
Índice 23 del expediente digital de segunda instancia, carpeta denominada “13RECIBEMEMORIAL_
01PrimeraInstanciazi(.zip) NroActua 23”, documento “01ExpedienteDigitalizado”, página 9 en adelante.

20

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

4) Departamento de Bolívar:
• El Despacho tuvo en cuenta como pruebas las documentales aportadas a folios 49-
51 y del 82-102, otorgándoles valor probatorio.
5) Agencia Nacional de Infraestructura – ANI:
• Se tuvieron en cuenta las pruebas documentales aportadas a folios 132-153 del
expediente, dándoles valor probatorio.
6) Autopistas de la Sabana S.A.S.:
• Se tuvieron en cuenta como pruebas los documentos aportados a folios 212-216 del
expediente, y se les dio valor probatorio.
• En relación con la práctica de la prueba testimonial solicitada por la demandada, el
Despacho decidió suplirla con las pruebas documentales aportadas y con los
peritazgos decretados dentro de la presente providencia, por considerarla
innecesaria. […]”49 (negrilla fuera del texto).

95. Esa decisión se confirmó mediante auto de 19 de octubre de 201750.

96.En virtud de lo anterior, el municipio de Arjona en el memorial de 6 de diciembre
de 201751 certificó la existencia de dos puentes ubicados en el PR 77+300 sobre el
arroyo Caimital, los cuales cuentan con barandas y señalización en estado
aceptable. Sin embargo, en relación con la señalización y la capa asfáltica se
consideró:

“[…] Conforme el estado de la vía, informo que parte de esta está siendo intervenida
para colocar una nueva carpeta asfáltico, otro tramo ya fue intervenido colocándole
una nueva carpeta y la calzada derecha en el tramo frente al barrio San Jorge y Barrio
Sueños de Libertad la carpeta asfáltica se encuentra afectada por corriente de aguas
permanente.

49
Índice 23 del expediente digital de segunda instancia, carpeta denominada “13RECIBEMEMORIAL_
01PrimeraInstanciazi(.zip) NroActua 23”, documento “02ExpedienteDigitalizado”, páginas 100 en adelante.
50
Autopistas de la Sabana S.A.S. interpuso recurso de reposición contra el auto que negó la práctica de una inspección
judicial y de varios testimonios, al considerar que dichas pruebas eran necesarias para garantizar el principio de inmediación
y permitir al juez verificar directamente las condiciones reales de la vía concesionada, así como conocer, mediante testigos
expertos, su estado de operación, mantenimiento y el proceso de reversión de algunos tramos. Sostuvo que, aunque se
decretó un peritazgo, este no sustituye la utilidad de las pruebas solicitadas para una adecuada valoración de los hechos. De
manera subsidiaria, solicitó aclarar la providencia en cuanto a la fecha a partir de la cual inicia el término para que las partes
conozcan el informe pericial, dado que su omisión dificulta el cómputo del plazo.
51
Índice 23 del expediente digital de segunda instancia, carpeta denominada “13RECIBEMEMORIAL_
01PrimeraInstanciazi(.zip) NroActua 23”, documento “02ExpedienteDigitalizado”, página 161 en adelante.

21

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

[…]”.

97. El municipio de Turbaco reportó en enero de 201852 la existencia de 4 puentes
sin barandas de contención entre los kilómetros 86 y 92, en los siguientes términos:

“[…] nos permitimos certificar que entre el kilómetro 86 y el kilómetro 92 encontramos
4 puentes sin barandas de contención, ubicados de la siguiente manera:
1. 1 puente sobre el Arroyo Catalina.
2. 2 puentes en el sector Isabela.
3. 4 Box Culvert.

Cabe manifestar a esta sala, que se presencia la existencia de 3 Box Culvert. […]

52
Ibidem, página 272 en adelante.

22

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

[…]”.

98.En el auto de 17 de febrero de 202053, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso, a partir del auto admisorio de la
demanda, pero explicó que esas pruebas conservarían su validez54.

99. La demanda se admitió nuevamente a través de auto de 6 de octubre de 202055
y se corrió traslado a las partes para que contestaran y solicitaran las pruebas que

53
Ibidem, página 255 y siguiente.
54
Mediante auto de 27 de enero de 2020, la Sección Primera puso en conocimiento la causal de nulidad prevista en el numeral
8 del artículo 133 de la Ley 1564 de 2012, porque no fueron vinculadas las sociedades Autopistas del Sol S.A.S. y la Sociedad
Concesionaria Vial Montes de María S.A.S.
55
Índice 23 del expediente digital de segunda instancia, carpeta denominada
“13RECIBEMEMORIAL_01PrimeraInstanciazi(.zip) NroActua 23”, documento “03ExpedienteDigitalizado”, página 281 y
siguiente.

23

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

estimaran pertinentes. La Sociedad Concesionaria Vial Montes de María S.A.S.,
Autopistas del Sol S.A.S.56 y el departamento de Bolívar contestaron la demanda.

100.Autopistas del Sol S.A.S. anexó a la contestación un registro fotográfico sobre
el adecuado estado de los puentes, box culvert y malla vial que coincide con los
lugares identificados en el memorial de 6 de diciembre de 2017 del municipio de
Arjona y en el informe de enero de 2018 del municipio de Turbaco.

