Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2010-00749-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2010-00749-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 13001-23-33-000-2010-00749-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
Demandante: Xiomara Elena García Tulena
Demandados: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de
Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura Calvo y Blanca Inés Espinel de
Segura
Tema: Legalidad de las decisiones administrativas / adjudicación de
bienes baldíos / falta de legitimación en la causa por pasiva
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, Xiomara Elena García Tulena, en contra de la sentencia de 16 de abril
de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 004,
por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda1
1. La señora Xiomara Elena García Tulena, a través de apoderado judicial, en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA, presentó demanda en
contra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán
Segura Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura, con el fin de que se hicieran las
siguientes declaraciones:
“[…] PRIMERA. Que se declare que el inmueble adjudicado por el INSTITUTO
COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER – (Dirección Territorial
Bolívar), a los señores JAIME HERNAN SEGURA CALVO y BLANCA INES
ESPINEL DE SEGURA, a través de la resolución No 000151 de fecha 16 de
septiembre de 2008, predio LA ESMERALDA es el mismo inmueble objeto de
la demanda de pertenencia radicada ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito
de Cartagena bajo el número 29273 de 2000 y en el cual figura como
demandante el señor JAIME HERNAN SEGURA CALVO y como demandados
JUAN REDON KWAPISZ y Personas Indeterminadas.
1
Folios 1 a 12 C pp.
2
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
Demandante: Xiomara Elena García Tulena
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
SEGUNDA. Que es nula la Resolución No. 000151 de fecha 16 de septiembre
de 2.008 proferida por el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL, INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER
– (Dirección Territorial Bolívar), mediante la cual se resolvió adjudicar el predio
baldío denominado “LA ESMERALDA”, ubicado en el corregimiento de
Pontezuela, en el municipio de Cartagena, Departamento de Bolívar, con una
extensión de una hectárea doce metros cuadrados (1-0012 HAS). a (sic) a los
señores JAIME HERNAN SEGURA CALVO y BLANCA INES ESPINEL DE
SEGURA, identificados con la cédula de ciudadanía […] y […] respectivamente,
según el plan No. 2-3-01942 que hace parte de dicha resolución, y que tomó
como punto de partida el detalle 11 en sentido contrario así: NORTE Del detalle
11 al detalle 10 en línea recta con servidumbre en 76.86 mts; ESTE Del detalle
10 al detalle 8 en línea semiquebrada con servidumbre en 194.80 mts; SUR Del
detalle 8 al detalle 7 en línea recta con servidumbre en 75.61 mts; OESTE Del
detalle 7 al detalle 6 línea recta con Dolores Arzuza en 2.39 mts., Del detalle 6
al detalle 5 en línea recta con Saul Ortega en 24.97 mts,. Del detalle 5 al detalle
3 en línea quebrada con Otoniel García en 58.36 mts., Del detalle 3 al detalle 2
en línea recta con Nelson Aguilar en 21.83 mts. Del detalle 16 al detalle 13 A
en línea quebrada con calle Quince Letras en 32.70 mts., Del detalle 13 A al
detalle 12 en línea quebrada con Wilson Reyes Pérez en 29.94 mts., Del detalle
12 al detalle 1 en línea recta con Elodia Bellido en 39.27 mts., y encierra.
TERCERA. Que se declare que la parte de la extensión territorial del predio ya
identificado como de propiedad de mi poderdante, conocido con el nombre de
predio “LAS DELICIAS” y que fue materia de adjudicación a los señores JAIME
HERNÁN SEGURA CALVO y BLANCA INES ESPINEL DE SEGURA, con el
nombre de predio LA ESMERALDA por considerarlo baldío por parte de la
Administración Pública, pertenece en DOMINIO PLENO Y ABSOLUTO a la
demandante XIOMARA GARCIA TULENA.
CUARTA. Que se ordene la restitución a mi mandante de la parte del predio
que le corresponde y que erróneamente le fue adjudicada a los señores JAIME
HERNAN SEGURA CALVO y BLANCA INES ESPINEL DE SEGURA, por el
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, INSTITUTO
COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER – (Dirección Territorial
Bolívar).
QUINTA. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se le oficie
a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena para que se
inscriba el fallo favorable a mis pretensiones en el folio de matrícula inmobiliaria
NO. 227029, y en el folio de matrícula inmobiliaria No. 060.238866, folio éste
que fue abierto con base en la resolución No 00151 de fecha 16 de septiembre
de 2008 proferida por el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL, INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER
– (Dirección Territorial Bolívar) […]” (mayúscula y negrilla del original)2.
I.1.1. Los hechos de la demanda3
2. El apoderado de la parte demandante señaló que la señora Xiomara Elena García
Tulena es propietaria del inmueble denominado “Las Delicias”, identificado con el
folio de matrícula inmobiliaria 060 – 227029, con referencia catastral 00-01-0003-
0444-001, ubicado en el corregimiento de Pontezuela, municipio de Cartagena, el
2
Folios 1 a 2 C pp.
3
Folios 8 a 9 C pp.
3
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
Demandante: Xiomara Elena García Tulena
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
cual adquirió por compra a los señores Orlando Bermejo Ariza y Víctor Manuel
Heredia Hoyos, según las escrituras públicas 431 de 27 de febrero de 2008 y 2552
de 29 de octubre del mismo año, cuyos linderos y medidas son las siguientes:
“[…] FRENTE, linda con la carretera Anillo Vial, vía a Bayunca y mide ciento
ochenta y un (181) metros con treinta y cinco (35) centímetros. DERECHA,
entrando, linda con predio de la empresa Álvarez y Collins y mide cuatrocientos
cuarenta y cuatro (444) metros con ochenta y nueve (89) centímetros.
IZQUIERDA, entrando, linda con predio de Fabiola Altamar F., Miguelina Leal
G., y Dolores Arzuza Valiente y mide trescientos setenta y tres (373) metros
con noventa y tres (93) centímetros. FONDO, linda con predio de María
González Aguilar y mide ciento cuarenta y tres (143) metros con diez (10)
centímetros […]” (mayúscula y negrilla del original).
3. Manifestó que, el 16 de septiembre de 2008, el Ministerio de Agricultura y el
Incoder, expidieron la Resolución 00151, mediante la cual se adjudicó el predio
baldío denominado “La Esmeralda”, ubicado en el corregimiento de Pontezuela, con
una extensión de 1 hectárea y 12 metros, a los señores Jaime Hernán Segura Calvo
y Blanca Inés Espinel de Segura.
4. Anotó que el predio adjudicado “La Esmeralda” se encuentra dentro del terreno
de su propiedad denominado “Las Delicias”, por lo que el acto administrativo de
adjudicación desconoce su derecho de propiedad, esto es, al adjudicarse como
predio baldío parte del inmueble de su pertenencia.
5. Refirió que el acto de adjudicación contiene la información acerca de la solicitud
de adjudicación del predio “La Esmeralda”, así como el oficio de aceptación de la
misma por parte de Incoder, llevándose a cabo una inspección ocular el 6 de agosto
de 2008, en el que se determinó que el predio reunía los requisitos exigidos por ley.
6. Mencionó que la resolución mencionada fue inscrita el 14 de octubre de 2008 en
la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Cartagena bajo el folio de
matrícula inmobiliaria 060-238866 en el que figuran como propietarios los señores
Jaime Hernán Segura Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura.
7. Aunado a lo anterior, resaltó que el señor Jaime Hernán Segura Calvo, en dos
oportunidades anteriores adquirió el predio adjudicado, conforme se deprende de
las escrituras públicas 2900 del 26 de agosto de 1996 en un porcentaje del 21% y
608 del 26 de marzo de 1999 en la totalidad del terreno, en donde se plasmaron los
linderos de la siguiente forma:
“[…] Frente, colinda con calle del Arbolito hoy Anillo Vial de por medio y mide
noventa metros (90.oo mts); Por la Derecha, entrando, con propiedad del señor
Mateo Rodríguez Leal y mide ciento cuarenta y tres metros (143.oo mts); Por
la Izquierda, linda con terrenos de Simon (sic) Fuentes y mide ciento cuarenta
y tres metros (143.oo mts) y por el Fondo, linda con terrenos e Luis Leal Berrio
y mide ciento diecisiete metros (117.oo mts) […]”.
4
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
Demandante: Xiomara Elena García Tulena
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
“[…] Por el Frente, colinda con calle del Arbolito de por medio y mide noventa
(90) metros; Por el Fondo, linda con terreno de Luis Leal Berrío y mide Ciento
Diez y siete (117) metros; Por la Derecha, entrando con propiedad del señor
Mateo Rodríguez Leal y mide Ciento Cuarenta y tres (143) metros; Por la
Izquierda entrando, linda con casería de Pontezuela y propiedad de Simón
Fuentes […]”.
8. Advirtió que el señor Segura Calvo, intentó registrar la escritura pública 608 del
26 de marzo de 1999, pero que la misma fue devuelta con nota de 7 de mayo de
1999.
9. Aseguró que ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena los
demandados pretendieron se declarara la pertenencia por prescripción
extraordinaria adquisitiva de dominio del mismo predio adjudicado en la resolución
demandada.
10. Recordó que la anterior demanda se le dio número de radicación 29723, en el
que figura como demandante el señor Jaime Hernán Segura Calvo y como
demandado Juan Redon Kwapisz, dentro del cual se ordenó una inspección judicial
sobre el inmueble objeto de esta demanda.
11. Precisó que resulta “[…] sumamente curioso que el señor Jaime Hernán Segura
Calvo sabiendo que el inmueble respecto del cual él presentó demanda de
pertenencia ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena es el mismo
lote de terreno respecto del cual él y su señora Blanca Inés Espinel de Segura
obtuvieron Resolución de Adjudicación en su condición de baldío […], hubiese
mentido ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER - (Dirección
Territorial Bolívar), argumentando que tal lote de terreno era “baldío” a efectos de
obtener que el mismo le fuera adjudicado a él […]”.
I.1.2. Fundamentos de derecho y el concepto de violación4
I.1.2.1. Fundamentos de derecho
12. La parte demandante propuso los cargos de nulidad relacionados con el
desconocimiento de las normas en que debía fundarse el acto acusado, falsa
motivación y desviación de poder, para lo cual señaló como quebrantadas las
siguientes disposiciones: (i) Constitución Política, artículo 58; (ii) Código Civil,
artículos 653, 669, 673, 730 y 1494; (iii) Decreto 230 de 2008, artículo 10°, numeral
1°.
I.1.2.2. El concepto de violación
13. La parte demandante aseguró que la resolución acusada se encuentra viciada
de nulidad, toda vez que la Dirección Territorial Bolívar del Incoder adjudicó el predio
4
Folios 10 a 30 C pp.
5
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
Demandante: Xiomara Elena García Tulena
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
“La Esmeralda” ubicado en el corregimiento de Pontezuela, municipio de Cartagena,
con una extensión de 1 hectárea y 12 metros, a los señores Jaime Hernán Segura
Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura, sin considerar que dicho inmueble
pertenece a la señora Xiomara Elena García Tulena.
14. Afirmó que la entidad pública demandada motivó la decisión cuestionada con
hechos falsos, toda vez que no tuvo en cuenta que el bien adjudicado era de
propiedad de la demandante.
15. Asimismo, puso de presente que el señor Jaime Hernán Segura Calvo adquirió
del señor Juan Redon Kwapisz la posesión material del predio adjudicado, según
escrituras públicas 2900 de 26 de agosto de 1996 y 608 de 26 de marzo de 1999,
sin embargo, anotó que las mismas no fueron registradas, “[…] por tratarse de un
hecho y no un derecho real […]”.
16. Aseveró que el señor Jaime Hernán Segura Calvo había presentado demanda
de pertenencia sobre el terreno adjudicado, lo que demostraba su mala fe en la
adjudicación del predio “La Esmeralda”.
17. Finalmente, mencionó que las circunstancias en que se dio la expedición de la
resolución demandada “[…] conducen a pensar que existió junto con una falla en el
servicio, DESVIACIÓN DE PODER de las funciones del funcionario que profirió la
resolución […]” (mayúscula del original).
18. Por lo anterior, advirtió que no se cumplía con los requisitos para acceder a la
adjudicación de un predio, conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA E INTERVENCIONES
II.1. Contestación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
19. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por conducto de apoderada
judicial, contestó la demanda5 señalando que la resolución demandada fue
expedida conforme a las normas constitucionales y legales correspondientes.
20. Seguidamente propuso la excepción que denominó “[…] falta de legitimación en
la causa por pasiva […]” toda vez que el acto administrativo demandado no fue
expedido por ese ente ministerial.
