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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2013-00074-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2013-00074-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de noviembre de 2014 proferida por la Sala de Decisión núm. 004 de Oralidad del Tribunal Administrativo de Bolívar. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 13001-23-33-000-2013-00074-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO
Radicación núm.: 13001-23-33-000-2013-00074-01
Demandante: Empresa Administradora de Rutas Urbanas de
Cartagena Ltda. - Etrans Ltda.
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias
Tema: Desalojo de bienes de uso público y de bienes fiscales

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve los recursos de apelación presentados por las partes demandante
y demandada contra la sentencia de 12 de noviembre de 2014, proferida por la Sala
de Decisión núm. 004 de Oralidad del Tribunal Administrativo de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda1

I.1.1. Las pretensiones

1. La Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda. -en adelante
parte demandante-, por conducto de apoderado judicial, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la
Ley 1437 de 18 de enero de 20112 instauró demanda con el propósito de obtener
las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] 2.1. Invocamos a su Señoría que, y como las Resoluciones Nos. 009 del 12 de
junio de 2012, y 023 del 11 de julio de 2012, proferidas por la ALCALDÍA LOCAL DE
LA LOCALIDAQD (sic) INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA DE CARTAGENA, son
ilegales, como más abajo lo exponemos, se declare su nulidad y se restablezcan los
derechos de ETRANS LTDA.

2.2. Invocamos a su Señoría que, y como consecuencia del hecho de que las
resoluciones arriba señaladas son ilegales, como más abajo lo exponemos, que
ordene, y por los medios de policía que sean necesarios, que ETRANS LTDA.,
regrese nuevamente a ocupar (poseer) en el Barrio El Nazareno el inmueble del que
fue desalojada por la Alcaldía Local, y en el que funcionaba la terminal de despacho
de las rutas urbanas Nos (sic) 6 y 25 de Cartagena.

2.2.1. Pretensión subsidiaria de la inmediatamente anterior: Invocamos a su
Señoría, y como pretensión subsidiaria de la inmediatamente anterior, que si no es
posible, por cualquier razón, que ETRANS LTDA., sea restituida en la ocupación del
inmueble al que antes nos hemos referido, se ordene a la demandada proveerle uno

1
Cfr. Folios 1 al 23 del cuaderno principal de primera instancia núm. 1.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

2

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Demandante: Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda.

a ETRANS LTDA., de iguales o similares características al que se le quitó, y para
que en el funcione la terminal de despacho de las rutas urbanas Nos. 6 y 25 de
Cartagena. Y para efectos del cálculo de la cuantía de esta pretensión (hecho futuro
indemnizable), el inmueble que el Distrito adquiriría para entregárselo a ETRANS
LTDA., si se dan las condiciones antes planteadas, su precio o valor es igual o
superior a los $500.000.000,oo MLC.

2.3. Invocamos a su Señoría, y como consecuencia del hecho de que las
resoluciones antes mencionadas son ilegales, como más abajo lo exponemos, que
condene a la demandada a indemnizar a ETRANS LTDA., en la suma de
$20.000.000,oo MLC., y con los cuales se reparan unos específicos daños que las
convocadas causaron a ésta por el hecho del desalojo al que la sometió. En efecto,
la Alcaldía Local, y como consecuencia del desalojo que comentamos, destruyo las
oficinas que ETRANS LTDA., había levantado en el inmueble que fue restituido por
aquella.

2.4. Invocamos a su Señoría, y por el hecho de que las resoluciones antes
mencionadas son ilegales, que condene a la demandada a restituir a ETRANS
LTDA., lo que esta haya pagado, bien por arrendamiento o compraventa de un
inmueble, y para el funcionamiento de la terminal de despacho de las rutas urbanas
Nos. 6 y 25 de Cartagena, y en cuya búsqueda la demandante esta. […]”. (Negrilla
del texto).

I.1.2. Los hechos

2. Indicó que la parte demandante fue autorizada mediante Resolución núm. 693 de
8 de septiembre de 2005 para administrar los sistemas y subsistemas de rutas
urbanas adjudicadas a las empresas socias o contratistas de Entras Ltda. Y en la
ejecución de esa tarea se encarga de despachar y controlar los automotores. Añadió
que dos de las rutas urbanas de Cartagena que se encuentran a su cargo son las
rutas núms. 6 y 25 denominadas: “[…] Socorro Jardines – Centro – viceversa […]”
y “[…] Socorro – Manga – Castillo Grande – viceversa […]”, respectivamente.

3. Mencionó que para efectos de la administración de las rutas núms. 6 y 25 y
garantizar la prestación del servicio, venía ocupando desde hacía más de 14 años
y hasta cuando fue desalojada por la Alcaldía Local, un inmueble en el barrio El
Nazareno del Distrito de Cartagena de Indias, en el cual funcionaba la terminal de
despacho y control de los vehículos automotores de las precitadas rutas.

4. Explicó que la parte demandante ocupó lícitamente, en forma continua,
ininterrumpida, pacífica y pública el inmueble antes mencionado y que dicho bien
constituyó un activo de la empresa en el cual diariamente se ubicaron, despacharon
y controlaron en promedio 90 buses que operaban esas dos rutas. Dicha situación
era conocida por la parte demandada, por el Departamento Administrativo de
Tránsito y Transporte de Cartagena y por todos los habitantes del barrio Nazareno.

5. Refirió que la parte demandante construyó en dicho inmueble una caseta de
despacho que contaba con 2 oficinas, área de baños y un comedor. Asimismo, la
parte demandante asumía los costos y gastos de mantenimiento y también los
relativos a celaduría y protección del inmueble.

3

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Demandante: Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda.

6. Sostuvo entre finales de mayo de 2012 y principios de junio de 2012 las partes del
proceso sostuvieron una reunión en la que el Distrito le pidió a la demandante
restituir el inmueble que ocupaba en el barrio Nazareno. Ello con fundamento en
que en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias había adquirido de la
sociedad Álvarez y Collins S.A. en el año 2009 a través de un contrato de
compraventa, un inmueble de mayor extensión que se identifica con la matrícula
inmobiliaria núm. 060-244729, del que hace parte el predio que ocupaba como
poseedor la parte demandante.

7. Explicóque la parte demandante se negó a la restitución del inmueble con
fundamento en la posesión que ejercía sobre el inmueble con anterioridad a la
compraventa que celebró el distrito y en atención a que su posesión es una situación
de hecho jurídicamente protegida.

8. Agregó que la parte demandante podía hacerse al dominio del inmueble mediante
una declaración judicial de pertenencia amparada en la usucapión y que el hecho
de que el distrito hubiere adquirido el inmueble en el año 2009 no enerva sus
derechos posesorios ni el derecho a usucapir.

9. Señaló que la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía, en el marco de
funciones delegadas de la Alcaldía Mayor del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias, expidió la Resolución núm. 009 de 12 de junio de 2012 “[…]
Por la cual se ordena la restitución de un bien público fiscal […]” y ordenó a la parte
demandante la restitución del precitado inmueble.

10. Manifestóque la parte demandante interpuso recursos de reposición y en
subsidio de apelación contra el acto anteriormente indicado.

11. Expuso que la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía expidió la
Resolución núm. 023 de 11 de julio de 2012 mediante la cual confirmó la Resolución
núm. 009 de 2012.

12. Expresó que la Alcaldía Local con fundamento en sus facultades de policía,
restituyó el inmueble el 30 de julio de 2012, desalojó a la parte demandante y retiró
del predio las estructuras que se habían construido.

13. Adujo que funcionarios del Distrito le informaron que en el inmueble restituido se
construiría un “megacolegio”.

I.1.3. Las normas violadas y el concepto de la violación

14. La parte demandante invocó como infringidos los artículos 29 de la Constitución
Política y el artículo 132 del Decreto Ley 1355 de 4 de agosto de 19703. El concepto
de violación se desarrolló así:

3
“[…] Por el cual se dictan normas sobre policía. […]”. Norma vigente para la época de los hechos. El Decreto Ley 1355 de
1970 fue derogado por el artículo 242 de la Ley 1801 de 20 de julio de 2016 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana. […]”.

4

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Demandante: Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda.

Cargo único. Falta de competencia y violación del debido proceso por
indebida aplicación del artículo 132 del Decreto Ley 1355 de 1970

15. Argumentó que el artículo 132 del Decreto Ley 1355 de 1970 -Código Nacional
de Policía- establece una facultad excepcional de la administración que le permite
la restitución policiva de los bienes de uso público, cuando estos han sido ocupados
por terceros. Agregó que por tratarse de una facultad excepcional esta debe
interpretarse de forma restrictiva.

16. Señaló que la Constitución Política establece que los servidores públicos solo
pueden realizar lo que la ley les señala, permite o faculta y que el artículo 29 de la
Constitución Política establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas.

