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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2013-00112-02

Fecha
23 de febrero de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2013-00112-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: MODIFICAR la sentencia del 13 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda. PRIMERO. DECLARAR la caducidad de la acción respecto de las pretensiones de nulidad contra la Resolución n° 001116 de 17 de noviembre de 2005 –que tomó posesión para administrar los bienes y haberes de la Cooperativa Bolivarense de Suboficiales de las FFMM en retiro-COOABOLSURE. SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva. TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante. FIJAR las agencias en derecho en segunda instancia en la suma de dos millones seiscientos cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y tres pesos ($2.653.353) a favor de las demandadas y se dividirá en partes iguales. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-33-000-2013-00112-02

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

23 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00112-02 (66976)
Demandante: Cooperativa Bolivarense de Suboficiales de las Fuerzas
Militares en Retiro
Demandado: Superintendencia de Economía Solidaria y otro
Proceso: Reparación directa

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL EJERCICIO DE FUNCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y
CONTROL-Forma de intervención que se inscribe en la función de policía administrativa y por cuya omisión,
retardo o extralimitación responde la Administración por los daños que se causen. ELEMENTOS DE LA
RESPONSABILIDAD-Artículo 90 de la Constitución Política. DAÑO-Definición. DAÑO-Lesión a un interés
protegido por el ordenamiento. AUSENCIA DE DAÑO-El detrimento económico dentro de un proceso de
intervención -que surgen de decisiones administrativas necesarias- no constituyen un daño, porque están
encaminadas a subsanar las causas de la intervención. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las
obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 13 de septiembre de 2019 proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

La cooperativa Bolivarense de Suboficiales de las fuerzas militares en retiro-
Cooabolsure tiene como objeto la prestación de servicios de crédito y de bienestar
social de sus asociados. En el año 2005, por hallazgos negativos en materia
administrativa y financiera, la Superintendencia de Economía Solidaria ordenó la
intervención administrativa. El proceso fue prorrogado en varias oportunidades y
terminó en octubre de 2010, con el levantamiento de la medida.

La demandante alega falla del servicio, porque: (i) la decisión de ordenar la
intervención fue inadecuada, y (ii) los funcionarios que adelantaron el proceso no
aplicaron correctivos para subsanar las situaciones críticas, actuaciones que

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Demandante: COOABOLSURE
Demandado: Supersolidaria y otro
Proceso: Reparación directa

llevaron a una pérdida patrimonial mayor a la padecida al inicio de la toma de
posesión y a que la cooperativa no continuara con varios bienes que generaba
bienestar a sus asociados.

ANTECEDENTES
La demanda

El 19 de diciembre de 2012, la Cooperativa Bolivarense de Suboficiales de las
Fuerzas Militares en Retiro, a través de apoderado, presentó demanda de
reparación directa contra la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la
Superintendencia de Economía Solidaria, para que se hicieran las siguientes
declaraciones y condenas:

Que se declare administrativa y patrimonialmente responsables al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia de Economía Solidaria, por los
perjuicios materiales y morales ocasionados a la Cooperativa Bolivarense de
Suboficiales de las Fuerzas Militares en Retiro, por la falla en el servicio, y el daño
especial, en razón a la intervención ordenada por las demandadas durante los
años 2005 a 2010.
Perjuicios de orden material, por daño emergente:
a) Daño emergente por la suma de $2.653.353.246 que fueron las pérdidas
presentadas durante el periodo que duró la intervención por parte de los agentes
especiales nombrados por la Superintendencia de Economía Solidaria y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
b) La suma de $4.997.758.708 por la venta de los activos de la Cooperativa, como
fue el inmueble donde funcionaba el Colegio COOABOLSURE el cual fue vendido
por la suma de $2.900.000.000 y que en realidad tenía un precio de
$4.997.758.708.
c) La suma de $100.000.000, por la venta de uno de los activos de la
Cooperativa, como fue el inmueble Finca el Hatillo.
d) La suma de $107.526.222.000, por el pago de demandas presentadas contra
COOABOLSURE, durante el periodo en que permaneció la intervención (años
2005 - 2010) y el pago de prestación de servicios de abogado por coadyuvancia
pasiva en acción popular.
Perjuicios de orden material, por lucro cesante:
La suma de $79.228.8000 por la ganancia que se dejó de percibir a raíz de la
desafiliación de un número de 168 cooperados o asociados, con ocasión de la
intervención y la mala gestión presentada por los agentes especiales.
Perjuicios de orden inmaterial:
Se estiman en la suma de 5000 salarios mínimos legales mensuales vigentes1.

Hechos

La parte demandante afirmó que, COOABOLSURE LTDA fue creada mediante
Resolución No. 0279 del 14 de febrero de 1991 y tiene, como objeto social, brindar

1 Samai, índice 2. En el documento 8ED(.pdf). Páginas 43 a 49.

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Demandante: COOABOLSURE
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a sus asociados servicios que les permitan lograr el mejoramiento de su calidad de
vida en aspectos económicos, sociales y culturales, mediante la prestación de los
servicios de crédito y de bienestar social.

La Superintendencia de Economía Solidaria –en visita especial efectuada a la
Cooperativa entre los días 22 y 25 de febrero de 2005– evidenció, entre otros
aspectos, (i) inconsistencias relacionadas con desorden administrativo y falta de
control interno, (ii) exceso de gastos en la contratación de obras; (iii) omisión en
envío oportuno de reportes de información financiera; (iv) divergencias con el
revisor fiscal; (v) existencia de demandas en contra, y (vi) cartera elevada del
colegio de Cooabolsure.

Mediante Resolución n°. 1116 de 17 de noviembre de 2005, la Supersolidaria
ordenó la intervención de COOABOLSURE. La Superintendencia designó, como
agente especial, al señor Hernán Eugenio Fortich y como revisor fiscal al contador
público Johnny Ismael Morales Varela. El agente especial tomó posesión del cargo
y separó a todos los miembros de administración y al revisor fiscal de la
cooperativa.

Agregó que, el 17 de noviembre de 2006, por Resolución n°. 20063500011435,
expedida por la Supersolidaria, y Resoluciones n°. 471 del 12 de diciembre de
2007, 522 del 19 de diciembre de 2008 y 08 del 3 de febrero de 2010, expedidas
por la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se autorizó la prórroga del
término de intervención iniciado en noviembre de 2005.

La intervención finalizó mediante Resolución No. 20103500007035 del 4 de
octubre de 2010, comunicada al agente especial el 11 de octubre de 2010. Sin
embargo, sus efectos y actuaciones se extendieron hasta el 17 de diciembre de
2010.

La demandante aduce falla del servicio, porque: (i) la decisión de ordenar la
intervención fue inadecuada, y (ii) los funcionarios que adelantaron el proceso no
aplicaron correctivos para subsanar las situaciones críticas. Sobre esto último,
señaló que los agentes especiales ocasionaron pérdidas a la Cooperativa por
cuantía de $3.163.895.789 y vendieron activos por más de $3.000.000.000,
representados en: 1. el Colegio Naval Militar Abolsure –vendido por

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Demandante: COOABOLSURE
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$2.900.000.000 y con un valor real de $4.997.758.708, conforme el avalúo
realizado por ASOLONJAS– y la finca El Hatillo, por $100.000.000.

Por último, adujo que en COOABOLSURE se presentaron utilidades en el año
2005, por lo suma de $47.854.740 y se tenían mermas acumuladas por
$510.542.573.21. No obstante, la gestión de los agentes especiales –luego de
cinco años de intervención– mostró detrimentos patrimoniales entre los años 2006
hasta el 2010 y un incremento representativo de las pérdidas, tanto acumulados
como causadas durante ese periodo, que sumaron un total de $8.350.380.8112.

Contestaciones de la demanda

Superintendencia de Economía Solidaria

La Superintendencia de Economía Solidaria se opuso a las pretensiones de la
demanda. Argumentó que la toma de posesión, para administrar
COOABOLSURE, no causó daño alguno a la cooperativa ni a sus asociados,
pues, con esa medida se lograron subsanar todas las causales que motivaron la
intervención.

Precisó que no era cierto que las pérdidas se hubieren ocasionado durante la
intervención, pues estas venían causadas desde el año 2001 –producto de la mala
administración de la organización–. En particular, hizo referencia a los inmuebles
denominados “Casa Sede” y “Colegio Naval Militar Abolsure”, activos que se
adquirieron antes de la intervención y fueron la causa principal del detrimento
económico que registraba la Cooperativa al momento de la toma de posesión.

La Supersolidaria señaló, además, que la toma de posesión para administrar
COOABOLSURE en ningún momento fue desmesurada ni ligera, pues la
resolución de intervención identificó, de manera clara y concreta, los hallazgos que
sirvieron de fundamento para que la entidad procediera a ordenar la medida, con
el único propósito de evitar su liquidación. Precisó que una de las finalidades de la
toma de posesión, era la administración de los bienes y haberes, con el fin de que
la cooperativa fuera recuperada financiera y patrimonialmente.

2 Samai, índice 2. En el documento 8ED(.pdf). Páginas 43 a 73.

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Insistió en que la toma de posesión, en este caso, no arrojó pérdida alguna; por el
contrario, durante la intervención se lograron subsanar las causales que motivaron
la medida, dando lugar a que la Superintendencia ordenara la devolución de la
cooperativa a sus asociados, quienes, entre otras cosas, en asamblea general de
asociados del 10 de noviembre de 2010, aprobaron los estados financieros
presentados por el agente especial a cargo.

Sostuvo que la facultad del agente especial, conforme al artículo 294 del Decreto
663 de 1993, era la de adelantar, bajo su dirección y responsabilidad, las
actuaciones necesarias para llevar a buen término el proceso de intervención. En
el caso de COOABOLSURE, la venta de los inmuebles de su propiedad se realizó
con el único propósito de sanear las causales de la toma de posesión y ponerla en
condiciones de desarrollar su objeto social, como, en efecto, sucedió.

Finalmente, la demandada propuso la excepción de inexistencia del nexo causal y
ausencia de responsabilidad de la Superintendencia de Economía Solidaria 3.

La Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público

La Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a las pretensiones
de la demanda.

Expuso que cuando recibieron la solicitud de prórroga de la intervención, esta
contaba con una evaluación previa de la Superintendencia de Economía Solidaria,
la solicitud presentada por el agente especial y la consideración expresa de la
necesidad de ampliación del plazo. En el caso de COOABOLSURE, las
actuaciones del agente especial se encaminaron a poner la organización
intervenida en condiciones de desarrollar su objeto social. Por lo tanto, el
Ministerio, con base en la información suministrada por la Supersolidaria, ordenó
la mencionada prórroga.

Precisó que la designación de agentes especiales y el seguimiento a sus
funciones no correspondía al Ministerio, pues el nombramiento era realizado por la
Superintendencia de Economía Solidaria. Ahora, dentro del trámite de toma de
posesión para administrar, el Ministerio realizaba evaluaciones al trámite de

3 Samai, índice 2. En el documento 8ED(.pdf). Páginas 105 a 134.

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prórroga y expedía las resoluciones correspondientes con base en las facultades
del artículo 2 del Decreto 455 de 2004 y el último inciso del artículo 13 del Decreto
2211 de 2004.

Con fundamento en lo anterior, propuso la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, por considerar que, entre sus funciones, no se encontraba la de
ejercer supervisión, control y vigilancia de corporaciones sujetas a control y
vigilancia de las superintendencias4.

Sentencia de primera instancia

El 13 de septiembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió
sentencia en la que negó las pretensiones de la demanda, al considerar que las
pruebas allegadas no acreditaron la existencia de un daño antijurídico en cabeza
de la cooperativa demandante.