21. Para fundamentar lo anterior, precisó que, el 21 de mayo de 2003, fue creado el
Incoder como un establecimiento público de orden nacional, adscrito al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa y financiera.
5
Folios 67 a 72 C pp.
6
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
Demandante: Xiomara Elena García Tulena
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
II.2. Contestación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, hoy
Agencia Nacional de Tierra – ANT
22. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, por conducto de apoderado
judicial, contestó la demanda6, para lo cual afirmó oponerse a la prosperidad de las
pretensiones al considerar que el acto administrativo demandado se emitió
conforme con lo previsto en los artículos 44 y 47 de la Ley 110 de 1912 y el artículo
12 de la Ley 160 de 1994.
23. Precisó que la Ley 160 de 1994 asignó al Incoder la función de administrar los
terrenos baldíos y lo facultó para adjudicarlos bajo el entendido de que quién hace
la solicitud de la tierra ante la entidad pública lo hace como ocupante del terreno
sobre el cual ejerce una explotación, situación que presume.
24. Agregó que, el artículo 44 de la Ley 110 de 1912, establece que son baldíos los
predios que pertenecen al Estado, esto es, los que se encuentren situados en el
límite del territorio nacional y que carecen de dueño, por lo que su propiedad se
adquiere por cultivo o su ocupación con ganados.
25. Dijo que dicha disposición dispone que la persona que ejerce actividades en el
terreno baldío con casa habitacional y cultivos tienen el carácter de ocupante, el
cual le da derecho a solicitar adjudicación gratuita del mismo.
26. Explicó que los señores Jaime Hernán Segura Calvo y Blanca Inés Espinel de
Segura presentaron solicitud formal para la adjudicación como baldío del predio
denominado “La Esmeralda”, para lo cual justificaron la ocupación, tenencia y
explotación del predio de buena fe, por lo que su adjudicación está conforme al
ordenamiento jurídico.
27. Finalmente, comentó que como lo establece el artículo 47 de la norma citada, la
autoridad administrativa no se puede hacer responsable por las irregularidades
cometidas por terceros, por lo que la adjudicación estudiada no está viciada bajo el
presupuesto de quien lo poseía y explotaba era un ocupante de buena fe.
II.3. Intervención de los señores Jaime Hernán Segura Calvo y Blanca Inés
Espinel de Segura
28. Los señores Jaime Hernán Segura Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura, por
conducto de apoderado judicial, contestaron la demanda7 y se opusieron a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda para lo cual señalaron que
ocupaban el predio adjudicado desde el año 1994, por lo que no podía alegarse la
vulneración a su derecho de propiedad.
6
Folios 80 a 87 C pp.
7
Folios 88 a 94 C pp.
7
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
Demandante: Xiomara Elena García Tulena
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
29. Agregaron que el Incoder adjudicó el bien inmueble “La Esmeralda” al verificar el
cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley, al realizar la inspección ocular y
agotando cada una de las actuaciones contempladas en el procedimiento
administrativo de adjudicación.
30. Resaltaron la obligación de la parte demandante de probar los supuestos de
hecho enumerados en la demanda, como es el derecho de dominio sobre el predio
en cuestión, circunstancia que no fue demostrada.
II.4. Intervención de la Procuraduría 22 Judicial II
31. La Procuraduría 22 Judicial II se limitó a coadyuvar a las pruebas solicitadas por
la parte demandante8.
III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
32. ElTribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 004, a través de la
sentencia de 16 de abril de 20219, decidió negar las pretensiones de la demanda,
para lo cual mencionó que el problema jurídico a resolver era determinar si en el
caso objeto de análisis era procedente la declaratoria de nulidad de la Resolución
00151 de 16 de septiembre de 2008, por medio del cual el Incoder adjudicó el
terreno denominado “La Esmeralda”, desconociendo las normas de adjudicación de
bienes baldíos, falsa motivación y desviación de poder, al otorgar a terceros dicho
inmueble con una extensión del terreno que presuntamente pertenece a la
demandante.
33. Para resolver, el a quo señaló que mediante petición radicada el 12 de mayo de
2008, los señores Jaime Hernán Segura Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
solicitaron ante el Incoder la adjudicación del bien baldío denominado “La
Esmeralda”. En dicho documento indicaron que el predio era de tipo rural, ubicado
en el corregimiento de Pontezuela, con una extensión de 1 hectárea y 12 metros.
Respecto a los linderos, señalaron que al norte, oriente y sur colindaba con
servidumbres, mientras que al oeste limitaba con los predios de Eloida Badillo,
Wilson Pérez Calle Blanquicett, Luis Fuentes, Nelson Aguilar, Otoniel García y Saúl
Ortega.
34. Explicó que en la solicitud se informó como fecha de explotación agrícola el 14
de octubre de 1994 y se anexaron las cédulas de ciudadanía de los solicitantes, la
partida de matrimonio y el certificado expedido por el IGAC, en el cual se plasmó
que no se encontraba registrado a su nombre ningún otro predio.
35. Indicó que el 14 de junio de 2008, el Incoder expidió un auto en el que aceptó la
solicitud de adjudicación tras verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos
8
Folios 61 a 62 del C pp.
9
Folios 438 a 449 C pp.
8
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
Demandante: Xiomara Elena García Tulena
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
en el Decreto 230 de 2008. En consecuencia, ordenó iniciar el procedimiento bajo
la normativa vigente, lo que incluyó la comunicación al Agente del Ministerio Público
Agrario, a los colindantes y al Director de Cardique, así como la publicación de la
solicitud. Además, señaló que se dispuso la realización de una inspección ocular.
36. Advirtió
que está acreditado en el expediente que se efectuaron las
comunicaciones a los peticionarios y a los propietarios de los predios colindantes, a
saber: Jaime Hernán Segura Calvo, Blanca Inés Espinel de Segura, Eloida Badillo,
Wilson Pérez Calle Blanquicett, Luis Fuentes, Nelson Aguilar, Otoniel García y Saúl
Ortega.
37. Destacó que, posteriormente, se realizó la publicidad de la solicitud entre el 24
de junio y el 2 de julio de 2008 en las instalaciones del Incoder, en cumplimiento del
artículo 12 del Decreto 230 de 2008. Asimismo, se llevó a cabo la fijación de la
misma en la Alcaldía municipal y su trasmisión en una emisora local.
38. Manifestó que, una vez cumplidos estos requisitos, la autoridad administrativa
llevó a cabo la inspección ocular, en la cual los colindantes expresaron su
conformidad con la titulación del predio.
39. Precisó que dentro del proceso no se solicitó la ampliación ni la contradicción de
la inspección ocular, por lo que el 16 de septiembre de 2008 se expidió la Resolución
00151, mediante la cual se adjudicó el bien a los demandados. Dicha decisión
quedó en firme el 9 de octubre de 2008, sin que se evidenciaran irregularidades en
el proceso de adjudicación.
40. Seguidamente, el a quo pasó a analizar los predios objeto de este litigio,
correspondiendo el predio “Las Delicias” a la señora Xiomara Elena García Tulena,
y “La Esmeralda” a los señores Jaime Hernán Segura Calvo y Blanca Inés Espinel
de Segura.
41. En cuanto al predio “Las Delicias” señaló que se encontraba probado que,
mediante escritura pública 431 de 27 de febrero de 2008, otorgada en la Notaría
Primera de Cartagena, la señora Xiomara Elena García Tulena adquirió un bien
inmueble de propiedad del señor Orlando Bermejo Ariza, mediante compraventa,
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 060-227029 y referencia catastral
00-01-0003-0444-001, ubicado en el corregimiento de Pontezuela, en el Distrito de
Cartagena.
42. Señaló que mediante escritura pública 2552 de 29 de octubre de 2008, adquirió
otro bien inmueble de propiedad del señor Víctor Manuel Heredia Hoyos, con la
misma identificación registral y los mismos linderos.
43. Precisó que de acuerdo con el certificado de tradición y el folio de matrícula
inmobiliaria 060-227029, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cartagena, el inmueble fue adquirido por Orlando Bermejo Ariza y Víctor
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Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
Demandante: Xiomara Elena García Tulena
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Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
Heredia Hoyos mediante sentencia de 8 de agosto de 2007, proferida por el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito. Posteriormente, Bermejo Ariza y Heredia Hoyos vendieron
sus respectivas cuotas a Xiomara Elena García Tulena, quedando registradas
hipotecas abiertas que fueron canceladas posteriormente.
44. En lo atinente al predio “La Esmeralda” mencionado por la parte demandante en
el libelo de la demanda indicó que mediante escritura pública 2900 de 26 de agosto
de 1996, otorgada en la Notaría Primera de Cartagena, los señores Carlos Arturo
Cano Ortega, Óscar Fidel Cano Ortega, Jesús Ocampo Rincón, Jaime Hernán
Segura Calvo y Jorge Enrique Vargas Vargas adquirieron un terreno ubicado en el
municipio de Pontezuela, Distrito de Cartagena, figurando como vendedor el señor
Juan Redon Kwapisz.
45. Aseveró que mediante escritura pública 608 de 26 de marzo de 1999, otorgada
en la Notaría Segunda de Cartagena, el señor Jaime Hernán Segura Calvo adquirió
el predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 060 – 2950, en donde
figura como vendedor el señor Juan Redon Kwapisz.
46. Asimismo, puso de presente que de acuerdo con la información que reposa en
el certificado de tradición del folio de matrícula inmobiliaria 060-238866 del predio
“La Esmeralda”, expedido por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de
Cartagena abierto en cumplimiento a lo dispuesto en Resolución 00151 demandada
en el proceso de la referencia, los señores Jaime Hernán Segura Calvo y Blanca
Inés Espinel de Segura adquirieron la propiedad del terreno como adjudicación de
bien baldío.
47. Anotó que de la revisión del levantamiento planimétrico del predio “Las Delicias”
no se pudo determinar que el terreno adjudicado como baldío es el mismo que se
encuentra dentro del predio adjudicado “La Esmeralda”, ya que los colindantes no
coinciden con los descritos en la resolución demandada.
48. Puso de presente que en la declaración testimonial del señor Carlos Arturo Cano
Ortega se desprende que fue propietario de varios predios en 1995 y 1996, pero
que no puedo identificar con precisión el predio “La Esmeralda”.
49. Aseveró que, por su parte, en la declaración del señor Juan Redon Kwapisz se
pudo observar que manifestó haber vendido parte del terreno bajo posesión, sin
certeza sobre la adjudicación del Incoder. Y, que, en el testimonio del señor Jorge
Fuentes Rodríguez, trabajador del señor Segura, quedó constancia que afirmó que
este ha ocupado y trabajado la tierra durante 12 años y que algunas personas
intentaron despojarlo de parte del predio.
50. El a quo anotó que en el expediente obra una querella de perturbación a la
posesión interpuesta por Jaime Hernán Segura Calvo el 28 de mayo de 2007 y una
solicitud de amparo policivo de 2009, donde se evidenciaron conflictos por la
posesión del inmueble con terceros.
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Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
Demandante: Xiomara Elena García Tulena
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
51. En cuanto al proceso de pertenencia por prescripción extraordinaria promovido
por Jaime Hernán Segura Calvo contra Juan Redon Kwapisz, adelantado ante el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, aseveró que la sentencia de
primera instancia fue desfavorable y que el Tribunal Superior Sala Civil de
Cartagena, en segunda instancia, declaró la nulidad de todo lo actuado, por lo que
no se tiene certeza de la adquisición del bien por esta vía.
52. Por lo expuesto, el a quo señaló que la parte demandante le correspondía probar
sus afirmaciones conforme al artículo 167 del CGP, incluyendo la acreditación de
que la porción adjudicada a los demandados formaba parte de su propiedad. No
obstante, concluyó que no se encontraron irregularidades en el proceso de
adjudicación, ni la demandante fue identificada como colindante del predio
adjudicado. Además, precisó que los declarantes no la reconocieron como
propietaria del bien en litigio.
53. Finalmente, el a quo omitió pronunciarse sobre la excepción de falta de
legitimación por activa propuesta por el apoderado del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
IV.1. Apelación de la Xiomara Elena García Tulena
54. Mediante escrito de 19 de agosto de 2021, el apoderado de la parte demandante
interpuso recurso de apelación10 en contra de la sentencia del 16 de abril de 2021,
argumentando que, con base en las pruebas aportadas al proceso, se puede
establecer que el señor Jaime Hernán Segura Calvo era poseedor de un predio rural
de acuerdo con la revisión de las distintas escrituras públicas en las cuales le fue
entregada la posesión del predio, incluso, desde antes de presentar la solicitud de
adjudicación, es decir, en mayo de 2007.