17. Expuso que la facultad contenida en el precitado artículo 132 solamente puede
ser ejercida respecto de las situaciones de hecho que aparecen contenidas en la
norma jurídica e indicó que dicha facultad no se puede hacer extensiva a los bienes
fiscales cuando son ocupados por terceros. Es decir, que la anotada norma
solamente le otorga a la administración pública la potestad policiva de restituir
bienes de uso público y no bienes fiscales.

18. Refirió que cuando los bienes fiscales son ocupados por terceros el Estado debe
acudir ante la administración de justicia para reivindicar, restituir o recuperar la
tenencia del bien a través del proceso judicial correspondiente.

19. Indicó que la parte demandada al expedir los actos acusados afectó los derechos
de la parte demandante, la prestación del servicio público de transporte terrestre
automotor en el Distrito y desbordó sus competencias y funciones, lo que implica
que expidió los actos administrativos sin competencia material ni funcional.

I.2. La contestación de la demanda4

20. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, por conducto de apoderado
judicial, contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones.

21. Indicó en relación con los hechos de la demanda que: i) se atiene a lo que se
pruebe y la restitución de un bien fiscal de propiedad del Distrito en ningún momento
imposibilita la prestación del servicio público de transporte; ii) por tratarse de un bien
fiscal de su propiedad goza de la característica de imprescriptibilidad y por ende la
posesión no permite que el activo pase a nombre de la demandante; iii) la usucapión
requiere de un proceso ante la administración de justicia y no basta con invocar en
su favor la posesión; y iv) todas las actuaciones han respetado el debido proceso.

22. Propuso como primera excepción la “[…] Caducidad del Medio de Control
(Nulidad y restablecimiento del derecho) […]” y argumentó que la demanda fue

4
Cfr. Folios 234 a 238 del cuaderno principal de primera instancia núm. 1.

5

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presentada por fuera de los cuatro meses que establece el artículo 164 de la Ley
1437. (Negrilla del texto).

23. Desarrolló como excepción la que denominó “[…] imprescriptibilidad de los
bienes fiscales […]” y argumentó que los bienes de uso público y los bienes fiscales
tiene objetivos alineados al bienestar general, la función social y la prestación de
servicios, los cuales conforman el dominio público del Estado conforme con el
artículo 674 del Código Civil. (Negrilla del texto).

23.1. Anotó que tanto unos como otros están amparados por el privilegio estatal de
imprescriptibilidad y que la exclusión de estos bienes de los procesos de
pertenencia se orienta a la prevalencia del interés general, público y social sobre el
particular.

23.2. Añadió que, como no procede la declaración de pertenencia sobre bienes de
propiedad de las entidades públicas, tampoco procede oponer la excepción de
prescripción ante la demanda reivindicatoria de uno de esos bienes porque ello
implicaría aceptar la posibilidad de adquisición de bienes fiscales por usucapión.

24. Expuso como excepción que el “[…] Procedimiento de restitución fue legal y
adecuado […]” y advirtió que de conformidad con el numeral 4. del artículo 407 del
Código de Procedimiento Civil la declaración de pertenencia no procede respecto
de bienes imprescriptibles o de propiedad de entes de derecho público. (Negrilla del
texto).

25. Señaló que en atención a que los bienes fiscales gozan del atributo
imprescriptibilidad es lógico concluir, en aplicación del criterio previsto en el artículo
8 de la Ley 153 de 15 de agosto de 18875, que se puedan servir de los mismos
mecanismos de protección previstos para los bienes de uso público, en especial,
del artículo 132 del Decreto Ley 1355 de 1970.

I.3. La fijación del litigio en la primera instancia

26. El día 10 de septiembre de 2013 se celebró la audiencia inicial6 prevista en el
artículo 180 de la Ley 1437, en la cual se fijó el litigio en los siguientes términos:

“[…] Se centra en determinar la legalidad de la restitución por parte del Distrito de
Cartagena de Indias de un inmueble ubicado en el barrio Nazareno en el que
funcionaba la terminal de despacho y control de vehículos que operan las rutas
urbanas de pasajeros Nos. 6 y 25 ocupados por la Empresa de (sic) Administradora
de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda. – ETRANS LTDA. […]”.

I.4. La sentencia de primera instancia7

27. La Sala de Decisión núm. 004 de Oralidad del Tribunal Administrativo de Bolívar,
mediante sentencia de 12 de noviembre de 2014, accedió parcialmente a las

5
“[…] Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887. […]”.
6
Cfr. Folios 337 a 342 del cuaderno principal de primera instancia núm. 2.
7
Cfr. Folios 505 a 526 del cuaderno principal de primera instancia núm. 2.

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pretensiones de la demanda y condenó en costas al Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias. La parte resolutiva ordenó:

“[…] PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 009 del 12 de
junio de 2012 mediante la cual Alcaldía Local de la Localidad Industrial y la Bahía
de Cartagena ordenó a Etrans la Restitución de un bien inmueble ubicado en el
barrio el Nazareno y de la Resolución No. 023 del 11 de julio de 2012, mediante
la cual se resolvió recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto en
contra de la resolución No. 009 del 12 de junio de 2012.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior ORDENAR al Distrito de
Cartagena a pagar a ETRANS Ltda. la suma de DIECISÉIS MILLONES
SETECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.
($16,723,880) por concepto de daño emergente, de acuerdo a lo expuesto en la
parte motive de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandada; liquídense por la
Secretaría General de esta Corporación conforme lo dispuesto en el artículo 393
del C.P.C., incluyéndose en dicha liquidación las agencias en derecho, que fija
la Sala en la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS
PESOS ($2,500,000), conforme lo dispuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

CUARTO: ORDENAR al DISTRITO DE CARTAGENA dar cumplimiento del
presente fallo conforme a los artículos 192 y 193 del CPACA.

QUINTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
[…]”. (Negrilla del texto).

28. El Tribunal explicó que el problema jurídico consiste en determinar “[…] la
legalidad del procedimiento de restitución por parte del Distrito de Cartagena de
Indias de un inmueble ubicado en el Barrio el Nazareno donde funcionaba la
terminal de despacho y control de vehículos que operan las rutas urbanas de
pasajeros No. 6 y 25, ocupado por la Empresa Administradora de Rutas Urbanas
Limitada (sic) - ETRANS LTDA. […]”.

29. Afirmóque la tesis de la Sala se orientaría a declarar la ilegalidad de las
resoluciones demandadas porque el procedimiento utilizado para el desalojo de la
demandante del inmueble de propiedad del Distrito de Cartagena que venía siendo
ocupado para la operación de las rutas urbanas núms. 6 y 25 fue el de los bienes
de uso público, pese a que el inmueble en cuestión ostenta la calidad de bien fiscal.

30. Explicó que del artículo 132 del Decreto Ley 1355 de 1970 se colige que la
restitución de bienes de uso público, urbanos o rurales, se encuentra a cargo de los
alcaldes en ejercicio de su función de policía, que se trata de una facultad que se
puede realizar en cualquier tiempo y que se debe materializar en un acto
administrativo que se debe cumplir en un plazo no mayor a 30 días.

31. Citó un concepto de 25 de noviembre de 1995 de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado8 sobre la diferencia entre los bienes de uso público y

8
Concepto núm. 745 de 25 de noviembre de 1995. C.P. doctor Javier Henao Hidrón.

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los bienes fiscales y las acciones tendientes a proteger o recuperar bienes del
Estado.

32. Manifestó que los bienes fiscales son aquellos respecto de los cuales el Estado
detenta el derecho de dominio como si se tratase de un bien de propiedad particular,
están dentro del comercio y son destinados, por regia general, al funcionamiento
del ente estatal al cual pertenecen o a la prestación de un servicio. Agregó que
gozan de la prerrogativa de imprescriptibilidad, son embargables y enajenables
porque su régimen jurídico es similar al que el ordenamiento jurídico dispensa a la
propiedad privada o particular.

33. Estimó que las acciones para recuperar los bienes públicos pueden ser policivas,
administrativas o judiciales.

34. En relación con los bienes de uso público explicó que el Código Nacional de
Policía señala que pueden recuperarse a través de acciones policivas de
perturbación o de despojo, ejercidas por el alcalde en su función de policía y en
cualquier tiempo desde el momento en que la administración tenga conocimiento de
su ocupación.

35. Explicóque para la recuperación de bienes fiscales en poder de terceras
personas se deben ejercer las acciones policivas de perturbación o de despojo,
según el caso, y que una vez vencido el termino de prescripción para el ejercicio de
las acciones policivas, el procedimiento es el correspondiente al proceso abreviado
previsto en el Código de Procedimiento Civil para tramitar y decidir los asuntos de
tenencia, salvo que se trate de bienes agrarios.

36. Concluyóque el procedimiento para recuperar bienes de uso público y el
procedimiento para recuperar bienes fiscales no puede equipararse por analogía.

37. Precisó que, conforme la fijación del litigio, el análisis probatorio se orientaría
exclusivamente a determinar la legalidad del proceso de restitución del bien
inmueble objeto del debate y que no se estudiaría si en este caso había operado o
no la prescripción del bien inmueble a favor de la demandante, por no ser esta la
jurisdicción competente.