El tribunal estimó que, si bien el daño alegado se concretó en las pérdidas
acumuladas reflejadas en los estados financieros de COOABOLSURE durante el
período 2007 a 2010 –correspondiente al periodo que duró la intervención
administrativa–, tales cifras, por sí solas, no constituían un daño con la
connotación de antijurídico sobre la Cooperativa intervenida, dado que se
demostró que la situación administrativa y financiera, que motivó la intervención
por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria, se originó en la
ineficiencia de los órganos administrativos y fiscales de dicha Cooperativa, previo
al inicio de la toma de posesión (que ya reflejaban afectaciones patrimoniales en
muchos aspectos).

Precisó que, si bien hubo detrimento acumulado en el periodo en que transcurrió
la intervención, ello obedeció, precisamente, a la situación de iliquidez de la
Cooperativa que, evidentemente, se prolongó en el tiempo.

Por último, estimó que las actuaciones desplegadas por los agentes especiales y
el revisor fiscal –durante el tiempo que duró la toma de posesión– no
representaron irregularidades y se ajustaron al procedimiento y a las facultades
establecidas en la ley para este tipo de casos. Por lo tanto, no era posible afirmar

4 Samai, índice 2. En el documento 8ED(.pdf). Páginas 91 a 99.

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que se produjo una falla en el servicio de inspección, vigilancia y control por parte
de las Entidades demandadas.

Por el contrario, según estimó el Tribunal, la finalidad de la toma de posesión se
cumplió a cabalidad, al punto que, la Cooperativa fue devuelta a sus asociados
con todas las situaciones administrativas y financieras resueltas, con estados
financieros que mostraron resultados positivos; con una situación adecuada de
liquidez, y un flujo de caja que permitió a la cooperativa desarrollar su objeto social
(ahorro y crédito para sus asociados de manera adecuada)5.

Recurso de apelación

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia. Sostuvo que la Superintendencia de Economía Solidaria incumplió con
las funciones de supervisión, control y vigilancia, en la medida en que las
irregularidades del agente especial y el revisor fiscal –designados– fueron de su
conocimiento. Además, que la venta del inmueble en el que funcionó el Colegio
Naval Militar Abolsure estuvo rodeada de irregularidades, circunstancia que
ocasionó el detrimento patrimonial de la Cooperativa.

La recurrente consideró que no se tuvieron en cuenta los criterios de la Circular
007 del 30 de septiembre de 2005, que regulaba la evaluación del desempeño del
agente especial y del revisor fiscal. Destacó que uno de los elementos a evaluar
era el plan de trabajo que debía presentar el agente especial y el revisor fiscal, el
cual debía ser aprobado por la Superintendencia de Economía Solidaria para
remediar las causas que llevaron a la intervención. No obstante, no hay evidencia
de que el referido plan hubiera sido presentado o aprobado, hecho que fue
ignorado por el tribunal y que se demostró en el proceso.

En relación con la venta del inmueble se sostuvo que, de acuerdo con las
funciones del agente especial, este no estaba facultado para realizar ventas sin
autorización, lo que, a su juicio, desconoció el artículo 8 del Decreto 2211 de 2004
y la Circular Externa No. 005 del 18 de mayo de 2006. Esta circunstancia fue
conocida por la Superintendencia y actuó con indiferencia. Sobre este último
aspecto, el recurso sostuvo que, el 2 de diciembre de 2009, el señor Leonardo

5 Samai, índice 2. En el documento 1ED(.pdf). Páginas 161 a 194.

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Sánchez Torres, Jefe de la Oficina Jurídica y de Contratación de la Universidad
Nacional Abierta y Distancia, expresó interés en adquirir el inmueble de la
cooperativa. El 11 de diciembre siguiente, el agente especial comunicó al
Superintendente de Economía Solidaria que la oferta recibida era inferior al valor
de avalúo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC. Además, que el área del
lote en cuestión era mayor al área ofertada.

El agente especial solicitó autorización para vender el inmueble, alegando
“dificultades financieras de la Cooperativa” y la circunstancia de que esa era la
única oferta concreta tras fallar negociaciones previas. Sin embargo, en la misma
fecha, es decir, el 11 de diciembre de 2009, aceptó la propuesta de compra, lo que
evidenció que realizó la venta sin autorización y sin cumplir los requisitos
establecidos por la circular.

Por último, el apelante argumentó que el terreno del Colegio Naval Militar Abolsure
representaba “un activo significativo para la Cooperativa” y su venta causó
perjuicios notorios a sus ingresos. En ese orden, las decisiones del agente y el
revisor fiscal fueron contrarias a la normativa, y no fueron controladas por la
Superintendencia de Economía Solidaria ni por el Ministerio de Hacienda, quienes
tenían el deber legal de supervisar, precisamente, esas actuaciones6.

Trámite de segunda instancia

El 24 de febrero de 2020, el tribunal concedió el recurso de apelación 7 y el 14 de
abril de 2023, el Despacho admitió el recurso8. El 7 de julio de 2023, se corrió
traslado para alegar de conclusión en segunda instancia9.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público reiteró la falta de legitimación por
pasiva, ya que la entidad no incurrió en acciones y omisiones relacionadas con el
daño alegado en la demanda10.

La Superintendencia de Economía Solidaria reiteró los argumentos de la
contestación de la demanda y sostuvo que, contrario a lo manifestado por la parte

6 Samai, índice 2. En el documento 1ED(.pdf). Páginas 198 a 219.
7 Samai, índice 2. En el documento 1ED(.pdf). Página 221.
8 Visible a índice 37 de Samai.
9 Visible a índice 46 de Samai.
10 Visible a índice 50 de Samai.

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demandante, estaba probado que la toma de posesión de la Cooperativa, en vez
de generar perjuicios a los asociados, logró que la misma fuera recuperada
financiera y administrativamente y puesta en condiciones aptas para desarrollar su
objeto social. Además, que obraban en el expediente el plan de recuperación de
COOABOLSURE y los informes de gestión de los agentes especiales y el revisor
fiscal durante la intervención de la Cooperativa 11.

El Ministerio Público allegó concepto donde solicitó confirmar íntegramente la
sentencia de primera instancia. Consideró que no se acreditó que el daño se
hubiera originado en una falla del servicio en funciones de inspección, vigilancia y
control atribuidas a la Superintendencia de Economía Solidaria 12.

CONSIDERACIONES

1. La demanda se presentó el 19 de diciembre de 2012, por lo tanto, el régimen
aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA13,
este código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los
procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en
vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código 14, en los
aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en
adelante, CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias
cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u

11 Visible a índice 51 de Samai.
12 Visible a índice 44 de Samai.
13 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del

año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
14 Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código

de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

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omisión de una entidad estatal15. El Consejo de Estado es competente en segunda
instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del
CPACA16, según el cual son de su competencia los recursos de apelación contra
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así
mismo, esta corporación es competente en razón a la cuantía, porque el valor de
la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6
del CPACA17, esto es, $283.350.00018.

Acción procedente

3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo19.

En este caso, el medio de control propuesto es el procedente para estudiar las
pretensiones de la demanda, enfiladas a que se declare la responsabilidad del
Estado por actuaciones imputables a la Superintendencia de Economía Solidaria
en cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control señaladas en
el Decreto 2211 de 2004 artículos 520, 721 y 822.

15 Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a la
responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable (…).
16 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo

de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación (…).
17 Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales

Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 6. De los de reparación directa,
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…).
18 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2012, $566.700, por 500.
19 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por

actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
20 Artículo 5. Competencia del agente especial. Mientras no se disponga la liquidación, la representación legal

de la entidad estará en cabeza del Agente Especial. El Agente Especial podrá actuar como liquidador.
21 Artículo 7. Seguimiento de la actividad del Agente Especial. De conformidad con el artículo 291 numeral 7

del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999,
corresponde al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras realizar el seguimiento de la actividad del
Agente Especial, sin perjuicio de la vigilancia de la Superintendencia Bancaria sobre la entidad intervenida,
mientras no se disponga su liquidación.
22 Artículo 8. Funciones del Agente Especial. Corresponde al agente especial la administración general de los

negocios de la entidad intervenida. Las actividades del Agente Especial están orientadas por la defensa del
interés público, la estabilidad del sector financiero, y la protección de los acreedores y depositantes de la
entidad intervenida. El Agente Especial tendrá los siguientes deberes y facultades: (…) 5. Administrar los
activos de la intervenida.

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Demandante: COOABOLSURE
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3.1. Ahora bien, es necesario analizar algunos hechos y pretensiones de la
demanda, pues no se pueden pasar por alto afirmaciones que revelan un ataque a
la legalidad del acto que ordenó la intervención a la cooperativa Cooabolsure, el
17 de noviembre de 2005, y que eventualmente marcarían una improcedencia del
medio de control respecto de esas pretensiones.

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo (artículo 90 CN y
artículo 140 CPACA). Por su parte, la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho es la idónea para impugnar la legalidad de un acto administrativo cuando
se estime que este ha lesionado un derecho contenido en una norma jurídica, su
consecuente restablecimiento del derecho y también para solicitar que se repare el
daño causado con el acto (art. 138 CPACA).

La acción de reparación directa y la de nulidad y restablecimiento del derecho
comparten una naturaleza indemnizatoria, pero difieren en cuanto a la fuente que
genera el daño, que supone una distinta formulación de las pretensiones y un
término diverso de caducidad. Si el daño tiene origen en un acto administrativo,
por regla general23, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del
derecho, mientras que, si la fuente del daño es un hecho, omisión u operación
administrativa, la responsabilidad de la administración se debe perseguir a través
de la acción de reparación directa24.

De manera excepcional, la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de la acción
de reparación directa por daños causados por actos administrativos en los que no
se cuestiona su legalidad, puesto que el daño no se origina en vicios de nulidad
sino en los efectos del acto mismo. También ha sostenido que la acción de
reparación directa procede en eventos en los que se expiden actos administrativos
–que inicialmente son favorables a los demandantes– pero, por razones jurídicas
posteriores, son declarados nulos en sede judicial. En este segundo supuesto el

23 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por

actos administrativos. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y
sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de junio de 1994, Rad. 9.589 y sentencia del 27 de abril de

2011, Rad. 19.846.

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daño alegado –y el consecuente interés de la parte para demandar– no se origina
en el acto favorable, sino que nace con motivo de la sentencia de nulidad y la
pérdida de los efectos del acto. Al respecto, ha sostenido la Sección Tercera:

En este orden de ideas, resulta clara la postura de la Corporación, según la cual
se ha considerado que el ordenamiento jurídico distinguió la procedencia de las
acciones a partir del origen del daño, reservando así la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho a aquellos eventos en los cuales los perjuicios
alegados sean consecuencia de un acto administrativo y la acción de reparación
directa para los que encuentren su fuente en un hecho, omisión u operación
administrativa; sin embargo, la regla aludida encuentra dos excepciones claras en
la jurisprudencia: la primera tiene que ver con los daños que se hubieren causado
por un acto administrativo legal y la segunda con los daños cuya fuente sea la
ejecución de un acto administrativo que haya sido objeto de revocatoria directa o
de anulación por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo25.

En cuanto a la primera hipótesis, en los que la fuente del daño es un acto legal, la
Sala ha afirmado:

(…) la jurisprudencia colombiana empezó a admitir la hipótesis de que un acto
legalmente expedido pudiera causar daños y que tales daños pudieran ser objeto
de reparación por rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas.