55. Sostuvo que el predio objeto de análisis no se puede catalogar como un bien
baldío, en tanto que este cuenta con el folio de matrícula inmobiliaria 060-2969, esto
es, registrado como bien rural privado. Así mismo, precisó que se encuentra
relacionado en la escritura pública 2900 del 26 de agosto de 1996, en la cual
aparece como comprador, entre otros, el señor Jaime Hernán Segura Calvo. No
obstante, indicó que al intentar registrar dicha compraventa en el folio de matrícula
correspondiente, esta fue negada con nota devolutiva, dado que las posesiones no
están sujetas a registro.
56. Adicionalmente, expuso que sobre este mismo predio objeto de adjudicación
cursó un proceso de prescripción adquisitiva de dominio en contra de su vendedor,
Juan Rendón Swapisz, y personas indeterminadas, a cargo del Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Cartagena, bajo el radicado 29273 de 2000. En dicho proceso,
10
Folios 457 a 49 C pp.
11
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
Demandante: Xiomara Elena García Tulena
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
mediante sentencia del 28 de junio de 2006, se declaró que el señor Jaime Hernán
Segura Calvo adquirió el dominio del predio por prescripción extraordinaria. Sin
embargo, al ser revisada de oficio la decisión por el Tribunal Superior de Bolívar -
Sala Civil, se decretó la nulidad del proceso a partir del auto del 4 de febrero de
2000, inclusive.
57. Indicó que, tras decretarse la nulidad, se corrigió lo indicado en la sentencia del
Tribunal y el proceso fue admitido nuevamente por el juzgado de origen, mediante
auto del 25 de febrero de 2008. En consecuencia, se ordenó la práctica de una
inspección judicial para el 21 de noviembre de 2008, la cual no se llevó a cabo, por
lo que se fijó nueva fecha para el 12 de febrero de 2009.
58. A partir de lo anterior, concluyó que: “[…] dado que el señor Jaime Hernán Segura
Calvo era poseedor del predio rural desde hacía más de 12 años antes de presentar
la solicitud de adjudicación, no cumplía con los requisitos para acceder a la
adjudicación de un predio, pues no superaba el examen predial conforme al numeral
1º del artículo 10 del Decreto 230 de 2008 […]”, además que hace parte del predio
de su titularidad.
59. Finalmente, manifestó que el predio adjudicado colinda con el predio de su
representada, circunstancia que se encuentra probada en la diligencia de inspección
judicial realizada el 14 de febrero de 2017 por el magistrado ponente al predio “Las
Delicias”, de propiedad de la señora Xiomara Elena García Tulena, en la que se
consignó lo siguiente: “[…] en el lugar donde funciona un vivero, pudimos observar
que es colindante con el predio ‘LA ESMERALDA’ […]”.
V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
60. El recurso de apelación presentado por el apoderado de la señora Xiomara Elena
García Tulena fue concedido por el magistrado sustanciador de la primera instancia
mediante auto de 30 de agosto de 202111.
61. Mediante auto de 5 de noviembre de 202412, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 16 de abril de 2021.
62. El expediente fue repartido a la Sección Primera del Consejo de Estado el 11 de
octubre de 202413.
63. Por auto de 11 de diciembre de 202414, se corrió traslado a las partes para que
presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto. En el término para alegar de conclusión, las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.
11
Folio 461 C pp.
12
Índice 4 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
13
Índice 3 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
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Índice 8 del aplicativo de gestión judicial SAMAI.
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Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
Demandante: Xiomara Elena García Tulena
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
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VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
64. De conformidad con el artículo 129 del CCA15, la Sección Primera del Consejo
de Estado es competente para decidir los recursos de apelación interpuestos en
contra de la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión 004, en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo 80
de 201916, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, que contiene
las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.
VI.2. La formulación del problema jurídico
65. De acuerdo con el artículo 328 del CGP17, aplicable por remisión del artículo 267
del CCA y en los términos del recurso de apelación interpuesto por la apoderada
de la parte demandante, la Sala debe determinar la legalidad de la Resolución
00151 de 16 de septiembre de 2008, expedida por la Dirección Territorial Bolívar
del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de
Tierras – ANT.
66. En el presente caso, la Sala deberá analizar si el acto administrativo acusado
desconoció el derecho de propiedad de la señora Xiomara Elena García Tulena
sobre el predio “Las Delicias”, particularmente si el terreno adjudicado era baldío y
formaba parte de su inmueble y si se desconoció la colindancia entre su predio y el
adjudicado.
67. Cabe advertir que el a quo omitió pronunciarse sobre la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural razón por la cual y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 306 del
CPC, hoy artículo 282 del CGP18, la Sala hará un análisis de dicho medio exceptivo.
68. Para los fines anteriores, la Sala abordará la identificación del acto administrativo
acusado, la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y el análisis
del caso concreto.
15
“[…] El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un
efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión […]”.
16
La Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad y nulidad y restablecimiento
del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones. Acuerdo 80
de 2019 modificado por el Acuerdo 434 de 2024, expedido por la Sala Plena de esta Corporación.
17
Artículo 328. “[…] Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley […]”. Antes artículo 357 del CPC.
18
Artículo 282. “[…] En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción
deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán
alegarse en la contestación de la demanda […]”.
13
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
Demandante: Xiomara Elena García Tulena
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Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
VI.3. La identificación del acto demandado
69. La señora Xiomara Elena García Tulena demandó la nulidad de la Resolución
00151 de 16 de septiembre de 2008, expedida por Dirección Territorial Bolívar del
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de
Tierras – ANT, cuyo texto relevante es el siguiente:
“[…] RESOLUCIÓN 00151 DE 16 SET 2008
Por la cual se adjudica un terreno baldío
LA DIRECTORA TERRITORIAL DE BOLIVAR DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER
en ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las previstas
en el artículo 209 de la Constitución Política Nacional, numeral 8 del artículo
21 y articulo 154 de la Ley 1152 de 2007, decreto 230 de 2008; numeral.8
del artículo 4 y numerales 2 y 6 del artículo 24 del decreto 4902 de 2007 y
la Resolución de Gerencia General No. 205 de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que los señores: JAIME HERNAN SEGURA CALVO y BLANCA INES
ESPINEL DE SEGURA, […] respectivamente el día 12 de Mayo de 2008
presentaron solicitud de adjudicación del predio “LA ESMERALDA”, ubicado
en el Corregimiento de Pontezuela, en el Municipio de Cartagena,
Departamento de Bolívar.
Que revisada la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos
exigidos, la Dirección Territorial Bolívar, profirió el auto de aceptación No.
337 de fecha 14 de junio de -2008 y conformó el expediente No 432.
Que mediante oficios Nos 31082101426 y 31082101427 de fecha 1° de:
agosto de 2008, la Dirección Territorial Bolívar del INCODER, notificó el auto
de aceptación No. 337 del 14 de junio de 2008 al Ministerio Público y a la
Corporación Ambiental CSB respectivamente.
Que el día 6 de Agosto de 2008 se llevó a cabo la diligencia de inspección
ocular de la cual se levantó un acta que reposa en el expediente No. 432 en
el folio No. 24, 25, 26, 27 y 28 en la cual consta que la vivienda rural guarda
coherencia con el complejo habitacional del Corregimiento de Pontezuela
‘'se tiene buena adecuación de los residuos (basuras).
Que según el concepto técnico del perito que realizó la diligencia de
inspector ocular, el predio reúne los requisitos exigidos por la ley.
Que una vez adelantadas cada una de las actuaciones contempladas en el
procedimiento de titulación de baldíos, la Dirección Territorial de Bolívar
realizó la verificación sobre el cumplimiento de las normas vigentes, la cual
reposa en el folio No. 31, 32 y 33 del expediente en el cual consta que es
procedente adjudicar el predio baldío a los señores JAIME HERNAN
SEGURA CALVO y BLANCA INES ESPINEL DE-SEGURA […]
En mérito de lo expuesto el Director Territorial de BOLIVAR:
14
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
Demandante: Xiomara Elena García Tulena
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Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
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RESUELVE:
Artículo 1°. - Adjudicar el predio baldío denominado “LA ESMERALDA”,
ubicado en el en el Corregimiento de Pontezuela, en el Municipio de
Cartagena, Departamento de Bolívar, con una extensión de UNA”
HECTAREA DOCE METROS CUADRADOS (1-0012 'HAS); a los señores
JAIME HERNAN SEGURA CALVO y BLANCÁ INES ESPINEL DE
SEGURA, […] según el plano No: 2-3-01042 que hace parte de la presente
resolución.
Se toma como punto de partida el detalle 11 en sentido horario así:
NORTE: del detalle 11 al detalle 10 en línea recta con servidumbre en 76.86
m.
Este: del detalle 10 al detalle 8 en línea semiquebrada con servidumbre en
194.80 m
SUR: del detalle 8 al detalle 7 en línea con servidumbre en 75.61 m.
OESTE: del detalle 7 al detalle 6 en línea recta con Dolores Arzuza en 2.39
m., del detalle 6 al detalle 6 en línea recta con Saul Ortega en 24.97 m, del
detalle 5 al detalle 3 en línea quebrada con Otoniel García en 58.36 m, del
detalle 3 al detalle 2 en línea recta con Nelson Aguilar en 21.83 m, del detalle
2 al detalle 16 en línea quebrada con Luis Fuentes en 45.94 m, del detalle
16 13 A en línea quebrada con Wilson Reyes Pérez en 29.94 m, del detalle
12 al detalle 1 en línea quebrada con Wilson Reyes Pérez en 29.94 m, del
detalle 12 al detalle 1 en línea recta con Elodia Bellido en 39.27 m, y encierra.
PARÁGRAFO: La presente adjudicación se hace como excepción a la
norma general que dispone la adjudicación de terrenos Baldíos de la Nación
en Unidades Agrícolas Familiares (UAF) establecida en el numeral 2 del
artículo 1° del Acuerdo 136 del 7 de Mayo de 2008 expedido por el Consejo
Directivo del INCODER, por cuanto se ha establecido que los ingresos por
el adjudicatario son inferiores a los determinados para la UAF en el Artículo
80 de la Ley 1152 de 2007.
Artículo 2°. - Notificar la presente resolución en forma personal, al Agente
del Ministerio Público Agrario correspondiente y al peticionario, en la forma
prevista en el Artículo 44 y siguientes del Código Contencioso
Administrativo.
Artículo 3°. - La presente resolución constituye título traslaticio de dominio
y queda amparada por la presunción consagrada en el artículo 60 de la Ley
97 de 1946. Esta presunción no surtirá efectos contra terceros sino pasado
un año, contado a partir de la fecha de inscripción de la resolución en la
respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos […] (mayúscula y
negrilla del original).
VI.4. Excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural
70. El apoderado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural propuso la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, argumentando que el
acto administrativo demandado no fue expedido por dicha entidad, sino por el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de
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Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
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Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
Tierras – ANT. Para sustentar su posición, señaló que el Incoder fue creado como
un establecimiento público con personería jurídica, autonomía administrativa y
financiera, adscrito al ente ministerial pero con independencia en la expedición de
actos administrativos.
71. Para resolver, la Sala pone de presente que en decantada jurisprudencia de esta
Sección19 se ha considerado que, la legitimación en la causa es la idoneidad jurídica
que tiene una persona para formular la demanda, -vista desde el extremo activo- o
contradecir las pretensiones de ella –vista desde el extremo pasivo-.
72. En ese sentido la idoneidad jurídica es la capacidad de una persona para discutir
el objeto que versa un litigio, de manera que, si una de las partes carece de dicha
calidad, el juez no puede adoptar una decisión.
73. Así, la legitimación en la causa por activa ha sido definida como la facultad que
tiene cualquier persona para reclamar el derecho de que es titular, y la legitimación
en la causa por pasiva es la capacidad para acudir al proceso en defensa de la
legalidad del acto.
74. En las demandas que se instauren en ejercicio de las acciones de nulidad y
nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos, tienen
capacidad para ser sujetos procesales: las entidades públicas, los particulares que
cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que, de acuerdo con
la ley, deban ser vinculados como parte demandada o pasiva.
75. Ciertamente, la parte pasiva, en el marco de las demandas que se presenten en
ejercicio de la acción de nulidad estará conformado por las entidades públicas o
particulares que en ejercicio de la función administrativa intervinieron en la
expedición del acto demandado.