I.4.1. Sobre la legalidad de las resoluciones acusadas

38. Explicó que estaba probado que el bien inmueble ubicado en el barrio Nazareno
fue adquirido por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias mediante
contrato de compraventa celebrado en el año 2009 y que dicho inmueble venía
siendo ocupado por la demandante desde antes de que el distrito lo adquiriera.

39. Señaló que, con ocasión de una queja presentada por el asesor de planeación
educativa en el año 2012, se inició un proceso policivo de restitución de bien fiscal,
el cual culminó con la expedición de la resoluciones núm. 009 de 2012 y 023 de 11
de julio de 2012, las cuales se fundamentaron en los artículos 132 del Decreto Ley
1355 de 1970; 4, 63, 82, 116, numeral 3., y 315 de la Constitución Política, la Ley 9

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de 11 de enero de 19899 y el artículo 674 del Código de Procedimiento Civil, sobre
bienes de uso público, espacio público y bienes del Estado.

40. En dichos actos se indicó que de acuerdo con el artículo 407 del Código de
Procedimiento Civil, las declaraciones de pertenencia no proceden contra los bienes
imprescriptibles o de propiedad de los entes de derecho público y que a estos se
les aplica lo establecido en el artículo 132 del Código Nacional de Policía para la
restitución de los bienes de uso público.

41. Consideró que el artículo 132 del Código Nacional de Policía se refiere a la
restitución de bienes de uso público y que el trámite allí previsto no es aplicable a
los bienes fiscales cuando estos se encuentran en tenencia de terceros, lo cual
fundamenta en el artículo 122 de la Constitución Política.

42. Aseveró que en este caso el inmueble tenía la condición de bien fiscal porque
era de dominio del Distrito demandado y estaba destinado a la prestación de un
servicio público, por lo que la autoridad no estaba facultada para ordenar su
restitución a través del proceso policivo contemplado en el artículo 132 del Código
Nacional de Policía.

43. Sostuvo que, teniendo en cuenta el concepto de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado, a falta de regulación normativa, la restitución de un bien
fiscal que se encuentra en tenencia de terceros requería ejercer inicialmente las
acciones policivas de perturbación o de despojo y una vez vencido el término de
prescripción para el ejercicio de dichas acciones, el procedimiento a seguir era el
correspondiente al proceso abreviado del Código de Procedimiento Civil para
resolver los asuntos de tenencia.

44. Explicó que “[…] En el sub judice encuentra la Sala que la posesión del bien
ubicado en el barrio el Nazareno, desde antes de que fuese adquirido por el Distrito
de Cartagena y hasta el momento de la restitución, estaba siendo ejercida por
ETRANS Ltda, por lo que, al no tener aquel la posesión ni la mera tenencia del
mismo no era procedente la acción de perturbación ni la acción de despojo para
lograr su restitución, puesto que ambas suponen que quien las ejerce tenga la
posesión o tenencia del bien, y esta última supone además una violencia en el
despojo de la posesión o de la mera tenencia, presupuestos que claramente no se
cumplen en el asunto bajo estudio; luego entonces, las acciones procedentes eran
las dispuestas en el Código de Procedimiento Civil para tramitar y decidir los
asuntos de tenencia. […]”.

I.4.2. Sobre el restablecimiento del derecho

45. Sostuvo que en ocasiones, al ser materialmente imposible el restablecimiento del
derecho, es procedente la reparación de los daños ocasionados, mediante la
indemnización de los perjuicios derivados de la ilicitud del acto administrativo.

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“[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan
otras disposiciones. […]”.

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46. Señaló que en este caso el restablecimiento del derecho solicitado se orientó a
que se regrese la posesión del inmueble y en caso de no ser posible se ordene a la
demandada proveer un inmueble de iguales o similares características y que se
indemnice a la demandante por la suma de veinte millones de pesos M/cte.
($20.000.000,oo) por los daños ocasionados y se condene al pago de gastos de
arrendamiento o compraventa de un inmueble para el funcionamiento de la terminal.

47. Explicó que si bien el restablecimiento automático supone que Etrans Ltda.
regrese al inmueble, se encontraba probado que en dicho terreno se inició la
construcción del “megacolegio”, lo que hace imposible devolver a la demandante la
posesión del mismo predio e indicó que “[…] mal haría esta Corporación en ordenar
al Distrito de Cartagena que provea a Etrans Ltda. la posesión de un bien inmueble
de iguales o similares características del que fue despojado mientras se surta el
proceso ordinario civil que correspondía para que el Distrito de Cartagena lograra la
restitución en debida forma del bien ubicado en el barrio el Nazareno, puesto que,
el objeto de dicho proceso el cual sería desalojar a Etrans del bien fiscal en cuestión
ya se cumplió, luego entonces no habría orden que dar en el mismo. […]”.

48. Esgrimió que al ser materialmente imposible ordenar un restablecimiento del
derecho en la forma en que fue solicitada, consideró que lo procedente era ordenar
una indemnización, por lo que condenó a la parte demandada a pagar a la
demandante la suma de dieciséis millones setecientos veintitrés mil ochocientos
ochenta pesos M/cte. ($16.723.880,oo) por concepto de daño emergente, como
consecuencia de la destrucción o demolición de la edificación que Etrans Ltda.
había levantado en el inmueble del que fue desalojado y con fundamento en algunas
facturas, recibos y comprobantes de egresos aportados como prueba.

49. Añadió que no es procedente condenar a la demandada a restituir a Etrans Ltda.
lo que hubiere gastado por concepto de arrendamiento o compraventa de un bien
inmueble para operar las rutas urbanas porque de hacerlo se desconocería que el
inmueble era un bien fiscal de propiedad del Distrito, que conservaba su derecho a
la restitución y se daría por cierto que el demandante tenía derecho a prescribir el
bien inmueble del que fue desalojado, aspecto que debe ser dilucidado por el juez
competente y que, en criterio del tribunal, escapa del objeto de estudio de esta
jurisdicción.

50. Por último, el tribunal condenó en costas a la demandada, ordenó su liquidación
por secretaría del tribunal y fijó agencias en derecho por la suma de dos millones
quinientos mil pesos M/cte. ($2.500.000,oo), equivalentes al 0.5% de las
pretensiones de la demanda.

I.5. Los recursos de apelación

51. Las partes demandante y demandada interpusieron recursos de apelación contra
la sentencia proferida por el tribunal en primera instancia, conforme se indica a
continuación.

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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00074-01
Demandante: Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda.

I.5.1. Recurso de apelación del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias10

52. Solicitó que se revoque la sentencia proferida por el tribunal y en consecuencia
se declare la legalidad de los actos acusados.

53. Argumentó que el tribunal debió analizar la forma en que ha evolucionado el
concepto de espacio público y que dicho análisis permitiría comprender que si bien
el inmueble objeto de estudio tenía la condición de bien fiscal, este se encontraba
destinado al uso colectivo como bien social en la medida en que en él se pretendía
la construcción de un megacolegio. En consecuencia, la restitución del inmueble
era necesaria para el desarrollo de la obra.

54. Esgrimió que los bienes fiscales pueden ser de uso público conforme lo
establece la Ley 9 de 198911 y que es claro que tienen un carácter de
imprescriptibles. Agregó que no es procedente iniciar un proceso de pertenencia ni
uno reivindicatorio contra esta clase de bienes porque así lo establece el numeral
4. del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil y porque sería inane ante la
característica de imprescriptibilidad de esa clase de bienes.

55. Reiteró que ante la ausencia de una norma aplicable al trámite de restitución de
los bienes fiscales era procedente acudir a lo previsto en el artículo 132 del Código
Nacional de Policía, en virtud del criterio interpretativo establecido en el artículo 8
de la Ley 153 de 1877, lo cual se fundamenta en algunas tesis doctrinarias.

56. Consecuencialmente y ante la prosperidad del argumento de apelación sobre la
legalidad de los actos y del procedimiento de restitución del inmueble ubicado en el
barrio Nazareno del Distrito de Cartagena, solicitó que se desestime la suma
reconocida por concepto de indemnización y afirmó en forma general que algunos
gastos no tienen soportes o se encuentran en copia simple y por ende no pueden
ser valorados.

57. Asimismo, solicitó que como consecuencia de la legalidad de los actos acusados
se revoquen las agencias en derecho y la condena en costas.

I.5.2. Recurso de apelación de Empresa Administradora de Rutas Urbanas de
Cartagena Ltda.12

58. Expuso que el recurso de apelación solamente se dirige contra lo que resultó
desfavorable a las pretensiones de la demanda, a saber: i) en cuanto no se ordenó
a título de restablecimiento del derecho que Etrans Ltda. retorne al predio del que
fue desalojada; y ii) que en caso de que no sea posible la restitución al inmueble,
que a Etrans Ltda. le sea entregado un inmueble de “[…] iguales o similares

10
Cfr. Folios 528 a 535 del cuaderno principal de primera instancia núm. 2.
11
En cuando establece lo siguiente: “[…] Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción
de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los intereses, .individuales de los habitantes
[…]”
12
Cfr. Folios 536 a 543 del cuaderno principal de primera instancia núm. 2.