Por lo que hace a la violación de éste principio, es necesario entender, ante todo,
que el mismo es un resultado colateral, residual de una actuación de la
Administración orientada a cumplir su misión del servicio público, que se traduce
en un perjuicio que pone en una situación de desequilibrio ante las cargas públicas
a la víctima o víctimas del mismo, es decir, cuando un administrado soporta las
cargas que pesan sobre los demás, nada puede reclamar al Estado; pero si en un
momento dado debe soportar individualmente una carga anormal y excepcional,
esa carga constituye un daño especial que la Administración debe indemnizar26.

Ha dicho la Corporación, que responde el Estado a pesar de la legalidad total de
su actuación, de manera excepcional y por equidad, cuando al obrar de tal modo,
en beneficio de la comunidad, por razón de las circunstancias de hecho en que tal
actividad se desarrolla, causa al administrado un daño especial, anormal,
considerable, superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón
de la especial naturaleza de los poderes y actuaciones del Estado, rompiéndose
así la igualdad de los mismos frente a las cargas públicas, o la equidad que debe
reinar ante los sacrificios que importa para los administrados la existencia del
Estado27.

(…) “En el caso sub examine, la acción fue interpuesta en razón del rompimiento
del principio de igualdad ante las cargas públicas, pues, según lo afirmado en la
demanda, a la demandante le fue impuesta una carga adicional a las que
comúnmente tienen todos los administrados, cual es que su bien, como se afirmó
en la demanda, haya sido declarado patrimonio arquitectónico, limitándole de ésta

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de abril de

2013, exp. 26.437, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Consultar también la sentencia del 4 de noviembre de
2015, C.P. Hernán Andrade.
26 Cita textual del fallo: LIBARDO RODRIGUEZ R. “Derecho Administrativo General y Colombiano”. Décimo

Tercera Edición. Edt. Temis. Bogotá. 2002.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Sentencia de 28 de octubre de

1976, Exp. 1482.

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forma su derecho de dominio al no poder disponer de él libremente, por cuanto
tiene la obligación de conservar su estructura en pro del beneficio histórico -
cultural de una ciudad como lo es Popayán. “En consecuencia, teniendo en cuenta
los razonamientos ya expuestos, la Sala llega a la conclusión de que la acción
interpuesta por la señora MARIA DEL ROSARIO ARIAS es la procedente en estos
casos, más aún si se tiene en cuenta que no se está controvirtiendo la legalidad de
ninguna decisión de la Administración, sino la causación de unos perjuicios
derivados de un acto administrativo legal, como lo sostiene la misma demanda,
que en su criterio, está integrado por un certificado de urbanismo y un acuerdo
municipal”28.

Al seguir la línea de la jurisprudencia antes descrita, la Subsección A concluyó:

“Así, la Sala ha reconocido la viabilidad de la acción de reparación directa por los
perjuicios causados por la expedición de un acto administrativo cuya legalidad no
se discuta en el curso del proceso, puesto que se reconoce que el ejercicio de la
función administrativa ajustado al ordenamiento jurídico puede generar un
rompimiento del equilibrio de las cargas públicas que deben soportar todos los
ciudadanos; como es evidente, en esta hipótesis la procedencia de la acción de
reparación directa depende principalmente de la ausencia de cuestionamiento
respecto de la legalidad del acto administrativo que generó los perjuicios alegados
por la parte actora”29.

Como se expuso, la Sección Tercera de la Corporación también ha contemplado
una segunda hipótesis en la cual procede la acción de reparación directa relativa a
actos administrativos (en los que no se discute su legalidad). En este segundo
supuesto, esta acción o medio de control resulta procedente para demandar por
daños causados con ocasión de la entrada en vigor de un acto administrativo
(favorable al demandante) que a la postre sería anulado por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Sobre el particular, dijo la Subsección A:

En la hipótesis a la que se ha venido haciendo referencia, es decir en los eventos
en que la acción de reparación directa cuya pretensión resarcitoria la constituyan
los perjuicios generados por la vigencia del acto administrativo que a la postre
sería declarado ilegal o revocado por la propia Administración Pública, los casos
respecto de los cuales se ha pronunciado la Sala tienen que ver principalmente
con perjuicios derivados de la entrada en vigencia y ejecución del acto
administrativo ilegal sufridos por quien vio mermado su patrimonio por la existencia
misma del acto.

(…) “Así las cosas, tres son las hipótesis que hasta este momento se han
identificado para concluir acerca de la procedencia de la acción de reparación
directa cuando el origen del daño lo constituya una actuación administrativa: i)
Cuando se pretenda la reparación de los perjuicios causados por los actos
administrativos ajustados al ordenamiento jurídico, siempre y cuando no se
cuestione en sede judicial la legalidad del acto administrativo en cuestión; ii)
Cuando se pretenda la condena por los perjuicios causados por la expedición y
ejecución del acto administrativo ilegal que haya sido anulado o haya sido objeto
de revocatoria directa; y, iii) Cuando se pretenda la reparación de los perjuicios

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de

2006, exp. 16.079, C.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13

de abril de 2013, exp. 26.437, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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causados por la anulación o revocatoria directa de un acto administrativo que
hubiere sido favorable al actor, cuando quiera que la anulación o revocatoria
directa hubiere sido causada por la inobservancia de las reglas propias del
procedimiento administrativo o de las normas que rigen el ejercicio de la actividad
administrativa que tiene a su cargo la Administración Pública30.

En las dos primeras hipótesis la legitimación en la causa por activa se configurará
mediante la prueba idónea del carácter de perjudicado por la entrada en vigencia
del acto administrativo –frente a ello resulta irrelevante que el acto sea legal o
ilegal–, mientras que en la tercera, para acreditar la legitimación en la causa por
activa será suficiente probar el carácter de beneficiario del acto administrativo
declarado ilegal o revocado directamente”31.

En el caso bajo estudio la parte actora –en algunos argumentos de la demanda–
ataca los fundamentos de la Resolución 1116 de noviembre de 2005. Al respecto,
dice la demanda:

(…) Mediante la resolución 1116 de noviembre 17 de 2005, la Superintendencia
ordenó la intervención de la Cooperativa COOABOLSURE TDA, acción desmesurada
y ligera dado que las causales alegadas eran fácilmente solucionables y no
amentaban la comentada intervención haciendo un estudio detallado encontramos
que ninguno de las causales alegadas en su momento por la Superintendencia de
Economía Solidaría tenía un verdadero sustento jurídico, o justificante de la
comentada intervención (…)

De allí que, si los estados a corte diciembre 31 de 2004 requerían algún ajuste,
entonces era ese momento donde era legalmente permitido adelantarlos, aspecto que
se hizo junto con otros correctivos y los movimientos contables adelantados fueron
puestos en conocimiento de la superintendencia de Economía Solidaria en fecha junio
10 de 2005.
(…)
Se habla en la resolución de desorden administrativo y de falta de control interno,
pero no se precisa en qué aspecto (…) si no se sabía a qué aspectos hacían
referencia, obviamente la administración de la cooperativa no podía entregar las
explicaciones del caso. En cuanto al caso de la construcción de la garita esta
observación también fue contestada en la carta de fecha junio 21 de 2005 (página 4).
Los cooperados de Cooabolsure Ltda. son retirados de las fuerzas armadas de
Colombia, profesión que ejercieron durante más de 20 años. No tenían ni tienen por
qué poseer conocimientos en construcciones ni contaban con ingenieros ni
arquitectos, ni siquiera con maestro de obras. Si alguien que conoce el tema les
presenta un presupuesto de obra (entre otras cosas era la propuesta más barata de
las presentadas) ellos de buena fe confiaron en que ese era su verdadero valor.
Repito, quienes aprobaron el presupuesto de obra presentado no tenían conocimiento
del tema ni estaban obligados a tenerlo (…)

Se habla en la resolución de demandas en contra y de procesos laborales, de
responsabilidad civil y procesos administrativos pero no se precisa cuáles ni de qué
fecha datan ni los montos de las supuestas demandas, se señala en abstracto y no se

30 Esta Sala, sin embargo, aclara que si la circunstancia de la revocatoria directa del acto favorable constituye

el origen del daño. En otras palabras, si se ataca la legalidad del acto de revocatoria o los fundamentos de la
misma, como el daño sí surge de la expedición de un acto alegado como “ilegal”, la acción procedente sería la
de nulidad y restablecimiento del derecho. Al respecto consultar la sentencia del 24 de enero de 2024 rad
64210 C.P. Wiliam Barrera Muñoz.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, sentencia de 13 de abril de 2013,

exp. 26.437, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Y sentencia del 4 de noviembre de 2015, C.P. Hernán Andrade.

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precisa lo dicho pero se nos condena en concreto con la intervención, si no sabíamos
a qué procesos hacían referencia, cómo íbamos a poder entregar las explicaciones
del caso.

Sin embargo consideramos que este hecho no amerita intervención alguna, las
causales de intervención son taxativas y esta no es una causal válida para intervenir.

¿Qué entidad está exenta de demandas? sobre todo una entidad como la de
Coobalsolure Ltda. que en la fecha de la intervención contaba con cerca de 700
asociados y 300 trabajadores, el que se hayan instaurado las demandas en contra de
la Cooperativa no indica que el demandante le asistía razón ni que haya asegurado
un fallo a favor, la Cooperativa atendía con profesionales del derecho cualquier
demanda en su contra y si revisan las pocas demandas que habían instaurado en
contra de la Cooperativa desde su Constitución hasta el momento de la intervención
ninguna de las pretensiones de las demandas puso ni mínimamente en riesgo el
patrimonio de la Cooperativa ni los aportes de los asociados, de allí que este hecho
no justifica de ninguna manera la intervención realizada.

(…)

Como se observa la Cooperativa adelantó las actividades necesarias con el
fin de recuperar la cartera que no era de un solo año ya que la cantidad
señalada corresponde a diferentes periodos. En lo referente al
Supuesto déficit del que se habla por $456 millones de pesos no se especifica
donde se presentaba ni si corresponden a un total de las actividades de la
Cooperativa o de un solo centro de costo, sin embargo como se habla del
déficit en el punto donde se toca el Colegio Abolsure podríamos pensar que
el déficit del que hablan se presenta es en el colegio cosa que no es cierta
Ya que en un punto siguiente (punto 1) establecen a la misma fecha enero a
noviembre de 2004 un déficit para el colegio de 303 millones y un déficit
Para todas las actividades de la Cooperativa para el año 2004 de 365
millones, entonces ¿de dónde sacan los 456 millones? Y esa diferencia de 91
millones (456 millones - 365 millones) ¿de dónde sale o cómo se explica?

Hay que resaltar que se está hablando de operaciones del año
2004, y la intervención fue en noviembre del año 2005, o sea de más de
un año después, donde, por supuesto, cambiaron las condiciones de la
Cooperativa hecho que se le hizo conocer al Superintendente Delegado para la
Supervisión, en la cual se le habla del presupuesto del año 2005 y lo
Clasificamos de optimista preliminar y le hacemos saber al Superintendente
que entre las ejecuciones de enero a mayo de 2005 tenemos unos
Excedentes reales de 122 millones de pesos, nos preguntamos ¿por qué no
se tomaron en cuenta estas nuevas cifras y en el
momento de la intervención cifras de más de un año atrás
(recordemos que estas cifras negativas y de déficit fueron obtenidas en la
Visita especial realizada por la Superintendencia en fecha febrero 22 a 25 de
2005).

Vistos los hechos y argumentos jurídicos que soportan algunas peticiones de la
demanda, se tiene que la parte interesada se abstiene de señalar vicios o
causales de nulidad en que incurrió la Resolución No. 1116, porque,
precisamente, su intención no era ni es atacar su legalidad. Sin embargo, algunas
afirmaciones dan a entender lo contrario, circunstancia que no puede pasar
inadvertida.