76. Para estos efectos “[…] se entiende que la autoría o expedición del acto
administrativo se materializa con la firma del funcionario o funcionarios en el acto
administrativo, quienes obraron en nombre y representación de la o de las
respectivas entidades públicas o de los particulares que cumplen funciones
públicas o de los demás sujetos de derecho que, de acuerdo con la ley, tengan
capacidad para expedir actos administrativos […]”20
77. De ahí que no integrarán dicha parte, las entidades o personas que no
intervinieron en el trámite o expedición del acto demandando, lo anterior, sin
perjuicio de que, por ser procedente, previa revisión de cada caso concreto, dichas
autoridades puedan ser vinculadas en calidad de terceros con interés en las resultas
del proceso.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 14 de abril de 2016. Rad: 2009-
00022. MP.: Dr. Guillermo Vargas Ayala.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Providencia de fecha 15 de febrero de 2018.
Rad.: 2014-00573. MP.: Dr. Hernando Sánchez Sánchez.
16
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
Demandante: Xiomara Elena García Tulena
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Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
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78. En el presente asunto, la Resolución 00151 de 16 de septiembre de 2008, objeto
de demanda, fue expedida por la Dirección Territorial Bolívar del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras – ANT.
Se observa que en el acto administrativo demandado no figura el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural como entidad expedidora, ni como autoridad que haya
intervenido en la determinación del contenido material del acto acusado.
79. Sibien el Incoder era un establecimiento público adscrito al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, dicha situación jurídica no implica que el ente
ministerial tenga responsabilidad directa en la expedición del acto, pues el Incoder
contaba con autonomía para gestionar la adjudicación de tierras baldías. En ese
sentido, la simple adscripción orgánica no configura, por sí misma, un fundamento
para sostener la legitimación del Ministerio en este proceso, razón por la cual la
excepción será declarada como probada, tal y como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
VI.5. Análisis del caso concreto
80. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 004, en la sentencia de
primera instancia de 16 de abril de 2021, negó las pretensiones de la demanda
presentadas por la señora Xiomara Elena García Tulena, al considerar que no se
acreditó la titularidad de la demandante sobre la porción de terreno adjudicada
como baldío a los señores Jaime Hernán Segura Calvo y Blanca Inés Espinel de
Segura, mediante la Resolución 00151 de 16 de septiembre de 2008. El a quo
concluyó que la adjudicación del predio “La Esmeralda” se realizó conforme con el
procedimiento legalmente establecido, sin que se evidenciaran irregularidades que
pudieran viciar el acto administrativo demandado.
81. A juicio del a quo, la demandante no logró demostrar que el predio adjudicado
como baldío formaba parte de su propiedad, dado que los linderos y colindantes
descritos en la Resolución 00151 de 2008 no coincidían con los indicados en los
títulos de adquisición del predio “Las Delicias”. Además, destacó que el proceso de
adjudicación se llevó a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento
jurídico, con la publicación y notificación a colindantes y con la realización de
inspección ocular, en la cual no se formularon oposiciones.
82. La demandante, en su recurso de apelación, controvirtió esta decisión señalando
que el predio adjudicado no podía considerarse un bien baldío, pues existían
documentos que acreditaban su dominio previo. Argumentó que el señor Jaime
Hernán Segura Calvo ya había iniciado un proceso de pertenencia, lo que
demostraría que no era susceptible de adjudicación como baldío. Asimismo, alegó
que se desconoció la colindancia entre su predio y el adjudicado, lo que afectó su
derecho de propiedad.
17
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
Demandante: Xiomara Elena García Tulena
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Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
83. La Sala debe establecer si la adjudicación del predio “La Esmeralda” a los
señores Jaime Hernán Segura Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura desconoció
el derecho de propiedad de la señora Xiomara Elena García Tulena sobre el predio
“Las Delicias”, si el acto administrativo demandado estuvo viciado por falsa
motivación por cuanto el bien adjudicado no es baldío, lo que conllevó a una
desviación de poder del Incoder y, si los predios eran colindantes.
84. Para resolver, la Sala pone de presente que los bienes baldíos en Colombia se
encuentran regulados, entre otras disposiciones, en el artículo 675 del Código Civil
– CC, en la Ley 160 de 1994 y en el Decreto 230 de 2008.
85. De acuerdo con el artículo 675 del CC los bienes baldíos son aquellos que
pertenecen a la Nación y carecen de otro dueño, de ahí que pueda realizarse su
adjudicación y enajenación a los particulares o a las entidades públicas, bajo un
criterio de utilidad y de beneficio social, económico y ecológico, supuesto que
encuentra sustento en los artículos 60, 64, 65, 66 y 334 de la Constitución Política.
86. Ellojustifica las restricciones que ha establecido el legislador para su
adjudicación y enajenación, con el fin de que la explotación de los bienes baldíos
se integre al proceso de transformación agraria21.
87. Por su parte, el artículo 1º de la Ley 160 de 1994 prevé que los baldíos son
terrenos de propiedad de la Nación que no han sido objeto de titulación previa a
favor de particulares y, en consecuencia, pueden ser adjudicados a quienes
acrediten ocupación y explotación agraria conforme con los requisitos legales.
88. Esta Sección22 ha considerado que todo terreno que tuviere la condición de
baldío y se encuentre en zona urbana o rural dejó de ser propiedad de la Nación
para pasar a ser bien inmueble de propiedad del respectivo municipio, con la
obligación de adjudicarlos o enajenarlos a particulares, con preferencia y a precio
favorable; según las Leyes 137 de 1958 y 388 de 1997 todos los terrenos baldíos
de los municipios y distritos y que no constituyan reserva ambiental pertenecerán a
dichas entidades territoriales.
89. El Decreto 230 de 2008, en su artículo 9º, regula el trámite para la adjudicación
de los mismos de la siguiente forma:
“[…] La parte interesada presenta una solicitud la cual debe cumplir con los
requisitos establecidos en el artículo 9, para el caso de personas naturales:
a) Nombres y apellidos, edad, domicilio, número de identificación y estado civil
del solicitante;
b} Nombres y apellidos del cónyuge compañero permanente y de los hijos
menores;
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia de 23 de octubre de 1997. Ref.: C – 536. MP. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
22
Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección primera. Sentencia de 3 de octubre de 2024. Rad.: 1997-
12414-01. MP: Dr. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
c) Manifestación bajo la gravedad de juramento donde conste si él, su cónyuge
o compañero permanente e hijos menores han sido adjudicatarios de baldíos,
o han adquirido el dominio o la posesión, a cualquier título, de otros predios
rurales en el territorio nacional;
d) Manifestación bajo la gravedad del juramento donde conste si se halla o no
obligado legalmente a presentar declaración de renta y patrimonio, con arreglo
a las normas tributarias vigentes;
e) Manifestación bajo le gravedad del juramento donde conste si ha enajenado
terrenos baldíos que le hayan sido adjudicados adjuntando el folio de matrícula
inmobiliaria respectivo.
2. En relación con el predio
2.1. Información: El solicitante deberá suministrar la siguiente información.
a) Nombre y ubicación del terreno, señalando la vereda, corregimiento,
municipio y departamento;
b) La declaración por parte del peticionario de que el predio objeto de la solicitud
de titulación es un baldío de la Nación;
c) Área aproximada del predio;
d) Indicación de los colindantes del predio, con referencia a los puntos
cardinales;
e) Extensión de los predios baldíos colindantes que se hallen ocupados por el
peticionario, su cónyuge o compañero permanente e hijos menores;
f) Clase de explotación desarrollada en el inmueble, determinando el porcentaje
que se encuentra bajo producción económica y el que se halle inculto.
2.2. Documentos anexos: El solicitante podrá adjuntar el plano del inmueble
que delimite mediante coordenadas geográficas el área solicitada, elaborado
por otros organismos públicos, o por particulares, autorizados para ello,
siempre que se ajusten a las normas técnicas que para la identificación predial
se encuentran vigentes […]”.
90. Recepcionada la petición de adjudicación, la autoridad administrativa debe
evaluar la misma, la cual debe cumplir con los requisitos dispuestos en el artículo
10º, verificando que no se encuentren en las siguientes circunstancias:
“[…] 1. Son propietarios, poseedores u ocupantes a cualquier título de predios
rurales en el territorio nacional.
2. Son o han sido adjudicatarios de tierras baldías.
3. Son o han sido beneficiarios de titulación de baldíos efectuada a las personas
jurídicas a las cuales se encuentran asociados.
4. Están afectados por alguna prohibición, limitación o inhabilidad dispuesta en
la ley para el señalado fin.
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Demandante: Xiomara Elena García Tulena
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Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
Si la solicitud no cumple los requisitos exigidos, el Incoder advertirá al
interesado para que la subsane dentro de los dos (2) meses siguientes; de lo
contrario, se archivará la petición mediante providencia que se notificará
personalmente al interesado […]”.
91. Posteriormente, acreditado el cumplimiento de los requisitos se procede con el
procedimiento de adjudicación, iniciando con el auto por el cual se acepta la
solicitud, seguida a la comunicación de la misma al Agente del Ministerio Público,
colindantes y a la Corporación Autónoma Regional donde se halle el inmueble, la
solicitud igualmente se publica, y seguidamente, la entidad, realiza una inspección
ocular en la que se identifica el predio, así como la explotación económica que se
ejerza.
92. Una vez practicada la diligencia de inspección, se corre traslado del dictamen
por tres (3) días, fijándose la actuación en lista, concediendo a los interesados
desde el término en que se acepta la solicitud hasta la fijación en lista la oportunidad
de oponerse a la adjudicación, si no se presenta oposición alguna, se expide la
resolución de adjudicación.
93. Teniendo en cuenta lo anterior y para resolver, la Sala observa que en el plenario
obran los siguientes medios probatorios:
• Escritura pública 431 del 27 de febrero de 2008, expedida por la Notaría Primera
de Cartagena, en el que se identifica al predio con el folio de matrícula
inmobiliaria 060-227029 y referencia catastral 00-01-0003-0444-001,
denominado “Las Delicias”, ubicado en el municipio de Pontezuela, en el Distrito
de Cartagena, en el que figura como vendedor el señor Orlando Bermejo Ariza y
como compradora Xiomara Elena García Tulena23.
• Escritura pública 2552 del 29 de octubre de 2008, expedida por la Notaría
Primera de Cartagena, en el que se identifica al predio con el folio de matrícula
inmobiliaria 060-227029 y referencia catastral 00-01-0003-0444-001,
denominado “Las Delicias”, ubicado en el municipio de Pontezuela, en el Distrito
de Cartagena, en el que figura como vendedor el señor Víctor Manuel Heredia
Hoyos y como compradora Xiomara Elena García Tulena24.
• Certificado de tradición del folio de matrícula 060-227029 del predio “Las
Delicias”, expedido por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de
Cartagena25.
23
Folios 14 a 17 C 1.
24
Folios 18 a 21 C 1.
25
Folio 22 C 1.
20
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
Demandante: Xiomara Elena García Tulena
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
• Resolución 00151 del 16 de septiembre de 2018, expedida por el INCODER,
mediante la cual se adjudica un terreno baldío denominado “La Esmeralda” a los
señores Jaime Hernán Segura Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura26.
• Certificado de tradición del folio de matrícula 060-238866 del predio “La
Esmeralda”, expedido por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de
Cartagena27.
• Escritura pública 2900 del 26 de agosto de 1996, expedida por la Notaría Primera
de Cartagena, en la que figura como vendedor el señor Juan Redon Kwapisz y
como compradores Carlos Arturo Cano Ortega, Oscar Fidel Cano Ortega, Jesús
Ocampo Rincón, Jaime Hernán Segura Calvo y Jorge Enrique Vargas Vargas28.
• Escritura pública 608 del 26 de marzo de 1999, expedida por la Notaría Segunda
de Cartagena, en el que se identifica al predio con el folio de matrícula
inmobiliaria 060-2950 y referencia catastral 01-40-001-1036-000, ubicado en el
municipio de Pontezuela, en el Distrito de Cartagena, en el que figura como
vendedor el señor Juan Redon Kwapisz y como comprador Jaime Hernán
Segura Calvo29.
• Certificado de tradición del folio de matrícula 060-2969 del predio “La
Esmeralda”, expedido por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de
Cartagena30.
• Levantamiento planimétrico de la finca “Las Delicias”31.
• Querella de perturbación a la posesión presentada por el señor Jaime Hernán
Segura Calvo el 28 de mayo de 2007, en contra de los señores Kennedy
Carrasquilla Ariza y Víctor Heredia Hoyos32.
• Solicitud de amparo policivo presentada por el Inspector Rural de Policía de
Pontezuela al señor Ariza Pacheco Jorge Luis, a favor del señor Jaime Hernán
Segura Calvo y en contra de los señores Edison Alirio Gómez Jiménez y Orlando
Bermejo Ariza, con fecha 17 de febrero de 200933.