11

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00074-01
Demandante: Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda.

características al que se le quito (sic), y para que en el funcione la terminal de
despacho de las rutas urbanas […]”.

59. Señaló que la sentencia negó las anteriores pretensiones alegando una
imposibilidad material de restablecimiento del derecho y la existencia de una
sustracción de materia fundamentada en la propiedad y dominio que tiene el Distrito
sobre el inmueble y que “[…] no tendría sentido el inicio de un “proceso ordinario
civil” con el que se pretendiera, por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias, la recuperación de lo que ya tiene en su poder. […]”.

60. Explicóque ante la declaratoria de nulidad, la consecuencia práctica es la
cesación de los efectos del acto administrativo y, en tal virtud, el acto administrativo
no puede ser tenido en cuenta como causa o fuente de situaciones jurídicas como
en este caso donde la restitución del inmueble al Distrito tuvo lugar por su ejecución.
Así las cosas, la nulidad persigue restablecer la situación jurídica que había antes
de la aparición del negocio jurídico o acto administrativo declarado nulo
judicialmente.

61. Agregó que ante la nulidad de los actos que permitieron el desalojo del inmueble
se debía ordenar que la demandante recuperara su situación jurídica anterior
respecto del inmueble mencionado, que no era otra que la posesión de este. No
impartir dicha orden implicaría que pese a la declaratoria de nulidad los efectos de
estos se mantengan en el tiempo bajo una convalidación judicial.

62. Explicó que el tribunal fundamentó su decisión en la imposibilidad de restitución
de la posesión del inmueble derivada de la construcción de un “megacolegio” lo que
en su criterio no se encuentra probado y agrega que dicha circunstancia no
comporta una imposibilidad material porque bien se podría proceder a la “[…]
destrucción de lo que haya construido en el inmueble que Etrans Ltda., poseía, y
para restituírselo a ésta […]”.

63. Argumentó que el Distrito debe deshacer lo construido en el inmueble y
reintegrar el predio a su poseedor en tanto ello es necesario para el ejercicio de la
usucapión a que tiene derecho para efectos de acceder a la prescripción adquisitiva
de incluso bienes fiscales.

I.6. Trámite del proceso en segunda instancia

64. En la audiencia de conciliación prevista en el artículo 192 de la Ley 1437,
realizada el 11 de diciembre de 201413 se concedieron, en el efecto suspensivo, los
recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada.

65. A través de autos de 3 de septiembre de 201514 y 5 de julio de 201615 se
admitieron los recursos y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y
al Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente, rindiera concepto.

13
Cfr. Folios 549 a 552 del cuaderno principal de primera instancia núm. 2.
14
Cfr. Folio 4 del cuaderno principal de segunda instancia.
15
Cfr. Folios 11 y 12 del cuaderno principal de segunda instancia.

12

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00074-01
Demandante: Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda.

66. La parte demandante16 presentó alegatos en los cuales reiteró los argumentos
expuestos en el proceso, en especial: i) que para la restitución de bienes fiscales no
es aplicable el artículo 132 del Código Nacional de Policía porque esta norma solo
es aplicable a los bienes de uso público; ii) que se configuró una falta de
competencia material y funcional de la demandada para expedir los actos acusados;
iii) que estaba probado que Etrans Ltda. ocupaba con ánimo de señor y dueño el
inmueble desde hacía más de 14 años; y iv) que esa poseisón le permitía usucapir
el inmueble en cuestión si el Distrito no le hubiere quitado la posesión.

67. Además de reiterar los argumentos expuestos en su recurso de apelación,
argumentó que no es intención de la demandante que se deshaga una obra civil
que acoge una población de alumnos, sino que se evalúe una compensación por
equivalencia que permita la entrega de un inmueble de iguales o similares
características o una suma de dinero equivalente al valor del inmueble del que fue
desalojado.

68. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias allegó escrito de alegatos17,
en el cual reiteró los argumentos de la alzada y explicó: i) que la sentencia de
primera instancia no estudió la evolución jurisprudencial y conceptual de los bienes
de uso público y fiscales; ii) que el inmueble objeto de estudio es de propiedad del
Distrito y por ende es inembargable, imprescriptible e inalienable en los términos de
los artículos 63 de la Constitución Política y 2559 del Código Civil; y iii) por sus
características de inembargable, imprescriptible e inalienable, no es procedente
discutir la titularidad del inmueble frente a particulares y por ende no tendría sentido
acudir a procesos civiles para la restitución de esta clase de bienes, lo cual vulnera
el numeral 4. del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil.

69. El Ministerio Público no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

70. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) los actos administrativos acusados; iii) los
problemas jurídicos; y iv) la solución a los problemas jurídicos.

II.1. Competencia de la Sala

71. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 150 de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201918, modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 202419, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

16
Cfr. Folios 17 a 34 del cuaderno principal de segunda instancia.
17
Cfr. Folios 35 a 40 del cuaderno principal de segunda instancia.
18
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
19
“[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los
artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.

13

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00074-01
Demandante: Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda.

II.2. Los actos administrativos demandados

72. La demanda va dirigida a cuestionar la legalidad de los actos administrativos
expedidos el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias – Alcaldía Local
Industrial y de la Bahía, dentro de la investigación administrativa de restitución de
espacio público y de bienes fiscales, por invasión de un predio de propiedad del
Distrito destinado a la construcción de un “megacolegio” en el barrio Nazareno de
Cartagena de Indias.

73. La parte resolutiva de la Resolución núm. 009 de 12 de junio de 201220 “[…] Por
la cual se ordena la restitución de un bien público fiscal […]”, es del siguiente tenor:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR a los señores de la Empresa de Transportes
ETRANS y/o PERSONAS INDETERMINADAS a restituir al Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias, el predio donde está la construcción levantada en
block y concreto, con subdivisiones espaciales interior, cubierta con lámina de
asbesto y cemento, con medidas 9,88 metros x 9.08 metros. Área total 89.71 mts2. A
las PERSONAS INDETERMINADAS a restituir al Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias el bien donde se construyó un cambuche y/o enramada de área
2.77 x 4.00 metros para un área total de 11,8 mts2. A las Señoras EMILSE JULIO
COLON, DENIS ORDOÑEZ BRU y/o personas indeterminadas a restituir al Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias el predio donde se construyó una
enramada de madera, zinc y plástico de área 2,80 x 4.70 mts área total de 13,16 mts2.
A la señora MARGARITA NURIS CASARUBIA y/o personas indeterminadas a restituir
al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias el predio donde se construyó
una enramada de madera, zinc y plástico de área 8.00 x 4.00 mts para n área total
32,00 mts2. A los señores HUGO CASSERES ROJAS y/o personas indeterminadas
a restituir al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias el predio donde se
construyo (sic) una obra civil levantada en bloc de concreto, fundida viga de anillo,
fundida cimentación y hay una vivienda donde funciona un Restaurante de área 5.64
x 3.65 = 20.586 mts mas (sic) 9.27 x 5.50 mts = 50.985 mts; para tal fin se les concede
un término de cinco (5) días contados a partir de su ejecutoria de esta providencia,
para que la restituyan voluntariamente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se le comunica a los señores EMPRESA DE
TRANSPORTES ETRANS, PERSONAS INDETERMINADAS, EMILSE JULIO
COLON, DENIS ORDOÑEZ BRU, MARGARITA NURIS CASARUBIA, HUGO
CASSERES ROJAS y/o_ (sic) demás personas indeterminadas, que en caso no (sic)
acatar la orden impuesta en el numeral anterior, en firme la providencia, el despacho
procederá a ejecutar lo ordenado en la presente resolución de conformidad con los
artículos 64 y 65 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: En caso de hacerse necesario la ejecución de lo ordenado
en este acto administrativo, las personas relacionadas en los artículos anteriores se
hacen acreedores a una sanción pecuniaria de cinco (5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición que deberá ser interpuesto y sustentado ante este mismo despacho, dentro
de los cinco días hábiles siguientes a su notificación.

[…]”. (Negrilla del texto).

20
Cfr. Folios 51 a 55 del cuaderno anexo núm. 1 de antecedentes administrativos.

14

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00074-01
Demandante: Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda.