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Proceso: Reparación directa

En ese orden, ante lo improcedente que resulta la demanda de reparación directa
en esos aspectos puntuales (como los transcritos), que marcan un reproche frente
a una presunta irregularidad en la Resolución de intervención, se adecuarán –sólo
estas pretensiones– al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Para ello, se estudiará –en principio– si se interpuso dentro de la oportunidad de
ley.

El artículo 40 de la Ley 153 de 188732 dispone que las reformas procesales
introducidas en las codificaciones prevalecen frente las anteriores. Sin embargo,
frente a los términos que empezaron a correr en la normatividad anterior, se
regirán por las leyes vigentes al momento del inicio del término.

Dado que el acto administrativo fue expedido y notificado en vigencia del Decreto
01 de 1984-CCA (noviembre de 2005), se aplicarán los términos de ese código.

La Resolución n°. 001116 de 17 de noviembre de 2005 –que tomó posesión para
administrar los bienes y haberes de la Cooperativa Bolivarense de Suboficiales de
las FFMM en retiro-COOABOLSURE– fue notificada personalmente el 18 de
noviembre de 2015. Y cobró ejecutoria el 30 de marzo de 200633. De manera que,
el término de 4 meses34 empezó a correr el 31 de marzo de 2006 y vencía el 31 de
julio de 2006.

Como la demanda se presentó el 19 de diciembre de 2012, operó el fenómeno
preclusivo de la caducidad respecto de las pretensiones atadas a la irregularidad
de la resolución de intervención.

Ahora bien, definido este punto, la Sala estudiará los aspectos en los que el medio
de control de reparación directa es procedente, es decir, en las alegadas
irregularidades durante el proceso de intervención administrativa.
32 Artículo 40 de la Ley 153 de 1887. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios

prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos,
se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de
la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.
33 Según certificado de ejecutoria de la Superintendencia de la Economía Solidaria. (F. 336, PÁGINAS 149-

150 archivo 8, expediente digital SAMAI.
34 Artículo 136 del CCA. Caducidad de las acciones. La de nulidad absoluta podrá ejercitarse en cualquier

tiempo a partir de la expedición del acto. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4)
meses, contados a partir del día de la publicación, notificación o ejecución del acto, según el caso

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Proceso: Reparación directa

Demanda en tiempo

4. El término para formular pretensiones en reparación directa, según el literal i)
del artículo 164.2 del CPACA35 es de dos años, contados a partir del día siguiente
al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia.

La demanda se interpuso en tiempo –19 de diciembre de 201236–, porque la
demandante “tuvo conocimiento del daño reclamado” el 17 de diciembre de 2010,
fecha en que finalizó materialmente la intervención a la Cooperativa y esta fue
restituida a sus asociados.

En efecto, el 10 de octubre de 2012 la parte demandante presentó solicitud de
conciliación prejudicial, es decir, faltando 2 meses y 8 días para que operara la
caducidad. La audiencia de conciliación de declaró fallida el 12 de diciembre de
2012, por lo que el término de caducidad se suspendió hasta esa fecha, conforme
a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, según da cuenta la
constancia original expedida por la Procuraduría 21 Judicial II para asuntos
administrativos y con radicado N.º 1396-2012 RD37. Al día siguiente se reanudó el
conteo por los días faltantes, que vencían el 20 de febrero de 2013.

Legitimación en la Causa

5. La Cooperativa Bolivarense de Suboficiales de las Fuerzas Armadas en retiro-
COOABOLSURE LTDA es la persona sobre la cual recae el interés jurídico que se
debate en este proceso, porque fue la cooperativa sometida a intervención
administrativa por parte de la Superintendencia Solidaría. Además, porque alegó
haber sufrido un daño patrimonial desde la toma de posesión hasta la devolución
hecha a sus miembros.

35Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…) 2. En los

siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…) i) Cuando se pretenda la reparación directa, la
demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido
en la fecha de su ocurrencia (…).
36 Samai, índice 2. En el documento 9ED(.pdf). Página 57.
37 Samai, índice 2. En el documento 8ED(.pdf). Páginas 5 y 6.

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Proceso: Reparación directa

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público no está legitimado en la causa por
pasiva, debido a que la entidad no tuvo vínculo ni participación alguna con los
hechos que originaron las pretensiones. Además, porque no tiene a su cargo
funciones de inspección, vigilancia y control sobre el sector solidario (funciones
radicadas en una entidad descentralizada, con autonomía patrimnonial y
administrativa: Supersolidaria).

La Superintendencia de la Economía Solidaria está legitimada en la causa por
pasiva, pues fue la entidad encargada de ordenar la toma de posesión de la
Cooperativa COOABOLSURE; designó al agente especial, al revisor fiscal, y
adelantó el proceso de intervención forzosa administrativa hasta su devolución a
los socios. Adicionalmente, como se dijo, entre sus funciones se encuentran las de
inspección, vigilancia y control sobre organizaciones de la economía solidaria (art.
33 y 34 de la Ley 454 de 1998).

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la disminución patrimonial de una Cooperativa
–sometida a intervención administrativa entre los años 2005 y 2010– constituyó un
daño.

Análisis de la Sala

6. Como la sentencia fue recurrida por la demandante, la Sala estudiará el asunto,
de conformidad con los artículos 320 y 328 del CGP, es decir, en relación con los
puntos que fueron objeto del recurso.

Ahora bien, en esta instancia se deja claro que, aun cuando el Tribunal encontró
probado el daño padecido por la cooperativa demandante –concretado en la
disminución de un activo y posterior “presunto” detrimento patrimonial durante el
periodo de intervención administrativa–38, pero descartó que este fue antijurídico
por ausencia de irregularidades denote del proceso; de cara a las pretensiones de
la demanda y al objeto del recurso, la Sala retomará el estudio de los
presupuestos de la responsabilidad, siendo el primero de ellos, el daño.

38 F. 45, archivo de la sentencia. Samai.

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Proceso: Reparación directa

7. Según la demanda y el recurso de apelación, la Superintendencia de Economía
Solidaria incumplió con las funciones de supervisión, control y vigilancia, en la
medida en que las decisiones del agente especial y del revisor fiscal
–designados– fueron desacertadas y de su conocimiento. Además, la venta del
inmueble en el que funcionó el Colegio Naval Militar Abolsure estuvo rodeada de
irregularidades, circunstancia que ocasionó, entre otras cosas, el detrimento
patrimonial de la Cooperativa.

En ese orden, se evaluará el marco normativo aplicable y, posteriormente, el
análisis del primer elemento de la responsabilidad: el daño.

Régimen jurídico de la Superintendencia de Economía Solidaria

8. Conforme al artículo 335 de la Constitución Política, las actividades financiera,
bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento
e inversión de los recursos de captación a los que se refiere el literal d) del
numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas
previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de
intervención del Gobierno en estas materias (…).

Para el cumplimiento cabal de esas funciones, el Legislador puede crear
organismos técnicos especializados, como es el caso de las superintendencias,
las cuales deben desarrollar su actividad bajo el control, dirección y orientación
del Presidente y del ministro del ramo (numeral 7 artículo 150 de la C.P.)39.

La intervención especial y la permanente inspección y vigilancia administrativa
que ejerce el Estado sobre las actividades relacionadas con el manejo,
aprovechamiento e inversión de los recursos de captación “son expresión de la
competencia estatal de dirección general de la economía en los términos del

39 Sobre este aspecto la Corte Constitucional en sentencia C-205 de 2005, dijo: “La jurisprudencia
constitucional ha establecido un precedente reiterado y consolidado sobre la desconcentración y
delegación de las funciones constitucionales del Presidente de la República. Este precedente parte de
advertir la imposibilidad material que tiene el Presidente para ejercer de manera personal todas y cada una
de las facultades previstas en el artículo 189 de la Carta. Ante esta conclusión y en vista de los principios
que gobiernan la función administrativa previstos en el artículo 209 C.P., los instrumentos de
descentralización, delegación y desconcentración se muestran como herramientas necesarias para
ejecutar las funciones mencionadas y, con ello, materializar el cumplimiento de los fines estatales previstos
en el artículo 2 de la Constitución”.

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artículo 333 C.P., pues están dirigidas a preservar la confianza de los
ciudadanos en aquellas instituciones que captan sus recursos y que, por tanto,
poseen una gran influencia en la dinámica económica”4041.

8.1. El modelo solidario en Colombia inició, formalmente, con la promulgación de
la Ley 134 de 1931. En 1986, mediante el Decreto 2536 del 4 de agosto, se
estableció el concepto de “Economía Solidaria”, dando origen al Consejo Nacional
de Economía Solidaria, reconocido como un sector de relevancia en el contexto
económico nacional. Posteriormente, en 1988, la Ley 79 organizó las diversas
modalidades de cooperativismo, asociaciones mutuales y fondos de empleados.

La supervisión de las entidades de economía solidaria estuvo a cargo,
inicialmente, del Departamento Nacional de Cooperativas–Dancoop hasta 1997,
entidad encargada de definir la política para las formas solidarias de organización,
particularmente en el sector cooperativo. Esta era responsable de la planificación
de políticas, la ejecución de programas y proyectos, así como del control de la
gestión de los mismos.

En este contexto, se evidenció un significativo crecimiento de entidades. Sin
embargo, ante la ausencia de un marco regulatorio completo, se facilitó la
informalidad en la actividad solidaria. Esto implicó un amplio espacio para la
incorporación y canalización de recursos emergentes y “prácticas inadecuadas” en
la gestión de recursos, lo que culminó en una crisis que impactó negativamente al
sistema financiero nacional.

En respuesta a la crisis en las organizaciones solidarias, el Gobierno expidió la
Ley 454 de 1998, mediante la cual se transformó el Departamento Nacional de
Cooperativas-Dancoop en el Departamento Administrativo de la Economía
Solidaria-Dansocial, y se creó la Superintendencia de la Economía Solidaria-
Supersolidaria y el Fondo de Garantías del Sector Cooperativo-Fogacoop. El
Ministro de Hacienda para ese momento manifestó que se necesitaba una entidad
ágil y eficiente, que rescatara el sector solidario de Colombia y reestableciera la
confianza perdida (particularmente en su actividad financiera).

40 Sentencia de la Corte Constitucional C-205 de 2005.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre

de 2009, Rad 17501.

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Conforme a la Ley 454 de 1998 la Economía Solidaria es un sistema
socioeconómico, cultural y ambiental constituido por un conjunto de fuerzas
sociales organizadas en formas asociativas, caracterizadas por prácticas
autogestionadas, solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro,
orientadas al desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la
economía.

El Decreto 186 de 2004, que modificó la estructura de la Superintendencia de la
Economía Solidaria, estableció, en su primer artículo que la Superintendencia de
la Economía Solidaria es un organismo descentralizado, técnico, adscrito al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonial que tiene por objeto la supervisión sobre la actividad
financiera del cooperativismo y sobre los servicios de ahorro y crédito de los
fondos de empleados y asociaciones mutualistas y, en general, el
aprovechamiento o inversión de los recursos captados de los asociados por parte
de las organizaciones de la economía solidaria.

Entre sus funciones dispuso la de inspeccionar, vigilar y controlar la actividad
financiera del cooperativismo y los servicios de ahorro y crédito de los fondos de
empleados y asociaciones mutuales. En términos generales la de ejercer la
supervisión de las organizaciones de economía solidaria que determine mediante
acto general el Presidente de la República y que no se encuentren sometidas a la
supervisión especializada del Estado.