• Expediente de adjudicación a los señores Jaime Hernán Segura Calvo y Blanca
Inés Espinel de Segura34.
26
Folios 23 a 25 C 1.
27
Folios 26 C 1.
28
Folios 27 C 1.
29
Folios 35 a 36 C 1.
30
Folio 37 C 1.
31
Anexo folio 76.
32
Folios 95 a 99 C 1.
33
Folio 100 C 1.
34
Folios 125 a161 C 1.
21
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Demandante: Xiomara Elena García Tulena
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
• Declaración rendida por el señor Carlos Arturo Cano Ortega35.
• Declaración rendida por el señor Juan Redon Kwapisz36.
• Declaración rendida por el señor Jorge Fuentes Rodríguez37.
• Plano del predio “La Esmeralda”, allegado con el IGAC, junto con la información
del predio38.
• Proceso de pertenencia por prescripción extraordinaria, presentado por el señor
Jaime Hernán Segura Calvo en contra de Juan Redon Kwapisz, adelantado ante
el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena39.
94. Con fundamento en el material probatorio, el Tribunal de primera instancia
concluyó que el predio “La Esmeralda” cumplía con los requisitos de bien baldío,
que no hace parte del predio “Las Delicias”, que en el expediente de adjudicación
no se encontró ninguna titularidad previa inscrita en favor de particulares, y además
los beneficiarios de la adjudicación, Jaime Hernán Segura Calvo y Blanca Inés
Espinel de Segura, demostraron una ocupación y explotación efectiva del terreno
conforme con la normativa agraria.
95. No obstante, la parte demandante sostiene en su pretensión que el predio
adjudicado como baldío en realidad hace parte de su propiedad privada, esto es,
hacer parte del predio “Las Delicias”, el cual adquirió mediante las escrituras
públicas 431 del 27 de febrero de 2008 y 2552 del 29 de octubre de 2008. Dichas
escrituras fueron registradas en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
bajo el folio de matrícula inmobiliaria 060-227029.
96. Asimismo, asevera que el bien adjudicado no podía ser considerado baldío. En
ese sentido, es necesario examinar si efectivamente existían antecedentes de
dominio sobre el terreno adjudicado, lo que impediría su adjudicación bajo la figura
de baldío.
97. A efectos de determinar si el predio denominado “Las Delicias” y el predio “La
Esmeralda” corresponden a un mismo inmueble o si, por el contrario, se trata de
terrenos distintos, se procede a realizar un análisis comparativo respecto de sus
linderos, referencias catastrales y matrículas inmobiliarias.
98. En cuanto a la identificación y características del predio “Las Delicias”, se tiene
que el mismo se encuentra ubicado en el municipio de Pontezuela, dentro del
Distrito de Cartagena. Este inmueble ha sido objeto de varias transferencias de
35
Folios 177 a 179 C 1.
36
Folios. 182 a 183 C 1.
37
Folios 184 a 186 C 1.
38
Folios 216 a 218 C 2.
39
C de pruebas.
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dominio, entre ellas, la contenida en la escritura pública 431 del 27 de febrero de
2008, protocolizada en la Notaría Primera del Círculo de Cartagena, mediante la
cual la señora Xiomara Elena García Tulena adquirió el pleno derecho de dominio
y la posesión del inmueble de propiedad del señor Orlando Bermejo Ariza,
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 060-227029 y la referencia
catastral 00-01-0003-0444-001.
99. Posteriormente, el 29 de octubre de 2008, a través de la escritura pública 2552,
la misma adquirente formalizó la compra del inmueble en relación con la cuota-
parte del señor Víctor Manuel Heredia Hoyos. En este acto, el referido señor
Heredia Hoyos, en calidad de vendedor, transfirió a la señora Xiomara Elena García
Tulena el pleno derecho de dominio y la posesión del inmueble. Su origen de
dominio proviene de una sentencia del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Cartagena del 8 de agosto de 2007, mediante la cual el señor Víctor Manuel Heredia
Hoyos adquirió el dominio del inmueble por prescripción adquisitiva. Dicha
sentencia fue protocolizada en la escritura pública 2488 del 26 de octubre de 2007,
lo que confirma que el vendedor era titular del derecho de propiedad al momento
de la venta.
100. En la escritura pública 431, se establecieron los linderos del predio “Las
Delicias”. Según lo descrito en dicho instrumento público, el predio limita por el
frente con la carretera Anillo Vial, vía a Bayunca, con una medida de 181 metros
con 35 centímetros. Por el costado derecho, entrando, colinda con el predio de la
empresa Álvarez y Collins, con una extensión de 444 metros con 89 centímetros.
Por el costado izquierdo, entrando, se encuentra con los predios de Fabiola Altamar
F., Miguelina Leal G. y Dolores Arzuza Valiente, con una medida de 373 metros con
93 centímetros. Finalmente, por el fondo, el lindero corresponde al predio de María
González Aguilar, con una extensión de 143 metros con 10 centímetros.
101. Posteriormente, en la escritura pública 2552 del 29 de octubre de 2008, se
registran los mismos linderos del predio sin modificaciones en su delimitación o
extensión.
102. En relación con la identificación y características del predio “La Esmeralda”, se
encuentran las escrituras públicas 2900 del 26 de agosto de 1996 y 608 del 26 de
marzo de 1998. La Sala establece que dicho predio está ubicado en el municipio
de Pontezuela, dentro del Distrito de Cartagena.
103. Se observa que su posesión ha estado en manos de varios titulares a lo largo
del tiempo, entre ellos, los señores Carlos Arturo Cano Ortega, Oscar Fidel Cano
Ortega, Jesús Ocampo Rincón, Jaime Hernán Segura Calvo y Jorge Enrique
Vargas Vargas, quienes la adquirieron mediante la escritura pública 2900 del 26 de
agosto de 1996, protocolizada en la Notaría Primera del Círculo de Cartagena. La
posesión de dicho inmueble fue transferida por el señor Juan Redon Kwapisz.
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104. Ciertamente, en la escritura se detalla la transferencia realizada por Juan Redon
Kwapisz a favor de Carlos Arturo Cano Ortega, Oscar Fidel Cano Ortega, Jesús
Ocampo Rincón, Jaime Hernán Segura Calvo y Jorge Enrique Vargas Vargas. En
virtud de esta venta, se transfiere el derecho de dominio y la posesión material del
terreno.
105. El referido señor Kwapisz logró la posesión del bien mediante la escritura
pública de 1982, registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena
bajo el folio de matrícula 060-2969. Su delimitación se encuentra claramente
establecida conforme a los siguientes linderos: Por el frente, la propiedad colinda
con la calle del Arbolito, actualmente identificada como el Anillo Vial, con una
extensión de noventa metros (90.00 m). Esta vía constituye un acceso principal al
predio y lo separa de otras propiedades del sector. Por el costado derecho,
ingresando al terreno, limita con la propiedad del señor Mateo Rodríguez Leal con
una extensión de ciento cuarenta y tres metros (143.00 m). Este lindero define una
de las divisiones laterales del inmueble. Por el costado izquierdo, el predio colinda
con terrenos de Simón Fuentes con una medida de ciento cuarenta y tres metros
(143.00 m). Esta demarcación corresponde al otro costado lateral de la propiedad.
Por el fondo, el inmueble limita con terrenos de Luis Leal Berrío con una longitud
de ciento diecisiete metros (117.00 m). Este lindero establece el límite posterior del
predio.
106. En 1998, mediante la escritura pública 608 del 26 de marzo, otorgada en
Cartagena ante el Notario 20, se formaliza la transferencia del terreno. El señor
Juan Redon Kwapisz transfiere el dominio y posesión del predio al señor Jaime
Hernán Segura Calvo del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 060-
2950 y referencia catastral 01-40-001-1036-000.
107. En cuanto a los linderos del terreno se encuentra por el frente la propiedad
colinda con la calle del Arbolito, teniendo una medida de 90 metros, en la parte
posterior, por el fondo, limita con terrenos de Luis Leal Berrío con una extensión de
117 metros, en cuanto a los costados laterales, por la derecha (entrando), el terreno
colinda con predios de Mateo Rodríguez Leal con una medida de 143 metros, por
la izquierda (entrando), limita con el caserío de Pontezuela y con terrenos de Simón
Fuentes. Adicionalmente, el terreno se encuentra atravesado de sur a norte por un
carreteable privado, el cual tiene un ancho de 8 metros, según consta en el
levantamiento topográfico adjunto a la escritura.
108. Al realizar la comparación de los linderos de los predios “Las Delicias” y “La
Esmeralda”, se observan diferencias significativas en sus delimitaciones.
109. Como se detalló el predio denominado “Las Delicias” cuenta con los siguientes
linderos: por el frente, limita con la carretera Anillo Vial, vía a Bayunca, con una
extensión de 181 metros con 35 centímetros. En su costado derecho, colinda con
el predio de la empresa Álvarez y Collins, con una longitud de 444 metros con 89
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centímetros. Por el costado izquierdo, se encuentra con los predios de Fabiola
Altamar F., Miguelina Leal G. y Dolores Arzuza Valiente, con una medida de 373
metros con 93 centímetros. Finalmente, por el fondo, el lindero corresponde al
predio de María González Aguilar, con una extensión de 143 metros con 10
centímetros. Estas medidas y colindancias se mantienen sin modificaciones en la
escritura pública 2552 del 29 de octubre de 2008.
110. Por otro lado, el predio denominado “La Esmeralda” presenta una delimitación
distinta. Por el frente, colinda con la calle del Arbolito, actualmente identificada
como el Anillo Vial, con una medida de 90 metros, lo que representa una diferencia
notable con los 181.35 metros del predio “Las Delicias”. En su costado derecho,
limita con terrenos de Mateo Rodríguez Leal con una extensión de 143 metros,
mientras que en su costado izquierdo colinda con terrenos de Simón Fuentes y con
el caserío de Pontezuela con una medida también de 143 metros. En cuanto al
fondo, el lindero está delimitado por terrenos de Luis Leal Berrío, con una longitud
de 117 metros. Adicionalmente, se registra la presencia de un carreteable privado
de 8 metros de ancho, el cual atraviesa el terreno de sur a norte, aspecto que no
se encuentra descrito en la delimitación del predio “Las Delicias”.
111. De la comparación de ambos linderos se desprende que, aunque ambos
predios se encuentran ubicados en el corregimiento de Pontezuela, presentan
diferencias en sus dimensiones y colindancias. En particular, la longitud del lindero
frontal de “Las Delicias” (181.35 metros) es significativamente mayor que la del otro
predio (90 metros), lo que indica que no se trata del mismo terreno. Asimismo, las
diferencias en los linderos laterales y posteriores refuerzan la conclusión de que se
trata de dos inmuebles distintos. Además, la presencia de un carreteable privado
en “La Esmeralda” constituye una característica diferencial.
112. A partir del análisis comparativo de los linderos, dimensiones, referencias
catastrales, la Sala se concluye que se trata de inmuebles distintos, tal y como lo
concluyó el a quo. El cuadro comparativo es el siguiente
Característica “Las Delicias” “La Esmeralda”
Ubicación Corregimiento de Corregimiento de
Pontezuela, Distrito de Pontezuela, Distrito de
Cartagena Cartagena
Lindero frontal 181.35 metros 90 metros (Calle del
(Carretera Anillo Vial, Arbolito, Anillo Vial)
vía a Bayunca)
Lindero derecho 444.89 metros (Empresa 143 metros (Mateo
Álvarez y Collins) Rodríguez Leal)
Lindero izquierdo 373.93 metros (Fabiola 143 metros (Simón
Altamar F., Miguelina Fuentes y caserío de
Leal G., Dolores Arzuza Pontezuela)
Valiente)
Lindero fondo 143.10 metros (María 117 metros (Luis Leal
González Aguilar) Berrío)
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Presencia de No Sí (8 metros de ancho,
carreteable privado de sur a norte)
Matrícula inmobiliaria 060-227029 060-2950
060-2969
Referencia catastral 00-01-0003-0444-001 01-40-001-1036-000
113. Ahora bien, del anterior análisis comparativo de los linderos, dimensiones,
matrículas inmobiliarias y referencias catastrales de los predios, tampoco se puede
concluir que uno haga parte del otro.
114. En primer lugar, como se advirtió con antelación, los linderos de cada predio
son distintos en extensión y colindancias, lo que impide establecer una
superposición. Asimismo, las colindancias laterales y posteriores presentan
discrepancias en cuanto a propietarios vecinos.