74. A su vez, la parte resolutiva de la Resolución núm. 023 de 11 de julio de 201221
“[…] Por medio del cual se resuelve recurso de reposición de un bien fiscal […]”, es
del siguiente tenor:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la resolución número
009 del 12 de junio de 2.012. (sic) La cual ordena la restitución de un bien fiscal
al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena por parte de los señores HUGO
CACERES ROJAS, EMPRESA ADMINISTRADORA DE RUTAS DE CARTAGENA
LTDA (ETRANS) representada legalmente por la señora MARTHA JOSEFINA
ARRIETA SANABRIA, EMILSE JULIO COLON, DENIS ORDOÑEZ BRU,
PERSONAS INDETERMINADAS, MARGARITA NURIS CASARUBIA Y/O
PERSONAS INDETERMINADAS. Las medidas y áreas a restituir se encuentran
determinadas en (sic) artículo primero del resuelve de la resolución recurrida.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso
alguno quedando agotada de esta manera la vía gubernativa. Por lo tanto una
vez en firme se practicara (sic) la diligencia por parte de la Alcaldía Local
Industrial y de la Bahía a fin de ejecutar lo ordenado en la resolución 009 del 12
de junio de 2.012.- (sic)

[…]”. (Negrilla del texto).

II.3. Los problemas jurídicos

75. La Sala, de acuerdo con lo establecido en los artículos 32022 y 32823 de la Ley
1564 de 12 de julio de 201224 y atendiendo los argumentos planteados en los
recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada,
considera que los problemas jurídicos que deben resolverse tienen como finalidad
establecer los siguientes aspectos:

75.1. Si a los procesos administrativos de restitución de bienes fiscales les es
aplicable o no el procedimiento previsto en el artículo 132 del Decreto Ley 1355 de
1970 y, en consecuencia, si las resoluciones núms. 009 de 12 de junio de 2012 y
023 de 11 de julio de 2012 expedidas por la Alcaldía de la Localidad Industrial y de
la Bahía del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, mediante las cuales
se ordenó a la Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda. la
restitución de un bien fiscal de propiedad del Distrito en el barrio Nazareno, se
expidieron sin competencia y con infracción de las normas en que debían fundarse.

75.2. Si se debe modificar, revocar o confirmar la sentencia de primera instancia de
12 de noviembre de 2014 proferida por la Sala de Decisión núm. 004 de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Bolívar, en cuanto al restablecimiento del derecho y
la condena en costas.

21
Cfr. Folios 93 a 99 del cuaderno anexo núm. 1 de antecedentes administrativos.
22
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 […]”.
23
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]”.
24
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

15

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00074-01
Demandante: Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda.

II.4. La solución a los problemas jurídicos

76. Para efectos de determinar si a los procesos administrativos de restitución de
bienes fiscales les es aplicable el procedimiento previsto en el artículo 132 del
Decreto Ley 1355 de 1970, la Sala considera lo siguiente.

77. El artículo 674 de la Ley 84 de 26 de mayo de 1873 -Código Civil- establece que
se denomina “[…] bienes de la Unión […]” a aquellos cuyo dominio pertenece a la
República y se establece que estos pueden ser: i) bienes de uso público, también
denominados “[…] bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio
[…]”25; y ii) “[…] bienes de la Unión o bienes fiscales […]”26.

78. Los bienes públicos o de propiedad pública se clasifican entonces en bienes de
uso público y los bienes fiscales.

79. Esta Sección en la sentencia de 15 de marzo de 2018 explicó que “[…] aunque
esta categorización sigue vigente, después de la Constitución Política de 1991 la
misma resultaría insuficiente de cara a otras modalidades de bienes públicos que,
por la singularidad de sus características, no siempre resulta sencillo encuadrar en
las conceptualizaciones tradicionales, como ocurre por ejemplo con el patrimonio
histórico y cultural y el segmento del espectro electromagnético […]”27.

80. Sin embargo y contrario a lo manifestado por la parte demandada en su recurso
de apelación, se aclaró que dicha clasificación no implica la desaparición de las
categorías tradicionales previstas en el artículo 674 del Código Civil, sino la
incorporación de estas dentro de un espectro más amplio, en virtud del cual la
noción de bienes públicos “[…] no se agota en los bienes de uso público y en los
fiscales, ni se define por un factor normativo, sino por la disposición y afectación del
bien, de suerte que el grado de disposición es el que determina el régimen jurídico
con miras a concluir si un bien específico está o no dentro del comercio y las
consecuencias respectivas […]”.

81. El Consejo de Estado en sentencia de 16 de febrero de 2001, explicó que las
características de los bienes de uso público son las siguientes:

“[…] 1° Son bienes de dominio público que se caracterizan por su afectación a una
finalidad pública, porque su uso y goce pertenecen a la comunidad, por motivos de
interés general (art. 1° Superior).

2° El titular del derecho de dominio es la Nación y, en general, las entidades estatales
correspondientes ejercen facultades especiales de administración, protección, control
y de policía.

3° Se encuentran determinados por la Constitución o por la ley (art. 63 Superior).

25
“[…] su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos […]”.
26
“[…] Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes […]”.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 15 de marzo de 2018. Radicado
núm. 05001-2331-000-2006-03673-01. C.P. doctor Oswaldo Giraldo López. Dicha providencia se fundamentó en el criterio de
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Concejo de Estado contenido en el concepto núm. 2154. Radicado núm. 11001-03-
06-000-2013-00364-00. C.P. doctor Álvaro Namén Vargas.

16

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00074-01
Demandante: Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda.

4° Están sujetos a un régimen jurídico por virtud del cual gozan de privilegios tales
como la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, que los colocan por
fuera del comercio. […]”28.

82. Partiendo de lo anterior, esta Sección estableció el concepto de los bienes de
uso público, al indicar que son aquellos cuya titularidad pertenece al Estado, están
sometidos al régimen de derecho público y sobre ellos el Estado ejerce derechos
de administración y de policía, con miras a garantizar y proteger su uso y goce
común, por motivos de interés general29.

83. Con el fin de proteger los bienes de uso público y asegurar el destino asignado a
ellos, el artículo 6330 de la Constitución Política les ha revestido de las siguientes
características: i) la inalienabilidad31, que implica que los mismos se encuentren
fuera del comercio y por ende no se pueden negociar; ii) la inembargabilidad32, que
impide que pueden ser objeto material de medidas cautelares en procesos
judiciales; y iii) la imprescriptibilidad33, característica que apunta a que no sean
susceptibles de adquirir por usucapión.

84. En relación con esta clase de bienes, el artículo 82 de la Constitución Política
establece que es deber del Estado velar por la protección de la integridad del
espacio público34 y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el
interés particular; y, en ese orden, como mecanismo de protección de los bienes de
uso público el artículo 132 del Decreto Ley 1355 de 197035 establecía lo siguiente:

“[…] ARTICULO 132. Cuando se trate de restitución de bienes de uso público,
como vías públicas urbanas o rurales o zona para el caso de trenes, los
alcaldes, una vez establecido, por los medios que estén a su alcance, el carácter
de uso público de la zona o vía ocupada, procederán a dictar la correspondiente
resolución de restitución que deberá cumplirse en un plazo no mayor de treinta
días. Contra esta resolución procede recurso de reposición […]”. (Negrilla fuera de
texto).

85. Dicha norma fue objeto de estudio por la Corte Constitucional que en sentencia
C-643 de 1999 explicó lo siguiente:

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 16 de febrero de 2001. Radicado
núm. 16596. C.P. doctor Alier Eduardo Hernández Enriquez.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 15 de marzo de 2018. Radicado
núm. 05001-2331-000-2006-03673-01. C.P. doctor Oswaldo Giraldo López.
30
Constitución Política. Artículo 63: “[…] Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos
étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son
inalienables, imprescriptibles e inembargables. […]”.
31
La Corte Constitucional en sentencia T-566 de 1992 explicó que la característica de inalienable de los bienes de uso público
“[…] significa que no se pueden negociar, esto es, vender, donar, permutar, etc. […]”
32
La Corte Constitucional en sentencia T-566 de 1992 explicó que la característica de inembargable de los bienes de uso
público “[…] se desprende de la anterior, pues los bienes de las entidades administrativas no pueden ser objeto de
gravámenes hipotecarios, embargos o apremios. […]”.
33
La Corte Constitucional en sentencia T-566 de 1992 explicó en relación con la característica de imprescriptible de los bienes
de uso público, que “[…] la defensa de la integridad del dominio público frente a usurpaciones de los particulares, que,
aplicándoles el régimen común, terminarían por imponerse por el transcurso del tiempo, se ha intentado encontrar, en todas
las épocas, con la formulación del dogma de la imprescriptibilidad de tales bienes. Es contrario a la lógica que bienes que
están destinados al uso público de los habitantes puedan ser asiento de derechos privados, es decir, que al lado del uso
público pueda prosperar la propiedad particular de alguno o algunos de los asociados. […]”.
34
Dentro del cual la normativa ha incluido a los bienes de uso público como integrantes del espacio público. Al respecto, ver
el artículo 5 de la Ley 9 de 11 de enero de 1989 “[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal,
compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones. […]”. Asimismo, el artículo 3 del Decreto 1504 de 4 de
agosto de 1998 “[…] Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial. […]”.
35
Norma vigente para la época de los hechos. El Decreto Ley 1355 de 1970 fue derogado por el artículo 242 de la Ley 1801.