8.2. Ahora bien, en cuanto a la toma de posesión de bienes, haberes y negocios
de las entidades sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de la Economía
Solidaria, el artículo 1 del Decreto 455 de 2004 dispone que para las
organizaciones solidarias vigiladas resultan aplicables, en lo pertinente, diversas
disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero –EOSF– y del Decreto
2418 de 1999.

Este estatuto establece, de manera detallada, las condiciones y efectos de la toma
de posesión. Conforme al artículo 115, corresponde a la Superintendencia ordenar
la medida cuando se configure alguna de las causales legales (previo concepto del
Consejo Asesor).

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La intervención persigue una finalidad estrictamente funcional: (i) establecer si la
entidad debe ser objeto de liquidación; (ii) determinar si es posible restablecer las
condiciones para el adecuado desarrollo de su objeto social; o
(iii) evaluar si existen operaciones alternativas que aseguren mejores condiciones
para la satisfacción de las acreencias de depositantes, ahorradores e
inversionistas.

Los efectos inmediatos de la medida son: 1. la separación de administradores y
directores (salvo que la Superintendencia decida mantener algunos cargos); 2. la
separación del revisor fiscal, salvo decisión en contrario; 3. La designación del
reemplazo por cuenta del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras –
Fogafín–, con posibilidad de asumir funciones de contraloría en caso de
liquidación (artículo 116).

Los principios rectores de la intervención son: (1) ajustarse a las causales legales;
(2) la protección del sistema financiero y de los depositantes y ahorradores; y (3)
la valoración de la posibilidad real de superar las causas que justificaron la
medida, así como la necesidad de preservar la estabilidad del sector financiero y
de la economía (artículo 291).

El Decreto 2211 de 2004, que establece el procedimiento, precisa que la
intervención tiene una naturaleza preventiva y evaluativa, orientada a determinar
el curso institucional de la entidad intervenida. El decreto, además, regula la
competencia, funciones y naturaleza jurídica del Agente Especial (encargada de la
administración transitoria de la entidad intervenida y de su representación legal).

De acuerdo con el artículo 6, los agentes especiales ejercen funciones públicas
transitorias, aun cuando ciertos actos propios de la gestión puedan quedar
sometidos a las reglas del derecho privado. Esta dualidad evidencia la naturaleza
híbrida de la intervención: pública en cuanto a su finalidad y control, privada en lo
que respecta a la operatividad de algunos actos societarios.

El artículo 8 le asigna un amplio conjunto de deberes: 1. ejercer la representación
legal y adelantar la administración integral de la entidad; 2. separar, cuando sea
del caso, administradores y directores no removidos en el acto inicial de
intervención; 3. promover acuerdos de acreedores; 4. recaudar activos y recuperar

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créditos, pudiendo ofrecer incentivos para su denuncia; 5. garantizar la
conservación y protección de los bienes de la entidad; 6. continuar y custodiar la
contabilidad; 7. promover acciones de responsabilidad civil o penal contra los
administradores, revisor fiscal o funcionarios cuando existan méritos para ello.

La gestión del Agente Especial, al ser de naturaleza vigilada y supervisada,
condiciona algunos actos a la autorización previa de la Superintendencia de
Economía Solidaria (parágrafo del mismo artículo).

En cuanto a la enajenación de activos, el mismo decreto dispone las siguientes
reglas: (i) la realización o enajenación de los activos de la institución se hará a
través de mecanismos que permitan obtener el valor de mercado de dichos
activos. (ii) El liquidador (interventor en nuestro caso) tomará como referencia
el avalúo de los activos que se encuentra en firme. Cuando las ofertas
obtenidas directamente por el Liquidador difieran sustancialmente del avalúo,
es decir, cuando el valor de dichas ofertas sea inferior en más del diez por
ciento (10%) de los avalúos realizados, el Liquidador podrá enajenar los activos
a través de una invitación pública para presentar propuestas o mediante
martillos.

En todo caso, el Liquidador podrá enajenar por un valor inferior al avalúo, cuando
la relación costo-beneficio de cada operación, calculada de acuerdo con la
metodología que expida el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, sea
favorable.

Dentro del mes siguiente a la fecha en que se perfeccione la venta, se hará un
informe detallado con destino a los acreedores y al Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras, sin perjuicio de que el Fondo solicite mayor información
en desarrollo de las facultades con que cuenta para ejercer la labor de
seguimiento.

En cuanto al Procedimiento de enajenación en caso de urgencia, el artículo 36
del mismo Decreto 211 prevé que, de considerarse necesario para evitar el
deterioro o pérdida de valor, el Liquidador podrá enajenar los activos de la

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institución financiera por el medio que se considere más expedito sin previo
traslado del avalúo.

Igualmente, en situaciones de iliquidez y con el único fin de atender los gastos
administrativos básicos de la liquidación, sin que sea necesario que se corra
previamente traslado del avalúo, el cual podrá ser realizado por una de las
firmas avaluadoras que se encuentren registradas en cualquiera de las
entidades en liquidación, se podrán enajenar activos de la institución financiera
a través de la invitación pública a todos los posibles interesados para que
presenten sus ofertas. Cuando se prevea que el valor de los activos puede
exceder los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales, la invitación
se efectuará, a través de un aviso publicado en un diario de amplia circulación
nacional, además de un aviso fijado en las instalaciones de la institución
financiera objeto de liquidación.

El Liquidador también podrá enajenar –en casos de urgencia– por un valor
inferior al avalúo, cuando la relación costo-beneficio de cada operación,
calculada de acuerdo con la metodología que expida el Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras, sea favorable.

Dentro del mes siguiente a la fecha en que se perfeccione la venta –a través
del procedimiento de enajenación para casos de urgencias– se hará un informe
detallado con destino a los acreedores y al Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras, en el que se justifique las razones por las cuales se acudió a este
procedimiento excepcional, y los resultados del mismo.

9. Conforme a las pruebas que obran en el expediente, están acreditados los
siguientes hechos:

9.1. El 17 de noviembre de 2005, la Superintendencia de Economía Solidaria, por
Resolución No. 00116, dispuso tomar posesión para administrar los bienes,
haberes y negocios de COOABOLSURE. Separó de la administración de los
bienes de la Cooperativa a las personas que ejercían los cargos de Gerente,
Revisor Fiscal y a los integrantes del Consejo de Administración. Y designó un
agente especial y un revisor fiscal.

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Como medidas preventivas, se dispusieron, entre otros, poner a disposición de la
Superintendencia y del Agente Especial sus libros de contabilidad y demás
documentos que se requirieran. Para ello se fijó en un (1) año el término paro lo
intervención42.

Conforme al acto de intervención, las razones de la medida fueron las siguientes:

(…) De los hallazgos producto de la visita realizada el 22 de febrero del 2005, del
análisis de la documentación recibida en dicha visita, así como de la disponible en esta
Superintendencia, como de las pruebas recaudadas referentes a la situación jurídica,
financiera y económica de COOABOLSURE, se desprenden elementos de convicción
que permiten concluir la difícil situación en la cual se encuentra la cooperativa. Estos
hallazgos y conclusiones se resumen de la siguiente manera:

a) Existen graves inconsistencias en la información que se debía haber suministrado a
la Supersolidaria, toda vez que, la entidad reportó estados financieros del ejercicio a
diciembre 31 de 2004, por cuatro mil ciento noventa y siete millones doscientos
noventa y cuatro mil ochocientos setenta y un peso con noventa y tres centavos
($4.197.294.871.93), sin tenerlo asentado en los libros (...).

b) Se evidencia desorden administrativo y falta de control interno, lo que ha originado
consecuencias en el patrimonio de los asociados, exceso de gastos en la contratación
de obras, como en el caso particular de la construcción de la garita del Colegio Naval
Militar Abolsure por valor de $ 17.282.460, cuyo avalúo por comparación directa es de
$9.149.537 y factor de comercialización por $11.900.000, acreditado por la firma
Intervienes Asesora en Finca Raíz.

c) Violación al artículo 33 del reglamento de crédito, en el caso del otorgado al señor
Carlos Martínez Santos, hermano del representante legal, señor Vicente Martínez
Santos, a quien le otorgó un crédito hipotecario sin el lleno de los requisitos
establecidos en los estatutos (...)

d) Los órganos de administración hacen caso omiso a las recomendaciones y
observaciones del Revisor Fiscal, tal como se desprende del testimonio rendido por
este último en la Superintendencia.

e) No cumplimiento de las normas vigentes en términos de reportes de información
financiera y contable a la Superintendencia (...)

f) COOABOLSURE tiene demanda en contra por procesos laborales, de
responsabilidad civil y procesos administrativos. g) Contratación de un software por la
suma de $5.500.000 para instalar un programa Linux en COOABOLSURE, el cual a la
fecha no ha sido entregado (...)
h) Afectación de reservas de protección de aportes sin la debida autorización de la
Asamblea General, como en el caso de 223 millones del total 247 millones que habían,
que se utilizaron para cubrir pérdidas del ejercicio de los años 2000, 2001 y 2002, sin la
debida autorización de la misma, y sin que a la fecha se haya aclarado nada sobre el
particular (...)

42 F. 327 y ss; pdf página 141 y ss (archivo 8) Expediente digital.

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i) La cartera de crédito de COOÁBOLSURE presenta en el código 169095 "otras" un
valor de $95.733.132 que se encuentra en mora, valor que no ha sido clasificado ni
calificado, incumpliendo lo establecido en la Circular Básica Contable / Financiera No.
0013 de 2003.

j) El Colegio Abolsure presenta una cartera en mora por valor de $294.835.567, la cual
en un solo porcentaje es de difícil recaudo (...)

k) La cooperativa COOABOLSURE presenta pérdidas acumuladas desde el año 2001
(...)

L) Todos los centros de costos de COOABOLSURE presentan pérdidas a noviembre
del 2004 (…)

m) Los órganos de administración COOABOLSURE al momento de la visita efectuada
por la Superintendencia de Economía Solidaria, pese a haber sido sancionados por
violación de normas legales y los estatutos de ia organización, persisten en atentar
contra los mismos, tal como se desprende de ia irregularidad cometida con la
suscripción del contrato 7139-33 ente la Alcaldía de Cartagena y el exrepresentante
legal de COOABOLSURE (…)43.

9.2. El 31 de julio de 2006, el revisor fiscal y el agente especial presentaron el
informe de gestión semestral de enero a junio de 2006.

Según el documento, los designados pagaron indemnización a trabajadores que
ejercían celaduría e iniciaron cobro jurídico u ocho personas por mora superior a
90 días. Entre noviembre de 2005 y junio de 2006 aumentó en un 16% el índice de
endeudamiento; y, a corto plazo aumentó en un 16% (en comparación con el
periodo de 2001 a 2005). Frente al rendimiento de capital, señalaron que, en el
periodo de noviembre de 2005 a junio de 2006, los rendimientos de capital
sufrieron un deterioro de 138%, es decir, que por cada peso de capital pagado la
empresa tuvo una pérdida de $0.70, mientras que en el periodo de 2001-2005
tuvieron una variación del 90%, es decir, que por cada peso del capital pagado lo
empresa tuvo una pérdida de $6.344.

Conforme al mismo documento, mediante Resolución 011 de 26 de enero de
2006, se creó e implantó el “Manual para el manejo de COOABOLSURE”.
además, se incluyó un informe del revisor fiscal sobre estados financieros en
periodos intermedios, que dio cuenta que la cooperativa –hasta esa fecha–
presentaba unas pérdidas acumuladas en periodos anteriores de las vigencias
2005 hacia atrás de $460.240.698, más las mermas de la vigencia 2006 de

43 F. 327 y ss; pdf página 141 y ss (archivo 8) Expediente digital.
44 F. 385-341; pdf página 141 y ss (archivo 8) Expediente digital.