115. En segundo lugar, los predios cuentan con matrículas inmobiliarias y
referencias catastrales distintas, lo que refuerza la inexistencia de una relación
jurídica o material entre ellos.
116. Adicionalmente, no obra en el expediente prueba pericial, topográfica o
documental que permita inferir que el predio “La Esmeralda” haya sido
históricamente parte del predio “Las Delicias”. Por el contrario, las escrituras
públicas de cada predio se remontan a distintos actos jurídicos, sin que exista
conexión entre ellos en términos de dominio o posesión.
117. Por lo tanto, con fundamento en el material probatorio, la Sala concluye que no
hay evidencia que permita sostener que el predio "La Esmeralda" forma parte del
predio "Las Delicias", lo que reafirma la decisión del a quo en cuanto a la autonomía
e independencia de ambos inmuebles.
118. Bien lo consideró el Tribunal de instancia cuando señaló que si bien es cierto
que en el expediente reposa un levantamiento planimétrico del predio “Las Delicias”
allegado por la parte demandante, de propiedad de la señora Xiomara García
Tulena, también lo es de que a pesar de que coincide el mismo con los linderos
descritos en las escrituras públicas 0431 y 2552, no es posible determinar que se
encuentra dentro del predio adjudicado “La Esmeralda”.
119. En cuanto a la declaración del señor Carlos Arturo Cano Ortega, rendida el 3
de agosto de 2011 ante el Tribunal de instancia, la Sala observa que manifestó que
adquirió la propiedad y posesión de varios predios en los años 1995 o 1996. Indicó
que, en ese momento, los predios no tenían un nombre específico, ya que fueron
adquiridos en conjunto a varias personas. Posteriormente, los predios fueron
parcelados y nombrados, resultando en una extensión inicial de aproximadamente
40 hectáreas, de las cuales una fracción fue transferida a Jaime Hernán Segura
tras un acuerdo entre ellos.
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Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
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120. Sobre el predio del señor Jaime Hernán Segura Calvo, el testigo afirmó
conocerlo desde hace más de 15 años, asegurando que es el poseedor legítimo de
la fracción de terreno en cuestión. Además, señaló que actualmente es colindante
con él, ya que sus predios están separados por una vía de acceso que fue
delimitada al momento de la subdivisión de las tierras.
121. En relación con los títulos de dominio y posesión de sus predios, el señor Cano
Ortega aclaró que obtuvo sus escrituras mediante prescripción adquisitiva.
Respecto a la explotación del terreno objeto de análisis, manifestó haber observado
cultivos en el predio de los demandados, principalmente de cereales como sorgo,
aunque desconoce si se realizaron otras actividades productivas en la zona.
122. Finalmente, el testigo expresó su preocupación por el intento de despojo de sus
tierras por parte de personas indeterminadas, mencionando que la vía de acceso a
su propiedad ha sido obstruida con obstáculos colocados de manera intencional y,
al preguntarle sobre sí conocía a la señora Xiomara García, afirmó que no.
123. De otra parte, el 5 de agosto de 2011 se llevó a cabo la audiencia pública para
recibir la declaración del señor Juan Redon Kwapisz. En su declaración, el señor
Kwapisz afirmó haber transferido un terreno a los señores Hernán Segura, Carlos
Cano y Jesús Ocampo hace aproximadamente doce años. Según su testimonio,
parte del terreno contaba con escritura y otra parte estaba en posesión. Indicó que
la tierra estaba sembrada de millo y maíz y que, aunque escuchó sobre
adjudicaciones del Incoder en la zona, no tenía certeza de los beneficiarios
específicos. Además, afirmó no conocer a la demandante, Xiomara García Tulena,
ni tener ningún vínculo con ella.
124. Posteriormente, en la misma fecha se recibió la declaración del señor Jorge
Fuentes Rodríguez. Este testigo afirmó conocer a los señores Jaime Hernán
Segura y Blanca Inés Espinel, con quienes ha trabajado durante aproximadamente
doce años. En su testimonio, relató que ha realizado labores de siembra y cuidado
del terreno en cuestión y que, en un momento dado, algunos vecinos intentaron
despojarlos de una parte de la propiedad. También indicó que el Incoder visitó el
predio, tomó mediciones y fotografías, y determinó que no había inconvenientes
con la propiedad del mismo. El señor Fuentes Rodríguez confirmó que el terreno
ha sido explotado con cultivos de millo, maíz y yuca y mencionó algunos linderos
del predio, incluyendo viviendas de vecinos y una finca que perteneció a una
persona fallecida. Al igual que el otro testigo, el señor Fuentes Rodríguez aseguró
no conocer a la demandante Xiomara García Tulena ni tener relación alguna con
ella.
125. En conclusión, las declaraciones de los testigos se centraron en la
transferencia, posesión y explotación del terreno objeto de litigio, así como en la
intervención del Incoder en la zona. Mientras que el señor Redon Kwapisz se limitó
a describir la transferencia y características del predio, el señor Fuentes Rodríguez
detalló la ocupación y explotación de la tierra, además de la visita de la autoridad
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administrativa. En las declaraciones se resalta que ninguno de los testigos
manifestó conocer a la demandante Xiomara Elena García Tulena.
126. Nótese, entonces, que las anteriores declaraciones permiten evidenciar que no
existe certeza de la propiedad y ocupación de la señora Xiomara García Tulena
respecto del predio objeto de adjudicación.
127. Aunado a lo anterior, la Sala resalta que el 28 de mayo de 2007, el señor Jaime
Hernán Segura Calvo presentó una querella de perturbación a la posesión en contra
de los señores Kennedy Carrasquilla Ariza y Víctor Heredia Hoyos. Dicha acción
tenía como finalidad proteger su derecho posesorio sobre el terreno, evidenciando
la existencia de un conflicto relacionado con la ocupación y uso del mismo.
128. Posteriormente, el 17 de febrero de 2009, el Inspector Rural de Policía de
Pontezuela, en ejercicio de sus funciones, presentó una solicitud de amparo policivo
a favor del señor Jaime Hernán Segura Calvo y en contra de los señores Edison
Alirio Gómez Jiménez y Orlando Bermejo Ariza. Este trámite se realizó con la
finalidad de evitar actos que afectaran la posesión del predio y garantizar la
preservación de la situación jurídica existente mientras se resolvía el conflicto de
fondo.
129. Como lo anotó el a quo, los señores Víctor Heredia Hoyos y Orlando Bermejo
Ariza, contra quienes se dirigieron estas acciones policivas, son las mismas
personas que figuran como vendedores de los predios de titularidad de la señora
Xiomara Elena García Tulena, de acuerdo con las escrituras públicas 431 y 2552.
130. De acuerdo con la solicitud de amparo policivo, se evidenció que los señores
Heredia Hoyos y Bermejo Ariza autorizaron la demolición de una cerca construida
en cardón. Esta acción generó la intervención de la Policía Nacional la cual ordenó
la suspensión de la demolición hasta tanto un juez emitiera un fallo definitivo sobre
la controversia.
131. De lo expuesto, para la Sala es claro que no existe certeza sobre la propiedad
y ocupación del predio adjudicado por parte de la demandante, pues las
declaraciones de los testigos, el análisis comparativo de linderos y la
documentación registral indican que el predio adjudicado como baldío no forma
parte del inmueble “Las Delicias”.
132. Adicionalmente, las acciones policivas promovidas por el señor Jaime Hernán
Segura Calvo evidencian un conflicto posesorio en la zona con relación a los
señores Víctor Heredia Hoyos y Orlando Bermejo Ariza, quienes, a su vez, fueron
los vendedores del predio que posteriormente adquirió la parte demandante, lo cual
evidencia que la señora Xiomara Elena García Tulena no es la titular y poseedora
del terreno objeto de la controversia.
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133. Cabe advertir la falta de congruencia de las pretensiones formuladas, dado que,
por un lado, se sostiene que el predio “La Esmeralda” en su totalidad pertenece en
dominio pleno y absoluto a la demandante Xiomara Elena García Tulena, mientras
que, por otro lado, se solicita la restitución únicamente de una parte del mismo, que
supuestamente le fue erróneamente adjudicada a los señores Jaime Hernán
Segura Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura.
134. Esta inconsistencia en la formulación de las pretensiones también genera dudas
sobre el alcance del derecho de propiedad que se reclama. Si la demandante
sostiene ser titular del dominio pleno y absoluto del predio en su totalidad, la
solicitud de restitución parcial resultaría improcedente, pues implicaría el
reconocimiento de la existencia de otra titularidad sobre una fracción del mismo. En
cambio, si el reclamo se fundamenta en la existencia de una afectación parcial del
derecho de propiedad de la demandante, entonces no sería jurídicamente acertado
afirmar que el dominio sobre todo el predio le pertenece de manera exclusiva.
135. Con fundamento en el análisis realizado, la Sala considera que no se demuestra
la superposición de predios ni la pertenencia del terreno adjudicado al inmueble
“Las Delicias”, como lo concluyó el a quo.
136. La Sala recuerda que la carga de la prueba, conforme al artículo 167 del CGP,
recae sobre quien alega hechos que sustentan sus pretensiones. En este caso,
dicha carga no fue cumplida por la parte demandante.
137. Ahora, en cuanto al cumplimiento de los requisitos para la adjudicación de un
bien como baldío, la Sala pone de presente que la Resolución 151 de 2008, emitida
por el Incoder, Dirección Territorial Bolívar, tuvo como propósito la adjudicación del
terreno denominado “La Esmeralda”, ubicado en el Corregimiento de Pontezuela,
en el Municipio de Cartagena, Departamento de Bolívar, a los señores Jaime
Hernán Segura Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura.
138. De acuerdo con el material probatorio, la Sala observa que al expediente se
allegó la solicitud de adjudicación de baldíos productivos de personas naturales el
12 de mayo de 200840, en el que los señores Jaime Hernán Segura Calvo y Blanca
Inés Espinel de Segura informaron que el predio solicitado se denominaba “La
Esmeralda”, el cual se encuentra ubicado en el corregimiento de Pontezuela,
municipio de Cartagena, que tiene un área aproximada de 1 hectárea y 12 metros
y, que, como fecha de ocupación y explotación, se señaló el 14 de octubre de 1994,
con agricultura y vivienda.
139. Frente a la anterior solicitud, la Dirección Territorial de Bolívar del Incoder emitió
auto de aceptación 337 de 14 de junio de 200841, en el que dispuso iniciar el
procedimiento de adjudicación del predio de acuerdo con el artículo 11 del Decreto
230 de 2008, para lo cual ordenó comunicar al agente del Ministerio Público Agrario,
40
Folios 125 y vto. C pp.
41
Folio 131 C pp.
29
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Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
a los colindantes y al director de Cardique, además ordenó que se realizaran las
publicaciones en los términos del artículo 12 ibidem y ordenó la práctica de la
diligencia de inspección ocular.
140. Como consecuencia, se observa que se hicieron42 las comunicaciones
correspondientes a al agente del Ministerio Público Agrario, a los colindantes y al
director de Cardique, así como las publicaciones en los términos del artículo 12
ibidem43.
141. El 6 de agosto de 2008, la Dirección Técnica de Gestión de Baldíos Productivos
levantó acta de diligencia de inspección ocular44, en la que constató la información
de la solicitud donde los peticionarios realizaban una explotación económica
agropecuaria por cuanto cultivaban “[…] maíz millo […]” por “[…] 11 años […]” con
un estado de la explotación de “[…] buen manejo […]”. Además, tenían una
construcción de “[…] una casa de material techo zing piso en concreto (plantill) […]”.
142. Aunado a lo anterior, en la mencionada inspección, el Incoder verificó que el
predio solicitado en adjudicación no afectaba aspectos ambientales como reservas
forestales o bosques, importancia ecosistémica y pendientes superiores a 45° por
lo que no se requería el concepto de la corporación ambiental, además que no
existía una zona reservada por la ley, tampoco que habían comunidades indígenas
y negras, y que el predio fuera de uso público o si se encontraban personas
establecidas distintas a las peticionarias.
143. Finalmente, el acta fue suscrita por los colindantes notificados y se dispuso
como dictamen de la inspección ocular lo siguiente:
“[…] La vivienda rural guarda coherencia con el complejo habitacional del
corregimiento de Pontezuela se trae buena adecuación de residuos (basuras),
el peticionario reúne las condiciones para la adjudicación del lote por lo anterior,
se recomienda continuar con el proceso de adjudicación. Anexo tiene siembra
de maíz millo […]”
144. En ese contexto, la Dirección Territorial Bolívar del Incoder expidió la
Resolución 151 de 16 de septiembre de 200845, por medio de la cual adjudicó el
inmueble solicitado por Jaime Hernán Segura Calvo y Blanca Inés Espinel de
Segura, al cual se anexó el plano topográfico 2-3-01042 de julio de 200846 y que
contiene los límites colindantes y el sello de dicho instituto que indica que cumple
con las especificaciones técnicas exigidas.