17

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00074-01
Demandante: Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda.

“[…] Restitución de bienes de uso público y autonomía local.

7- La norma parcialmente acusada faculta al alcalde a recuperar bienes de uso
público, por medio de una resolución que debe ser cumplida en un plazo no mayor de
treinta días. Esta disposición debe entonces ser interpretada tomando en cuenta otras
definiciones legales que sirven para precisar su alcance, Así, la Ley 9ª de 1989 (arts.
5º y 9º) sobre reforma urbana estableció que los bienes del Estado destinados al
uso público hacen parte del concepto general de espacio público, señalando
que es el "conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y
naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza y por su uso
o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que
trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los
habitantes”. La jurisprudencia de la Corte, en su oportunidad, ha reconocido
como elementos que integran el concepto de espacio público, los siguientes:
vías públicas, como por ejemplo las calles, plaza, puentes y caminos; parques
y zonas verdes; andenes o demás espacios peatonales; las fuentes agua, y las
vías fluviales que no son objeto de dominio privado; las áreas necesarias para
la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos o para la
instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en
todas sus expresiones; las áreas para la preservación de las obras de interés
público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y
artísticos, para la conservación y preservación del paisaje; los elementos
naturales del entorno de la ciudad; lo necesarios para la preservación y
conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así
como la de sus elementos vegetativos, arenas y corales; en general, todas las
zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea
manifiesto y conveniente y que constituyen por consiguiente zonas para el uso
o el disfrute colectivo.

Conforme a lo anterior, el artículo 132 del Código de Policía autoriza al alcalde a
restituir al uso público esos bienes, como una medida general para proteger el
espacio público municipal. […]”. (Negrilla fuera de texto).

86. Loanterior permite concluir que, en criterio de la Corte Constitucional, el
procedimiento de restitución previsto en el artículo 132 del Decreto Ley 1355 de
1970 otorga al respectivo alcalde la competencia para restituir el uso público de los
bienes de uso público, como un concepto integrante del espacio público.

87. Ahora bien, en la categoría tradicional de bienes públicos existe otra clase de
bienes de propiedad pública que ostentan un tratamiento diferente a los
anteriormente señalados y que se denominan bienes fiscales.

88. Los bienes fiscales, también conocidos como bienes del pleno dominio fiscal de
los entes públicos, “[…] son aquellos que pertenecen a las entidades públicas y que,
por regla general, están destinados a servir como instrumentos materiales para el
ejercicio de funciones públicas o para la prestación de servicios a cargo de las
entidades estatales, no siendo su uso, goce y disfrute de todos los habitantes del
territorio […]”36.

89. En la sentencia anteriormente indicada, se indicó que los bienes fiscales son

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 15 de marzo de 2018. Radicado
núm. 05001-2331-000-2006-03673-01. C.P. doctor Oswaldo Giraldo López. Reiterado por la Sección Primera del Consejo de
Estado en providencia de 3 de mayo de 2019. Radicado 70001-23-33-000-2017-00201-01.

18

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00074-01
Demandante: Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda.

objeto de toda clase de actos jurídicos y respecto de estos las entidades tienen tanto
derechos reales como personales.

90. Se explicó lo siguiente:

“[…] Los bienes fiscales son aquellos que pertenecen a una persona jurídica de
derecho público de cualquier naturaleza que por regla general están destinados
a servir como instrumentos materiales para el ejercicio de funciones públicas o
para la prestación de servicios a cargo de las entidades estatales, y el Estado los
posee y los administra de conformidad con el régimen jurídico que prevea el
derecho común […]”. (Negrilla fuera de texto).

91. Resalta entonces la diferencia entre las dos categorías tradicionales de bienes
públicos. Mientras los bienes de uso público se caracterizan por su afectación al
interés general de conformidad con la Constitución Política y la ley y se destinan al
uso directo o indirecto en favor de la colectividad, los segundos -bienes fiscales- son
objeto de dominio fiscal de los entes públicos y están destinados a servir como
instrumentos materiales para el ejercicio de funciones públicas o para la prestación
de servicios públicos37.

92. Las diferencias anteriormente indicadas permitieron a la Sección Primera del
Consejo de Estado concluir en auto de 3 de mayo de 201938 que “[…] por el solo
hecho de que un bien sea de propiedad pública no implica que proceda su
restitución como bien de uso público ni que en todos los casos se posea o
administre con el régimen jurídico que prevea el derecho común, toda vez que
será necesario precisar a qué categoría de los bienes de propiedad pública
corresponde, incluyendo este tanto a los bienes fiscales como a los bienes de uso
público. […]”. (Negrilla fuera de texto).

93. En otras palabras, es necesario determinar el tipo de bien público o de propiedad
pública para efectos de determinar el procedimiento de restitución, en tanto unos
son los mecanismos aplicables a los bienes de uso público y otros a los bienes
fiscales que se poseen y administran por el estado con fundamento en el régimen
jurídico de derecho común.

94. El Consejo de Estado en su Sala de Consulta y Servicio Civil, que en el Concepto
núm. 745 de 29 de noviembre de 199539 explicó que para efectos de determinar las
acciones tendientes a proteger o recuperar bienes del Estado se debía diferenciar
entre los bienes de uso público y los bienes fiscales. En tal sentido se consideró lo
siguiente:

“[…] Específicamente para los bienes de uso público, el Código Nacional de Policía o
Decreto - ley 1355 de 1970, establece una acción restitutoria que se ejerce ante los
alcaldes, quienes, en ejercicio de la función de policía, procederán a dictar la

37
La Corte Constitucional en sentencia SU-360 de 19 de mayo de 1999 lo explicó de la siguiente forma: “[…] En otras palabras,
lo que caracteriza a los bienes que integran el espacio público, es su afectación al interés general y su destinación al uso
directo o indirecto en favor de la colectividad, razón por la cual no pueden formar parte de esta categoría, aquellos bienes
que son objeto de dominio privado de conformidad con lo establecido por la ley, ni aquellos que son del pleno dominio fiscal
de los entes públicos, (bienes “privados” del Estado) […]”.
38
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación núm. 70001-23-33-000-2017-
00201-01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
39
C.P. doctor Javier Henao Hidrón.

19

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00074-01
Demandante: Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda.

correspondiente resolución que deberá cumplirse en un plazo no mayor de treinta
días; contra la misma procede el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación
para ante el gobernador (ibídem, art. 132). Esta acción de amparo respecto de los
bienes de uso público, tiene, desde luego, antecedentes en diversas normas de orden
constitucional y legal. Entre las primeras es pertinente mencionar los artículos 4º, 30
y 183 de la Carta Política de 1886 y entre las segundas, el artículo 208 de la Ley 4ª
de 1913, reglamentado por el Decreto 640 de 1973; de conformidad con este decreto,
"es un deber de los alcaldes y gobernadores proceder de oficio, inmediatamente que
tengan conocimiento de la ocupación que, en cualquier tiempo, se haya hecho de
zonas de vías públicas, urbanas o rurales, a dictar las providencias conducentes a la
correspondiente restitución" (art. 5º), disposición que es aplicable también "En el caso
de restitución de los demás bienes de uso público" (ibídem, art. 7º). Por lo demás, el
Código de Régimen Municipal expedido mediante el Decreto 1333 de 1986 dispone
que toda ocupación permanente de las vías, puentes y acueductos públicos es
atentatorio de los derechos del común, y los que en ellos tengan parte serán obligados
a restituir, en cualquier tiempo que sea, la parte ocupada y un tanto más de su valor,
además de los daños y perjuicios de que puedan ser responsables (ibídem, art. 170
inciso segundo), y asigna al personero la atribución de "demandar de las autoridades
competentes las medidas de policía necesarias para impedir la perturbación y
ocupación de los bienes fiscales y de uso público" (ibídem, art. 139, regla 7ª).

[…]

En relación con los bienes fiscales, si bien la ley les otorgó desde 1971 el
carácter de imprescriptibles, coetánea o subsiguientemente no estableció un
procedimiento especial para su protección y eventual restitución, ni remitió
tampoco al trámite dispuesto para los bienes de uso público. Por ello la entidad
estatal, propietaria de bienes que por estar afectados a la prestación de un
servicio público son considerados como fiscales o patrimoniales, deberá acudir
a los medios ordinarios que brinda la ley para la defensa, protección o
restitución de la propiedad privada. Las acciones serán entonces de carácter
policivo o judicial. En este último caso habrá que estudiar la procedencia de
acciones tales como la posesoria, la reivindicatoria, y la de tenencia.