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$52.679.163, para un total –acumulado– de $522.291.861. Por este motivo, se
debían adelantar gestiones para recuperar la sostenibilidad financiera45.

9.3. En la misma fecha, el agente especial, Fernán Eugenio Fortich Palencia
aportó el “Plan de recuperación financiera” 46. Y, en el mismo mes, presentó el
informe “Hallazgos y evidencias de los estados financieros de julio de 2006”, por
medio del cual se mostró un análisis del plan único de cuentas de la cooperativa47.

9.4. El 17 de noviembre de 2006, por Resolución n°. 11435, el proceso de
intervención fue prorrogado por el término de un año48.

9.5. El 5 de marzo de 2007, El agente especial Fernán Eugenio Fortich Palencia y
el auditor de gestión entregaron un plan de choque para la recuperación definitiva
de Cooabolsure. En el documento insertaron los nudos críticos organizacionales,
de gobernabilidad; las estrategias de redireccionamiento, estrategias financieras
para solucionar la iliquidez; la justificación del déficit y un planteamiento de
recuperación. Además, hicieron una reseña a la gestión realizada y el plan de
trabajo49. En el mismo año, aportaron el “Plan de desarrollo empresarial” en el que
se propuso una redefinición de la naturaleza jurídica, propuestas para solucionar
la iliquidez y la recuperación de la gobernabilidad. Según el documento, se
proyectó la venta de la “Casa sede” y del “Colegio Naval Militar Abolsure”50.
Además, aportaron informe de “avances del proceso de socialización de
alternativas de solución a la iliquidez” 51.

9.6. El 23 de octubre de 2017, el agente especial presentó ante la
Superintendencia el informe sobre la ejecución de la intervención de
COOABOLSURE y la solicitud de prórroga52. Y, el 8 de noviembre siguiente radicó
ante la misma entidad el formato de seguimiento a la gestión del Agente Especial
en relación con las acciones correctivas, tendientes a enervar causales de
intervención.53

45 F. 385-341; pdf página 141 y ss (archivo 7) Expediente digital.
46 F. 494-499 (archivo 7) Expediente digital.
47 F. 575-589 (archivo 7) Expediente digital.
48 F. 338-340 (archivo 8) Expediente digital.
49 F. 611-616 (archivo 6) Expediente digital.
50 F. 635-640 (archivo 6) Expediente digital.
51 F. 1214-1386 (archivo 3) Expediente digital.
52 F. 745-754 (archivo 6) Expediente digital.
53 F. 755 – 757 (archivo 6) Expediente digital.

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9.7. El 12 de diciembre de 2007 se prorrogó en el término de un año el proceso de
intervención54.

9.8. El 15 de mayo de 2008, por medio de Resolución 03675, el Superintendente
de Economía Solidario aceptó la renuncia de Fernán Eugenio Fortich Palencia
(agente especial de COOABOLSURE), y, en su reemplazo, nombró al señor Alex
Alejandro Páramo Samper55.

9.9. El 21 de agosto de 2008, el agente especial dio respuesta al oficio de
seguimiento de intervención del Superintendente Delegado para la Supervisión la
Forma Asociativa Solidaria. En el documento consignó el plan de actividades
diseñado y desarrollado, desde el 27 de mayo de 2008, para lograr superar las
causales que dieron origen a la intervención de la Cooperativa 56.

9.10. El 17 de septiembre siguiente, se realizó una reunión de seguimiento a la
evolución del proceso de intervención, a la que asistieron el agente especial, el
Superintendente, un Profesional Especializado y el Superintendente Delegado57.

9.11. El 5 de febrero de 2009, el agente especial presentó ante la
Superintendencia de Economía Solidaria un informe sobre las gestiones
administrativas adelantadas.

Según el documento, con corte al 31 de diciembre de 2008, las pérdidas
acumuladas ascendían a $1.648.640.508, es decir, que la Cooperativa no
mostraba signos de superación. Ante ese escenario, como alternativa, se planteó
la venta de alguno de los activos inmuebles: la Finca “la Cumbre”, la estructura
física del Colegio Naval Militar Abolsure o, la “Casa Sede”, ubicada dentro del
Centro Histórico de Cartagena. Todas estas opciones para sanear las finanzas de
la entidad. Advirtió, sin embargo, que habían transcurrido, aproximadamente,
cuatro meses desde que se hizo la primera publicación de venta, sin que hasta
esa fecha se hubiere recibido ofertas de compra58.

54 F. 341-344 (archivo 8) Expediente digital.
55 F. 346-356 (archivo 8) Expediente digital.
56 F. 1393-1398 (archivo 3) Expediente digital.
57 F. 1213 y ss (archivo 3) Expediente digital.
58 F. 760-765 (archivo 6) Expediente digital.

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9.12. El 13 de febrero de 2009, el agente especial presentó el documento “análisis
del comportamiento de las pérdidas desde la toma de posesión (2005) hasta el
año 2008”. Según consignó, el detrimento acumulado desde el año 2001 al 2005
–periodo anterior a la intervención– reflejaron un total acumulado de
$510.542.573. No obstante, con corte de 31 de diciembre de 2006 se había
duplicado un déficit que llegó a la suma de $920.000.000. Este valor tuvo como
origen el saneamiento contable y financiero, la gestión del agente especial y los
gastos causados por la intervención misma59.

9.13. El 28 de julio de 2009, el agente especial presentó el informe de gestión con
corte al 30 de junio de 2009. Sobre la información financiera de la Cooperativa,
explicó que los resultados de la Cooperativa seguían siendo negativos (una
pérdida por $148.689.482), suma que adicionada a las pérdidas acumuladas que
la entidad registraba a 31 de diciembre de 2007, daban una cuantía de
$1.885.117.640. Además, recalcó que en el periodo 2009 tendían a incrementarse.

En el mismo documento, el agente presentó datos de los avalúos de los
inmuebles. El del Colegio Naval Militar Abolsure arrojó un total de $4.997.758.708.
El 28 de agosto siguiente se aprobaron los precios de base para ofrecer en venta
los inmuebles, señalándose para el inmueble donde opera el colegio, la suma de
$5.000.000)60.

9.14. El 3 de septiembre de 2009, el revisor fiscal presentó ante la
Superintendencia un informe sobre la situación del proceso de intervención de
COOABOLSURE LTDA. Según el documento las pérdidas acumuladas a 30 de
junio de 2009 ascendían a $1.885.117.187. Señaló, además, que no se
vislumbraba una viabilidad económica a corto plazo, pues cada mes se agudizaba
más la iliquidez, circunstancia que generaba un “mal ambiente” en los asociados.

Ante ese escenario, el revisor señaló que había una posible alternativa de venta
de la sede del Colegio Militar a la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena,
y que la única solución al problema de iliquidez era, precisamente, que se

59 F. 769-792 (archivo 6) Expediente digital.
60 F. 806 - 812 (archivo 5) Expediente digital.

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vendiera alguno de los inmuebles, especialmente el inmueble en donde operaba el
colegio61.

9.15. El 4, 11 y 18 de septiembre de 2009, el agente especial solicitó al
Superintendente de Economía Solidaria la autorización para aceptar la propuesta
de compra de la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena de la sede del
Colegio Militar Abolsure por valor de $2.268.008.173 (excluyendo el valor del lote)
o, si se requería, obligatoriamente, convocar a la asamblea general de
asociados62.

Durante esos días, además de la solicitud de autorización para venta, el agente
presentó el “informe de gestión de venta de inmuebles de la cooperativa” 63. En
cuanto al inmueble donde operaba la sede del CNMA, planteó la urgencia de
venta por el estado de iliquidez, la necesidad de recuperar el capital de los
asociados y desmontar el servicio educativo (por desnaturalización), ya que no
estaba en línea con el objeto social. Además, la circunstancia de que en un año
sólo había una propuesta concreta de compra. Planteó la metodología costo-
beneficio para la enajenación del inmueble, y efectuó un análisis a los avalúos
comerciales existentes: de IBR Inmobiliaria, por un valor de $4.801.000.000; de
Asolonjas, por un valor de $4.997.758; y del IGAC, de $3.456.008. Identificó las
diferencias en metros, valor del lote, valor de la construcción y valor total.

Precisó, además que, de concretarse la venta del inmueble del colegio, esta
tendría efectos sobre las causales que motivaron la intervención y, puntualmente,
sobre el patrimonio.

Al respecto, hizo una proyección en el siguiente sentido:

Superadas las pérdidas acumuladas al 31 de diciembre del 2008, que ascienden a la
suma de $1.736.428.000, y la pérdida operacional registrada al 30 de junio del 2009,
con la aplicación de la utilidad en venta de activos fijos por valor de $2.014.821.216,81,
se estaría recuperando la inversión de los asociados que se encuentra representada
en el capital social que asciende a la suma de $2.600.529.000. Se disminuye el
superávit por valorizaciones registrado en el patrimonio de la cooperativa de
$6.339.358.000 en $4.482.029.000, que corresponde a la valorización del Colegio
Naval Militar Abolsure registrado a 31/12/2008 con base en los avalúos privados

61 F. 828-831 (archivo 5) Expediente digital.
62 F. 832-850 (archivo 5) Expediente digital.
63 F. 1399-1408 (archivos 3 y 2) Expediente digital.

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practicados, con la consecuente disminución de las partidas de terrenos, edificaciones,
depreciación acumulada y valorizaciones que aparecen registradas en el activo (…)"64.

9.16. El 17 de septiembre de 2009, el Superintendente Delegado para la
Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa respondió al agente especial que
gozaba de autonomía en las decisiones frente a la administración de la
intervenida, lo cual incluía los activos de la organización65.

9.17. El 22 de septiembre de 2009, la Superintendencia de Economía Solidaria
autorizó al agente especial para “convocar Asamblea General Extraordinaria”.. El
10 de octubre de 2009 se realizó la reunión y los asociados no aceptaron la
propuesta de compra recibida del Distrito de Cartagena66.

9.18. El 11 de diciembre de 2009, el agente especial presentó solicitud para venta
del inmueble donde funcionaba el “Colegio Naval Militar Abolsure” ante la
Superintendencia de Economía Solidaria. Según la solicitud había una diferencia
de $252.888.173. entre el avalúo comercial hecho por el IGAC y la propuesta
presentada por la universidad UNAD. En la misma fecha, la supersolidaria aceptó
la propuesta para la compra del inmueble hecha por la Universidad67.

9.19. El 17 de diciembre de 2009 se concretó y aceptó la propuesta de
compraventa presentada por la UNAD para la adquisición del inmueble donde
funcionaba el Colegio NMA68.

9.20. El 7 de abril de 2010, el revisor fiscal presentó ante la superintendencia
informe de revisoría con corte 31 de diciembre de 2009. Según el documento, se
registraron pasivos de $1.206.265.818, lo que mostró un incremento de
$420.408.916 respecto del saldo final del año 2008 ($785.886.902).

Además, se señaló que se había recibido un anticipo de $500.000.000 por parte
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD-. Aun así, según concepto
del revisor, los estados de resultados seguían siendo negativos con pérdidas por

64 F. 1406-1408 (archivos 3 y 2) Expediente digital.
65 F. 1409- 1410 (archivo 2) Expediente digital.
66 F. 935-949 (archivo 5) Expediente digital.
67 F. 1611-1613 (archivo 1) Expediente digital.
68 F. 975 - 985 (archivo 1) Expediente digital.