145. El Tribunal de instancia consideró que la Resolución 151, mediante la cual se
adjudicó el bien a los demandados fue expedida regularmente, esto es, conforme
con las prescripciones establecidas en el ordenamiento jurídico.
42
Folios 134 a 144 C pp.
43
Folios 144 a 146 C pp.
44
Folios 147 a 151 C pp. Y se corrió traslado según folio 152 a 153 C pp.
45
Folios 23 a 24 y 158 a 159 C pp.
46
Folios 25, 160, 199 y 208 C pp.
30
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
Demandante: Xiomara Elena García Tulena
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
146. Frente a lo anterior, la parte recurrente sostiene que el predio objeto de análisis
no puede catalogarse como un bien baldío, dado que cuenta con el folio de
matrícula inmobiliaria 060-2969 y 060-2950, lo que indica que está registrado como
bien rural privado. Así mismo, argumenta que este predio está relacionado en las
escrituras públicas de compraventa 2900 del 26 de agosto de 1996 y 608 de 26 de
marzo de 1998, en la cual aparece como comprador, entre otros, el señor Jaime
Hernán Segura Calvo.
147. Aunado a ello, también expone que sobre este mismo predio se tramitó un
proceso de prescripción adquisitiva de dominio ante el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Cartagena bajo el radicado 29273 de 2000, en el cual, mediante
sentencia del 28 de junio de 2006, se declaró que el señor Jaime Hernán Segura
Calvo adquirió el dominio del predio por prescripción extraordinaria y que, sin
embargo, este fallo fue revisado de oficio por el Tribunal Superior de Bolívar - Sala
Civil, el cual decretó la nulidad del proceso a partir del auto del 4 de febrero de
2000, inclusive, hecho que no desnaturaliza la naturaleza del bien como privado
rural.
148. Sobre el particular, la Sala pone de presente que la Ley 160 de 1994 fijó las
bases de la reforma agraria, creando, entre otras cosas, diferentes mecanismos de
acceso a la tierra. Dentro de estas herramientas de acceso se encuentra la
adjudicación de terrenos baldíos. El objetivo fundamental de este mecanismo es
permitir el acceso a la propiedad de predios rurales que están en cabeza del Estado,
pero que son explotados económicamente por personas naturales, empresas
comunitarias y cooperativas campesinas, otorgando al bien la función social que le
es propia47. El artículo 65 es del siguiente tenor:
“[…] Artículo 65. La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, sólo puede
adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través
del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, o por las entidades públicas en
las que delegue esta facultad.
Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de
poseedores conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado
sólo existe una mera expectativa.
La adjudicación de las tierras baldías podrá hacerse por el Instituto mediante
solicitud previa de parte interesada o de oficio.
Como regla general, el INCORA decretará la reversión del baldío adjudicado al
dominio de la Nación cuando se compruebe la violación de las normas sobre
conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables
y del medio ambiente, o el incumplimiento de las obligaciones y condiciones
bajo las cuales se produjo la adjudicación, o se dedique el terreno a cultivos
ilícitos. En firme la resolución que disponga la reversión, se procederá a la
recuperación del terreno en la forma que disponga el reglamento […]”.
47
Corte Constitucional. Sentencia C-517 de 2016. MP.: Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
31
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
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149. Como se observa, a través de este mecanismo de adjudicación se pretende
facilitar y promover el acceso a la tierra por parte de las personas que carecen de
ella, así como incentivar su explotación económica. Ahora, la disposición en
comento establece una serie de prohibiciones, limitaciones y restricciones al
sistema de adjudicación de terrenos baldíos.
150. En primer lugar, en la medida en que la finalidad subyacente al sistema de
adjudicación no es garantizar la propiedad privada como fin en sí mismo, sino
promover la democratización de la propiedad como mecanismo para impulsar el
desarrollo económico y social, el legislador consideró que la titulación de estos
bienes debía hacerse en una extensión tal que impidiera, tanto la existencia de
minifundios que impiden la conformación de proyectos productivos autonómicos,
como la concentración de la propiedad de la tierra48.
151. En segundo lugar y en tanto que el mecanismo de adjudicación de baldíos
atiende a la necesidad de promover la democratización de la tierra, focalizando la
ayuda en las personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad
económica, el artículo 71 de la misma ley prohíbe adjudicar baldíos a quienes tienen
un patrimonio neto superior a 1000 salarios mínimos legales mensuales.
152. Y, finalmente, atendiendo al mismo objetivo anterior, el artículo 72 prohíbe “[…]
efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de personas naturales o jurídicas
que sean propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en
el territorio nacional […]”.
153. En los términos de las anteriores disposiciones, la prohibición opera cuando
quien aspira a la titulación del bien baldío al mismo tiempo tiene la calidad de
propietario o de poseedor sobre otro terreno rural. Y para efectos de esta
calificación, el artículo 72 de la misma ley determina que se debe tener en cuenta
la propiedad o la posesión que se tenga en razón de adjudicaciones “[…]
efectuadas a sociedades de las que los interesados formen parte, lo mismo que las
que figuren en cabeza de su cónyuge, compañero permanente e hijos menores que
no hayan obtenido habilitación de edad […]”.
154. Para los efectos anteriores, el artículo 72 ibidem señala “[…] en el momento de
presentar la solicitud de titulación el peticionario deberá manifestar, bajo la
gravedad de juramento, si es o no propietario o poseedor de otros inmuebles en el
territorio nacional […]”. Asimismo, se establece que las adjudicaciones efectuadas
desconociendo la prohibición aludida son nulas absolutamente y que las acciones
de nulidad correspondientes pueden ser intentadas por el mismo Incoder, los
procuradores agrarios, o incluso por cualquier persona ante los tribunales
administrativos.
48
Ibidem.
32
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155. En este mismo sentido, el Decreto 230 de 200849, en el artículo 9º se señala
como requisito para la adjudicación de un bien baldío la manifestación bajo la
gravedad de juramento donde conste si el solicitante, su cónyuge o compañero
permanente e hijos menores han sido adjudicatarios de bienes de esta naturaleza,
o han adquirido el dominio o la posesión, a cualquier título, de otros predios rurales
el territorio nacional.
156. En el presente caso, los demandados señalaron en el formulario
correspondiente que no han sido adjudicatarios de terrenos baldíos ni han
adquirido, a cualquier título, el dominio o la posesión de otros predios rurales en el
territorio nacional. Así lo manifestaron bajo la gravedad de juramento, en
cumplimiento del requisito establecido en el artículo en mención, tal y como se
observa a continuación:
157. Esta declaración tiene especial relevancia dentro del proceso, ya que la
normativa exige que el adjudicatario de un bien baldío no haya recibido previamente
otro predio bajo esta modalidad, ni posea o sea propietario de tierras rurales en el
país.
158. Sin embargo, el análisis probatorio debe determinar si esta manifestación es
veraz, ya que la sola declaración juramentada no excluye la posibilidad de que
existan pruebas documentales o registrales que indiquen lo contrario.
159. Al respecto y en primer lugar, la Sala encuentra que como fundamento del acto
administrativo demandado y dando cumplimiento a lo dispuesto en artículo 11 del
Decreto 230 se elaboró un concepto técnico por parte del perito que realizó la
diligencia de inspección ocular y revisión de la situación jurídica del terreno
concluyendo que el predio en cuestión reunía los requisitos exigidos por la ley para
su adjudicación.
160. Adicionalmente, la entidad revisó los registros disponibles para confirmar que
no existían antecedentes que impidieran la adjudicación. En ese sentido, no se
encontró evidencia que indicara que los beneficiarios hubieran sido previamente
adjudicatarios de otros baldíos o propietarios de predios rurales a cualquier título
dentro del territorio nacional.
49
Por el cual se reglamenta la Ley 1152 de 2007 en lo relativo a la administración, tenencia y disposición de los terrenos
baldíos nacionales, se establecen los procedimientos para su adjudicación, reserva, reversión y recuperación y se dictan otras
disposiciones. Vigente al momento de la actuación administrativa.
33
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
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161. Particularmente obra en el plenario el certificado emitido por la Dirección
Territorial de Bolívar del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC50, el cual
señala que, tras revisar los archivos catastrales correspondientes al Departamento
de Bolívar con los documentos de identidad de los ahora demandados, no se
encontraron inscripciones a nombre de Blanca Inés Espinel de Segura ni de Jaime
Hernán Segura Calvo que acrediten propiedad sobre otros predios.
162. Si bien el certificado catastral señala que aparece un predio registrado a nombre
de la señora Blanca Inés Espinel de Segura, es importante destacar que dicho
registro corresponde a un número de cédula diferente al identificado en el proceso
de adjudicación.
163. Esta discrepancia en la identificación documental impide inferir de manera
concluyente que se trate de la misma persona, ya que el número de cédula es un
dato único que individualiza a cada ciudadano. En consecuencia, al no existir
coincidencia entre los documentos de identidad, no puede presumirse que la
beneficiaria de la adjudicación sea la misma persona inscrita en el catastro con otra
identificación.
164. Además, en la nota del certificado se precisa que la inscripción en el catastro no
constituye título de dominio, sino que únicamente refleja los registros administrativos
de los predios y no existe dentro del plenario otro medio de prueba del cual se pueda
concluir lo contrario.
165. De otra parte, la recurrente argumenta que el predio objeto de análisis no se
puede catalogar como un bien baldío, en tanto que este cuenta con los folios de
matrícula inmobiliaria 060-2969 y 060-2950, esto es, registrado como bien rural
privado. Así mismo, precisó que se encuentra relacionado en las escrituras públicas
de compraventa 2900 del 26 de agosto de 1996 y 608 de 26 de marzo de 1998, en
la cual aparece como comprador, entre otros, el señor Jaime Hernán Segura Calvo.
No obstante, indicó que, al intentar registrar dicha compraventa en el folio de
matrícula correspondiente, esta fue negada con nota devolutiva, dado que las
posesiones no están sujetas a registro.
166. Como se observa, el argumento de la parte recurrente se basa en la premisa
de que el predio objeto de análisis no puede ser considerado un bien baldío, dado
que cuenta con folio de matrícula inmobiliaria y ha sido objeto de un negocio jurídico
protocolizado en las escrituras públicas antes mencionadas.
167. La Sala, como precisó líneas atrás, constató que la escritura pública 2900 del
26 de agosto de 1996, otorgada en la Notaría Primera de Cartagena, indica que
Jaime Hernán Segura Calvo adquirió el 21% de los derechos de dominio y posesión
material de un terreno de una hectárea y media ubicado en el corregimiento de
Pontezuela, jurisdicción de Cartagena, junto con otras personas.
50
Folio 130 C 1.
34
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168. En dicho instrumento público se precisa que el vendedor, Juan Redon Kwapisz,
transfirió el derecho de dominio y posesión a cinco personas, entre ellas Jaime
Hernán Segura Calvo, conforme a un negocio jurídico real, puro y simple.
169. La Sala precisa que a pesar de que en la escritura pública se indica
expresamente que el señor Juan Redon Kwapisz transfirió tanto el derecho de
dominio como la posesión material del predio a los demandados, como lo indicó la
misma parte demandante, al intentar registrar la transferencia en el folio de
matrícula correspondiente, esta fue negada mediante nota devolutiva, bajo la
justificación de que las posesiones no están sujetas a registro.
170. En igual sentido, en 1998, mediante la escritura pública 608 del 26 de marzo,
otorgada en Cartagena ante el Notario 20, se formaliza la transferencia del terreno
del señor Juan Redon Kwapisz al señor Jaime Hernán Segura Calvo del inmueble
identificado con la matrícula inmobiliaria 060-2950 y referencia catastral 01-40-001-
1036-000.
171. A partir de estos hechos, la Sala constató que, si bien el negocio jurídico implicó
la cesión de un derecho de dominio y posesión, la falta de registro del título impide
consolidar el derecho real de propiedad sobre el inmueble. En términos jurídicos, el
registro de una escritura de compraventa es un requisito esencial para la tradición
del dominio sobre bienes inmuebles, conforme a lo dispuesto en los artículos 67351
y 75652 del CC.
172. Dado que la transferencia no fue registrada y recibió una nota devolutiva por
parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la transmisión del derecho
de dominio no se consolidó, razón por la cual los demandados no pueden ser
considerados propietarios del predio desde el punto de vista legal.