Las acciones policivas encaminadas a proteger la posesión o tenencia son la acción
por perturbación y la acción por despojo. La primera, a que se refiere el libro II,
capítulo V del Código Nacional de Policía, sin establecer un procedimiento, se rige
por las disposiciones nacionales sobre la materia y, en los aspectos que éstas no
contemplen, por lo señalado en los códigos departamentales de policía; tal es la
interpretación que ha hecho esta Sala con fundamento en el artículo 187 - 9 de la
Constitución de 1886, correspondiente al artículo 300 - 8 de la Constitución vigente
(Consulta No. 1119 de 7 de febrero de 1977). En la segunda, o querella de
restablecimiento o despojo violento, el derecho prescribe en seis meses (C. C., art.
984) y es menester distinguir si se trata de un predio urbano, caso en el cual se acude
al procedimiento de lanzamiento por ocupación de hecho, señalado en la Ley 57 de
1905 y su Decreto Reglamentario 992 de 1930, o de un predio rural, evento en que
rige lo dispuesto en el Decreto - ley 2303 de 1989 sobre jurisdicción agraria (art. 2º
numeral 10). En todo caso, la policía sólo puede intervenir para evitar que se perturbe
el derecho de posesión o mera tenencia que alguien tenga sobre un bien, y en el caso
de que se haya violado ese derecho, para restablecer y preservar la situación que
existía en el momento en que se produjo la perturbación, conforme al artículo 125 del
citado Código. Por tanto, las medidas de policía para proteger la posesión y tenencia
se mantendrán mientras el juez no decida otra cosa (ibídem, art. 127).

Las acciones de protección jurisdiccional son aquellas que la ley otorga al dueño o
poseedor para defenderse de temores fundados, perturbaciones o despojo de
terceros y que se adelantan, vencido el término de prescripción establecido para las
acciones policivas, ante los órganos judiciales competentes. […]”. (Negrilla fuera de
texto).

20

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00074-01
Demandante: Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda.

95. En relación con los bienes de uso público, el Decreto Ley 1355 de 1970 establece
en su artículo 132 la acción restitutoria que se ejerce ante los alcaldes, quienes, en
ejercicio de la función de policía, procederán a dictar la correspondiente resolución
para la protección de esta clase de bienes. Asimismo, la acción popular se
constituye en un mecanismo judicial idóneo para la protección de los bienes de uso
público en tanto los literales d) y e) del artículo 4.° de la Ley 472 de 5 de agosto de
199840 establecen como derechos e intereses colectivos susceptibles de protección
los relativos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de
uso público y la defensa del patrimonio público.

96. Respecto de los bienes fiscales se explicó que, si bien tienen el carácter de
imprescriptibles, la normativa no estableció un procedimiento especial para su
protección y eventual restitución, “[…] ni remitió tampoco al trámite dispuesto para
los bienes de uso público […]”.

97. Por ello, la entidad estatal propietaria de bienes que por estar afectados a la
prestación de un servicio público son considerados como fiscales o patrimoniales,
deberá acudir a los medios ordinarios que brinda la ley para la defensa, protección
o restitución de la propiedad privada.

98. Lo anterior se explica, como lo indicó la Sección Primera de la Corporación en la
sentencia de 15 de marzo de 201841, en que los bienes fiscales pertenecen al
Estado y su destinación real o potencial se orienta al ejercicio de la función pública
o a la prestación de servicios públicos y aunque se encuentran dotados de la
prerrogativa de imprescriptibilidad y su destinación debe responder al bien común y
a intereses generales, por regla general el “[…] Estado los posee y los administra
de conformidad con el régimen jurídico que prevea el derecho común […]” y, en
consecuencia, pueden ser objeto de diferentes negocios jurídicos en relación con
los cuales no sería aplicable el procedimiento de restitución previsto para los bienes
de uso público en el artículo 132 tantas veces mencionado.

99. Las acciones orientadas a la restitución de los bienes fiscales, para el caso
concreto, serán entonces de carácter policivo por perturbación o por despojo42 y en
caso de prescripción de estas correspondería a la autoridad acudir a las vías
judiciales43, resaltando en relación con la última las acciones posesorias44, la

40
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las
acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. […]”.
41
Radicación núm. 05001-2331-000-2006-03673-01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
42
Indicó el Consejo de Estado lo siguiente: “[…] Las acciones policivas encaminadas a proteger la posesión o tenencia son
la acción por perturbación y la acción por despojo. La primera, a que se refiere el libro II, capítulo V del Código Nacional de
Policía, sin establecer un procedimiento, se rige por las disposiciones nacionales sobre la materia y, en los aspectos que
éstas no contemplen, por lo señalado en los códigos departamentales de policía; tal es la interpretación que ha hecho esta
Sala con fundamento en el artículo 187 - 9 de la Constitución de 1886, correspondiente al artículo 300 - 8 de la Constitución
vigente (Consulta No. 1119 de 7 de febrero de 1977). En la segunda, o querella de restablecimiento o despojo violento, el
derecho prescribe en seis meses (C. C., art. 984) y es menester distinguir si se trata de un predio urbano, caso en el cual se
acude al procedimiento de lanzamiento por ocupación de hecho, señalado en la Ley 57 de 1905 y su Decreto Reglamentario
992 de 1930, o de un predio rural, evento en que rige lo dispuesto en el Decreto - ley 2303 de 1989 sobre jurisdicción agraria
(art. 2º numeral 10). […]”.
43
Indicó el Consejo de Estado lo siguiente: “[…] Las acciones de protección jurisdiccional son aquellas que la ley otorga al
dueño o poseedor para defenderse de temores fundados, perturbaciones o despojo de terceros y que se adelantan, vencido
el término de prescripción establecido para las acciones policivas, ante los órganos judiciales competentes. […]”.
44
Indicó el Consejo de Estado lo siguiente: “[…] En las acciones posesorias, cuyo objeto consiste en conservar o recuperar
la posesión de bienes raíces, o de derechos reales constituidos en ellos (C. C., art. 972), el demandante deberá demostrar
el hecho de la posesión que alegue e interponer la respectiva demanda dentro del año, contado desde el acto de molestia

21

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00074-01
Demandante: Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda.

reivindicatoria45 y la de tenencia46.

100. Teniendo en cuenta que el mecanismo de restitución de bienes públicos previsto
en el artículo 132 del Decreto Ley 1355 de 1970 solamente es aplicable en relación
con los bienes de uso público y la competencia se encuentra a cargo del respetivo
alcalde como una medida general para proteger el espacio público municipal y que,
por el contrario, tratándose de bienes fiscales, inicialmente procederán las acciones
policivas por perturbación o por despojo, según el caso y con posterioridad, una vez
transcurrido el término de prescripción que la ley establece para el ejercicio de
aquéllas, la autoridad competente deberá acudir ante las autoridades judiciales, la
Sala considera que no son de recibo los argumentos expuestos en el recurso de
apelación por la parte demandada.

101. En el caso concreto se encuentra probada la propiedad del Distrito47 sobre el
inmueble que fue objeto de restitución en cumplimiento de los actos administrativos
acusados. Adicionalmente, no se controvierte la condición de bien fiscal de dicho
inmueble para la fecha de expedición de dichos actos.

102. Se encuentra probado que parte del inmueble objeto de los actos acusados se
encontraba en posesión de la Empresa Administradora de Rutas Urbanas de
Cartagena Ltda. y que la orden de restitución en relación con esta se limitó conforme
con el artículo primero, a “[…] ORDENAR a los señores de la Empresa de
Transportes ETRANS y/o PERSONAS INDETERMINADAS a restituir al Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el predio donde está la construcción
levantada en block y concreto, con subdivisiones espaciales interior, cubierta con
lámina de asbesto y cemento, con medidas 9,88 metros x 9.08 metros. Área total
89.71 mts2. […]”. (Negrilla fuera de texto).

103. Asimismo, se encuentra probado que los actos acusados, a saber, la Resolución
núm. 009 de 12 de junio de 201248 “[…] Por la cual se ordena la restitución de un
bien público fiscal […]” y la Resolución núm. 023 de 11 de julio de 201249 “[…] Por
medio del cual se resuelve recurso de reposición de un bien fiscal […]”, ordenaron
la restitución del precitado bien inmueble de carácter fiscal aplicando el

inferido a ella o de su pérdida (C.C., art. 976). No son susceptibles de interponerse respecto de las cosas que no pueden
ganarse por prescripción, como las servidumbres inaparentes o discontinuas (C.C., art. 973), los bienes de uso público y
los bienes fiscales. […]”. (Negrilla fuera de texto).
45
Indicó el Consejo de Estado lo siguiente: “[…] La acción reivindicatoria o acción de dominio es la que tiene el dueño de una
cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela (C.C., art. 946). Exige
derecho de dominio en el demandante y posesión material en el demandado y es, por tanto, una acción primordialmente
protectora del dominio, que ampara a bienes inmuebles y muebles; aunque también podrá intentarse contra el que poseía de
mala fe y por hecho o culpa suya ha dejado de poseer, como si actualmente poseyese (ibídem, art. 957). El poseedor tiene
derecho a que se le reembolse lo que haya gastado en repararla y mejorarla (ibídem, art. 947). […]”.
46
Indicó el Consejo de Estado lo siguiente: “[…] Finalmente, el Código de Procedimiento Civil sujeta al trámite y decisión del
proceso abreviado, los asuntos de restitución de tenencia a cualquier título y el reconocimiento de las indemnizaciones a que
haya lugar (ibídem, art. 408 - 10), distinguiendo más adelante entre la restitución de predios rurales (ibídem, art. 425) y otros
procesos de restitución de tenencia (ibídem, art. 426); entre estos últimos menciona "cualquier clase de bienes dados en
tenencia a título distinto de arrendamiento". […]”.
47
Cfr. Folio 42 del cuaderno anexo de antecedentes administrativos. Copia del Certificado de tradición inmobiliaria en el que
consta que el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 060-244729 fue adquirido por el Distrito en el marco de una
compraventa realizada a Alvarez y Collins S.A.
48
Cfr. Folios 51 a 55 del cuaderno anexo núm. 1 de antecedentes administrativos.
49
Cfr. Folios 93 a 99 del cuaderno anexo núm. 1 de antecedentes administrativos.