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$442.944.957, adicionadas a las acumuladas, que arrojaron un total de
$2.188.759.72969.

El 8 de abril de 2010, el agente especial presentó informe de gestión hasta el 31
de diciembre de 200970. En el documento se insertaron las decisiones del agente
de cara a la subsanación de las causales, sobre todo, el trámite de venta del
inmueble donde funcionaba el colegio para hacer frente a la iliquidez de la
cooperativa71.

9.21. El 18 de mayo de 2010, el agente especial presentó el informe de gestión del
primer trimestre de 2010.

Conforme consignó el agente, en ese rango se recibió por parte de lo UNAD
$600.000.000 –pago adicional al primer anticipo de $500.000.000 recibidos en el
2009–. Las sumas ingresadas fueron destinadas a pagar situaciones de carácter
laboral y contractual “represadas”.

Se indicó, además, que los estados financieros –por la circunstancia de la venta
de activos, el pago de las indemnizaciones al personal vinculado al Colegio y el
pago de las sentencias judiciales– mostraban un “aparente” resultado negativo.
Sin embargo, se hizo una proyección de mejoría hacia el segundo semestre de
ese año (producto del incremento en los intereses de colocación de nuevos
créditos a los asociados y la reactivación de las líneas de crédito). La venta del
activo implicó una utilidad y la posibilidad de solucionar otros asuntos económicos
urgentes72.

9.22. El 14 de septiembre de 2010, Alex Alejandro Páramo Samper –agente
especial de COOABOLSURE–, por escritura pública n°. 2.912, actualizó los
linderos del inmueble en el que funcionaba el Colegio Naval Militar Abolsure y lo
vendió a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD. En el referido
documento público se precisó que el área total del predio era de 7.393,00 m2 y
que el precio de la venta fue de $2.900.000.000. Según consta en el documento,

69 F. 958 - 970 (archivo 8) Expediente digital.
70 F. 975 - 985 (archivo 1) Expediente digital.
71 F. 975 - 985 (archivo 1) Expediente digital.
72 F. 988-998 (archivo 1) Expediente digital.

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Demandado: Supersolidaria y otro
Proceso: Reparación directa

las medidas del predio surgieron del certificado del IGAC luego de la visita física al
inmueble73.

9.23. El 4 de octubre de 2010, el Superintendente de Economía Solidaria,
mediante Resolución n°. 07035, ordenó levantar la medida de toma de posesión.
Dispuso, además, convocar a una Asamblea General Extraordinaria de Asociados
para tratar los siguientes temas: (i) presentación del informe de gestión del agente
especial, (ii) aprobación de estados financieros, (iii) distribución de excedentes, (iv)
elección de los miembros del Consejo de Administración, junta de vigilancia,
revisoría fiscal y suplente74.

9.24. El 10 de noviembre de 2010, el agente especial presentó ante la Asamblea
General de COOABOLSURE el informe de gestión de la intervención
administrativa.

Conforme al documento presentado, los estados financieros de la Cooperativa a la
fecha del corte (30 de septiembre de 2010) mostraron un resultado positivo de las
operaciones (excedentes netos de $1.935.785.345). Se generó una utilidad que
permitió recuperar el capital social (como consecuencia de la absorción de las
pérdidas acumuladas). Se logró generar flujos de efectivo que permitieron atender
las obligaciones y obtener saldos positivos para reactivar el objeto social de la
cooperativa. En la misma fecha, al finalizar la reunión, los estados financieros
presentados por el agente especial fueron aprobados por la asamblea general sin
votos en contra, ni constancias de disenso75.

9.25. El 14 de diciembre de 2010, el agente especial entregó el cargo al presidente
del Consejo de Administración de la Cooperativa. En dicho acto dejó constancia
de la entrega de: (i) estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2005, 31
de diciembre de 2006, 31 de diciembre de 2007; 31 de diciembre de 2008, 31 de
diciembre de 2009 y 30 de septiembre de 2010.

Aportó, además, el archivo general: (i) libros de comercio y libros de contabilidad;
(ii) los activos fijos existentes (dos inmuebles de propiedad de la cooperativa: la
sede ubicada en el Centro Histórico y la finca “la Cumbre”, ubicada en Turbaco);

73 F. 208-213 (archivo 8) Expediente digital.
74 F. 363-365 (archivo 8) Expediente digital.
75 F. 1467-1483; 1829-1838 (archivos 2 y 1) Expediente digital.

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(iii) las declaraciones tributarias: impuestos del orden nacional y distrital; (iv)
nómina y estructura de personal; (v) procesos jurídicos: dos procesos laboral, uno
penal, dos civiles y una acción popular; (vi) relación de escrituras públicas;
documentos; cámara de comercio y contratos de ejecución76.

10. En el proceso obra dictamen pericial del perito contador público, Adolfo Lara
Montes, quien, sobre el daño patrimonial alegado, conceptuó:

1) Los activos en el proceso de la intervención, sufrieron un aumento inicialmente
debido a la valorización que se hizo y, al final de la intervención, sufrieron una
disminución, debido, principalmente, a la venta de la sede del colegio y de la propiedad
de la finca.

2.) En cuanto a los rendimientos obtenidos en el proceso de la intervención en el
primer año hubo una pequeña utilidad y en los tres años siguientes hubo una pérdida
hasta el último año (2010), que presenta una utilidad debido a la venta de los dos (2)
activos fijos citados anteriormente77.

El artículo 226 del CGP dispone que la peritación es un medio de prueba a través
del cual se constatan hechos relevantes para el litigio, que exigen de especiales
conocimientos científicos, técnicos o artísticos.

La ley procesal determina que la pericia debe contener dos partes relacionadas
entre sí: (i) el proceso cognoscitivo y (ii) las conclusiones. El primero implica una
relación detallada de las operaciones practicadas y de sus resultados (exigencia
lógica que supone brindar una explicación clara sobre cuáles fueron los
instrumentos, materias y sustancias empleadas, que constituyen el soporte y
garantía de credibilidad de sus conclusiones). El segundo, impone que tales
conclusiones se ajusten a los principios de la ciencia, arte o técnica aplicada y
respondan de forma concreta, clara, ordenada y sin ambigüedades a todos los
puntos sometidos a su consideración por las partes.

Las conclusiones del dictamen deben tener justificación no solo en la opinión del
experto, sino en soportes que ofrezcan respaldo a su labor. Estos soportes
brindan firmeza al dictamen y el perito puede acudir a exámenes o investigaciones
que le permitan elaborar un concepto preciso y detallado, tal como lo prevé el
artículo 226 CGP.

76 F. 1744-1754 (archivo 1) Expediente digital.
77 F. 1452 (archivo 2) Expediente digital.

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El artículo 232 CGP establece que el juez deberá analizar su conducencia en
relación con el hecho que se pretende probar; la competencia del perito, esto es
que sea un experto en la materia técnica analizada; que no haya motivos para
dudar de su imparcialidad; que esté debidamente fundamentado, con conclusiones
claras y precisas; que se haya permitido su contradicción y que otras pruebas no
lo desvirtúen.

Revisado el contenido del dictamen, este se limita a hacer conclusiones sobre
activos, rendimientos, utilidades, pérdidas y una variación patrimonial (sin explicar
el método empleado para llegar al concepto reseñado). Ahora bien, como la
materia del proceso –y del recurso de apelación– se orienta a demostrar una
presunta irregularidad dentro de un proceso de intervención forzosa administrativa,
no se observa en el dictamen un estudio detallado sobre si esas variaciones
patrimoniales responden a una irregularidad dentro del proceso de intervención.

A pesar de que los datos dados por el perito son lógicos y detallados, lo
dictaminado no tiene alcance probatorio para concluir la existencia de un daño
(entendido este como una lesión patrimonial) en cabeza de la cooperativa
demandada. La Sala, ante esa insuficiencia en el análisis, no acoge el dictamen
pericial, porque su fundamento carece de firmeza a la luz del daño alegado en la
demanda. En consecuencia, no tiene eficacia probatoria.

11. En el proceso declaró Alex Páramo Samper, quien fungió como agente
especial desde mayo de 2008 hasta septiembre de 2010.

Afirmó que, cuando llegó a la Cooperativa, las pérdidas acumuladas estaban entre
$1.300.000.000 o 1.400.000.000. Los centros de costos eran el Colegio Naval
Militar, una finca llamada “La Cumbre” usada como conexidad del colegio para
actividades, y la Casa que era donde se adelantaban las actividades
administrativas. Todos esos activos estaban en condiciones deficitarias de
pérdida. Además, había una gran iliquidez.

Precisó, además, que el detrimento no se presentó desde el inicio de las
actuaciones de lo Superintendencia, esto es, desde noviembre de 2005, pues la
Cooperativa desde inicios del 2000 venía con dificultades de liquidez, problemas

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de operación, que de ello se dejó constancia en el informe del revisor fiscal del
año 2004.

Esas condiciones las valoró el agente especial a diciembre 31 del 2005 en
$510.000.000, cifra que era una partida neta. Durante el periodo 2000 a 2005 se
hizo uso de la “reserva de protección de aportes” y se venía haciendo uso de “los
fondos especiales”, para poder aminorar el impacto. Estas estrategias, aunque
fueron válidas, no solucionaron los problemas.

La pérdida neta referida a diciembre de 2005 se le debía sumar el estado de los
enseres del colegio (que estaban deteriorados) y otros inconvenientes financieros
y de decisiones administrativas.

Se tenían unos activos valiosos representados en los inmuebles mencionados;
pero existía una cartera que no estaba presentando rentabilidad. Había poco flujo
para prestar (verdadero sentido de una entidad de aporte y crédito).

Afirmó que, cuando se inició la intervención, ya se sabía que el Colegio Militar
“estaba dando pérdidas”, entre otras cosas, porque se había permitido tener
trabajadores “con ley antigua” y no era fácil liquidar el tema de sus prestaciones
sociales. El colegio presentaba detrimento patrimonial, porque sus gastos eran
mayores que sus ingresos, entonces, vender esa propiedad (donde funcionaba el
colegio) daba flujo y se evitaba una verdadera cesación de pagos. Y era Io más
grave que le podía pasar a la Cooperativa. Por ello, el principal compromiso ero no
llevarla a estado de liquidar.

Puntualmente, en cuanto a la venta del inmueble donde funcionaba el colegio,
relató que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD se interesó en el
predio; pero se encontraron algunos problemas estructurales y de medición en el
edificio.

En la escritura de venta se hablaba de una hectárea. El avalúo del IGAC (escogido
como base de la venta) también estaba hecho sobre una hectárea. Pero la UNAD
hizo una “medición satelital” que mostró siete mil metros cuadrados (menos de
una hectárea).

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Luego se hizo un estudio de títulos que dio cuenta que, frente al colegio Abolsure,
en el barrio Paraguay, estaba el predio de la empresa de acueducto (Aguas de
Cartagena S.A. E.S.P), y entre el colegio y la empresa pasaba una carretera.

Se encontró que, en su momento, el Distrito había solicitado a la Cooperativa
permitir pasar esa carretera, y se construyó dentro de los terrenos que se habían
entregado en donación (aclaró que la propiedad fue adquirida en donación del
Distrito a la cooperativa). Entonces, el avalúo del IGAC, practicado con base en
unos metros superiores, arrojó un monto superior.

Señaló que el inmueble se vendió por $2.900.000.000, porque el lote no estaba
completo (tenía 7000 m2 y no 9000 m2). En la misma escritura de venta se
hicieron los ajustes en los linderos.