173. En consecuencia, si bien las escrituras públicas dan cuenta de una
transferencia de derechos, en la práctica, el inmueble no ha salido de la condición
jurídica que tenía antes del negocio jurídico. De este modo, si previamente el bien
ostentaba la calidad de baldío, la falta de registro impide que se reconozca la
constitución de un derecho de dominio privado sobre el mismo.
174. Ahora, la Sala resalta que, a pesar de que en las escrituras se hable de la
transferencia del dominio, la ausencia de registro impide el reconocimiento de un
derecho real consolidado en cabeza de los demandados. En este sentido, es
necesario recordar que en el derecho civil existen diferentes modos de adquirir el
dominio, los cuales se dividen en originarios y derivados.
175. Los modos originarios son aquellos en los que la propiedad se adquiere con la
ocupación, la accesión y la prescripción adquisitiva. En particular, la prescripción
51
Artículo 673. “[…] Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de
muerte y la prescripción […]”.
52
Artículo 756. “[…] Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la oficina de
registro de instrumentos públicos […]”.
35
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
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adquisitiva o usucapión permite que una persona adquiera el dominio de un bien
inmueble cuando lo ha poseído de manera pacífica, pública e ininterrumpida
durante el tiempo establecido por la ley, siempre que se cumplan los requisitos de
buena fe y justo título en la prescripción ordinaria, o el transcurso del tiempo en la
prescripción extraordinaria.
176. Por otro lado, los modos derivados implican la adquisición del dominio a partir
de un propietario anterior mediante la tradición, la sucesión por causa de muerte o
la adjudicación en procesos judiciales. En estos casos, la propiedad no surge de
manera autónoma, sino que es transferida por un titular previo a un nuevo
adquirente. Dentro de estos, la tradición es el mecanismo más común en los
negocios jurídicos de compraventa y se perfecciona con el cumplimiento de dos
elementos esenciales: la existencia de un título traslaticio de dominio (como una
escritura de compraventa) y el cumplimiento del modo de entrega, que en el caso
de bienes inmuebles se materializa mediante el registro del título en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos, conforme a lo dispuesto en los artículos 673 y
756 antes citados.
177. En el caso sub examine, la escritura pública que documenta la transferencia del
predio constituye un título traslaticio de dominio, pero al no haber sido registrada,
no se perfeccionó la tradición del mismo, lo que impide que los adquirientes puedan
ser considerados propietarios jurídicamente. En consecuencia, aunque el negocio
jurídico refleje la voluntad de transmitir el dominio y posesión, la omisión del
requisito de registro conlleva que el bien en cuestión no haya salido de su condición
jurídica de baldío, pues la transacción no surtió efectos plenos en términos de
derecho de propiedad.
178. Si bien el predio cuenta con un folio de matrícula inmobiliaria, ello no es
suficiente para acreditar que se haya consolidado el derecho de dominio a favor de
los demandados. La existencia de un folio de matrícula inmobiliaria indica que el
inmueble ha sido registrado en el sistema de registro de la propiedad, pero ello no
implica, por sí mismo, que se haya perfeccionado la tradición del dominio,
especialmente cuando no se ha cumplido con el requisito esencial de inscripción
del acto traslaticio de dominio.
179. En otras palabras, la existencia de un folio de matrícula inmobiliaria puede
demostrar que el predio ha sido objeto de actos registrales previos, pero si el
negocio jurídico que pretende transferir el dominio no es inscrito, la tradición del
bien no se perfecciona. Como consecuencia, el inmueble en cuestión no ha salido
de la condición jurídica que tenía antes y, al haber sido un bien baldío, sigue
conservando esa calidad desde el punto de vista legal.
180. La Sala pone de presente que las anotaciones contenidas en el folio de
matrícula inmobiliaria no son objeto de debate en cuanto a su existencia ni en
relación con el modo en que fueron realizadas y cualquier controversia sobre los
instrumentos públicos que condujeron a su registro deben ser analizados por la
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Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
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jurisdicción ordinaria. No obstante, la Sala considera que la mera inscripción del
predio en un folio de matrícula inmobiliaria no transforma automáticamente su
naturaleza jurídica de bien baldío a bien privado, ya que el registro no otorga, por
sí mismo, el derecho de dominio si no se han cumplido los requisitos legales para
la tradición del bien.
181. Además, conforme a su naturaleza, los bienes baldíos son inembargables,
imprescriptibles e inalienables, lo que significa que no pueden ser objeto de negocio
jurídico alguno y su disposición solo puede realizarse a través de los mecanismos
legales de adjudicación previstos por el Estado. Estas características reafirman
que, aun cuando un bien baldío haya sido objeto de negocios jurídicos privados,
estos no tienen la capacidad de modificar su condición jurídica ni generar derechos
de dominio en favor de los adquirentes sin la intervención y autorización expresa
del Estado.
182. De otra parte, la recurrente expuso que sobre este mismo predio se tramitó un
proceso de prescripción adquisitiva, razón por la cual tampoco puede ser
catalogado como un bien baldío.
183. Sobre el particular, la Sala pone de presente que el proceso de prescripción
adquisitiva se inició bajo el radicado 1300-13-103-003-2000-29273-00, y en primera
instancia, mediante sentencia del 28 de junio de 2006, se declaró que el señor
Jaime Hernán Segura Calvo adquirió el dominio del predio por prescripción
extraordinaria. Sin embargo, este fallo fue revisado de oficio por el Tribunal Superior
de Bolívar – Sala Civil que decretó la nulidad del proceso desde el auto del 4 de
febrero de 2000, lo que dejó sin efectos la declaración de prescripción.
184. Posteriormente, el 25 de febrero de 2008, el proceso fue admitido nuevamente
en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, y se ordenó la práctica de
una inspección judicial para el 21 de noviembre de 2008. Sin embargo, dicha
diligencia no se realizó y se reprogramó para el 12 de febrero de 2009. A pesar de
estos intentos, el proceso nunca concluyó con una sentencia definitiva que
consolidara la adquisición del dominio.
185. Adicionalmente, según los registros judiciales consultados53, el 1º de diciembre
de 2014, dentro del proceso se profirió auto mediante el cual se declaró la
terminación por desistimiento tácito, lo que significa que la parte interesada no le
dio impulsó al mismo dentro de los términos procesales.
186. Finalmente, el 7 de septiembre de 2015, el expediente fue archivado
definitivamente, sin que el señor Jaime Hernán Segura Calvo lograra una
declaración de propiedad a su favor.
53
Consultada realizada en el Sistema Judicial de Procesos de la Rama Judicial.
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Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
Demandante: Xiomara Elena García Tulena
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Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
187. Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que la declaración inicial de
prescripción extraordinaria fue anulada por el Tribunal Superior de Bolívar, lo que
dejó sin efectos cualquier reconocimiento de propiedad a favor del señor Jaime
Hernán Segura Calvo. En consecuencia, al momento de la adjudicación del predio
por parte del Incoder, no existía una declaración judicial que confirmara la
propiedad de los demandados sobre el inmueble, por lo que el predio seguía
ostentando la condición de baldío lo cual desvirtúa los argumentos de la parte
recurrente.
188. El hecho de que el predio “La Esmeralda” haya sido objeto de un proceso de
pertenencia no impide su adjudicación como baldío, dado que el proceso de
pertenencia busca reconocer la posesión material del inmueble, mientras que la
adjudicación de bienes baldíos por parte del Estado se fundamenta en la
inexistencia de un derecho de propiedad privado registrado.
189. El Incoder, en ejercicio de la función de administrar los bienes baldíos de la
Nación, tiene la facultad de adjudicar terrenos que no tengan una propiedad privada
consolidada. Si bien un proceso de pertenencia puede generar derechos sobre la
posesión del predio, esto no implica que el inmueble haya sido formalmente inscrito
en el registro de propiedad, lo que permite su adjudicación como baldío.
190. Además, la presunción de bien baldío, como lo señalan los demandados, es un
principio conforme al cual se supone que los terrenos sin un título válido de
propiedad privada pertenecen al Estado, salvo prueba en contrario. En este caso,
dicha presunción debía ser desvirtuada mediante pruebas fehacientes que
acreditaran la existencia de un derecho de dominio consolidado sobre el predio en
cuestión.
191. Sin embargo, esto no ocurrió, pues no se aportaron elementos que demostraran
la tradición efectiva del inmueble mediante un título debidamente inscrito en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respecto de los demandados.
192. En consecuencia, la ausencia de prueba que desvirtúe dicha presunción impide
reconocer la existencia de un derecho de dominio privado sobre el bien,
reafirmando su calidad de baldío y, por ende, su inalienabilidad, imprescriptibilidad
e inembargabilidad, conforme a la normatividad vigente.
193. Finalmente, la recurrente argumenta que el predio adjudicado colinda con el
predio de la señora Xiomara Elena García Tulena, circunstancia que se encuentra
probada en la diligencia de inspección judicial realizada el 14 de febrero de 2017
por el magistrado ponente al predio “Las Delicias”, de propiedad de la parte
demandante en la que se consignó lo siguiente: “[…] en el lugar donde funciona un
vivero, pudimos observar que es colindante con el predio ‘LA ESMERALDA’ […]”.
194. Al respecto, la Sala advierte que, aunque en la diligencia de inspección judicial
se observó que los predios en cuestión parecían colindar, es claro que se dispuso
38
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Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
que para determinar con certeza dicha circunstancia era necesario elaborar un
peritaje. En este sentido, se estableció que debía elaborarse un levantamiento
planimétrico de ambos predios, así como la verificación de sus linderos y
dimensiones en los títulos y registros catastrales54.
195. Adicionalmente, se ordenó revisar la información contenida en la matrícula
inmobiliaria y en los planos registrados en el expediente, con el propósito de
esclarecer si el predio “La Esmeralda” se encuentra dentro del área del predio “Las
Delicias” o si, por el contrario, son terrenos independientes.
196. Posesionado el perito y rendida la experticia, el apoderado de los demandados
solicitó que el dictamen no se tuviera en cuenta, argumentando que este carecía
de validez debido a que el perito había perdido competencia para rendirlo, además
que no indicó en qué normativa y técnica se sustentó y que el mismo carecía de
rigor en la metodología y fuentes documentales. Dichas solicitudes se
fundamentaron en que el auto del 28 de julio de 2017 negó la ampliación del plazo
para presentar el dictamen pericial, lo que significaba que cualquier informe rendido
con posterioridad a dicho término debía considerarse extemporáneo y en
desconocimiento del artículo 226 del CGP.
197. En este sentido, el a quo determinó en auto de 3 de octubre de 201855 que le
asistía razón a los apoderados de los demandados. En consecuencia, decidió no
darle valor probatorio al informe pericial y acceder a las solicitudes de dejar sin
efectos el dictamen rendido por el perito Cástulo Manjarrez, frente a lo cual no se
interpuso recurso.
198. Así, pues, no existe medio probatorio dentro del plenario que permita
controvertir lo señalado en la Resolución de adjudicación, la cual estableció que el
límite y colindancia hacia el lado derecho-este correspondía a una servidumbre. Al
no haberse aportado prueba alguna que demostrara lo contrario, esta delimitación
debe ser tenida en cuenta como un hecho cierto dentro del proceso.
199. La falta de un dictamen pericial válido, debido a su presentación extemporánea,
refuerza la ausencia de prueba técnica que permita cuestionar la precisión de los
linderos establecidos en la resolución.
200. En conclusión, el procedimiento de titulación se llevó a cabo conforme a las
disposiciones legales aplicables, sin que existiera registro que desvirtuara el
derecho de los adjudicatarios. La verificación realizada por la Dirección Territorial
de Bolívar, respaldada por el concepto técnico del perito, confirma la procedencia
de la adjudicación, asegurando la legalidad del proceso en la adjudicación del predio
baldío, sin que se haya probado lo contrario, razón por la cual los argumentos de
apelación no están llamados a prosperar.
54
Folios 313 a 316 C 1.
55
Folios 386 y 387 C 1.
39
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
Demandante: Xiomara Elena García Tulena
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
201. Al no acreditarse el desconocimiento de las normas en que debían fundarse el
acto acusado, la falsa motivación y la desviación de poder, la Sala confirmará la
sentencia recurrida, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
202. Finalmente, no se condenará en costas, en razón a que no se evidenció
temeridad ni mala fe en la actuación procesal, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP,
aplicables al caso por la remisión del artículo 267 del CCA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de abril de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 004, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: No se condena en costas, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
40
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2010-00749-01
Demandante: Xiomara Elena García Tulena
Demandado: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierra – ANT, Jaime Hernán Segura
Calvo y Blanca Inés Espinel de Segura
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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