101. Por medio de auto de 19 de abril de 2022 57, se decretaron las pruebas del
proceso, así: i) “[…] TÉNGASE como pruebas, según su mérito legal, los
documentos aportados por la SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE
MARIA S.A.S. con la contestación de la demanda […]”; y ii) “[…] NEGAR la solicitud
de Inspección Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia; y en su lugar DECRETAR la prueba pericial y, en consecuencia,
OFICIAR a la SOCIEDAD DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE BOLÍVAR para
que designe perito ingeniero civil […]” (negrilla del texto).

102. A través de auto de 18 de mayo de 2023, el a quo aceptó el desistimiento de la
prueba pericial y corrió traslado a las partes para que presentaran sus escritos de
alegatos de conclusión.

103. Ambas decisiones no fueron objeto de recursos.

104. En la segunda instancia la ANI aportó el siguiente registro fotográfico de 29 de
febrero de 2024 respecto de la infraestructura cuestionada en el municipio de
Turbaco:

56
En el plenario obra el correo electrónico de 1 de febrero de 2021, con el que se acredita que Autopistas del Sol S.A.S. envió
oportunamente la contestación de la demanda a los correos electrónicos des02tabolivar@cendoj.ramajudicial.gov.co y
des02tabolivar@cendoj.ramajudicial.gov.co. Dichos correos coinciden con los referidos por el tribunal en el correo de
notificación del auto admisorio.
57
Índice 23 del expediente digital de segunda instancia, carpeta denominada
“13RECIBEMEMORIAL_01PrimeraInstanciazi(.zip) NroActua 23”, documento “17AbrePeriodoPruebas”.

24

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

105. Sobre el municipio de Arjona, se presentó el siguiente registro fotográfico del
sector que presentaba fallas asfálticas:

106.De las actuaciones procesales mencionadas y el material probatorio supra, la
Sala advierte que se superó la vulneración a los derechos colectivos previamente
reportada en el memorial de 6 de diciembre de 2017, elaborado por el municipio de
Arjona, porque se culminaron las obras de mejoramiento de la carpeta asfáltica
ubicada frente al barrio San Jorge y el barrio Sueños de Libertad.

107.Adicionalmente, al contrastar ese registro fotográfico con el informe rendido en
enero de 2018 por el municipio de Turbaco, se observa que ese municipio no precisó
de manera concreta cuáles eran las deficiencias de los box culvert, ni efectuó una
descripción técnica de la supuesta falla presente en la infraestructura de
alcantarillado de la vía. Asimismo, se evidencian inconsistencias en el documento
de 2018 en relación con la cantidad de puentes sin barandas, pues el municipio
mencionó 4 estructuras en ese estado, pero únicamente allegó soporte fotográfico
de 2.

25

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

108.Por el contrario, el registro fotográfico de la Agencia Nacional de Infraestructura
de 29 de febrero de 2024 demuestra un adecuado estado de funcionamiento de
todos los puentes existentes en esos tramos, lo que acredita que las condiciones
que motivaron la acción han sido superadas.

109. En consecuencia, como prosperó el argumento de los recurrentes relacionado
con la superación de la problemática objeto de amparo, la Sala revocará los
ordinales tercero, cuarto y sexto de la parte resolutiva de la sentencia de 31 de
octubre de 2023. En su lugar, se declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado respecto de la vulneración de los derechos colectivos previstos en los
literales d), g), j), l) y m) del artículo 4.° de la Ley 472 atribuible a la ANI y a la
sociedad Autopistas del Sol S.A.S., por las deficiencias en la infraestructura vial
acreditadas en el plenario, en el tramo que atraviesa el Distrito de Cartagena hasta
el municipio de Santa Cruz del Viso.

110. En todo caso, se pone de presente que el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia no es el mecanismo para alegar irregularidades
procesales que presuntamente ocurrieron durante el trámite de la primera instancia
y que las partes debieron alegar de forma oportuna58. Además, cuando las
entidades demandadas no cumplen las cargas procesales en el sentido de solicitar
pruebas, controvertir las allegadas o cuestionar las decisiones adoptadas sobre
ellas, no pueden pretender que el juez popular, en ejercicio de sus facultades
oficiosas, subsane dichas omisiones. Por lo tanto, la Sala no se pronunciará sobre
los demás reparos de las apelaciones de la ANI y de Autopistas del Sol S.A.S.

111.Finalmente, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley
1564 de 12 de julio de 201259 y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Especial
de Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de agosto de 201960, no se condenará
en costas en segunda instancia porque no se acreditó su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR los ordinales tercero, cuarto y sexto de la parte resolutiva de
la sentencia proferida el 31 de octubre de 2023 por la Sala de Decisión núm. 7 del
Tribunal Administrativo de Bolívar, y en su lugar, DECLARAR la carencia actual de
objeto por hecho superado respecto de la vulneración de los derechos colectivos
previstos en los literales d), g), j), l) y m) del artículo 4.° de la Ley 472 atribuible a la
ANI y a la sociedad Autopistas del Sol S.A.S., por las deficiencias en la

58
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicación núm.: 17001-23-31-000-2012-
00320- 02(AP). C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de diciembre de
2019, radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-02245-01(AP). C. P. Oswaldo Giraldo López.
59
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
60
Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación
de 6 de agosto de 2019, C.P.: Rocío Araújo Oñate, radicación núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01.

26

Radicación núm. 13-001-23-33-000-2010-00554-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Bolívar

infraestructura vial en el tramo que atraviesa el Distrito de Cartagena hasta el
municipio de Santa Cruz del Viso.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 31 de octubre de
2023 por la Sala de Decisión núm. 7 del Tribunal Administrativo de Bolívar.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.