Explicó que, al vender el edificio se perseguían tres objetivos:

(i) Se vendía el bien de mayor valor que, a su vez, generaba mayor liquidez. (ii) Se
reevaluó el tema de la enseñanza como una actividad que no podía ejercer la
cooperativa (conforme a su objeto social). (iii) Se le vendía a la UNAD, entidad de
enseñanza, y, con ello, se evitaba una demanda futura por no ejercer la actividad
a la que estaba destinado el inmueble (de cara a la naturaleza de la Cooperativa).

Aclaró que, el caso de la cooperativa era especial, dado que tenía activos
suficientes, no tenía un alto endeudamiento al momento de ser intervenida; pero
no había liquidez para desarrollar su objeto social de aporte y de crédito.

Afirmó que, luego de la venta, los beneficios proyectados se lograron: las deudas
de la Cooperativa se sufragaron en su totalidad; se recibieron $2.900.000.000 que
fue el producido de esa venta; las cuentas bancarias –con saldo al 15 de
diciembre 2010– se entregaron por $1.500.091.000, valores que se encontraban
protegidos por una fiducia y en cuentas bancarias. Además, como se habían
hecho créditos, se entregaron $400.000.000 en una cartera depurada. De manera
que, si se suma lo que se entregó en cuentas, más el valor de la cartera saneada,
se obtuvo una plata liquida muy alta.

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Sobre la autorización para realizar la venta del Colegio Abolsure, se refirió que la
ley daba facultades especiales para efectos de poder actuar en la enajenación de
activos. Que, dentro de ese marco, presentó una solicitud de venta del activo para
sanear la cooperativa y que en la última resolución emitida por la
Superintendencia se dieron facultades para proceder.

Como el testigo fue el agente especial de la entidad intervenida, es un testigo cuya
imparcialidad o credibilidad puede verse afectada, en los términos del artículo 211
CGP. Esta norma prevé que el juez analizará estos testimonios de acuerdo con las
circunstancias de cada caso.

Revisado el contenido de la declaración, el dicho del testigo fue preciso y detallado
en (i) el estado en el que encontró la cooperativa, (ii) los correctivos que debía
tomar (iii) la urgencia de venta, (iv) y el fundamento económico y legal de sus
decisiones. No se aprecian inconsistencias, ni lagunas en la versión de los hechos
narrados. Además, sus afirmaciones y explicaciones fueron coincidentes con los
hechos probados en cuanto a su gestión, estado de la intervención, decisiones
frente a los activos, y la circunstancia de que la única finalidad de ese proceso era
superar las causas que llevaron a la toma de posesión. En ese orden, la
declaración merece credibilidad y tiene eficacia probatoria.

Del daño: primer elemento de la responsabilidad del Estado

12. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En desarrollo de
este postulado constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad
patrimonial del Estado, corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que,
estando debidamente demostrado, determina el posterior juicio de imputación para
efectos de imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado.
En ese orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad
patrimonial de Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración
de un daño, sin cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de
los demás requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto
para un juicio de imputación que incluye, entre otros, la calificación de
antijuridicidad a las voces del artículo 90 C.P.

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De esta manera entonces, el daño entendido como la afectación, vulneración o
lesión a un interés legítimo y lícito78-79 es el primer elemento que debe quedar
certera y suficientemente probado —en tanto no es posible presumirlo—, sin cuya
existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido
la doctrina nacional expone:

“[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión
de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha
de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las
partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le
pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la
autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil”80.

El daño —para que sea indemnizable— debe ser cierto81, es decir, que su
existencia sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe
ser personal, es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación 82. Y
también debe ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar
claramente sus características.

Además, el daño debe ser probado, teniendo en cuenta que es el actor quien tiene
la carga de demostrarlo. De esta manera, tratándose de la prueba del daño, el
artículo 167 del CGP prescribe: “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de ahí que no

78 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 2

de junio de 2023. Exp: 61.340.
79 Por su parte, el doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como “(…) toda afrenta a los intereses lícitos

de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de
colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que,
gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de la
responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar- se encuentran reunidos”. En: Le
dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle de l’État en droit colombien et en droit
français, tesis doctoral, Universidad de París 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007.
Definición reiterada en el artículo: Las formas de reparación en la responsabilidad del estado: hacia su
unificación sustancial en todas las acciones contra el estado, publicado en la Revista de Derecho Privado,
Universidad Externado de Colombia, n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva La responsabilidad
extracontractual del Estado. XVI jornadas internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado
de Colombia, 2015, p. 35. Esta definición de daño fue adoptada, además, por la Corte Constitucional en
sentencia SU-080 de 2020.
80 Hinestrosa, F. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao, Juan Carlos. El

daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. P. 36.
81 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre

de 2006. Exp: 13.186: “(…) el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga
derecho a indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún
modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación
cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad
pública”. Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera. Sentencia del 13 de abril de 2000, Exp: 11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario
avanzar en el análisis de la antijuridicidad del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a
reparar el perjuicio moral reclamado porque no se probó su existencia.”
82 Henao, J.C. El Daño. Universidad Externado de Colombia, Primera Edición, julio 1998. P. 88 y 104.

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es suficiente que en la demanda se hagan afirmaciones sobre la existencia del
daño, porque el demandante no puede limitarse, si quiere sacar avante su
pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo probatorio.

13. Conforme a las pruebas, se acreditó que la finalidad de la intervención
administrativa a la cooperativa Cooabolsure era llevar a la entidad a un estado
administrativo y financieramente ordenado, de cara a la situación encontrada en el
año 2005 (desorden administrativo, pasivo incrementado, inconsistencias en
documentos, falta de control interno, aprobación de préstamos sin requisitos
legales; caso omiso a recomendaciones de revisoría fiscal, falta de información
financiera y contable a Supersolidaria, imposibilidad de desarrollar el objeto social,
entre otros).

En ese orden, la realidad del expediente muestra que el proceso de intervención
partió de un estado de cosas que requerían de decisiones administrativas y
económicas para retornar al estado anterior a la ocurrencia de las causales.

La finalidad de una intervención es enervar una situación económica que dio
origen a la intervención misma, no es la de generar utilidades en la entidad
sometida al proceso. El papel del agente especial es verificar –una a una– las
causales que dieron origen al proceso de toma de posesión y llevar a la entidad a
un estado de retorno sin liquidación.

La evaluación del agente no se puede mirar de cara al comportamiento del
patrimonio, sino a si se ajustó a sus deberes como representante de una entidad
de control y vigilancia. La medida, en este caso, fue preventiva, ante un declive ya
detectado desde el año 2001, con pérdidas acumuladas desde antes de esa
fecha.

En cuanto a la venta del inmueble donde operaba el Colegio Naval Militar
Abolsure, las pruebas dieron cuenta de que la enajenación de ese activo no
significó una lesión a un interés jurídicamente protegido, en tanto existía una
urgencia de venta por la falta de liquidez. A pesar de que el patrimonio reflejaba la
presencia de activos, estos no constituían, en sí mismos, caminos eficaces para
superar las causales que llevaron a la intervención. De manera que la venta de
uno de ellos o de algunos era una necesidad para proteger a la cooperativa y

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poder llevarla a cumplir su objeto social: créditos y bienestar a sus asociados. Con
iliquidez ello no era posible y, ante todo, el papel de los agentes era evitar su
liquidación.

Se demostró que el proceso de la venta se ajustó al Decreto 2211 de 2004
(regulador de enajenación de activos): el agente planteó la urgencia de venta, la
metodología, la relación costo-beneficio, las implicaciones favorables que ello
tendría en las finanzas de la cooperativa y mantuvo informada a la Supersolidaria
de la realidad económica y de las decisiones.

Conforme al informe final de intervención, los estados financieros de la
Cooperativa a la fecha del corte final (30 de septiembre de 2010) mostraron un
resultado positivo de las operaciones (excedentes netos de $1.935.785.345). Se
generó una utilidad que permitió recuperar el capital social (como consecuencia de
la absorción de las pérdidas acumuladas). Se logró generar flujos de efectivo que
permitieron atender las obligaciones y obtener saldos positivos para reactivar el
objeto social de la cooperativa.

Por otro lado, la Sala no puede perder de vista que los informes finales y los
estados financieros presentados por el agente especial –al terminar el proceso de
toma de posesión– fueron aprobados por la asamblea general sin votos en contra,
ni constancias de disenso. Tan es así que los mismos asociados pidieron al
agente especial ser el representante legal de la cooperativa por un tiempo
adicional –luego de culminar la intervención administrativa–.

Puestas las cosas de este modo, se reitera, la Sala no puede tener por existente el
daño alegado en la demanda en tanto la parte demandante no acreditó que,
dentro del curso del proceso de intervención, el detrimento económico fue el
reflejo de una irregularidad, y no un resultado del proceso mismo y del devenir de
una cooperativa con una afectación patrimonial acumulada (desde antes de la
intervención), que requería de la toma de medidas para evitar la liquidación.

Se insiste, la disminución del patrimonio dentro de un resultado contable, así como
la venta de un activo (necesario para obtener liquidez) no constituyen un daño. De
allí que la parte demandante no puede alegar una lesión a un interés jurídico por la

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existencia de detrimentos y ganancias atadas al normal discurrir de una
intervención administrativa.

14. El artículo 188 del CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. El artículo
365 del CGP ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación.

El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que “solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”. En relación con las agencias en derecho, el numeral 1 del mismo
artículo establece que “se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o
a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”. A su turno, de
conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del mismo estatuto,
para su fijación deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior
de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un
máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo
de dichas tarifas.

Conforme a la norma referida, las agencias en derecho, que vienen comprendidas
en las costas, son la suma que el juez reconoce a la parte que resulta favorecida
con la condena, en atención a los gastos en que tuvo que incurrir para pagar los
honorarios de un abogado, dentro de los límites y criterios establecidos por el
numeral 4 del artículo 366 de Código General del Proceso, el cual hace remisión
expresa a las tarifas que el Consejo Superior de la Judicatura establezca. Su
reconocimiento solo atiende a criterios objetivos y no depende del comportamiento
de las partes, temeridad o de circunstancias individuales económicas de quienes
se enfrentan en el litigio.

En atención a lo dispuesto en el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de
la Judicatura –vigente para la fecha en que se presentó la demanda– y de cara a
la duración y naturaleza del proceso en la segunda instancia, la Sala fijará las
agencias en derecho –en segunda instancia– que estarán a cargo del

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demandante (a quien se le resolvió de forma desfavorable el recurso de
apelación) en la suma equivalente al 0.1% de las pretensiones83, es decir, la suma
de dos millones seiscientos cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y tres pesos
($2.653.353)84, la cual se reconocerá en favor de las demandadas y se dividirá en
partes iguales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:

MODIFICAR la sentencia del 13 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.

PRIMERO. DECLARAR la caducidad de la acción respecto de las pretensiones de
nulidad contra la Resolución n° 001116 de 17 de noviembre de 2005 –que tomó
posesión para administrar los bienes y haberes de la Cooperativa Bolivarense de
Suboficiales de las FFMM en retiro-COOABOLSURE.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda por las razones
expuestas en la parte motiva.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante. FIJAR las agencias en
derecho en segunda instancia en la suma de dos millones seiscientos cincuenta y
tres mil trescientos cincuenta y tres pesos ($2.653.353) a favor de las
demandadas y se dividirá en partes iguales. Las costas se liquidarán de manera
concentrada en el Tribunal a quo.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

84 La parte demandante estimó la cuantía en $2.653.353.246

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FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Aclaro voto

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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