22

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00074-01
Demandante: Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda.

procedimiento previsto en el artículo 13250 del Decreto Ley 1355 de 197051, el cual
se reitera, es aplicable a los “[…] bienes de uso público, como vías públicas urbanas
o rurales o zona para el caso de trenes […]”, establece una competencia a cargo
del respectivo alcalde y requiere en los términos de la norma establecer en forma
previa “[…] por los medios que estén a su alcance, el carácter de uso público de la
zona o vía ocupada […]”.

104. Para la Sala no es de recibo el argumento de la parte demandada relativo a que
era procedente la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 132 ibidem
para la restitución de bienes fiscales en aplicación de lo establecido el artículo 8 de
la Ley 153 de 1877 porque, como se explicó anteriormente: i) el artículo 132 del
Decreto Ley 1355 de 1970 es claro en torno a que se aplica exclusivamente en
relación con los bienes de uso público; ii) no existe una norma jurídica que
establezca en forma expresa la remisión del procedimiento de restitución previsto
en el artículo 132 al trámite de restitución de los bienes fiscales; iii) la naturaleza,
finalidad y tratamiento de los bienes de uso público y de los bienes fiscales es
diferente y explica la protección reforzada y célere prevista para los bienes de uso
público como integrantes del espacio público en el artículo 132 del Decreto Ley 1355
de 1970; y iv) no existe un vacío normativo en torno a la restitución de los bienes
fiscales si se tiene en cuenta que, se reitera, por regla general el “[…] Estado los
posee y los administra de conformidad con el régimen jurídico que prevea el derecho
común […]” y por ende los mecanismos para su restitución, para el caso concreto,
son los desarrollados anteriormente.

105. Por todo lo anterior, el argumento de apelación propuesto por el Distrito Turístico
y Cultural de Cartagena de Indias contra la sentencia de 12 de noviembre de 2014,
proferida por la Sala de Decisión núm. 004 de Oralidad del Tribunal Administrativo
de Bolívar, no tiene vocación de prosperidad y, en consecuencia, se confirmará el
ordinal primero en cuanto declaró la nulidad de los actos acusados.

106. Ahora bien, la parte demandante expuso que el recurso de apelación solamente
se dirige contra lo que resultó desfavorable a las pretensiones de la demanda.

107. En especial, cuestiona que no se ordenó a título de restablecimiento del
derecho que Etrans Ltda. retorne al predio del que fue desalojada o que, en caso
de no acceder al restablecimiento de la posesión le sea entregado un inmueble de
“[…] iguales o similares características al que se le quitó, y para que en él funcione
la terminal de despacho de las rutas urbanas […]”.

108. A su turno, la parte demandada solicitó en forma general que ante la legalidad
de los actos acusados y del procedimiento de restitución del inmueble ubicado en
el barrio Nazareno del Distrito de Cartagena, se desestime la suma reconocida por
concepto de indemnización. Afirmó adicionalmente que algunos gastos no tienen

50
“[…] ARTICULO 132. Cuando se trate de restitución de bienes de uso público, como vías públicas urbanas o rurales o
zona para el caso de trenes, los alcaldes, una vez establecido, por los medios que estén a su alcance, el carácter de uso
público de la zona o vía ocupada, procederán a dictar la correspondiente resolución de restitución que deberá cumplirse en
un plazo no mayor de treinta días. Contra esta resolución procede recurso de reposición […]”.
51
Norma vigente para la época de los hechos. El Decreto Ley 1355 de 1970 fue derogado por el artículo 242 de la Ley 1801.

23

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00074-01
Demandante: Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda.

soportes o se encuentran en copia simple, por lo que solicitó que se revoquen las
agencias en derecho y la condena en costas.

109. Para resolver, la Sala precisa que el objeto del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en este caso concreto se limitó exclusivamente al
estudio de legalidad de los actos administrativos acusados en cuanto ordenaron la
restitución de un bien de carácter fiscal de propiedad del Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena de Indias, aplicando el procedimiento previsto para los bienes de uso
público, el cual se encontraba bajo posesión de la parte demandante, sin que sea
procedente, como lo explicó el tribunal de primera instancia, proceder al estudio o
determinación de otras situaciones que son competencia de la jurisdicción
ordinaria, como aquellos derechos que según señala la parte demandante se
desprenden de la posesión de más de 14 años sobre el inmueble.

110. En atención a que las pruebas aportadas al proceso dan cuenta de que el predio
es de propiedad del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y que se
restituyó la posesión del distrito sobre el referido predio para efectos de iniciar las
labores de construcción de un megacolegio y que adicionalmente se encuentra
acreditado que en el predio se inició la construcción de dicha obra, producto del
Convenio 19706052, lo cual es aceptado por la parte demandante, la Sala considera
conforme lo explicó el tribunal de primera instancia que no es procedente ordenar
a título de restablecimiento que se ordene la restitución de un inmueble que no es
de su propiedad, en el que se están ejecutando obras para la prestación de
servicios públicos.

111. Tampoco es procedente ordenar la entrega de un bien de similares
características del que fue desalojado porque el demandante ostentaba la posesión
del inmueble y no la propiedad de este.

112. Se reitera, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
los actos que ordenaron el desalojo del inmueble no se constituyen en el escenario
orientado a declarar la existencia de derechos que en criterio de la parte
demandante se derivaban de la posesión del inmueble, sino que el propósito en
este caso se limitó a determinar la legalidad de los actos administrativos que
ordenaron el desalojo de un bien fiscal aplicando el procedimiento establecido en
la ley para los bienes de uso público.

113. Ante dichas circunstancias y la configuración de un daño consumado derivado
de la ejecución de los actos acusados, lo procedente era ordenar la reparación a
título de daño emergente53 como en efecto lo dispuso el tribunal en la sentencia
apelada, lo cual no fue objeto de apelación por la parte demandante.

52
Cfr. Folios 395 a 404 del cuaderno principal núm. 2 de primera instancia. Asimismo, ver cuaderno anexo de antecedentes
administrativos, folios 1 a 41.
53
En la sentencia de primera instancia se reconoció a título de daño emergente una indemnización con ocasión de la
destrucción o demolición de las estructuras que había construido la parte demandante que, según el acto administrativo y las
actas aportadas como prueba, corresponden a “[…] la construcción levantada en block y concreto, con subdivisiones
espaciales interior, cubierta con lámina de asbesto y cemento, con medidas 9,88 metros x 9.08 metros. Área total 89.71 mts2.
[…]”. El monto indemnizatorio se estimó en la suma de dieciséis millones setecientos veintitrés mil ochocientos ochenta pesos
(16.723.880,oo) para la fecha en que se expidió la sentencia de primera instancia.

24

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00074-01
Demandante: Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda.

114. En relación con el argumento propuesto por la parte demandada en torno a que
se valoraron algunos documentos aportados en copia simple para efectos de
determinar el monto de reparación y la condena en costas, se resalta que la parte
demandada vinculó dicho argumento a la declaratoria de legalidad de los actos
acusados y en todo caso no argumentó a cuáles documentos se refería lo que
implica incumplimiento de la carga argumentativa.

115. En todo caso, los documentos aportados como prueba y que fundamentaron la
condena en costas no fueron tachados por las partes y, de conformidad con el
artículo 246 de la Ley 1564, tendrán el mismo valor probatorio del original, lo que
implica que el hecho de que los documentos obren en copia simple no constituye
un argumento suficiente para efectos de revocar la condena ordenada por el juez
de primera instancia.

116. Por lo expresado, la Sala confirmará la sentencia de 12 de noviembre de 2014
proferida por la Sala de Decisión núm. 004 de Oralidad del Tribunal Administrativo
de Bolívar.

117. Finalmente, se pone de presente que no se configuran los presupuestos
previstos en el artículo 188 de la Ley 1437 y en el artículo 365 de la Ley 1564, sobre
condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de noviembre de 2014 proferida por la
Sala de Decisión núm. 004 de Oralidad del Tribunal Administrativo de Bolívar.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

25

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00074-01
Demandante: Empresa Administradora de Rutas Urbanas de Cartagena Ltda.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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